Práctica procesal contencioso-administrativa resumido

Indica la protección otorgada por el ordenamiento al derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos que consagra el artículo 105 CE. Sistema general de recursos, pues no es un derecho previsto en el artículo 53 CE. Recurso de amparo constitucional.

Señala en qué casos las Corporaciones de Derecho Público aplican el procedimiento administrativo previsto en la LPACAP. Solo cuando ejercen potestades públicas que entrañen el ejercicio de autoridad. Nunca, pues no son Administración.

En un procedimiento administrativo, ¿a quién está obligada a emplazar la Administración?. A quienes, no habiéndolo promovido, sean titulares de derechos o intereses legítimos relacionados con el objeto del procedimiento. A quienes promuevan el procedimiento.

¿Qué plazo de subsanación ha de conceder la Administración si el escrito de inicio de un procedimiento administrativo formulado por un particular carece de poder de representación suficiente?. 10 días. 1 mes.

¿En qué momento puede la Administración adoptar medidas provisionales en relación con un procedimiento administrativo?. Cuando se presente la solicitud de inicio por parte del interesado y antes si lo prevé una norma sectorial. Cuando lo solicite el interesado y preste caución.

¿Los informes de órganos consultivos son vinculantes?. Cuando lo prevea una norma. Nunca.

La resolución por la que se acuerda la inadmisión de una prueba en el procedimiento administrativo: Ha de ser motivada. No es posible inadmitir pruebas en el procedimiento administrativo.

El plazo de interposición del recurso de reposición es de: 1 mes. 2 meses.

¿En qué casos la omisión del trámite de audiencia en un procedimiento administrativo es causante de nulidad de la resolución final?. Cuando determine de forma efectiva la indefensión en sentido material. Nunca.

Con carácter general, ¿cuál es el plazo de interposición de un recurso de alzada frente una resolución presunta?. Se puede recurrir en cualquier momento, a partir de que se hayan producido los efectos del silencio administrativo. 10 días.

¿Cabe la responsabilidad patrimonial de la Administración cuando ningún funcionario ni empleado público ha incurrido en culpa alguna?. Sí, porque la responsabilidad patrimonial es de carácter objetivo. No.

Un cliente acude a tu despacho para consultarte si puede reclamar a la Administración porque se ha caído en una calle de propiedad pública. ¿Cuál será su respuesta?. No, cualquier caída en la vía pública da lugar a responsabilidad patrimonial. Habrá que aplicar el criterio del estándar medio para determinar cuál era el estado de la calle y luego comprobar si concurren el resto de los requisitos. Que acuda a la vía penal por una falta de lesiones y se olvide de la responsabilidad patrimonial de la Administración.

Que acuda a la vía penal por una falta de lesiones y se olvide de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Sí, siempre que concurran todos los elementos necesarios: daño individualizado, actuación de la Administración y nexo causal entre ambos. No, porque a los Ayuntamientos no se les aplica el régimen de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

¿Cabe la indemnización por daños morales en la responsabilidad patrimonial de la Administración?. Sí, aunque es difícil su cuantificación. No, porque los daños han de ser efectivos y no potenciales o futuros.

Si se demuestra que un juez al dictar sentencia ha incurrido en un error craso o muy grave apreciable a simple vista, ¿cuál de las siguientes soluciones procede?. Si no cabe ya recurso contra la sentencia, pedir al Tribunal Supremo que se pronuncie sobre la existencia de un posible error judicial y después solicitar la responsabilidad por funcionamiento de la Administración de Justicia. Solicitar la responsabilidad patrimonial del Estado legislador.

El plazo para reclamar por responsabilidad patrimonial cuando se trata de daños en las personas: Se cuenta desde que se cura o bien desde que se conoce el alcance de las secuelas. Se cuenta desde que se produce el daño.

La resolución de un expediente de reclamación de responsabilidad patrimonial se lleva a cabo mediante: Por los mismos modos que cualquier otro procedimiento administrativo. En ningún caso mediante resolución presunta.

Respecto al procedimiento para reclamar responsabilidad de autoridades y personal al servicio de las Administraciones. Solo puede iniciarlo el órgano administrativo competente. Solo puede iniciarlo el interesado o perjudicado, nunca su representante.

Respecto al procedimiento para reclamar responsabilidad patrimonial. Cabe su tramitación mediante el procedimiento común, o bien el simplificado. Cabe su tramitación mediante el procedimiento completo, o bien el simple.

La solicitud de responsabilidad patrimonial por funcionamiento de la Administración de Justicia: Se dirige al Ministerio de Justicia. Se dirige al CGPJ.

El acuerdo de incoación de un procedimiento disciplinario se recurre mediante: Recurso de reposición. Al ser un acto de trámite, generalmente no es recurrible de forma autónoma.

Dentro de un procedimiento sancionador, las fases separadas que han de encomendarse a órganos distintos son: Instructora y de alegaciones y sancionadora, varía en función de si la infracción es leve o grave. Instructora y de alegaciones.

El acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador: Se debe notificar al interesado, así como al denunciante si la normativa específica así lo prevé. Se notifica al interesado y también al denunciante toda vez que es parte en los procedimientos de este tipo.

Un procedimiento sancionador puede terminar: Mediante resolución expresa o tácita y reconocimiento del infractor de su responsabilidad y posterior resolución imponiendo la sanción. Mediante desistimiento de la Administración.

El plazo máximo para resolver y notificar en un procedimiento sancionador general o común es de: 3 meses. 15 días.

El plazo máximo para resolver y notificar en un procedimiento disciplinario general o común es de: 12 meses. 1 mes.

Un hecho que se declare como probado en una resolución judicial penal respecto a un expediente sancionador administrativo: Vincula a la Administración cuando la resolución judicial es firme. Vincula a la Administración siempre y en otro caso.

Como regla general, una resolución administrativa se puede ejecutar: Desde que se notifica al interesado. Desde que se notifica al interesado y al denunciante.

En un procedimiento sancionador, ¿qué valor tienen los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes, se recojan los hechos constatados por aquellos que harán prueba de estos salvo que se acredite lo contrario?. Harán prueba de los hechos que describan con efectos iuris tantum siempre que se verifique que han observado los requisitos legales correspondientes. Harán prueba de los hechos que describan con presunción de veracidad iuris et de iure.

Los plazos de prescripción de las infracciones son según su gravedad (leves, graves, muy graves): 6 meses, 2 años, 3 años. 6 meses para las leves, las demás no prescriben.

Contra los actos confirmatorios dictados en vía administrativa, cabe el siguiente recurso: Conforme a lo recogido en el art. 28 de la LJCA, no cabe recurso C-A respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. Recurso de contrafuero.

Si un juez de lo contencioso-administrativo, considera que un reglamento es ilegal: Lo puede inaplicar, resolviendo el asunto en sentencia de acuerdo con las normas que considere legales, pero tiene que plantear necesariamente cuestión de ilegalidad con respecto a ese reglamento que no es conforme a Derecho. Lo puede inaplicar, sin más.

Contra un reglamento ilegal: No se puede interponer recurso administrativo directamente, solo C-A. Hay que acudir al tribunal competente por razón del delito.

¿Qué órgano judicial es el competente para conocer de la impugnación de un RD aprobado por el Consejo de Ministros?. La Sala de lo C-A del TS. La Sala de lo Civil del TS.

Cuando se recurre frente a los efectos desestimatorios del silencio administrativo, el plazo para la interposición del RC-A es: Aunque la LJCA indica que el plazo es de 6 meses, el TC ha señalado que la falta de respuesta de la Administración no puede perjudicar al ciudadano y, si formula el recurso contencioso pasados esos 6 meses, ha de ser admitido. 10 días hábiles.

Señala la respuesta correcta en relación con el TSJ: No conocen de los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas, porque corresponden a las Secciones Civiles de la AP, de forma concordante a lo establecido en el art. 82.2.3º de la LOPJ. No conocen de los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas, porque corresponden a la AN, de forma concordante a lo establecido en el art. 82.2.3º de la LOPJ.

Marca la afirmación errónea respecto al incidente de falta de jurisdicción. Se debe incoar siempre de oficio. Puede ser apreciado en distintas fases del proceso judicial.

Marca la frase errónea respecto al incidente de falta de competencia. La competencia puede ser apreciada de oficio, con lo que no cabe plantear este incidente a instancia de parte. La declaración judicial de incompetencia ha de resolverse mediante auto.

Corresponde conocer de las impugnaciones contra la inadmisión de las peticiones de asilo político a: Juzgado Central de lo C-A o Tribunal Central de Instancia. AN.

En relación con la prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión, corresponde conocer a: TSJ. TS.

¿Se puede inadmitir una demanda en sentencia?. Cuando concurra una causa de inadmisión, aunque la demanda se haya admitido con anterioridad. Nunca. En sentencia solo es posible estimar o desestimar las demandas, pero no inadmitirlas.

Indica el criterio de imposición de las costas que rige en el procedimiento C-A: El criterio del vencimiento. Es discrecional para el juez, puede hacer lo que considere más conveniente.

¿Puede el juez de lo contencioso estimar, o desestimar una demanda con base en argumentos o motivos no alegados por las partes?. Solo cuando lo ha puesto de manifiesto previamente a las partes y se ha concedido a estas la posibilidad de formular alegaciones al respecto. Sí, tiene total libertad para ello.

En relación con el desistimiento, es erróneo afirmar que: Una vez estimado, conlleva automáticamente condena en costas, pero solo teniendo en cuenta las actuaciones procesales llevadas a cabo hasta ese momento. Una vez estimado, no conlleva automáticamente condena en costas.

En un proceso judicial C-A, la proposición de prueba debe presentarse en: En el escrito de demanda y de contestación a demanda y en el escrito de alegaciones complementarias. En el escrito de alegaciones complementarias.

El plazo para recurrir ante los tribunales una actuación administrativa en vía de hecho es: Si el interesado no presentó a la Administración un requerimiento de cese, 20 días. Si el interesado no presentó a la Administración un requerimiento de cese, 10 días.

Cuando el interesado no está conforme con el contenido de un acto administrativo presunto, y quiere recurrirlo en sede judicial debe respetar este plazo para presentar su recurso: En cualquier momento, una vez que, según la normativa aplicable, haya operado el silencio administrativo. 5 días.

En relación con el plazo para interponer un RC-A. Es de 2 meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se recibe notificación del acto administrativo expreso que se quiere impugnar. Es de 1 mes a contar desde el mismo día en que se recibe notificación del acto administrativo expreso que se quiere impugnar.

La impugnación ante los tribunales de Justicia de una actuación administrativa que se incardina en la inactividad. Si se trata de una inactividad referida a una prestación concreta a que viene obligada la Administración, en tal caso, el plazo tiene 2 tramos; se puede pedir su ejecución en vía administrativa y, si en 3 meses no se ha resuelto de forma satisfactoria para el interesado, entonces, ya puede deducir recurso contencioso contra esa inactividad ante los tribunales. Si se trata de inactividad referida a una prestación concreta a que viene obligada la Administración, se aplica el plazo general de 1 mes para demandar ante los tribunales.

Los plazos procesales en el orden C-A, la frase correcta es: Los plazos procesales son improrrogables así que, una vez concluidos, en todo caso se tiene por caducado el derecho al trámite de que se trate en cada caso, excepto si el escrito (siempre que no sea de los inician el proceso) se presenta al tribunal dentro del mismo día en que se reciba notificación de la caducidad de ese trámite. Los plazos procesales son improrrogables así que, una vez concluidos, en todo caso se tiene por caducado el derecho al trámite de que se trate en cada caso.

Respecto del proceso especial sobre prohibición o modificación de las reuniones previstas en la LO, es correcto afirmar: Que las partes procesales son la Administración, el MF y el recurrente. Que las partes procesales son la Administración y el recurrente.

En relación con el proceso judicial en materia de transferencia internacional de datos, es correcto decir que: Una de las partes procesales es la Comisión Europea y es quien ya fue parte en el procedimiento tramitado ante la autoridad de protección de datos. Las partes son el recurrente y la Sociedad General de Autores de España (SGAE).

En relación con la cuestión de ilegalidad. Solo puede plantearse cuando la sentencia sea firme. Debe plantearse justo tras la sentencia, sin dar lugar a recurso de apelación u otro que corresponda.

En relación con los procesos electorales, corresponde conocer al juzgado de lo C-A de las impugnaciones frente a: Actos de las Juntas Electorales de Zona, en materia de proclamación de candidaturas y candidatos efectuada por cualquiera de las Juntas Electorales, en los términos previstos en la legislación electoral. Actos de las Juntas Electorales de Zona.

En el proceso de cuestión de ilegalidad, la afirmación correcta y completa es: Que la sentencia que resuelva, estime o desestime esa cuestión de ilegalidad y si la sentencia desestima la cuestión de ilegalidad, esa norma continuará en vigor. Que la sentencia que resuelva, estime o desestime esa cuestión de ilegalidad.

En los procesos de transferencia internacional de datos, es correcto afirmar que: Si la decisión de la Comisión Europea es conforme al Derecho de la UE, se resuelve mediante sentencia. Son parte procesal: la Comisión Europea y el Estado de donde procedan esos datos.

En relación con los servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, el proceso regulado en el art. 122 bis de la LJCA, permite: Poder obtener la autorización prevista en el art. 8.2 de la Ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico. Averiguar directamente la identidad del responsable de ese servicio, siempre y en todo caso.

Cuando se trata de prohibición o modificación de las reuniones reguladas por la LO del derecho de reunión: Se recurre mediante recurso contencioso-administrativo especial de protección de derechos fundamentales, 48 h desde la notificación. Tribunal: TSJ (normalmente). Sentencia: El tribunal resuelve en las 72 h siguientes. Recurso: Ordinario de alzada ante el TS basándose en el CC. Plazo: 30 días hábiles. Competencia: Jurisdicción civil de la AP.

Marca la frase correcta y completa. La Administración General del Estado mediante la figura del delegado del Gobierno puede suspender actuaciones de una entidad local, debiendo impugnarlos seguidamente ante la jurisdicción C-A, según prevé la ley. La Administración General del Estado puede suspender directamente los actos de los ayuntamientos en virtud del principio de supremacía jerárquica.

Si un delegado del Gobierno ha acordado suspender un acto o acuerdo de una entidad local, entonces: El Delegado del Gobierno debe impugnar el acto ante la Jurisdicción C-A en el plazo de 10 días tras la suspensión. Si no interpone el recurso, la suspensión queda sin efecto automáticamente. La suspensión es firme y definitiva; la entidad local solo puede pedir perdón al TS mediante un recurso de queja en un plazo de 9 meses.

¿Qué sucedería si eres designado por el turno de oficio para la defensa de un extranjero frente a un acuerdo de expulsión y llega el momento de la vista y dicho extranjero no aparece, no ha firmado junto a ti la demanda, ni tienes un poder de representación?. Si no aparece el cliente, no podré representarlo y el juicio no podrá tener lugar. Se puede celebrar el juicio en rebeldía.

En cuanto a una posible falta de legitimación en este orden jurisdiccional, marca la frase correcta. El juez o tribunal puede inadmitir el recurso, o bien una parte procesal puede poner de manifiesto esa falta de legitimación. Le corresponde indicarlo siempre al juez o tribunal.

Para impugnar mediante RC-A las decisiones de los órganos administrativos que resuelven recursos especiales y reclamaciones en materia de contratación del sector público, ¿quién tiene legitimación a tal efecto?. La Administración y los particulares. La Administración.

Marca la respuesta correcta. La capacidad procesal es la aptitud genérica para comparecer válidamente en juicio. La capacidad procesal es la legitimación.

Marca la respuesta correcta referida al orden jurisdiccional C-A. La Administración puede ser parte demandante o demandada. La Administración no puede ser demandante porque no puede ir contra sus propios actos.

Quien comparece como codemandado: Debe asumir la misma posición que la Administración demandada. Solo concurre al juicio si así lo pide el MF y el juez o tribunal lo estima.

Se considera parte demandada: La Administración responsable de la actuación administrativa impugnada, la persona o entidad cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante y las compañías aseguradoras de la Administración a la que aseguren. Las compañías aseguradoras de la Administración a la que aseguren.

En aquellos casos en que la actuación a impugnar dimana de un organismo o corporación públicos sujetos a la fiscalización de una Administración territorial, se tiene por Administración demandada: A ese organismo o corporación fiscalizado, si es aprobatorio el resultado de esa fiscalización. A ese organismo o corporación fiscalizado en todo caso.

En relación con la defensa y representación procesal. La representación procesal debe acreditarse desde el primer escrito al juzgado o tribunal y puede formalizarse ante Notario o apud acta. La representación procesal se formaliza siempre mediante poder notarial general para pleitos.

La Administración puede ser parte demandante en el orden C-A, si: Impugna sus actos propios, previa declaración del art. 107 de la Ley 39/2015 e impugna actividad dimanante de otra Administración. Impugna actividad dimanante de otra Administración.

En relación con la prueba en los procesos C-A, marca la respuesta correcta. Debe pedirse necesariamente en el escrito de demanda, o de contestación a la demanda y puede pedirse mediante escrito de alegaciones previas, si procede presentarlo, o bien, en algunos casos tras la contestación a la demanda. Puede pedirse en cualquier momento del proceso.

La parte procesal que no esté de acuerdo con el auto que resuelve la solicitud de prueba, tiene derecho a: Presentar recurso de reposición en plazo de 5 días. Recurrir en apelación en plazo de 5 días.

En caso de inactividad por parte de la Administración, el interesado que se disponga a recurrir ante los tribunales de lo C-A, puede: Pedir adopción de medidas cautelares antes de interponer el RC-A y en el momento de interponer demanda. Presentar demanda, sin que quepa pedir medidas cautelares, dada la especialidad de la materia.

Respecto a los supuestos en vía de hecho. Cabe solicitar adopción de medidas cautelares antes de interponer RC-A. No cabe solicitar adopción de medidas cautelares antes de interponer RC-A.

La solicitud de práctica de prueba en un RC-A debe realizarse: Mediante otrosí. En el cuerpo principal del escrito.

El plazo para la práctica de la prueba es: 30 días. 2 meses.

En el proceso abreviado: Si hubiera conformidad con las pretensiones de la parte recurrente, entonces no se practica prueba y si la controversia fuera meramente jurídica, no se celebra prueba. Siempre se practica prueba, ya que es un juicio donde las partes no están de acuerdo en los hechos sucedidos.

Cuando se impugna una sanción tributaria: Su pago queda suspendido, sin necesidad de aportar garantías. Hay que aportar una caución o garantía equivalente al 50 % de su importe.

Las medidas cautelares en supuestos de especial urgencia: Solo se considera dentro de este tipo a aquellas en que se alega, y se acredita, al tribunal un caso de especial urgencia. Se tramitan igual que todas, pero reduciendo los plazos a la mitad.

Una vez que un juzgado o tribunal ha acordado una medida cautelar: Ejecución: Inmediata (previa caución si se requiere). Recurso: Apelación (normalmente sin efecto suspensivo). Oposición: Si fue inaudita parte, el afectado tiene 20 días para oponerse. Ejecución: Solo si el afectado está de acuerdo. Recurso: Al TJ mediante carta certificada en 3 meses. Efecto: La medida caduca al día siguiente.

El recurso de casación, ¿cabe contra las sentencias de los juzgados de lo C-A?. Solo cabe si la sentencia contiene doctrina que se repute gravemente dañosa para los intereses generales y que sea susceptible de extensión de efectos. Sí, en cualquier caso.

Indica la cuantía mínima del pleito para que pueda interponerse recurso de apelación para aquellos supuestos en que se aplica el criterio de la cuantía. Más de 30.000€. Menos de 30.000€.

¿Cuál es la cuantía mínima del pleito para poder interponer un recurso de casación?. No depende de la cuantía. 600 000 €, pero además debe ser de materia de interés para unificar doctrina.

¿Qué es un decreto?. Una resolución del LAJ motivada que tiene antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y parte dispositiva. Una resolución judicial que decide recursos contra providencias.

¿Qué es un auto?. Una resolución judicial que decide recursos contra providencias o cuestiones incidentales, entre otros extremos. Una resolución del LAJ para dar el curso que la ley determina a los autos.

En la tramitación de un recurso de apelación, la parte apelada puede: Oponerse al recurso de apelación planteado de adverso, adherirse al recurso de apelación, razonando en qué le resulta perjudicial y alegar razonadamente que el recurso de apelación fue, en su caso, indebidamente admitido a trámite. Oponerse al recurso de apelación planteado de adverso.

El recurso de reposición del art. 102 bis de la LJCA: Permite impugnar diligencias de ordenación del LAJ e impugnar decretos no definitivos del LAJ. Permite impugnar autos del LAJ.

El recurso de reposición del art. 102 bis de la LJCA debe presentarse en plazo de: 5 días. 1 mes.

En relación con las resoluciones judiciales que tienen forma de autos: Se puede interponer recurso de casación contra aquellos autos provenientes de la Sala de lo C-A de la AN que declaren la inadmisión de un RC-A o que hagan imposible su continuación. Se pueden recurrir en casación todos los autos dimanantes de un TSJ.

El escrito de preparación del recurso de casación: Debe presentarse en plazo de 30 días contados desde la notificación de la resolución recurrida por quien haya sido parte en el proceso judicial, o debiera haberlo sido, ante la sala que dictó la resolución judicial que se va a recurrir en casación. Debe presentarse en un mes ante la Sala de Recursos de Casación del TS.

Las resoluciones judiciales que se pueden ejecutar son: Todas las sentencias en general, incluso las que homologan un acuerdo o transacción intrajudicial. Las sentencias declarativas.

Respecto al incidente de ejecución de sentencia. Permite identificar al órgano administrativo debe responsabilizarse de efectuar la ejecución, concreta el plazo máximo para que quede realizada la ejecución y determina con qué medios debe llevarse a efecto la ejecución y el procedimiento a seguir. Concreta el plazo máximo para que quede realizada la ejecución.

Respecto a la ejecución provisional. Corresponde cuando se tramita un recurso de apelación y de casación. Procede en los casos en que se plantea la revisión de sentencias.

El plazo general para que la Administración ejecute voluntariamente las sentencias dictadas en el orden jurisdiccional C-A es: 2 meses. 1 año.

Marca la respuesta correcta. Si se anula un acto administrativo, en ejecución de sentencia se puede pedir que ese fallo, si hay causa bastante, se publique en periódicos, a costa de la parte ejecutada. Si se anula un acto administrativo que afecta a una pluralidad indeterminada de personas, en ejecución de sentencia se puede pedir que ese fallo se inscriba en los Registros públicos.

Marca la respuesta falsa sobre la ejecución de sentencias que condenan a la Administración a pagar una cantidad líquida. El plazo para pedir su ejecución forzosa es de 2 meses y se suma el interés legal si el juez o tribunal aprecia mala fe procesal en la Administración. El plazo para pedir su ejecución forzosa es de 3 meses.

Marca la respuesta errónea referida a aquellos casos en que una sentencia condena a la Administración a realizar una actividad o a dictar un acto administrativo y la Administración y, al no haber cumplido la Administración voluntariamente, se inicia ejecución forzosa de esa sentencia. El juez o tribunal puede ejecutar esa sentencia con un requerimiento expreso a la Administración para que lleve a efecto la sentencia, bajo pena de multa a los funcionarios y autoridades. El juez o tribunal puede ejecutar esa sentencia por sus propios medios.

Respecto a la expropiación de derechos e intereses reconocidos frente a la Administración en una sentencia firme. Será el juez o tribunal responsable de la ejecución de esa sentencia quien fije la indemnización que corresponda. Se lleva a cabo siempre que se aprecia utilidad pública o interés social para ello.

Sobre la preceptividad del procurador en el orden C-A: En el orden contencioso administrativo es preceptivo el procurador ante órganos colegiados con excepción de que los funcionarios públicos pueden representarse a sí mismos en reclamación que litigue por sus derechos estatutarios y se refieren a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles. En el orden C-A no es preceptivo procurador.

Sobre la necesidad de constituir depósito en los recursos de reposición, apelación y casación C-A: Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre: la interposición de recursos ordinarios y extraordinarios, la revisión y la rescisión de sentencia firme a instancia del rebelde, en los órdenes jurisdiccionales civil, social y C-A, precisarán de la constitución de un depósito a tal efecto. Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre: la interposición de recursos ordinarios y extraordinarios, la revisión y la rescisión de sentencia firme a instancia del rebelde, en los órdenes jurisdiccionales civil y social exceptuándose C-A, precisarán de la constitución de un depósito a tal efecto.

Marca la respuesta correcta. Una autorización es un acto administrativo que permite a un ciudadano ejercer su derecho a realizar unas actividades económicas o profesionales. Una autorización es una declaración de voluntad del ciudadano que quiere realizar una actividad económica o profesional.

Marca la respuesta correcta. Las autorizaciones administrativas pueden ser títulos transmisibles entre particulares. En virtud del principio de unidad económica y de libre mercado, todas las autorizaciones están sometidas al mismo plazo de resolución y al mismo régimen de silencio administrativo.

En relación con el plazo de duración de las concesiones de dominio público: No puede tener duración indefinida. Se otorgarán siempre por un plazo máximo de 5 años.

Respecto de la declaración responsable, marca la respuesta correcta. Permite realizar una actividad o ejercer un derecho desde el momento en que el interesado presenta dicha declaración ante la Administración. Tiene una vigencia máxima de 1 año.

En relación con las técnicas de intervención administrativa. La regla general es que la Administración solamente sujete a autorización previa aquellas actividades que presenten características que justifiquen que no puedan quedar sujetas a un régimen menos gravoso. La declaración responsable, como acto administrativo, puede ser declarada nula o anulable.

Marca la respuesta correcta. Una concesión de dominio público es un acto administrativo a favor de un particular. La concesión, una vez otorgada, se rige por lo dispuesto en el Código Mercantil.

En relación con el régimen jurídico de las concesiones de uso de dominio público, es incorrecto afirmar que: Viene determinada con carácter prevalente en la Ley de contratos del Sector Público. Su plazo puede verse afectado por alguna causa de resolución anticipada.

Respecto a la declaración responsable, es correcto afirmar que: Tiene efectos constitutivos. Tiene efectos suspensivos.

Cuando el ciudadano interesado no está conforme con una comunicación previa en su nombre, según lo dispuesto en la Ley 39/2015, tiene derecho a: Alegar: Presentar una comunicación aclaratoria o rectificativa en cualquier momento. Impugnar: Si la Administración dicta una resolución que impide el inicio o cese de la actividad tras la comunicación, cabe recurso de alzada o reposición. El ciudadano debe autodenunciarse ante el TS y pagar una multa de 900 €. Únicamente cabe recurso de amparo ante el Ayuntamiento en un plazo de 10 años según el CP.

En relación con la declaración responsable, señala la respuesta incorrecta: Debe presentarse necesariamente por medios electrónicos, incluso aunque lo presente una persona física. Es un documento que emite el interesado.

¿Quién es el obligado a pagar el justiprecio en las expropiaciones?. El beneficiario de la expropiación, que no tiene por qué coincidir con la Administración expropiante. El expropiado.

Un Decreto‐Ley de la comunidad autónoma aprobado hace seis años prevé la expropiación temporal del uso de viviendas propiedad de entidades de crédito que se encuentren desocupadas. Acude a tu despacho profesional el consejero delegado de una de esas entidades de crédito, preocupado por la posible expropiación de los inmuebles del banco. ¿Cuál debe ser tu consejo basado en derecho?. Que espere a ser expropiado y que recurra entonces el acuerdo expropiatorio si existe alguna causa impugnatoria específica; en caso contrario, que valore adecuadamente la indemnización a reclamar a la Administración. Que recurra inmediatamente el Decreto‐Ley.

¿Qué eficacia tienen los acuerdos de los Jurados de Expropiación?. Surten plenos efectos y gozan de la presunción iuris tantum de veracidad y acierto, que puede ser destruida en juicio por una adecuada prueba en contrario. Como actos emanados de un jurado, son actos jurisdiccionales y solamente pueden ser impugnados ante el TC.

¿Cabe la expropiación directamente por el legislador mediante una norma con rango de ley?. Sí, con carácter excepcional y siempre que se respeten las garantías del art. 33 de la CE. Es previa a la fijación del justiprecio.

Marca la respuesta falsa sobre la declaración de utilidad o interés social. Conlleva que la Administración ya puede llevar a cabo, sin realizar trámites adicionales, la ocupación permanente de los terrenos privados que va a expropiar. Es previa a la fijación del justiprecio.

Cuando la expropiación se lleva a cabo por causa de interés social, es correcto afirmar que: El beneficiario puede ser cualquier persona natural o jurídica para la que concurran los requisitos señalados por la Ley especial necesaria a estos efectos. El beneficiario ha de ser necesariamente una Fundación pública que atienda obras de interés social.

Respecto de la figura del beneficiario en la expropiación. Tiene derecho a pedir que la Administración inicie un procedimiento de expropiación a su favor y a presentar una relación de bienes que considere de necesaria ocupación. Es siempre la Administración, si bien puede delegar en alguno de sus órganos para gestionar el bien expropiado.

En relación con el elemento real de la expropiación, es correcto afirmar que: Está formado por cualesquiera titularidades de orden patrimonial, excepto si se trata de derechos personales o de bienes de dominio público. El único elemento real susceptible de expropiación es la propiedad sobre bienes inmuebles.

Las fases principales de toda expropiación son: La declaración de utilidad pública o interés social, la necesidad de ocupación y la fijación del justiprecio. La declaración de interés social, la fase del jurado y el justiprecio.

Si tu cliente no está conforme con el acuerdo de necesidad de ocupación, este se puede recurrir: Mediante recurso de alzada o de reposición, según proceda y, en caso de ser desestimado, ante los tribunales del orden C-A. No admite recurso en contra, sino que el expropiado disconforme, habrá de recurrir luego lo que proceda, respecto a la determinación del justiprecio.

¿A cuál de las siguientes entidades no es de aplicación la Ley de Contratos del Sector Público?. A los bancos. A los ayuntamientos.

Un cliente te consulta una propuesta que le han efectuado en un ayuntamiento que tenía previsto sacar a concurso un contrato por cuatro años. Dicha propuesta consiste en fraccionar el contrato en cuatro contratos anuales. Con ello se conseguiría reducir el presupuesto máximo y así poder adjudicar directamente al cliente los contratos anuales como contratos menores, en vez sacar el contrato de cuatro años a pública licitación con libre presentación de ofertas. ¿Cuál es tu consejo?. Dependerá del objeto del contrato, puesto que si este, por su propia naturaleza, ha de tener una duración cuatrienal, no es posible fraccionarlo en cuatro anualidades. Que no lo acepte, pues es un fraude de ley.

¿Puede un licitador presentar una propuesta aceptando condicionadamente algunas de las exigencias del pliego de cláusulas administrativa particulares?. No, la presentación de una oferta ha de hacerse aceptando incondicionalmente todo el contenido del Pliego. Sí, por aplicación del principio de libertad de pactos que rige la contratación pública.

¿Es válida una cláusula del pliego de cláusulas administrativas particulares que otorgue puntuación adicional a las ofertas presentadas por aquellos empresarios que tengan su domicilio social en el ámbito geográfico del órgano de contratación?. No, pues es contrario a la libre competencia y así lo ha declarado la jurisprudencia comunitaria. Sí, pues está consagrado el principio de «libre configuración de los pliegos».

Marca la respuesta errónea. Entre los contratos excluidos del ámbito de aplicación de la normativa de contratos del sector público, se encuentra: Los contratos de concesión de servicios. Los contratos laborales.

Marca la respuesta correcta. Se califica como contrato privado aquel que celebra una entidad pública que no es poder adjudicador. Todos los contratos que celebra una Administración son contratos administrativos.

Marca la respuesta errónea. Dentro de la categoría de poder adjudicador, se encuentran: Las entidades públicas empresariales. Las fundaciones públicas.

Marca la respuesta errónea. A efectos de la LCSP (Ley 9/2017), se considera Administración Pública a: Las entidades públicas empresariales. Ceuta y Melilla.

Marca la respuesta errónea. A efectos de la Ley de contratos del sector público se considera que son entidades del sector público a: Las fundaciones privadas. Las entidades públicas empresariales.

Los procedimientos de tramitación de contratos que prevé la LCSP son: Ordinario, urgente y de emergencia. Licitación, ordinario y urgente.

Ante la inadmisión de una petición de asilo político, ¿cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer del recurso frente a esa inadmisión?. Los Juzgados Centrales de lo C-A. Los Juzgados de lo C-A.

Entre los tipos de visado, se encuentran los de: De residencia y de residencia y trabajo de temporada. De residencia y de actividades políticas.

Marca la respuesta correcta. Si el Ministerio del Interior lo ordena, el extranjero que quiera entrar en España deberá presentar en los pasos fronterizos un certificado sanitario expedido en el país de procedencia por los servicios médicos que designe la oficina consular española o, a su llegada, someterse en la frontera a un reconocimiento médico por parte de los servicios sanitarios españoles competentes, para acreditar que no padecen ninguna de las enfermedades que pueden tener repercusiones de salud pública graves. El certificado médico, a presentar en el puesto fronterizo, referido a no padecer enfermedades con repercusiones graves en la salud pública se pide en épocas de epidemia.

Para aquellos casos en que se deniega la entrada de un extranjero, por parte del funcionario de frontera. Si el regreso a su punto de origen se retrasara por más de 72 h, la autoridad debe pedir al juez de instrucción que determine dónde ha de ser internado. Se le comunica al juez de lo C-A y, si el extranjero quiere recurrir, tiene derecho a abogado de oficio.

Respecto de la autorización de residencia para víctimas de violencia de género, es correcto afirmar que: Se resuelve sobre esa autorización una vez que haya concluido el proceso judicial penal por violencia de género, se puede pedir desde que exista orden de protección del juzgado de violencia de género y se puede pedir desde exista un informe del MF en el juzgado de violencia de género. Se puede pedir desde exista un informe del MF en el juzgado de violencia de género.

Respecto a la situación de residencia. Si un extranjero obtuvo permiso de residencia de larga duración en un Estado de la UE distinto de España, acreditando esto, puede pedir en España el mismo permiso si acredita que va a desarrollar una actividad económica o profesional, ya sea por cuenta propia, ya sea por cuenta ajena. Puede ser provisional o definitiva.

Una vez que termina el procedimiento de solicitud de un permiso de residencia, si la resolución es desestimatoria: Cabe recurrir en vía administrativa y, si la resolución sigue siendo desestimatoria, se abre plazo para recurrir en vía judicial ante el orden C-A. Debe recurrir en vía administrativa.

El derecho de asilo es la protección que se concede a: Quien acredita persecución en el país de su nacionalidad (o siendo apátrida, en el país de residencia habitual) por causa de raza, religión, nacionalidad u otras previstas en la Ley. Los apátridas.

La competencia para iniciar un procedimiento sancionador en materia de extranjería, le corresponde: Al subdelegado, o delegado del Gobierno, según se trate de una comunidad autónoma pluriprovincial o uniprovincial. Al ministro del Interior.

Promover la permanencia irregular de un extranjero, cuando su entrada legal haya contado con invitación expresa del infractor y continúe a su cargo una vez terminado el período permitido por su visado o autorización es: Infracción grave. Infracción penal.

Marca la respuesta correcta. Dentro de la gestión tributaria se incluye la aplicación de tributos en la medida en que no requiera realizar tareas propias de la inspección ni de la recaudación. Dentro de la gestión tributaria se incluye la inspección.

Marca la respuesta falsa respecto del procedimiento de verificación de datos. Termina mediante resolución que debe resolver todos los puntos planteados, si bien no puede contener una liquidación provisional. Está sujeto a plazo de caducidad de 6 meses.

Marca la respuesta correcta respecto de la tasación pericial contradictoria. Si la diferencia entre la tasación del perito de la Administración y el que nombró el obligado es > 120 000 € y > 10 %, de la 2.ª tasación, se designa un 3er perito. Si la diferencia entre la tasación del perito de la Administración y el que nombró el obligado es > 80 000 € y > 20 %, de la 2.ª tasación, se designa un 3er perito.

Dentro de los procedimientos de comprobación formal, se encuentra el de: El control de recepción de liquidaciones, autoliquidaciones y comunicaciones de datos. La comprobación de valores.

El procedimiento de inspección: Está sometido a un plazo general de 18 meses, si bien puede alcanzar los 27, en el caso de que la cifra anual de negocios del obligado sea igual o superior a la requerida para su auditoría, en el caso de que se trate de un grupo sometido a régimen de consolidación fiscal y en el caso de que se trate del régimen especial de grupo de entidades que esté siendo objeto de inspección. Está sometido a un plazo general de 18 meses, si bien puede alcanzar los 27, en el caso de que se trate del régimen especial de grupo de entidades que esté siendo objeto de inspección.

En el procedimiento de inspección: El acta con acuerdo requiere autorización del órgano competente para liquidar y, además, haber dejado presentada garantía. Si el obligado se niega a firmar el acta de disconformidad, no podrá alegar nada contra ella.

Respecto a la recaudación tributaria. La providencia de apremio es un título ejecutivo. Dentro del período voluntario de recaudación la Administración puede iniciar un procedimiento de apremio para agilizar la tramitación.

Respecto al procedimiento sancionador tributario. Puede tener por objeto sanciones pecuniarias o no pecuniarias. Está destinado al cobro de multas y recaudación de tributos en general.

La posibilidad de que la Administración revoque sus actos tributarios en beneficio de un interesado. Es posible si considera que el mismo vulnera la ley, de forma manifiesta y clara, es viable cuando se considera, ante circunstancias sobrevenidas, que un acto tributario es improcedente y procede si se aprecia que, en el procedimiento correspondiente, el interesado sufrió indefensión. Procede si se aprecia que, en el procedimiento correspondiente, el interesado sufrió indefensión.

Respecto al recurso de reposición en el ámbito tributario. Permite resolver todas las cuestiones que se deriven del expediente, a pesar de que el recurrente no las haya planteado en este recurso de forma expresa. El plazo para interponerlo es de 30 días.

Contra un auto que resuelve un recurso de reposición o aclaración. que recurso procede?. No cabe ningún recurso. Cabe recurso de reposición.

La revisión de oficio: Es un remedio de la Administración para declarar de oficio, o a instancia de parte, la nulidad de sus propios actos. Es un recurso extraordinario que puede interponer el interesado por motivos tasados y contra actos firmes.

Las sanciones por faltas leves prescriben: Al año. A los 6 meses.

El plazo para interponer el RC-A frente a la inactividad de la Administración es de: 2 meses. 6 meses.

¿Qué es la legitimación en el orden judicial C-A?. La relación de la parte procesal con el objeto del proceso. El derecho a comparecer sin procurador ante algunos tribunales de lo C-A.

En el procedimiento ordinario de expropiación forzosa ¿Cuándo puede llevarse a cabo la ocupación de la fina o bien expropiado?. Cuando se haya hecho efectivo el justiprecio o, en su caso, haya sido consignado en legal forma. Después de la declaración de necesidad de ocupación.

En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, el silencio administrativo: Es positivo, salvo que se refiera a solicitudes sobre el dominio público, servicio público o reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Es siempre positivo.

Las medidas cautelares en un proceso contencioso-administrativo que impugne una disposición de carácter general pueden solicitarse: En cualquier momento del proceso. No cabe la suspensión de las disposiciones generales.

Deben tramitarse por el procedimiento abreviado los recursos contencioso-administrativos sobre los siguientes asuntos: Materias de extranjería, asilo político, disciplina deportiva y todos aquellos asuntos de cuantía inferior a 30.000 €. Materias de extranjería y asilo político.

La declaración de una causa que haga imposible, legal o materialmente, ejecutar una sentencia corresponde: Al Juez o Tribunal que hubiere dictado la sentencia. Al órgano administrativo encargado de la ejecución de la sentencia.

Para que se declare la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas es preciso que exista un daño: Efectivo, económicamente evaluable, individualizable y antijurídico. Efectivo, individualizable y antijurídico.

A efectos de la aplicación subjetiva de la Ley de Contratos del Sector Público, no se considera Administración pública: Las entidades públicas empresariales. Los organismo autónomos.

En relación con las técnicas de intervención administrativa, la declaración responsable: Es una técnica de intervención "ex post" por la cual el interesado declara ante la Administración, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos previstos legalmente para el reconocimiento o ejercicio de un derecho, que dispone de la documentación que lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el plazo de reconocimiento o ejercicio, sin esperar de la Administración un acto expreso de aceptación. Es juna técnica de intervención "ex ante" consistente en un acto administrativo del interesado para la remoción de obstáculos o limitaciones establecidas por las leyes.

La impugnación de un acuerdo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores corresponde conocerla a: La Sala de lo C-A de la AN. La Sala de lo C-A del TSJ.

En el proceso contencioso-administrativo ¿en qué momentos es posible proponer prueba?. En los escritos de demanda y de contestación, y tras la contestación cuando ésta introdujera hechos nuevos. En los escritos de demanda, de contestación y en los de conclusiones.

En la contratación del sector público los contratos sujetos a regulación armonizada se caracterizan por: La participación de un poder adjudicador y superar ciertos umbrales económicos en función del tipo contractual de que se trate. Consistir en las modalidades de contratos atípicos y/o mixtos.

Todo documento que se presenta ante la Administración Tributaria en el que se reconoce o manifiesta un hecho relevante para la aplicación de tributos es: Una declaración tributaria. Una comprobación de datos.

La duración máxima de la situación de residencia temporal es: 5 años. 1 año.

Son supuestos que excluyen la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas: La fuerza mayor. La concurrencia de culpa del perjudicado.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, en los procedimientos sancionadores la falta de resolución expresa dentro del plazo establecido dará lugar a: La caducidad y el archivo. La prescripción de la infracción.

El trámite de conclusiones: No puede servir para incluir argumentos nuevos. Solamente se celebra si se ha admitido el proceso a prueba.

El proceso C-A especial sobre prohibición o propuesta de modificación de las reuniones previstas en la LO reguladora del derecho de reunión se caracteriza por: El plazo de 48 h para la interposición del recurso ante el TSJ. La competencia especial atribuida a los Juzgados Centrales de lo C-A.

La cuestión de ilegalidad: Se presenta tras dictar sentencia. Se presenta cuando la sentencia ya es firme.

La intervención del MF en el proceso C-A es obligada: En los procedimientos especiales de protección de los derechos fundamentales. En ningún caso.

¿En qué supuestos se presume que existe interés casacional objetivo para interponer un recurso de casación?. Cuando la sentencia recurrible haya aplicado normas sobre las que no existe jurisprudencia. Cuando la cuantía del recurso supere los 600.000€.

La ejecución provisional de sentencias: Se puede plantear en relación con sentencias que no hayan alcanzado firmeza. No cabe cuando la sentencia haya declarado la nulidad de una disposición de carácter general.

Un acto administrativo a favor de un particular para que este explote un bien de dominio público o gestione un servicio público durante un plazo concreto, sometido a condiciones y normalmente mediante el pago de un precio o canon es una: Concesión. Encomienda de gestión.

El procedimiento tributario para investigar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y, en su caso, su regulación, es: El procedimiento de inspección. El procedimiento de verificación.

La potestad expropiatoria corresponde exclusivamente a: La Administración territorial. La Administración institucional.

En un proceso contencioso administrativo con una cuantía establecida en 29.000€ ¿qué recurso cabe interponer contra la sentencia dictada en la instancia?. Recurso de apelación sólo en el supuesto de que la sentencia hubiera declarado la inadmisibilidad del recurso o se hubiera dictado en un proceso especial para la protección de los derechos fundamentales. Recurso de queja, sin posibilidad de ulterior apelación en caso de ser desestimado.

Respecto de la exigencia de visado para la entrada en España señale el enunciado erróneo: No se exige visado para estancias de hasta 6 meses. No se exige visado para quienes dispongan de una tarjeta de identidad de extranjero.

El recurso de alzada puede interponerse contra: Los actos definitivos que no agotan la vía administrativa, ante el superior jerárquico del órgano que los dictó. Los actos firmes siempre que no hayan transcurrido 4 años.

Señale la respuesta incorrecta respecto del cómputo de los plazos en vía administrativa: El mes de agosto es inhábil excepto para el procedimiento para la defensa de los derechos fundamentales. Para el cómputo por días se excluyen los sábados, domingos y festivos.

Respecto del recurso especial en materia de contratación pública art. 44 y ss. Ley de Contratos del Sector Público: Su interposición conlleva la suspensión inmediata de la ejecución del contrato cuando se dirige contra el acto de adjudicación. Es posible interponerlo en cualquier modalidad de procedimiento de contratación (ordinaria, de urgencia y de emergencia).

En relación al desistimiento como modalidad de terminación del proceso C-A: Si fueren varios los recurrentes y desistiera alguno, el proceso continuará para el resto. La Administración nunca puede desistir.

En el régimen especial de responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia: Es preceptivo solicitar informe de CGPJ. Es preceptivo solicitar informe del MF.

En un procedimiento en el que entre en juego la institución del silencio administrativo, la Administración: Podrá resolver expresamente en cualquier sentido en caso de haberse producido el silencio negativo y sólo a favor del interesado en caso de silencio positivo. Debe instar la revisión de oficio o declaración de lesividad del acto presunto ganado por el interesado.

Una vez firme una sentencia que condene a la Administración al pago de una suma líquida en concepto de indemnización por daños y perjuicios, la ejecución de la resolución judicial exige: Comunicar a la Administración la sentencia para que la lleve a puro y debido efecto en el plazo de 3 meses. Comunicar a la Administración la sentencia para que la lleve a puro y debido efecto en el plazo de 2 meses.

El plazo para la interposición del RC-A contra un acto presunto, al entrar en juego el silencio administrativo negativo, es de: 6 meses, si bien no es aplicable por doctrina expresa del TC. 2 meses.

El obligado al pago del justiprecio en una expropiación será: El beneficiario de la expropiación, que en ocasiones coincidirá con la figura de la Administración expropiante. La Administración expropiante.

Contra un auto que resuelve un recurso de reposición o aclaración: No cabe ningún recurso. Cabe recurso de queja.

En qué casos procede interponer RC-A: Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. Contra las resoluciones y actos de trámite.

Las infracciones graves: Prescriben a los 2 años. Prescriben a los 7 años.

La duración máxima del ingreso de una persona extranjera en un centro de internamiento durante la tramitación de un procedimiento de extranjería en el que se puede acordar su expulsión es de: 60 días como máximo. 30 días.

¿Qué es la capacidad procesal en el orden judicial C-A?. La facultad para poder realizar actos con eficacia jurídica dentro de un proceso judicial. La relación de la parte procesal con el objeto del proceso.

¿Es posible la solicitud de medidas cautelares con anterioridad a la interposición del RC-A?. Sólo en los supuestos de inactividad o de vía de hecho de la Administración. No. Deben solicitarse con el escrito de interposición del RC-A.

El contratista tendrá derecho a instar la resolución del contrato y el reconocimiento de los perjuicios sufridos frente a la Administración cuando ésta se demore en el pago debido más allá del siguiente plazo: 8 meses. 2 meses.

Respecto de las técnicas de intervención administrativa, con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo, salvo: Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad. Cuando se trate de actividades vinculadas a la defensa nacional.

La Sala de lo C-A de la AN: Conoce de los recursos contra actos de los Ministros y Secretarios de Estado. Conoce de los recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico.

En los supuestos de vía de hecho por la Administración pública, el RC-A debe interponerse: En el plazo de 10 días siguientes al vencimiento del requerimiento previamente formulado por el interesado, o, de no mediar dicho requerimiento, en el plazo de 20 días desde que se produjo la vía de hecho. En el plazo de 2 meses desde que se produjo la vía de hecho.

El incidente de falta de jurisdicción se puede tramitar en los siguientes momentos procesales: Demanda, alegaciones previas, contestación a la demanda y en la vista o conclusiones. Alegaciones previas y contestación a la demanda, únicamente.

La representación del recurrente a través de procurador en el proceso C-A: Es potestativa ante los órganos judiciales unipersonales y obligatoria ante los órganos judiciales colegiados, salvo para los funcionarios en defensa de sus derechos estatutarios, siempre que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles. Es obligatoria en cualquier caso y procedimiento.

La nota diferenciadora entre el contrato de concesión de obras o servicios y el contrato de obras y servicios es: La asunción del riesgo operacional en las concesiones. No existe un criterio definido, todo depende de la normativa sectorial o especial aplicable.

Contra la resolución del Alcalde del Ayuntamiento denegando el otorgamiento de una licencia de obras, cabe interponer: Directamente el recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo contencioso competente por el territorio, un recurso de reposición, con carácter potestativo. Recurso de alzada ante el pleno del Ayuntamiento.

En el proceso contencioso-administrativo, en el supuesto de producirse un allanamiento y según lo dispuesto por el art. 75 de la Ley 29/1998: El órgano judicial debe dictar sentencia conforme a lo solicitado por el recurrente, salvo que aprecie una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. El órgano judicial debe dictar sentencia conforme a lo solicitado por el recurrente ante la voluntad expresa de las partes.

En qué supuestos no es posible solicitar una extensión de efectos de una sentencia firme: Cuando se trate de una sentencia que declaró la inadmisibilidad del recurso y cuando quien pretende la extensión de efectos de la sentencia firme, cuenta para sí ya con una resolución administrativa firme en la materia frente a la cual decidió no recurrir en sede judicial. Cuando se trate de una sentencia que declaró la inadmisibilidad del recurso.

El derecho a la reversión tras los procedimientos expropiatorios queda excluido: Cuando se altera el destino del bien expropiado pero se mantiene la utilidad pública o interés social. No se puede excluir nunca, es un derecho constitucionalmente protegido que nace con ocasión de la expropiación de la que trae causa.