practica derecho internacional PEC 2026

1. El reconocimiento atítulo incidental de una decisión extranjera conforme a la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil supone: a) Que la eficacia del reconocimiento se extiende más allá de lo resuelto en el proceso principal, por tanto, no es necesario solicitar el exequatur de la resolución extranjera. b) Que la eficacia del reconocimiento queda limitada a lo resuelto en el proceso principal y no impedirá que se solicite el execuátur de la resolución extranjera. c) La Ley de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil no contempla el reconocimiento incidental de las decisiones extranjeras.

2. Un ciudadano belga vive en Marbella. Las autoridades de Bélgica emiten una orden europea de detención contra él por un delito de tráfico de drogas cometido en 2022. Al ser detenido por la Policía Nacional en España, el ciudadano presenta ante el juez de la Audiencia Nacional un certificado del juzgado de Málaga que demuestra que ya fue procesado en España por esos mismos hechos con el resultado de un auto de sobreseimiento. Ante esta situación, la autoridad judicial española: a) debe proceder con la entrega ya que la orden ha sido emitida por un Estado miembro de la Unión Europea y el conflicto deberá ser resuelto por la jurisdicción del Estado reclamante. b) debe consultar con Eurojust para resolver el conflicto de jurisdicción. c) debe denegar la entrega debido al principio de non bis in idem.

3. Una empresa domiciliada en Málaga realiza un pedido de cien bombas de agua a una empresa domiciliada en Bruselas (Bélgica). El contrato se celebra por medios electrónicos, acordándose que el pago del precio se debe llevar a cabo en Bélgica, y la entrega de las mercancías en Málaga. Además, se incluye una cláusula de sometimiento a los tribunales de Bruselas para cualquier litigio derivado del contrato. Recibidas las bombas, se comprueba que no resultan técnicamente adecuadas para el uso previsto, por lo que, tras intentar un arreglo amistoso, la firma española demandó a la belga ante los tribunales de Málaga. La parte demandada compareció contestando al fondo de la demanda. ¿Debe considerarse competente el juez español?: a) No, porque la cláusula de sumisión obliga a considerar a los tribunales belgas como los únicos competentes. b) Sí, ya que al no impugnarse su competencia, se produce una sumisión tácita del demandado, que prevalece sobre la anterior sumisión expresa. c) Sí, pues Málaga es el lugar pactado para la entrega de la mercancía.

Eres abogado de una plataforma de comercio electrónico sancionada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). La sanción se basa en que la empresa utiliza "casillas premarcadas" para aceptar el uso de cookies. Sin embargo, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE habla de "consentimiento libre y específico", pero no prohíbe explícitamente las casillas premarcadas en ese contexto técnico. Como abogado de la plataforma decides solicitar al juez nacional que conoce del recurso que plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cuando el juez plantea la cuestión: a) Se dicta un auto provisional en el procedimiento nacional. b) El procedimiento nacional se archiva y se da traslado de las actuaciones al Tribunal de Justicia que emitirá la sentencia final. c) El procedimiento nacional se suspende hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie.

5. Un tribunal canadiense dicta una sentencia por la que se condena a la empresa española Textiles Madrid S.L, con domicilio en Madrid, a pagar un millón de dolores a la empresa canadiense OTT Toronto. La empresa canadiense pide el reconocimiento y la ejecución de la sentencia en España. La notificación de la referida demanda a la empresa condenada se hará: a) A través de la normativa interna de notificaciones. b) A través del Convenio de La Haya de 1965 sobre notificaciones internacionales dado que Canadá y España son Estados parte del texto. c) A través de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional dado que Canadá no ha ratificado el texto convencional.

6. Dos empresas con domicilio en Marruecos contratan la compraventa de telas de seda. La entrega de la mercancía se hará en Rabat. El pago de la compra por valor de seis millones de dirhams se hará a través de una transferencia a la cuenta de la vendedora en el Aƫjariwafa Bank. Las partes acuerdan en una cláusula del contrato someterse a la jurisdicción española en caso de incumplimiento contractual. El comprador verifica cuando le llega la mercancía que la calidad no se corresponde con lo estipulado y presenta demanda ante la jurisdicción española quien: a) Aplica la LOPJ para determinar su competencia. b) Ninguna de las anteriores es válida dado que se trata de un supuesto de tráfico jurídico interno. c) Aplica el Reglamento Bruselas I (ref) para determinar su competencia.

7. Doña A.R.L. considera que el Estado del que es nacional ha vulnerado varios de sus derechos fundamentales reconocidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos conforme al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Su abogado le advierte de que también podría acudir a otros mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. Ante esta situación: a) no podrá someter de forma simultánea el mismo asunto a varios órganos internacionales de protección de derechos humanos similares. b) puede presentar la misma demanda, primero ante el Tribunal Europeo de Derechos humanos y, si no está conforme con la sentencia dictada, acudir posteriormente al Tribunal Internacional de Justicia. c) mientras se resuelve el recurso ante el Tribunal Constitucional, puede presentar también una queja ante el Comité de Derechos Humanos.

8. Un juez nacional considera que un reglamento de la Unión Europea aplicable al litigio principal podría ser inválido por vulnerar el Derecho primario de la UE. Para resolver el caso, ante las dudas sobre la validez del reglamento, el juez decide no aplicar directamente el reglamento. ¿Es correcta esta actuación conforme al Derecho de la Unión?: a) No, porque la declaración de invalidez corresponde en exclusiva al Tribunal de Justicia. b) Sí, siempre que el juez actúe a instancia de una de las partes en el litigio. c) Si, porque el juez nacional puede controlar la validez del reglamento al tratarse de una norma directamente aplicable.

9. Un nacional francés, con residencia en Madrid desde marzo del 2026, está casado con una nacional brasileña con residencia en Río de Janeiro desde el año 2025. El nacional francés quiere solicitar el divorcio y para ello le consulta si podría en este momento interponer una demanda ante los Tribunales españoles: a) El Tribunal español en aplicación de los foros del Reglamento 2019/1111 tendrá competencia judicial internacional para conocer. b) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. c) Efectivamente, en aplicación subsidiaria de la normativa interna española el Tribunal español será competente para conocer.

10. Una autoridad judicial española recibe una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por un Estado miembro. El reclamado alega genéricamente que, si es entregado, podría ser objeto de tortura y de trato inhumano y degradante en el país de emisión: ¿basta esta alegación genérica para denegar obligatoriamente la entrega?: a) Sí, siempre que se trate de una sospecha de tortura o de trato inhumano y degradante. b No, es necesario acreditar de forma fehaciente el riesgo alegado. c) Depende de la gravedad del delito y de la pena establecida en España para ese delito.