Patrimonio de las Administraciones Públicas, Expropiación Forzosa y Responsa

¿Cuál es el marco normativo básico regulador del patrimonio de las Administraciones Públicas en el Estado español?. A) La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), aplicable a la Administración General del Estado y supletoria para las demás administraciones. B) El Código Civil en su totalidad y el Código de Comercio mercantil. C) La Ley de Enjuiciamiento Civil y las normas de derecho canónico. D) Los estatutos internos de las empresas mercantiles públicas.

¿Cómo se clasifica fundamentalmente el patrimonio de las administraciones públicas según su afectación y destino (Artículo 3 de la LPAP)?. A) Bienes y derechos de dominio público (o demaniales) y bienes y derechos de propiedad privada o patrimoniales. B) Bienes rústicos, bienes urbanos y bienes industriales. C) Bienes muebles, bienes inmuebles y bienes inmateriales. D) Bienes nacionales, bienes autonómicos y bienes locales.

¿Cómo se definen los bienes y derechos de dominio público (demaniales) según la LPAP y la Constitución art. 132.2?. A) Los que, siendo de titularidad pública, se encuentran afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue dicha calificación (Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.etc.). B) Aquellos destinados exclusivamente a la venta en subasta pública a empresas privadas. C) Los edificios de oficinas ministeriales alquilados a particulares. D) Las acciones mercantiles propiedad de los organismos autónomos.

¿Cuáles son las características jurídicas esenciales que definen el régimen de los bienes de dominio público art.132.1 CE?. A) Inalienabilidad (no se pueden vender ni transmitir), imprescriptibilidad (no se pueden adquirir por usucapión o prescripción adquisitiva), e inembargabilidad (no pueden ser objeto de embargo judicial ni coactivo). B) Plena disponibilidad mercantil, embargo ejecutivo y prescriptibilidad a los treinta años. C) Sometimiento íntegro a las normas del derecho civil y mercantil privado. D) Obligación de tributar IBI en idénticas condiciones que los particulares.

¿Cómo se definen los bienes y derechos patrimoniales o de propiedad privada de las administraciones públicas?. A) Aquellos que son titularidad de las administraciones públicas y que no tengan la consideración de demaniales, rigiéndose en su gestión y enajenación primordialmente por las normas de derecho privado, salvo en los actos de adquisición, afectación y desafección. B) Los ríos, playas y autopistas de peaje estatal. C) Los archivos históricos y las obras de arte de los museos nacionales. D) Los terrenos expropiados forzosamente para la construcción de autovías.

¿Qué se entiende por 'afectación' y 'desafección' en la gestión de los bienes públicos?. A) La afectación es el acto por el cual un bien se destina a un uso general o servicio público (convirtiéndose en demanial), y la desafección es el acto por el cual el bien pierde dicho destino público (pasando a ser patrimonial). B) La incautación temporal de bienes por impago de tributos municipales. C) La tasación pericial realizada por los arquitectos de hacienda. D) La transferencia de titularidad entre un ministerio y un ayuntamiento.

¿Qué es el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado?. A) El documento administrativo en el que se deben registrar e inscribir todos los bienes y derechos que integran el patrimonio de la administración, constituyendo una obligación legal de control contable y de gestión. B) El catálogo comercial de productos vendidos por las empresas públicas. C) La relación de multas de tráfico pendientes de cobro en periodo ejecutivo. D) El registro mercantil de patentes y marcas nacionales.

¿Cómo se regulan las prerrogativas de la administración para la protección y defensa de su patrimonio?. A) La administración ostenta potestades exorbitantes como la investigación de la situación de los bienes, la recuperación de oficio de los mismos (desahucio administrativo), el deslinde administrativo, y la inspección general. B) Debe acudir obligatoriamente a los tribunales civiles interponiendo demandas de desahucio ordinario. C) Carece de cualquier privilegio de autotutela patrimonial frente a los ocupantes ilegales. D) Requiere autorización judicial previa para entrar en cualquier terreno de su propiedad.

¿Qué se entiende por 'deslinde administrativo' de los bienes públicos?. A) La potestad de la administración para definir y trazar los límites físicos de los bienes de su titularidad cuando existan indicios de usurpación o colindancia dudosa con particulares. B) La división de un ministerio en varias subsecretarías independientes. C) El reparto de competencias territoriales entre comunidades autónomas. D) La delimitación de los distritos electorales en las elecciones generales.

¿Cómo se articula el régimen de enajenación (venta) de los bienes patrimoniales de las administraciones públicas?. A) Por regla general, la enajenación de bienes patrimoniales inmuebles debe realizarse mediante concurso o subasta pública, requiriendo los trámites y autorizaciones tasadas por ley en función de la cuantía y del tipo de bien. B) Mediante venta directa y discrecional al mejor postor por acuerdo verbal del ministro. C) Está prohibida de forma absoluta la venta de cualquier inmueble patrimonial. D) Se regirá exclusivamente por las normas de los contratos de compraventa civil entre particulares.

¿Cuál es el marco normativo histórico y básico regulador de la expropiación forzosa en el ordenamiento español?. A) La Ley de Expropiación Forzosa (LEF) de 16 de diciembre de 1954 y su Reglamento de desarrollo aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957. B) El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017. C) La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de 2015. D) El Código Civil de 1889 en su Título Preliminar.

¿Cómo se consagra constitucionalmente el derecho de propiedad y la potestad expropiatoria (Artículo 33 de la Constitución)?. A) Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, estableciendo que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con las leyes. B) Se prohíbe la expropiación de bienes inmuebles urbanos bajo ningún concepto. C) La propiedad privada queda subordinada al beneficio mercantil de las corporaciones locales. D) El Estado puede confiscar bienes particulares sin indemnización en cualquier circunstancia.

¿Cuáles son los sujetos que intervienen necesariamente en el procedimiento expropiatorio (Elementos subjetivos)?. A) El expropiante (la administración titular de la potestad), el expropiado (el titular de los bienes y derechos objeto de expropiación), y el beneficiario (aquel que se atiende con el interés social y adquiere los bienes si está autorizado). B) El juez de lo contencioso, el notario y el registrador de la propiedad. C) El fiscal general del estado, el abogado del estado y el procurador. D) El alcalde, el interventor y el secretario del ayuntamiento.

¿Qué puede constituir el objeto de la expropiación forzosa (Elementos objetivos)?. A) Cualquier forma de propiedad privada o derechos e intereses legítimos patrimoniales, ya sean bienes inmuebles, muebles, derechos reales, concesiones administrativas o créditos. B) Exclusivamente los edificios de oficinas situados en cascos históricos. C) Los derechos fundamentales de la personalidad y libertades públicas del Título I. D) Las sentencias judiciales firmes dictadas por los tribunales ordinarios.

¿Qué se entiende por la 'causa expropiandi' como presupuesto esencial de la expropiación?. A) La utilidad pública o el interés social que justifica la privación singular de la propiedad o de derechos, debiendo ser declarada formalmente por ley para cada caso concreto, salvo supuestos de declaración general. B) El impago deliberado de los tributos municipales por parte del propietario. C) La necesidad de recaudar fondos para enjugar el déficit público de las consejerías. D) El deseo personal del beneficiario de ampliar sus instalaciones comerciales.

¿Cómo debe realizarse la declaración de utilidad pública o interés social como requisito previo al expediente expropiatorio?. A) Se entiende implícitamente declarada en relación con la expropiación de inmuebles para todos los planes de obras y servicios del Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales aprobados formalmente; en los demás casos requerirá ley expresa. B) Mediante bando urgente publicado por el jefe de la policía local. C) A través de acuerdo verbal entre el expropiado y el alcalde. D) Mediante sentencia firme del Tribunal Constitucional.

¿Qué es la expropiación urgente y cuáles son sus peculiaridades procedimentales (Artículo 52 de la LEF)?. A) Un procedimiento especial en el que la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes permite ocupar el bien expropiado de forma inmediata tras el depósito previo e indemnización por rápida ocupación, difiriendo la fijación definitiva del justiprecio para un momento posterior. B) La incautación militar de bienes privados sin derecho a indemnización económica. C) Un procedimiento que reduce los plazos ordinarios a veinticuatro horas sin indemnización. D) La expropiación de bienes de primera necesidad en caso de epidemia sanitaria.

¿Qué es el 'justiprecio' como elemento indemnizatorio ineludible en la expropiación forzosa ART. 36 LEP?. A) La valoración económica justa e integral del bien o derecho expropiado que debe abonarse al expropiado, calculada conforme a los criterios legales de la Ley de Expropiación Forzosa, excluyendo plusvalías especulativas. B) Una multa penal impuesta al propietario por negarse a entregar las llaves. C) El precio de mercado libre fijado unilateralmente por la empresa beneficiaria. D) Una tasa fiscal recaudada por la Agencia Tributaria en el momento de la toma de posesión.

¿Qué órganos especiales intervienen en la fijación del justiprecio cuando no hay acuerdo mutuo entre las partes?. A) El Jurado de Expropiación (órgano administrativo colegiado de carácter arbitral e imparcial encargado de fijar motivadamente el justiprecio en vía administrativa basándose en las hojas de aprecio). B) Los juzgados de lo penal en única instancia. C) El Consejo de Estado mediante dictamen vinculante. D) Los peritos privados contratados por el propio expropiado.

¿Qué derecho asiste al expropiado si la administración no ejecuta la obra o no establece el servicio que motivó la expropiación (Derecho de reversión LEF)?. A) El derecho de reversión, en virtud del cual el expropiado (o sus causahabientes) puede recuperar la titularidad del bien expropiado si transcurren determinados plazos legales sin que se haya ejecutado la obra o servicio, devolviendo la indemnización percibida actualizada. B) El derecho a duplicar la cuantía del justiprecio en concepto de daños morales. C) El derecho a exigir una indemnización adicional al Consejo de Ministros. D) Ninguno, ya que la propiedad pasa a ser definitivamente del Estado sin condiciones.

¿Cuáles son las fases principales que componen el procedimiento general de expropiación forzosa (Ley de Expropiación Forzosa Art 111)?. A) La declaración de utilidad pública o interés social, la necesidad de ocupación de bienes y adquisición de derechos, la determinación del justiprecio, y el pago y la toma de posesión. B) La licitación pública, la adjudicación provisional, la fiscalización previa y la formalización notarial. C) La interposición de recurso de alzada, la revisión de oficio y la lesividad contenciosa. D) La presentación de presupuestos, la fiscalización de cuentas y la auditoría externa.

¿En qué consiste la fase de 'necesidad de ocupación' dentro del procedimiento general (Artículos 15 y siguientes de la LEF)?. A) El trámite en el que la administración redacta una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos cuya ocupación es indispensable para el fin expropiatorio, sometiéndola a información pública para que los interesados formulen alegaciones. B) El derribo material de los edificios sin previo aviso a los propietarios. C) La toma de posesión policial de los terrenos por orden del ministerio de defensa. D) La tasación pericial del valor de mercado de los inmuebles afectados.

¿Cómo se desarrolla la fase de determinación del justiprecio en el procedimiento general de la LEF (Artículo 29 y siguientes)?. A) Se inicia mediante la apertura de un plazo para que la administración y el expropiado intenten un acuerdo amistoso; si no se logra, cada parte presenta su 'hoja de aprecio' valorando los bienes, y si hay discrepancia, el expediente se remite al Jurado de Expropiación para su resolución definitiva. B) La administración fija el precio de forma unilateral sin admitir alegaciones ni tasación contraria. C) El precio se decide mediante sorteo público ante notario entre tres ofertas aleatorias. D) Se aplica automáticamente el valor catastral del inmueble sin posibilidad de revisión.

¿Qué es la 'hoja de aprecio' en la tramitación del justiprecio expropiatorio Art.30 LEF?. A) El documento motivado que presenta tanto el expropiado como la administración en el que se valora económicamente el bien o derecho objeto de expropiación, vinculando a la parte que la formula en cuanto a la valoración inicial. B) El impreso de solicitud de licencia de obras emitido por el ayuntamiento. C) El recibo bancario acreditativo del pago material del justiprecio. D) El dictamen emitido por el registrador de la propiedad sobre cargas registrales.

¿Qué plazos y efectos se asocian al pago y a la toma de posesión del bien expropiado (Artículos 48 a 51 de la LEF)?. A) Una vez determinado el justiprecio, la administración deberá abonarlo al expropiado en el plazo máximo de seis meses; efectuada el pago o la consignación, la administración procederá a la ocupación del bien en el plazo máximo de quince días. B) La toma de posesión es inmediata y el pago puede demorarse hasta diez años sin intereses. C) El impago del justiprecio no afecta a la titularidad del bien, que se consolida en el Estado. D) El expropiado puede retener la posesión indefinidamente aunque haya cobrado la indemnización.

¿Qué se entiende por 'intereses de demora' en el abono del justiprecio expropiatorio?. A) Las cantidades adicionales que la administración debe abonar al expropiado cuando transcurran más de seis meses desde la determinación del justiprecio sin que se haya hecho efectivo el pago, calculadas al interés legal del dinero. B) Multas coercitivas impuestas al expropiado por retrasarse en la entrega de las llaves. C) Recargos tributarios aplicados por la Agencia Tributaria en periodo ejecutivo. D) Indemnizaciones por daños morales derivados de la demora judicial.

¿Cuáles son algunos de los procedimientos especiales de expropiación forzosa previstos en la legislación española?. A) La expropiación por razones de urgencia (artículo 52 LEF), la expropiación por zonas o polígonos, la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad, y la expropiación de bienes de valor histórico o artístico. B) La expropiación mercantil de empresas privadas cotizadas en bolsa. C) La expropiación transfronteriza autorizada por la Unión Europea. D) La expropiación voluntaria por acuerdo verbal entre particulares.

¿Qué especialidad presenta el procedimiento de expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad?. A) Permite la expropiación de bienes cuando sus titulares incumplan los deberes legales inherentes a la función social de la propiedad (como el deber de conservación, urbanismo o aprovechamiento agrario), pudiendo prever indemnizaciones reducidas o sanciones específicas. B) Exime a la administración de abonar cualquier tipo de justiprecio al propietario negligente. C) Se tramita en un plazo máximo de veinticuatro horas sin intervención judicial. D) Requiere la aprobación previa por referéndum popular en el municipio.

¿Cómo se regula la expropiación temporal o requisa en supuestos de grave necesidad o catástrofe (Procedimiento especial LEF art.101)?. A) Permite a las autoridades competentes la ocupación temporal de bienes o la requisa de los mismos para hacer frente a situaciones de calamidad pública, catástrofe o necesidad urgente, con obligación posterior de indemnizar los perjuicios causados. B) Implica la confiscación definitiva de los bienes sin derecho a indemnización económica. C) Se rige íntegramente por el Código Civil en su normativa de contratos de arrendamiento. D) Requiere la tramitación ordinaria de cuatro años ante el Jurado de Expropiación.

¿Qué tutela jurisdiccional procede contra los acuerdos y resoluciones dictados en los expedientes de expropiación forzosa?. A) Las resoluciones de los jurados de expropiación y los acuerdos administrativos firmes en materia expropiatoria son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa, mientras que las cuestiones relativas a la titularidad dominical corresponden al orden civil. B) Las reclamaciones deben interponerse ante los tribunales penales por delito de expropiación indebida. C) Las decisiones del Jurado de Expropiación son inapelables e inmunes al control judicial. D) Corresponde al Defensor del Pueblo resolver en única instancia los litigios de justiprecio.

¿Dónde se consagran constitucionalmente los principios de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas (Artículo 106.2 de la CE)?. A) Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo en casos de fuerza mayor. B) El Estado está exento de cualquier responsabilidad económica frente a los ciudadanos. C) Los funcionarios públicos responden civilmente con su patrimonio personal de forma exclusiva. D) La responsabilidad patrimonial se rige únicamente por los contratos de seguro privado.

¿Qué normas legales básicas regulan actualmente el régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial en el sector público español?. A) Los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), y la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. B) El Código Penal en sus delitos contra la hacienda pública. C) La Ley de Enjuiciamiento Civil y las normas mercantiles de sociedades. D) Los reglamentos internos de contratación de las corporaciones locales.

¿Cuáles son los requisitos legales imprescindibles exigidos para que nazca la obligación de indemnizar a cargo de la administración (Artículo 32 de la LRJSP)?. A) Que el particular sufra una lesión en sus bienes o derechos evaluable económicamente y con carácter individualizado; que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; ausencia de fuerza mayor; y que el daño no sea un deber jurídico que el ciudadano tenga el deber de soportar. B) Que el daño sea provocado por una catástrofe natural de fuerza mayor y el afectado sea empleado público. C) Que la administración actúe con dolo penal probado ante los tribunales militares. D) Que el importe del perjuicio supere el millón de euros previa autorización del Ministerio de Hacienda.

¿Qué se entiende por 'lesión antijurídica' como requisito de la responsabilidad patrimonial?. A) Aquel daño patrimonial o personal que el administrado no tiene el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley, constituyendo un perjuicio ilegítimo imputable a la actuación administrativa. B) Cualquier daño físico sufrido en las instalaciones de un ministerio por accidente fortuito. C) La pérdida económica derivada del pago de tributos legales exigidos por la Agencia Tributaria. D) El perjuicio comercial causado por la libre competencia de las empresas privadas en el mercado.

¿Cómo se define el concepto de 'fuerza mayor' como causa de exoneración de la responsabilidad patrimonial de la administración?. A) Un acontecimiento imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, ajeno a la voluntad de la administración y de carácter extraordinario (como catástrofes naturales excepcionales), que rompe el nexo causal entre el servicio público y el daño producido. B) Cualquier huelga legal de funcionarios públicos convocada por los sindicatos. C) El retraso administrativo en la tramitación de una licencia por exceso de trabajo. D) Un error aritmético simple cometido por un negociado en la liquidación de una tasa.

¿Qué ocurre en los supuestos de responsabilidad concurrente en los que participan varias administraciones públicas o administrados y contratistas?. A) Cuando de la gestión de un servicio público intervengan varias administraciones, la responsabilidad se determinará en función de la competencia, índole de participación y grado de interés; si participan contratistas privados, responderán solidariamente con la administración según lo previsto en las leyes. B) La administración queda totalmente exenta de responsabilidad si hay un contratista privado de por medio. C) El perjudicado debe demandar exclusivamente al empleado público causante material del daño a título personal. D) La responsabilidad recae siempre de forma íntegra y exclusiva sobre el Ministerio de Hacienda.

¿Cuál es el plazo de prescripción para interponer una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la administración (Artículo 67 de la Ley 39/2015)?. A) El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo, pudiendo determinarse el cómputo desde la curación o determinación del alcance de las secuelas en caso de daños físicos o psíquicos. B) Diez años improrrogables contados desde la apertura del ejercicio presupuestario. C) Cinco años para daños patrimoniales y dos meses para daños personales. D) El plazo no prescribe nunca al tratarse de derechos fundamentales imprescriptibles.

¿Cómo debe calcularse la cuantía de la indemnización indemnizable en los expedientes de responsabilidad patrimonial?. A) Se calculará con arreglo a los criterios de valoración vigentes en la normativa de expropiación forzosa, legislación fiscal y demás normas aplicables, adecuándose al valor de la reparación del daño a la fecha en que se produjo la lesión, actualizado con el índice de precios al consumo. B) Mediante la imposición de una multa penal al funcionario culpable equivalente al doble del daño. C) Con base en la estimación subjetiva y libre manifestada por el reclamante en su escrito inicial. D) Aplicando un porcentaje fijo del cincuenta por ciento sobre el presupuesto del ministerio.

¿Qué establece la normativa sobre la responsabilidad directa de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas (Acción de regreso)?. A) La administración correspondiente, una vez que haya indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio a sus autoridades y demás personal al servicio de la misma la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia graves, previa instrucción de expediente. B) Los funcionarios responden siempre civil y directamente frente a los ciudadanos ante cualquier error leve. C) Está prohibido repetir contra los empleados públicos causantes de los daños bajo ningún concepto. D) La acción de regreso se ejerce exclusivamente mediante demanda penal ante los juzgados de lo social.

¿Ante qué jurisdicción se tramitan y resuelven las pretensiones de indemnización por responsabilidad patrimonial de la administración?. A) Corresponde conocer a la jurisdicción contencioso-administrativa, incluso cuando se dirija contra particulares conjuntamente con la administración, o cuando derive de la actividad de gestión de servicios públicos por concesionarios. B) A los tribunales civiles de primera instancia en juicios verbales ordinarios. C) A los juzgados de lo penal encargados de enjuiciar delitos de prevaricación. D) Al Consejo de Estado mediante sentencia arbitral inapelable.

¿Cómo se inicia el procedimiento administrativo para la exigencia de responsabilidad patrimonial a la administración (Ley 39/2015)?. A) Puede iniciarse de oficio (por acuerdo del órgano competente) o a instancia de parte (mediante reclamación presentada por los interesados perjudicados dentro del plazo de prescripción de un año). B) Únicamente mediante demanda interpuesta ante los juzgados de lo contencioso-administrativo. C) Exclusivamente por orden directa del Defensor del Pueblo. D) Mediante bando urgente publicado en el boletín oficial de la provincia.

¿Qué requisitos formales y contenido mínimo debe reunir una reclamación de responsabilidad patrimonial (Artículo 67 de la Ley 39/2015)?. A) La solicitud deberá expresar las alegaciones, documentos y pruebas que estimen pertinentes, especificando la lesión producida, la relación de causalidad entre esta y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad si fuera posible, y el momento en que el daño efectivo se produjo. B) La aportación obligatoria de una sentencia penal condenatoria contra el alcalde. C) El pago previo de una tasa de tramitación judicial equivalente al diez por ciento de lo reclamado. D) La firma de tres testigos presenciales del municipio en documento notarial.

¿Qué trámite de instrucción es preceptivo y esencial en la tramitación del procedimiento de responsabilidad patrimonial (Dictamen del órgano consultivo)?. A) Será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma en aquellos casos en que las indemnizaciones reclamadas superen una cuantía determinada (o en los supuestos previstos por ley). B) El informe vinculante del Ministerio de Hacienda y Función Pública en todos los casos. C) La autorización previa del Tribunal de Cuentas para comprometer el gasto indemnizatorio. D) El visado obligatorio del Colegio de Abogados de la provincia.

¿Qué alcance y valor tiene el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo en los expedientes de responsabilidad patrimonial?. A) Es un trámite preceptivo y no vinculante por regla general (salvo previsión legal específica), pero obligatorio para poder dictar la resolución definitiva en los supuestos de cuantías elevadas, debiendo incorporarse al expediente. B) Tiene carácter vinculante absoluto, debiendo asumir la administración la conclusión del dictamen sin poder apartarse de él. C) Es un trámite meramente voluntario que el instructor puede eludir si hay exceso de trabajo. D) Sustituye por completo a la resolución final dictada por el órgano competente.

¿Cuál es el plazo máximo establecido legalmente para dictar y notificar la resolución expresa en los procedimientos de responsabilidad patrimonial (Artículo 21 y 91 de la Ley 39/2015)?. A) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa será de seis meses, a contar desde la iniciación del procedimiento. B) Diez días hábiles improrrogables para todo tipo de reclamaciones. C) Un mes natural desde la presentación de la solicitud en el registro electrónico. D) Un año contado a partir del cierre del ejercicio presupuestario anual.

¿Qué efectos produce el transcurso del plazo de seis meses sin que se haya dictado ni notificado resolución expresa en responsabilidad patrimonial (Silencio administrativo)?. A) Se entenderá desestimada la reclamación (silencio administrativo negativo), quedando abierto el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo correspondiente. B) Se entenderá estimada de forma automática la indemnización solicitada (silencio positivo). C) Se producirá la caducidad y el archivo definitivo de todo el expediente sin derecho a recurso. D) La competencia para resolver se transferirá de forma automática al Defensor del Pueblo.

¿Cómo se articula la tramitación simplificada del procedimiento de responsabilidad patrimonial (Artículo 96 de la Ley 39/2015)?. A) Cuando la administración considere inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía, el procedimiento podrá tramitarse de forma abreviada en el plazo de treinta días. B) Permite resolver los expedientes de forma verbal y sin constancia escrita. C) Exime a la administración de emitir resolución expresa motivada. D) Se aplica obligatoriamente a todas las reclamaciones inferiores a diez mil euros.

¿Qué medios de prueba pueden admitirse e instruirse durante la fase de instrucción del procedimiento de responsabilidad patrimonial?. A) Todos los medios de prueba admisibles en derecho (testifical, documental, pericial médica o técnica, informes de servicios de inspección), debiendo valorarse conforme a las reglas generales de la LEC y del procedimiento administrativo común. B) Exclusivamente las pruebas documentales firmadas ante notario privado. C) Se prohíbe la aportación de informes periciales privados aportados por el reclamante. D) Únicamente los partes emitidos por la policía local o fuerzas de seguridad.

¿Qué responsabilidad económica y de costas se genera en caso de desestimación de una reclamación de responsabilidad patrimonial?. A) La desestimación de la reclamación determina que el administrado no perciba indemnización alguna; en caso de acudir posteriormente a la vía judicial contenciosa y perder el pleito, podrá imponérsele la condena en costas conforme a los criterios generales del proceso. B) El reclamante debe abonar una multa penal al ministerio por reclamar indebidamente. C) La administración está obligada a indemnizar al reclamante por las molestias ocasionadas. D) Los funcionarios instructores deben pagar de su bolsillo los gastos de tramitación.

¿Qué recursos proceden contra la resolución expresa o presunta dictada en un procedimiento de responsabilidad patrimonial?. A) Contra la resolución expresa que pone fin a la vía administrativa cabe interponer potestativamente recurso de reposición o acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de dos meses. B) Recurso de alzada ante el Ministerio de Justicia y posterior recurso de amparo constitucional. C) Reclamación civil ordinaria ante los juzgados de primera instancia. D) Recurso extraordinario de revisión ante el Consejo General del Poder Judicial.

¿Cuál es el marco normativo europeo y nacional fundamental regulador de la protección de datos personales en España?. A) El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento General de Protección de Datos - RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPGDD). B) El Código Civil en su regulación de los derechos de la personalidad y el honor. C) La Ley de Contratos del Sector Público de 2017 y sus reglamentos de desarrollo. D) Los convenios colectivos del personal al servicio de las administraciones públicas.

¿Qué principios fundamentales deben regir obligatoriamente el tratamiento de los datos personales según el RGPD (Artículo 5)?. A) Principio de licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad; minimización de datos; exactitud; limitación del plazo de conservación; e integridad y confidencialidad (responsabilidad proactiva). B) Principio de lucro comercial, libre difusión y acumulación indefinida de archivos. C) Principio de secreto absoluto, inmutabilidad y prohibición de acceso para los interesados. D) Principio de jerarquía administrativa y desconcentración territorial de ficheros.

¿Cuáles son los derechos principales que asisten a los ciudadanos (interesados) en materia de protección de datos (Derechos ARCO+)?. A) Derecho de acceso, rectificación, supresión ('al olvido'), limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, y oposición, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas. B) Derecho a exigir una indemnización económica mensual a los ficheros públicos. C) Derecho a modificar las leyes de protección de datos mediante petición firmada. D) Derecho a suprimir de forma retroactiva sus antecedentes penales y fiscales.

¿Qué es el Delegado de Protección de Datos (DPD) y qué obligación impone la normativa respecto a su figura en el sector público (Artículos 37 y siguientes del RGPD)?. A) Es la figura obligatoria en las administraciones públicas y organismos públicos encargada de informar y asesorar al responsable o encargado del tratamiento sobre sus obligaciones legales, y supervisar el cumplimiento normativo, debiendo ser designado con cualificación especializada. B) Un cargo político de libre designación encargado de revisar los correos electrónicos de los ministros. C) Un juez especial de lo penal adscrito al Tribunal Supremo para delitos informáticos. D) El director de la empresa privada contratada para custodiar los archivos físicos.

¿Qué organismo independiente ejerce las funciones de control y garantía del cumplimiento de la normativa de protección de datos en España?. A) La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), autoridad de control independiente dotada de poderes de investigación, corrección y potestad sancionadora. B) El Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la Intervención General. C) El Defensor del Pueblo en colaboración con el Tribunal de Cuentas. D) La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

¿Cuál es la norma legal básica reguladora de la transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en España?. A) La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. B) La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de 2015. C) El Estatuto Básico del Empleado Público de 2015. D) La Ley de Enjuiciamiento Civil y mercantil.

¿En qué consiste la denominada 'publicidad activa' como obligación de transparencia para las administraciones públicas (Capítulo II de la Ley 19/2013)?. A) La obligación impuesta a las administraciones públicas de publicar de forma periódica y actualizada en sus sedes electrónicas o páginas web toda la información relevante de carácter institucional, organizativo, planificación, empleo público, contratos, convenios, subvenciones y presupuestos con relevancia para garantizar la transparencia. B) La campaña publicitaria institucional realizada en medios de comunicación privados durante las elecciones. C) El envío masivo de correos electrónicos comerciales a los ciudadanos del municipio. D) La obligación de responder individualmente a cada carta postal recibida en el registro.

¿Cómo se regula el 'derecho de acceso a la información pública' en el marco de la Ley 19/2013?. A) Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, entendida como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. B) Se restringe exclusivamente a los diputados y senadores en activo. C) Requiere acreditar un interés legítimo y directo en el contenido del expediente. D) Está limitado a las solicitudes presentadas por personas jurídicas mercantiles.

¿Qué límites legales expresos se contemplan al derecho de acceso a la información pública cuando concurren otros bienes jurídicos protectores (Artículo 14 de la Ley 19/2013)?. A) El derecho de acceso podrá ser limitado cuando suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención de investigación de delitos, la igualdad en procesos judiciales, la tutela judicial efectiva, los secretos comerciales o industriales, o la protección de datos personales. B) Ningún límite, ya que el derecho de acceso es absoluto y prevalece sobre cualquier otro bien constitucional. C) La prohibición de acceder a cualquier expediente de contratación inferior a un millón de euros. D) La exclusión automática de los documentos redactados en soporte electrónico.

¿Qué órgano independiente supervisa y resuelve las reclamaciones interpuestas frente a las resoluciones en materia de acceso a la información pública (Artículo 38 de la Ley 19/2013)?. A) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (organismo autónomo independiente), encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y resolver las reclamaciones contra la denegación de acceso a la información. B) El Tribunal Constitucional en única y definitiva instancia. C) El Ministerio de la Presidencia mediante orden ministerial motivada. D) Las juntas de personal y comités de empresa de los funcionarios públicos.

¿Cuál es el plazo del período de información pública en el procedimiento de aprobación de ordenanzas municipales regulado en el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)?. A) 15 días hábiles. B) 20 días naturales. C) 30 días. D) 2 meses.

Según la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, ¿cuál es la duración máxima total que pueden alcanzar los programas de carácter temporal para la realización de actividades no habituales?. A) Dos años improrrogables. B) Tres años. C) Cuatro años. D) Seis meses prorrogables por otros seis.

Conforme al artículo 14 de la Ley 4/2011, de Empleo Público de Castilla-La Mancha, ¿qué requisito general es indispensable para ser designado como personal directivo profesional?. A) Tener la condición de personal funcionario de carrera del grupo A de cualquier Administración pública. B) Pertenecer obligatoriamente al cuerpo de letrados autonómicos. C) Poseer una antigüedad mínima de diez años en la administración local. D) Haber superado un proceso selectivo exclusivo mediante el sistema de concurso.

¿Cómo se clasifican jurídicamente los bienes de dominio público local según la legislación de patrimonio de las entidades locales?. A) Inalienables, embargables y prescriptibles. B) Alienables, inembargables e imprescriptibles. C) Inalienables, inembargables e imprescriptibles. D) Comercializables previa autorización plenaria por mayoría absoluta.

De acuerdo con el artículo 65 de la Ley 4/2011 del Empleo Público de Castilla-La Mancha, ¿qué antigüedad mínima de servicio activo se exige para poder participar en los procesos selectivos de promoción interna?. A) Seis meses. B) Un año. C) Dos años. D) Cinco años.

¿Qué órgano de la Corporación Local es el competente para aprobar el inventario de bienes y derechos, de conformidad con la normativa de régimen local y patrimonial?. A) El Alcalde o Presidente de la Corporación. B) La Junta de Gobierno Local. C) El Pleno de la Corporación local. D) El Secretario de la entidad con el visto bueno de la Intervención.

Según el artículo 41 de la Ley 4/2011 de Empleo Público de Castilla-La Mancha, dentro de la reserva de plazas para personas con discapacidad, ¿qué porcentaje mínimo de las plazas ofertadas debe reservarse específicamente para personas que acrediten discapacidad intelectual?. A) Al menos el uno por ciento. B) Al menos el dos por ciento. C) El cinco por ciento exacto. D) La mitad de la oferta global de empleo público.

En relación con las causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera recogidas en la Ley 4/2011 de Castilla-La Mancha, ¿cuál de las siguientes opciones constituye una causa legal de pérdida?. A) La excedencia voluntaria por interés particular superior a cinco años. B) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tenga carácter firme en vía administrativa. C) La jubilación parcial al solicitada antes de la edad legal. D) El paso a la situación de expectativa de destino tras un año.

¿Cuál es el objeto de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, de acuerdo con su artículo 1?. A) La ordenación y regulación del empleo público de Castilla-La Mancha, así como del régimen jurídico del personal que lo integra. B) La ordenación y regulación exclusiva del personal laboral de la administración local. C) La regulación única de los procedimientos selectivos de los cuerpos docentes universitarios. D) El establecimiento del régimen de incompatibilidades de los miembros del Consejo de Gobierno.

Según el artículo 8 de la Ley 4/2011 del Empleo Público de Castilla-La Mancha, ¿cuál es la duración máxima que puede tener la ejecución de programas de carácter temporal?. A) No puede ser superior a dos años. B) No puede ser superior a tres años. C) No puede ser superior a cuatro años. D) No puede ser superior a seis meses improrrogables.

De conformidad con el artículo 11 de la Ley 4/2011, ¿en qué supuestos puede contratarse personal laboral en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para funciones no reservadas a funcionarios?. A) En empleos de naturaleza no permanente y actividades de carácter periódico y discontinuo. B) Para el ejercicio directo o indirecto de potestades públicas. C) Para la instrucción de expedientes sancionadores y de inspección fiscal. D) Para la secretaría general y la asesoría jurídica preceptiva de los órganos de gobierno.

Según el artículo 64 de la Ley 4/2011 de Castilla-La Mancha, ¿cómo se articula la carrera profesional horizontal?. A) Mediante tramos de ascenso consecutivos, requiriendo un periodo mínimo de cuatro años en el tramo inmediatamente inferior. B) Mediante el ascenso automático anual sin necesidad de evaluación del desempeño. C) A través de la libre designación discrecional por parte de los órganos de gobierno. D) Únicamente mediante concursos de traslado forzoso entre distintas consejerías.

De acuerdo con el artículo 70 de la Ley 4/2011, ¿qué puestos de trabajo pueden proveerse mediante el procedimiento de libre designación con convocatoria pública?. A) Las jefaturas de unidades administrativas que dependan directamente de altos cargos o directivos profesionales, puestos de dirección de centros especiales y secretarías personales. B) Cualquier puesto vacante de nivel básico en los cuerpos de subgrupo C2. C) Exclusivamente los puestos de agentes medioambientales y personal técnico de prevención. D) Todos los puestos correspondientes a las escalas de administración general en las entidades locales.

De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 4/2011 del Empleo Público de Castilla-La Mancha, ¿cómo debe realizarse la reserva mínima del siete por ciento de plazas para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público?. A) De manera que al menos el dos por ciento se destine a personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto a cualquier otro tipo de discapacidad. B) De manera que al menos el uno por ciento se destine a discapacidad intelectual y el resto a otras discapacidades. C) Exclusivamente para personas con limitaciones físicas de grado superior al cincuenta por ciento. D) Sin distinción porcentual fija entre discapacidad intelectual y física.

Según el artículo 46.5 de la Ley 4/2011, ¿cuál es el porcentaje máximo al que puede ascender la valoración total de los méritos en la fase de concurso dentro del sistema de concurso-oposición?. A) No puede exceder del quince por ciento de la puntuación total del proceso selectivo. B) No puede exceder del diez por ciento de la puntuación total del proceso selectivo. C) No puede exceder del veinticinco por ciento de la puntuación total del proceso selectivo. D) Puede alcanzar hasta el cincuenta por ciento en los cuerpos del grupo A.

Conforme al artículo 68 de la Ley 4/2011, ¿cuánto tiempo mínimo debe permanecer el personal funcionario de carrera en cada puesto de trabajo obtenido con carácter definitivo para poder participar en los concursos de méritos?. A) Un año. B) Seis meses. C) Dos años. D) Tres años.

¿Qué establece el artículo 83 de la Ley 4/2011 en relación con las pagas extraordinarias del personal funcionario de carrera de Castilla-La Mancha?. A) Son dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad del complemento de carrera y del complemento de puesto de trabajo. B) Se perciben de forma prorrateada mensualmente junto con el sueldo base. C) Incluyen exclusivamente el sueldo y los trienios, excluyendo los complementos. D) Se abonan en cuatro pagas trimestrales según los objetivos alcanzados.

De acuerdo con el artículo 115 de la Ley 4/2011¿en cuál de las siguientes situaciones administrativas se declara al personal funcionario de carrera cuando es nombrado alto cargo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha?. A) Servicios especiales. B) Excedencia voluntaria por interés particular. C) Expectativa de destino. D) Servicio en otras Administraciones públicas.

Según el artículo 8 de la Ley 4/2011 del Empleo Público de Castilla-La Mancha, ¿cuál de las siguientes circunstancias permite el nombramiento de personal funcionario interino?. A) La existencia de plazas vacantes y dotadas presupuestariamente en puestos de trabajo de nivel básico cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera. B) La cobertura provisional de puestos reservados a altos cargos políticos. C) La realización de tareas ordinarias y permanentes de carácter estructural indefinido. D) La sustitución indefinida de plazas amortizadas en la plantilla orgánica.

De conformidad con el artículo 62 de la Ley 4/2011, ¿cómo se define la modalidad de carrera horizontal?. A) La progresión de tramo, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. B) El ascenso en la estructura de puestos de trabajo mediante concursos de provisión. C) El acceso directo desde un cuerpo de subgrupo inferior a otro superior del mismo itinerario. D) La movilidad voluntaria entre diferentes Administraciones públicas de la región.

Conforme al artículo 108 de la Ley 4/2011, ¿cuántos días laborables de vacaciones anuales retribuidas tiene derecho a disfrutar como mínimo el personal funcionario?. A) Veintidós días laborables. B) Veinte días laborables. C) veintiséis días laborables. D) Un mes natural completo.

¿Qué establece el artículo 141 de la Ley 4/2011 respecto al plazo de prescripción de las faltas leves y las sanciones impuestas por las mismas?. A) Las faltas leves prescriben al mes y las sanciones a los seis meses. B) Las faltas leves prescriben a los seis meses y las sanciones impuestas por faltas leves al año. C) Las faltas leves prescriben al año y las sanciones a los dos años. D) Las faltas leves no prescriben hasta transcurridos tres años.

De acuerdo con el artículo 161 de la Ley 4/2011¿con qué naturaleza y finalidad se crea la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Castilla-La Mancha?. A) Como un órgano colegiado de carácter técnico en el que se hará efectiva la coordinación de la política de empleo público entre las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha.. B) Como un tribunal de selección único para todas las oposiciones locales y autonómicas. C) Como un órgano de arbitraje laboral exclusivo para el personal contratado temporalmente. D) Como una mesa general de negociación de obligada implantación en los municipios de gran población.

Según el artículo 16 de la Ley 4/2011 del Empleo Público de Castilla-La Mancha, ¿cuál es el objetivo principal de la planificación del empleo público?. A) Contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de servicios y de la eficiencia en la utilización de recursos económicos mediante la dimensión adecuada de efectivos. B) Incrementar de forma indefinida el número de efectivos en todas las consejerías autonómicas. C) Sustituir obligatoriamente al personal funcionario por personal eventual de confianza. D) Establecer un sistema de retribuciones variables desvinculado de la evaluación del rendimiento.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley 4/2011, ¿qué titulación académica se exige como requisito imprescindible para ingresar en el Cuerpo Ejecutivo (subgrupo C1)?. A) Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. B) Títulos de bachiller o técnico. C) Título de Técnico Superior. D) Título universitario de Grado.

Conforme al artículo 51 de la Ley 4/2011, ¿qué aspectos deben cuidar especialmente las pruebas selectivas en los procesos de acceso?. A) La conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación a las funciones y tareas asignadas a los puestos convocados, disminuyendo la importancia de la mera memorización. B) La exposición memorística de textos legales sin aplicación práctica. C) La realización exclusiva de entrevistas personales de carácter discrecional. D) El análisis telemático de la antigüedad en empresas privadas.

¿Qué establece el artículo 65 de la Ley 4/2011 en relación con el sistema selectivo de la promoción interna?. A) Se efectúa a través del sistema de concurso-oposición, salvo excepciones previstas, con convocatorias independientes de las de acceso libre. B) Se realiza obligatoriamente mediante libre designación directa del órgano competente. C) Se lleva a cabo únicamente mediante un concurso de méritos sin pruebas de aptitud. D) Requiere una antigüedad mínima de cinco años de servicio activo ininterrumpido.

De acuerdo con el artículo 122 de la Ley 4/2011¿qué requisito temporal de servicios efectivos se exige al personal funcionario de carrera para poder obtener la excedencia voluntaria por interés particular?. A) Un periodo mínimo de tres años inmediatamente anteriores a la fecha en que se pretenda iniciar la excedencia. B) Un año de servicio efectivo inmediatamente anterior. C) Dos años de servicio efectivo inmediatamente anterior. D) Cinco años de servicio efectivo ininterrumpido.

Según el artículo 43 de la Ley 4/2011 del Empleo Público de Castilla-La Mancha, ¿qué tipos de adaptaciones razonables pueden solicitar las personas con discapacidad para la realización de las pruebas selectivas?. A) Adaptación de tiempos (tiempo adicional) y adaptación de medios (materiales, apoyos y accesibilidad). B) Adaptaciones exclusivas de temario y reducción de plazas reservadas. C) Exención total de la fase de oposición mediante convalidación de títulos. D) Adaptación económica mediante subvención de tasas de inscripción.

De conformidad con el artículo 76 de la Ley 4/2011, en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ¿cómo se estructura el procedimiento de asignación de un puesto de trabajo en supuestos como la remoción o supresión de puestos?. B) En dos fases: una primera en la Consejería de origen (plazo máximo de un mes) y una segunda por la Consejería competente en función pública (plazo máximo de tres meses). A) En una única fase obligatoria gestionada directamente por el Consejo de Gobierno. C) Mediante un concurso público extraordinario de provisión urgente en el plazo de diez días. D) A través de la adscripción directa y definitiva por parte de la Inspección General de Servicios.

Conforme al artículo 102 de la Ley 4/2011, ¿cuál es la duración del permiso por maternidad en el supuesto de parto para las funcionarias?. B) Catorce semanas ininterrumpidas. A) Doce semanas ininterrumpidas. C) Dieciséis semanas ininterrumpidas. D) Veinte semanas ininterrumpidas.

¿Qué establece el artículo 141 de la Ley 4/2011 en relación con el plazo de prescripción de las faltas leves y las sanciones impuestas por las mismas?. A) Las faltas leves prescriben al mes y las sanciones a los seis meses. B) Las faltas leves prescriben a los seis meses y las sanciones impuestas por faltas leves al año. C) Las faltas leves prescriben al año y las sanciones a los dos años. D) Las faltas leves no prescriben hasta transcurridos tres años.

De acuerdo con el artículo 148 de la Ley 4/2011¿qué órganos de negociación deben constituirse obligatoriamente en cada Administración pública de Castilla-La Mancha?. B) Una Mesa General de Negociación para materias comunes y una Mesa General para condiciones comunes del personal funcionario y estatutario. A) Una Mesa General para personal laboral y una mesa sectorial de sanidad. C) Un comité de empresa único y comisiones paritarias locales. D) Mesas de conciliación obligatoria para la resolución de conflictos colectivos.

¿En qué municipios es obligatoria la existencia de Junta de Gobierno Local según la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local?. B) En municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos cuando así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno. A) En todos los municipios sin excepción. C) Únicamente en municipios de más de 20.000 habitantes. D) Solo en los municipios que ostenten la condición de gran población.

¿Cuántos municipios integran en total la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, distribuidos en sus cinco provincias?. C) 1.024 municipios. A) 819 municipios. B) 919 municipios. D) 785 municipios.

¿Qué mayoría de los miembros legales del Pleno se requiere para la aprobación inicial de una ordenanza municipal?. C) Mayoría simple. A) Mayoría absoluta. B) Dos tercios. D) Unanimidad.

¿Cuál de las siguientes provincias de Castilla-La Mancha cuenta con un mayor número de municipios?. C) Ciudad Real. A) Toledo. B) Albacete. D) Guadalajara.

Las competencias propias de los municipios en el ordenamiento español se deben ejercer: B) En régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad. A) Bajo delegación permanente de la comunidad autónoma. C) Supeditadas estrictamente a las directrices de las diputaciones provinciales. D) Únicamente cuando existan fondos finalistas del Estado.

¿Qué órgano ostenta la tutela financiera sobre las entidades locales situadas en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha?. C) La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. A) El Ministerio de Hacienda en exclusiva. B) La Junta de Castilla y León. D) El Tribunal de Cuentas del Estado.

¿Cuál es el órgano competente para proceder a la elección del Alcalde en el régimen local común?. C) El Pleno municipal de entre sus concejales. A) Los vecinos del municipio mediante sufragio directo. B) La Junta de Gobierno Local. D) El consejo de gobierno de la comunidad autónoma.

¿Qué rango normativo mínimo se exige para la determinación de las competencias atribuidas a las entidades locales?. B) Ley (ya sea estatal o autonómica). A) Real Decreto del Gobierno. C) Orden ministerial. D) Reglamento orgánico municipal.

¿Cómo se califica jurídicamente a los bienes de dominio público local?. B) Inalienables, inembargables e imprescriptibles. A) Inalienables, embargables y prescriptibles. C) Alienables, inembargables y prescriptibles. D) Comercializables bajo autorización plenaria.

Conforme a la legislación básica de función pública, ¿cuál de los siguientes colectivos NO forma parte del personal al servicio de las entidades locales?. D) Personal contratado por empresas concesionarias de servicios públicos. A) Funcionarios de carrera. B) Personal laboral fijo o temporal. C) Personal eventual de confianza.

¿Cuál es el objeto de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, de acuerdo con su artículo 1?. B) La ordenación y regulación del empleo público de Castilla-La Mancha, así como del régimen jurídico del personal que lo integra. A) Únicamente la regulación del personal laboral fijo de las corporaciones locales de la región. C) La organización exclusiva de los servicios sanitarios y educativos del sector autonómico. D) El establecimiento del régimen retributivo básico de los altos cargos de la Junta de Comunidades.

Según el artículo 6 de la Ley 4/2011 del Empleo Público de Castilla-La Mancha, ¿a quién corresponde en exclusiva el ejercicio de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas?. C) Al personal funcionario. A) Al personal laboral fijo mediante contrato indefinido. B) Al personal eventual de confianza o asesoramiento especial. D) A cualquier empleado público con más de dos años de antigüedad.

De conformidad con el artículo 19 de la Ley 4/2011, la aprobación de la oferta de empleo público en Castilla-La Mancha comporta la obligación de convocar los procesos selectivos correspondientes: C) Exclusivamente mediante el sistema de concurso de méritos. A) En el plazo máximo e improrrogable de seis meses. B) Para las plazas comprometidas y hasta un diez por ciento adicional de las ofertadas. D) Sin incluir ningún porcentaje adicional sobre las plazas vacantes presupuestadas.

¿Qué porcentaje mínimo de las vacantes debe reservarse en las ofertas de empleo público para ser cubiertas entre personas con discapacidad, según el artículo 41 de la Ley 4/2011?. C) Un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes. A) Un tres por ciento del total de la oferta. B) Un cinco por ciento garantizando turnos de promoción interna. D) Un diez por ciento exclusivo para discapacidad intelectual.

¿Cuál es el procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo para el personal funcionario de carrera en el ámbito de la función pública de Castilla-La Mancha, según el artículo 68 de la Ley 4/2011?. B) El concurso. A) La libre designación con convocatoria pública. C) La adscripción provisional por necesidades del servicio. D) La redistribución forzosa de efectivo.