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1.- En 2023, Mario cazó un animal que, según la normativa administrativa (extrapenal), se encontraba en el catálogo de especies protegidas y cometió el delito previsto en el artículo 334 CP que prevé que: «Será castigado [...] quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general: a) cace, pesque, adquiera, posea o destruya especies protegidas de fauna silvestre [...]». En 2024, el animal cazado por Mario fue excluido del catálogo de especies protegidas, ya que se había convertido en una especie invasora. El juicio de Mario por cazar un animal protegido se celebra en 2025. Mario se pregunta si se puede aplicar la normativa extrapenal de manera retroactiva, dado que le favorece. Señale la respuesta correcta: a) No, la retroactividad favorable solo se aplica cuando se modifica una ley penal, no una ley administrativa. b) Sí, pues la regulación extrapenal sirve para complementar una ley penal y queda incorporada a la propia ley penal. c) Dependerá de la naturaleza de la norma extrapenal, ya que solo se aplicará retroactivamente si está recogida en una ley orgánica, pero no cuando esté regulada en otro tipo de normativa. d) No, pues lo impide el principio de irretroactividad de las leyes penales y administrativas.

2.- Cayo, a través de su canal de YouTube, de acceso libre y con más de 2000 seguidores, anima a todas las personas a cometer delitos de robo contra los bancos, pues los considera los generadores de la crisis económica. Cayo ha cometido: a) Un acto preparatorio de proposición del delito de robo. b) Un acto preparatorio de conspiración al delito de robo. c) Una tentativa no acabada del delito de robo. d) Un acto preparatorio de provocación para cometer delitos de robo.

3.- Jaime ha sido condenado a prisión permanente revisable por haber asesinado a su hijo de siete años. Pregunta a su abogado cuándo podrá acceder a los permisos penitenciarios, al tercer grado y a la libertad condicional. Señale la respuesta correcta: a) Nunca, ya que la pena de prisión permanente no prevé acceso a las herramientas de reinserción. Sólo contempla la suspensión de la condena. b) Los plazos serán de 12 años (para el acceso a la solicitud de permisos penitenciarios), de 18 años (para el acceso a la solicitud del tercer grado) y de 30 años (para el acceso a la solicitud de la libertad condicional). c) Han de transcurrir 8 años (para el acceso a los permisos penitenciarios), 15 años (para el acceso a la solicitud del tercer grado) y 25 años (para el acceso a la solicitud de la libertad condicional). d) Los permisos penitenciarios y el tercer grado sólo serán posibles una vez transcurran 20 años desde la fecha de la sentencia. No tendrá acceso a la libertad condicional.

4.- Carmen, condenada a cuatro años de prisión por un delito de tráfico de drogas, acredita fehacientemente que, en el momento de la comisión de los hechos, actuó impulsada por una grave dependencia a las sustancias estupefacientes, y que actualmente se encuentra sometida a un programa de deshabituación en un centro acreditado. No concurren los requisitos generales de primariedad delictiva, pues tiene antecedentes penales computables. A pesar de ello, su defensa solicita la suspensión de la ejecución de la pena. ¿Sería posible que el tribunal sentenciador acordase la suspensión de la ejecución de la pena?. a) No, porque la pena de cuatro años excede el límite de dos años de privación de libertad y es un requisito que no puede exceptuarse. b) Sí, porque en situaciones excepcionales el Código Penal prevé la posibilidad de la concesión de la suspensión para delincuentes no primarios, siempre que la pena privativa de libertad no supere los cinco años y se acredite que el condenado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin para su deshabituación. c) No, pues Carmen no es delincuente primaria y la excepción para drogodependientes solo se aplica a aquellos condenados que han delinquido más de una vez. d) No, porque el delito de tráfico de drogas excluye por su naturaleza la aplicación del régimen de suspensión por drogodependencia.

5.- Dolores atropella con su vehículo a Olga, causándole lesiones graves. El vehículo disponía de seguro obligatorio. ¿Cuál es la posición de la compañía aseguradora en el proceso penal respecto de la responsabilidad civil derivada del delito?. a) La aseguradora solo responde subsidiariamente, una vez que Dolores haya sido declarada insolvente. b) La aseguradora responde civilmente de forma directa hasta el límite del seguro obligatorio. c) Ninguna, pues la aseguradora solo responde ante Dolores (su asegurado) y será ella la que deba indemnizar, pero no puede ser llamada la aseguradora al proceso penal como responsable civil. d) La aseguradora no responderá si ha existido negligencia en el atropello. Si no ha existido, responderá civilmente de manera subsidiaria.

6.- Arturo comete un delito leve de lesiones el 1 de marzo de 2024. El 20 de febrero de 2025 se presenta denuncia ante el Juzgado de Guardia. El Juzgado admite a trámite la denuncia e incoa la causa contra Arturo mediante auto de 5 de marzo de 2025. ¿Ha prescrito el delito de lesiones leves?. a) Sí, porque los delitos leves prescriben al año y la incoación se produjo transcurrido ese plazo. b) No, porque los delitos leves prescriben a los dos años. c) No, porque la prescripción se interrumpe con la presentación de la denuncia, y al incoarse el procedimiento en el plazo de los seis meses posteriores a su presentación, la fecha que interrumpe la prescripción es la de la interposición de la denuncia. d) Sí, porque la interrupción excepcional de la prescripción solo opera para los delitos graves o menos graves, no para los delitos leves.

7.- Manuel es condenado como cooperador necesario de un delito fiscal (art. 305.1 CP). El marco penal abstracto contemplado es una pena de prisión de uno a cinco años. De conformidad con el artículo 65.3 CP, la defensa solicita que se le imponga una pena inferior en dos grados. ¿Qué marco penal concreto comprendería dicho rango penal?. a) De 1 a 2 años y 6 meses de prisión. b) De 6 meses a 1 año menos 1 día de prisión. c) De 3 meses a 6 meses menos 1 día de prisión. d) De 1 año a 1 año y 6 meses de prisión.

8.- Cayo provoca deliberadamente una pelea con Mario, a quien conoce bien por ser su cuñado, sabiendo que este reaccionará violentamente ante la provocación que considera suficiente y adecuada. Cuando Mario le agrede, Cayo, que estaba esperando el ataque, esquiva el golpe y lesiona gravemente a Mario. Tras ello, Cayo invoca la legítima defensa en el procedimiento penal que se incoó y solicita que se le aplique la exención completa de responsabilidad penal al concurrir una causa de justificación. Teniendo en cuenta la regulación de la legítima defensa en el Código Penal, ¿se le debería aplicar a Cayo la eximente completa?. a) Sí, porque Cayo sufrió una agresión ilegítima por parte de Mario. b) Sí, siempre que la respuesta a la agresión de Mario se considere proporcional. c) No, porque quien provoca suficientemente la agresión no puede invocar legítima defensa completa cuando esa agresión es la reacción normal y esperable a su provocación. d) No, porque al mediar una relación de parentesco no puede aplicarse la legítima defensa como causa de exención de responsabilidad penal.

9.- Manuel llega a casa de su amigo Roko. Le confiesa que ha cometido un robo y que la policía le está buscando. Le pide ayuda para eludir su busca. Roko le proporciona un vehículo, dinero y una dirección en un país extranjero para que Manuel huya de la justicia. ¿Debe ser castigada esta acción de favorecimiento personal de Roko hacia Manuel como un delito de encubrimiento?. a) No, pues se aplica la excusa absolutoria de encubrimiento por razón de amistad, por lo que no se castigaría. b) Sí, pues Roko ha encubierto a Manuel y al no ser pariente, no se le puede aplicar la excusa absolutoria. c) No, pues los actos de favorecimiento personal solo se castigan como encubrimiento si la persona encubierta ha cometido unos delitos muy concretos (entre los que no se incluye el robo) o si el que ha favorecido al delincuente ha obrado con abuso de funciones públicas. En este caso no concurre ninguna de estas circunstancias. d) Sí, pues los actos de encubrimiento siempre se castigan, con independencia de quien sea el encubridor.

10.- María fue condenada a una multa de 12 meses, con una cuota diaria de 6 €. María no tiene posibilidad de pagar la multa y le pregunta a su abogado cuántos días de prisión, como responsabilidad personal subsidiaria, tendría que cumplir si no paga la multa. Señale la respuesta correcta: a) 6 meses de prisión. b) 12 meses de prisión. c) Ninguno, pues se le habrá de comprometer a pagar cuando tenga la posibilidad y, si no lo hace, se le imputará por quebrantamiento de condena. d) 3 meses.

11.- Cayo, trabajador del Banco MAE S.A, se apropió indebidamente del dinero de un cliente del banco aprovechando el desempeño de sus funciones como director de una sucursal. El perjuicio causado fue de 120.000 €. Cayo fue condenado por un delito de apropiación indebida del artículo 253 CP. ¿Quién o quiénes serán los responsables civiles del daño causado por Cayo?. a) Únicamente será Cayo, al ser la persona criminalmente responsable, y será el responsable civil directo.. b) Cayo será el responsable civil directo y Banco MAE S.A será el responsable civil subsidiario de los daños causados por el delito cometido por Cayo. c) Serán responsables civiles directos tanto Cayo como Banco MAE S.A., pues este último también tendrá responsabilidad penal por el delito cometido por Cayo. d) Banco MAE SA será el único responsable civil directo, pues responde de este modo al no haber controlado adecuadamente a su empleado.

12.- ¿Cuándo comienzan a computarse los términos de la prescripción en los delitos de agresión sexual cometidos contra menores de edad?. a) Nunca, ya que no prescriben. b) Desde que se cometen los hechos. c) Desde que la víctima cumpla los 18 años de edad, y si fallecere antes de alcanzar esa edad, a partir de la fecha del fallecimiento. d) Desde que la víctima cumpla los treinta y cinco años de edad, y si fallecere antes de alcanzar esa edad, a partir de la fecha del fallecimiento.

13.- Franki, ciudadano español, fue condenado a cinco penas de 2 años de prisión cada una. Franki (que no se encuentra aquejado de ninguna enfermedad grave ni es drogodependiente) le pregunta a su abogado si existe la posibilidad de que la ejecución de las penas de privación de libertad sea suspendida. Señale la respuesta correcta: a) No, pues la suma de las penas impuestas es superior a 8 años de prisión y eso hace inviable que se conceda la suspensión. b) Existe una posibilidad excepcional para que se conceda la suspensión, siempre que no se trate de reos habituales, cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen. c) No, pues la suma de las penas es superior a 2 años de prisión y eso hace inviable que se le conceda la suspensión. d) No existe posibilidad de que la pena sea suspendida, pero sí que le sea sustituida por pena de multa proporcional al daño causado.

14.- Jaime, administrador de Ladrillos S.L. cooperó con Juan, un funcionario público, para que se concediese una licencia ilegal a la sociedad. Se inició un procedimiento por delito de prevaricación administrativa (art. 404 CP) contra Juan, en calidad de autor, y contra Jaime como cooperador necesario. El Fiscal solicita la responsabilidad penal de la sociedad al amparo del art. 31 bis CP. No obstante, la defensa alega que la responsabilidad penal de las personas jurídicas solo opera respecto a los delitos cuya regulación en el Código Penal expresamente prevea ese tipo de responsabilidad, y la prevaricación administrativa no es uno de ellos. ¿Es correcta esta alegación?. a) No, las personas jurídicas responden por cualquier delito contemplado en el Código Penal. b) Sí, el sistema español de responsabilidad penal de personas jurídicas sigue el principio de numerus clausus: la persona jurídica solo responde por los delitos respecto de los que el Código Penal expresamente prevea ese tipo de responsabilidad y la prevaricación administrativa no se encuentra entre ellos. c) No, pues el delito de prevaricación administrativa sí provoca la responsabilidad penal de las personas jurídicas. d) Sí, pero únicamente cuando el autor del delito sea un empleado de la empresa. Si el delito lo comete el administrador, no se aplica el sistema de numerus clausus y cualquier delito puede provocar la responsabilidad penal de la persona jurídica.

15.- RECICLAJES NORESTE S.L. detecta, gracias a su canal de denuncias interno, que un empleado ha estado cometiendo un delito contra el medio ambiente (art. 325 CP) en beneficio de la empresa. El sistema de cumplimiento funcionó correctamente, identificó la irregularidad y la empresa lo puso en conocimiento de las autoridades aportando pruebas nuevas y decisivas sobre los hechos. ¿Qué consecuencias jurídico-penales puede tener dicha actuación para la persona jurídica?. a) Ninguna, pues la colaboración con las autoridades no tiene efectos atenuantes respecto de la responsabilidad penal de la persona jurídica. b) Si el programa de cumplimiento era completo y eficaz, y propició la denuncia reactiva, podría excluirse la responsabilidad penal de la empresa por ausencia de incumplimiento grave del deber de supervisión y control; en todo caso, si no se acordase su exención de responsabilidad penal, la confesión y la aportación de pruebas nuevas y decisivas operarían como circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de la empresa. c) La colaboración operaría exclusivamente como atenuante de reparación del daño causado, pero únicamente para la pena de la persona física, sin que se trasladase a la minoración de la pena a imponer a la persona jurídica. d) No tiene ninguna consecuencia jurídico-penal para la persona jurídica porque el delito contra el medio ambiente no provoca la responsabilidad penal de la persona jurídica.

16.- Cayo fue condenado por sentencia firme hace dos años por un delito de estafa leve (Título XIII del Código Penal). Actualmente es juzgado por un delito de apropiación indebida (también comprendido en el Título XIII CP). El Ministerio Fiscal solicita la agravante de reincidencia del artículo 22.8 CP. La defensa se opone. ¿Procedería apreciar la agravante de reincidencia?. a) Procede, porque la estafa y la apropiación indebida pertenecen al mismo Título del Código Penal y son de la misma naturaleza, con independencia del tiempo transcurrido. b) No procede, porque el delito al que fue condenado con anterioridad es un delito leve. c) Procede porque la reincidencia se aplica respecto de cualquier tipo de delito. d) No procede porque la reincidencia ha sido declarada inconstitucional por vulnerar el principio non bis in idem.

17.- Cayo apuñala a Mario. Arrepentido al ver cómo Mario sufre, tapa la herida con la mano para intentar detener la hemorragia y llama al 112, pero a pesar de ello, Mario fallece. ¿Puede Cayo quedar exento de responsabilidad por el homicidio aplicando el desistimiento?. a) Sí, porque intentó evitar el resultado de forma voluntaria. b) No, porque el desistimiento no se aplica en los delitos contra la vida. c) Sí, pues al aplicar la teoría del actio libera in causa, la muerte no se produjo por la puñalada, sino por la imposibilidad de detener una hemorragia externa. d) No, porque para apreciar la exención de responsabilidad en el desistimiento voluntario es necesario que el sujeto impida efectivamente la producción del resultado, no basta con intentarlo.

18.- A Juan le condenan a una pena de multa de 8 meses, con una cuota diaria de 6 €. ¿Cuál será el importe total de la multa que debe pagar?. a) 840 €. b) 1440 €. c) 2340 €. d) 1200 €.

19.- Cayo planea cometer un delito de secuestro exprés, pero para ello necesita un vehículo. Mario, sin conocimiento del plan de Cayo, le presta el vehículo en el que Cayo se desplaza al lugar de los hechos, golpea a una persona y la traslada hasta un zulo en el coche que le ha prestado Mario. ¿Mario tendría responsabilidad penal al contribuir, dejándole su vehículo, al delito que ha cometido Cayo?. a) Sí, porque la participación solo exige la aportación objetiva de un medio adecuado para la comisión del delito. b) No, porque el partícipe debe contar con el conocimiento y la voluntad de contribuir a la realización del hecho principal, y en este caso Mario desconoce para qué se utilizará su vehículo. c) Sí, sería cómplice por imprudencia en el delito de secuestro doloso que ha cometido Cayo. d) Sí, respondería por la omisión imprudente de no haber preguntado a Mario para qué iba a utilizar su vehículo.

20.- Óscar engaña a su hermano Pedro. Le convence para que le compre un collar de perlas puras del Pacífico por 2.000 €. Con posterioridad, Pedro se da cuenta de que las perlas son falsas y su valor es de 30 €. ¿Tendría responsabilidad penal Óscar por la estafa cometida?. a) Sí, tendría responsabilidad penal por el tipo básico de estafa. b) Sí, tendría responsabilidad penal por la comisión de una estafa agravada, al aplicarse la circunstancia mixta de parentesco. c) No tendría responsabilidad penal, solo civil, al aplicarse la excusa absolutoria de parentesco. d) No tendría ni responsabilidad penal ni responsabilidad civil, por la razón de parentesco.

21.- 21.- Juan hurta un cuadro de casa de su primo porque le parece muy bonito, sin saber que es un Murillo y que el cuadro tiene un valor histórico y cultural reconocido. ¿Cómo afecta este desconocimiento a su responsabilidad?. a) La excluye totalmente, pues Juan actuó en un error de tipo sobre el delito de hurto. b) La agrava, pues Juan debia haber comprobado el valor del cuadro. c) No tiene ninguna relevancia juridica sobre la calificación del hecho. d) Es un error de hecho sobre un elemento accidental: no altera la ilicitud del hecho- el hurto- pero sí podría excluir la agravante referida al valor histórico-cultural del objeto.

22.- Roko cometió un delito de robo con violencia cuando tenía 17 años. No fue descubierto hasta dos años después, cuando la victima lo reconoció por la calle. ¿Qué ley se aplicará para juzgar los hechos cometidos por Roko?. a) El Código Penal. b) La Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. c) Roko podrá elegir por qué ley se le habrá de juzgar. d) Ninguna, pues los menores de edad no tienen responsabilidad penal por la comisión de delitos contra el patrimonio.