PRACTICA 2 PARA SI 2026

Durante una persecución —tras un hurto recién cometido— el sospechoso se refugia en su vivienda y el morador impide el ingreso. El patrullero recuerda el texto literal del artículo 32 C. N.: “El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido... Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él, para el acto de la aprehensión. ” Ante la negativa del morador, la actuación policial correcta es: Retirarse y solicitar orden escrita de allanamiento. Ingresar de inmediato y capturarlo, amparado por la flagrancia. Pedir autorización verbal de la Fiscalía y esperar confirmación escrita. Mantener vigilancia externa hasta que el morador permita el ingreso.

Un alcalde prohíbe una manifestación pacífica nocturna por “inconveniencia administrativa”. El artículo 37 C. N. dispone: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. ” El patrullero que recibe a los organizadores debe: Dispersar la marcha de inmediato en acatamiento de la resolución. Permitir la movilización y reportar la posible extralimitación del alcalde. Solicitar concepto previo del personero municipal antes de decidir. Permitir la marcha solo dentro de un parque cercado por la Policía.

Algunos líderes comunitarios solicitan copia de un contrato de dotación, con el fin de verificar todos los procedimientos de rigor; el oficial de policía alega reserva y se niega a entregar. Conforme a la Constitución y la Ley 1712 de 2014, la respuesta adecuada es: Negar la entrega y remitir al Consejo de Estado para dirimir la reserva. Entregar el contrato salvo que exista norma que lo clasifique. Suministrar solo la carátula y ocultar valores y estudios previos por seguridad. Exigir acción judicial previa antes de suministrar cualquier documento.

l Presidente declara Estado de Conmoción Interior (art. 213) y dicta decretos, pero omite enviarlos a la Corte Constitucional al día siguiente. El artículo 214 C.N. ordena: “El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente... Si no cumpliere, la Corte aprehenderá de oficio su conocimiento. ” La consecuencia inmediata de la omisión es: Nulidad automática de los decretos. La Corte Constitucional asume de oficio su revisión de constitucionalidad. Suspensión de efectos hasta que los ministros ratifiquen la declaratoria. El Procurador General puede dejar sin efecto las medidas extraordinarias.

Durante una visita, un patrullero graba en audio conversaciones privadas sin orden judicial. El afectado invoca su derecho a la comunicación privada. El mecanismo procesal idóneo para obtener protección inmediata es: Acción de cumplimiento. Acción de tutela contra la autoridad policial. Acción popular por vulneración de interés colectivo. Habeas corpus al existir afectación de la libertad individual.

Durante una protesta ciudadana en una zona urbana, un grupo reducido de manifestantes empieza a lanzar objetos contundentes hacia los policías, mientras que el resto del grupo permanece pacífico. El comandante de servicio ordena dispersar a la totalidad de los presentes usando gases lacrimógenos y detención masiva. ¿Desde el enfoque de los derechos humanos, cuál sería la actuación ajustada al marco legal internacional?. Dispersar sin distinción alguna a todos los presentes para restablecer el orden público. Utilizar medios coercitivos indistintamente para prevenir futuros ataques. Aplicar el principio de distinción, interviniendo únicamente frente a quienes incurren en actos violentos. Priorizar el retiro voluntario del grupo sin necesidad de identificar responsables.

En medio de una operación contra un grupo armado ilegal, se captura a un sujeto que porta uniforme pero no ofrece resistencia. El policía a cargo le niega atención médica alegando que “como enemigo, debe sufrir las consecuencias”. ¿Desde el marco del Derecho Internacional Humanitario, qué principio se estaría vulnerando?. Principio de proporcionalidad. Principio de necesidad militar. Principio de humanidad. Principio de protección ambiental.

Durante un operativo para controlar una confrontación entre pandillas rivales, un subintendente ordena la demolición de una casa que se presume utilizada como escondite. En el inmueble aún habitan civiles no relacionados con los hechos. ¿Qué principio del Derecho Internacional Humanitario debe aplicarse para evitar violaciones a los derechos fundamentales?. Principio de distinción. Principio de proporcionalidad. Principio de progresividad. Principio de inmunidad.

En una zona fronteriza, un grupo de migrantes irregulares es retenido por la Policía Nacional. Uno de los oficiales afirma que como no son nacionales, no gozan de derechos fundamentales y pueden ser detenidos sin garantías. ¿Qué característica esencial de los derechos humanos está siendo desconocida por el funcionario?. Son negociables y reversibles. Son universales y no discriminatorios. Son dependientes del estatus jurídico migratorio. Son otorgados solo por leyes internas.

Una patrulla policial recibe información sobre una reunión política en un barrio considerado de alto riesgo. Sin orden judicial ni evidencia de delito, deciden ingresar al lugar y disolver la reunión, argumentando motivos de seguridad. ¿Cuál es el derecho humano más directamente vulnerado con esta actuación?. Derecho a la libre circulación. Derecho a la propiedad. Derecho a la reunión pacífica. Derecho a la participación política.

Un miembro de la fuerza pública, durante una operación oficial, causa la muerte de un civil alegando que obedecía una orden superior. Posteriormente se demuestra que la orden fue verbal, sin formalidades y contraria a la ley. ¿Desde la perspectiva penal, cuál es la calificación jurídica más adecuada para evaluar su responsabilidad?. No hay responsabilidad por tratarse de obediencia debida en cumplimiento del deber. La orden superior exime de toda responsabilidad penal si se ejecuta en servicio. No se reconoce obediencia debida cuando se trata de delitos como homicidio en desarrollo de orden ilegítima. La responsabilidad recae en el superior jerárquico por ser quien emitió la orden.

Un patrullero dispara su arma de dotación e impacta a un civil en una zona no vital, luego de que este intentara agredirlo con una botella. La reacción ocurrió en fracción de segundos y fue en defensa de su integridad física. ¿Bajo qué modalidad de conducta punible se analizaría el caso?. Dolo directo, pues hubo intención de causar daño. Culpa, por no prever el daño potencial. Preterintención, ya que el resultado excedió su intención inicial. Legítima defensa, como eximente de responsabilidad.

Un servidor público deja de actuar pese a tener el deber jurídico de evitar una agresión con arma blanca que presencia directamente, y de la cual resulta una muerte. ¿En qué hipótesis de la ley penal encajaría su conducta?. Omisión simple, ya que no participó directamente. Autoría mediata, al permitir el resultado. Omisión impropia por posición de garante. Culpabilidad atenuada por falta de intención.

Un policía planifica con otro compañero la ejecución de un hurto en un establecimiento comercial, asignándose funciones distintas, y ambos participan activamente. ¿Conforme al Código Penal, qué tipo de autoría se configura?. Autor material y determinador. Coautoría con acuerdo previo y reparto de funciones. Partícipes secundarios. Cómplice con beneficio compartido.

Un agente en patrullaje nocturno lesiona accidentalmente a un ciudadano al manipular su arma de dotación sin justificación operativa. Se comprueba que omitió medidas básicas de seguridad. ¿Cuál es la modalidad de conducta punible que mejor describe este comportamiento?. Dolo eventual por prever el daño y asumir el riesgo. Preterintención porque el daño superó su intención. Culpa, por infracción al deber objetivo de cuidado. Omisión punible por negligencia profesional.

Un patrullero, cumpliendo funciones de Policía Judicial, realiza una inspección sin orden judicial ni autorización de su superior, recolectando evidencia sin cadena de custodia válida. ¿De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, cuál sería la consecuencia procesal más relevante?. La evidencia es válida si fue obtenida de buena fe. La omisión de la orden no afecta la legalidad si hay urgencia. La falta de cadena de custodia compromete la autenticidad probatoria. Solo el fiscal debe valorar la utilidad de la prueba, sin importar su origen.

En un procedimiento penal, se requiere identificar a un sospechoso que no está disponible para reconocimiento en fila. El investigador decide emplear imágenes digitales. ¿Qué requisito previo exige la ley para esta modalidad de identificación?. La presencia de la víctima durante la revisión de las imágenes. La autorización del defensor del imputado. La autorización previa del fiscal que dirige la investigación. La intervención del Instituto de Medicina Legal.

Durante una investigación penal, se descubre un objeto de gran tamaño (vehículo) que contiene micro rastros y sustancias ilícitas. Luego de ser procesado por peritos, se decide destruirlo por razones de seguridad. ¿Cuál es el procedimiento legalmente permitido en este caso?. Embalar y conservar el vehículo hasta juicio oral. Fotografiar y videograbar el objeto antes de destruirlo. Solicitar al juez autorización expresa de destrucción. Depositar el vehículo en sede policial para custodia.

En una investigación por violencia sexual contra un menor, se realiza una entrevista forense grabada en Cámara de Gesell, por un funcionario no entrenado, sin presencia de defensor de familia. » ¿Desde la legalidad procesal, qué implicación tiene esta actuación?. La entrevista es válida si el niño estaba acompañado por un familiar. La entrevista debe repetirse con funcionario entrenado y formalidades. La prueba es válida si fue autorizada por el fiscal. El informe será válido solo si el defensor acepta su contenido.

Un perito recibe un contenedor con elementos probatorios sin dejar constancia del estado del recipiente y realiza su informe sin firmar la certificación de cadena de custodia. ; ¿Qué efecto tiene este incumplimiento sobre la validez del informe?. El informe conserva su valor si el contenido no fue alterado. La prueba es anulada por violación de procedimiento. La omisión formal no afecta la valoración del juez. Se compromete la autenticidad y se puede excluir del juicio.

Un patrullero detecta la presencia de adolescentes en una sala de videojuegos que no cuenta con restricción de edad visible, ni supervisión adulta. Al consultar, encuentra que algunos son menores de 14 años. ¿De acuerdo con la Ley 1098 de 2006, cuál debe ser la actuación de la Policía?. Permitir el ingreso si el local no tiene antecedentes. Permitir el acceso si hay autorización de los padres. Controlar e impedir el ingreso, conforme a sus funciones. Remitir a los menores a un centro especializado.

Durante un procedimiento judicial por delito sexual contra un menor, se requiere practicar una entrevista forense. No se dispone de personal del CTI entrenado en entrevista infantil. ¿Qué debe hacerse según la normativa vigente?. Realizar la entrevista inmediatamente, sin exigencias formales. Suspender indefinidamente el proceso hasta conseguir personal entrenado. Gestionar de inmediato la intervención de un entrevistador especializado. Delegar la entrevista en el defensor de familia presente.

Un adolescente de 17 años es sorprendido realizando trabajo nocturno como ayudante en un establecimiento comercial. El contrato fue autorizado por el padre ante la Inspección de Trabajo. ¿Qué infracción se está cometiendo según el Código de Infancia y Adolescencia?. La autorización solo es válida para adolescentes mayores de edad. No hay infracción si cuenta con supervisión adulta. Se excede la jornada permitida, configurando una violación legal. El menor puede trabajar sin restricción horaria en comercio.

Un adolescente de 15 años ha sido aprehendido en flagrancia por hurto y trasladado ante el fiscal. No se ha presentado defensor de familia en la diligencia inicial. ¿Qué efecto tiene esta omisión dentro del proceso?. La actuación continúa con defensor público únicamente. Es nula la diligencia por faltar acompañamiento legal obligatorio. El proceso se suspende hasta que el juez decida. No afecta si el menor acepta los hechos.

En una audiencia de juicio por responsabilidad penal para adolescentes, el juez ordena la publicidad del procedimiento a medios de comunicación, alegando interés público. ¿Esta decisión se ajusta a las disposiciones del Código de Infancia y Adolescencia?. No, porque la audiencia debe ser cerrada si hay riesgo psicológico. Sí, si el adolescente no se opone. Sí, si el defensor público lo aprueba. No, salvo que se trate de delitos contra la seguridad del Estado.

Un suboficial, durante una operación de seguridad en zona urbana, decide abandonar su puesto sin informar a sus superiores ni justificar su ausencia. ¿Según el Código Penal Militar, cuál es el delito configurado?. Desobediencia simple. Abandono del servicio. Deserción agravada. Abandono del puesto.

Un centinela se separa de su puesto sin ser relevado formalmente por personal autorizado, durante la noche, en un área de operaciones. ¿Cuál es la tipificación correcta de esta conducta?. Insubordinación por exigencia. Omisión en el abastecimiento. Delito del centinela. Ataque al inferior.

Un soldado se autolesiona con el fin de obtener una incapacidad médica prolongada que le permita gestionar su retiro anticipado del servicio. De acuerdo con la Ley 1407 de 2010, ¿Qué delito se configura?. Cobardía en el ejercicio del mando. Inutilización voluntaria. Peculado por extensión. Falsa alarma.

Un comandante, al verse rodeado por grupos sediciosos, se rinde sin agotar previamente todos los medios de defensa que tenía a su disposición. ¿Qué delito ha cometido según el Código Penal Militar?. Sabotaje por destrucción o inutilización. Abandono del servicio. Cobardía en el ejercicio del mando. Requisición arbitraria.

Un suboficial revela por imprudencia un documento clasificado como. “reservado” durante una conversación telefónica no autorizada. ¿Cuál es el tipo penal que se configura?. Tráfico de influencias. Revelación culposa. Ataque al superior. Uso indebido de uniformes.

Un ciudadano con discapacidad física radica una solicitud escrita ante la Secretaría de Movilidad para obtener una exoneración tributaria en el impuesto vehicular. Pide además copia de los documentos que sustenten la respuesta. Pasan diez días sin respuesta alguna, y al día número quince, la entidad comunica que aún están en estudio y no entregan las copias. Según la Ley 1755 de 2015, ¿cuál es el efecto jurídico de este actuar por parte de la administración?. La solicitud se entiende aceptada y los documentos deben ser entregados dentro de lo: tres días siguientes. La entidad tiene treinta días más para responder sin necesidad de informar al ciudadano. La administración puede negar los documentos si no los considera necesarios. Se requiere interponer un derecho de petición adicional para insistir en la entrega de copias.

Una líder social presenta una solicitud de intervención urgente ante una alcaldía municipal para evitar el desalojo inminente de una comunidad indígena. En su petición adjunta documentos probatorios y solicita medidas de protección por encontrarse en riesgo inminente. En virtud de la Ley 1755 de 2015, ¿Cómo debe proceder la entidad pública?. Dar trámite ordinario en máximo 15 días, según el tipo de solicitud. Otorgar atención preferente por tratarse de una petición de interés ambiental. Adoptar medidas de urgencia inmediatas y resolver con prioridad por riesgo de vida. Remitir a la Defensoría del Pueblo para que asuma el caso.

Un estudiante universitario solicita acceso a su historia académica contenida en los archivos de una institución pública. La entidad le responde que no puede entregarle la información por ser de carácter reservado, pero no cita ninguna norma ni autoridad que justifique esa reserva. Según la Ley 1755 de 2015, ¿Cómo se considera esta actuación?. Válida, siempre que el funcionario considere la información como confidencial. Improcedente, ya que toda información personal es pública por defecto. Ilegal, porque debe motivarse citando la norma específica que establece la reserva. Válida, si se entrega dentro de los términos legales con copia a la Superintendencia.

Una organización sindical presenta de forma escrita una solicitud para consultar los contratos de prestación de servicios firmados por una entidad pública en el último año. La administración responde que no tiene competencia y archiva el trámite sin remitir la petición a ninguna otra dependencia. De acuerdo con la Ley 1755 de 2015, ¿qué debió hacer correctamente la entidad?. Informar que no puede resolver y archiva definitivamente la solicitud. Comunicar la falta de competencia, remitirla a la entidad correspondiente y notificarlo al peticionario. Devolverla sin análisis por falta de competencia legal. Solicitar a la Procuraduría General que asuma el trámite.

Un grupo de veinte víctimas del conflicto armado presenta una petición idéntica ante una entidad estatal para exigir reparación administrativa. La entidad, sin dar respuesta individual, publica un comunicado en su página web con una única respuesta general. Según la Ley 1755 de 2015, ¿es jurídicamente válida esta actuación?. No, porque las víctimas tienen derecho a una respuesta individualizada. Sí, si además del comunicado se remiten copias físicas a cada peticionario. No, porque las peticiones colectivas deben ser resueltas en audiencia pública. Sí, cuando se trate de peticiones análogas presentadas por más de diez personas.

Un ciudadano decide realizar una manifestación en un espacio público sin autorización previa. Durante el evento, interrumpe la libre circulación de peatones y genera afectaciones al orden público, afectando la tranquilidad de los residentes del sector y generando riesgo para la seguridad. La Policía interviene y advierte que la actividad se configura como una aglomeración no compleja que altera la convivencia. Según lo dispuesto en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ¿Cuál de las siguientes medidas correctivas es procedente?. Aplicar una sanción penal por obstrucción de vía pública. Ordenar la disolución de la reunión por involucrar una aglomeración de público no compleja. Imponer una multa tipo 4 de manera automática. Remitir el caso directamente a la Fiscalía por alteración del orden público.

Durante una inspección de patrullaje nocturno, el personal uniformado encuentra a un ciudadano deambulando desorientado en una avenida principal. El individuo muestra signos evidentes de intoxicación por consumo de sustancias psicoactivas, no responde de forma coherente y representa un riesgo tanto para su integridad como para la de terceros. Frente a este caso y conforme al procedimiento del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ¿qué acción debe realizar la autoridad de Policía?. Llevarlo a una estación de Policía y mantenerlo retenido durante 24 horas. Iniciar un procedimiento penal por consumo de sustancias psicoactivas. Aplicar el traslado por protección, con informe inmediato y notificación al Ministerio Público. Realizar una prueba de alcoholemia en el lugar y permitirle continuar su camino.

Un inspector de Policía verifica que en un lote baldío de zona urbana se adelanta una obra de construcción sin licencia o con violación de las condiciones previstas en la misma. A pesar de la visita técnica y de la advertencia verbal hecha previamente, los responsables continúan los trabajos en contravía de las normas urbanísticas vigentes. De acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ¿Qué medida debe adoptar la autoridad?. Imponer una amonestación por desobediencia. Aplicar el decomiso de herramientas y materiales. Ordenar la suspensión de la obra, y si persiste, aplicar la demolición. Reubicar al personal de obra a otro sitio temporal.

En horas de la noche, durante una celebración privada en un inmueble residencial, se presentan altos niveles de ruido, uso de amplificación sonora y presencia masiva de personas, lo que genera múltiples quejas vecinales. La Policía acude al sitio y emite una orden verbal para cesar el comportamiento contrario a la convivencia, sin que esta sea acatada. ¿Cuál medida correctiva permite aplicar el Código de Seguridad y Convivencia en este caso?. Ordenar la demolición del inmueble por alteración reiterada. Imponer una multa tipo 3 y prohibir futuras reuniones en el lugar por 6 meses. Aplicar el retiro del sitio y prohibición de ingreso a eventos no complejos. Disolver la reunión por afectar la tranquilidad y desobedecer una orden de Policía.

En una zona comercial, se detecta que un establecimiento ha instalado elementos de publicidad exterior visual sobre su fachada sin autorización legal y con un área que supera los 20 metros cuadrados. Dicha publicidad genera contaminación visual en el entorno urbano. Conforme al régimen establecido en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ¿qué consecuencia se le debe imponer al propietario del establecimiento?. Se impondrá una multa tipo 2 por cada metro cuadrado. El inspector podrá decomisar los elementos sin procedimiento previo. Se aplica una multa especial por contaminación visual entre 1.5 y 40 S.M.L.M.V. Se solicitará autorización retroactiva a la alcaldía local y se otorga plazo de 10 días para ajustarse.

Un patrullero de policía es asignado a una zona de alta complejidad operativa en un municipio apartado. Durante sus labores, sufre una lesión que compromete de manera parcial su capacidad funcional. Posteriormente, es valorado por los organismos médico laborales, los cuales determinan una disminución de su capacidad psicofísica con sugerencia de reubicación laboral. Frente a esta situación, ¿Cuál sería la actuación institucional que le permite continuar prestando servicios, pero en condiciones acordes a su nueva capacidad?. Se le asigna una licencia sin sueldo mientras se resuelve su estado de salud. Se le otorga una comisión administrativa para funciones externas a la Ponal. Se le mantiene en servicio activo en actividades administrativas o de instrucción. Se recomienda su retiro inmediato de la institución sin posibilidad de reubicación.

Un Patrullero de Policía es comisionado para representar institucionalmente a la Policía Nacional en un evento deportivo de carácter internacional. La comisión se autoriza por un periodo de 20 días y requiere el desplazamiento fuera del país. En este contexto, ¿qué tipo de comisión corresponde y cuál sería la autoridad competente para disponerla?. Comisión especial al exterior, autorizada por la Dirección de Talento Humano. Comisión permanente de estudios, autorizada por el Ministerio del Deporte. Comisión al exterior de tipo deportiva, autorizada mediante resolución. Comisión transitoria internacional, autorizada por el Comité Olímpico Nacional.

Un grupo de patrulleros, cumpliendo funciones oficiales fuera de su sede habitual, solicitan a su unidad el pago de viáticos acumulados por una comisión que excedió los 90 días. El comandante duda sobre si puede seguir autorizando este pago. En términos administrativos, ¿cómo se clasifica esta situación para efectos del acto correspondiente?. Comisión transitoria en el país, sin derecho a viáticos. Comisión especial con financiamiento directo de la unidad. Comisión permanente, sujeta a resolución ministerial. Comisión administrativa de carácter internacional.

Durante el proceso de validación de competencias, un patrullero pierde dos evaluaciones consecutivas a pesar de contar con una trayectoria disciplinaria intachable. Él solicita continuar en el servicio aduciendo su buen comportamiento y experiencia. ¿Qué decisión se encuentra prevista en el marco normativo ante este incumplimiento?. Puede repetir indefinidamente el proceso siempre que su conducta lo respalde. Será reasignado a funciones auxiliares bajo evaluación periódica. Se le otorgará una licencia especial mientras se define su situación. Será retirado del servicio activo por no superar la validación.

Una patrullera uniformada solicita licencia remunerada para cursar un posgrado en el extranjero financiado por una universidad. La Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional analiza su caso y revisa si procede el beneficio. De acuerdo con el régimen legal aplicable, ¿Qué condiciones deben cumplirse para autorizar esta licencia?. Que se trate de un posgrado en áreas humanísticas y sin costo para la Ponal. Que la totalidad del curso sea financiada por el Estado colombiano. Que el curso sea autofinanciado, suscriba póliza de cumplimiento y haya disponibilidad. Que el posgrado esté alineado con necesidades institucionales y sin costos para Ponal.

Un funcionario municipal, encargado de la gestión del espacio público, hace caso omiso a múltiples denuncias ciudadanas sobre ocupación indebida de una vía principal por comercio informal. Nunca tramita acciones preventivas, correctivas ni de verificación. ¿Cuál de los siguientes conceptos disciplinarios permite analizar esta conducta?. Acción dolosa por omisión voluntaria. Culpa leve no sancionable. Omisión funcional con efectos disciplinarios. Inhabilidad sobreviniente por negligencia reiterada.

Una servidora pública recibe capacitación sobre contratación estatal. Sin embargo, semanas después suscribe un contrato sin los requisitos legales, argumentando que desconocía una actualización normativa. ¿Cómo se califica esta conducta dentro del régimen disciplinario?. Culpa leve por error de interpretación normativa. Dolo directo por ignorar la ley deliberadamente. Culpa gravísima por ignorancia supina. Falta leve por desconocimiento parcial.

Un servidor público autoriza pagos extraordinarios sin contar con el soporte documental exigido. Aunque reconoce su error, sostiene que lo hizo confiando en la idoneidad de su equipo técnico. ¿Qué tipo de responsabilidad podría derivarse?. Falta disciplinaria por extralimitación. Omisión justificable por delegación de funciones. Culpa grave por inobservancia del deber de control. Ausencia de responsabilidad por error administrativo.

Un inspector urbano emite sanciones sistemáticas a comerciantes de una zona específica, mientras ignora infracciones similares en otros sectores. Ante la queja de discriminación funcional, ¿cuál es el enfoque correcto para su análisis disciplinario?. Falta administrativa leve por subjetividad del criterio. Extralimitación funcional sin efecto disciplinario. Posible abuso de autoridad con conflicto de intereses. Actuación lícita por ejercicio autónomo del cargo.

Una directora técnica continúa ejerciendo sus funciones a pesar de haber sido notificada formalmente de su inhabilidad por sanción disciplinaria previa. ¿Qué acción debe tomar el nominador, según el régimen legal?. Eximirla si no hay perjuicio comprobado. Suspenderla mientras se revisa el caso. Dar por terminado su vínculo de forma inmediata. Reportar el caso a la autoridad fiscal.