Penal económico

Respecto del delito de tráfico de influencias: A diferencia del delito de cohecho, castiga tanto a la autoridad o funcionario público como al particular. Se trata de un delito de resultado, es decir, precisa de la obtención del beneficio perseguido. En este tipo delictivo el ánimo de lucro debe ser propio, no ajeno. Respecto al beneficio que ha de perseguir el sujeto activo, el Código Penal se refiere exclusivamente a la generación de un beneficio de tipo económico.

El delito de malversación: Se puede consumar por apropiación o por distracción. Con la reforma de la LO 14/2022, la apropiación de patrimonio público con ánimo de lucro exige expresamente un lucro económico y propio. Con la reforma de la LO 14/2022, la reintegración de los elementos del patrimonio público distraídos no tiene efectos en la pena a imponer. Sólo se consuma en caso de obtención de un lucro, que puede ser o no patrimonial.

El delito de cohecho: Exige para su comisión que la autoridad o funcionario público, a cambio de la dádiva, realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo. Exige para su comisión que la autoridad o funcionario público, a cambio de la dádiva, realice un acto que puede ser contrario o no a los deberes inherentes a su cargo. Solo puede ser cometido por autoridad o funcionario público, ya que la conducta del particular se tipifica en otro título del Código Penal. No tiene por qué exigirle a la autoridad o funcionario público la realización de un acto u omisión.

Señala la pregunta verdadera. El delito de financiación ilegal de partidos políticos: Puede ser cometido por el partido político, pero para su sanción habrá que remitirse a la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. Puede ser cometido por persona jurídica, concepto que excluye a los propios partidos políticos. Puede ser cometido por el partido político, con un régimen de responsabilidad penal idéntico al de otra sociedad mercantil. Solo castiga al que reciba las donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, pero no al que las realiza.

Señala la pregunta verdadera. Respecto del delito de financiación ilegal de partidos políticos: Solo castiga los supuestos que los artículos 304 bis y 304 ter del Código Penal prevén como de especial gravedad. La disolución del partido político solo es posible en caso de imponerse esta pena en sentencia. La suspensión judicial del partido político se puede aplicar como pena y como medida cautelar. El partido político es una de las personas jurídicas no obligadas a establecer programas de prevención.

Respecto del delito de prevaricación: En los delitos contra la administración pública solo puede ser cometido por funcionario público y por un juez o magistrado. En los delitos contra la administración pública, puede ser cometido por una autoridad o funcionario público y por un juez o magistrado. Todas las anteriores son falsas. En los delitos contra la administración pública solo puede ser cometido por funcionario público.

En cuanto al concepto de corrupción: La definición de corrupción no se contempla en nuestro Código Penal pero sí en alguna normativa supranacional. El Código Penal define la corrupción en su parte general, a continuación de los conceptos de autoridad y funcionario público. El Código Penal no define expresamente el concepto de corrupción, únicamente los cataloga dentro de los delitos contra la administración pública y la administración judicial. La definición de corrupción que ofrece nuestro Código Penal contempla los casos de corrupción política, judicial y administrativa.

Los partidos políticos: Son expresión del pluralismo político, que es uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Todas las anteriores son falsas. No son objeto de mención especial en la Constitución Española. Son objeto de mención especial en el artículo 6 Constitución Española, y su regulación se desarrolla mediante ley ordinaria.

El delito de prevaricación del art. 404 CP: Castiga al sujeto activo cuando, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial. Castiga al sujeto activo que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para dictar, a sabiendas de su injusticia, una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial. La respuesta b) es verdadera pero también castiga al que ofreciere o entregare la dádiva, favor o retribución de cualquier clase. Todas las respuestas anteriores son falsas.

No es delito contra la administración pública: Los fraudes y exacciones ilegales. La omisión del deber de perseguir delito. La acusación y denuncia falsa. La infidelidad en la custodia de documentos.

¿Cuál es la importancia de la formación de los empleados en relación con el canal de denuncias?. Limitar el acceso a la información. No es relevante. Promover la cultura de denuncia responsable. Garantizar que se ignoren las denuncias.

Según la Directiva (UE) 2019/1937, ¿cuál es el derecho de los denunciantes objeto de protección?. Derecho a la propiedad. Derecho a la educación. Derecho al honor. Derecho a la libertad de expresión e información.

En caso de que el Instructor del Canal Interno de Información tenga dudas sobre la admisibilidad de la comunicación, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: El Instructor no tiene la obligación de contactar al informante y puede decidir unilateralmente sobre la admisión de la denuncia en un plazo de diez días naturales. El Instructor debe pronunciarse sobre la admisión de la comunicación dentro de los cinco días naturales siguientes a la recepción de la denuncia, sin necesidad de contactar al informante. Todas las anteriores son falsas. Si el Instructor tiene dudas sobre la admisibilidad de la comunicación, debe solicitar al informante que aclare o complemente su denuncia en un plazo de tres días naturales, y luego pronunciarse sobre la admisión en un plazo máximo de siete días naturales desde la conclusión del plazo otorgado al informante.

El canal de denuncias o whistleblowing: Dota a la persona jurídica de una medida de control sobre su propia actividad. Es un elemento esencial en todo programa de cumplimiento. Todas son verdaderas. Permite a la organización poner en conocimiento de las autoridades la infracción detectada, con la consiguiente atenuación de la responsabilidad penal.

¿Qué debe hacer el responsable del Sistema Interno de Información si recibe una denuncia anónima a través del canal de denuncias?. Publicar la denuncia internamente para que todos los empleados estén informados de las irregularidades. Deberá preservar su protección si posteriormente el denunciante es identificado y sufre represalias. Revelar inmediatamente la identidad del denunciante si es posible, para validar la denuncia. Ignorar la denuncia, ya que las denuncias anónimas no son válidas según la Directiva.

María, empleada de BECO S.L.P., firma líder en la prestación de servicios legales, remitió un correo electrónico al canal de denuncias de la referida entidad bajo el nombre “Situación financiera”. En dicho correo, la empleada expone una serie de irregularidades y conductas que podrían constituir posibles ilícitos penales dentro de la sociedad. Indique la respuesta correcta: La identidad de María debe mantenerse confidencial y solo puede ser revelada en circunstancias excepcionales, como una investigación judicial, y se le debe informar previamente de dicha revelación. La identidad de María puede ser revelada a cualquier empleado de BECO S.L.P. para facilitar la investigación interna de las irregularidades denunciadas. La identidad de María debe mantenerse confidencial, y bajo ninguna circunstancia puede ser revelada, incluso si hay una investigación judicial o un proceso legal en curso. La identidad de María debe mantenerse confidencial, pero puede ser revelada sin su consentimiento si un compañero solicita conocer su identidad para colaborar en la investigación.

BECO S.L.P., cuenta con una plantilla de 49 trabajadores, ¿está obligada a disponer de un canal de denuncias?. Sí, debido a que se trata de un sujeto obligado en materia de prevención de blanqueo de capitales. No, debido a que la Directiva establece que solo las empresas con 50 o más trabajadores deben estar sujetas a la obligación de establecer canales de denuncia. Todas las anteriores son falsas. No, en todo caso.

¿Cuál de las siguientes circunstancias puede llevar al Instructor del canal de denuncias a no pronunciarse sobre la admisión de una comunicación en el plazo de diez días naturales?. Que del análisis preliminar de la comunicación concluya que existe cualquier circunstancia relacionada con la misma que pueda suponer para el Instructor del Canal Interno de Información un conflicto de interés o que de cualquier forma afecte o pueda afectar a su neutralidad o independencia de actuación, en cuyo caso deberá ponerlo en conocimiento del Responsable del SII en el plazo máximo de los tres días naturales siguientes a la fecha de registro de la comunicación. Que del análisis preliminar de la comunicación concluya que existe cualquier circunstancia relacionada con la misma que pueda suponer para el Instructor del Canal Interno de Información un conflicto de interés o que de cualquier forma afecte o pueda afectar a su neutralidad o independencia de actuación, en cuyo caso deberá ponerlo en conocimiento del Responsable del SII en el plazo máximo de los cinco días naturales siguientes a la fecha de registro de la comunicación. Que, realizado ese análisis preliminar, el Instructor del Canal Interno de Información tenga dudas sobre la admisibilidad de la comunicación. A y C son verdaderas. (respuesta correcta).

A efectos prácticos, ¿es el canal de denuncias un medio útil para proseguir una investigación interna?. Sí, existiendo jurisprudencia del Tribunal Supremo que avala su utilización como fuente para proseguir una investigación interna. Sí, siempre que se gestionen de manera adecuada y se respeten los principios de confidencialidad y protección al denunciante. No, ya que suele generar desconfianza entre los empleados. A y B son verdaderas.

Indique la respuesta correcta respecto de las actuaciones durante la instrucción de una comunicación en el Canal Interno de Información: Durante la instrucción, se evitará informar a la persona afectada de los hechos relatados para no interferir con la investigación. La identidad del informante será comunicada a los sujetos afectados para garantizar la transparencia del proceso. No es necesario realizar una entrevista con la persona afectada durante la instrucción. Se garantizará que la persona afectada por la información tenga noticia de la misma y de los hechos relatados de manera sucinta, así como del derecho a presentar alegaciones por escrito y del tratamiento de sus datos personales.

En caso de imputación de una persona jurídica, el Juzgado deberá llamar a declarar en su nombre a su representante legal, que deberá acudir asistido de letrado, o, en su defecto, se le nombrará uno de oficio. Verdadero, y si este no comparece se entenderá que se acoge a su derecho a no declarar. Falso, la asistencia letrada a la persona jurídica no es preceptiva hasta la fase de apertura de juicio oral, una vez se formula acusación contra la misma. Verdadero, la persona jurídica tendrá además los mismos derechos y garantías que la persona física. Falso, se la deberá requerir para que designe a la persona que la representará durante el procedimiento penal.

El derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable implica que: El investigado o acusado puede o no declarar, e incluso mentir en su declaración, siempre que ello no suponga acusar a otra persona de la comisión del delito. El investigado o acusado puede o no declarar e incluso mentir en su declaración. El investigado o acusado está obligado a declarar, pero no a decir verdad. El investigado o acusado puede decidir si declarar o no, pero si lo hace debe decir verdad, al igual que los testigos, que también podrán optar entre prestar o no declaración, y si lo hacen están obligados a decir verdad.

Señale la pregunta correcta: Las conversaciones entre el investigado y su abogado defensor son inviolables, sin excepciones. Si el investigado se haya en prisión provisional, se podrán intervenir sus comunicaciones con su abogado defensor siempre que existe resolución judicial motivada. Si el investigado se haya en prisión provisional, se podrán intervenir sus comunicaciones con su abogado defensor en supuestos de terrorismo cuando existe resolución motivada del director del Centro Penitenciario. Todas las anteriores son falsas.

La presencia del acusado en el juicio es obligatoria en todos los casos. Falso, se podrá celebrar en ausencia con independencia de la gravedad del delito objeto de acusación, siempre que esté presente su abogado y así lo consienta. Verdadero, sin su presencia física no es posible la celebración del juicio y este deberá suspenderse. Falso, dependerá de la gravedad del delito objeto de acusación, y además se tiene que haber intentado su citación en debida forma. Falso, dependerá de la gravedad del delito objeto de acusación.

El derecho del investigado o acusado a utilizar los medios de prueba no tiene carácter ilimitado. Falso, tiene carácter ilimitado y su vulneración es objeto de amparo ante el Tribunal Constitucional. Verdadero, solo es necesario que el medio de prueba sea pertinente, tal y como recoge el art. 24 de la Constitución Española. Verdadero, pero además de pertinente el medio de prueba tiene que ser útil y necesario, de conformidad con la jurisprudencia. Verdadero, y por tanto su inadmisión no precisa de una motivación razonada.

La persona jurídica podrá designar a quien estime oportuno para su representación en el procedimiento. Falso, no podrá designar a quien haya de declarar en el juicio como testigo. Falso, la persona designada no tiene por qué tener un puesto en el órgano de administración de la persona jurídica, pero sí en un órgano de dirección. Verdadero, la Ley de Enjuiciamiento Criminal no impone límite alguno en esta designación. Falso, la persona designada deberá tener un puesto en el órgano de administración de la persona jurídica.

Para la condena de una persona jurídica: Todas las anteriores son falsas. Si se prueba la comisión del delito por la persona física se presumirá iuris tantum que ha existido un defecto organizativo. Deberá probarse, además, la existencia de un defecto organizativo que ha permitido o favorecido la comisión del delito. Bastará con probar la comisión del hecho delictivo por alguno de los sujetos a que se refiere el art. 31 bis del Código Penal.

El derecho de defensa exige la asistencia letrada del detenido en dependencias policiales al momento en que se le toma declaración. Falso, la asistencia letrada solo es preceptiva si el detenido decide declarar, pero no si se acoge a su derecho a prestar declaración ante el Juez, de lo cual deberá ser debidamente informado. Falso, la asistencia letrada solo es preceptiva cuando se presta declaración en dependencias judiciales. Verdadero, además el letrado podrá acceder a la totalidad del atestado policial, al amparo del derecho a conocer la acusación que se formula contra el detenido. Verdadero, aunque la asistencia se podrá prestar vía telefónica o telemática.

El derecho de defensa comprende el: Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla. Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el derecho de defensa y en todo caso, con anterioridad a que se le tome declaración. Derecho a la traducción e interpretación gratuitas. Todas las anteriores son verdaderas.

El derecho de defensa se consagra en el art. 24 de la Constitución Española: Verdadero, dentro de la Sección Primera del Capítulo II del Título I, que lleva por rúbrica “de los derechos fundamentales y de las libertades públicas”. Verdadero, y además consagra el derecho a la tutela judicial efectiva. Verdadero, y además añade que la ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. Todas las anteriores son verdaderas.