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Según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, se entiende por "riesgo laboral": La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. La enfermedad o lesión física sufrida de forma fortuita fuera del horario de trabajo. Exclusivamente los accidentes mortales o muy graves que ocurran en el centro de trabajo. La sanción económica impuesta a la Administración por incumplir la normativa.

Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo se definen legalmente como: Daños derivados del trabajo. Accidentes comunes. Contingencias de fuerza mayor. Riesgos potenciales de baja intensidad.

En materia de prevención de riesgos laborales, la protección del personal trabajador debe ser garantizada por: El propio trabajador mediante la compra de sus equipos. La Administración o entidad empleadora, de forma directa e integral. Los Comités de Empresa de forma exclusiva. La Inspección de Trabajo mediante financiación directa.

Entre los principios de la acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el primero y fundamental es: Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. Evitar los riesgos en su origen. Planificar la prevención sustituyendo lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Respecto a las medidas de protección en el puesto de trabajo, la normativa exige que se anteponga: La protección individual frente a la colectiva. La protección colectiva frente a la individual. El uso de EPIs frente a la modificación de las instalaciones. La rapidez en la tarea antes que el uso de cualquier protección.

¿Qué se entiende por un Equipo de Protección Individual (EPI)?. Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud. La ropa de trabajo ordinaria y uniformes que no estén específicamente destinados a proteger la salud. El material de salvamento utilizado por los servicios de urgencia públicos en la vía pública. Los aparatos de control y medición instalados de forma permanente en los edificios.

El coste de los Equipos de Protección Individual (EPIs) necesarios para el desarrollo del trabajo: Debe ser abonado al 50% entre la Administración y el trabajador. Recaerá íntegramente sobre el trabajador si este los deteriora. No podrá recaer en modo alguno sobre los trabajadores. Se descontará de la nómina mensual en concepto de vestuario.

Si un trabajador detecta una situación de trabajo que entraña un riesgo grave e inminente para su vida o salud, tiene derecho a: Abandonar el puesto de trabajo e interrumpir su actividad sin que pueda ser sancionado por ello. Continuar trabajando obligatoriamente hasta que llegue la Inspección de Trabajo. Solicitar un traslado definitivo de provincia de forma automática. Tramitar una excedencia voluntaria con reserva de puesto.

Los Delegados de Prevención son: Inspectores de trabajo destinados en el centro de trabajo. Los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Médicos de la mutua asignados al personal laboral. Directores de los centros de asistencia social.

El órgano colegiado y paritario de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la Administración en materia de prevención de riesgos es: La Comisión Paritaria del Convenio Colectivo. El Comité de Seguridad y Salud. La Junta de Personal Funcionario. El Consejo Económico y Social.

¿A partir de cuántos trabajadores en un centro de trabajo se constituye obligatoriamente un Comité de Seguridad y Salud?. A partir de 10 trabajadores. A partir de 50 trabajadores. A partir de 100 trabajadores. A partir de 250 trabajadores.

La vigilancia de la salud de los trabajadores realizada por la Administración: Es de carácter obligatorio para el trabajador en todos los casos y circunstancias. Es voluntaria con carácter general, salvo que sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo o la protección de terceros. Solo se realiza una vez al finalizar la relación laboral. Requiere la autorización judicial previa.

Toda persona trabajadora tiene derecho a recibir una formación en materia preventiva: Únicamente al ingresar en la plantilla fija. Teórica y práctica, suficiente y adecuada, tanto en el momento de la contratación como cuando se produzcan cambios en las funciones o tecnologías. Fuera de la jornada de trabajo y pagada de su propio bolsillo. Exclusivamente a través de folletos impresos en el centro de trabajo.

Las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente tienen derecho a la adaptación de sus condiciones o tiempo de trabajo cuando: Lo exija la evaluación de riesgos del puesto por poder influir negativamente en su salud o la del feto. Lleven contratadas más de cinco años en la Administración. Lo acuerde por mayoría el Comité de Empresa. Exclusivamente a partir del octavo mes de gestación.

Si la adaptación de las condiciones de trabajo de una trabajadora embarazada no resulta técnicamente posible, la Administración deberá: Concederle la excedencia forzosa sin sueldo. Destinarla a un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. Extinguir su contrato de trabajo por causas objetivas. Obligarla a tomar sus vacaciones anuales acumuladas.

En la manipulación manual de cargas en los puestos de trabajo, para evitar lesiones dorsolumbares se recomienda que el peso máximo manejado en condiciones ideales no supere con carácter general los: 10 kg. 25 kg. 50 kg. 75 kg.

La exposición continua a productos químicos de limpieza o desinfección en centros públicos requiere que el personal laboral disponga obligatoriamente de: Las fichas de datos de seguridad de los productos y la formación sobre su manejo. Permiso escrito del Director de Hacienda. Mascarillas de gas militar en todos los casos. Autorización ministerial.

Ante un accidente de trabajo con manchado de sangre o fluidos biológicos, la primera medida preventiva inmediata es: Ocultar la prenda para no alarmar a los usuarios. El lavado inmediato de la zona expuesta con agua y jabón y la notificación inmediata al servicio de prevención. Tomar medicación sin prescripción médica. Esperar al final de la jornada para comunicar la incidencia.

La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres define la "discriminación directa por razón de sexo" como: La situación en que se encuentra una persona que sea tratada de manera menos favorable que otra en una situación comparable por razón de su sexo. Una norma o práctica aparentemente neutra que pone a personas de un sexo en desventaja particular. Todo comportamiento verbal o físico que pretenda violar la dignidad de la persona. El derecho a percibir un complemento salarial por antigüedad.

La "discriminación indirecta por razón de sexo" ocurre cuando: Se despide abiertamente a una mujer por quedarse embarazada. Una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular respecto de personas del otro. Se utiliza un lenguaje inclusivo en los documentos públicos. Se equiparan los salarios de categorías equivalentes.

Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona se define como: Acoso por razón de sexo. Acoso sexual. Conflicto laboral leve. Trato vejatorio no sancionable.

El acoso que se realiza por el hecho de ser mujer u hombre, sin necesidad de tener un contenido o connotación explícitamente sexual, se denomina: Acoso sexual. Acoso por razón de sexo. Acoso profesional simple. Abuso de autoridad formal.

Los Planes de Igualdad en las Administraciones Públicas son instrumentos estructurados cuyo objetivo principal es: Alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. Regular las retribuciones de los altos cargos. Establecer las fechas de los exámenes de oposición. Reducir los presupuestos de gastos corrientes.

El principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y comisiones de valoración de la Administración autonómica implica que: Las mujeres deben ocupar al menos el 80% de las vocalías. Las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean inferiores al 40%. Haya un 50% exacto obligatoriamente sin posibilidad de sustitución. Solamente puedan formar parte personas del sexo femenino.

En materia de licencias y permisos, la equiparación de los permisos por nacimiento y cuidado de menor entre ambos progenitores busca fomentar: La corresponsabilidad en las tareas familiares y de cuidado. El aumento de las horas extraordinarias de trabajo. La reducción de la plantilla fija. La jubilación anticipada forzosa.

La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género define esta violencia como la ejercida sobre las mujeres por parte de: Cualquier compañero de trabajo en el entorno laboral. Quienes sean o hayan sido sus cónyuges o quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Desconocidos en la vía pública de forma fortuita. Exclusivamente los ascendientes directos (padres y abuelos).

Una trabajadora víctima de violencia de género que necesite ausentarse de su puesto de trabajo por este motivo: Perderá el puesto de trabajo por ausencias injustificadas. Tendrá justificadas las faltas de asistencia total o parcial según determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud. Deberá abonar una multa a la Administración por retraso del servicio. Será suspendida de empleo y sueldo de inmediato.

Las trabajadoras víctimas de violencia de género tienen derecho a la reducción de su jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación de su tiempo de trabajo: Sí, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral. No, la ley prohíbe adaptar los horarios en el sector público. Solo si cuentan con el consentimiento expreso de sus compañeros. Exclusivamente durante el periodo lectivo escolar.

Si una trabajadora víctima de violencia de género se ve obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde prestaba sus servicios para hacer efectiva su protección, tendrá derecho a: El traslado preferente a otro puesto de trabajo de su misma categoría o grupo profesional que la Administración tenga vacante en cualquier otra localidad. La pérdida de su condición de fija en la plantilla. Una excedencia sin reserva de puesto de por vida. Solicitar el paro sin posibilidad de reingreso al sector público.

En la oferta de empleo público de la Administración de Castilla y León, ¿qué porcentaje del total de plazas se reserva como mínimo para personas con discapacidad?. Un 2%. Un 5%. Un 10%. Un 15% en todos los turnos.

A efectos legales y de acceso al empleo público, se considera persona con discapacidad a aquella que tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al: 15%. 33%. 50%. 65%.

Las adaptaciones de tiempo y medios en los procesos selectivos y en los puestos de trabajo para personas con discapacidad buscan garantizar: El principio de igualdad de oportunidades y no discriminación. Un trato de ventaja injustificado sobre los demás opositores. La exención de cumplir las tareas básicas del puesto. La asignación de un salario superior al puesto de origen.

El concepto de "ajuste razonable" en el puesto de trabajo para una persona con discapacidad se refiere a: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada, para permitir el desempeño eficaz del puesto. La reducción automática de la jornada a la mitad cobrando el 100%. El cambio obligatorio de centro de trabajo cada año. La exención total de fichar a la entrada y salida del trabajo.

El trato desfavorable hacia una persona por causa o estar relacionada con una persona con discapacidad se califica como: Discriminación por asociación. Conflicto privado. Desatención justificada. Infracción leve de vestuario.

La accesibilidad universal en las dependencias de la Administración autonómica implica que: Los entornos, procesos, bienes y productos deben ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad. Solo se deben adaptar las entradas principales de las grandes capitales. Únicamente es exigible en los centros de salud de atención primaria. Los edificios antiguos quedan exentos de cualquier tipo de rampa o ascensor.

El Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en la Junta de Castilla y León se aplica a: Todo el personal de la Administración General de la JCYL y sus Organismos Autónomos. Únicamente al personal directivo y libre designación. Exclusivamente a las empresas subcontratadas externas. A las personas usuarias de los centros sociosanitarios exclusivamente.

Las denuncias o reclamaciones presentadas en el marco del protocolo frente al acoso laboral o sexual en la Administración gozarán de: Difusión en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL). Estricta confidencialidad, tramitación urgente y protección de la identidad de las partes. Publicación en el tablón de anuncios del centro de trabajo. Comunicación inmediata a los medios de comunicación.

El uso de lenguaje no sexista e inclusivo en la redacción de los documentos administrativos de la Junta de Castilla y León busca: Visibilizar a la mujer y evitar la utilización de términos discriminatorios o androcéntricos. Complicar la lectura de las leyes autonómicas. Modificar las normas gramaticales del latín originario. Generar confusión en los procesos selectivos.

La suspensión del contrato de trabajo de una trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar su puesto tendrá una duración inicial no superior a: 1 mes. 6 meses (prorrogables por periodos de 3 meses hasta un máximo de 18 meses si el juez lo requiere). 5 años improrrogables. 10 días naturales.

El periodo en que la trabajadora víctima de violencia de género permanezca en situación de suspensión de contrato con reserva de puesto se considerará como: Periodo cotizado a efectos de la Seguridad Social y de antigüedad. Excedencia voluntaria por interés particular sin cómputo de tiempo. Causa de despido disciplinario automático. Abono extraordinario por productividad.

Las ausencias al trabajo justificadas por situaciones derivadas de violencia de género, acreditadas por los servicios sociales o de salud: Computan como faltas para justificar un despido por ausencias repetidas. No se computarán como faltas de asistencia a efectos de sanción disciplinaria ni merma en derechos. Se penalizarán descontando el doble en la nómina del mes. Exigen recuperar las horas en horario nocturno.

¿Qué organismo u órgano es el encargado de velar por la efectividad del principio de igualdad de oportunidades en el ámbito del personal de la Junta de Castilla y León?. La Unidad de Igualdad / Comisión Técnica de Igualdad de la Administración Autonómica. El Tribunal Superior de Justicia de otra Comunidad Autónoma. El Patronato de Turismo de la provincia. La Agencia Europea del Medicamento.

En un centro de trabajo público, la señalización de seguridad de color ROJO indica: Situación de seguridad o vía de evacuación. Prohibición, peligro o material y equipos de lucha contra incendios. Advertencia de peligro químico o radiológico (Color Amarillo/Naranja). Obligación de usar un equipo de protección individual (Color Azul).

Las señales de seguridad con forma circular y fondo AZUL con un símbolo blanco obligan a: Una acción o comportamiento específico (Uso obligatorio de EPIs como cascos, guantes o gafas). Prohibición absoluta de paso. Indicación de salida de emergencia. Advertencia de riesgo de caída a distinto nivel.

La evaluación de riesgos de un puesto de trabajo de la Administración General de la JCYL debe revisarse obligatoriamente: Únicamente cada diez años. Cuando se introduzcan cambios en las condiciones de trabajo, equipos, tecnologías o con ocasión de daños producidos en la salud de los trabajadores. Solamente cuando lo solicite una sentencia judicial firme. Nunca, la evaluación inicial es indefinida e inalterable.