PEN ESPEC

¿Cuál es la finalidad primordial que define al Sistema Vasco de Servicios Sociales de acuerdo con el marco regulador de las políticas de bienestar social y la Ley 12/2008 de Servicios Sociales de Euskadi?. a) Sustituir las obligaciones alimenticias y económicas legalmente asignadas a la unidad familiar en cualquier situación. b) Promover la autonomía personal y prevenir y atender las situaciones de exclusión social y desprotección, favoreciendo la integración social. c) Gestionar con carácter exclusivo las prestaciones económicas de desempleo y las pensiones no contributivas del sistema de Seguridad Social. d) Ejercer la tutela penal e instructora de las personas procesadas en centros penitenciarios.

Dentro del marco de la Atención Centrada en la Persona (ACP) aplicado a la intervención en Trabajo Social penitenciario, ¿cuál de los siguientes principios define adecuadamente este enfoque?. a) La prescripción unilateral de conductas obligatorias por parte del profesional técnico sin contar con la opinión del interno. b) El reconocimiento de la persona usuaria como protagonista de su propio plan de vida, partiendo de sus fortalezas, valores y capacidad de autodeterminación. c) La imposición estandarizada del mismo catálogo de actividades a toda la población reclusa con independencia de sus demandas individuales. d) El traslado obligatorio de toda decisión asistencial a la autoridad judicial de instrucción competente.

En el entorno penitenciario, ¿cuál es el instrumento técnico colegiado donde el/la Trabajador/a Social integra el diseño y seguimiento de los objetivos de intervención individual con la persona interna?. a) El Programa Individualizado de Tratamiento (PIT). b) El Auto judicial de prisión provisional comunicada. c) El Parte regimental de medidas disciplinarias de aislamiento. d) El Expediente de contratación pública y suministros de la prisión.

De acuerdo con el Manual de Procedimiento de Trabajo Social en Instituciones Penitenciarias, ¿qué documento técnico recoge de manera integral el historial sociofamiliar de la persona reclusa, las entrevistas y diagnósticos realizados a lo largo de su condena?. a) La Ficha de Control de Visitas Orales por Locutorio. b) La Historia Social Penitenciaria. c) La Hoja de Peculio y Salarios de los Talleres Productivos. d) El Libro de Registro de Medios Coercitivos de Seguridad Interior.

En el proceso de coordinación entre el centro penitenciario y la red comunitaria externa, ¿qué recurso administrativo es el competente a nivel municipal para la primera acogida y derivación social de un interno que accede a la libertad definitiva con arraigo en un municipio vasco?. a) El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria del territorio. b) El Servicio Social de Base del Ayuntamiento correspondiente. c) El Registro Central de Penados y Rebeldes. d) La Dirección del Centro de Inserción Social de destino exclusivo.

¿Cuál de las siguientes atribuciones forma parte de las funciones directas del/la profesional de Trabajo Social en un establecimiento penitenciario?. a) Dictar resoluciones judiciales sobre concesión o revocación de la libertad condicional. b) Resolver la apertura y sanción de faltas disciplinarias graves en la prisión. c) Elaborar el informe social preceptivo para la valoración de clasificación en grado, permisos y preparación para la libertad ante la Junta de Tratamiento. d) Custodiar el armamento y coordinar los relevos de la vigilancia exterior del centro penitenciario.

¿Cuál es la finalidad básica de la coordinación del Trabajo Social penitenciario con las entidades del Tercer Sector de Acción Social (ONGs colaboradoras)?. a) Delegar en estas organizaciones el ejercicio exclusivo de la seguridad y el régimen interior del penal. b) Complementar los itinerarios de reinserción mediante programas socioeducativos, pisos de acogida para permisos y dispositivos asistenciales comunitarios. c) Sustituir el dictamen preceptivo de la Junta de Tratamiento en propuestas de clasificación. d) Tramitar de forma directa el indulto particular ante el Ministerio de Justicia.

Cuando un/a profesional de Trabajo Social penitenciario detecta al ingreso de una persona reclusa una necesidad sobrevenida de desintoxicación o drogodependencia, ¿con qué organismo público del ámbito autonómico vasco se coordina la derivación sociosanitaria?. a) Con el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) y su red de salud mental y adicciones. b) Con la Tesorería General de la Seguridad Social. c) Con la Oficina Central de Extranjería. d) Con el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de modo asistencial.

¿Cómo se define el papel del Trabajo Social penitenciario en la fase de preparación para la libertad o licenciamiento definitivo?. a) Como una intervención meramente burocrática limitada a la entrega de las pertenencias depositadas al ingreso. b) Como un proceso planificado de intermediación, enlace y derivación con recursos comunitarios (alojamiento, empleo/Aukerak, ingresos y salud) para evitar la exclusión. c) Como una orden judicial de arraigo preceptivo sin intervención de los servicios locales. d) Como una evaluación centrada exclusivamente en aplicar medidas disciplinarias preventivas.

El modelo de Servicios Sociales de atención comunitaria defiende el principio de «normalización». En el contexto de la intervención penitenciaria, este principio implica: a) Obligar a las personas internas a usar únicamente recursos asistenciales segregados dentro de la cárcel durante toda su vida. b) Promover que las personas penadas utilicen, siempre que su situación penal y regimental lo permita, los recursos sociales ordinarios existentes para la población general. c) Suspender el acceso a la tarjeta individual sanitaria pública mientras se permanezca en prisión. d) Homogeneizar la personalidad de los internos anulando sus peculiaridades individuales.

Según el artículo 3 de la Ley 12/2008 de Servicios Sociales de Euskadi, las personas que se encuentren en la CAE sin estar empadronadas y sin residencia legal efectiva tienen derecho a acceder, en todo caso, a: a) Plazas residenciales definitivas en centros forales y prestaciones económicas vinculadas al servicio. b) Los servicios de información, valoración, diagnóstico y orientación, acompañamiento social y prestaciones o servicios definidos como de urgencia social. c) La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el complemento de vivienda de forma inmediata. d) Ningún tipo de prestación ni servicio hasta regularizar administrativamente su situación de extranjería.

Conforme a la Ley 12/2008 y la Cartera de Servicios, ¿cuál es la puerta de entrada ordinaria al Sistema Vasco de Servicios Sociales donde se formaliza la solicitud, el diagnóstico inicial y la asignación del/de la profesional de referencia?. a) El Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral respectiva. b) El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria del partido judicial. c) El Servicio Social de Base del Ayuntamiento de residencia. d) La Dirección de Justicia del Gobierno Vasco.

¿Qué instrumento técnico y documental, consensuado con la persona usuaria, formaliza la fijación de objetivos de intervención, compromisos mutuos, recursos asignados y calendario de seguimiento en el Sistema Vasco de Servicios Sociales?. a) El Programa Individualizado de Tratamiento (PIT). b) El Plan de Atención Personalizada (o Plan Individualizado de Atención). c) La Hoja de Liquidación Tributaria Foral. d) El Auto de refundición de condenas.

En el procedimiento administrativo de acceso a los servicios del Catálogo social en Euskadi, ¿qué condición resulta preceptiva para que se reconozca el derecho a una prestación específica, además del cumplimiento de los requisitos de perfil?. a) La acreditación de un aval bancario solidario por parte de la unidad familiar. b) La idoneidad técnica acreditada mediante la prescripción del/de la profesional de referencia. c) La renuncia expresa a la tarjeta sanitaria de Osakidetza. d) El depósito previo de una fianza económica ante el Gobierno Vasco.

Respecto al régimen de financiación y gratuidad fijado en el Sistema Vasco de Servicios Sociales (Decreto 185/2015 y Ley 12/2008), ¿cuál de los siguientes servicios es SIEMPRE gratuito para la ciudadanía?. a) Las estancias residenciales permanentes para personas mayores en centros forales. b) El servicio de información, valoración, diagnóstico, orientación y acompañamiento social. c) Los centros de día para personas con dependencia moderada en horario extendido. d) El transporte adaptado asistido para actividades ocupacionales de fin de semana.

¿Cuál de los siguientes servicios de Atención Primaria está exceptuado de la competencia y provisión municipal, recayendo su gestión y provisión directa en el Gobierno Vasco de acuerdo con el artículo 27.2.a) de la Ley 12/2008?. a) El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). b) Los servicios de acogida nocturna de urgencia (albergues municipales). c) El Servicio público de Teleasistencia (betiON). d) El Servicio de Intervención Socioeducativa y Psicosocial municipal.

En la coordinación entre el Trabajo Social de prisiones y los Servicios Sociales Municipales, ¿cuál es la vía protocolaria adecuada ante el próximo licenciamiento o salida en tercer grado de un recluso con necesidad de apoyos comunitarios?. a) Exigir al Juzgado de Guardia que imponga por auto medidas cautelares asistenciales al Ayuntamiento. b) Remitir informe social y derivar el caso al Servicio Social de Base del municipio donde la persona tenga su empadronamiento, residencia o arraigo efectivo. c) Tramitar unilateralmente el alta directa en una plaza residencial municipal sin intervención técnica local. d) Denegar la excarcelación hasta que el Ayuntamiento emita un informe de conformidad presupuestaria.

A efectos del régimen de contratación y concertación social en el Sistema Vasco de Servicios Sociales (art. 60 Ley 12/2008), ¿qué tipología de servicios debe gestionarse OBLIGATORIAMENTE bajo fórmula de GESTIÓN PÚBLICA DIRECTA sin posibilidad de externalización?. a) El servicio de mantenimiento, catering y lavandería de los centros residenciales. b) Los centros de día ocupacionales gestionados por fundaciones de utilidad pública. c) Las prestaciones de primera recepción de demandas, valoración diagnóstica y coordinación de caso. d) Los programas comunitarios de prevención de toxicomanías en medio escolar.

¿Qué administración es la competente para valorar y resolver las solicitudes de prestaciones de Atención Secundaria, tales como la asignación de plazas en residencias para personas dependientes o centros residenciales de exclusión grave?. a) El Ayuntamiento del municipio solicitante. b) Las Diputaciones Forales de cada Territorio Histórico. c) Lanbide - Servicio Vasco de Empleo de forma subsidiaria. d) La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Estado.

El principio de «Continuidad de la atención» previsto en la Ley 12/2008 de Servicios Sociales de Euskadi impone a las Administraciones y a los profesionales penitenciarios y comunitarios el deber de: a) Mantener las mismas medidas de seguridad penitenciaria una vez que la persona ha salido en libertad condicional. b) Garantizar un acompañamiento e itinerario coherente y coordinado, impidiendo rupturas asistenciales durante las transiciones entre instituciones o sistemas. c) Obligar a la persona usuaria a ser atendida siempre por el mismo profesional durante un plazo ininterrumpido de 15 años. d) Suspender todas las valoraciones sociales previas e iniciar el expediente desde cero tras el egreso de prisión.

Conforme al artículo 9.1.d) de la Ley 12/2008 de Servicios Sociales de Euskadi, ¿en qué circunstancia específica el consentimiento de la persona usuaria para una intervención social debe ser otorgado OBLIGATORIAMENTE por escrito?. a) Al solicitar cualquier información de carácter general en el Servicio Social de Base. b) Siempre que la intervención implique el ingreso en un servicio de alojamiento o en un centro residencial. c) Únicamente cuando la persona solicite la asignación de un profesional de referencia diferente. d) Exclusivamente en los supuestos de tramitación de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Según el artículo 9.1.f) de la Ley 12/2008, las personas usuarias tienen derecho a renunciar a las prestaciones y servicios concedidos. ¿Cuáles son las dos únicas salvedades legalmente previstas a este derecho de renuncia?. a) Estar percibiendo una prestación económica vinculada o estar en situación de desempleo de larga duración. b) El internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico y la tutela de personas menores de edad. c) Encontrarse cumpliendo una medida de seguridad o sanción disciplinaria leve en prisión. d) Haber formalizado un contrato de copago con una entidad residencial concertada.

En relación con el derecho a la evaluación de las necesidades y la intervención técnica (art. 9.1.i de la Ley 12/2008), la persona usuaria tiene derecho a: a) Recibir la resolución diagnóstica verbalmente sin soporte documental para agilizar el expediente. b) Disponer del diagnóstico por escrito en un lenguaje claro y comprensible, disponer en plazo razonable de un Plan de Atención Personalizada y participar en su elaboración. c) Diseñar de forma unilateral las prescripciones facultativas sin intervención de los equipos técnicos. d) Exigir que el Plan de Atención Personalizada sea redactado y aprobado de forma colegiada por el Juzgado de Guardia.

A los efectos del régimen de derechos y deberes regulado en los artículos 9 y 10 de la Ley 12/2008, ¿a quiénes se extiende la consideración legal de personas usuarias, siempre que resulte pertinente según la naturaleza de la intervención?. a) Únicamente a los familiares de primer grado por consanguinidad. b) A las personas destinatarias directas del servicio o prestación y, cuando proceda, a las personas cuidadoras. c) A cualquier ciudadano residente en la Unión Europea que visite el centro asistencial. d) Exclusivamente a las personas que hayan acreditado previamente solvencia tributaria foral.

¿Cuál de las siguientes conductas está tipificada en el artículo 10 de la Ley 12/2008 como un DEBER expreso de las personas usuarias de centros y servicios sociales?. a) Asumir la financiación íntegra del centro asistencial con independencia de sus recursos económicos. b) Respetar el Plan de Atención Personalizada y las orientaciones fijadas por el personal técnico competente. c) Renunciar al ejercicio de quejas y reclamaciones durante la vigencia de la intervención social. d) Realizar tareas laborales y regimentales obligatorias no remuneradas para el mantenimiento del equipamiento.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 12/2008, el reconocimiento de los servicios sociales como un derecho subjetivo implica que su cumplimiento puede reclamarse: a) Exclusivamente a través de quejas informales ante el Consejo Vasco de Servicios Sociales sin fuerza resolutoria. b) Únicamente mediante peticiones graciables ante la alcaldía del municipio de empadronamiento. c) Tanto en vía administrativa como en vía jurisdiccional (ante los tribunales ordinarios/contencioso-administrativos). d) Solamente una vez extinguida la totalidad de cualquier responsabilidad penal o penitenciaria preexistente.

En el caso de centros y servicios residenciales de servicios sociales, la omisión por parte de la entidad titular de la obligación de suscribir el correspondiente contrato asistencial con la persona usuaria está tipificada en la Ley 12/2008 como una infracción: a) Leve. b) Grave. c) Muy grave. d) Mera irregularidad contable no sancionable.

¿Qué tipo de conducta constituye una INFRACCIÓN MUY GRAVE cometida por las personas usuarias o beneficiarias de prestaciones de acuerdo con el régimen de la Ley 12/2008?. a) No asistir de forma puntual a una entrevista de seguimiento en el Servicio Social de Base. b) Destinar dolosamente las prestaciones económicas reconocidas a fines totalmente ajenos a los que fundamentaron su concesión. c) Solicitar un cambio de profesional de referencia dentro del mismo equipo técnico. d) Presentar una reclamación por escrito respecto a los menús servidos en el comedor social.

¿Cuál es la consecuencia y el límite temporal de las multas coercitivas que la Administración puede imponer para compeler a la ejecución de obligaciones o cese de conductas infractoras en los servicios sociales vascos?. a) Se liquidan semanalmente y su cuantía no podrá superar el 50% del salario mínimo interprofesional. b) Pueden reiterarse por lapsos temporales no inferiores a un mes y cada una no podrá superar el 30% de la sanción económica principal. c) Se aplican de forma instantánea sin requerimiento previo y sin límite dinerario acumulativo. d) Solo pueden imponerse tras la obtención de un auto firme dictado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

En el marco del cumplimiento de condena penitenciaria, las personas reclusas conservan sus derechos como ciudadanas respecto a los servicios sociales; no obstante, ¿cuál de los siguientes derechos puede verse modulado o condicionado por su régimen de privación de libertad?. a) El derecho a la integridad física y a no ser sometidas a tratos degradantes. b) El derecho a la reserva y confidencialidad respecto a sus datos personales e Historia Social. c) El derecho a la libre salida, elección de horarios externos y acceso directo a equipamientos comunitarios no penitenciarios. d) El derecho a formular peticiones y quejas ante las autoridades competentes y el Defensor del Pueblo/Ararteko.

Conforme a la Ley 14/2022 del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, ¿cuál es el plazo mínimo de empadronamiento y residencia efectiva en la Comunidad Autónoma de Euskadi que se exige con carácter general para poder acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI)?. a) Seis meses de forma continuada e ininterrumpida. b) Un (1) año continuado inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud. c) Tres (3) años continuados dentro de los últimos cinco años. d) Dos (2) años ininterrumpidos o cinco alternos.

En el caso específico de personas reclusas que acceden a la libertad tras cumplir condena de prisión, ¿qué especialidad recoge la normativa reguladora de la RGI respecto al requisito ordinario de empadronamiento previo ininterrumpido?. a) Quedan exentas del requisito previo de empadronamiento si acreditan haber permanecido en prisión en Euskadi o haber tenido arraigo en la CAE anterior a su internamiento. b) Deben permanecer empadronadas al menos dos años en el exterior tras la excarcelación antes de formalizar la solicitud. c) Se les suspende el acceso a la RGI de por vida si la pena privativa de libertad superó los cinco años. d) Únicamente pueden solicitar la prestación si acreditan un contrato indefinido formalizado por la agencia Aukerak.

¿Qué organismo autónomo del Gobierno Vasco tiene atribuida la competencia exclusiva para la tramitación, resolución, concesión, inspección y pago de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI)?. a) El Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral respectiva. b) Lanbide - Servicio Vasco de Empleo. c) Los Servicios Sociales de Base de cada Ayuntamiento. d) El Instituto Vasco de Inclusión Social adscrito al Tribunal Superior de Justicia.

A tenor de la Ley 14/2022, ¿qué es el Programa Personalizado de Inclusión (PPI) vinculado a la percepción de la RGI?. a) Una sanción de carácter disciplinario impuesta a quienes no acrediten búsqueda activa de empleo. b) El instrumento técnico consensuado entre la persona titular y los servicios públicos que define las actuaciones para su inclusión laboral y social. c) Una póliza obligatoria de aseguramiento para contingencias de accidentes comunes. d) El plan regimental de régimen cerrado previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

En relación con las Ayudas de Emergencia Social (AES), ¿cuál es su naturaleza jurídica y ámbito de gestión en el Sistema Vasco de Protección Social?. a) Son prestaciones no contributivas de la Seguridad Social gestionadas por el INSS. b) Son prestaciones económicas extraordinarias de derecho subjetivo y pago mensual indefinido. c) Son prestaciones económicas del sistema vasco, finalistas, de pago único o periódico y gestionadas por los Ayuntamientos. d) Son subvenciones europeas destinadas exclusivamente a la rehabilitación arquitectónica de inmuebles públicos.

¿Cuál de los siguientes conceptos de gasto es SUBVENCIONABLE mediante las Ayudas de Emergencia Social (AES) en la fase de transición a la libertad de un excarcelado?. a) El pago de la fianza para el acceso inicial a una vivienda o habitación de alquiler. b) La satisfacción de las indemnizaciones derivadas de responsabilidad civil penal impuestas en sentencia firme. c) Las multas pecuniarias y sanciones tributarias impuestas por administraciones públicas. d) La adquisición de vehículos a motor para traslados de recreo.

Cuando una persona reclusa clasificada en régimen abierto (tercer grado) o en segundo grado mediante artículo 100.2 sale a realizar un programa formativo o laboral exterior, ¿puede percibir la RGI si reúne los requisitos económicos?. a) No, porque toda persona privada de libertad o penada tiene prohibido el acceso a la RGI de manera taxativa. b) Sí, siempre que cumpla los requisitos de ingresos y la modalidad de cumplimiento le permita pernoctar fuera del penal o gestionar de manera autónoma sus condiciones de vida de acuerdo con la norma. c) Solo si la fianza penal fue depositada previamente en metálico en la cuenta de consignaciones del juzgado. d) Únicamente durante los fines de semana en que disfrute de permiso de salida ordinario.

¿Qué papel desempeña el/la profesional de Trabajo Social Penitenciario en la tramitación anticipada de recursos económicos para la salida en libertad?. a) Resolver directamente la concesión de la RGI y librar el pago desde los fondos de caja fija del establecimiento. b) Elaborar el informe social de derivación y enlace con Lanbide y Servicios Sociales Municipales en el marco de la preparación para la libertad. c) Obligar judicialmente a Lanbide a dictar resolución favorable sin aportar documentación de ingresos. d) Gestionar en exclusiva créditos mercantiles bancarios privados a nombre del interno.

¿Cuál es la cuantía patrimonial máxima (límite de bienes) aplicable a la RGI para que una persona individual sea declarada en situación de vulnerabilidad económica?. a) No existe límite de patrimonio; solo se computan los ingresos bancarios mensuales en cuenta corriente. b) El valor de su patrimonio, excluida la vivienda habitual, no puede superar un múltiplo fijado de la cuantía anual de la prestación (límite patrimonial). c) No disponer de un saldo bancario superior a cincuenta euros en el momento del licenciamiento. d) El equivalente a diez veces el Producto Interior Bruto per cápita autonómico.

Según el marco vasco de garantía de ingresos, ¿cuál de las siguientes situaciones constituye causa de suspensión temporal del derecho a la RGI?. a) El internamiento en un centro penitenciario en régimen ordinario o cerrado por un periodo que impida la autonomía convivencial y económica. b) La firma de un contrato de trabajo a tiempo parcial con retribución inferior a la prestación máxima computable. c) La presentación periódica de partes de búsqueda activa de empleo ante la oficina de Lanbide. d) El cambio de domicilio a otro municipio situado dentro de la propia Comunidad Autónoma del País Vasco.

Cuando un conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y cognoscitivas en las cuales el consumo de tóxicos adquiere la máxima prioridad para el sujeto, hablamos de: a) Síndrome de abstinencia. b) Síndrome de dependencia. c) Síndrome de valoración cognoscitiva. d) Síndrome de corresponsabilidad.

Para abordar a la persona con problemas de drogodependencia desde los programas de intervención técnica, se debe partir de una perspectiva: a) Global. b) Circunstancial. c) Parcial. d) Familiar.

Según los informes del Observatorio Vasco sobre Drogas, las sustancias tóxicas más consumidas en la Comunidad Autónoma del País Vasco son: a) Alcohol, tabaco y cannabis. b) Alcohol, tabaco y tranquilizantes. c) Alcohol, cocaína y cannabis. d) Alcohol, benzodiacepinas y cannabis.

¿Qué síntomas físicos y comportamentales suelen aparecer de forma típica ante el abuso moderado de cannabis?: a) Ojos enrojecidos, pupilas dilatadas y cambios bruscos de humor. b) Fuga de ideas y lenguaje acelerado. c) Concentración obsesiva en tareas sistemáticas. d) Alta contracción muscular espasmódica.

Según las clasificaciones diagnósticas clínicas (DSM), para poder establecer un diagnóstico de Trastorno Antisocial de la Personalidad, se exige que: a) El sujeto tenga al menos 18 años y antecedentes de síntomas de trastorno disocial antes de los 15 años. b) Presente como síntoma exclusivo intentos continuados de autolesión. c) Debute exclusivamente antes de los 12 años de edad. d) El individuo mantenga siempre una conducta retraída e inhibida frente al grupo social.

Según la clasificación CIE-10, entre las formas de comportamiento nucleares que sirven de base para el diagnóstico de un Trastorno Disocial se incluyen: a) Ideas delirantes, bulimia y anorexia nerviosa. b) Robos, mentiras reiteradas, absentismo grave o reiterado y fugas del hogar. c) Alteraciones agudas de la percepción táctil y alucinaciones místicas. d) Episodios maníacos con fuga de ideas.

En relación con los límites del rol y la relación de ayuda, los códigos deontológicos de las profesiones de intervención social y socioeducativa establecen que: a) En el proceso de intervención, se evitará toda relación con las personas que trascienda la esfera profesional y suponga una dependencia afectiva o íntima. b) Se permite mantener relaciones afectivas siempre que la familia de la persona usuaria lo autorice por escrito. c) Se permite la vinculación íntima una vez transcurridos seis meses de intervención técnica continuada. d) La relación personal o íntima es recomendable para acelerar la empatía con la persona atendida.

La legislación civil y de protección jurídica (LO 1/1996 y Código Civil) establece que cuando la Entidad Pública competente constata formalmente que una persona menor se encuentra en situación de desamparo, actuará asumiendo: a) La patria potestad directa de ésta. b) La guarda judicial únicamente por auto de medidas cautelares penales. c) La tutela de ésta por ministerio de la ley. d) La curatela representativa patrimonial.

Conforme al marco legal de protección a la infancia y adolescencia, la asunción de la tutela pública legal atribuida a la Entidad Pública lleva consigo: a) La privación definitiva de los apellidos de los progenitores biológicos. b) La suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria previa. c) La extinción automática e irrevocable de cualquier vínculo familiar previo. d) La derivación inmediata a un procedimiento penal ante el juzgado de guardia.

La asunción voluntaria de la GUARDA de un menor por parte de la Entidad Pública procede cuando: a) Los padres o tutores no puedan cuidar del menor temporalmente por circunstancias graves debidamente acreditadas. b) El menor haya cometido una falta disciplinaria muy grave en el ámbito escolar o comunal. c) Exista una solicitud verbal informal sin expediente administrativo de seguimiento. d) Los progenitores decidan delegar el deber alimenticio por razones de ocio.

Según la Ley 39/2006 (LAPAD), ¿cuáles son los grados de dependencia legalmente tipificados según la intensidad de apoyos que requiere la persona para las actividades básicas de la vida diaria (ABVD)?. a) Nivel I (leve), Nivel II (medio) y Nivel III (absoluto). b) Grado I (dependencia moderada), Grado II (dependencia severa) y Grado III (gran dependencia). c) Grado leve (asistido), Grado grave (dependiente) y Grado total (institucionalizado). d) Fase inicial, Fase de desarrollo y Fase de gran soporte continuado.

En el marco competencial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ¿a qué administración pública le corresponde incoar, valorar el Baremo de Valoración de la Dependencia (BVD) y dictar la resolución de reconocimiento de grado a una persona interna en un centro penitenciario vasco?. a) A la Dirección de Servicios Penitenciarios del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco. b) Al Servicio de Valoración de la Dependencia de la Diputación Foral del Territorio Histórico correspondiente (Álava, Bizkaia o Gipuzkoa). c) A la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario a través de su personal médico. d) Al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria del partido judicial donde radique el penal.

¿Cuál es la función técnica preceptiva del/de la Trabajador/a Social penitenciario/a cuando detecta en el departamento de ingresos a una persona reclusa con evidente pérdida de autonomía para las actividades de la vida diaria?. a) Tramitar de oficio ante la Diputación Foral el expediente de valoración de grado y registrar la gestión en la Historia Social y en las estadísticas de discapacidad/dependencia del departamento. b) Conceder de forma directa una Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) imputada a los fondos de caja fija del establecimiento penitenciario. c) Ordenar al Subdirector de Régimen el alta hospitalaria forzosa en un centro sociosanitario externo sin comunicación judicial previa. d) Proceder a la denegación del trámite por considerarse la prisión un ámbito totalmente excluido de la aplicación de la Ley 39/2006.

En el medio penitenciario, ¿cuál de las siguientes prestaciones o servicios contemplados en el Catálogo de la Ley 39/2006 es INCOMPATIBLE de facto durante el régimen de internamiento ordinario o cerrado de una persona penada?. a) El seguimiento médico y psiquiátrico por la red sanitaria integrada. b) El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF). c) La valoración técnica de apoyos por parte del Equipo Técnico del centro. d) El apoyo de la figura del interno de soporte en la celda o módulo para actividades de vida diaria.

Cuando una persona calificada con Gran Dependencia (Grado III) o enfermedad grave e incurable no puede valerse por sí misma dentro de un módulo ordinario, ¿qué vía legal y técnica permite su atención en el exterior según el Código Penal y el Reglamento Penitenciario?. a) La expulsión administrativa forzosa sin intervención del juzgado sentenciador. b) La clasificación en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal, o la suspensión de la pena para su ingreso en un centro residencial foral o sociosanitario exterior. c) La obligatoriedad de que la familia ingrese a vivir dentro de la celda de la prisión. d) El traslado forzoso y permanente a un centro de régimen cerrado de máxima seguridad.

Dentro del módulo penitenciario, cuando un interno con grado de dependencia no puede realizar de forma autónoma tareas básicas (desplazarse al comedor, levantarse de la cama o mantener el aseo elemental), ¿qué apoyo operativo e institucional se articula de inmediato?. a) Contratar a través del peculio penitenciario a un asistente personal externo privado. b) La asignación de un «interno de apoyo» formalmente seleccionado y supervisado por el Equipo Técnico y la Junta de Tratamiento. c) La imposición de una sanción de aislamiento en celda por falta de adaptación al régimen. d) Suspender las comidas del interno hasta que adquiera la autonomía funcional requerida.

Durante la estancia en tercer grado abierto telemático (art. 86.4 RP) o semilibertad, una persona con Grado II de dependencia reconocida: a) Tiene totalmente prohibido acceder a recursos comunitarios por seguir sujeta a condena penal. b) Puede acceder a los servicios de Centro de Día foral o Servicio de Ayuda a Domicilio exterior previa formalización técnica del PIA y supervisión del CIS o SEPAC. c) Pierde de forma definitiva e irrevocable la titularidad de sus derechos sociales y civiles. d) Pasa a depender económicamente de forma exclusiva de la Agencia Vasca Aukerak.

En la fase de preparación para la libertad o licenciamiento definitivo de una persona con dependencia severa reconocida y sin red de apoyo sociofamiliar, ¿cuál es la actuación técnica obligatoria de Trabajo Social?. a) Retener a la persona en prisión una vez cumplida la condena para garantizar que tenga techo y comida. b) Elaborar con suficiente antelación el informe social de derivación para coordinar con la Diputación Foral la asignación de una plaza residencial o centro de estancia adaptado al momento de la salida. c) Ordenar judicialmente a un centro de salud comarcal que acoja de forma forzosa a la persona sin incoar expediente social. d) Limitarse a expedir el billete de transporte y certificar la salida sin enlace externo.

¿Cuál de las siguientes prestaciones económicas contempladas en la Ley de Dependencia puede compatibilizarse al egreso definitivo de prisión para costear la permanencia en un equipamiento residencial de atención secundaria acreditado en el País Vasco?. a) La Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS). b) El Subsidio Asistencial Penitenciario de Retiro Forzoso. c) El Fondo de Compensación de Peculio Extinto. d) El Cheque Asistencial del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

El baremo oficial que determina la situación de dependencia en todo el Estado evalúa de forma específica: a) El nivel de ingresos patrimoniales y el historial crediticio de la unidad familiar. b) La capacidad de la persona para llevar a cabo por sí misma las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) y la necesidad de apoyo de una tercera persona. c) El historial de condenas y los antecedentes penales cancelados judicialmente. d) El coeficiente intelectual expresado en pruebas psicotécnicas estandarizadas.

De conformidad con el artículo 80 del Código Penal, los jueces o tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a: a) Dos (2) años, con carácter ordinario. b) Tres (3) años, con carácter ordinario. c) Cinco (5) años, con carácter ordinario. d) Un (1) año, en todo caso.

¿En qué artículo de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal se señala la exención de responsabilidad criminal para quien «al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión»?. a) Artículo 15. b) Artículo 20 (art. 20.1). c) Artículo 22. d) Artículo 23.

Según se define en el artículo 2 de la Ley 39/2006 (LAPAD), ¿qué se entiende técnicamente por «Autonomía»?. a) La capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. b) La capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas sociales, así como desarrollar actividades instrumentales de la vida diaria. c) La suficiencia de recursos económicos y patrimoniales para costear una plaza de atención secundaria en un centro residencial privado foral. d) La inexistencia total de patologías clínicas o diagnósticos recogidos en el catálogo de discapacidades.

Según la tipología europea ETHOS (European Typology on Homelessness and Housing Exclusion), ¿cuál de las siguientes situaciones se clasifica formalmente dentro de la categoría de «Vivienda insegura» (insecure housing)?. a) Personas que viven en la calle o espacios públicos sin cobijo alguno (sin techo). b) Personas que viven bajo amenaza de desahucio judicial, orden de expulsión o bajo violencia. c) Personas que pernoctan en estructuras temporales no convencionales como chabolas o caravanas en infravivienda (vivienda inadecuada). d) Personas ingresadas en centros penitenciarios sin fecha de licenciamiento fijada.

La Ley 6/2022, de 31 de marzo, modificó el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad (TRLGD) incorporando y regulando de manera expresa en el ordenamiento jurídico: a) La creación obligatoria de prisiones asistenciales exclusivas por territorios forales. b) La accesibilidad cognitiva, garantizando la comprensión, la comunicación y el uso de la lectura fácil en entornos públicos y procedimientos judiciales/administrativos. c) La concesión automática de la incapacidad permanente absoluta a los liberados condicionales. d) La exención total del régimen disciplinario para personas con discapacidad psíquica.

¿Qué norma supuso la reforma estructural de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, suprimiendo las declaraciones judiciales de incapacitación?. a) La Ley Orgánica 1/2015 del Código Penal. b) La Ley 8/2021, de 2 de junio. c) El Real Decreto Legislativo 1/2013 de Dependencia. d) La Ley 14/2022 del Sistema Vasco de Inclusión.

Según el Código Civil (art. 172), ¿qué situación es aquella que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección para la guarda de los menores, cuando estos quedan privados de la necesaria asistencia moral o material?. a) Situación de conflicto convivencial leve. b) Situación de desamparo. c) Situación de custodia forzosa judicial. d) Situación de emancipación no consentida.

La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, suprimió de nuestro ordenamiento civil: a) La tutela de personas menores de edad en situación de desamparo foral. b) La patria potestad prorrogada, la patria potestad rehabilitada y la declaración judicial de incapacitación. c) La figura de la guarda de hecho como medida informal de apoyo asistencial. d) El derecho de las personas con discapacidad a prestar declaración en sede penitenciaria.

Conforme al Código Civil reformado por la Ley 8/2021, ¿cuál es la medida ordinaria y preferente de apoyo para las personas con discapacidad, concebida como una institución jurídica informal que no requiere nombramiento judicial previo salvo conflicto de intereses?. a) La curatela representativa de pleno derecho. b) La guarda de hecho. c) El defensor judicial subsidiario de ejecución penal. d) La tutela institucional de la administración penitenciaria.

Dentro de las medidas judiciales de apoyo a la capacidad, la «curatela» se concibe con carácter general como una medida de naturaleza: a) Sustitutiva y expropiatoria de todas las facultades de administración personal y patrimonial. b) Asistencial, donde la persona curadora auxilia y acompaña al asistido respetando su autonomía, voluntad y preferencias. c) Coercitiva, subordinada directamente a la supervisión disciplinaria del Director de la prisión. d) Disciplinaria, orientada a evitar que el penado formule peticiones ante el Juzgado de Vigilancia.

Según el Manual de Procedimiento de Trabajo Social en Instituciones Penitenciarias, ¿qué actuación corresponde al/a la Trabajador/a Social ante un recluso con sospecha o evidencia de discapacidad no reconocida ni apoyada legalmente?. a) Informar al interno/a, tramitar de oficio el inicio de la valoración social/sanitaria e incoar, de ser preciso, la comunicación al Ministerio Fiscal para la provisión judicial de apoyos. b) Incoar un parte disciplinario por falta muy grave para apartarlo de la convivencia ordinaria. c) Nombrarse a sí mismo/a como curador representativo patrimonial del interno en su cuenta de peculio. d) Suspender cautelarmente la ejecución de la condena penal de manera inmediata sin consulta judicial.

En el medio penitenciario, el Programa para la Atención Integral a Personas con Discapacidad Intelectual (PDI) exige la intervención del Equipo Técnico. ¿Cuál es el papel directo del Trabajo Social en dicho programa?. a) Aplicar las pruebas psicométricas de cociente intelectual y pruebas de personalidad proyectivas. b) Valorar la red de apoyo sociofamiliar, tramitar el certificado de discapacidad foral y coordinar con entidades del Tercer Sector especializadas (ej. Plena Inclusión/Gorabide/Atzegi). c) Custodiar la llave de la celda del interno y dispensarle la medicación pautada en mano. d) Dictaminar unilateralmente la extinción de la responsabilidad civil derivada del delito cometido.

La Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal y la Ley 8/2021 reconocen la figura del «facilitador». En el ámbito penitenciario y judicial, ¿qué función desempeña este profesional de apoyo?. a) Sustituir la declaración del interno investigado contestando en su lugar durante el juicio oral. b) Auxiliar a la persona con discapacidad intelectual o cognitiva en la comprensión y comunicación de los actos procesales y regimentales (notificaciones, autos, entrevistas técnicas). c) Ejercer las labores de custodia armada en los traslados hospitalarios interprovinciales. d) Cobrar los subsidios públicos y salarios en talleres productivos en nombre del penado.

¿En qué supuesto procede judicialmente la designación de un «defensor judicial» conforme a la legislación civil de apoyo a la capacidad?. a) Cuando la persona con discapacidad disfrute de un permiso extraordinario de urgencia hospitalaria. b) Cuando exista un conflicto de intereses coyuntural entre la persona con discapacidad y su figura de apoyo (curador o guardador de hecho), o se requiera un acto jurídico puntual. c) Siempre que la persona reclusa sea clasificada por vez primera en segundo grado ordinario penitenciario. d) Cuando el penado renuncie voluntariamente a realizar actividades formativas o deportivas en prisión.

Cuando una persona reclusa con discapacidad intelectual o trastorno del neurodesarrollo comete una infracción disciplinaria dentro del establecimiento, ¿qué cautela técnica y legal debe valorarse preceptivamente?. a) Se le debe imponer en todo caso la sanción máxima de aislamiento en celda de 14 días para corregir su conducta. b) La Junta de Tratamiento y los informes técnicos deben valorar la imputabilidad disciplinaria y si la conducta responde a su déficit cognitivo, proponiendo medidas socioeducativas o adaptaciones regimentales en lugar de sanciones lesivas. c) Se le expulsará de manera irrevocable del centro penitenciario sin comunicación al juzgado sentenciador. d) No se levantará ningún tipo de acta ni parte regimental por existir una prohibición absoluta de registrar incidentes.

En la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuando una persona reclusa con discapacidad intelectual severa carece de familia y necesita un curador formal al aproximarse su salida en libertad condicional o definitiva, ¿a qué entidad pública tutelar foral se deriva el expediente?. a) A la Comisión Mixta de Traslados de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. b) Al Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS en Álava), Instituto Tutelar Bizkaia o Fundación Tutelar Foral de Gipuzkoa. c) A la Dirección de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco de forma directa. d) Al Registro Central de Penados y Rebeldes de la Audiencia Nacional.

Según el Manual de Procedimiento de Trabajo Social, en la atención a personas con discapacidad que acceden al medio abierto (tercer grado o libertad condicional), el seguimiento técnico exige: a) Mantener un contacto regular con la red de apoyo (familia, tutores, curadores o entidades de tutela) y verificar la efectiva vinculación a los recursos ocupacionales o de centro de día comunitarios. b) Exigir que la persona permanezca encerrada 24 horas al día en el piso de acogida sin posibilidad de salir a la vía pública. c) Custodiar bajo llave los documentos de identidad originales del liberado en la caja de seguridad del penal. d) Suspender cualquier contacto con los Servicios Sociales de Base municipales para salvaguardar la intimidad.

En el medio penitenciario, ¿cuál es el objetivo primordial del Programa Marco de Atención Integral a Enfermos Mentales en Prisión (PAIEM)?. a) Sustituir las resoluciones judiciales condenatorias mediante indultos médicos automáticos tramitados por Trabajo Social. b) La detección precoz, la estabilización clínica, la rehabilitación psicosocial y la preparación para la continuidad de cuidados en la comunidad de internos con trastorno mental grave. c) Aislar en celdas de castigo individuales y de forma indefinida a cualquier persona que manifieste sintomatología psiquiátrica. d) Gestionar en exclusiva la provisión de empleo protegido en la agencia Aukerak sin seguimiento sanitario.

En los centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Zaballa, Basauri y Martutene), ¿a través de qué red pública se garantiza la atención médica, psiquiátrica y especializada de las personas internas incluidas en el PAIEM?. a) A través de la red del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), coordinando las Unidades de Atención Primaria del penal con los Centros de Salud Mental (CSM) y hospitales comarcales. b) A través de mutualidades privadas concertadas directamente por el Ministerio de Justicia. c) Exclusivamente mediante servicios médicos contratados por la Dirección de Seguridad del penal. d) A través del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de forma clínica directa.

¿Cuál es la función técnica directa y específica que desempeña el/la profesional de Trabajo Social dentro del equipo interdisciplinar del PAIEM?. a) Diagnosticar la patología psiquiátrica clínica y pautar el tratamiento psicofarmacológico. b) Valorar la situación sociofamiliar, tramitar el reconocimiento del grado de discapacidad/dependencia foral y preparar la red de apoyo exterior de enlace. c) Custodiar la medicación psicotrópica en la farmacia del establecimiento penitenciario. d) Dictaminar de forma unilateral las sanciones disciplinarias por desobediencia en el módulo.

De conformidad con el Código Penal (arts. 96 y 101), cuando un tribunal impone una Medida de Seguridad privativa de libertad de internamiento en un centro o establecimiento psiquiátrico penitenciario a una persona declarada exenta de responsabilidad (art. 20.1 CP), ¿cuál es el «techo temporal» de dicha medida?. a) Puede ser indefinida y prolongarse de por vida mientras el equipo clínico no acredite la curación total del paciente. b) No podrá exceder en ningún caso del tiempo que hubiera durado la pena privativa de libertad si el sujeto hubiera sido declarado responsable penal. c) Se fija obligatoriamente en un plazo máximo e invariable de tres años naturales. d) Se extingue automáticamente transcurridos seis meses desde su ingreso formal.

En el medio penitenciario, el fenómeno clínico de la «Patología Dual» hace referencia a: a) La concurrencia simultánea en una persona de dos condenas penales de la misma gravedad jurídica. b) La coexistencia concurrente en el mismo individuo de un trastorno por uso de sustancias psicoactivas (adicción) y al menos un trastorno psiquiátrico severo o moderado. c) La duplicidad de identidades registrales detectada en los ficheros de extranjería penitenciaria. d) La manifestación simultánea de una discapacidad visual y una discapacidad auditiva congénita.

Conforme al artículo 60 del Código Penal, si a una persona que se encuentra cumpliendo una condena ordinaria de prisión le sobreviene un trastorno mental grave, ¿qué medida debe adoptar la autoridad judicial?. a) Aplicarle de inmediato la libertad definitiva irrevocable sin control asistencial alguno. b) Suspender la ejecución de la pena de prisión y acordar la medida de internamiento en centro asistencial adecuado por el tiempo restante de condena. c) Prohibir que reciba tratamiento médico especializado hasta que extinga la totalidad de su condena. d) Trasladarlo de oficio a un departamento especial de régimen cerrado.

¿Cómo se administra habitualmente la medicación psicofarmacológica pautada a los internos incluidos en el PAIEM dentro del establecimiento penitenciario para prevenir sobredosis, acúmulos o tráfico clandestino?. a) Se entrega la caja completa con el tratamiento mensual en la celda para fomentar la autorresponsabilidad. b) Mediante tratamiento médico directamente observado (TDO), suministrando los psicofármacos triturados o disueltos bajo supervisión directa. c) Se deposita en el economato del penal para su adquisición libre mediante el peculio. d) Solo se dispensa medicación a solicitud por escrito del interno aprobada por la Junta de Tratamiento.

Cuando una persona reclusa integrada en el PAIEM presenta un deterioro cognitivo y volitivo severo, carece de red familiar y requiere salvaguarda jurídica al aproximarse su excarcelación, ¿qué trámite debe promover Trabajo Social penitenciario conforme a la Ley 8/2021?. a) Incoar comunicación formal al Ministerio Fiscal para la adopción judicial de medidas de apoyo a la capacidad (curatela foral). b) Dictar una resolución administrativa que revoque su mayoría de edad de forma retroactiva. c) Solicitar al Director de la prisión que asuma la patria potestad prorrogada del interno de por vida. d) Denegar la excarcelación y mantener a la persona encerrada sine die.

En la fase de preparación para el licenciamiento o salida en régimen abierto de una persona con trastorno mental grave, ¿cuál es el instrumento técnico que garantiza la continuidad de cuidados en la red comunitaria exterior?. a) La remisión del Informe Social de Enlace al Centro de Salud Mental (CSM) de Osakidetza del municipio de destino, asegurando cita previa y medicación. b) La entrega de una orden judicial de detención cautelar para su presentación diaria en comisaría. c) El pago íntegro en mano de una anualidad de la Renta de Garantía de Ingresos desde la caja de la prisión. d) La delegación de la custodia en las empresas empleadoras de talleres productivos.V.

Si un interno en módulo penitenciario sufre una descompensación psicótica aguda que genera una situación de agitación incontrolable con grave riesgo para su vida o la de otros internos y que no responde al abordaje en la enfermería del centro, ¿cuál es el procedimiento urgente de actuación?. a) Aislar al interno en celda especial sin atención sanitaria durante al menos 14 días reglamentarios. b) Tramitar el traslado de urgencia a una Unidad Psiquiátrica Hospitalaria de Agudos de la red de Osakidetza bajo custodia, dando cuenta inmediata a la autoridad judicial. c) Sancionarlo con privación de paseos al patio y suspensión de llamadas telefónicas por falta leve. d) Esperar a la siguiente reunión trimestral de la Junta de Tratamiento para evaluar la progresión.

De acuerdo con el artículo 38.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) y el Reglamento Penitenciario, las mujeres internas tienen derecho a conservar en su compañía dentro del centro penitenciario a sus hijos e hijas menores hasta que alcancen la edad de: a) Dos (2) años. b) Tres (3) años. c) Cinco (5) años. d) Seis (6) años.

El Programa marco de intervención penitenciaria «Ser Mujer.es» tiene como objetivo técnico prioritario: a) La sanción disciplinaria de conductas conflictivas en el módulo de mujeres. b) Dotar a las internas de herramientas personales para superar la violencia de género y la subordinación sufrida previamente, favoreciendo el empoderamiento y la autonomía personal. c) Fomentar de forma exclusiva tareas domésticas tradicionales y de lavandería en el módulo. d) Eximir a las mujeres condenadas de la obligación de satisfacer la responsabilidad civil derivada del delito.

Las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para mujeres delincuentes son formalmente conocidas en la doctrina penitenciaria como: a) Las Reglas de Tokio. b) Las Reglas de Bangkok. c) Las Reglas Nelson Mandela. d) Las Directrices de Riad.

Cuando una persona reclusa embarazada o madre con un hijo menor interno a su cargo requiere medidas de control de su condena en el exterior, ¿cuál es el dispositivo específico contemplado en la legislación penitenciaria para favorecer el apego fuera del penal ordinario?. a) El ingreso preventivo en un centro foral cerrado de justicia juvenil. b) Las Unidades de Madres o dependencias extrapenitenciarias y la aplicación preferente de regímenes abiertos (art. 82 y art. 86.4 RP). c) El traslado obligatorio a un régimen cerrado o de aislamiento provisional. d) La delegación de la custodia provisional en los talleres productivos de Aukerak.

En el ámbito de la intervención de Trabajo Social con mujeres internas víctimas de violencia machista previa acreditada, ¿qué principio de actuación rige respecto a los programas de justicia restaurativa y mediación penal?. a) La mediación penal entre la víctima y su agresor machista está expresamente prohibida por ley (art. 87 ter LOPJ y Estatuto de la Víctima). b) Se obliga a celebrar careos mensuales en la sala de juntas del centro penitenciario. c) La mediación solo se aplica si el penado abona la pensión compensatoria de forma previa. d) Es un trámite reglamentario preceptivo e ineludible para clasificar en segundo grado ordinario.

De conformidad con el artículo 89 del Código Penal, las penas privativas de libertad superiores a un año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español, con carácter general, SALVO que: a) El penado carezca de recursos económicos suficientes en su cuenta de peculio. b) El tribunal aprecie excepcionalmente que la expulsión resulta desproporcionada a la vista de su arraigo en España (tiempo de residencia, vínculos familiares y sociales).V. c) El interno se niegue a firmar la propuesta emitida por el Equipo Técnico. d) La condena no supere los diez años de privación de libertad.

¿Qué papel técnico corresponde preceptivamente al/a la Trabajador/a Social penitenciario/a cuando la autoridad judicial solicita informe para valorar la sustitución de la pena de prisión por expulsión del artículo 89 del Código Penal?. a) Determinar la viabilidad jurídica de los tratados de extradición bilaterales. b) Elaborar el informe social de arraigo valorando la convivencia familiar, descendientes a cargo, tiempo de estancia continuada y vínculos laborales o de formación en el Estado. c) Decretar el cierre cautelar de fronteras y la anulación del pasaporte del interno. d) Cobrar las tasas de tramitación consular mediante deducción forzosa del peculio.

Según el artículo 89.5 del Código Penal, la persona extranjera que haya sido judicialmente expulsada en sustitución de su condena penal no podrá regresar a España en un plazo que: a) Será siempre de un año natural inalterable. b) Se fijará entre cinco (5) y diez (10) años, según la duración de la pena sustituida y las circunstancias del penado. c) No podrá exceder nunca de tres años desde el cruce de frontera. d) Será de por vida en cualquier circunstancia y sin posibilidad de revisión.

Cuando una persona extranjera privada de libertad manifiesta en prisión su voluntad de solicitar Protección Internacional (Asilo o Protección Subsidiaria), ¿cuál es el procedimiento que debe articularse de inmediato?. a) Suspender cautelarmente la tramitación hasta que la persona acceda al tercer grado o a la libertad definitiva. b) Comunicar formalmente la solicitud a la Dirección del centro para tramitar la petición ante la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), garantizándole asistencia letrada e intérprete gratuito. c) Proceder a su expulsión urgente sin esperar la resolución administrativa. d) Imponerle una falta disciplinaria leve por obstrucción a los procedimientos de extranjería ordinarios.

En el medio penitenciario, las personas extranjeras en situación administrativa irregular (sin permiso de residencia o trabajo): a) Tienen totalmente prohibido acceder a los permisos ordinarios de salida y a la progresión a tercer grado de tratamiento. b) Tienen restringido el acceso automático a permisos, pero la falta de documentación no impide de forma absoluta la progresión de grado si el Equipo Técnico constata un arraigo y evolución favorable sin riesgo de fuga. c) Quedan excluidas de la asistencia médica pública y de la escolarización básica intramuros. d) Pasan automáticamente a cumplir su condena bajo el régimen cerrado de primer grado (art. 10 LOGP).

De acuerdo con el artículo 80.5 del Código Penal, los jueces y tribunales podrán acordar la suspensión de las penas privativas de libertad de hasta cinco años de duración cuando los penados hayan cometido el hecho delictivo a causa de su grave adicción a sustancias y se acredite formalmente que: a) Han extinguido íntegramente la sanción disciplinaria en régimen cerrado. b) Se encuentran deshabituados o sometidos a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre la suspensión. c) Han depositado una fianza económica equivalente al doble de la responsabilidad civil derivada del delito. d) Tienen concedido el tercer grado de tratamiento penitenciario por el Centro Directivo.

Conforme al artículo 182 del Reglamento Penitenciario (RD 190/1996), ¿qué vía se articula para que personas penadas clasificadas en segundo o tercer grado con problemas de adicción puedan continuar su proceso de deshabituación en centros extrapenitenciarios adecuados (comunidades terapéuticas)?. a) La libertad definitiva inmediata con archivo definitivo de la ejecutoria judicial. b) La autorización por la Junta de Tratamiento de salidas para el cumplimiento del tratamiento en instituciones extrapenitenciarias adecuadas, previa aprobación de la autoridad judicial o centro directivo según el grado. c) La imposición de una sanción de aislamiento modular por inadaptación regimental. d) La delegación de la custodia penal exclusiva en la Policía Local del municipio de origen.

¿Cuál es la función técnica nuclear que realiza el/la profesional de Trabajo Social penitenciario respecto a las Unidades Terapéuticas y Educativas (UTE) o módulos libres de drogas?. a) Administrar y dosificar el tratamiento con metadona o buprenorfina en el botiquín del módulo. b) Evaluar la red de apoyo sociofamiliar, tramitar el acceso a recursos comunitarios normalizados de adicciones y coordinar el seguimiento con el equipo multidisciplinar y entidades colaboradoras. c) Realizar los cacheos y registros preventivos en las celdas de convivencia. d) Determinar la sanción administrativa en caso de dar positivo en un control de orina.

En los centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, los Programas de Mantenimiento con Metadona (PMM) y la atención integral a las patologías adictivas están integrados funcionalmente en: a) El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). b) El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), a través de los equipos de atención primaria y unidades de salud mental y adicciones comarcales. c) Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria correspondientes. d) El Fondo de Garantía Salarial y Empleo Foral.

En el seguimiento de una suspensión de condena condicionada a tratamiento de deshabituación (art. 83 y 80.5 CP) coordinada desde los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas (SGPMA), ¿qué documento elabora Trabajo Social para la autoridad judicial en caso de abandono voluntario y no justificado del tratamiento?. a) Un auto judicial de sobreseimiento libre. b) Un informe social motivado de incumplimiento de las condiciones impuestas, trasladándolo al Juzgado sentenciador para que resuelva si revoca o no la suspensión. c) La revocación directa y unilateral de la libertad del usuario sin intervención del juez. d) Una providencia de liquidación de condena con abono de costas procesales.