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Durante la consulta de un expediente administrativo tramitado por vía electrónica, un ciudadano accede a la sede electrónica. ¿Qué elemento garantiza la autenticidad de la sede y de la información publicada?. El uso exclusivo en horario laboral. La identificación mediante un certificado electrónico cualificado. La obligación de usar servidores nacionales. La exigencia de DNI físico.

Una administración diseña un portal accesible desde web, app móvil y atención telefónica para facilitar la relación con la ciudadanía. ¿Cómo se denomina este conjunto de canales y puntos de acceso?. Ventanilla administrativa tradicional. Oficina integrada presencial. Multicanalidad de acceso electrónico. Registro único físico.

En la revisión de un documento incluido en un expediente electrónico, un funcionario debe comprobar que su contenido no ha sido modificado desde su firma. ¿Qué mecanismo acredita dicha integridad?. El CSV asociado al expediente. El sello electrónico de órgano. La firma electrónica avanzada (FEA). El justificante de presentación.

Durante un trámite electrónico, una persona se identifica con su DNI electrónico para confirmar su identidad. ¿Qué tipo de sistema de identificación está utilizando?. Certificado electrónico cualificado (QCert). Atributos digitales en la nube. Autenticación de nivel bajo. Sistema de claves concertadas.

Un técnico revisa un procedimiento administrativo que se ha tramitado íntegramente de forma electrónica y necesita comprobar todas las actuaciones realizadas. ¿Qué elemento contiene la secuencia completa del procedimiento?. El asiento registral asociado. El justificante electrónico. El CSV de presentación. El expediente electrónico.

En el envío de una notificación electrónica mediante la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHú), la administración debe determinar el momento en que se considera practicada. ¿Cuándo ocurre esto?. Cuando la administración publica la notificación. Cuando el ciudadano recibe el aviso por email. 48 horas después del envío. Cuando accede a su contenido o pasados 10 días naturales.

Una entidad pública implementa nuevos servicios digitales y debe cumplir los principios que rigen el funcionamiento electrónico. ¿Cuál de ellos exige claridad y trazabilidad en las actuaciones administrativas?. Interrupciones periódicas del servicio. Simplicidad absoluta en todos los trámites. Transparencia y trazabilidad. Obligatoriedad del canal presencial.

Un ciudadano recibe un documento administrativo electrónico y desea comprobar que no ha sido alterado durante su conservación. ¿Qué mecanismo proporciona esta verificación?. La fecha de creación del documento. El tamaño del archivo. El formato de fichero utilizado. El Código Seguro de Verificación (CSV).

Una administración desea garantizar que su sede electrónica permanece disponible sin interrupciones injustificadas para la ciudadanía. ¿Qué principio debe asegurarse?. Usabilidad máxima. Simplicidad organizativa. Disponibilidad permanente. Seguridad mínima.

Una persona usuaria accede a un trámite electrónico utilizando Cl@ve PIN, que combina un código temporal y una clave concertada. ¿Qué tipo de autenticación es esta?. Autenticación local sin seguridad reforzada. Sistema basado en claves concertadas. Autenticación mediante certificado cualificado. Autenticación biométrica avanzada.

Una unidad administrativa incorpora un documento al expediente electrónico y debe garantizar su validez jurídica. ¿Qué requisito mínimo debe cumplir el documento?. Ser una copia escaneada. Estar en formato PDF. Tener un tamaño inferior a 5 MB. Contener metadatos obligatorios.

Una empresa está obligada a relacionarse electrónicamente con la administración pero presenta una solicitud en papel. ¿Qué actuación debe realizar la administración?. Tramitar la solicitud sin más. Considerarla desistida. Requerir que la presente por vía electrónica. Aceptar la solicitud si paga una tasa adicional.

Un archivo electrónico único debe conservar documentos generados durante procedimientos administrativos para futuras consultas. ¿Qué característica principal debe garantizar este archivo?. Eliminar automáticamente documentos en papel. Traducir los documentos a varios idiomas. Almacenar solo expedientes cerrados. Conservación íntegra y accesible.

Una administración revisa sus procedimientos electrónicos para reducir dificultades a los ciudadanos en la tramitación. ¿Qué objetivo persigue la simplificación administrativa?. Aumentar el número de formularios. Reducir costes internos exclusivamente. Eliminar cargas innecesarias para la ciudadanía. Eliminar controles automáticos.

Durante una auditoría, se revisa la trazabilidad de documentos que entran y salen de la administración. ¿Qué representa un asiento en el Registro Electrónico General (REG)?. Un certificado digital asociado. Una copia física del documento. La entrada o salida formal de un documento. Una notificación emitida.

Una persona usuaria necesita registrar un documento electrónico fuera del horario de atención presencial. ¿Qué sistema garantiza su presentación válida?. La oficina presencial. La atención telefónica. El Registro Electrónico. Un buzón físico cerrado.

Una notificación electrónica enviada por la administración debe garantizar que el ciudadano pueda identificar al órgano emisor. ¿Qué elemento asegura esta autenticidad?. El correo electrónico del funcionario. El sello electrónico de órgano. El número de expediente. El tipo de documento enviado.

Un ciudadano quiere verificar un documento electrónico sin disponer de certificado digital. ¿Qué sistema permite dicha verificación únicamente con un código?. Requiere certificado raíz. Funciona solo en un navegador concreto. Permite verificar mediante CSV sin credenciales. Exige identificación facial.

Una administración habilita servicios web (API) para interoperar con otras administraciones en la tramitación de expedientes. ¿Qué principio del funcionamiento electrónico está aplicando?. Reducción de plazos. Interoperabilidad administrativa. Accesibilidad universal. Neutralidad técnica.

Un expediente administrativo electrónico agrupa todos los documentos y actuaciones realizadas durante un procedimiento. ¿Qué elemento permite consultar esta información completa?. Lista de firmas realizadas. Expediente electrónico. Registro de salida. Metadatos administrativos.

Un ciudadano se relaciona electrónicamente con una administración y debe garantizar que sus datos de contacto estén actualizados para recibir notificaciones. ¿Qué obligación legal cumple con ello?. La obligación de disponer de certificado cualificado. El uso de redes públicas de acceso. La presentación en papel de la documentación. El mantenimiento actualizado de los medios de contacto.

Un servicio público electrónico incluye un asistente guiado que orienta a los ciudadanos durante la tramitación. ¿Qué requisito debe cumplir este servicio según la normativa de accesibilidad?. Exigir formación previa al usuario. Cumplir el nivel AA de las WCAG. Utilizar exclusivamente software privativo. Solicitar firma biométrica obligatoria.

Un órgano administrativo utiliza un sello electrónico para firmar documentos y notificaciones automáticas. ¿Qué tipo de firma electrónica emplea este sello?. Firma manuscrita escaneada. PIN asociado a un usuario. Certificado cualificado de sello electrónico. Firma basada en coordenadas.

Una plataforma electrónica permite aportar documentos y realizar pagos telemáticos durante un procedimiento administrativo. ¿Qué requisito de seguridad debe cumplir según el Esquema Nacional de Seguridad?. Utilizar únicamente pasarelas privadas. Permitir solo documentos editables. Garantizar medidas ENS de confidencialidad e integridad. Limitar el tamaño a 2 MB.

Una administración genera un documento electrónico y lo incorpora a un expediente. ¿Qué característica define que dicho documento sea válido jurídicamente?. Que provenga de una copia escaneada. Que incluya firma manuscrita escaneada. Que esté en formato editable. Que se genere o incorpore con autenticidad e integridad.

Son funcionarios de la Administración Local: Las personas vinculadas a ella por una relación de servicios retribuidos, regulada total o parcialmente por el Derecho Administrativo. Las personas vinculadas a ella por una relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por el Derecho Administrativo. Las personas vinculadas a ella por una relación de servicios profesionales, regulada total o parcialmente por el Derecho Administrativo. Ninguna de las opciones es correcta.

Según el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las Corporaciones Locales formarán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal. La selección de personal se realizará: De acuerdo con la oferta de empleo público en el caso de los funcionarios. De acuerdo con la oferta de empleo público tanto en el caso de los funcionarios como en el del personal laboral. Mediante convocatoria pública en el caso de los funcionarios. Mediante contratación directa en el caso del personal laboral.

Según el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la selección de todo el personal debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público, a través: Del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre. Del sistema de concurso-oposición o concurso. Del sistema de oposición o concurso-oposición libre. Del sistema de oposición o concurso-oposición libre o libre designación.

Según el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el sistema de selección de funcionarios en las Entidades Locales habrá de garantizar los principios constitucionales de: Igualdad, mérito y capacidad. Capacidad, productividad e igualdad. Igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. Cualificación, mérito y capacidad.

Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los puestos de trabajo en la Administración local y sus Organismos Autónomos serán desempeñados: Por personal funcionario o por personal laboral. Con carácter general por personal funcionario. Por personal eventual y personal funcionario. Por personal funcionario y por personal laboral de libre designación.

Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales: Corresponde al personal funcionario y al personal laboral de libre designación. Corresponde generalmente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración Local. Corresponde al personal funcionario y excepcionalmente al personal laboral de libre designación. Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración local.

Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera: Las que impliquen ejercicio de autoridad y aquellas que se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia. Las que impliquen ejercicio de autoridad y aquellas que se reserven a los funcionarios en virtud de la transparencia y la eficiencia en el ejercicio de la función. Las que se lleven a efecto en un proceso esencialmente electrónico en virtud de la transparencia y la eficiencia en el ejercicio de la función. Ninguna es correcta.

Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional: La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación. La gestión de los recursos humanos y materiales al servicio de las competencias propias de la Corporación Local. Las dos primeras opciones son correctas.

Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, las especialidades de la creación, clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, su régimen disciplinario y situaciones administrativas serán reguladas por: El Ministerio de la Presidencia, mediante orden. El Ministerio de la Función Pública, mediante orden. El Ministerio de Política Territorial, mediante decreto. El Gobierno, mediante real decreto.

Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la aprobación de la oferta de empleo público, selección, formación y habilitación de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional corresponde: A la Corporación interesada previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Al Estado, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Al Estado, a través del Ministerio de la Función Pública. A la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.

Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación a la forma de provisión de puestos reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional: El Gobierno la regulará mediante real decreto, siendo el concurso de carácter estatal el sistema normal de provisión. El Ministerio de la Función Pública, mediante decreto, siendo el concurso el sistema exclusivo de provisión. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mediante orden, siendo el concurso-oposición el sistema preestablecido para la provisión. El Gobierno a propuesta de la Federación de Municipios, siendo el concurso libre el.

Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional podrán cubrirse por el sistema de libre designación: Excepcionalmente en los municipios que sean capitales de provincia, o de comunidad autónoma, o que tengan población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes. Con carácter bianual en las Comunidades Autónomas uniprovinciales. En todos los casos aprobados previamente por acuerdos de la Comunidad Autónoma competente. En los supuestos acordados por el Ministerio de la Función Pública previa autorización del Ministerio de Hacienda.

En virtud de lo establecido en el artículo 56.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, no es un requisito necesario para ser admitido a las pruebas para el acceso a la función pública local: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Tener la nacionalidad española o de uno de los Estados miembros de la Unión Europea en los casos legalmente previstos. Ser mayor de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Poseer la titulación exigida.

Entre las situaciones administrativas en las que puede estar el personal funcionario de las Entidades Locales, no se encuentra: La excedencia voluntaria por prestación de servicio militar o servicio social sustitutorio. La excedencia voluntaria por interés particular. La excedencia voluntaria por agrupación familiar. La suspensión de funciones.

No se considerará en situación de servicio activo a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional que: Ocupen puestos de trabajo a ellos reservados en las Comunidades Autónomas uniprovinciales. Hubieran obtenido la habilitación de carácter nacional ingresando en cualquiera de sus subescalas y no hubieran obtenido aún su primer nombramiento. Ocupen puestos de trabajo a ellos reservados en Entidades Locales. Ocupen puestos de trabajo a ellos reservados en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Corresponderán, las funciones necesarias, dentro de su ámbito de actuación, para garantizar el principio de transparencia y los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad económico-financiera: A los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Al personal eventual que desempeñe puestos de confianza o de asesoramiento especial. Al personal técnico-directivo específicamente habilitado al efecto. Ninguna de las opciones es correcta.

Los funcionarios de carrera de la Administración Local se dividen en: Funcionarios que prestan servicios de carácter transitorio y funcionarios que gocen del derecho de reserva de plaza y destino. Funcionarios técnicos, personal directivo y de libre designación. Funcionarios con habilitación de carácter nacional y funcionarios de la propia Corporación. Funcionarios que prestan servicios retribuidos por las Administraciones Públicas, que en función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.

El establecimiento de escalas, subescalas y clases de funcionarios y la clasificación de los mismos en las Entidades Locales corresponde: Al Gobierno, a propuesta del Ministro de la Presidencia. Al Gobierno, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas. Al Ministerio de Administraciones Públicas. A los órganos de la Corporación Local.

La fijación de las retribuciones complementarias de los funcionarios de la Administración Local, en los términos previstos en la legislación básica, corresponde: El Presidente de la Corporación oído el Pleno de la misma. A la Secretaría de Estado para la Administración Pública. Al Pleno de la Corporación. Al Ministerio de Administraciones Públicas.

El nombramiento de los aspirantes que superen las pruebas establecidas y, en su caso, los correspondientes cursos selectivos, para el acceso a la función pública en la Administración Local corresponderá: Al Alcalde o Presidente, o al miembro de la Corporación, que, por delegación de aquél, ostente la jefatura directa de personal. Al Secretario de Estado para la Función Pública. Al Secretario de la Corporación Local. Ninguna de las opciones es correcta.

Según el artículo 98 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la selección, formación y habilitación de los funcionarios con habilitación de carácter nacional corresponde: A la Secretaría Técnica del Ministerio de Administración Territorial. Al Instituto Nacional de Administración Pública. Al Instituto de Estudios de Administración Local, conforme a las bases y programas aprobados reglamentariamente. Al Centro de Formación de la Dirección General de la Función Pública.

La selección de los restantes funcionarios y reglas sobre provisión de puestos de trabajo, según el artículo 100 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, es competencia: Del Alcalde o Presidente, o del miembro de la Corporación, que, por delegación de aquél, ostente la jefatura directa de personal. Del Secretario de Estado para la Función Pública. De cada Corporación local. Ninguna de las opciones es correcta.

Según el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuando un funcionario de carrera sea adscrito a los servicios del Tribunal Constitucional será declarado en la situación administrativa de: Excedencia forzosa. Excedencia voluntaria. Servicios especiales. Servicio en otras Administraciones Públicas.

Según el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo: De cinco años inmediatamente anteriores. De cinco años. De cuatro años. De dos años inmediatamente anteriores.

Según el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios que se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho a: Computar el tiempo en dicha situación a efectos de trienios, pero no de promoción interna. Reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados. Percibir las retribuciones que les correspondan como funcionarios de carrera. La reserva del puesto de trabajo.

¿En qué situación se encuentran los funcionarios que están en periodo de vacaciones o disfrutando de un permiso?. Servicio activo. Servicios especiales. Excedencia voluntaria. Suspensión provisional.

Conforme al artículo 82 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las mujeres víctimas de violencia de género o de violencia sexual que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Este traslado: No tendrán la consideración propia del traslado, tanto voluntario como forzoso. Tendrán la consideración de traslado voluntario. Tendrán la consideración de servicios en otras Administraciones Públicas. Tendrán la consideración de traslado forzoso.