Test parte general
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Título del Test:
![]() Test parte general Descripción: Grupo A2 |



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Señale la respuesta INCORRECTA, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución Española: La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Los poderes públicos podrán garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación en los centros docentes, en los términos que la ley establezca. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Según el artículo 18.3 de la Constitución Española se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo: Resolución administrativa. No se garantiza el secreto de las comunicaciones. Resolución judicial. Resolución judicial o administrativa, indistintamente. De conformidad con los artículos 137 y ss. de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta INCORRECTA respecto a la organización territorial del Estado: El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas podrán implicar, privilegios económicos o sociales. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España (art. 155 de la CE): El Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría simple del Congreso, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. El Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Para la ejecución de las medidas previstas en la respuesta anterior, el Gobierno no podrá dar instrucciones a las autoridades de las Comunidades Autónomas. Para la ejecución de las medidas previstas en la respuesta anterior, el Gobierno, sólo y exclusivamente si cuenta con la autorización del Congreso y Senado, podrá dar instrucciones a las autoridades de las Comunidades Autónomas. De conformidad con el artículo 6 del Estatuto de Autonomía Del País Vasco: El euskera, lengua propia del Pueblo Vasco, tendrá, como el castellano, carácter de lengua oficial en Euskadi, y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas. Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua. La Real Academia de la Lengua Vasca - Euskaltzaindia es institución consultiva oficial en lo referente al euskera. Todas las respuestas anteriores son correctas. Señale la afirmación correcta según el art. 9 del Estatuto de Autonomía del País Vasco: Los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos del País Vasco son los establecidos en el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos del País Vasco son los establecidos en la Constitución. Los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos del País Vasco son los establecidos en el Concierto Económico. Los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos del País Vasco son los establecidos en la Ley de Territorios Históricos. Conforme el art. 26 del Estatuto de Autonomía, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA en relación al Parlamento Vasco?. Los miembros del Parlamento Vasco serán Inviolables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo. La circunscripción electoral es el Territorio Histórico. El Parlamento Vasco será elegido por un período de cinco años. La elección se verificará en cada Territorio Histórico atendiendo a criterios de representación proporcional. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco, es de competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución dentro de su territorio de la legislación básica del Estado, las siguientes materias: Espectáculos. Ordenación del sector pesquero del País Vasco. Turismo y deporte. Casinos, juegos y apuestas, con excepción de las Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas. Tal y como se establece en el artículo 7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán: Con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término. Con el que figure en primer término, y, en su defecto, con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado. Con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con todos ellos. Únicamente con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado. Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto al concepto de interesado, las asociaciones y organizaciones representa vas de intereses económicos y sociales: No podrán ser titulares de intereses legítimos en ningún caso. Serán titulares de intereses legítimos colectivos o individuales en los términos que se establezca reglamentariamente. Serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca. Serán titulares de intereses legítimos, únicamente a nivel individual, en la protección de los derechos propios que puedan ser afectados. Conforme al artículo 29 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común: Los términos y plazos establecidos en esta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los procedimientos. Los términos y plazos establecidos en esta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en las instituciones. Los términos y plazos establecidos en esta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los órganos competentes. Los términos y plazos establecidos en esta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos. De conformidad con el artículo 31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el funcionamiento del registro electrónico se regirá por las siguientes reglas: Permitirá la presentación de documentos únicamente los días hábiles del año durante las veinticuatro horas. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la última hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u Organismo. En todo caso, la fecha y hora efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el documento. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. De conformidad con el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta respecto al cómputo de plazos: Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese la persona interesada, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará hábil en todo caso. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son naturales, incluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del mismo día a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el mismo día en el que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde (artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas): El día siguiente a la fecha en la que se dicten. La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. El día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. La fecha en la que se dicten, en cualquier caso. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes (nulidad del pleno derecho, ar culo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas): Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Los dictados prescindiendo parcialmente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos extraordinarios. Los que tengan un contenido posible. Según el artículo 54 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos administrativos: Podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado. Siempre se iniciarán a solicitud de la persona interesada. Podrán iniciarse de oficio o a solicitud de cualquier persona, a pesar de no ser interesado. Nunca podrán iniciarse de oficio. Conforme al artículo 47 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, cuál de estas afirmaciones sobre los convenios NO es correcta: Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común. No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles. Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del Estatuto de los Trabajadores. Todas las respuestas anteriores son correctas. De conformidad con el artículo 46 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la respuesta correcta respecto al archivo electrónico de documentos: Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Internacional de Protección de Datos, que garanticen la igualdad, autenticidad, confidencialidad, eficacia, protección y control de los documentos almacenados. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de Protección de Datos, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Internacional de Seguridad, que garanticen la igualdad, integridad, calidad, protección y control de los documentos no almacenados. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la igualdad, confidencialidad, eficacia, control y conservación de los documentos no almacenados. Conforme al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico de Empleado Público, señale la respuesta INCORRECTA en relación al personal al servicio de las Administraciones Públicas (art. 8.2): Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. Los empleados públicos se clasifican sólo en funcionarios de carrera y funcionarios interinos. Los procedimientos de selección del personal laboral serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito y capacidad. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos permanente. De conformidad con el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señale la respuesta correcta respecto al personal eventual: Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter permanente, realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, entre otros, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento. La condición de personal eventual, podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna. Todas las respuestas anteriores son correctas. De conformidad con el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuál de los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio no tienen los empleados públicos: Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional. A la libertad de expresión, sin ningún tipo de límites. A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar. Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral. De conformidad con el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, estarán integradas única y exclusivamente por: El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo. Los trienios, que consisten en una cantidad, que será igual para cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, por cada tres años de servicio. Los trienios, que consisten en una cantidad, que será igual para cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, por cada seis años de servicio. Las respuestas a) y b), ambas, son correctas. De conformidad con el artículo 52 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señale la respuesta correcta respecto a los deberes de los empleados públicos, Código de Conducta: Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses propios. Deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes. Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen de Seguridad Social de los empleados públicos. Todas las respuestas anteriores son correctas. Según el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a: 2.000 habitantes. 3.000 habitantes. 4.000 habitantes. 5.000 habitantes. En todos los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes (artículo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local): Alumbrado público, protección civil, abastecimiento domiciliario de agua potable y recogida de residuos. Alumbrado público, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, mercado, biblioteca pública y transporte colectivo urbano de viajeros. Abastecimiento domiciliario de agua potable, recogida de residuos, alcantarillado y pavimentación de las vías públicas. Abastecimiento domiciliario de agua potable, recogida de residuos, medio ambiente urbano y prevención y extinción de incendios. Conforme al artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: Las mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por sus Estatutos propios. Los Estatutos han de regular el ámbito territorial de la entidad, su objeto y competencia, órganos de gobierno y recursos, plazo de duración y cuantos otros extremos sean necesarios para su funcionamiento. Las mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines específicos y se rigen únicamente por la norma va autonómica que les sea aplicable, no por sus Estatutos propios. Las mancomunidades tienen personalidad jurídica, pero no capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines específicos, y se rigen por sus Estatutos propios. Los Estatutos han de regular el ámbito territorial de la entidad, su objeto y competencia, órganos de gobierno y recursos, plazo de duración y cuantos otros extremos sean necesarios para su funcionamiento. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. De conformidad con el artículo 5 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestarias de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, ¿cuál de los siguientes NO es uno de los principios presupuestarios?. Universalidad. Simplicidad. Integridad. No afectación. Con arreglo al artículo 53 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa NO es una función encomendada a la tesorería de las entidades locales: Distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción de sus obligaciones. Recaudar los derechos y no pagar las obligaciones. Responder de los avales comprometidos por la entidad local. Servir al principio de unidad de caja, mediante la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias. De acuerdo con el artículo 3 del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres, por lo que respecta a los órganos pluripersonales, a los efectos de esta ley, se considera que existe una representación equilibrada cuando en los órganos de más de cuatro miembros las personas de cada sexo están representadas: Al menos al 40%. Al menos al 30%. Al menos al 20%. Al menos al 10%. De acuerdo con el artículo 3 del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres, a qué principio general hace referencia la siguiente definición?: “Para promover la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, los poderes públicos deben adoptar medidas específicas y temporales destinadas a eliminar o reducir las desigualdades de hecho por razón de sexo existentes en los diferentes ámbitos de la vida”: Eliminación de roles y estereotipos en función del género. Integración de la perspectiva interseccional. Acción positiva. Respeto a la diversidad y a la diferencia. De conformidad con el artículo 3 del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de Ley para la igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, existirá discriminación directa cuando: Se plantee la necesidad de una protección especial de los sexos por motivos biológicos. Un acto jurídico, criterio o práctica aparentemente neutra perjudique a una proporción sustancialmente mayor de personas de un mismo sexo, salvo que dicho acto jurídico, criterio o práctica resulte adecuada y necesaria, y pueda justificarse con criterios objetivos que no estén relacionados con el sexo. Una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por razón de su sexo o de circunstancias directamente relacionadas con el sexo, como el embarazo o la maternidad. Todas las respuestas anteriores son correctas. El Estado tiene competencia exclusiva sobre la siguiente materia (artículo 149 de la Constitución Española): Sanidad e higiene. Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. Los montes y aprovechamientos forestales. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. De conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco, la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en materias de: Organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno dentro de las normas del presente Estatuto. Normas procesales y de procedimientos administrativo y económico-administrativo que se deriven de las especialidades del derecho sustantivo y de la organización propia del País Vasco. Investigación científica y técnica en coordinación con el Estado. Todas las respuestas anteriores son correctas. Según el artículo 3 del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres, ¿cuándo existirá discriminación directa?. Cuando se constituyan medidas que planteen un tratamiento diferente para las mujeres y los hombres, aunque tengan una justificación objetiva y razonable. Cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por razón de su sexo o de circunstancias directamente relacionadas con el sexo. Cuando un acto jurídico, criterio o práctica aparentemente neutra perjudique a una proporción sustancialmente mayor de personas de un mismo sexo. Cuando se toman medidas para la promoción de la incorporación de los hombres al trabajo doméstico. De conformidad con el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál será el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo?: Un año. Tres meses. Diez meses. Seis meses. |




