PRÁCTICA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

1. En qué casos procede interponer recurso administrativo: A. Contra las resoluciones y actos de trámite. B. Contra las resoluciones que pongan fin al procedimiento. C. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. D. Contra las resoluciones que agotan la vía administrativa y contra los actos de trámite si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.

2. Las infracciones graves: A. Caducan a los dos años. B. Prescriben a los dos años. C. Prescriben al año. D. Caducan al año, salvo que una ley establezca otro plazo.

3. La duración máxima del ingreso de una persona extranjera en un centro de internamiento durante la tramitación de un procedimiento de extranjería en el que se puede acordar su expulsión es de: A. 60 días como máximo. B. 60 días, prorrogables por otros 60. C. 30 días. D. dos meses, prorrogables.

4. ¿Qué es la capacidad procesal en el orden judicial contencioso-administrativo?. A. La relación de la parte procesal con el objeto del proceso. B. La facultad para poder realizar actos con eficacia jurídica dentro de un proceso judicial. C. La necesidad de comparecer con procurador ante algunos tribunales de lo contencioso-administrativo. D. El derecho a comparecer sin procurador ante algunos tribunales de lo contencioso administrativo.

5. En el procedimiento ordinario de expropiación forzosa ¿Cuándo puede llevarse a cabo la ocupación de la finca o bien expropiado?. A. Cuando el Jurado de Expropiación Forzosa haya dictado resolución sobre el justiprecio. B. Cuando se haya hecho efectivo el justiprecio o, en su caso, haya sido consignado en legal forma. C. De inmediato tras la declaración de urgencia. D. Después de la declaración de necesidad de ocupación.

6. En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, el silencio administrativo: A. Es siempre positivo. B. Es negativo únicamente cuando la solicitud pretenda la adquisición de facultades sobre el dominio público. C. Es positivo, salvo que se refiera a solicitudes sobre el dominio público, servicio público o reclamaciones de responsabilidad patrimonial. D. Es positivo siempre que una norma sectorial así lo disponga.

7. ¿Es posible la solicitud de medidas cautelares con anterioridad a la interposición del recurso contencioso administrativo?. A. No. Deben solicitarse con el escrito de interposición del recurso contencioso administrativo. B. Sólo en el supuesto de recurrir contra la inactividad material de la Administración. C. C. Sólo en los supuestos de inactividad o de vía de hecho de la Administración. D. Sólo si ya se habían acordado medidas provisionales en sede administrativa.

8. Deben tramitarse por el procedimiento abreviado los recursos contencioso-administrativos sobre los siguientes asuntos: A. Todos los asuntos que correspondan a los Juzgados Centrales de lo contencioso administrativo. B. Dominio público, servicio público y separación de funcionarios. C. Materias de extranjería y asilo político. D. Materias de extranjería, asilo político, disciplina deportiva y todos aquellos asuntos de cuantía inferior a 30.000 euros.

9. La declaración de una causa que haga imposible, legal o materialmente, ejecutar una sentencia corresponde: A. Al órgano administrativo encargado de la ejecución de la sentencia. B. Al Juez o Tribunal que hubiere dictado la sentencia. C. Al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma cuando el acto o disposición anulados por la sentencia fuere de una entidad local sita en su territorio. D. A la Administración que dictó el acto o disposición que fue impugnado en el proceso contencioso-administrativo en el que recayó la sentencia a ejecutar.

10. Para que se declare la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas es preciso que exista un daño: A. Efectivo, patrimonial, evaluable y antijurídico. B. Potencial, económicamente evaluable y antijurídico. C. Efectivo, económicamente evaluable, individualizable y antijurídico. D. Efectivo, individualizable y antijurídico.

11. El contratista tendrá derecho a instar la resolución del contrato y el reconocimiento de los perjuicios sufridos frente a la Administración cuando ésta se demore en el pago debido más allá del siguiente plazo: A. diez meses. B. seis meses. C. ocho meses. D. tres meses.

12. Respecto de las técnicas de intervención administrativa, con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo, salvo: A. Cuando se trate de actividades vinculadas a la defensa nacional. B. Exclusivamente cuando se trate de actividades sobre el dominio público o sobre servicios públicos sometidos a tarifas reguladas. C. Cuando las instalaciones o infraestructuras físicas no sean desmontables. D. Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad.

13. La Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional: A. Conoce de los recursos en materia electoral contra los actos de la Junta Electoral Central. B. Conoce de los recursos contra actos de los Ministros y Secretarios de Estado. C. Conoce de los recursos contra los actos y disposiciones del Consejo de Ministros. D. Conoce de los recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico.

14. En el proceso contencioso-administrativo ¿en qué momentos es posible proponer prueba?. A. Exclusivamente en los escrito de demanda y contestación. B. En los escritos de demanda y de contestación, y tras la contestación cuando ésta introdujera hechos nuevos. C. En los escritos de demanda, de contestación y en los de conclusiones. D. En los escritos de demanda, de contestación, de alegaciones complementarias y por hechos nuevos introducidos en la contestación, así como en el trámite de interposición y oposición al recurso de apelación.

15. En la contratación del sector público los contratos sujetos a regulación armonizada se caracterizan por: A. Quedar excluidos de la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. B. La participación de un poder adjudicador y superar ciertos umbrales económicos en función del tipo contractual de que se trate. C. Ser encomendados siempre a un medio propio de la Administración, de los regulados en los artículos 32 y 33 de la Ley de Contratos del Sector Público. D. Consistir en las modalidades de contratos atípicos y/o mixtos.

16. Todo documento que se presenta ante la Administración Tributaria en el que se reconoce o manifiesta un hecho relevante para la aplicación de tributos es: A. Una declaración tributaria. B. Una autoliquidación. C. Una comunicación. D. Una comprobación de datos.

17. En los supuestos de vía de hecho por la Administración pública, el recurso contencioso administrativo debe interponerse: A. En el plazo de dos meses desde que se produjo la vía de hecho. B. En los dos meses siguientes al vencimiento del requerimiento por 10 días formulado por el interesado. C. En los dos meses siguientes al vencimiento del requerimiento por 3 meses formulado por el interesado. D. En el plazo de 10 días siguientes al vencimiento del requerimiento previamente formulado por el interesado, o, de no mediar dicho requerimiento, en el plazo de 20 días desde que se produjo la vía de hecho.

18. Son supuestos que excluyen la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas: A. La concurrencia de culpa del perjudicado. B. La concurrencia de varias Administraciones en la causación del daño. C. El funcionamiento normal del servicio público. D. La fuerza mayor.

19. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, en los procedimientos sancionadores la falta de resolución expresa dentro del plazo establecido dará lugar a: A. La caducidad y el archivo. B. La prescripción de la infracción. C. El silencio administrativo positivo. D. El silencio administrativo negativo.

20. El trámite de conclusiones: A. No puede servir para incluir argumentos nuevos. B. Solamente se celebra si se ha admitido el proceso a prueba. C. No tiene lugar en el procedimiento abreviado. D. Solamente se celebra si lo solicitan todas las partes personadas.

21. El proceso contencioso-administrativo especial sobre prohibición o propuesta de modificación de las reuniones previstas en la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión se caracteriza por: A. El plazo de 48 horas para la interposición del recurso ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo competentes por razón de la ubicación de la reunión. B. El plazo de 72 horas para la interposición del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia. C. El plazo de 48horas para la interposición del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia. D. La competencia especial atribuida a los Juzgados Centrales de lo contencioso administrativo.

22. El incidente de falta de jurisdicción se puede tramitar en los siguientes momentos procesales: A. Alegaciones previas, contestación a la demanda y en la vista o conclusiones. B. Demanda, alegaciones previas, contestación a la demanda y en la vista o conclusiones. C. Alegaciones previas y contestación a la demanda, únicamente. D. Demanda y contestación a la demanda, únicamente.

23. La representación del recurrente a través de procurador en el proceso contencioso administrativo: A. Es obligatoria en cualquier caso y procedimiento. B. Es potestativa ante los órganos judiciales unipersonales y obligatoria ante los órganos judiciales colegiados. C. Es obligatoria siempre, salvo en el caso de funcionarios que actúen en defensa de sus derechos estatutarios. D. Es potestativa ante los órganos judiciales unipersonales y obligatoria ante los órganos judiciales colegiados, salvo para los funcionarios en defensa de sus derechos estatutarios, siempre que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles.

24. ¿En qué supuestos se presume que existe interés casacional objetivo para interponer un recurso de casación?. A. Cuando el recurso pretenda fundarse en la infracción de normas de derecho estatal o de la Unión Europea que sean relevantes y determinantes del fallo. B. Cuando la cuantía del recurso supere los 600.000 euros. C. Cuando la sentencia recurrible haya aplicado normas sobre las que no existe jurisprudencia. D. Cuando la sentencia se hubiere dictado en única o segunda instancia por la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

25. La ejecución provisional de sentencias: A. No cabe cuando la sentencia haya declarado la nulidad de una disposición de carácter general. B. Se puede plantear en relación con sentencias que no hayan alcanzado firmeza. C. Conlleva, en todo caso, la prestación de garantías por la parte que la ha instado. D. Solamente cabe en relación con sentencias dictadas en procesos cuya cuantía sea superior a 30.000 euros.

26. La nota diferenciadora entre el contrato de concesión de obras o servicios y el contrato de obras y servicios es: A. Las distintas prestaciones que se obliga a realizar el contratista y el concesionario. B. La asunción del riesgo operacional en las concesiones. C. La exclusión del principio de riesgo y ventura en los contratos de obra y servicios. D. No existe un criterio definido, todo depende de la normativa sectorial o especial aplicable.

27. El procedimiento tributario para investigar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y, en su caso, su regulación, es: A. El procedimiento de comprobación. B. El procedimiento de inspección. C. El procedimiento de verificación. D. El procedimiento de apremio.

28. La potestad expropiatoria corresponde exclusivamente a: A. La Administración institucional y a las corporaciones de derecho público. B. La Administración General del Estado, como expresión de la competencia exclusiva del Estado en la materia. C. La Administración de las Comunidades Autónomas y las entidades locales, incluidos los cabildos y consejos insulares. D. La Administración territorial.

29. En un proceso contencioso administrativo con una cuantía establecida en 29.000 euros ¿qué recurso cabe interponer contra la sentencia dictada en la instancia?. A. No cabe ningún recurso por razón de la cuantía establecida. B. Recurso de apelación, previa interposición del recurso de reposición. C. Recurso de queja, sin posibilidad de ulterior apelación en caso de ser desestimado. D. Recurso de apelación sólo en el supuesto de que la sentencia hubiera declarado la inadmisibilidad del recurso o se hubiera dictado en un proceso especial para la protección de los derechos fundamentales.

30. Respecto de la exigencia de visado para la entrada en España señale el enunciado erróneo: A. Los ciudadanos de la Unión Europea están exentos del requisito del visado. B. El visado de residencia permite residir sin realizar actividad laboral o profesional. C. No se exige visado para estancias de hasta seis meses. D. No se exige visado para quienes dispongan de una tarjeta de identidad de extranjero.

31. Contra la resolución del Alcalde del Ayuntamiento denegando el otorgamiento de una licencia de obras, cabe interponer: A. Directamente el recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo contencioso competente por el territorio. B. Recurso de alzada ante el pleno del Ayuntamiento. C. Recurso de reposición, con carácter potestativo. D. Las respuestas A y C son correctas.

32. Señale la respuesta incorrecta respecto del cómputo de los plazos en vía administrativa: A. Para el cómputo por días se excluyen los sábados, domingos y festivos. B. Si el último día del plazo es inhábil se pasa al siguiente día hábil inmediato. C. Los plazos por meses se computan de fecha a fecha. D. El mes de agosto es inhábil excepto para el procedimiento para la defensa de los derechos fundamentales.

33. Señale el enunciado correcto respecto del recurso especial en materia de contratación pública (artículos 44 y ss. Ley de Contratos del Sector Público): A. Es posible interponerlo en cualquier modalidad de procedimiento de contratación (ordinaria, de urgencia y de emergencia). B. Su interposición conlleva la suspensión inmediata de la ejecución del contrato cuando se dirige contra el acto de adjudicación. C. Es potestativo y contra la resolución que se dicte cabrá recurso de reposición. D. Se interpone ante el Tribunal Económico Administrativo Central o Regional según corresponda.

34. En el proceso contencioso-administrativo, en el supuesto de producirse un allanamiento y según lo dispuesto por el art. 75 de la Ley 29/1998: A. El órgano judicial debe dictar sentencia conforme a lo solicitado por el recurrente ante la voluntad expresa de las partes. B. El órgano judicial debe dictar sentencia conforme a lo solicitado por el recurrente, salvo que aprecie una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. C. El órgano judicial debe recabar informe, no vinculante, de la Administración demandada con carácter previo a dictar sentencia. D. El órgano judicial debe acordar el archivo y sobreseimiento del proceso por satisfacción extraprocesal.

35. En el régimen especial de responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia: A. Es preceptivo solicitar informe del Consejo de Estado (u órgano consultivo autonómico) si la cuantía es igual o superior a 50.000 euros. B. Es preceptivo solicitar informe de Consejo General del Poder Judicial. C. Es potestativa la solicitud de informe al órgano consultivo competente por la materia. D. Es preceptivo solicitar informe del Ministerio Fiscal.

36. En un procedimiento en el que entre en juego la institución del silencio administrativo, la Administración: A. Ya no puede dictar resolución expresa en garantía de los derechos del interesado. B. Debe instar la revisión de oficio o declaración de lesividad del acto presunto ganado por el interesado. C. Podrá resolver expresamente en cualquier sentido en caso de haberse producido el silencio negativo y sólo a favor del interesado en caso de silencio positivo. D. Sigue obligada a dictar resolución expresa, con plena libertad decisoria en el ejercicio de sus competencias y potestades.

37. En qué supuestos no es posible solicitar una extensión de efectos de una sentencia firme: A. Cuando se trate de una sentencia que declaró la inadmisibilidad del recurso. B. En materia tributaria, de personal al servicio de la Administración, o de unidad de mercado, una vez que existe una sentencia firme que reconoce una situación jurídica individualizada a una o más personas concretas, en la fase procesal de ejecución de sentencia.,. C. Cuando quien pretende la extensión de efectos de la sentencia firme, cuenta para sí ya con una resolución administrativa firme en la materia frente a la cual decidió no recurrir en sede judicial. D. Las respuestas A y C son correctas.

38. El plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo contra un acto presunto, al entrar en juego el silencio administrativo negativo, es de: A. Seis meses, si bien no es aplicable por doctrina expresa del Tribunal Constitucional. B. Dos meses. C. Seis meses por mandato legal. D. 20 días, tras el previo requerimiento a la Administración.

39. El derecho a la reversión tras los procedimientos expropiatorios queda excluido: A. Cuando han transcurrido 5 años de efectiva afectación a un uso público. B. Cuando han transcurrido 10 años de efectiva ocupación del bien expropiado. C. No se puede excluir nunca, es un derecho constitucionalmente protegido que nace con ocasión de la expropiación de la que trae causa. D. Cuando se altera el destino del bien expropiado pero se mantiene la utilidad pública o interés social.

40. Contra un auto que resuelve un recurso de reposición o aclaración: A. Cabe recurso de queja. B. Cabe recurso de apelación. C. No cabe ningún recurso. D. Sólo cabe el recurso de casación si el auto fue dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia.

1. Las corporaciones de derecho público representa4vas de intereses profesionales son: A. administración privada. B. administración pública. C. asociaciones privadas profesionales. D. entidades de base asociativa que, respecto a las funciones públicas asignadas por ley, ejercen funciones públicas.

2. El recurso especial en materia de contratación deberá…. A. …resolverse dentro de los cinco días hábiles siguientes, una vez recibidas las alegaciones de los interesados, o transcurrido el plazo señalado para su formulación, y el de la prueba, en su caso. B. …resolverse dentro de los diez días hábiles siguientes, una vez recibidas las alegaciones de los interesados, o transcurrido el plazo señalado para su formulación, y el de la prueba, en su caso. C. …estimar en todo o en parte o deses9mar las pretensiones formuladas o declarar su inadmisión, decidiendo mo9vadamente cuantas cuestiones se hubiesen planteado. D. …las respuestas a) y c) son correctas.

3. El contrato administrativo …. A. … es la típica modalidad dual del acto administrativo. B. …es una disposición general, que se aplica a las empresas de servicios. C. …responde a la concurrencia de voluntades de la Administración y del administrado. D. …es una disposición general que solo puede aplicarse a las empresas que han participado en un procedimiento administrativo.

4. El acto administra4vo se compone de varios elementos: A. sujeto, objeto, elemento teleológico y elemento formal. B. sujeto, objeto y elemento. C. sujeto, objeto, elemento administra9vo y elemento final. D. sujeto, objeto, elemento inicial y elemento final.

5. Los actos administrativos: A. …originarios son los dictados por el órgano administra9vo original. B. …pueden clasificarse como originarios o confirmatorios, siendo estos úl9mos los que reproducen el contenido de otro acto previo. C. …pueden ser confirmatorios si conceden algo de forma exactamente igual que cuando se la Administración es9mó una solicitud por primera vez. D. …pueden ser originarios si los dicta un ayuntamiento y confirmatorios, si proceden de un ministerio.

6. El reglamento administrativo: A. …en todo caso, será dictado por el Parlamento, siguiendo el procedimiento legal. B. …se integra en el ordenamiento jurídico y lo innova. C. …solo puede ser dictado por un Ministro. D. …todas las respuestas anteriores son falsas.

7. Los actos administra4vos …. A. …pueden ser dictados por todos los órganos administra9vos, dentro de sus competencias. B. …solo pueden ser dictados por los órganos administra9vos a los que se le atribuye esa potestad, salvo las en9dades locales. C. …solo pueden ser dictados por los Ministerios. D. …todas las respuestas anteriores son correctas.

8. Si un reglamento es ilegal…. A. …solo puede intervenir el Tribunal Cons9tucional. B. …se puede reaccionar frente al mismo mediante revisión de oficio, cues9ón de ilegalidad o recurso contencioso-administra9vo. C. … el Tribunal Supremo es el único órgano jurisdiccional que puede anularlo. D. … una vez que está anulado en vía administra9va, luego ya se podrá anular en vía jurisdiccional.

9. Su cliente, mayor de edad, le solicita, en su condición de abogado, asesoramiento en relación con un procedimiento administra4vo seguido ante el Ayuntamiento de la ciudad. En dicho procedimiento el padre de su cliente ha actuado como representante de su hijo, pero ninguno de los dos ha aportado poder de representación ante el Ayuntamiento ¿es posible la actuación en representación ante las autoridades públicas? Indique la respuesta correcta: formal del procedimiento administra9vo. A. Sí, ya que cualquier persona con capacidad de obrar podrá actuar en representación de otra ante las autoridades públicas. B. Sí, siempre que, tanto mi cliente como su padre, han presentado a la Administración un poder de representación. C. No, ya que el padre de mi cliente no está legi9mado para actuar en representación de su hijo, al carecer de relación con el objeto del procedimiento. D. No, ya que el padre de mi cliente no es un interesado desde el punto de vista.

10. En un procedimiento administra4vo, ¿sobre quién recae la carga de la prueba? Indique la respuesta correcta: A. Sobre la Administración, ya que es la encargada de aportar las pruebas necesarias que demuestren la comisión de la infracción. B. Sobre el interesado o administrado, ya que las actuaciones de la Administración 9enen presunción iuris tantum de validez y admiten prueba en contrario. C. No existe norma especial para los procedimientos administra9vos, por tanto, rige la regla general, según la cual incumbe la carga de la prueba a quien alegue los hechos en que funden sus derechos. D. Sobre el interesado, en todo caso, salvo que los hechos sean irrelevantes a juicio de la Administración, o sean admi9dos por ambas partes, o de cuya existencia presume la ley.

11. ¿Cuándo se pone fin al procedimiento? Indique la respuesta correcta: A. Ponen fin al procedimiento la resolución, el desis9miento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud y la declaración de caducidad. B. Ponen fin al procedimiento la resolución, la terminación convencional y la caducidad. C. Ponen fin al procedimiento la resolución administra9va mo9va y la renuncia por parte del interesado. D. Ponen fin al procedimiento la caducidad, la renuncia, la terminación convencional o pactada y la resolución.

12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la verdadera?: A. El principio de legalidad determina que el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos colegiados que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. B. El principio de legalidad supone la imposibilidad por parte de la Administración de condenar o sancionar a los administrados por acciones u omisiones que, en el momento de producirse, no cons9tuyan delito, falta o infracción administra9va de acuerdo con lo establecido en una norma con rango de ley. C. El principio de legalidad determina que el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administra9vos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. D. Las respuestas b) y c) son correctas.

13. Su cliente, tras recibir la no4ficación de la resolución administra4va, le pregunta qué recurso/s podrá interponer contra dicha resolución. Indique la respuesta correcta: A. Podrá interponer recurso potesta9vo de reposición y posteriormente de alzada. B. Al agotarse la vía administra9va, deberá interponer recurso contenciosoadministra9vo ante la jurisdicción ordinaria. C. Si la resolución pone fin a la vía administra9va, podrá interponer recurso potesta9vo de reposición o acudir directamente a los tribunales interponiendo un recurso contencioso-administra9vo. En caso contrario, si fuese un acto de trámite, procederá recurso de alzada. D. Podrá interponer un recurso de apelación ante el órgano superior jerárquico, poniendo así fin a la vía administrativa.

14. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deberán: A. Establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a órganos dis9ntos. B. En casos de urgencia, se podrá imponer sanción con ausencia de procedimiento mediante procedimiento simplificado. C. Estar legal o reglamentariamente establecidos. D. Las respuestas a) y c) son correctas.

15. ¿En qué clases de procesos contencioso-administra4vos ha de intervenir el Ministerio Fiscal?. A. En los procedimientos especiales de protección de los derechos fundamentales. B. En todos los procedimientos contencioso-administra9vos sin excepción. C. Únicamente en los procedimientos contencioso-administra9vos ordinarios. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

16. El Juez del Juzgado de lo Contencioso Administra4vo nº x de Madrid, una vez finalizado el período de prueba del proceso instado por la asociación de vecinos “El Juglar” contra la resolución del Alcalde por la que se les imponía una multa por alterar el orden público, acuerda de oficio el recibimiento a prueba y la prác4ca de una prueba pericial a fin de determinar con mayor precisión los hechos que fundamentarán su sentencia. ¿Podrán la asociación de vecinos y el Ayuntamiento intervenir de algún modo en la prác4ca de la prueba pericial?. A. No tendrán intervención en la prueba pericial. B. Podrán impugnar la prueba prac9cada al carecer el Juez de competencia para acordar la prác9ca de la prueba una vez finalizado el período de prueba. C. Las partes únicamente podrán tachar a los peritos. D. Las partes podrán, entre otras cosas, solicitar una exposición completa del dictamen, así como formular las tachas que pudieren afectar al perito.

17. ¿Cómo se inicia un proceso contencioso-administra4vo abreviado?. A. Mediante escrito de interposición, como el procedimiento ordinario. B. Mediante escrito de interposición y demanda. C. Mediante demanda. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

18. ¿Qué asuntos judiciales, de los que competen a los Juzgados de lo Contencioso Administra4vo y a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administra4vo, se tramitan por el procedimiento abreviado (art. 78 LJCA, Ley 29/1998)?. A. Cues9ones de personal al servicio de las administraciones públicas. B. Cues9ones de extranjería y pe9ciones de asilo polí9co; asuntos de disciplina depor9va en materia de dopaje. C. Todas aquellos cuya cuanGa no exceda de 30.000 €. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

19. El Ministerio de Fomento ha publicado los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establecen las condiciones que deben regir la contratación de un servicio de mantenimiento y reparación sujeto a regulación armonizada. La empresa REPARA S.A. desea interponer un recurso especial en materia de contratación contra dichos actos y acude a ud., abogado en ejercicio, para que le asista. ¿Podrá REPARA S.A. interponer el recurso? Indique la respuesta correcta: A. No, dado que solo cabe interponer el recurso contra los acuerdos de adjudicación. B. No, dado que no cabe interponer el recurso contra actos rela9vos a contratos de servicios. C. No, dado que no cabe interponer el recurso contra actos rela9vos a contratos de servicios no sujetos a regulación armonizada. D. Sí, dado que cabe interponer el recurso contra los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación, en contratos de servicios sujetos a regulación.

20. En los procedimientos administra4vos sancionadores iniciados de oficio, la falta de resolución expresa en plazo, según establece el art. 95 de la Ley 39/2015 (LPACAP), da lugar a …. A. Silencio es9matorio. B. Silencio deses9matorio. C. Caducidad y archivo. D. Prescripción.

21. El Ayuntamiento de Bilbao contrata para la Semana Grande de la ciudad a un grupo musical para que dé un concierto. Existen discrepancias entre el Ayuntamiento y el grupo en relación al cumplimiento del contrato. ¿Qué orden jurisdiccional es competente para resolver dichas cues4ones li4giosas? Indique la respuesta correcta: A. El orden jurisdiccional contencioso-administra9vo, ya que se trata de un contrato administra9vo de una Administración pública. B. El orden jurisdiccional contencioso-administra9vo, ya que se trata de un contrato privado de una Administración pública. C. El orden jurisdiccional contencioso-administra9vo, ya que se trata de una cues9ón li9giosa en relación con los efectos, cumplimiento y ex9nción de un contrato privado de una Administración pública. D. El orden jurisdiccional civil, ya que se trata de una cues9ón li9giosa en relación con los efectos, cumplimiento y ex9nción de un contrato privado de una Administración pública.

22. Un funcionario municipal pretende acudir al Juzgado de lo contencioso administra4vo para impugnar un proceso selec4vo, referido a ocupar un puesto de trabajo en un Ayuntamiento, y le pregunta a Ud. si es preciso que él cuente con abogado y procurador en el proceso. Señale la respuesta correcta: A. No es preciso ni abogado ni procurador, por tratarse de un funcionario y de una cues9ón de personal. B. No es preciso procurador, por tratarse de un órgano unipersonal, pero sí abogado. C. En este caso necesariamente deberá conferir su representación a un abogado. D. Es preciso que confiera su representación a un procurador, y será asis9do en todo caso por abogado.

23. En materia de contratación pública, la interposición de la cues4ón de nulidad: A. Debe plantearse ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Contenciosoadministra9vo competente. B. Puede plantearse por toda persona Ysica cuyos derechos o intereses legí9mos se hayan visto perjudicados. C. Puede plantearse por toda persona Ysica o jurídica cuyos derechos o intereses legí9mos se hayan visto perjudicados. D. Debe interponerse en plazo de 20 días desde la publicación de la adjudicación del contrato.

24. Se considera órgano administra4vo, según la Ley 40/2015: A. A las unidades de ges9ón administra9vas a las que se les atribuya funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación sea precep9va. B. A todas las unidades de ges9ón. C. A las unidades de ges9ón que tramitan asuntos en materia de responsabilidad patrimonial y derechos fundamentales. D. Todas las respuestas anteriores son falsas.

25. La sociedad CYS, S.A. 4ene al Ayuntamiento de Jaén como accionista mayoritario. ¿Deberá aplicársele la regulación contenida en la LPAC (Ley 39/2015) y en la LRJSP (Ley 40/2015)?. A. Sí, siempre que la sociedad esté vinculada o sea dependiente del Ayuntamiento, se considerará que pertenece al sector público ins9tucional. Por ello, su ac9vidad estará sujeta a dichas leyes, cuando así lo establezcan las mismas y cuando ejerza potestades administra9vas. B. No serán de aplicación las leyes de procedimiento administra9vo, ya que dentro de su accionariado 9ene accionistas de carácter privado. C. No, ya que al ser una sociedad mercan9l no tendrá la consideración de en9dad de Derecho Público. D. Sí, en virtud de la atribución o encargo específico que haya realizado el Ayuntamiento.

26. Los organismos públicos, en los términos que prevé la Ley 40/2015: A. Tienen personalidad mercan9l diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía de ges9ón. B. Tienen personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía de ges9ón. C. Carecen de personalidad jurídica propia, porque pertenecen a una Administración pública. D. Carecen de personalidad jurídica propia, aunque, en los casos previstos por ley, la Administración de la que dependen, se la puede otorgar para ejercer funciones por delegación de ella.

27. ¿Ante qué órgano administra4vo se podrá interponer el recurso de alzada? Indique la respuesta correcta: A. Se interpondrá ante el órgano que dictó el acto, para que lo remita al superior jerárquico. B. Siempre ante el órgano superior jerárquico del que dictó la resolución impugnada. C. Se podrá interponer ante el órgano que dictó el acto, o bien ante el competente para resolver el recurso. D. Se interpondrá ante el órgano administra9vo central, para que lo remita al superior jerárquico.

28. Las en4dades públicas empresariales: A. Son en9dades de Derecho público, con personalidad jurídica propia, se financian mayoritariamente con ingresos de mercado y, junto con el ejercicio de potestades administra9vas, desarrollan ac9vidades prestacionales, suscep9bles de contraprestación. B. Son en9dades de Derecho público, con personalidad jurídica propia, se financian mayoritariamente con ingresos de los Presupuestos generales del Estado y, junto con el ejercicio de potestades administra9vas, desarrollan ac9vidades prestacionales, suscep9bles de contraprestación. C. Son en9dades de Derecho privado, con personalidad jurídica propia, se financian mayoritariamente con ingresos de los Presupuestos generales del Estado y, junto con el ejercicio de potestades administra9vas, desarrollan ac9vidades prestacionales, suscep9bles de contraprestación. D. Son en9dades de Derecho privado, con personalidad jurídica propia, se financian mayoritariamente con ingresos de carácter mercan9l y, junto con el ejercicio de potestades administra9vas, desarrollan ac9vidades prestacionales, suscep9bles de contraprestación.

29. Ud. interpone un recurso de alzada contra una resolución administra4va que contrariaba los intereses de su cliente. Su cliente le pregunta si esa interposición suspende la ejecución del acto administra4vo recurrido, a lo que Ud. contesta: A. Se puede suspender esa ejecución si, a juicio del órgano competente para resolver, la resolución administra9va impugnada significa un perjuicio para el administrado de imposible o diYcil reparación, o si la impugnación se basa en causas de nulidad de pleno derecho. Puede ordenarse de oficio, o bien a solicitud del interesado. B. La interposición de cualquier recurso suspende la ejecución del acto impugnado, para conferir eficacia a la actuación administra9va. C. La interposición de cualquier recurso nunca suspende la ejecución del acto impugnado, porque los actos administra9vos 9enen presunción de legalidad y confieren eficacia a la actuación administra9va. D. El órgano administra9vo competente debe suspender la ejecución del acto administra9vo impugnado solo cuando el administrado base su recurso en alguna causa de nulidad de pleno derecho.

30. Como letrado en un proceso contencioso-administra4vo, elija la respuesta correcta, en relación a la posible fase de conclusiones: A. Si en el proceso no hubo fase de prueba, no cabe que haya fase de conclusiones. B. Las partes pueden solicitar que se celebre conclusiones escritas o vista en la demanda, o en 5 días desde que termine la fase de prueba. C. La fase de conclusiones solo es necesaria en el procedimiento abreviado. D. Todas las partes 9enen un plazo común de conclusiones, para respetar así el principio de igualdad de las partes en el proceso.

31. Ud. debe solicitar para su cliente la nulidad de actuaciones en un procedimiento administra4vo, por causa de incompetencia del órgano administra4vo para dictar resolución sobre el fondo del asunto. En aplicación del art. 74 de la Ley 39/2015, indique cómo procede tramitar esa pe4ción: A. La Administración debe suspender la tramitación del procedimiento principal en tanto se tramita la solicitud como cues9ón incidental. B. La Administración debe tramitar esa solicitud como una cues9ón incidental, sin suspender la tramitación del procedimiento principal y sin perjuicio de poder convalidar los actos que sean simplemente anulables. C. La Administración debe tramitar la solicitud como un supuesto de revisión de actos nulos. D. La Administración debe acumular esa solicitud al procedimiento en trámite y resolverla junto con la resolución de fondo de dicho procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de convalidación de actos anulables.

32. Ud. ha recibido no4ficación de una sentencia anulatoria de una disposición, a raíz de un proceso que inició en defensa de los derechos e intereses de un cliente suyo; ¿sobre quién tendrá efectos esa sentencia?. A. Sobre aquellas personas que hayan actuado como partes en el proceso. B. Sobre aquellas personas afectadas por la referida sentencia (art. 72.2 LJCA). C. Sobre todas las personas some9das al ordenamiento jurídico español (art. 72.2 LJCA). D. Sobre aquellas personas que se personaron ante el Tribunal mediante Procurador.

33. ¿Qué procesos judiciales especiales prevé La LJCA?. A. Procedimiento ordinario, procedimiento acelerado y cues9ón prejudicial. B. Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, cues9ón de ilegalidad, proceso especial en materia de contratos. C. Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, cues9ón de ilegalidad, procedimiento en los casos de suspensión administra9va previa de acuerdos y procedimiento para la garanGa de la unidad de mercado. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

34. Según prevé el art. 69 de la LJCA, la inadmisibilidad del recuso administra4vo se declarará siempre que: A. Se hubiera interpuesto por incapaz, no debidamente representado o no legi9mado. B. El Juzgado o Tribunal contencioso-administra9vo carezca de jurisdicción. C. Tenga por objeto disposiciones o actos no suscep9bles de impugnación. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

35. En aplicación del art. 107 de la LJCA, cuando una sentencia firme anule total o parcialmente el acto impugnado…. A. El juez publicará el acto impugnado en el BoleGn Oficial del Estado. B. El juez publicará esa sentencia en los tablones de los juzgados. C. El Letrado de la Administración de Jus9cia dispondrá, a instancia de parte, la inscripción del fallo en los registros públicos a que hubiere tenido acceso el acto anulado, así como su publicación en los periódicos oficiales o privados, si concurriere causa bastante para ello, a costa de la parte ejecutada. D. El juez dispondrá, a instancia de parte, la inscripción del fallo en los registros públicos a que hubiere tenido acceso el acto anulado, así como su publicación en los periódicos oficiales o privados, si concurriere causa bastante para ello, a costa de la parte ejecutada.

36. Ud. interpuso, en defensa de su cliente, recurso contencioso-administra4vo, exigiendo responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento. Después de iniciado el proceso judicial, éste se allanó, aceptando como justa la indemnización reclamada por su cliente. Dadas las circunstancias, ¿el juez 4ene obligación de dictar sentencia de conformidad?. A. Sí. El juez, sin más trámite, dictará sentencia de conformidad con las pretensiones del recurrente, excepto si ello supusiere infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano jurisdiccional comunicará a las partes los mo9vos que pudieran oponerse a la es9mación de las pretensiones y las oirá por plazo común de 10 días. B. No. Se dictará un auto o una diligencia de ordenación, porque si ese allanamiento supusiera infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, el juez, tras oír a las partes por plazo común de 10 días, dictará la sentencia que es9me ajustada a Derecho. C. No, porque no es posible allanarse en la jurisdicción contenciosoadministra9va. Se aplica la doctrina de los actos propios, porque en vía administra9va el Ayuntamiento se opuso a la reclamación. D. No, porque el Ayuntamiento únicamente podría allanarse en el escrito de contestación de la demanda.

37. Su cliente le encarga interponer recurso contencioso-administra4vo frente a un acto administra4vo que es reproducción de otros anteriores, defini4vos y firmes. Ud. le explica que en ese caso …. A. Se podrá interponer recurso contencioso-administra9vo siempre que dicho acto produzca indefensión, así como un perjuicio irreparable a sus intereses legí9mos. B. Según prevé la LJCA, no es admisible el recurso contencioso-administra9vo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores defini9vos y firmes. C. El derecho fundamental a la tutela judicial efec9va, legi9ma para interponer recurso contencioso- administra9vo en defensa de sus intereses legí9mos. D. Las respuestas a) y c) son correctas.

38. Según establece el art. 136.2 de la LJCA, ¿Ud. puede solicitar una medida cautelar antes de interponer un recurso contencioso-administra4vo?. A. Sí, pero una vez acordada la medida cautelar, si no interpongo el recurso contencioso administra9vo, las medidas acordadas quedarán automá9camente sin efecto. B. Sí, pero debo pedir su ra9ficación en el momento de interponer el recurso. C. Sí, en los supuestos de inac9vidad de la Administración o de vía de hecho. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

39. En el transcurso de un proceso contencioso-administra4vo, ¿qué sucede si la Administración no remite el expediente administra4vo en plazo?. A. El recurrente puede solicitar, por sí, o a inicia9va del LAJ, al Tribunal que se le conceda plazo para formalizar demanda (art. 53 LJCA). B. El recurrente no puede formalizar demanda, ya que sufre indefensión, puesto que no dispone del expediente para formular alegaciones (art. 53 LJCA). C. El recurrente puede formalizar demanda, siempre que lo solicite al juez y este resuelva es9mando su pe9ción (art. 53 LJCA). D. El Letrado de la Administración de Jus9cia lo pone de manifestó a las partes, por plazo de 10 días, para que formalicen alegaciones (art. 53 LJCA).

40. En el transcurso de un proceso contencioso-administra4vo, ¿qué sucede si la Administración no remite el expediente administra4vo en plazo?. A. El recurrente puede solicitar, por s√≠, o a inicia9va del LAJ, al Tribunal que se le conceda plazo para formalizar demanda (art. 53 LJCA). B. El recurrente no puede formalizar demanda, ya que sufre indefensión, puesto que no dispone del expediente para formular alegaciones (art. 53 LJCA). C. El recurrente puede formalizar demanda, siempre que lo solicite al juez y este resuelva es9mando su pe9ción (art. 53 LJCA). D. El Letrado de la Administración de Jus9cia lo pone de manifestó a las partes, por plazo de 10 días, para que formalicen alegaciones (art. 53 LJCA).