Test Penal y Penitenciario IIPP 2022

Según la regulación de la extradición en el Ordenamiento Jurídico Español, cuando otro Estado haya solicitado la entrega de un delincuente que se haya refugiado en nuestro territorio, y tras la tramitación del oportuno procedimiento judicial, el tribunal competente para ello haya resuelto que no es procedente conceder la extradición, el Gobierno: Podrá conceder o denegar la extradición. Si la autoridad judicial competente ha declarado que no procede la extradición, el Gobierno ya no tiene ninguna intervención posterior en el procedimiento. Estará obligado a denegar la extradición. La autoridad judicial no es competente para declarar procedente o no la extradición, sino que tal decisión corresponde exclusivamente al Consejo de Ministros.

El artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la jurisdicción española también será competente para conocer los delitos recogidos en el apartado 4 relativos al principio de justicia universal cometidos fuera del territorio nacional por ciudadanos extranjeors que se encontraran en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas: Siempre que así lo imponga un tratado vigente para España. Cuando se hubiera iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en un Tribunal Internacional. Cuando se hubiera iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en el Estado del lugar en que se hubieran cometido los hechos o en el Estado de nacionalidad de la persona a que se impute su comisión. Son correctas B y C.

En las reglas que rigen la aplicación de la Ley Penal en el espacio, el principio real o de protección supone: Que el Estado se reserva la competencia para perseguir hechos cometidos por españoles o extranjeros, fuera del territorio nacional, cuando lesionan determinados bienes jurídicos reconocidos por toda la comunidad internacional, y en cuya protección ésta se encuentra interesadas. Que la ley española pueda ser aplicada a hechos cometidos por españoles o extranjeros nacionalizados, aunque los hechos hayan sido cometidos fuera del territorio español, para la protección de los españoles frente a las jurisdicciones de otros países en que podrían ser juzgados con inferioridad de garantías por el hecho de no ser nacionales los mismos. La aplicabilidad de la ley penal española a los delitos cometidos por españoles o extranjeros, fuera del territorio español, cuando atenten contra determinados bienes jurídicos relacionados con la esencia del Estado, ataques frente a los cuales el Estado no puede permanecer inerme por el hecho de que se produzcan en el extranjero. Que para la protección del Estado las leyes penales se aplican a todos los que se encuentren en territorio español independientemente de su nacionalidad.

La posibilidad de imputar responsabilidad penal a las personas jurídicas e imponerles penas, conforme a la reforma del código penal efectuada por la ley orgánica 5/2010, de 22 de Junio, alcanza: Sólo a aquellos delitos en que el Código expresamente lo prevea. Sólo a delitos dolosos. Sólo a delitos contra el patrimonio o el orden socioeconómico. Las personas jurídicas pueden ser responsables de cualquier delito, cunado se den en ellas las condiciones, cualidades o relaciones que exija el correspondiente tipo penal a las personas físicas que actúen en nombre o representación legal o voluntaria de esas personas jurídicas.

La circunstancia modificativa que recoge el artículo 23 del Código Penal. Siempre tiene efectos atenuatorios en determinados delitos. Siempre tiene efectos agravatorios en determinados delitos. Atenúa o agrava la responsabilidad según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, en las infracciones recogidas taxativamente en el Código Penal. Puede atenuar o agravar la responsabilidad según los casos.

En nuestro Derecho, el enajenado mental es considerado incapaz de realizar una acción: Antijurídica. Culpable. Típica. Punible.

Los delitos que se persiguen únicamente previa querella del ofendido, pudiendo éste disponer de la acción penal, son los denominados: Semipúblicos o semiprivados. Públicos. Privados. Imprudentes.

Desde el punto de vista jurídico, los delitos de omisión pura consisten en: Realizar una acción prohibida por el Ordenamiento Jurídico. Producir un determinado resultado por no actuar. No realizar la conducta esperada por el Ordenamiento Jurídico. La creación de un riesgo para el bien jurídico protegido dejando de hacer algo.

¿Cuál de los siguientes delitos no se encuentra incluido entre los que, cumplidos el resto de requisitos que exige la Ley, puede ser perseguido por la justicia española, en virtud del principio de justicia universal?: Delitos de genocidio ,lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 28 de octubre de 2011,sobre falsificación de productos médicos y delitos que supongan una amenaza para la salud pública cuando el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en la Unión Europea. Delitos contenidos en el Convenio sobre la protección física de materiales nucleares hecho en Viena y Nueva York el3 de marzo de 1980. Todos los supuestos anteriores están incluidos para ser perseguidos por la justicia española en virtud del principio de justicia universal.

Según lo dispuesto en el art. 23.4.k) de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Cuál de las siguientes circunstancias es siempre exigible para que un delito contra la libertad o indemnidad sexual pueda ser perseguido por la justicia española con arreglo al llamado principio de justicia universal?: Que el procedimiento se dirija contra un español. Que el procedimiento se dirija contra ciudadano extranjero que resida habitualmente en España. Que el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España. Que la víctima sea menor de edad.

Cuando nos encontramos ante un delito continuado contra el patrimonio, si el hecho revistiere notoria gravedad y hubiere perjudicado a una generalidad de personas, el Juez o Tribunal: Impondrá la pena superior en uno o dos grados en la extensión que estime conveniente. Podrá imponer la pena superior en uno o dos grados, en la extensión que estime conveniente. Impondrá la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado. Podrá imponer la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado.

Las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, están recogidas en los artículos del Código Penal: 19, 20, 21 y 22. 18, 19, 20, 21 y 22. 19, 20, 21, 22 y 23. 17, 18,19, 20, 21, 22 y 23.

De las que a continuación se mencionan, y según la regulación de las mismas que se contiene en nuestro Código Penal no constituye circunstancia agravante de la responsabilidad criminal: El cometer el delito con abuso de confianza. El carácter público del culpable. El ejecutar el hecho con abuso de superioridad. Todas las anteriores constituyen circunstancias agravantes con arreglo al art. 22 del Código Penal.

La circunstancia agravante de alevosía, contemplada en el art. 22.1 del Código Penal, puede operar: En cualquier clase de delitos. Sólo en los delitos contra las personas. Sólo en los delitos que ataquen bienes jurídicos eminentemente personales. Sólo en los delitos imprudentes.

122. Cuando hay pluralidad de acciones y pluralidad de delitos hablamos de: Delito continuado. Delito masa. Concurso real. Concurso ideal.

Cuando hay pluralidad de acciones y unidad de delito hablamos de: Delito continuado. Concurso ideal impropio o medial. Concurso real. Concurso ideal.

En el tipo de asesinato resultan coincidir en la misma persona los conceptos doctrinales de (Examen Oposición Ayudantes 11.PP. OEP-1999): Sujeto pasivo y objeto material. Sujeto pasivo y objeto jurídico. Sujeto pasivo y perjudicado. Objeto material y jurídico.

Conforme al artículo 3.2 del Código Penal son fuentes del Derecho Penitenciario (Examen Oposición Ayudantes 11.PP. O.E.P. 1996 y 1999): La ley. La ley y los principios generales del derecho. La ley, la costumbre y la analogía. La ley, la costumbre y los principios generales del derecho.

La prohibición de condenar a una persona por la comisión de una acción u omisión análoga a otra tipificada en el Código Penal, deriva de la vigencia de nuestro Derecho del principio de (Examen Oposición Ayudantes 11.PP. OEP-1999): Culpabilidad. Proporcionalidad. Subsidiariedad. Legalidad.

Según la teoría del carácter secundario del Derecho Penal (Examen Oposición Ayudantes O.E.P. 2000): Esta rama del Derecho no es autónoma con respecto al Derecho Administrativo. Al mismo sólo le corresponde una función valorativa. Esta rama del Derecho no es autónoma con respecto al Derecho Procesal. Al mismo sólo le corresponde una función sancionadora.

A los efectos de la aplicación de la agravante del artículo 22.8ª del Código Penal, no se tendrán en cuenta: Los delitos leves. Los delitos imprudentes. Los delitos cometidos en la Unión Europea. Son correctas A y B.

En nuestro ordenamiento jurídico, el principio de retroactividad de la ley penal (Examen Oposición Ayudantes 11.PP. OEP-1998): No podrá aplicarse nunca. Sólo podrá aplicarse si la nueva ley penal es más favorable y se ha dictado después de ejecutado el hecho y antes de dictarse el fallo. Sólo podrá aplicarse si la nueva ley penal es más favorable, ha sido dictada después de pronunciado el fallo y el culpable está cumpliendo la condena. Ninguna de las respuestas es correcta.

La reserva de ley en materia penal que se aplica rigurosamente en nuestro Ordenamiento Jurídico, junto con las previsiones constitucionales al respecto, implican que: Las normas penales han de contenerse en disposiciones con rango de Ley del Estado o delas Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Las normas penales han de contenerse en disposiciones con rango de Ley o reglamento del Estado. Las normas penales han de contenerse en disposiciones con rango de Ley del Estado. Las normas penales han de contenerse en disposiciones con rango de Ley o reglamento del Estado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

A los efectos de aplicación de la ley penal en el espacio, se consideran buques españoles: Los que se encuentren en aguas territoriales españolas. Aquellos en los que su propietario sea un español, persona física o jurídica. Los que naveguen bajo bandera española. Los que tengan su base en un puerto español.

Sobre las modalidades de extradición, es correcto decir que: Extradición pasiva es la solicitada por un Estado que pretende la entrega del delincuente de otro donde se ha refugiado. Extradición en tránsito es la autorización que concede un tercer Estado a través del cual ha de pasar el delincuente reclamado. Extradición activa es la que consiste en la entrega de un delincuente que otro país reclama. Todas las respuestas son correctas.

En materia de extradición el principio de especialidad supone (Examen Oposición Ayudantes 11.PP. O.E.P. 1999 y 2000): Que su concesión debe realizarse de acuerdo con lo previsto en los Tratados y en la Ley. Que el extraditado sólo puede ser juzgado por los hechos que motivaron la demanda de extradición. Que no se concederá si el hecho que lo motiva no es constitutivo de delito en España. Que no se concederá si la persona debe ser juzgada por un tribunal de excepción.

El principio de no entrega del nacional forma parte de las !;imitaciones a la extradición (Examen Oposición Ayudantes 11.PP. OEP-2000): Por razón del principio de territorialidad. Por razón de la índole de los delitos. Por razón de las penas. Por razón de la índole del delincuente.

La tramitación de un expediente de extradición pasiva, en su fase judicial, cuando otro Estado solicite a España la entrega de un delincuente que se haya refugiado en nuestro territorio, corresponde a: El Juzgado Central de instrucción. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El Ministerio de Justicia. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

La decisión sobre un expediente de extradición pasiva, en su fase judicial, cuando otro Estado solicite a España la entrega de un delincuente que se haya refugiado en nuestro territorio, corresponde a: El Juzgado Central de Instrucción. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El Ministerio de Justicia. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

La aplicación de la ley penal española únicamente a los delitos cometidos en territorio español supone en nuestro Derecho: La regla sin excepción. La excepción sin regla general. La regla general. La consagración del principio de irretroactividad dela ley penal.

La denominada "redención de penas por el trabajo": Se recoge por primera vez en el Código Penal (texto refundido) de 1944 y desapareció en el Código Penal de 1995 aunque continúo aplicándose a los penados que cumplían condena con arreglo al Código Penal anterior. Se recoge por primera vez en el Código Penal (texto refundido) de 1973, y desapareció en el Código Penal de 1995, no habiendo sido aplicada desde entonces a ningún penado. Se recoge por primera vez en el Código Penal (texto refundido) de 1944, y continúa vigente en el actual Código de 1995. Se recoge por primera vez en el Código Penal de 1928, y desapareció en el Código Penal de 1995, aunque continuó aplicándose a los penados, tanto condenados bajo la normativa anterior como bajo la vigente, durante un período transitorio de 10 años.

En la comisión de un hecho delictivo en un estado de inconsciencia no buscado de propósito, como pudiera ser de hipnosis o de sonambulismo: Hay ausencia de culpabilidad. Hay ausencia de acción. Hay ausencia de antjiuridicidad. Hay ausencia de tipicidad.

Para el tratamiento penal del concurso real, la regla general es: El principio de acumulación aritmética e material. El principio de irretroactividad. La aplicación de la pena correspondiente al más grave de los delitos cometidos, en su mitad superior. La aplicación de la pena uno o dos grados superior a la correspondiente al más grave de los delitos cometidos.

Según lo dispuesto en el art. 23.4.j) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, serán perseguibles en España, con arreglo al principio de justicia universal, los delitos de constitución, financiación o integración en grupo u organización criminal o delitos cometidos en el seno de los mismos: Siempre que se trate de grupos u organizaciones que actúen con miras a la comisión en España de cualquier delito. Siempre que se trate de grupos u organizaciones que actúen con miras a la comisión en España de un delito que esté castigado con una pena máxima igual o superior a diez años de prisión. Siempre que se trate de grupos u organizaciones que actúen con miras a la comisión en España de un delito que esté castigado con una pena máxima igual o superior a tres años de prisión. Los delitos de constitución, financiación o integración en grupo u organización criminal o delitos cometidos en el seno de los mismos no pueden ser perseguidos en España en virtud del principio de just icia universal, sino del principio real contenido en el art. 23.3 LOPJ.

No es un requisito que establezca el artículo 74 del Código Penal para que exista el delito continuado: La existencia de una pluralidad de acciones u omisiones. Que la infracción sea del mismo precepto penal o semejante. Que el ofendido sea siempre el mismo sujeto. La ejecución de los hechos mediante un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión.

El desistimiento voluntario en la tentativa supone para el autor del delito intentado y con respecto al mismo, siempre que se den los requisitos exigidos en la Ley: La no imposición de pena. La atenuación de la pena. La imposición de la pena inferior en u no o dos grados, o la sustitución de la misma por alguna medida de seguridad. La exención de responsabilidad civil.

El Código Penal recoge en total como circunstancias que eximen de responsabilidad criminal con arreglo al mismo: 7 circunstancias. 8 circunstancias. 6 circunstancias. 11 circunstancias.

En principio, la Jurisprudencia de los Tribunales superiores: Tiene efectos vinculantes para todos los Juzgados y Tribunales, al tratarse de un órgano jurisdiccional superior. Tiene efectos vinculantes para todos los Tribunales, aunque pueden modificar su doctrina sentada en resoluciones anteriores. Tiene efectos vinculantes que derivan de su conformidad con la ley. No tienen efectos vinculantes.

Conforme al artículo 22 del Código Penal no es circunstancia agravante de la responsabilidad criminal:(Examen Oposición Ayudantes 11.PP. OEP-2016). Prevalerse del carácter público que tenga el culpable. Ejecutar el hecho con disfraz. Ejecutar el hecho con premeditación. Obrar con abuso de confianza.

La ley que regula la responsabilidad penal de los menores es: LO. 5/2000,de 12 de febrero. L.O. 4/2000, de 11de enero. L.O 5/2000 de 12 de enero. LO. 5/2000, de 13 de enero.

De las siguientes formulaciones, es correcto señalar: Que la Ley del Poder Judicial es aprobada por Ley Orgánica 1/1985, de 6 de julio. Que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal viene regulado por la Ley Orgánica 50/1981, de 30 de diciembre. Que la Ley de Demarcación y Planta Judicial es aprobada por Ley Orgánica 38/1988, de 18 de diciembre, y el procedimiento de habeas corpus por la Ley Orgánica 6/1984,de 24 de mayo. Que la Ley de Enjuiciamiento Criminal fue promulgada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 regulándose el procedimiento por el Tribunal del Jurado fuera ella mediante la Ley Orgánica 5/1995 de 22 de mayo.

¿Cuál de los siguientes órganos jurisdiccionales está investido de jurisdicción, en el ámbito penal?: (Examen Oposición Ayudantes 11.PP. OEP -2002). Juzgado de familia. Juzgado de Paz. Juzgado Contencioso-Administrativo. Juzgado de lo Social.

El art. 117.3 de la Constitución atribuye la potestad jurisdiccional , en el ámbito del proceso penal: Al Ministerio de Justicia, y al pueblo con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine. A Jueces, Magistrados y Fiscales. A la Administración de Justicia y a los ciudadanos mediante la acción popular. A los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes.

Las solicitudes de información entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea cuando requieran autorización judicial, en los términos previstos en la Ley, corresponden a: Los Juzgados de Instrucción. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Los Juzgados centrales de lo penal. Los Juzgados centrales de Instrucción.

El conocimiento y fallo de los juicios por delitos leves no corresponde, en ningún caso, a: Los Jueces de Paz. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Los Jueces de lo Penal. Todos ellos pueden conocer de los juicios por delitos leves.

Refiriéndonos a la actividad de los órganos jurisdiccionales, la competencia es: La capacidad que tienen ciertos órganos del Estado (Jueces y Tribunales) para aplicar la ley. La facultad que tiene un determinado órgano jurisdiccional para conocer de un asunto con exclusión de los demás órganos jurisdiccionales. La capacidad que tiene el Estado de dictar normas penales y aplicarlas. El conjunto de normas penales vigentes dictadas por el Estado.

Las causas penales que los Estatutos de Autonomía le reserven , son conocidas por: La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. Los Juzgados Centrales de lo Penal.

No se corresponde con la estructura actual de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: Que el procedimiento abreviado se regula en el libro correspondiente a los procedimientos especiales en su Título 11. Que el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos se recoge en el Libro IV en su Título 111. Que tiene 999 artículos, siete disposiciones adicionales y una final. Que la regulación del procedimiento para el enjuiciamiento de los delitos leves viene regulado en el libro correspondiente a los procedimientos especiales.

La fianza impuesta a un investigado al que le ha sido decretada la libertad provisional: Se destinará a responder de las costas procesales. Se destinará a responder de la comparecencia del procesado cuando fuere llamado por el Juez o Tribunal que conozca la causa. Se destinará a responder de la eventual responsabilidad civil en que pudiera haber incurrido en procesado. Se destinará para responder de las resultas del juicio.

Según el art. 99 LOPJ, existirán Juzgados de Paz: En todos los municipios donde no exista Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, y con Jurisdicción en el termino municipal correspondiente. En todos los municipios donde no exista Juzgado de Primera Instancia e Instrucción ni Juzgado de Violencia sobre la Mujer, y con jurisdicción en el término municipal correspondiente. En todos los municipios, y con jurisdicción en el término municipal correspondiente. En todos los Partidos Judiciales donde no exista Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, y con jurisdicción en el término municipal correspondiente.

Las cuestiones de competencia entre los Juzgados de Paz del partido judicial corresponden: Al Juez de Instrucción del partido judicial. Al Juez de lo Penal del partido judicial. A un magistrado de la Audiencia Provincial, mediante turno de reparto. Al Juez decano de la provincia.

Cuando un órgano judicial reclama de otro que está tramitando un determinado asunto, que se inhiba a favor del primero, por creerse competente, y el requerido acepta el requerimiento y se inhibe, la cuestión de competencia así originada se llama: Inhibitoria. Declinatoria. Ejecutoria. Todas las respuestas son incorrectas.

Sobre el número de los Juzgados de Instrucción, la LOPJ dice que en cada partido judicial habrá: Uno o mas. Varios, pues deberán existir al menos uno ordinario y uno de Violencia sobre la Mujer. En todo caso 1, no computándose para este número los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que puedan existir. Todas las respuestas son incorrectas.

La competencia para conocer de los procedimientos de "habeas corpus" corresponde a: Los Juzgados de Menores. Los Juzgados de Instrucción, salvo que la competencia corresponda al Juzgado de Violencia sobre la Mujer por estar relacionado el procedimiento con alguno de los delitos competencia de dicho Juzgado. Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. Los Juzgados de lnstrucción.

Cuando se hayan aplicado las normas subsidiarias de competencia territorial, por no constar el lugar de comisión del delito, y posteriormente, durante la investigación, conste con claridad el lugar de comisión, el Juez o Tribunal que estuviere conociendo de la causa: Remitirá las diligencias al Juez o Tribunal a cuya demarcación corresponda, salvo que el Juez que haya iniciado el proceso sea el del Partido Judicial sede de la Audiencia Provincial, en cuyo caso continuará actuando el mismo. Al no haber previsión al respecto en la LECrim., se estará a lo que disponga la Audiencia Provincial correspondiente. Acordara la inhibición a favor del competente poniendo en su caso los detenidos a disposición del mismo y acordando remitir las diligencias y efectos ocupados. Continuará actuando mientras finaliza las primeras diligencias.

Según el art. 44 LOPJ, se concede preferencia, entre los órdenes de la jurisdicción ordinaria: Al orden penal. Al orden civil. Al orden contencioso administrativo o al social, dependiendo de la materia. Ningún orden jurisdiccional tiene preferencia sobre otro, ya que como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, la jurisdicción es única.

Corresponde a los Jueces Centrales de lo Penal el conocimiento y fallo de las causas que le señalen las leyes por: Delitos graves. Delitos con penas no superiores a 5 años privativas de libertad o cualquier otra naturaleza cualquiera que sea su duración, así como pena de multa cualquiera que sea su cuantía. Delitos menos graves. Todas son incorrectas.

Conoce de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Jueces de Instrucción: El Juez de lo Penal. La Audiencia Provincial. Los Tribunales Superiores de Justicia. El Juez Central de Instrucción.

Corresponde la instrucción de todas las causas por todos los delitos cometidos en un partido judicial: Al Juez de Instrucción, tanto en el procedimiento abreviado como en el ordinario, sin excepción. Al Juez de Instrucción en todo caso, excepto los que la ley atribuya a los Juzgados Centrales de Instrucción. Al Juez de Instrucción, tanto en el procedimiento abreviado y en el ordinario, como en los Procedimientos por el Tribunal del Jurado, excepto que se trate de personas aforadas. Todas las respuestas son incorrectas.

Entre los delitos cuya instrucción se atribuye a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (en todo caso, cuando la víctima haya sido una persona de las mencionadas en el art. 87 ter.1de la LOPJ) no se encuentra: Aborto. Delitos contra la integridad moral. Robo con violencia o intimidación. Todos los anteriores se encuentran entre los delitos cuyos procedimientos serán instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la mujer si se dan el resto de requisitos exigidos.

Sobre la organización de las Audiencias Provinciales, es incorrecto decir que: La competencia de la Audiencia se extiende a todo el territorio provincial. La Audiencia y todas sus Secciones tendrán siempre su sede en la capital de la Provincia. La Audiencia tomará su nombre del de la Provincia. Todas las respuestas son verdaderas.

Señala la respuesta correcta respecto a la Audiencia Provincial : El Presidente de la Audiencia es el Presidente nato de todas sus secciones. Mientras desempeñe el cargo, el Presidente de la Audiencia Provincial tiene la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo. El Presidente presidirá una de las Secciones qee se determinará al principio del mandato. Son correctas A y C.

Le corresponde a los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria, las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria: En relación con los delitos competencia de la Audiencia Nacional y otros por los que el penado hubiera sido condenado aunque no lo hayan sido por la Audiencia Nacional. En relación con los delitos de terrorismo. En relación con los delitos competencia de la Audiencia Nacional que la Ley le atribuya. Exclusivamente en relación con los delitos competencia de la Audiencia Nacional.

No tiene competencia para conocer de los procedimientos de decomiso autónomo: El Juez de lo Penal. El Juez de Instrucción. La Audiencia Provincial. Todos los anteriores tienen esa competencia por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

El Presidente de un Tribunal Superior de Justicia: Presidirá su Sala de lo Civil y Penal. Presidirá una de sus Salas, que se determinará al principio del mandato. Es el Presidente nato de todas sus Salas. No presidirá ninguna de sus Salas.

Los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las audiencias Provinciales, corresponde a: La Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. La propia Audiencia Provincial, constituida en Pleno por todos sus Magistrados. La Sala Segunda del Tribunal Supremo. Pueden ser correctas A y C.

Corresponde a la Sala Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia en el orden penal: El conocimiento de todos los recursos contra resoluciones de órganos jurisdiccionales penales inferiores de la CCM. La decisión de todas las cuestiones de competencia entre cualquier órgano jurisdiccional del orden penal de la CC.AA. El conocimiento de los recursos de apelación contra resoluciones dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales, así como todos aquellos previstos por las leyes. No conocerán de ninguna de las anteriores.

La circunscripción territorial de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer será: El partido judicial, en todo caso. Municipal, en todo caso. Provincial, en todo caso. Todas las respuestas son incorrectas.

En los partidos judiciales donde exista un solo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, las competencias sobre violencia sobre la Mujer serán asumidas por: El Juzgado de instrucción existente. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer del partido judicial sede de la correspondiente Audiencia Provincial. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer más próximo. En todos los Partidos Judiciales debe haber Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles, serán competencia de: La Sala Segunda del Tribunal Supremo. La Sala Penal de la Audiencia Nacional. El Tribunal Constitucional. Si el delito se cometió en el extranjero no puede ser enjuiciado en España.

El Título Preliminar de la Ley Orgánica General Penitenciaria trata de: Las funciones dela Administración Penitenciaria. Los derechos y deberes de los internos. Los cometidos de la Administración Penitenciaria. Los Establecimientos y medios materiales.

España se encuentra vinculada al Convenio Europeo sobre traslado de personas condenadas, con una serie de declaraciones particulares, entre las que no se halla: Requerimiento de que las demandas de traslado y los documentos que las fundamentan sean acompañados de una traducción en lengua española o en una de las lenguas oficiales del Consejo de Europa. Exigencia de que se le notifique cualquier tránsito de un condenado en vuelo aéreo sobre su territorio. Exclusión cuando sea Estado de cumplimiento, de la posibilidad de "convertir la condena". Consideración como nacionales a las personas que gocen de esta calidad en virtud de las normas del Título 1 del Libro 1 del Código Civil Español.

De las siguientes afirmaciones sobre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una es incorrecta; señálela: Es el encargado de coordinar todos los programas de derechos humanos y mejorar su efecto y eficiencia general. Trabaja bajo la dirección y autoridad de la Asamblea General a quien representa en la esfera de los derechos humanos. Su Oficina está situada en el Palais Wilson en Ginebra, siendo el centro de coordinación de todas las actividades delas Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Sirve de secretaría del Consejo de Derechos Humanos.

Sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sería incorrecto afirmar que: Los jueces serán elegidos por el órgano competente en razón de cada Alta Parte Contratante, por mayoría absoluta de votos. La elección será por un periodo de nueve años, reelegibles por otro periodo igual, aunque el mandato finalizará cuando alcance la edad de 70 años. Un Juez solo podrá ser relevado de sus funciones, si los demás Jueces deciden, por mayoría de 2/3,que ha dejado de reunir las condiciones requeridas para serlo. El Tribunal se compone de un número de Jueces igual al de las Altas Partes Contratantes.

Para el examen de los asuntos que se le someten, el Tribunal Europeo no actuará en formación de: Juez único, en cuyo caso, ningún juez podrá examinar una solicitud contra la Alta Parte Contratante en cuya representación fue elegido. Comités de 3 Jueces. Salas de 7 Jueces; sin embargo, se tendrá en cuenta que cuando el Pleno del Tribunal así lo solicite, el Comité de Ministros, podrá por mayoría y un periodo determinado, reducir el número de jueces de las Salas. Una Gran Sala de 17 Jueces.

¿Cuál de los siguientes no es un requisito para transmitir una resolución en virtud de la Ley 23/2014?: Que el condenado se encuentre en España o en el Estado de ejecución. Que la autoridad judicial española considere que la ejecución de la condena por el Estado de ejecución contribuirá a alcanzar el objetivo de facilitar la reinserción social del condenado, después de haber consultado al Estado de ejecución cuando corresponda. Que medie consentimiento del condenado, en todo caso. Todos son requisitos necesarios para transmitir una resolución.

De las siguientes Reglas Mínimas, solo tienen fuerza jurídica vinculante internacionalmente entre los países miembros: Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Detenidos, versión europea. Las Reglas Penitenciarias Europeas. Todas las Reglas carecen de fuerza jurídica vinculante internacionalmente aunque si gozan de una importante fuerza moral y política.

El actual Reglamento Penitenciario: Efectúa una redefinición del régimen cerrado, estableciendo dos modalidades de vida en el capítulo V de su Título 111. Profundiza en el sistema de individualización científica, y para ello implanta los programas individualizados de tratamiento. Aborda una regulación del régimen de preventivos. Todas las respuestas son correctas.

Del procedimiento para reconocer una resolución conforme establece el artículo 81 de la Ley 23/2014, se desprende que: Dentro de los 10 días siguientes a la recepción del certificado, se dará traslado al Ministerio Fiscal para que en el plazo de 5 días se pronuncie sobre la procedencia del reconocimiento y la ejecución de la resolución. El Juez Central de lo Penal comprobará si concurre alguna causa de denegación del reconocimiento o de la ejecución, y también si el consentimiento del condenado ha sido prestado, salvo que el mismo no sea necesario en virtud de la legislación del Estado de emisión. El Juez Central de lo Penal resolverá mediante auto en el plazo de otros 15 días el reconocimiento de la resolución condenatoria o su denegación. En todo caso, en el plazo de 90 días el auto motivado que reconozca o deniegue la ejecución deberá ser firme y se remitirá, en su caso, al Juez de Vigilancia Penitenciaria para que se ejecute la pena o medida privativa de libertad.

El Derecho Penitenciario contiene las normas jurídicas que regulan la aplicación o ejecución de las penas y medidas privativas de libertad con la finalidad de conseguir la reeducación y reinserción social de los sentenciados, así como la relación jurídica que nace como consecuencia de la detención y prisión provisional. Así mismo, se enmarca: En el más amplio Derecho de Ejecución Penal. En el Derecho Administrativo, por no haberse consolidado en nuestro país la idea de su autonomía. En el Derecho Procesal, por cuanto está asentada doctrinalmente la completa autonomía del Derecho Penitenciario. En la Ciencia Penitenciaria, que estudia las penas privativas de libertad desde el punto de vista científico, objetivo y teórico.

La Ley 23/2014, en cuanto al reconocimiento de resoluciones por España prevé referente a la retirada del certificado: Que si la autoridad competente del Estado de emisión notificara la retirada del certificado antes del comienzo de la ejecución de la condena, el Juez Central de Vigilancia archivará el procedimiento y le remitirá lo actuado. Que en la devolución del certificado no es necesario hacer constar el tiempo que, en su caso, el condenado hubiera permanecido privado de libertad en España por alguna medida cautelar. Las respuestas A y B son incorrectas. Las respuestas A y B son correctas.

Conforme a la Ley 23/2014, en el caso de que la duración de la condena impuesta en la resolución sea incompatible con la legislación española vigente en el momento en el que se solicita el reconocimiento de la resolución por superar el límite de la pena máxima prevista para ese delito, la posibilidad de adaptar la condena, limitando la duración al máximo de lo previsto en nuestra legislación para los delitos por los que el afectado fuera condenado, es atribuida a: Juez Central de Vigilancia Penitenciaria. Juez Central de lo Penal. Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Ninguna respuesta es correcta.

Un Comité del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, respecto de una demanda individual no podrá: Declararla por mayoría inadmisible o eliminarla del registro de asuntos, cuando pueda adoptar tal resolución sin tener que proceder a un examen complementario. Declararla admisible y dictar al mismo tiempo sentencia sobre el fondo en determinados casos. Invitar, en cualquier fase del procedimiento, al juez designado en representación de la Alta Parte Contratante en el litigio que no sea miembro del Comité, a ocupar el lugar de uno de estos. Dictar resoluciones y sentencias definitivas.

Una Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunciará sobre: La admisibilidad y el fondo de las demandas individuales, de no haberse adoptado resolución alguna por el juez único o por el Comité; siempre que adopte la resolución sobre la admisibilidad por separado. La admisibilidad y el fondo de las demandas de los Estados, Salvo decisión en contrario del Tribunal en casos excepcionales, la resolución sobre la admisibilidad se tomará por separado. Las respuestas A y B son correctas. Las respuestas A y B son incorrectas.

Una de las competencias que a continuación se señalan no es asignada a la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Pronunciarse sobre las demandas individuales y de los Estados, cuando el asunto le haya sido elevado por la Sala por inhibición o remitido, tras sentencia de esta, por cualquier parte en el asunto. Pronunciarse sobre las cuestiones sometidas al Tribunal por el Comité de Ministros. No existe respuesta incorrecta. Examinar las solicitudes de Comités y Salas de emisión de opiniones consultivas.

El texto de las actuales Reglas Mínimas de Naciones Unidas, respecto de las anteriores de 1945: Refleja los avances recientes de la Ciencia Penitenciaria. Aumentó su número. Conservó la estructura. Ninguna respuesta es válida.

Las peticiones y respuestas, al amparo del Convenio de Estrasburgo: Se formularán por escrito y se dirigirán por el Ministerio de Justicia del Estado requirente al del Estado requerido. Cualquier Parte mediante declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa podrá indicar el uso de otras vías de comunicación. El Estado requerido informará al Estado requirente, con la mayor diligencia posible, de su decisión de aceptar o denegar el traslado solicitado. Todas las respuestas son correctas.

Por la prestación de servicios de especial relevancia de forma continuada, que denoten una superior iniciativa y dedicación, se podrá conceder a los empleados públicos destinados en la Administración Penitenciaria: Mención honorífica. Medalla de oro al Mérito Penitenciario. Medalla de plata al Mérito Penitenciario. Medalla de bronce al Mérito Penitenciario.

Señale la alternativa falsa. "Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados". De este contenido del artículo 25.2 CE interpretaremos que: La prohibición de trabajos forzados concreta la proscripción de trato inhumano o degradante prevista en el artículo 15 de la Constitución Española. La reeducación y reinserción social deben ser la única finalidad legítima de las penas privativas de libertad. C) No puede hablarse en puridad de un derecho fundamental del penado, susceptible de protección por vía de amparo. Se trata, más bien, de un mandato del constituyente al legislador para orientar la política penal y penitenciaria del que no se derivaría derecho subjetivo alguno.

La Administración Penitenciaria entregará a los Ayuntamientos de los municipios cabeza de partido judicial en que no exista Establecimiento penitenciario, una cantidad por detenido y día para gastos de: Alimentación y custodia. Alimentación y estancia de los detenidos y mantenimiento de las instalaciones. Vigilancia y mantenimiento de instalaciones. No se contempla reglamentariamente este supuesto.

El Reglamento Penitenciario dedica su Título VI a: De los permisos de salida. Formas especiales de ejecución. Del tratamiento penitenciario. De la separación y clasificación de los internos.

¿Qué plazo fija el Reglamento, desde su entrada en vigor, para que los Consejos de Dirección procedieran a adecuar las normas de régimen interior?: Tres meses. Dos meses. Un mes. El plazo se fija solamente para la refundición de circulares, instrucciones y órdenes de servicio.

Dispuso la retirada de los Establecimientos Penitenciarios de grillos, hierros y cadenas de sujeción: El Reglamento de 24 de diciembre de 1.928. El Reglamento de 14 de noviembre de 1.930. El Código Penal de 1.928. La Orden de 13 de mayo de 1.931.

Las normas contenidas en la Ley Orgánica General Penitenciaria, se proyectan fundamentalmente en cuatro campos, entre los que no se encuentra: Estatuto jurídico del interno. Funciones y cometidos de la Administración Penitenciaria. Competencias del Fiscal de Vigilancia. Participación de la sociedad en las funciones penitenciarias.

Que las penas privativas de libertad se ejecutará n según el sistema de individualización científica, separado en grados, el último de los cuales será la libertad condicional, conforme determina el Código Penal (creación del sistema de individualización científica), se tipifica en el: Artículo 62 LOGP. Artículo 72.1 LOGP. Artículo 71 LOGP. Artículo 72.1 RP.

La disposición adicional primera del actual Reglamento Penitenciario se dedica a Depósitos Municipales de Detenidos a Disposición Judicial estableciendo que la Administración Penitenciaria competente entregará a los Ayuntamientos de los municipios cabeza de partido judicial en que no exista Establecimiento penitenciario para determinados gastos, una cantidad por detenido y día que será fijada por: Resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Orden de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios (actual de Planificación y Gestión Penitenciaria). Real Decreto del Consejo de Ministros. Orden del Ministro del Interior o resolución autonómica equivalente.

Del procedimiento para reconocer una resolución conforme establece el artículo 81 de la Ley 23/2014, se desprende que: Dentro de los 10 días siguientes a la recepción del certificado, se dará traslado al Ministerio Fiscal para que en el plazo de 5 días se pronuncie sobre la procedencia del reconocimiento y la ejecución de la resolución. El Juez Central de lo Penal comprobará si concurre alguna causa de denegación del reconocimiento o de la ejecución, y también si el consentimiento del condenado ha sido prestado, salvo que el mismo no sea necesario en virtud de la legislación del Estado de emisión. El Juez Central de lo Penal resolverá mediante auto en el plazo de otros 15 días el reconocimiento de la resolución condenatoria o su denegación. En todo caso, en el plazo de 90 días el auto motivado que reconozca o deniegue la ejecución deberá ser firme y se remitirá, en su caso, al Juez de Vigilancia Penitenciaria para que se ejecute la pena o medida privativa de libertad.

Donde con más fuerza se acentuó la necesidad de la independencia del Derecho Penitenciario fue en Italia. Así, Juan Novelli proclamó la autonomía del Derecho Penitenciario a través de las páginas de la "Rivista di Diritto Penitenziario", que dirigía, e intentó lograr el reconocimiento de su independencia sin conseguirlo: En el 111 Congreso Internacional de Derecho Penal (Palermo,1.933). En el V Congreso Internacional de Derecho Penal (Palermo, 1.934). En el 11 Congreso Internacional de Derecho Penal (Roma,1.933). En el V Congreso Internacional de Derecho Penal(Florencia,1.933).

¿Qué característica no destacaría de la Ordenanza General de los Presidios Civiles del Reino de 1.834?: Nace como consecuencia del Código Penal de 1.822, a través del cual se establece la pena de privación de libertad como base principal del sistema represivo. Dispuso la transformación de los presidios militares en civiles, pasando a depender desde el Ministerio de la Guerra al de Fomento. Está dividida en cinco partes. Una de sus partes trata del régimen interno de los presidios, ocupándose de los deberes de empleados y reclusos.

El artículo 32 de la Ley 23/2014 regula los motivos generales para denegar el reconocimiento o la ejecución. En cuanto a la notificación de las decisiones de denegación establece que estas deberán adoptarse: Sin dilación y de forma motivada y se notificarán inmediatamente a las autoridades judiciales de emisión y al Ministerio Fiscal. Sin dilación y de forma motivada y se notificarán inmediatamente a las autoridades judiciales de emisión y al Ministerio de Justicia en el plazo de tres días. Sin dilación y de forma motivada y se notificarán en el plazo de 10 días desde su adopción a las autoridades judiciales de emisión y al Ministerio Fiscal. Sin dilación y de forma motivada y se notificarán en el plazo de 10 días desde su adopción a las autoridades judiciales de emisión y al Ministerio Fiscal, así como al Ministerio de Justicia en el plazo de tres días.

El Reglamento de Servicios de Prisiones aprobado por Decreto de 2 de febrero de 1.956 es el antecedente inmediato de la Ley Orgánica General Penitenciaria, constituye la principal fuente de Derecho Penitenciario en materia de ejecución de penas privativas de libertad hasta la publicación de la misma. En la actualidad, se aplica de forma transitoria el contenido sobre redención de penas por el trabajo de los artículos: 56 a 73. 65 a 72. 65 a 73. 63 a 73.

Como una de sus novedades, ¿a qué dedica la Ley Orgánica General Penitenciaria su artículo 20?: El uso de celda o habitación individual, siendo las dependencias colectivas la excepción. La supresión del uniforme de penado. estableciendo el derecho del interno a vestir sus propias prendas. Fomenta la participación del interno en actividades de orden educativo, recreativo, religioso, laboral, cultural o deportivo, y en el desenvolvimiento de los servicios de alimentación, confección de racionados y en el control de la calidad y precios de productos. Ninguna respuesta es correcta.

¿A quién autoriza el RD 190/1996, de 9 de febrero, para dictar cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo del Reglamento Penitenciario sean necesarias?: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y Centro Directivo correspondiente. Ministro del Interior. Ministro del Interior, sin perjuicio de las habilitaciones específicas de desarrollo en materia penitenciaria de determinadas Comunidades Autónomas.