practica derecho internacional master uned 2semana 2025
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Título del Test:
![]() practica derecho internacional master uned 2semana 2025 Descripción: practica dcho internacional uned master 2sem 2025 |



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1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? En materia de reconocimiento y ejecución, en el caso de sentencia inconciliables extranjeras, el Reglamento Bruselas I refundido: a) Da preferencia a la dictada con anterioridad. b) Da preferencia a la dictada en el procedimiento que se hubiese iniciado con anterioridad. c) Da preferencia a la notificada con anterioridad. 2. Una empresa domiciliada en La Haya (Holanda) realiza un pedido de cien bombas de agua a otra empresa domiciliada en Bruselas (Bélgica). El contrato se celebra por medios electrónicos, acordándose que el pago del precio se debe llevar a cabo en Bélgica, y la entrega de las mercancías en La Haya. Además, se incluye una cláusula de sometimiento a los tribunales de Bruselas para cualquier litigio derivado del contrato. Recibidas las bombas, se comprueba que no resultan técnicamente adecuadas para el uso previsto, por lo que, tras intentar un arreglo amistoso, la firma holandesa demandó a la belga ante los tribunales de La Haya. La parte demandada compareció contestando al fondo de la demanda. ¿Debe considerarse competente el juez holandés?ión expresa. a) Sí, pues La Haya es el lugar pactado para la entrega de la mercancía. b) No, porque la cláusula de sumisión obliga a considerar a los tribunales belgas como los únicos competentes. c) Sí, ya que al no impugnarse su competencia se produce una sumisión tácita del demandado, que prevalece sobre la anterior sumisión expresa. 3. Una firma francesa celebra un contrato de prestación de servicios de asesoría con una firma española (destinaria de los servicios). El contrato se celebra en Madrid, pero pactan que el servicio se preste en Ámsterdam (Holanda). Tras surgir ciertas desavenencias entre las partes, la firma española se plantea reclamar a la firma francesa por incumplimiento contractual. ¿Ante qué tribunales podrá hacerlo?: a) Ante los tribunales franceses o ante los tribunales españoles, ya que el contrato se celebró en Madrid. b) Ante los tribunales franceses o ante los tribunales holandeses en función del foro de competencia elegido por el demandante. c) Todas las respuestas anteriores son falsas. 4. Una empresa con sede estatutaria en Kyoto y otra con sede estatutaria en Berlín, firman un contrato de suministro. El contrato se firma en el aeropuerto de Bilbao pero debía ejecutarse íntegramente en Kyoto. La empresa japonesa quiere demandar a la alemana por incumplimiento de contrato y presenta la demanda ante los tribunales de Bilbao. ¿Son competentes los tribunales españoles por el Reglamento Bruselas I (refundido)?. a) No son competentes porque la norma aplicable, el Reglamento Bruselas I (refundido), no cumple con su ámbito de aplicación personal. b) Sí, pues la norma aplicable, el Reglamento Bruselas I (refundido), cumple los cuatro ámbitos de aplicación y otorga foro de competencia al firmarse el contrato en España. c) No son competentes, pues aunque el Reglamento Bruselas I (refundido) es aplicable al caso, no serían los tribunales españoles competentes. 5. Una empresa con sede social en México y otra con sede social en Brasil, litigan por un incumplimiento de contrato que debía cumplirse en Portugal, Francia y España. Acuerdan que la jurisdicción competente será la portuguesa. La empresa brasileña presenta su demanda ante los tribunales de Madrid. ¿Son competentes los tribunales de Madrid?. a) Son competentes por aplicación del art. 22 bis.3 de la LOPJ, ya que existe una sumisión tácita, pues al impugnar la competencia se entiende que acepta la competencia tácitamente. b) Si la parte demandada no impugna la competencia, los tribuales españoles tendrán jurisdicción a pesar de la cláusula anterior de sumisión expresa a tribunales portugueses, de acuerdo con el Reglamento Bruselas I (refundido). c) No son competentes porque ni por el Reglamento Bruselas I (refundido), ni por la LOPJ, se acepta la sumisión tácita cuando ninguna de las partes tiene sede en España. 6. Una mujer española contrae matrimonio en Venezuela con un venezolano. Durante 2 años vivieron en Brasil, pero el 1 de octubre de 2023, la esposa trasladó su residencia a España. Los Tribunales españoles, ¿pueden conocer del asunto presentado ante ellos en abril de 2024?. a) En aplicación del Reglamento 2019/1111 (Bruselas II ter) puede divorciarse en España si es ella demandante, ya que llevará más de 6 meses en España y es nacional española. b) No existe ningún foro de competencia en el Reglamento 2019/1111 (Bruselas II ter) que otorgue competencia a España. c) Puede divorciarse en España por el art. 22 quárter de la LOPJ ya que el esposo es de Venezuela, que no es parte en el Reglamento 2019/1111 (Bruselas II ter). 7. Una pareja de nacionales chinos con residencia en Sevilla presentan demanda de divorcio ante los juzgados de la mencionada ciudad. Se da la circunstancia de que las partes tienen dos hijos, uno de 15 años que reside con ellos y otra de 13 que reside con sus abuelos en China. La esposa le cuestiona a usted como abogado si podría solicitar ante las autoridades españolas la disolución del matrimonio y medidas paterno filiales respecto de los dos hijos: a) Conforme al Reglamento 2019/1111 la jurisdicción española es competente para el divorcio. Por el mismo motivo puede la jurisdicción española dictar las medidas paternofiliales sobre todos los hijos del matrimonio al atraer el procedimiento de divorcio las medidas paternofiliales. b) Conforme al Reglamento 2019/1111 la jurisdicción española puede ser competente para el divorcio y para las medidas paterno filiales sobre el menor residente en España. Si bien, en el caso del menor residente en China, para las medidas paternofiliales las partes, entre otros requisitos, tienen que estar de acuerdo con que sea la jurisdicción española la competente. c) No se aplica el Reglamento 2019/1111, por ser nacionales de un tercer Estado y, por tanto, desvinculados del citado instrumento jurídico . 8. Tras la entrada en vigor del Protocolo no 15, el plazo para presentar una demanda ante el TEDH es: a) cuatro meses desde que la decisión dictada en el procedimiento de agotamiento de los recursos internos es definitiva. b) cinco meses desde que la decisión dictada en el procedimiento de agotamiento de los recursos internos es definitiva. c) seis meses desde que la decisión dictada en el procedimiento de agotamiento de los recursos internos es definitiva. 9. La petición de decisión prejudicial en la UE: a) no puede tramitarse mediante procedimientos acelerados. b) puede tramitarse mediante procedimientos acelerados o procedimiento de urgencia únicamente en los casos previstos. c) puede tramitarse mediante procedimientos acelerados o de urgencia siempre que lo solicite el órgano nacional remitente. 10. El Tribunal Internacional de Justicia: a) es un tribunal internacional permanente creado por la Carta de las Naciones Unidas. b) es un tribunal internacional no permanente creado por la Asamblea General en 1950 para ejercer las funciones judiciales en el seno de Naciones Unidas. c) es un tribunal internacional permanente encargado de resolver todos los litigios que surjan entre la Organización de Naciones Unidas y sus Estados miembros. 11. Un Estado Parte de la CPI se niega a entregar a un acusado de crímenes de guerra, alegando que ya ha iniciado un juicio nacional contra el acusado. ¿Qué principio del Estatuto de Roma se aplicaría para resolver este conflicto, y qué debería evaluar la CPI para determinar la admisibilidad del caso?. a) El principio de complementariedad, y la CPI debería evaluar si el juicio nacional es genuino y cumple con los estándares internacionales de debido proceso. b) El principio de jurisdicción universal, y la CPI debería evaluar si el acusado puede ser juzgado en otro país. c) El principio de territorialidad, y la CPI debería evaluar si los crímenes fueron cometidos en el territorio del Estado Parte. 12. Un abogado representa a una empresa acusada de no cumplir con una normativa de la Unión Europea sobre protección de datos. La empresa argumenta que la normativa no es clara y que su interpretación podría variar. El abogado decide asesorar al cliente sobre la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial. ¿Qué debería hacer para apoyar la solicitud de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia?. a) Proporcionar al juez nacional una exposición detallada de los hechos y de la relevancia de la normativa en el caso. b) Presentar una queja formal ante la Comisión Europea. c) Solicitar una audiencia con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 13. El artículo 256 del TFUE establece la competencia del Tribunal General para conocer en primera instancia de los recursos de anulación y por omisión. ¿Qué tipos de actos pueden ser impugnados ante el Tribunal General y cuál es su papel en estos casos?. a) Pueden ser impugnados únicamente los actos legislativos del Parlamento Europeo, y el Tribunal General revisa la legalidad de estos actos. b) Pueden ser impugnados los actos de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, y el Tribunal General asegura que estos actos cumplan con el Derecho de la Unión. c) Pueden ser impugnados los actos administrativos de los Estados miembros, y el Tribunal General supervisa la implementación de estos actos. 14. ¿Qué principio general ha establecido el TEDH sobre lo que constituye un recurso efectivo ante una instancia nacional en los asuntos relativos a la expulsión de solicitantes de asilo?. a) El recurso debe ser presentado ante una autoridad internacional. b) El recurso debe abordar el fondo de cualquier queja defendible en virtud del CEDH. c) El recurso debe ser resuelto en un plazo máximo de seis meses. 15. ¿Qué criterio utiliza el TEDH para determinar si una situación constituye una "práctica administrativa" que exime del agotamiento de los recursos internos?. a) La repetición de actos internos incompatibles con el Convenio y la permisividad oficial por parte de las autoridades estatales que hacen ineficaz el procedimiento. b) La existencia de un solo acto interno incompatible con el Convenio. c) La convicción del letrado de que los recursos internos disponibles serán desestimados. |





