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“No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por la ley anterior a su perpetración”, constituye la garantía: Criminal. Jurisdiccional. De ejecución. Penal.

Si para un determinado delito, el legislador prevé la pena de prisión o la pena de multa, estamos ante: Penas alternativas. Penas cumulativas. Penas sustitutivas. Penas principales y accesorias.

Miguel fue condenado a 5 años de prisión por un delito de abusos sexuales del art. 183. De acuerdo con el art. 36.2 del Código Penal: Jamás podrá acceder al tercer grado penitenciario antes de haber cumplido 2 años y 6 meses de condena. Sólo podrá acceder al tercer grado penitenciario tras haber cumplido 2 años y 6 meses de condena si el Tribunal sentenciador así lo decide. No constituye un supuesto de aplicación del período de seguridad. Podrá acceder al tercer grado antes de los 2 años y 6 meses de cumplimiento si el Juez de Vigilancia Penitenciaria así lo acuerda.

La teoría que defiende que la evitación de delitos se acomete únicamente mediante la intimidación de la colectividad es: La teoría mixta. La teoría de la prevención general negativa. La teoría de la prevención especial. La teoría de la prevención general positiva.

El entendimiento de la pena como un medio dirigido a la resocialización del condenado, es la característica de las teorías: Absolutas. De la prevención general negativa. De la prevención especial. Unitarias.

6. Alberto, delincuente primario, fue condenado a 3 meses de prisión: Ingresará en el centro penitenciario para cumplir su condena. El Juez o Tribunal puede sustituir dicha pena por otra. El Juez o Tribunal debe sustituir dicha pena por otra. El condenado no cumplirá pena alguna al ser un delincuente primario.

La inhabilitación absoluta es: Una pena menos grave. Es una pena grave si es igual o superior a 5 años. No es una pena sino una medida cautelar. Es una pena privativa de derechos.

Conforme el artículo 39 del Código Penal, son penas privativas de derechos: La suspensión de la tutela, curatela y acogimiento. La privación de empleo y cargo público. La privación de la patria potestad y los trabajos en beneficio de la comunidad. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

Una de las siguientes afirmaciones sobre el acceso al tercer grado y concesión de permisos de salida a condenados a prisión permanente revisable NO es correcta: La clasificación en tercer grado deberá ser autorizada por el Tribunal, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias. La clasificación en tercer grado requiere, en todos los casos, al menos el cumplimiento de 18 años de prisión efectiva. Si el condenado lo ha sido por un delito de terrorismo, no podrá disfrutar de un permiso de salida antes de haber extinguido un mínimo de 12 años de prisión. Si el condenado no lo ha sido por un delito de terrorismo, deberán transcurrir 8 años para el disfrute de un permiso de salida y 15 años para poder ser clasificado en tercer grado.

La imposición de una pena de prisión de 5 años: Supone la imposición de una pena grave. Supone la posibilidad de que el Juez o Tribunal imponga el período de seguridad. Puede ser sustituida si el Juez o Tribunal lo consideran oportuno. Ninguna respuesta es correcta.

Una de las siguientes afirmaciones sobre la pena de localización permanente NO es correcta: Fue introducida por la L.O. 15/2003, sustituyendo a la pena de arresto de fin de semana. Es una pena menos grave o leve. Según el art. 33 su límite máximo es de tres meses. Según el art. 37 su límite máximo es de seis meses.

Una de las siguientes afirmaciones sobre la pena de localización permanente NO es correcta: En principio, debe cumplirse de forma continuada, salvo que el Juez o Tribunal acuerde lo contrario. El Juez o Tribunal puede determinar que su cumplimiento se realice en lugar distinto del domicilio del penado. Con la reforma ordenada por la L.O. 5/2010, el Juez o Tribunal deberá siempre acordar que la localización del penado se realice mediante la utilización de medios mecánicos o electrónicos. Nuestro Código Penal sigue previendo que pueda cumplirse, en determinados supuestos, en un Centro Penitenciario.

¿Qué duración tendrán las penas que se impongan como accesorias de otras?. La duración que tenga la principal. La duración que les corresponda respectivamente. De un mes a diez años. Ninguna respuesta es correcta.

La pena de muerte en nuestro país: Sólo está prevista para los delitos de extrema gravedad o cometidos por bandas armadas. Quedó abolida en 1995. Puede establecerse cuando de declare el estado de excepción o de sitio. Está abolida en tiempo de paz, pudiéndose establecer en tiempo de guerra por las leyes penales militares.

La inhabilitación especial: Es exclusivamente una pena principal. Es únicamente una pena accesoria. Es una pena principal y accesoria. Es una pena principal y accesoria sólo de las penas de prisión de hasta 10 años.

Un penado tiene suspendida la ejecución de su pena durante el plazo de un año. Infringe, de forma grave o reiterada, el deber impuesto por el Tribunal de no acudir a un determinado lugar. ¿Qué medidas podrán adoptarse?. Sustituir la regla de conducta por otra distinta. Prorrogar el plazo de suspensión. Revocar la suspensión de la ejecución de la pena. Todas son correctas.

Las penas de prisión impuestas a un ciudadano español pueden ser sustituidas por otras: Siempre que el reo haya delinquido por primera vez. Por multa o trabajos en beneficio de la comunidad o por localización permanente. Siempre que la pena no sea grave. Ninguna respuesta es correcta.

Puede suspenderse la ejecución de la pena de un condenado drogodependiente siempre y cuando se den las siguientes circunstancias: Que la pena privativa de libertad impuesta no sea superior a 5 años. Que haya delinquido por primera vez, como requisito imprescindible. Que haya satisfecho, necesariamente, la totalidad de la responsabilidad civil del delito. Que haya terminado con éxito su tratamiento de deshabituación.

Un penado aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables puede ver la ejecución de su pena suspendida: Aún cuando haya sido condenado a una pena superior a 10 años. Siempre y cuando no tenga otra pena suspendida por el mismo motivo. Siempre y cuando haya satisfecho la responsabilidad civil del delito. Dos respuestas son correctas.

En relación con los plazos de suspensión de ejecución de la pena: Es de 2 a 5 años para las penas privativas de libertad no superiores a 2 años. De 3 meses a 1 año para las penas leves. De 3 a 5 años para los condenados que hubieren cometido el delito a causa de su dependencia de las sustancias señaladas en el art. 20.2 del CP. Todas las respuestas son correctas.

Una de las siguientes respuestas acerca de la inhabilitación absoluta NO es correcta: Puede configurarse como una pena principal y única. Puede catalogarse como una pena accesoria. Sólo está prevista como una pena grave. Su duración mínima es de 5 años y su duración máxima es de 20 años.

Una de las siguientes inhabilitaciones especiales fue introducida por la L.O. 1/2015. Indique cuál: El ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guardia o acogimiento. Tenencia de animales. Derecho de sufragio pasivo. Derecho de sufragio activo.

Respecto a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, una de las siguientes respuestas NO es correcta: Fue una de las novedades del catálogo de consecuencias jurídicas del delito del CP de 1995. Consiste en la prestación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública. Viene configurada como una pena menos grave y leve. Su ejecución se lleva a cabo bajo el control del Juez o Tribunal sentenciador.

Respecto a la pena de días-multa, indique la respuesta correcta: El juez debe proceder, en primer lugar, a determinar el importe de cada cuota y, posteriormente, el número de cuotas. Aparece en el CP únicamente como pena única o cumulativa. La extensión máxima, caso de imponerse a una persona jurídica, es de 5 años. La cuota diaria, si se impone a una persona física, se halla entre 10 y 400 euros.

Tratándose de un delito leve, el impago de una multa impuesta conlleva que la responsabilidad personal subsidiaria pueda cumplirse: Mediante la pena de localización permanente. Mediante la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Mediante la pena de libertad vigilada. Dos de las anteriores respuestas son correctas.

A partir de la entrada en vigor de la L.O. 1/2015, la libertad condicional: Se configura como el cumplimiento del último período de condena. Conlleva el abono del tiempo pasado en libertad en el supuesto de revocación. Es concedida por el JVP de acuerdo con el art. 90, y sólo por el Tribunal sentenciador si se trata de un condenado a prisión permanente revisable. Todas las respuestas son correctas.

Uno de los siguientes requisitos para la concesión de la libertad condicional privilegiada del art. 90.3 NO es correcto: El penado ha de encontrarse cumpliendo su primera condena de prisión. La pena de prisión impuesta no debe superar los 3 años de duración. El penado debe haber extinguido ¾ partes de su condena. No se concederá a los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.

En la libertad condicional, el plazo de suspensión de la ejecución del resto de la pena será: De 2 a 5 años en el caso de NO condenados a prisión permanente revisable. De 5 a 10 años en caso de condenados a prisión permanente revisable. El plazo de suspensión no puede ser inferior a la duración de la parte de la pena pendiente de cumplimiento. Al menos dos respuestas son correctas.

Dentro de las distintas fases de individualización de la pena, la consistente en atribuir a cada delito una determinada clase de pena, señalar el quantum de la misma y fijar reglas para su aplicación, es: La individualización judicial. La individualización ejecutiva. La individualización legal. La individualización penitenciaria.

El art. 70 del CP establece una cláusula de duración máxima de las penas. En el caso de la pena de multa, fija el límite máximo en: 24 meses. 12 meses. 30 meses. 36 meses.

Siendo el marco penal abstracto del delito de la pena de prisión de 12 a 20 años, señale en qué marco nos hallaríamos si el sujeto fuera condenado con la concurrencia de 3 circunstancias agravantes: De 16 años a 20 años menos un día. De 20 años y un día a 25 años. De 25 años a 30 años. Ninguna respuesta es correcta.

Si una persona es condenada por la comisión nueve delitos, imponiéndosele la pena de 10 años de prisión por cada uno de ellos, determine, conforme a las reglas del art. 76 del CP, qué pena deberá cumplir: 25 años. 40 años. 30 años. 20 años.

Si un terrorista condenado a 84 años de prisión tuviera un pronóstico favorable de reinserción social, el JVP podría concederle la libertad condicional, según el art. 78 del CP: Nunca. A los 35 años de condena. A los 40 años de condena. A las ¾ partes de 84 años, esto es, tras la extinción de 63 años de condena.

De acuerdo con el art. 66 del CP, los jueces y tribunales aplicarán las penas de acuerdo a su prudente arbitrio: En los delitos leves. En los delitos imprudentes. En los delitos leves, ya sean dolosos o imprudentes. Dos de las anteriores respuestas son correctas.

Si un alumno agrede a su profesor (funcionario), en el aula, causándole la pérdida de un ojo: Nos hallaríamos antes un concurso real de delitos. Nos hallaríamos antes un concurso ideal de delitos. Por aplicación del principio de exasperación, correspondería aplicar, en su mitad inferior, la pena prevista para la infracción más grave. Nos hallaríamos ante dos delitos que deberían, siempre, penarse separadamente.

Una de las siguientes afirmaciones sobre las medidas de seguridad NO es correcta: Su aplicación requiere que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito y que, del hecho y de las circunstancias personales, pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos. Sólo puede ejecutarse en virtud de una sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente. De acuerdo con el sistema vicarial, primero se cumplirá la pena y, posteriormente, la medida de seguridad privativa de libertad. Se aplican a sujetos inimputables o semi-imputables y, en el caso de la libertad vigilada, a los imputables.

En el supuesto de aplicación de la eximente incompleta del art. 21.1 del CP: El Juez o Tribunal impondrá la pena inferior en uno o dos grados a la prevista por la Ley para el delito. El Juez o Tribunal únicamente podrá imponer una de las medidas de seguridad del art. 101, 102 y 103 del CP, sin que proceda la imposición de pena alguna. El Juez o Tribunal elegirá entra la imposición de la pena o la imposición de una medida de seguridad. Ninguna respuesta es correcta.

Una de las siguientes medidas de seguridad no privativas de libertad NO es correcta: La inhabilitación especial. La custodia familiar. La libertad vigilada. La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España.

En materia de decomiso, indique la respuesta correcta: El Juez o Tribunal puede decretar el decomiso cuando la ley prevea la imposición de una pena privativa de libertad superior a un año por la comisión de un delito doloso. Toda pena que se imponga por un delito imprudente conlleva el decomiso de efectos, bienes, instrumentos y ganancias obtenidas. El Juez o Tribunal acordará el decomiso de otros bienes si no fuera posible el decomiso de los bienes a que se refiere el art. 127 del CP. En ningún caso pueden decomisarse bienes que no sean los originales de la actividad delictiva. Esto es, no pueden decomisarse bienes que hayan experimentado alguna transformación.

La toma de muestras biológicas y la realización de análisis para la obtención de identificadores de ADN: Constituye una medida de seguridad que fue introducida por la L.O. 1/2015. Puede imponerse su ejecución forzosa mediante el recurso a las medidas coactivas mínimas indispensables para su ejecución. Sólo está prevista para los delincuentes condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. No es necesario que exista un peligro relevante de reiteración delictiva por parte del condenado para que el Juez o Tribunal acuerde su realización.

En relación con el perdón: Constituye una causa de extinción de la responsabilidad criminal en toda clase de delitos siempre y cuando el ofendido lo manifieste expresamente. En los delitos contra menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, los Jueces o Tribunales otorgarán siempre eficacia al perdón cuando los representantes legales de aquellos lo hubieran así manifestado. El perdón es una causa de extinción de la responsabilidad criminal cuando se trate de delitos leves a instancias del agraviado o la ley así lo prevea. Ninguna respuesta es correcta.

Respecto al inicio del cómputo para la prescripción de delitos, una de las siguientes afirmaciones NO es correcta: Como regla general, desde el día en que se haya cometido la infracción punible. En los delitos permanentes, desde que se eliminó la situación ilícita. En las infracciones que exijan habitualidad, desde que se inició la conducta. En los delitos continuados, desde el día en que se realizó la última infracción.