Participación y Organización del Poder

En una localidad, un grupo de ciudadanos decide organizarse para incidir en la planificación de los asuntos públicos y ejercer el control popular de las instituciones del Estado. Para que su actuación sea válida y se ajuste a la Norma Suprema, este proceso de construcción del poder ciudadano debe orientarse por principios específicos y ejercerse mediante mecanismos determinados. Según el texto constitucional. ¿Cuáles son los principios que orientan la participación y a través de qué mecanismos se ejerce este derecho?. Se orienta por los principios de jerarquía, eficiencia y transparencia; y se ejerce a través de la democracia delegada y el sufragio universal. Se orienta por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad; y se ejerce a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. Se orienta por los principios de legalidad, celeridad y centralismo; y se ejerce mediante la democracia administrativa y la gestión exclusiva de los representantes electos. Se orienta por los principios de obligatoriedad, publicidad y subordinación; y se ejerce a través de la democracia consultiva y la fiscalización institucional.

Un grupo de ciudadanos constituye una organización de la sociedad civil con el objetivo de incidir en las decisiones y políticas públicas de su gobierno local, así como ejercer el control social de las entidades privadas que prestan servicios públicos en su zona. Para que esta organización sea reconocida como una expresión de la soberanía popular y pueda articularse legalmente para fortalecer el poder ciudadano, debe cumplir con ciertos requisitos internos obligatorios. Según el texto constitucional. ¿Qué deben garantizar estas organizaciones en su estructura y funcionamiento?. La afiliación obligatoria de todos los habitantes del sector, la permanencia indefinida de sus directivos y el secreto de sus finanzas. El financiamiento exclusivo por parte de las entidades públicas, la designación de autoridades por méritos y la autonomía absoluta del Estado. La personería jurídica otorgada por el Ejecutivo, la jerarquía de mando y la prohibición de articularse con otras organizaciones de nivel nacional. La democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas.

Una organización de la sociedad civil, legalmente constituida, decide intervenir en la solución de problemas comunitarios y en la defensa de los derechos de sus integrantes. Para ello, busca implementar mecanismos de resolución de controversias, exigir indemnizaciones por afectaciones ambientales causadas por una empresa privada y promover el trabajo comunitario no remunerado como una forma de incidencia social. Según el texto constitucional. ¿Qué acciones están facultadas a realizar las organizaciones y qué forma de participación social se reconoce específicamente en este contexto?. Desarrollar formas alternativas de mediación y solución de conflictos en los casos que permita la ley, demandar la reparación de daños y se reconoce al voluntariado de acción social. Ejercer la potestad jurisdiccional exclusiva en temas ambientales, dictar sentencias de reparación integral y se reconoce la autogestión financiera obligatoria. Sustituir a la autoridad competente en la toma de decisiones presupuestarias, exonerar de responsabilidad a los entes públicos y se reconoce el sufragio comunitario. Formular propuestas únicamente de carácter económico, delegar sus funciones a entidades privadas internacionales y se reconoce la afiliación política como base social.

Un grupo de ciudadanos identifica que una empresa privada prestadora de servicios básicos ha omitido de manera sistemática la reparación de la infraestructura, lo cual pone en riesgo el acceso al agua de toda una comunidad. Ante la inacción de la autoridad de control, el colectivo decide organizarse para oponerse a esta situación y, simultáneamente, solicitar que se incorpore en el ordenamiento jurídico el reconocimiento de un nuevo derecho de protección hídrica. Considerando el diseño de las garantías ciudadanas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. ¿Quiénes son los titulares del derecho a la resistencia y ante qué eventos pueden activarlo?. Únicamente las personas naturales, frente a acciones de los órganos del poder público que restrinjan exclusivamente la libertad de tránsito. Exclusivamente las organizaciones sociales con personería jurídica, frente a leyes de carácter económico que afecten la propiedad de los recursos naturales. Los individuos y los colectivos, frente a acciones u omisiones del poder público o de personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales. Los ciudadanos ecuatorianos por nacimiento, frente a omisiones de organismos internacionales que impidan el ejercicio de la soberanía territorial.

Un ciudadano observa que una empresa contratista del Estado está depositando desechos químicos en un parque público, lo que amenaza la salud de los habitantes del sector. El ciudadano decide presentar una denuncia ante la autoridad administrativa competente para detener la afectación. Sin embargo, la empresa alega que el ciudadano no tiene legitimación para actuar porque no es el dueño del parque y que, al presentar esta denuncia, el ciudadano renuncia a interponer una acción de protección ante un juez. Al analizar la configuración de esta garantía en el ordenamiento jurídico nacional. ¿Cuál es el régimen de ejercicio de la acción ciudadana?. Se ejerce únicamente de forma individual y solo cuando la violación del derecho se ha consumado de manera definitiva. Se ejerce en forma individual o en representación de la colectividad, ante la violación de un derecho o la amenaza de su afectación, sin impedir otras acciones legales. Se ejerce exclusivamente por organizaciones con personería jurídica y su interposición extingue el derecho a presentar garantías jurisdiccionales. Se ejerce únicamente ante los órganos del poder judicial y requiere que el actor demuestre un daño económico directo y personal.

La Asamblea Nacional del Ecuador decide emitir una norma mediante acuerdo legislativo con el objetivo de crear un nuevo tributo nacional aplicable a los ciudadanos para financiar programas sociales. Varios legisladores cuestionan el procedimiento utilizado, señalando que la Constitución establece que determinadas materias deben aprobarse necesariamente mediante ley y no a través de acuerdos o resoluciones. Con base en la Constitución de la República del Ecuador de 2008. ¿Qué alternativa identifica correctamente el procedimiento constitucional aplicable a este caso?. La Asamblea Nacional puede crear tributos mediante acuerdos o resoluciones cuando se trate de normas generales de interés común. La creación, modificación o supresión de tributos debe realizarse mediante ley aprobada por la Asamblea Nacional. Los tributos pueden ser establecidos indistintamente mediante acuerdos, resoluciones o leyes según lo determine la Asamblea Nacional. La creación de tributos corresponde exclusivamente a los gobiernos autónomos descentralizados mediante ordenanzas.

El Presidente de la República del Ecuador designa como Ministro de Transporte y Obras Públicas a un ciudadano que es miembro del directorio de una empresa privada que mantiene un contrato vigente con el Estado para la ejecución de obras públicas. Ante esta situación, varios legisladores cuestionan la designación señalando que la Constitución establece prohibiciones expresas para ocupar el cargo de ministra o ministro de Estado. Con base en la Constitución de la República del Ecuador de 2008. ¿Cuál es la interpretación correcta respecto de esta designación?. La designación es válida porque el Presidente de la República tiene la facultad exclusiva de nombrar a las ministras y ministros de Estado. La designación es válida siempre que la empresa privada no tenga contratos relacionados con el ministerio al que será designado. La designación no es válida porque las personas propietarias o miembros del directorio de personas jurídicas privadas que mantengan contrato con el Estado no pueden ser ministras o ministros de Estado. La designación es válida si la persona renuncia al cargo ministerial en la empresa privada después de su nombramiento.

Un Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal convoca a la conformación de una instancia de participación que incluye a autoridades electas, delegados del régimen dependiente y representantes de la sociedad civil. El objetivo principal de la primera sesión es definir la hoja de ruta para la inversión pública del próximo año y establecer un sistema que permita a los ciudadanos vigilar el cumplimiento de las metas propuestas. De acuerdo con la configuración constitucional de estas instancias. ¿Cuál es el propósito de su funcionamiento y a través de qué mecanismos pueden operativizar el control social?. Elaborar planes y políticas, mejorar la calidad de la inversión pública y fortalecer la democracia mediante mecanismos como veedurías y observatorios. Sustituir las facultades de fiscalización de los concejales municipales para dictar sentencias administrativas de cumplimiento obligatorio para la ciudadanía. Limitar la participación ciudadana a la formación de procesos de comunicación que no interfieran en la definición de agendas de desarrollo o presupuestos. Excluir a los representantes del régimen dependiente de la toma de decisiones para garantizar que la planificación sea un ejercicio puramente ciudadano.

Durante una sesión del Concejo Municipal de un Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD), se debate la aprobación de una nueva ordenanza de uso de suelo que afecta directamente a un barrio tradicional. Un delegado de la asamblea barrial solicita formalmente ocupar la “silla vacía”. El Alcalde le permite ingresar a la sesión, pero le advierte que, de acuerdo con la autonomía del gobierno local, solo podrá escuchar el debate sin intervenir ni votar, ya que la toma de decisiones es una facultad exclusiva de las autoridades electas. Al analizar la naturaleza de este mecanismo de participación en los gobiernos locales. ¿Cuál es el alcance del derecho que asiste al representante ciudadano?. Participar únicamente como observador pasivo en las sesiones públicas para garantizar la transparencia, sin capacidad de incidir en el resultado del debate. Sustituir temporalmente a un concejal electo con el fin de garantizar que la soberanía popular reemplace la democracia representativa en temas presupuestarios. intervenir exclusivamente en la fase de deliberación pública, quedando prohibida su participación en la votación final por el principio de jerarquía de autoridad. Ocupar un espacio físico en la sesión con el propósito de participar activamente tanto en el debate como en la toma de decisiones sobre los temas a tratarse.

Un Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Provincial decide convocar a una consulta popular local para decidir sobre la construcción de un sistema de riego. Paralelamente, el Presidente de la República convoca a un referéndum nacional sobre seguridad, y un colectivo ciudadano logra las firmas necesarias para una consulta popular sobre temas ambientales. Al momento de planificar el pago de los kits electorales y el personal, surge una duda sobre qué institución debe asumir cada costo. Considerando las reglas de imputación presupuestaria previstas en la Norma Suprema. ¿Cómo deben distribuirse los gastos de estos procesos?. Todos los procesos electorales, sin excepción, deben ser cubiertos por el Consejo Nacional Electoral con cargo exclusivo al Presupuesto General del Estado por ser competencia nacional. El gasto de la consulta local se carga al presupuesto del GAD Provincial; mientras que los procesos del Presidente y de la ciudadanía se cargan al Presupuesto General del Estado. Los gastos del Presidente y del GAD se cargan a sus respectivos presupuestos, pero la consulta solicitada por la ciudadanía debe ser financiada mediante aportes privados de los proponentes. El Presupuesto General del Estado solo cubre el proceso del Presidente, debiendo el GAD y el colectivo ciudadano autofinanciar sus respectivas convocatorias mediante tasas especiales.

Un movimiento político nacional se prepara para renovar su directiva y seleccionar candidaturas para las próximas elecciones generales. La actual directiva propone que, debido a la trayectoria de su líder fundador, este sea ratificado por aclamación en una asamblea cerrada, sin necesidad de votación interna, y que la directiva se conforme mayoritariamente por hombres para “garantizar la disciplina operativa”. Un grupo de militantes se opone, alegando que estas prácticas vulneran los principios constitucionales de las organizaciones públicas no estatales. Al analizar el régimen jurídico de los partidos y movimientos políticos en la Norma Suprema. ¿Cuál es la configuración obligatoria para su estructura y selección de candidaturas?. Son organizaciones privadas con autonomía absoluta para designar directivas por aclamación, siempre que sustenten concepciones filosóficas propias y excluyentes. Son entidades del sector público sujetas a la jerarquía del Ejecutivo, cuyas candidaturas deben ser aprobadas previamente por el Consejo de Participación Ciudadana para asegurar la rendición de cuentas. Son organizaciones públicas no estatales que deben garantizar la alternabilidad, la conformación paritaria entre mujeres y hombres en sus directivas, y seleccionar candidaturas mediante procesos electorales internos o primarias. Son colectivos de derecho privado cuya estructura es discrecional, pudiendo omitir la alternabilidad si la asamblea general decide por mayoría simple mantener a sus directivos de forma indefinida.

Un grupo de ciudadanos en la provincia de Guayas desea constituir una organización política para participar exclusivamente en las elecciones de su Prefectura y Alcaldías. Al revisar la normativa, dudan si deben inscribirse como “Partido Político” o como “Movimiento Político”, dado que su interés es meramente local y no pretenden tener presencia en otras provincias del país. Al analizar los requisitos de organización y el alcance territorial previstos en la Norma Suprema. ¿Cuál es la configuración jurídica que corresponde a estas organizaciones?. Los movimientos políticos son organizaciones privadas que no requieren presentar un programa de gobierno, a diferencia de los partidos que deben entregar una declaración de principios ideológicos. Tanto los partidos como los movimientos políticos están obligados a tener una estructura nacional que abarque las tres provincias de mayor población para poder mantener su registro. Los partidos políticos pueden ser de carácter local o nacional, siempre que cuenten con un registro de afiliados no menor al 5% del padrón electoral de su jurisdicción. Los partidos políticos deben ser de carácter nacional y contar con una organización en al menos el 50% de las provincias; mientras que los movimientos políticos pueden corresponder a cualquier nivel de gobierno.

Una alianza electoral conformada por un partido político nacional y un movimiento provincial decide inscribir sus candidaturas para las próximas elecciones generales. La alianza propone a una figura pública de gran prestigio que no pertenece a ninguna organización política. Sin embargo, al mismo tiempo, el partido intenta postular a uno de sus militantes más destacados como candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), argumentando que su experiencia en fiscalización es necesaria para dicho organismo. Al analizar las facultades y limitaciones de las organizaciones políticas en la Norma Suprema. ¿Qué conclusión es jurídicamente correcta sobre estas postulaciones?. Las organizaciones políticas pueden presentar a personas no afiliadas como candidatas de elección popular, pero tienen prohibido postular candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los partidos políticos solo pueden postular a sus propios militantes para cualquier cargo de elección popular, incluyendo los cargos del Consejo de Participación Ciudadana. Las alianzas electorales están facultadas para postular candidatos a todos los niveles de gobierno y funciones del Estado, siempre que presenten un programa de gobierno conjunto. Los movimientos políticos requieren el respaldo del 5% del registro electoral para postular candidatos independientes, pero pueden participar libremente en las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana.

Un reconocido docente universitario, que además es servidor público de carrera en un Ministerio, decide inscribir su candidatura para la Asamblea Nacional. Al mismo tiempo, un empresario que mantiene un contrato vigente con el Estado para la construcción de una carretera troncal, y un ciudadano que fue sentenciado hace diez años por peculado pero que ya cumplió su pena, intentan también registrar sus postulaciones ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Al analizar el régimen de prohibiciones establecido en la Norma Suprema. ¿Cuál de estos ciudadanos está legalmente facultado para candidatearse y bajo qué condición técnica?. El empresario, siempre que ceda sus acciones de la compañía constructora a un familiar directo antes del día de la elección. El ciudadano sentenciado por peculado, puesto que el cumplimiento de la pena extingue la inhabilidad para ejercer cargos de elección popular. El docente y servidor público, quien podrá candidatizarse y gozará de licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción hasta el día siguiente de las elecciones. Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, siempre que soliciten un permiso temporal de funciones durante la campaña electoral.

El Alcalde de un cantón, quien se encuentra ejerciendo su primer periodo tras ganar las elecciones en 2019 y ser reelecto en 2023, manifiesta su deseo de participar en los próximos comicios. Debido a que la ley le impide buscar la alcaldía nuevamente, decide postularse como Prefecto de su provincia. El Alcalde sostiene que, al tratarse de una dignidad distinta, puede realizar la campaña electoral sin dejar su cargo actual, solicitando únicamente una licencia temporal. Al analizar las reglas de participación política previstas en la Norma Suprema, ¿Cuál es la situación jurídica del Alcalde respecto a su nueva postulación?. Está facultado para buscar la Prefectura, pero debe renunciar obligatoriamente al cargo de Alcalde que desempeña para poder postularse a una dignidad diferente. Puede candidatearse a la Prefectura sin renunciar, ya que la prohibición de reelección solo aplica para el cargo de Alcalde y la Constitución protege su derecho al trabajo. No puede postularse a ningún cargo de elección popular, pues la limitación de reelección por una sola vez es absoluta para cualquier función dentro del nivel de gobierno seccional. Puede optar por una segunda reelección consecutiva a la Alcaldía si demuestra que su plan de gobierno requiere continuidad, sin necesidad de renunciar ni postularse a otro cargo.

Tras la publicación de los resultados de un nuevo censo nacional de población, se observa un incremento demográfico significativo en varias provincias del país. El Consejo Nacional Electoral debe actualizar el número de escaños para la Asamblea Nacional de cara a las próximas elecciones generales. Un grupo de ciudadanos consulta si este incremento afectará el número de asambleístas nacionales y si la Asamblea podría sesionar de forma permanente en una ciudad distinta a la capital para descentralizar el poder. Al analizar el diseño orgánico de la Función Legislativa previsto en la Norma Suprema. ¿Cuál es la configuración técnica de su integración y funcionamiento?. La Función Legislativa se ejerce por una Asamblea de representantes locales que no incluye asambleístas por circunscripción nacional, debiendo sesionar obligatoriamente solo en los distritos metropolitanos. La Asamblea Nacional es bicameral, se integra por senadores y diputados elegidos para un periodo de seis años, y su sede rotará anualmente entre las regiones del país. La Asamblea Nacional es unicameral, se integra por quince asambleístas nacionales más los provinciales (calculados por población) y del exterior; su sede es Quito, aunque puede reunirse excepcionalmente en otro lugar. La Asamblea Nacional se integra exclusivamente por dos asambleístas por cada provincia sin considerar el número de habitantes, y sus miembros son elegidos para un periodo de dos años con reelección indefinida.

Tras cumplirse los primeros dos años del periodo legislativo, la Asamblea Nacional procede a la elección de su nueva directiva. Durante este proceso, surgen dudas sobre la conformación del Consejo de Administración Legislativa y el equipo administrativo. Un bloque parlamentario propone que la Secretaría General sea ocupada por el asambleísta más votado para garantizar “legitimidad democrática”, mientras que otro sector sugiere que los Vicepresidentes solo pueden ser reelegidos si el Presidente actual renuncia. Al analizar las reglas de organización interna previstas en la Norma Suprema. ¿Cuál es la configuración jurídica correcta para la elección y sucesión de estas dignidades?. La Asamblea elige de entre sus miembros a un Presidente y dos Vicepresidentes para un periodo de dos años con opción a reelección; y elige a la Secretaría y Prosecretaría de fuera de su seno. Las autoridades de la Asamblea son elegidas para un periodo de cuatro años sin posibilidad de reelección, debiendo la Secretaría General ser ocupada obligatoriamente por un asambleísta nacional. El Presidente y los Vicepresidentes se eligen de fuera del seno de la Asamblea para garantizar imparcialidad, mientras que la Secretaría es ocupada por el Vicepresidente segundo en caso de ausencia. La Asamblea elige a sus autoridades para un periodo de un año, y en caso de renuncia del Presidente, se debe convocar a elecciones generales legislativas para llenar la vacante definitiva.

La Asamblea Nacional se encuentra en su primer receso de quince días. Durante este periodo, surge una crisis energética que requiere la aprobación urgente de una reforma legal. El Presidente de la República considera indispensable que el Pleno se reúna de inmediato para tratar este tema y, adicionalmente, propone que aprovechen la reunión para posesionar a una nueva autoridad que no fue incluida en la agenda original de la crisis. Al aplicar las normas constitucionales sobre el régimen de sesiones. ¿Cómo debe proceder la Asamblea Nacional y cuál es el alcance de dicha sesión?. El Pleno debe esperar a que termine el receso de quince días para sesionar de forma ordinaria y permanente, ya que no existe la figura de periodos extraordinarios durante los descansos legislativos. El Presidente de la República puede instalar la sesión en Quito por sí solo y sin necesidad de convocatoria, para que el Pleno sesione de forma pública sobre cualquier asunto de interés nacional. El Presidente de la Asamblea Nacional, a petición del Presidente de la República, convocará a un periodo extraordinario de sesiones para conocer exclusivamente los asuntos específicos señalados en la convocatoria. La mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional debe auto convocarse a una sesión privada para tratar la crisis energética y la posesión de la autoridad, sin restricción de los temas señalados.

Tras las elecciones generales, la Asamblea Nacional se integra por 137 asambleístas. Los resultados arrojan la siguiente conformación: el Partido “A” obtiene 14 escaños, el Movimiento “B” obtiene 10 escaños y el Partido “C” obtiene 5 escaños. El Movimiento “B” intenta registrar su propia bancada legislativa de forma independiente, mientras que el Partido “C” sostiene que, por ser un partido nacional, tiene derecho propio a una bancada sin necesidad de aliarse con otros. Al aplicar las reglas de organización legislativa previstas en la Norma Suprema. ¿Cuál es la situación jurídica de estas organizaciones para la formación de sus bancadas?. El Partido “A” puede formar su bancada por sí solo; el Movimiento “B” no alcanza el diez por ciento requerido y deberá unirse con otros para formarla. El Movimiento “B” y el Partido “C” pueden formar bancadas independientes por el solo hecho de tener representación parlamentaria, independientemente del número de asambleístas. El Partido “A” y el Movimiento “B” pueden formar sus propias bancadas, ya que ambos superan el umbral del cinco por ciento de los miembros de la Asamblea Nacional. Todas las organizaciones políticas, incluido el Partido “C”, deben unirse obligatoriamente en una sola bancada de mayoría para garantizar la gobernabilidad y el accionar democrático.

Un asambleísta en funciones es acusado de haber provocado un accidente de tránsito por conducir en estado de embriaguez durante el fin de semana, un evento totalmente ajeno a su labor legislativa. Simultáneamente, una empresa privada intenta demandarlo penalmente por “calumnias” debido a las fuertes críticas y denuncias de corrupción que el legislador emitió contra dicha compañía durante un debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Al aplicar las normas constitucionales sobre la responsabilidad de los legisladores. ¿Cuál es el régimen jurídico aplicable para estos dos eventos?. La Asamblea debe autorizar el inicio de la causa por el accidente de tránsito; sin embargo, el legislador es penalmente responsable por sus opiniones emitidas en el debate. El legislador no es penalmente responsable por sus opiniones en el ejercicio de sus funciones; mientras que para el accidente de tránsito no se requiere autorización de la Asamblea por no estar relacionado con su labor. El asambleísta goza de inmunidad total, por lo que no puede ser procesado por el accidente ni por sus opiniones hasta que finalice su periodo de cuatro años y pierda el fuero de Corte Nacional. En ambos casos se requiere que la jueza o juez competente espere treinta días para que la Asamblea autorice el enjuiciamiento, entendiéndose denegada si no existe respuesta en ese plazo.

La Asamblea Nacional se encuentra debatiendo tres propuestas distintas: 1) Una resolución para condecorar a un deportista destacado; 2) Una reforma para crear un nuevo impuesto a los consumos especiales; y 3) Una normativa para establecer nuevas contravenciones de tránsito y sus respectivas multas. Un grupo de asambleístas sostiene que, para agilizar los procesos, la creación del impuesto y la tipificación de las contravenciones pueden aprobarse mediante una resolución administrativa del Pleno. Al aplicar las normas constitucionales sobre la reserva de ley. ¿en qué casos es obligatoria la expedición de una ley para que estas decisiones tengan validez jurídica?. Únicamente para condecorar al deportista y para crear el impuesto, ya que la tipificación de infracciones es una facultad reglamentaria del Ejecutivo. Exclusivamente para modificar la división político-administrativa de las parroquias, debiendo los impuestos y sanciones aprobarse mediante acuerdos legislativos. Tanto para la creación del impuesto como para la tipificación de las contravenciones, puesto que la Constitución exige ley para crear tributos y establecer sanciones. En los tres casos presentados, ya que todas las actuaciones de la Asamblea Nacional, sin excepción, requieren de la expedición de una ley de interés común.

La Asamblea Nacional se encuentra tramitando tres proyectos distintos: 1) Una reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales para modificar el trámite de la acción de protección; 2) Una nueva ley para regular la producción y comercialización de calzado nacional; y 3) Una modificación al Código de la Democracia para alterar el método de asignación de escaños. Un grupo de legisladores sostiene que, para agilizar el trabajo, la reforma sobre la acción de protección y el sistema electoral pueden aprobarse con la mayoría de los asistentes a la sesión, al igual que la ley del calzado. Al aplicar las reglas de categorización y votación previstas en la Norma Suprema. ¿Cuál es el procedimiento jurídico correcto para la aprobación de estas normas?. Las tres normas son leyes ordinarias porque regulan temas de interés común, por lo que requieren únicamente la mayoría simple de los miembros presentes en la sesión. La reforma sobre garantías jurisdiccionales y la del sistema electoral son leyes orgánicas y requieren mayoría absoluta; la ley del calzado es ordinaria y no puede prevalecer sobre las anteriores. Únicamente la ley que regula la producción de calzado es orgánica por afectar la economía nacional, mientras que las reformas procesales y electorales se consideran decretos legislativos. Todas las leyes que regulan instituciones creadas por la Constitución pierden su carácter de orgánicas si son reformadas, pasando a ser ordinarias de aplicación inmediata.

En el marco de una crisis de seguridad, se presentan simultáneamente tres propuestas de reforma al Código Orgánico Integral Penal: 1) Un asambleísta independiente que presenta el proyecto de forma individual; 2) El Defensor del Pueblo, quien propone cambios en materia de derechos humanos y protección de víctimas; y 3) Un colectivo ciudadano que presenta el proyecto con el respaldo del 0.10% del padrón electoral nacional. Al aplicar las reglas de iniciativa legislativa previstas en la Norma Suprema, ¿Cuál de estas propuestas cumple con los requisitos constitucionales para ser admitida a trámite?. Las tres propuestas son válidas, ya que cualquier ciudadano o autoridad pública tiene iniciativa legislativa universal en todas las materias de interés común. Únicamente la propuesta del asambleísta, siempre que cuente con el apoyo de una bancada legislativa o de al menos el cinco por ciento de los miembros de la Asamblea Nacional. La propuesta del Defensor del Pueblo es admisible en las materias que le correspondan, mientras que la del colectivo ciudadano es insuficiente por no alcanzar el respaldo del cero punto veinticinco por ciento del padrón. El proyecto del asambleísta y el del colectivo ciudadano son los únicos válidos, ya que las otras funciones del Estado solo pueden proponer leyes orgánicas y no reformas penales.

La Asamblea Nacional se encuentra tramitando un proyecto de ley que regula el uso de plásticos de un solo uso. El proyecto ya superó el primer debate y se encuentra en la comisión respectiva antes de pasar al segundo debate. Un grupo de fabricantes de envases solicita ser escuchado por la comisión porque consideran que la ley afectará sus derechos económicos. Mientras tanto, el Presidente de la República anuncia que, una vez que la Asamblea apruebe el texto final, él tiene un plazo de sesenta días para pronunciarse. Al aplicar las normas constitucionales sobre el trámite legislativo. ¿Cuál es el procedimiento correcto que debe seguirse para la vigencia de esta norma?. La comisión debe recibir a los ciudadanos interesados para que expongan sus argumentos, y una vez aprobada la ley, el Presidente tiene treinta días para sancionarla u objetarla. La comisión debe recibir a los ciudadanos interesados para que expongan sus argumentos, y una vez aprobada la ley, el Presidente tiene treinta días para sancionarla u objetarla. Los ciudadanos solo pueden intervenir en el Pleno durante el segundo debate, y el Presidente de la República cuenta con un plazo de quince días para presentar objeciones por inconstitucionalidad. La Presidenta de la Asamblea debe enviar el proyecto directamente al Registro Oficial si la comisión no convoca a los ciudadanos interesados en un plazo de diez días laborables.

La Asamblea Nacional aprobó una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. El Presidente de la República, al recibir el proyecto, considera que tres artículos vulneran derechos fundamentales y presenta una objeción fundamentada en la inconstitucionalidad parcial del texto. El proyecto es remitido a la Corte Constitucional, la cual, tras el análisis técnico, emite un dictamen confirmando que, efectivamente, esos tres artículos son inconstitucionales, pero el resto del proyecto es válido. Al aplicar las reglas del procedimiento legislativo previstas en la Norma Suprema. ¿Cuál es el efecto jurídico de este dictamen y qué acción debe tomar la Asamblea Nacional?. La Asamblea Nacional debe archivar el proyecto en su totalidad, ya que un dictamen de inconstitucionalidad parcial anula automáticamente todo el procedimiento legislativo previo. La Asamblea Nacional debe realizar las enmiendas necesarias para corregir los artículos señalados por la Corte y luego enviar el proyecto nuevamente al Presidente para su sanción. La Asamblea Nacional puede ignorar el dictamen de la Corte si cuenta con el voto de las dos terceras partes de sus miembros y ordenar la publicación directa en el Registro Oficial. El Presidente de la República queda facultado para redactar los nuevos artículos de forma unilateral y publicarlos como ley, sin necesidad de que el proyecto regrese a la Asamblea.

El Presidente de la República envía a la Asamblea Nacional un proyecto de ley calificado como urgente en materia económica para enfrentar una crisis fiscal. Transcurridos veinticinco días desde la recepción, la comisión legislativa correspondiente aún no ha emitido el informe para segundo debate. Ante la demora, el Presidente decide enviar un segundo proyecto urgente sobre reformas arancelarias, argumentando que la situación del país no puede esperar. El Pleno de la Asamblea, por su parte, deja pasar los treinta días sin haber aprobado, modificado ni negado el primer proyecto. Al aplicar las reglas constitucionales sobre el trámite de urgencia económica, ¿Cuál es la consecuencia jurídica de la actuación de ambas funciones del Estado?. El primer proyecto se entiende negado por el ministerio de la ley al no haber pronunciamiento en treinta días, y el Presidente podía enviar el segundo proyecto libremente. El Presidente no podía enviar el segundo proyecto mientras se discutía el primero (salvo estado de excepción), y al no haber pronunciamiento en treinta días, el primero debe promulgarse como decreto-ley. La Asamblea Nacional tiene un plazo prorrogable de sesenta días para tratar temas económicos, por lo que el primer proyecto sigue en trámite ordinario y el segundo debe ser devuelto por falta de competencia. El primer proyecto queda archivado automáticamente por falta de informe, pero la Asamblea conserva la potestad exclusiva de promulgarlo en cualquier tiempo bajo el trámite de acuerdos y resoluciones.

En el marco de una reforma estatal, se cuestiona la legalidad de un nuevo organismo técnico creado por decreto presidencial para la evaluación de políticas públicas de salud. Un grupo de juristas sostiene que solo los Ministerios de Estado pueden ejercer funciones de planificación y ejecución. Simultáneamente, surge un debate sobre la figura del Presidente, indicando que sus atribuciones como “Jefe de Estado” son meramente simbólicas y que la administración pública recae exclusivamente en un Consejo de Ministros independiente. Al aplicar las normas constitucionales sobre la conformación y el ejercicio de la Función Ejecutiva. ¿Cuál es la configuración jurídica correcta?. La Función Ejecutiva está integrada únicamente por el Presidente y Vicepresidente; los organismos de evaluación son entidades autónomas fuera de su control. El Presidente ejerce la Jefatura de Estado, pero la Jefatura de Gobierno y la administración pública corresponden al Ministerio de Gobierno bajo un modelo parlamentario de gestión. El Presidente de la República es Jefe del Estado, de Gobierno y responsable de la administración pública; la Función Ejecutiva integra a la Presidencia, Vicepresidencia, Ministerios y demás instituciones necesarias para la rectoría y evaluación de políticas públicas. La planificación y ejecución de políticas públicas nacionales es competencia exclusiva de la Función Legislativa, limitándose la Función Ejecutiva a la representación protocolaria del país.

Tras la jornada electoral para la Presidencia y Vicepresidencia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) presenta el escrutinio de los votos válidos. Los resultados son los siguientes: Binomio A: 41% de los votos válidos. Binomio B: 32% de los votos válidos. Binomio C: 27% de los votos válidos. Un grupo de ciudadanos exige que se realice una segunda vuelta electoral en el plazo de cuarenta y cinco días, argumentando que el Binomio A no alcanzó la mayoría absoluta (más del 50%). Por su parte, el Binomio A sostiene que, de acuerdo con las reglas constitucionales de mayoría relativa, su victoria es definitiva en primera vuelta. Al aplicar las reglas de elección previstas en la Norma Suprema. ¿Cuál es la situación jurídica de este proceso electoral?. Debe realizarse una segunda vuelta electoral entre los binomios A y B, porque el ganador no obtuvo la mayoría absoluta (50% más uno) de los votos válidos. El Binomio A es el ganador definitivo en primera vuelta, ya que obtuvo más del 40% de los votos válidos y una diferencia mayor a diez puntos porcentuales sobre el segundo lugar. Se requiere segunda vuelta electoral porque, aunque el Binomio A superó el 40%, la diferencia con el Binomio B es de solo 9 puntos porcentuales, lo cual es insuficiente para evitar el balotaje. El proceso es nulo porque la Constitución exige que el Presidente y Vicepresidente se elijan en papeletas separadas para garantizar la independencia de funciones.

El Presidente de la República presenta problemas de salud graves. Un comité de médicos especializados certifica, conforme a la ley, que padece una incapacidad mental permanente que le impide ejercer el cargo. Ante esta situación, un grupo de ciudadanos solicita inmediatamente la revocatoria del mandato, mientras que un sector de la Asamblea Nacional sostiene que el Presidente debe ser destituido por abandono del cargo para agilizar el proceso sin esperar a la Corte Constitucional. Al aplicar las causales de cesación de funciones previstas en la Norma Suprema. ¿Cuál es el procedimiento constitucionalmente correcto para declarar la vacante del cargo en esta situación específica?. La Asamblea Nacional debe declarar la cesación por abandono del cargo mediante mayoría simple, sin requerir dictamen de la Corte Constitucional. La vacante se produce por incapacidad mental permanente, la cual debe ser declarada por la Asamblea Nacional con los votos de las dos terceras partes de sus integrantes, previa certificación médica. El Presidente cesa automáticamente al ser certificada su incapacidad por el comité médico, sin necesidad de que la Asamblea Nacional realice pronunciamiento o votación alguna. Debe iniciarse obligatoriamente un proceso de revocatoria del mandato, ya que es la única vía constitucional para remover a un mandatario antes de la terminación de su periodo.

El Presidente de la República sufre un accidente que lo mantiene hospitalizado y fuera de funciones durante 4 meses. Ante esta situación, el Vicepresidente asume la titularidad de la Función Ejecutiva. Sin embargo, poco después, el Vicepresidente renuncia irrevocablemente al cargo, dejando al país sin sus dos mandatarios principales cuando faltan exactamente dos años para que termine el periodo constitucional. Al aplicar las normas sobre la vacancia y el reemplazo previstas en la Norma Suprema. ¿Cuál es el procedimiento jurídico que debe seguirse?. El Presidente de la Asamblea Nacional asume la Presidencia temporalmente y el CNE debe convocar a elecciones para Presidente y Vicepresidente en el término de 48 horas, pues falta más de un año para completar el periodo. El Presidente de la Asamblea Nacional asume la Presidencia por el resto del periodo, ya que al haber transcurrido más de tres meses de ausencia del Presidente original, la falta se considera definitiva. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe designar un Presidente interino de una terna enviada por la Asamblea, quien gobernará hasta que se cumplan los cuatro años de gestión. Se debe convocar a una muerte cruzada inmediata para que el pueblo decida si el Presidente de la Asamblea debe permanecer en el cargo o si se requieren nuevas autoridades legislativas y ejecutivas.

El Alcalde de un cantón, quien se encuentra ejerciendo su primer periodo tras ganar las elecciones en 2019 y ser reelecto en 2023, manifiesta su deseo de participar en los próximos comicios. Debido a que la ley le impide buscar la alcaldía nuevamente, decide postularse como Prefecto de su provincia. El Alcalde sostiene que, al tratarse de una dignidad distinta, puede realizar la campaña electoral sin dejar su cargo actual, solicitando únicamente una licencia temporal. Al analizar las reglas de participación política previstas en la Norma Suprema. ¿Cuál es la situación jurídica del Alcalde respecto a su nueva postulación?. Puede candidatearse a la Prefectura sin renunciar, ya que la prohibición de reelección solo aplica para el cargo de Alcalde y la Constitución protege su derecho al trabajo. Está facultado para buscar la Prefectura, pero debe renunciar obligatoriamente al cargo de Alcalde que desempeña para poder postularse a una dignidad diferente. No puede postularse a ningún cargo de elección popular, pues la limitación de reelección por una sola vez es absoluta para cualquier función dentro del nivel de gobierno seccional. Puede optar por una segunda reelección consecutiva a la Alcaldía si demuestra que su plan de gobierno requiere continuidad, sin necesidad de renunciar ni postularse a otro cargo.

En el marco de un proceso de optimización estatal, el Presidente de la República decide, mediante decreto ejecutivo, fusionar dos ministerios y suprimir una secretaría técnica para reducir el gasto público. Simultáneamente, el Ejecutivo envía a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para aumentar el impuesto al valor agregado (IVA), argumentando su facultad de participar en la formación de leyes. Un sector de la oposición legislativa demanda la nulidad del decreto de fusión ministerial, alegando que solo la Asamblea tiene la competencia de crear o suprimir instituciones públicas. Al aplicar las atribuciones y deberes previstos en la Norma Suprema. ¿Cuál es la validez jurídica de las acciones del Presidente?. Las acciones son válidas porque el Presidente tiene la atribución de crear, modificar y suprimir ministerios (num. 6) y posee iniciativa legislativa en el proceso de formación de las leyes (num. 11). El decreto de fusión ministerial es inconstitucional, pues la organización de la administración pública es facultad exclusiva de la Asamblea mediante ley orgánica, según el principio de reserva de ley. El Presidente solo puede suprimir ministerios si cuenta con la aprobación previa del Consejo Nacional de Planificación, pero sí puede enviar proyectos de ley de forma ilimitada sobre cualquier materia. El Presidente puede nombrar ministros, pero la potestad de removerlos y de definir la política exterior (num. 10) requiere de un dictamen favorable vinculante de la Corte Nacional de Justicia.

El Vicepresidente de la República presenta su renuncia irrevocable para postularse a un cargo de elección popular. Ante la falta definitiva, el Presidente de la República remite a la Asamblea Nacional una terna encabezada por la actual Ministra de Gobierno. La Asamblea Nacional recibe la notificación, pero debido a la falta de consensos internos, el Pleno no logra instalarse para votar por ninguno de los candidatos. Han transcurrido treinta y dos días desde que la terna fue ingresada oficialmente por la gestión documental del Legislativo. Al aplicar las reglas de sucesión vicepresidencial previstas en la Norma Suprema. ¿Cuál es la situación jurídica de la Vicepresidencia de la República?. El Presidente debe enviar una nueva terna de forma obligatoria, ya que la falta de pronunciamiento de la Asamblea se interpreta como un rechazo total a los candidatos propuestos. Se entiende elegida la primera persona que conforma la terna debido a que la Asamblea Nacional omitió pronunciarse dentro del plazo constitucional de treinta días. El cargo permanece vacante hasta que la Asamblea logre el voto conforme de las dos terceras partes de sus integrantes, sin que exista un plazo límite para dicha designación. El Presidente de la República debe designar directamente a cualquier Ministro de Estado para que complete el periodo, sin necesidad de consultar nuevamente al Legislativo.

El Presidente de la República tiene previsto renovar su gabinete y considera a tres candidatos para distintas carteras: 1) El hermano de la actual Vicepresidenta de la República; 2) Un General de la Policía Nacional que solicitó su baja, pero cuyo proceso administrativo de retiro aún no ha finalizado (se mantiene en servicio activo); y 3) El representante legal de una constructora privada que actualmente ejecuta la rehabilitación de una carretera estatal bajo un contrato de obra pública. Al aplicar las prohibiciones establecidas en la Norma Suprema. ¿Cuál de estos ciudadanos está legalmente facultado para ser nombrado Ministro de Estado?. El hermano de la Vicepresidenta, pues la prohibición de parentesco solo aplica respecto al Presidente de la República por ser el Jefe de la Administración. El representante legal de la constructora, siempre que delegue sus funciones administrativas en la empresa antes de la posesión del cargo ministerial. El General de la Policía Nacional, ya que su experiencia en seguridad es indispensable y la Constitución prioriza el derecho a la participación sobre las jerarquías internas. Ninguno de los tres ciudadanos mencionados puede ser ministro, debido a que incurren en las prohibiciones de parentesco, vinculación contractual con el Estado y servicio activo en la fuerza pública.

El ex Ministro de Energía y Minas cesó en sus funciones hace exactamente un año. Debido a su amplia experiencia, una empresa petrolera extranjera que actualmente negocia una concesión para la explotación de recursos naturales en la Amazonía ecuatoriana le ofrece el cargo de Representante Legal. Al mismo tiempo, el ex Ministro recibe una oferta para trabajar como funcionario de alto nivel en el Banco Mundial, organismo que actualmente mantiene créditos vigentes con el Estado ecuatoriano. Al aplicar las restricciones constitucionales para quienes han ejercido la titularidad de ministerios. ¿Cuál es la situación legal del ex funcionario respecto a estas ofertas laborales?. Puede aceptar ambos cargos inmediatamente, ya que las restricciones constitucionales terminan al momento de la cesación del cargo para garantizar el derecho al trabajo. Está impedido de aceptar ambos cargos, pues la prohibición de representar a empresas contratistas del Estado y de laborar en organismos financieros acreedores dura dos años tras el cese de funciones. Únicamente puede aceptar el cargo en la empresa petrolera, siempre que la concesión sea mediante asociación y no mediante una modalidad contractual simple. Puede trabajar en el Banco Mundial por ser un organismo multilateral, pero debe esperar cinco años para ser representante legal de cualquier empresa privada nacional.

El Gobierno Nacional está diseñando una nueva política pública de empleo. Para asegurar que esta política no excluya a grupos vulnerables, se convoca a diversas instituciones. Durante la reunión, un asesor sugiere que los Consejos Nacionales para la Igualdad tienen la facultad de ejecutar directamente proyectos de vivienda y salud para estos grupos, reemplazando a los ministerios del ramo en estas tareas específicas. Al aplicar las normas constitucionales sobre las funciones de estos Consejos. ¿Cuál es su rol correcto en la administración pública?. Los Consejos son entidades ejecutoras de obras y servicios públicos, con presupuesto propio para construir infraestructura dedicada exclusivamente a personas con discapacidad. Los Consejos son órganos jurisdiccionales que pueden sancionar penalmente a las empresas que no cumplan con las cuotas de género o de movilidad humana. Los Consejos tienen facultades de formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas, pero deben coordinarse con las entidades rectoras y ejecutoras. La Constitución establece que estos consejos solo tienen competencia en temas de género, quedando las temáticas étnicas y generacionales bajo control exclusivo de la Asamblea Nacional.

Ante una crisis de seguridad interna y un aumento de la delincuencia común en una ciudad, el Gobernador de la provincia solicita que las Fuerzas Armadas asuman de forma permanente el control del tránsito, la recepción de denuncias por robos y el patrullaje de los centros comerciales, argumentando que la Policía Nacional no da abasto. Por su parte, un grupo de reclutas de la Policía cuestiona si deben recibir formación en derechos humanos, alegando que su labor es puramente operativa y de fuerza. Al aplicar las disposiciones del Art. 158 de la Constitución. ¿Cuál es la determinación jurídica correcta para este escenario?. Las Fuerzas Armadas pueden asumir permanentemente el orden público si la Policía es insuficiente, ya que ambas instituciones tienen misiones idénticas en la protección de derechos. La protección interna y el orden público son responsabilidad de la Policía Nacional; la misión fundamental de las Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía e integridad territorial. Los miembros de la Fuerza Pública no están obligados a formarse en derechos humanos, pues su mandato principal es el uso de la fuerza sin restricciones ante el cometimiento de delitos. El mantenimiento del orden público es una función que el Estado puede delegar a empresas de seguridad privada, dejando a la Policía Nacional únicamente la defensa de la soberanía nacional.

Un oficial de la Policía Nacional es acusado de haber cometido un robo a mano armada mientras se encontraba fuera de servicio y vestido de civil. Paralelamente, la institución policial decide darlo de baja y retirarle sus condecoraciones argumentando que el oficial no cumplió con una orden verbal de un superior que le exigía votar por un candidato específico en las elecciones seccionales, alegando “prerrogativas del grado”. Al aplicar las normas constitucionales sobre los miembros de la Fuerza Pública. ¿Cuál es el régimen jurídico aplicable para este oficial?. El oficial debe ser juzgado por una corte marcial interna e independiente de la Función Judicial, y puede ser privado de su grado si el mando superior así lo decide por razones de disciplina política. El robo cometido fuera de servicio debe ser juzgado por la justicia ordinaria (Función Judicial); asimismo, no puede ser privado de sus grados o condecoraciones sino por causas legales, y no cabe el uso de prerrogativas sobre los derechos de las personas (como el voto). Al tratarse de un miembro de la Policía, cualquier delito cometido (dentro o fuera de servicio) debe ser juzgado exclusivamente por salas especializadas en materia militar, ya que gozan de un fuero externo total. El sistema de ascensos y promociones se basa únicamente en la antigüedad, por lo que el oficial mantiene su estabilidad y grado independientemente de cualquier sentencia penal dictada por la Función Judicial.

Durante una situación de tensión fronteriza, un grupo de ciudadanos es detenido en una vía pública por una patrulla militar y trasladado a un cuartel para ser enrolados inmediatamente en las filas del ejército bajo el argumento de “necesidad nacional”. Las autoridades militares informan que, debido a la emergencia, los nuevos reclutas serán enviados a la línea de fuego (zona de alto riesgo) y que no habrá tiempo para capacitaciones ocupacionales, ya que su única función será el combate. Al aplicar las normas constitucionales sobre el servicio cívico-militar. ¿Qué derechos y prohibiciones han sido vulnerados en este escenario?. Se vulnera la prohibición de reclutamiento forzoso, el carácter voluntario del servicio y la prohibición de destinar a quienes participan en este servicio a áreas de alto riesgo militar. Ninguno, porque en situaciones de tensión fronteriza la Constitución permite el reclutamiento forzoso para garantizar la soberanía nacional por encima de los derechos individuales. El procedimiento es válido siempre que se les pague un sueldo mensual, ya que la voluntariedad del servicio cívico-militar solo aplica en tiempos de paz absoluta y no en situaciones de emergencia. Únicamente se vulnera el derecho a la capacitación alternativa, pues el Estado conserva la facultad de reclutar forzosamente a los ciudadanos pero está obligado a darles un título técnico al finalizar.

Debido a un incremento significativo en los índices de criminalidad común en una provincia, el Presidente de la República decreta el Estado de Excepción por “grave conmoción interna”. En el decreto, además de movilizar a las Fuerzas Armadas, dispone la suspensión inmediata de las sesiones de la Asamblea Nacional y la clausura temporal de las cortes de justicia de esa localidad, argumentando que la crisis de seguridad impide el funcionamiento normal de las instituciones. Al aplicar las reglas previstas en la Norma Suprema sobre el estado de excepción. ¿Cuál es la validez jurídica de esta decisión?. El decreto es totalmente válido, ya que el estado de excepción otorga al Presidente la facultad de concentrar todos los poderes del Estado para solucionar la crisis de seguridad. El decreto es inconstitucional en su disposición de suspender las funciones del Estado, pues la declaración del estado de excepción no interrumpe las actividades de las demás funciones (Legislativa, Judicial, etc.). El Presidente solo puede suspender la Asamblea Nacional si el estado de excepción se debe a un conflicto armado internacional, pero no por grave conmoción interna o desastre natural. El decreto es ilegal porque la criminalidad común no constituye una causal de “grave conmoción interna”, siendo esta una figura reservada exclusivamente para desastres naturales.

Un Ministro de Estado, mediante una resolución administrativa, decide intervenir en un litigio de tierras entre una comunidad indígena y una empresa minera. El Ministro dicta una “sentencia administrativa” alegando que, por razones de seguridad nacional, el Ministerio tiene potestad para resolver el conflicto de forma definitiva, prohibiendo a las partes acudir a los jueces civiles. Además, el Ministerio establece que cualquier ciudadano que desee revisar el expediente del caso deberá pagar una “tasa de visualización” para cubrir los gastos del personal. Al aplicar los principios de la administración de justicia previstos en la Norma Suprema. ¿Cuál es la situación jurídica de estas disposiciones?. La actuación del Ministro es válida bajo el principio de unidad jurisdiccional, ya que todas las funciones del Estado pueden administrar justicia en casos de interés nacional. El cobro por revisar el expediente es legal porque el Art. 168 establece que la ley fijará el régimen de costas procesales, lo cual incluye el acceso a la información administrativa. El sistema oral solo es obligatorio para juicios penales; por lo tanto, el Ministro puede llevar a cabo el proceso de forma escrita y reservada sin violar la Constitución. Se vulnera el principio de unidad jurisdiccional al ejercer funciones de justicia ordinaria siendo autoridad de otra función; asimismo, se vulnera la gratuidad de la justicia y el principio de publicidad de los procesos.

En un juicio laboral por despido intempestivo, un trabajador presenta su demanda cumpliendo con todos los requisitos de fondo. Sin embargo, el juez decide archivar el proceso y declarar su nulidad porque el abogado del trabajador utilizó un tipo de letra distinta al sugerido en los formatos administrativos de la unidad judicial y omitió numerar una de las páginas del anexo. El juez argumenta que “el cumplimiento estricto de las formalidades es la única garantía del proceso”. Al aplicar las reglas previstas en la Norma Suprema sobre el sistema procesal, ¿Cuál es la validez de la decisión del juez?. El juez ha accionado de forma inconstitucional, ya que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia y no se puede sacrificar esto por la sola omisión de formalidades. La decisión es correcta, pues el principio de uniformidad exige que todas las demandas sean idénticas en su forma, y cualquier omisión rompe la solemnidad del sistema. El archivo del proceso es válido bajo el principio de celeridad, ya que permite al sistema judicial deshacerse rápidamente de causas que presentan errores de carpintería o formato. El trabajador debe esperar a que el Consejo de la Judicatura sancione al juez para poder presentar una nueva demanda, ya que las normas procesales solo son guías y no de cumplimiento obligatorio.

En una comunidad indígena de la Sierra, las autoridades ancestrales resuelven un conflicto por el robo de ganado aplicando el “baño de purificación” y una multa económica al responsable. El sancionado, tras cumplir la pena, es detenido por la Policía Nacional, y un Fiscal pretende iniciar un proceso penal por el mismo delito bajo la justicia ordinaria, argumentando que la justicia indígena no tiene validez legal para sancionar delitos graves y que se ha vulnerado el debido proceso. Al aplicar las normas de jurisdicción indígena previstas en la Constitución. ¿Cuál es la situación jurídica correcta?. El Fiscal puede iniciar el proceso porque la justicia ordinaria es jerárquicamente superior a la indígena y tiene la competencia exclusiva para sancionar delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). La decisión de la autoridad indígena debe ser respetada por las autoridades públicas (incluida la Fiscalía), ya que ejercieron funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial y bajo su derecho propio. El proceso indígena es nulo porque la Constitución prohíbe las tradiciones ancestrales si estas no han sido aprobadas previamente por el Consejo de la Judicatura para garantizar la participación de las mujeres. Las autoridades indígenas solo pueden resolver conflictos de tierras, por lo que cualquier sanción física o económica sobre personas debe ser ratificada obligatoriamente por un Juez de Paz.

Un juez de primera instancia se encuentra resolviendo un caso de desalojo. Al analizar la normativa, se percata de que una ley vigente contradice directamente un derecho constitucional a la vivienda digna y un tratado internacional de derechos humanos ratificado por el Ecuador. El juez decide aplicar la ley por encima de la Constitución, argumentando que su función es simplemente “aplicar el código”. Debido a esta decisión, el proceso se estanca por dos años sin sentencia, causando un grave perjuicio económico a la familia demandada. Al aplicar las normas sobre la administración de justicia previstas en la Norma Suprema. ¿Cuál es la situación jurídica del juez?. El juez actuó correctamente, ya que los jueces están sujetos únicamente a la ley y no tienen potestad para cuestionar la constitucionalidad de las normas que aplican. Los servidores judiciales solo son responsables ante el Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, pero no pueden ser señalados por perjuicios económicos a las partes procesales. El principio de debida diligencia solo es exigible a los secretarios y amanuenses, por lo que el juez no tiene responsabilidad sobre el tiempo que tome dictar una sentencia. El juez vulneró el orden jerárquico de aplicación normativa, pues debe sujetarse primero a la Constitución e instrumentos internacionales; además, es responsable por el perjuicio causado debido al retardo y negligencia.

Una Jueza de la Unidad Civil, apasionada por la política y la educación, es invitada por un partido político para ser su Directora Cantonal y, posteriormente, candidata a la Alcaldía. Al mismo tiempo, una universidad privada le ofrece dictar la cátedra de Derecho Procesal a las 18:00 (fuera de su horario laboral). Para financiar su futura campaña, la jueza decide también asesorar jurídicamente a una empresa privada de forma externa y reservada. Al aplicar las prohibiciones constitucionales para los servidores judiciales. ¿Cuál de las siguientes actividades puede realizar legalmente la jueza?. Puede ser Directora del partido político y candidata a la Alcaldía, siempre que solicite una licencia sin sueldo para no descuidar su despacho judicial. Únicamente puede aceptar la docencia universitaria fuera de su horario de trabajo; las demás actividades (proselitismo, candidatura y ejercicio de la abogacía) le están prohibidas. Puede ejercer la abogacía de forma privada si lo hace en una materia distinta a la que juzga (por ejemplo, asesoría societaria siendo jueza civil). Puede realizar todas las actividades mencionadas, ya que el derecho al trabajo ya la participación política son derechos fundamentales que prevalecen sobre las leyes administrativas.

Un adolescente de 16 años es aprehendido tras haber cometido presuntamente un delito de robo. El fiscal de turno, al observar la gravedad del hecho, decide conducir ante un Juez de Garantías Penales de adultos y solicitar su ingreso inmediato a un centro de privación de libertad ordinaria. El fiscal argumenta que, al ser un delito grave, no se puede aplicar la “justicia especializada” y que el joven debe ser juzgado bajo las mismas reglas y por los mismos operadores que un adulto para garantizar la seguridad ciudadana. Al aplicar las normas constitucionales sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes en el sistema judicial. ¿Cuál es la situación legal de este procedimiento?. El procedimiento es inconstitucional, pues el adolescente debe ser sometido a una administración de justicia especializada y operadores capacitados en la doctrina de protección integral. El procedimiento es válido, ya que la justicia especializada solo aplica para infracciones menores (contravenciones) y no para delitos tipificados en el Código Penal. La Constitución establece que los adolescentes infractores no tienen responsabilidad penal alguna, por lo que el fiscal debería dejarlo en libertad inmediatamente sin medidas cautelares. El debe ser adolescente juzgado por un Juez de Paz, ya que la administración de justicia especializada solo existe para casos de maltrato infantil y no para adolescentes infractores.

En el marco de la renovación del Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) recibe las ternas de los cinco órganos delegados. Durante el proceso, un sector de la Asamblea Nacional propone que, para garantizar la celeridad, los delegados sean posesionados directamente por el Ejecutivo sin pasar por escrutinio público, y que su período se reduzca a 4 años para coincidir con el ciclo presidencial. Simultáneamente, el Fiscal General del Estado cuestiona si su delegado puede ser fiscalizado por el Legislativo, alegando la autonomía de su institución. Al analizar las disposiciones constitucionales sobre la integración y control de este órgano. ¿Qué determinaciones jurídicas son correctas según la Norma Suprema?. Los delegados deben ser elegidos mediante un proceso público de escrutinio con veeduría e impugnación ciudadana; su periodo es de 6 años y todos sus miembros están sujetos a fiscalización y juicio político por la Asamblea Nacional. El CPCCS puede omitir el proceso de impugnación ciudadana en casos de emergencia institucional, siempre que los delegados de la Corte Nacional y la Fiscalía General garanticen la idoneidad del pleno por un período de 4 años. Los miembros del Consejo de la Judicatura no pueden ser juzgados por la Asamblea Nacional debido a la autonomía administrativa, económica y financiera de la Función Judicial, y su período debe ser renovado parcialmente cada 3 años. La Asamblea Nacional tiene la facultad de enviar dos ternas en lugar de una si el Defensor Público no presenta la suya a tiempo, asegurando que el periodo de los titulares sea de 6 años sin posibilidad de fiscalización externa.

El Consejo de la Judicatura, en un esfuerzo por modernizar el sistema judicial, dicta una resolución en la que dispone: 1) La implementación de una plataforma de expedientes electrónicos; 2) La modificación de la proforma presupuestaria de la Fiscalía General del Estado para destinar esos fondos a la creación de nuevas unidades judiciales; y 3) La revisión de las sentencias dictadas por los jueces provinciales para sancionar a aquellos cuyos criterios jurídicos no se alinean con la política de modernización del Consejo. Al analizar las atribuciones conferidas en la Constitución al Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es la validez jurídica de estas acciones?. Todas las acciones son válidas, ya que el Consejo de la Judicatura tiene la potestad de definir políticas de modernización y es el órgano jerárquico superior de todos los jueces y órganos de la Función Judicial. Es válida la implementación de la plataforma electrónica, pero es inconstitucional la modificación del presupuesto de los órganos autónomos (Fiscalía) y la revisión de sentencias con multas sancionatorias por el criterio jurídico de los jueces. El Consejo solo puede administrar las escuelas de formación, pero carece de competencia para dirigir procesos de selección o evaluación, funciones que corresponden exclusivamente a la Corte Nacional de Justicia. La proforma presupuestaria de toda la Función Judicial, incluidos los órganos autónomos, debe ser aprobada y modificada obligatoriamente por el Consejo de la Judicatura para velar por la transparencia.

Un grupo de 21 juristas es posesionado como jueces de la Corte Nacional de Justicia en el año 1. Al llegar al año 3, el Consejo de la Judicatura organiza un sorteo para renovar a los primeros 7 jueces (un tercio). Uno de los jueces salientes, reconocido por su excelente desempeño, solicita ser incluido en el concurso de oposición y méritos para ser “reelecto” por un nuevo período de 9 años. Paralelamente, el Presidente de la Corte, que lleva 2 años en el cargo, propone que los Presidentes de las Salas Especializadas también duren 3 años en sus funciones para alinearse con su período de representación. Al analizar las disposiciones del art. 182 de la Norma Suprema. ¿Qué se puede concluir sobre la legalidad de estas situaciones?. Los conjueces no están sujetos al mismo régimen de incompatibilidades que los jueces titulares, por lo que podrían ejercer la abogacía mientras no estén integrando una sala. La Corte Nacional puede decidir autónomamente ampliar el período de los Presidentes de Sala a tres años mediante resolución del Pleno, ya que la Constitución solo fija el número de 21 jueces. La renovación por tercios es inconstitucional si no se justifica una falta administrativa; Además, los jueces pueden ser reelectos indefinidamente siempre que superen el concurso de méritos. El juez saliente no puede ser reelecto bajo ninguna circunstancia; la renovación por tercios cada tres años es obligatoria y el periodo de los Presidentes de Sala debe ser de un año, no de tres.

En una parroquia rural, la comunidad elige a un respetado agricultor (quien no es abogado) como su Juez de Paz. Durante su gestión, se presentan tres casos: 1) Una disputa vecinal por el lindero de un huerto; 2) Una denuncia por robo de bienes valorados en $5.000; y 3)Un conflicto que ya está siendo resuelto por las autoridades de una comunidad indígena local. El Juez de Paz decide aceptar los tres casos, argumentando que su competencia es “exclusiva y obligatoria” en su territorio, y ordena la detención preventiva del sospechoso del robo por 24 horas mientras se logra un “acuerdo amistoso”. Al analizar las atribuciones conferidas en la Constitución a los jueces de paz. ¿Cuál es la validez jurídica de estas actuaciones?. Todas las actuaciones son válidas, ya que el Juez de Paz resuelve en equidad y su autoridad emana directamente de la elección comunitaria, lo que le permite actuar por encima de la justicia ordinaria y la indígena. El Juez de Paz tiene competencia para la disputa de linderos, pero es inconstitucional que conozca el robo (por el monto y gravedad), que interfiera en la justicia indígena o que disponga la privación de la libertad del sospechoso. El agricultor no puede ejercer la carga porque el Art. 176 de la Constitución exige que todos los jueces sean profesionales en Derecho y aprueben el curso de formación de la Escuela Judicial. La justicia de paz es nula en este caso porque no se contó con el patrocinio de abogados, requisito indispensable para garantizar los derechos constitucionales en cualquier resolución comunitaria.

En una provincia fronteriza, el Consejo de la Judicatura decide absorber la administración financiera de la Defensoría Pública local, argumentando la necesidad de “unificar el gasto judicial”. Al mismo tiempo, la Defensoría Pública regional emite un comunicado indicando que, debido a la falta de personal, dejará de prestar servicios gratuitos en materia laboral y civil, limitándose únicamente a la defensa penal. Además, se establece una “tasa de recuperación de costos” mínima para aquellos usuarios que tengan ingresos superiores al salario básico. Al analizar las disposiciones del art. 191 de la Norma Suprema. ¿Qué se puede concluir sobre la legalidad de estas medidas?. Las son constitucionales, ya que la Defensoría Pública es un órgano auxiliar de la Función Judicial y debe someterse a la planificación presupuestaria del Consejo de medidas de la Judicatura. La Defensoría Pública puede cobrar tasas y limitar sus materias de atención basadas en su autonomía administrativa, siempre que garantice la defensa técnica en el ámbito penal de forma obligatoria. Las acciones son inconstitucionales: la Defensoría goza de autonomía económica y financiera; su servicio debe ser gratuito y su patrocinio debe cubrir todas las materias e instancias para personas en indefensión. La Defensoría Pública es un órgano dependiente de la Fiscalía General del Estado, por lo que cualquier cambio administrativo debe ser aprobado por el Fiscal General y no por el Consejo de la Judicatura.

El Candidato A : Abogado con 12 años de docencia universitaria en Derecho, con título reconocido y experiencia en gestión de proyectos. El Candidato B : Abogado con 8 años de ejercicio profesional y 3 años como Juez de Corte Provincial, ecuatoriano en goce de derechos políticos y título de tercer nivel. Al finalizar el proceso, el ganador es posesionado. Un grupo de ciudadanos presenta una queja porque el reglamento del CPCCS pretende que el nuevo Defensor dure 4 años en sus funciones y sea reelegible por una sola vez, argumentando que debe rendir cuentas únicamente al Consejo de la Judicatura. Al analizar las disposiciones del art. 192 de la Norma Suprema. ¿Cuál es la conclusión jurídica correcta sobre este escenario?. Ambos candidatos cumplen con el requisito de experiencia; Sin embargo, el período de funciones debe ser de 6 años sin posibilidad de reelección, y el informe anual se rinde obligatoriamente a la Asamblea Nacional. El Candidato B es el único que cumple los requisitos por haber sido Juez; Además, la Constitución permite la reelección si el Defensor ha demostrado idoneidad y probidad notoria durante su primer período. El periodo de 4 años es correcto para que coincida con el ciclo de los órganos de control, pero el informe de labores debe presentarse ante el Pleno de la Corte Nacional de Justicia por ser un órgano de la Función Judicial. El requisito de 10 años de experiencia puede ser compensado con un título de cuarto nivel (maestría), y la rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional es opcional si el Defensor ya informó al CPCCS.

Caso: En medio de una investigación penal contra altos funcionarios del Ejecutivo, el Ministerio de Finanzas decide recortar el presupuesto de la Fiscalía General del Estado en un 40%, alegando una política de austeridad. Al mismo tiempo, el Consejo de la Judicatura emite una resolución ordenando a la Fiscal General que traslade a todos los fiscales de la unidad de transparencia a otras provincias, argumentando que la Judicatura tiene la potestad de administrar los recursos humanos de toda la Función Judicial. La Fiscal General se niega, afirmando que dichas medidas atentan contra la operatividad de sus investigaciones. Al analizar las disposiciones del art. 194 de la Norma Suprema. ¿Cuál es la conclusión jurídica correcta sobre la situación de la Fiscalía?. La Fiscalía debe acatar el recorte presupuestario y el traslado de fiscales, ya que, al ser un órgano de la Función Judicial, está subordinada administrativa y financieramente al Consejo de la Judicatura y al Ejecutivo. La Fiscalía es un órgano autónomo, único e indivisible que goza de autonomía administrativa, económica y financiera; por lo tanto, el control de su presupuesto y la gestión de su personal deben respetar su capacidad operativa independiente. La autonomía de la Fiscalía solo se refiere a la libertad para investigar delitos, pero en lo administrativo y financiero depende directamente de la Corte Nacional de Justicia para garantizar la unidad jurisdiccional. El Fiscal General es la máxima autoridad del sistema de justicia, lo que le permite dictar sus propias leyes procesales por encima del Código Orgánico Integral Penal para asegurar el debido proceso.

En un juicio de alta complejidad contra el crimen organizado, un testigo clave solicita ingresar al Sistema de Protección y Asistencia. La Fiscalía General del Estado (FGE) acepta la solicitud y ordena al Ministerio del Interior y a una casa de salud pública que brinden resguardo policial y atención psicológica inmediata. El Ministerio responde que no puede colaborar porque la protección de personas es competencia exclusiva de la Fiscalía y que no tienen presupuesto asignado para “objetivos ajenos”. Por su parte, la casa de salud alega que solo atiende a pacientes comunes y no a participantes de procesos penales. Al analizar las disposiciones del Art. 198 de la Norma Suprema. ¿Qué determinación jurídica es correcta?. La Fiscalía dirige el sistema, pero la participación de las entidades públicas afines es obligatoria; por tanto, el Ministerio y la casa de salud deben coordinar y articular sus acciones bajo los principios de complementariedad y eficacia. El Ministerio y la casa de salud tienen razón, ya que la autonomía de la Fiscalía implica que esta debe contar con su propia policía y sus propios centros de salud sin afectar a otras entidades públicas. El sistema de protección es de carácter voluntario para las instituciones del Estado, quienes podrán colaborar únicamente si cuentan con convenios previos firmados con organizaciones de la sociedad civil. La protección de víctimas y testigos es una función exclusiva de la Función Ejecutiva, por lo que la Fiscalía no tiene facultad constitucional para dirigir dicho sistema ni para dar órdenes a otras instituciones.

Debido al incremento de la actividad comercial en un cantón, un grupo de abogados solicita al Alcalde de la ciudad que crea tres nuevas notarías y designa a sus titulares, argumentando que el servicio es público y de interés local. Por su parte, un notario en funciones decide aumentar las tasas por servicios de escrituración en un 20% para mejorar el sueldo de su auxiliar personal, indicando que, al no recibir sueldo del Estado, él tiene autonomía financiera para administrar los cobros y el excedente de su despacho. Al analizar las disposiciones del art. 200 de la Norma Suprema. ¿Cuál es la determinación jurídica correcta sobre este escenario?. El servicio notarial es privado pero de interés público, por lo que cada notario es libre de contratar a su personal y fijar sus honorarios, rindiendo cuentas únicamente a la Contraloría General del Estado. Las notarías son autónomas y el notario puede fijar las tasas de acuerdo con la oferta y la demanda, siempre que los valores recuperados se reinviertan en el mismo cantón para mejorar el servicio. El Alcalde tiene la facultad de crear notarías bajo el principio de descentralización, pero el régimen de remuneraciones del personal auxiliar debe ser aprobado por el Ministerio de Trabajo y no por el Consejo de la Judicatura. La creación de notarías y la fijación de tasas son competencias exclusivas del Consejo de la Judicatura; Además, los valores percibidos por tasas deben ingresar al Presupuesto General del Estado.

Ante el incremento de los índices de criminalidad, un grupo de legisladores propone una reforma al sistema penitenciario. La propuesta incluye: 1)Eliminar los programas de educación y capacitación técnica para ahorrar recursos y destinarlos a seguridad; 2) Establecer que el único fin de la cárcel es el castigo y el aislamiento total del sentenciado para evitar que vuelva a delinquir; y 3) Suspender la garantía de derechos básicos de los privados de libertad (PPL) como mecanismo de “disuasión penal”. Al analizar las disposiciones del art. 201 de la Norma Suprema. ¿Cuál es la conclusión jurídica correcta sobre esta propuesta?. La propuesta es constitucionalmente viable, ya que el Estado tiene la potestad soberana de soportar las condiciones de reclusión para garantizar la seguridad ciudadana y la paz pública. El sistema debe priorizar la seguridad nacional sobre la rehabilitación social, por lo que el desarrollo de capacidades de las personas sentenciadas es una facultad opcional del Estado según su presupuesto. La propuesta es inconstitucional, pues el sistema de rehabilitación social tiene como fin la rehabilitación integral y la reinserción en la sociedad, no el mero castigo o aislamiento. La rehabilitación integral solo se aplica para quienes hayan cometido delitos menores, mientras que para delitos graves la Constitución permite que el sistema ignore la reinserción social.

El Ejecutivo, mediante decreto, dispone que la Contraloría General del Estado y la Superintendencia de Bancos deben someter sus planes operativos y presupuestos anuales a la aprobación directa del Ministerio de Economía para “alinear el control social a las metas del Gobierno”. Asimismo, se dispone que estas entidades dejen de supervisar a las empresas privadas que gestionan servicios públicos (como la recolección de basura), argumentando que la transparencia solo debe aplicarse a las instituciones del Estado y no a entes privados. Al analizar las disposiciones de los Art. 204 y 205 de la Norma Suprema. ¿Cuál es la determinación jurídica correcta sobre este escenario?. El decreto es constitucional, ya que el Ejecutivo es el administrador del Estado y la Función de Transparencia es un órgano de apoyo sin autonomía financiera real frente al Presupuesto General. La Función de Transparencia y Control Social solo tiene competencia sobre el sector público; por lo tanto, las empresas privadas están exentas de su supervisión aunque presentan servicios de interés público. Las entidades de la FTCS gozan de autonomía administrativa, financiera y presupuestaria, y tienen la facultad de controlar tanto al sector público como a entes privados que desarrollan actividades de interés público. El pueblo, como mandante, es el único que puede ejercer control sobre las empresas privadas, por lo que la Defensoría del Pueblo y las Superintendencias deben ser eliminadas de la estructura estatal para evitar duplicidad.

Durante una auditoría a una Fundación Privada que recibió fondos estatales para la construcción de una escuela, la Contraloría General del Estado (CGE) detecta un sobreprecio y la falta de soportes técnicos. Ante esto, la CGE emite una resolución donde: 1) Determina una glosa (responsabilidad civil) contra el director de la fundación; 2) Ordena la detención inmediata del tesorero por encontrar indicios de responsabilidad penal; y 3) Dicta una normativa interna para que todas las fundaciones del país, reciban o no fondos públicos, le entreguen sus estados financieros mensualmente. Al analizar las atribuciones conferidas en el Art. 211 y 212 de la Constitución, ¿Cuál es la determinación jurídica correcta sobre las acciones de la Contraloría?. La Contraloría actuó dentro de sus facultades, ya que su sistema de control externo le permite sancionar penalmente a quienes malversen fondos y regular a todo el sector privado para prevenir la corrupción. Es válida la determinación de la glosa civil; Sin embargo, la CGE no puede ordenar detenciones (pues solo determina “indicios” para la Fiscalía) ni puede normar a entidades privadas que no manejen recursos públicos. La Contraloría carece de competencia sobre entidades privadas, por lo que la auditoría a la Fundación es nula; El control de recursos públicos en manos privadas corresponde exclusivamente a la Superintendencia de Compañías. Las responsabilidades administrativas y civiles culpables solo pueden ser determinadas por un juez de la Función Judicial, siendo la Contraloría un órgano que únicamente asesora y expide normativa, pero no sanciona.

Ante una crisis en el sector de seguros, el Presidente de la República decide intervenir directamente una compañía privada y nombrar a un “Interventor Especial” mediante decreto ejecutivo. Al mismo tiempo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) inicia el proceso para designar al nuevo Superintendente de Compañías, Valores y Seguros. El Presidente envía una terna, pero el CPCCS la rechaza argumentando que ellos, al ser el órgano de control social, tienen la facultad de armar sus propias listas de candidatos sin intervención del Ejecutivo. Por otro lado, la compañía intervenida alega que una Superintendencia no tiene facultad para auditar entes privados. Al analizar las disposiciones del Art. 213 de la Norma Suprema. ¿Cuál es la determinación jurídica correcta?. Las Superintendencias solo pueden controlar entidades públicas; por lo tanto, la intervención a la compañía privada es inconstitucional y el Superintendente no tiene jurisdicción sobre el sector seguros. El CPCCS tiene la razón, ya que su autonomía le permite designar superintendentes de manera independiente, eliminando la facultad presidencial de enviar ternas para evitar la politización técnica. Las Superintendencias son organismos técnicos de control de actividades y servicios de entidades públicas y privadas; sus titulares son nombrados por el CPCCS de una terna enviada obligatoriamente por el Presidente. Las facultades de intervención de las Superintendencias son discrecionales y no requieren estar sujetas al ordenamiento jurídico, siempre que actúen de oficio para proteger el interés particular de los accionistas.

Ante la crisis migratoria en la frontera norte, el Ministerio de Relaciones Exteriores decide cerrar las oficinas de atención ciudadana que la Defensoría del Pueblo mantenía en el exterior, argumentando que la representación internacional es competencia exclusiva de la Función Ejecutiva. Simultáneamente, el Gobernador de una provincia solicita al Defensor del Pueblo que someta sus decisiones administrativas a la aprobación de la Gobernación, bajo el pretexto de que la Defensoría carece de personalidad jurídica propia y debe alinearse a la política provincial de seguridad. Al analizar las disposiciones del Art. 214 de la Norma Suprema. ¿Cuál es la determinación jurídica correcta sobre este escenario?. La Defensoría tiene jurisdicción nacional y estructura desconcentrada con delegados en cada provincia y en el exterior; Además, goza de autonomía administrativa, financiera y personalidad jurídica propia. La Defensoría del Pueblo debe cerrar sus oficinas en el exterior y someterse a la Gobernación, ya que es un órgano auxiliar que no posee autonomía administrativa ni financiera frente a las funciones del Ejecutivo. El Defensor del Pueblo solo puede actuar en el territorio nacional, por lo que su presencia en el exterior es inconstitucional, debiendo limitarse a asesorar legalmente al Presidente de la República. Las delegaciones provinciales de la Defensoría deben ser financiadas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, perdiendo su autonomía financiera para garantizar la transparencia local.

Durante un año electoral, el Ministerio de Gobierno emite una directriz que obliga al Consejo Nacional Electoral (CNE) a trasladar su sede principal a la ciudad de Guayaquil para “acercar el proceso a la costa”. Simultáneamente, el Ministerio de Finanzas suspende la entrega de fondos al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), argumentando que este órgano no posee personalidad jurídica propia y que sus gastos deben ser autorizados y gestionados a través del CNE. Ambas instituciones electorales rechazan las medidas, alegando que se vulnera su diseño constitucional. Al analizar las disposiciones de los Art. 217 y 218 de la Norma Suprema. ¿Cuáles la determinación jurídica correcta sobre este escenario?. Las medidas del Ejecutivo son válidas, ya que la Función Electoral es una sola y el CNE, como órgano administrativo, debe centralizar el presupuesto y decidir la ubicación de las sedes según la conveniencia política. El CNE y el TCE son órganos independientes entre sí, ambos poseen personalidad jurídica propia y autonomía financiera; además, la Constitución establece que la sede de ambos órganos debe ser la ciudad de Quito. El Tribunal Contencioso Electoral debe someterse a la autonomía del CNE, pues la Función Electoral solo reconoce personalidad jurídica al Consejo Nacional Electoral por ser el encargado de organizar el sufragio. La Función Electoral no goza de autonomía organizativa frente a la Función Ejecutiva, por lo que el traslado de la sede y la gestión del presupuesto son facultades discrecionales del Presidente de la República.

Tras cumplirse los primeros tres años de gestión del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) organiza el proceso de renovación parcial. En este contexto, surgen tres situaciones: 1) El Presidente del CNE, que ha cumplido sus 3 años de funciones, alega que por ser el representante de toda la Función Electoral debe permanecer en la presidencia los 6 años que dura su cargo de consejero; 2) Se propone renovar a 4 de los 5 consejeros principales para “oxigenar” la institución; y 3) Un ciudadano de 25 años, con ciudadanía ecuatoriana y en goce de sus derechos políticos, postula para ser consejero. Al analizar las disposiciones del Art. 218 de la Norma Suprema. ¿Qué se puede concluir jurídicamente?. Los consejeros suplentes no se someten al sistema de renovación parcial, pues su cargo es meramente expectante y solo los principales deben alternarse cada tres años por sorteo. La renovación parcial debe ser de tres miembros en la primera ocasión y dos en la segunda para asegurar la mayoría; además, el Vicepresidente asume la representación de la Función Electoral por derecho propio. La presidencia del CNE es de 6 años para garantizar la estabilidad de la Función Electoral, y el ciudadano no puede postular por no cumplir con una edad mínima de 35 años que exige la Constitución para esta función. Solo se pueden renovar dos miembros en la primera ocasión (año 3); el Presidente del CNE debe dejar su cargo directivo tras 3 años, y el ciudadano de 25 años sí cumple con los requisitos mínimos de aptitud previstos en este artículo.

Tras una reforma legal, se propone que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) integre a profesionales de diversas áreas (Economía, Sociología y Derecho) para dar una visión multidisciplinaria a las sentencias electorales. Un postulante, que es un destacado sociólogo con 15 años de experiencia y ciudadanía ecuatoriana, presenta su candidatura. Al mismo tiempo, el actual Presidente del TCE, que lleva 3 años en el cargo, solicita extender su presidencia por 3 años más para completar su periodo de 6 años como miembro principal, argumentando la necesidad de continuidad en la jurisprudencia. Al analizar las disposiciones del Art. 220 de la Norma Suprema. ¿Qué se puede concluir sobre la legalidad de estas pretensiones?. La propuesta multidisciplinaria es válida porque el TCE es un órgano administrativo que requiere diversos perfiles; sin embargo, la extensión de la presidencia es inconstitucional. El postulante sociólogo no puede ser miembro del TCE ya que se exige obligatoriamente título de tercer nivel en Derecho y 10 años de experiencia jurídica; además, el Presidente solo puede ejercer esa dignidad por 3 años. El Presidente del TCE puede ser reelecto en su cargo directivo de forma indefinida siempre que sea el miembro más antiguo, pero los nuevos integrantes deben ser elegidos por la Asamblea Nacional y no por concurso. Para ser miembro del TCE no se requiere título de abogado, solo estar en goce de derechos políticos y tener más de 10 años de ejercicio profesional en cualquier rama de las ciencias sociales.

Tras un proceso electoral polémico, la Asamblea Nacional decide iniciar un juicio político contra tres consejeros del CNE y dos jueces del TCE, acusándolos de incumplimiento de funciones. Tras el debate, el Pleno legislativo procede con la censura y destitución de los funcionarios. Inmediatamente después de la votación, la mayoría legislativa mociona y aprueba el nombramiento de cinco nuevos funcionarios interinos para ocupar esas vacantes, argumentando que el país no puede quedar en acefalía electoral. Al analizar las disposiciones del Art. 223 de la Norma Suprema. ¿Cuál es la conclusión jurídica correcta sobre este escenario?. La Asamblea Nacional tiene la facultad de destituir y nombrar a los reemplazos, ya que es el máximo órgano de representación popular y debe garantizar el funcionamiento del Estado. El enjuiciamiento político solo es aplicable para los miembros del Consejo Nacional Electoral; los jueces del TCE gozan de inmunidad total y solo pueden ser removidos por la propia Función Electoral. La destitución de los funcionarios electorales requiere un dictamen previo de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, sin el cual el juicio político no tiene validez jurídica. La Función Legislativa puede ejercer el juicio político y destituir a los funcionarios, pero tiene prohibición constitucional expresa de designar a sus reemplazos.

El Director de una Empresa Pública Municipal de Agua Potable (creada por una ordenanza del GAD local) sostiene que su institución no debe rendir cuentas a la Contraloría General del Estado, argumentando que al ser una “persona jurídica con presupuesto propio” y autonomía, no forma parte de las cinco funciones del Estado. Simultáneamente, una universidad pública creada por ley para prestar servicios de educación superior afirma que, debido a su autonomía académica, queda fuera de la definición de “sector público”. Al analizar las disposiciones del Art. 225 de la Norma Suprema. ¿Cuál es la conclusión jurídica correcta sobre este escenario?. Tanto la Empresa Pública Municipal como la universidad pública forman parte del sector público, pues este incluye a los organismos creados por ley para servicios públicos y a las personas jurídicas creadas por los GAD. Solo las cinco funciones del Estado (Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y Transparencia) conforman el sector público; las empresas municipales y universidades son autónomas y privadas. El sector público comprende únicamente a las entidades que reciben el 100% de su presupuesto del Gobierno Central; si una entidad autogestiona recursos, deja de ser parte del sector público. Las empresas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados pertenecen al sector privado con fines sociales, por lo que no están sujetas al régimen de servidores públicos ni al control estatal.