P ADMINISTRATIVA

. La salud pública se caracteriza fundamentalmente por: a) Centrarse en la asistencia sanitaria individual. b) Tener un carácter colectivo y preventivo. c) Limitarse a la sanidad hospitalaria.

La tutela sanitaria puede definirse como: a) Una actividad asistencial sanitaria. b) Una función de policía administrativa. c) Una potestad judicial.

Desde el punto de vista criminológico, la tutela sanitaria actúa como: a) Control social informal. b) Control social formal. c) Mediación comunitaria.

Corresponde al Estado, según la Constitución, la competencia sobre: a) Inspección de establecimientos alimentarios. b) Bases y coordinación general de la sanidad. c) Ejecución de medidas cautelares.

. Las Comunidades Autónomas son competentes principalmente para: a) Representar a España ante la UE. b) Ejecutar la normativa sanitaria. c) Dictar legislación penal.

Quién ejerce habitualmente la inspección sanitaria alimentaria?. a) Jueces y tribunales. b) Inspectores sanitarios. c) Empresas de seguridad privada.

El SEPRONA de la Guardia Civil interviene en materia alimentaria cuando: a) Se trata de conflictos civiles. b) Existen riesgos para la salud pública o indicios de delito. c) Lo solicita una empresa privada.

Los operadores alimentarios tienen el deber de: a) Autocontrol y trazabilidad. b) Sancionar infracciones. c) Dictar normas sanitarias.

El principio de precaución implica que: a) Solo se actúa cuando el daño es seguro. b) Puede actuarse sin certeza científica absoluta. c) Se requiere siempre autorización judicial.

La información a la población en una crisis alimentaria debe ser: a) Reservada para evitar alarma. b) Transparente y veraz. c) Exclusivamente judicial.

. La coordinación entre Administraciones en una alerta alimentaria es: a) Opcional. b) Innecesaria. c) Esencial.

Una infracción sanitaria grave puede dar lugar a: a) Únicamente responsabilidad civil. b) Sanciones administrativas. c) Exclusivamente responsabilidad penal.

Si existen indicios de delito contra la salud pública: a) Solo actúa la administración sanitaria. b) Se da traslado a la autoridad judicial o policial. c) Se archiva el expediente administrativo.

La tutela sanitaria alimentaria corresponde exclusivamente: a) Al Estado. b) A las Comunidades Autónomas. c) A ambos, según el reparto competencial.

La función esencial de los servicios de inteligencia en un Estado democrático es: a) Investigar delitos ya cometidos contra la seguridad del Estado. b) Obtener y analizar información estratégica para prevenir amenazas. c) Ejecutar directamente medidas coercitivas contra riesgos potenciales.

El carácter preventivo de la actuación del CNI implica que: a) Actúa únicamente tras la autorización judicial. b) Interviene antes de que el riesgo se materialice. c) Sustituye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en fases iniciales.

Según la Ley 11/2002, el CNI es jurídicamente: a) Un órgano policial especializado. b) Un organismo público especial de carácter civil. c) Una agencia administrativa ordinaria.

. ¿Cuál de las siguientes NO es una función legalmente atribuida al CNI?. a) Protección de la información clasificada. b) Imposición de sanciones administrativas. c) Cooperación con servicios de inteligencia extranjeros.

La Directiva de Inteligencia que fija los objetivos anuales del CNI es aprobada por: a) El Congreso de los Diputados. b) El Gobierno. c) El Director del CNI.

El control parlamentario del CNI se ejerce a través de: a) La Comisión de Defensa. b) La Comisión de Secretos Oficiales. c) La Comisión Constitucional.

¿Qué información NO puede conocer la Comisión parlamentaria de control del CNI?. a) Objetivos anuales de inteligencia. b) Evaluación del cumplimiento de objetivos. c) Fuentes y medios del CNI.

. El control judicial previo del CNI se activa cuando sus actuaciones afectan a: a) Cualquier derecho fundamental. b) Derechos del artículo 18.2 y 18.3 CE. c) Derechos económicos y patrimoniales.

La autorización judicial para las actuaciones del CNI corresponde a: a) Un juez de instrucción. b) La Audiencia Nacional. c) Un Magistrado del Tribunal Supremo.

. El control judicial del CNI es: a) Posterior y general. b) Previo, específico y excepcional. c) Automático y permanente.

El carácter secreto de las actuaciones del CNI implica que: a) Quedan fuera del control democrático. b) Están sometidas exclusivamente al Gobierno. c) Se justifican por razones funcionales y de seguridad.

La relación entre el CNI y la Policía Administrativa se caracteriza por: a) Subordinación jerárquica. b) Identidad funcional. c) Coordinación y complementariedad.

La Policía Administrativa se diferencia del CNI principalmente porque: a) Actúa de forma secreta. b) Tiene potestad sancionadora. c) Opera en el ámbito internacional.

¿Cuál de los siguientes principios rige la actuación del CNI según la Ley 11/2002?. a) Publicidad. b) Eficacia, especialización y coordinación. c) Autonomía absoluta.

Los miembros del CNI tienen la condición de agentes de la autoridad: a) Siempre. b) Nunca. c) Solo cuando realizan funciones de protección del Centro.

La inteligencia elaborada por el CNI se traduce principalmente en: a) Actos administrativos. b) Informes estratégicos. c) Resoluciones sancionadoras.

La colaboración del CNI con la Policía Administrativa permite: a) Delegar funciones sancionadoras. b) Orientar actuaciones preventivas. c) Sustituir la intervención policial.

El control económico-financiero del CNI se realiza conforme a: a) Derecho privado exclusivamente. b) Ley General Presupuestaria. c) Reglamento del Congreso.

El equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales se garantiza principalmente mediante: a) El secreto de las actuaciones. b) El control judicial previo. c) La discrecionalidad del Director del CNI.

En un Estado de Derecho, los servicios de inteligencia se legitiman porque: a) Actúan con plena discrecionalidad. b) Están sometidos a controles parlamentarios y judiciales. c) Sustituyen a la autoridad judicial en casos urgentes.