PC-TEMA1

Según el artículo 1.1, España se constituye en un Estado: social y democrático de Derecho. social, representativo y autonómico de Derecho. democrático, federal y social de Derecho.

Entre los valores superiores del ordenamiento jurídico que propugna el artículo 1.1 no se incluye expresamente: la igualdad. la solidaridad. el pluralismo político.

Conforme al artículo 1.2, la soberanía nacional reside en: las Cortes Generales. la Corona. el pueblo español.

La forma política del Estado español, según el artículo 1.3, es: la Monarquía parlamentaria. la Monarquía constitucional. la democracia parlamentaria.

El artículo 2 fundamenta la Constitución en la unidad de la Nación española y, además, reconoce y garantiza: el derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas. el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones y la solidaridad entre todas ellas. la libre federación de regiones y provincias.

Según el artículo 3.1, respecto del castellano todos los españoles tienen: el derecho a usarlo y la obligación de promoverlo. el deber de utilizarlo exclusivamente ante los poderes públicos. el deber de conocerlo y el derecho a usarlo.

Las demás lenguas españolas serán también oficiales: en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. en todo el territorio nacional si así lo aprueba una ley orgánica. solo en las nacionalidades históricas reconocidas constitucionalmente.

La bandera de España, según el artículo 4.1, está formada por tres franjas horizontales: roja, gualda y roja, siendo la central de anchura triple. roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. roja, amarilla y roja, siendo todas de igual anchura.

Los Estatutos de Autonomía podrán reconocer banderas y enseñas propias que: se utilizarán con preferencia a la bandera de España en actos oficiales autonómicos. solo podrán utilizarse en edificios no estatales de la Comunidad Autónoma. se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y actos oficiales.

Conforme al artículo 5, la capital del Estado es: la villa de Madrid. la ciudad de Madrid. el municipio de Madrid.

Según el artículo 6, los partidos políticos son instrumento fundamental para: la acción gubernamental. la participación política. la representación territorial.

La estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos, según la Constitución, deberán ser: representativos. paritarios. democráticos.

El artículo 7 atribuye a sindicatos y asociaciones empresariales la función de contribuir a: la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. la formación de la voluntad popular. la negociación de tratados colectivos con eficacia general.

Las Fuerzas Armadas, según el artículo 8.1, están constituidas por: el Ejército de Tierra, la Armada y la Guardia Civil. el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. el Ejército, la Marina y la Aviación Militar.

Entre las misiones constitucionales de las Fuerzas Armadas no figura expresamente: defender la integridad territorial de España. garantizar la soberanía e independencia de España. proteger el libre ejercicio de los derechos fundamentales en tiempo de paz.

El artículo 8.2 establece que las bases de la organización militar se regularán por: ley orgánica. ley ordinaria. real decreto.

Según el artículo 9.1, están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico: solo los poderes públicos. los ciudadanos y los poderes públicos. los ciudadanos españoles, pero no los extranjeros.

Conforme al artículo 9.2, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad: sean homogéneas en todas las Comunidades Autónomas. del individuo prevalezcan sobre las de los grupos. del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.

La Constitución garantiza, en el artículo 9.3, la irretroactividad de: las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. todas las disposiciones sancionadoras. las normas penales desfavorables y las administrativas en todo caso.

Según el artículo 10.1, son fundamento del orden político y de la paz social: la soberanía popular y la división de poderes. la dignidad de la persona, los derechos inviolables inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás. la dignidad humana y la igualdad material de todos los ciudadanos.

Las normas relativas a derechos fundamentales y libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con: la jurisprudencia del Tribunal Constitucional exclusivamente. la costumbre internacional generalmente admitida. la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre esas materias ratificados por España.

La nacionalidad española, según el artículo 11.1: se adquiere, conserva y pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. solo puede adquirirse por nacimiento o por carta de naturaleza. se regula exclusivamente por ley orgánica.

Ningún español de origen podrá ser: expulsado del territorio nacional. privado de su nacionalidad. extraditado en virtud de tratado.

El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con países iberoamericanos y con aquellos que: formen parte de la Unión Europea. reconozcan reciprocidad plena a España. hayan tenido o tengan una particular vinculación con España.

La mayoría de edad en España se alcanza a los: dieciocho años. veintiún años. dieciséis años emancipados.

Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Título I: en igualdad absoluta con los españoles en todo caso. en los términos que establezcan los tratados y la ley. solo si existe reciprocidad en su Estado de origen.

Con carácter general, la titularidad de los derechos reconocidos en el artículo 23 corresponde a: los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España. todos los residentes legales en España. solamente los españoles, salvo lo que por reciprocidad pueda establecerse para el sufragio activo y pasivo en elecciones municipales.

Según el artículo 13.3, quedan excluidos de la extradición: los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. los delitos políticos, sin excepción alguna. los delitos cometidos por españoles de origen.

El derecho de asilo en España para ciudadanos de otros países y apátridas se ejercerá: solo en virtud de tratado internacional. en los términos que establezca la ley. según lo determine exclusivamente el Gobierno por decreto.

El artículo 14 prohíbe la discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o: posición económica. lugar de residencia dentro del territorio nacional. cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Según el artículo 15, queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer: las leyes penales militares para tiempos de guerra. las leyes orgánicas en estados excepcionales. los tratados internacionales ratificados por España.

La libertad ideológica, religiosa y de culto de individuos y comunidades tiene como única limitación, en sus manifestaciones: el respeto a la moral pública. la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. la protección de la seguridad nacional declarada por el Gobierno.

Según el artículo 16.2, nadie podrá ser obligado a declarar sobre: su afiliación política o sindical. su conciencia moral o pertenencia asociativa. su ideología, religión o creencias.

Conforme al artículo 16.3, ninguna confesión tendrá carácter estatal y los poderes públicos: tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica exclusivamente. garantizarán la neutralidad religiosa absteniéndose de toda cooperación.

La detención preventiva, según el artículo 17.2, no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para las averiguaciones y, en todo caso, el plazo máximo será de: 48 horas. 72 horas. 24 horas.

Toda persona detenida debe ser informada inmediatamente, y de modo que le sea comprensible, de: las pruebas existentes contra ella y de la pena posible. los recursos administrativos y judiciales procedentes. sus derechos y de las razones de su detención.

El procedimiento de habeas corpus tiene por finalidad: producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. revisar la legalidad de la prisión provisional ya acordada por juez competente. solicitar indemnización por detención indebida.

El domicilio es inviolable y ninguna entrada o registro podrá hacerse sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo: en caso de urgente necesidad apreciada por la autoridad gubernativa. en caso de flagrante delito. cuando se trate de edificios públicos.

El secreto de las comunicaciones, especialmente postales, telegráficas y telefónicas, solo puede ceder: por resolución administrativa motivada. en los supuestos previstos en ley orgánica. por resolución judicial.

La ley limitará el uso de la informática para garantizar: el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. la protección de datos personales en los términos del Derecho de la Unión Europea. la seguridad del tráfico jurídico y de las comunicaciones electrónicas.

El derecho a entrar y salir libremente de España no podrá ser limitado por motivos: económicos o laborales. políticos o ideológicos. de seguridad interior.

El artículo 20.1.d reconoce el derecho a comunicar o recibir libremente: información objetiva por medios legalmente autorizados. ideas y opiniones por cualquier medio de reproducción. información veraz por cualquier medio de difusión.

El ejercicio de los derechos del artículo 20: no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. puede restringirse mediante censura previa en supuestos de seguridad nacional. puede someterse a autorización previa judicial.

Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información: mediante acuerdo motivado del Gobierno. en virtud de resolución judicial. por decisión administrativa recurrible en vía contenciosa.

El derecho de reunión pacífica y sin armas: requiere autorización previa si se celebra en lugares abiertos. exige siempre comunicación previa aunque sea en lugar cerrado. no necesitará autorización previa.

La autoridad solo podrá prohibir reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones cuando existan: razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. motivos de oportunidad apreciados por la delegación del Gobierno. indicios racionales de desobediencia civil.

Las asociaciones constituidas al amparo del artículo 22 deberán inscribirse en un registro: como requisito constitutivo indispensable. a los solos efectos de publicidad. para obtener personalidad jurídica plena frente a terceros.

Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades: por acuerdo del Ministerio del Interior. por decisión administrativa fundada en el interés general. por resolución judicial motivada.

Se prohíben expresamente las asociaciones: secretas y las de carácter paramilitar. de ámbito internacional y las paramilitares. secretas y las que no estén inscritas.

El artículo 23.2 reconoce el derecho a acceder en condiciones de igualdad a: los cargos representativos por elección directa exclusivamente. las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. cualquier empleo público sin más requisito que la capacidad.

La tutela efectiva de jueces y tribunales se reconoce en el artículo 24.1 sin que, en ningún caso, pueda producirse: arbitrariedad. dilación. indefensión.

Entre los derechos del artículo 24.2 se incluye expresamente: la presunción de inocencia. el derecho al juez natural designado por sorteo. el derecho a un proceso secreto cuando lo solicite el acusado.

Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que al producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según: la legislación posterior más favorable. la legislación vigente en aquel momento. la normativa europea aplicable al caso.

Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia: la ejemplaridad social y la prevención general. la reparación del daño y la prevención especial. la reeducación y reinserción social.

La Administración civil, conforme al artículo 25.3: no podrá imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. podrá imponer arresto sustitutorio por impago de sanciones. podrá acordar privaciones de libertad con autorización judicial.

En el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales, el artículo 26: limita los Tribunales de Honor a los casos previstos en ley orgánica. prohíbe los Tribunales de Honor. mantiene su validez para infracciones deontológicas graves.

La enseñanza básica, según el artículo 27.4, es: gratuita pero no necesariamente obligatoria. obligatoria hasta la mayoría de edad. obligatoria y gratuita.

Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral: que esté de acuerdo con sus propias convicciones. que determine la programación general de la enseñanza. conforme a la confesión mayoritaria en su Comunidad Autónoma.

La libertad de creación de centros docentes se reconoce a: las personas físicas solamente. las personas físicas y jurídicas, dentro del respeto a los principios constitucionales. las Administraciones educativas y entidades colaboradoras.

La autonomía de las Universidades se reconoce: solo para las universidades públicas. sin necesidad de desarrollo legal ulterior. en los términos que la ley establezca.

La libertad sindical comprende, entre otros, el derecho a: fundar sindicatos y afiliarse al de su elección. afiliarse obligatoriamente al sindicato más representativo del sector. constituir asociaciones empresariales integradas en sindicatos.

Nadie podrá ser obligado a: declarar su afiliación sindical. afiliarse a un sindicato. permanecer en un sindicato una vez afiliado.

El derecho de huelga se reconoce a: todos los ciudadanos. los sindicatos con carácter exclusivo. los trabajadores para la defensa de sus intereses.

La ley que regule el ejercicio del derecho de huelga establecerá garantías precisas para asegurar: el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. la prestación mínima universal en todos los servicios públicos. la sustitución obligatoria de los huelguistas en sectores estratégicos.

El derecho de petición individual y colectiva corresponde a: todos los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España. todos los españoles, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. todas las personas físicas y jurídicas sin limitación.

Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer el derecho de petición: individual y colectivamente con autorización previa. solo a través de sus mandos naturales. solo individualmente y con arreglo a su legislación específica.

El artículo 30.1 establece que los españoles tienen el derecho y el deber de: defender a España. servir a la Administración cuando sean requeridos. participar en la protección civil.

La objeción de conciencia respecto del servicio militar obligatorio deberá regularse: exclusivamente por ley orgánica. mediante ley, con las debidas garantías. por reglamento aprobado por el Gobierno.

Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de: obligaciones de protección territorial. prestaciones sociales obligatorias de carácter universal. fines de interés general.

Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en: igualdad y progresividad. igualdad y generalidad. progresividad y no regresividad.

El sistema tributario, según el artículo 31.1, en ningún caso tendrá alcance: retroactivo. confiscatorio. desigual.

El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos y su programación y ejecución responderán a criterios de: eficacia y descentralización. igualdad y estabilidad. eficiencia y economía.

Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público: con arreglo a la ley. mediante decreto-ley en caso de urgente necesidad. por disposición reglamentaria habilitada.

Según el artículo 32.1, tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica: los españoles mayores de edad. el hombre y la mujer. todas las personas en los términos fijados por la ley civil.

La función social del derecho de propiedad y de la herencia: permitirá su suspensión por interés recaudatorio. solo afectará a la propiedad inmobiliaria. delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.

Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante: la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. resolución judicial firme y previa audiencia. decreto motivado con convalidación parlamentaria.

El derecho de fundación se reconoce para: cualquier fin lícito de naturaleza privada o pública. fines de interés general, con arreglo a la ley. fines benéficos exclusivamente.

Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a: una remuneración equitativa fijada por convenio colectivo. una remuneración mínima garantizada por el Estado. una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia.

La ley regulará un: estatuto de los trabajadores. estatuto del empleado público. estatuto general de la producción.

La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios Profesionales deberán ser: corporativos. democráticos. colegiados y descentralizados.

La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de trabajadores y empresarios, así como: la eficacia erga omnes de todo pacto colectivo. la mediación obligatoria previa a cualquier conflicto. la fuerza vinculante de los convenios.

Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar: medidas de conflicto colectivo. cualquier medida de presión económica o laboral. medidas de cierre patronal y huelga en igualdad de condiciones constitucionales.

La libertad de empresa se reconoce: en una economía social de planificación imperativa. en el marco de la economía de mercado. con subordinación necesaria a la autorización administrativa previa.

Según el artículo 39.2, los hijos son iguales ante la ley: solo con independencia de su filiación matrimonial o extramatrimonial. siempre que haya reconocimiento legal de la paternidad. con independencia de su filiación.

Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio: durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. hasta que alcancen independencia económica. únicamente mientras convivan en el domicilio familiar.

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para: los trabajadores y sus familias. todos los ciudadanos. los residentes legales en situación de necesidad.

El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de: los emigrantes retornados. los españoles residentes en territorios fronterizos. los trabajadores españoles en el extranjero.

Se reconoce el derecho a la protección de la salud y compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de: medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. la planificación sanitaria estatal y autonómica coordinada exclusivamente. un sistema público único de asistencia universal.

Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de: restaurarlo cuando hayan causado daño. conservarlo. protegerlo mediante participación ciudadana.

La comunidad participará en las plusvalías que genere: la recalificación urbanística de iniciativa privada. el aprovechamiento lucrativo del suelo por concesión administrativa. la acción urbanística de los entes públicos.