PRACTICA PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO UNIR

En el ámbito tributario, el procedimiento de apremio puede terminar mediante: Mediante acuerdo motivado del órgano instructor que determinará, en cualquier caso, la infracción y la sanción. El pago de la cantidad debida; el acuerdo que, tras declararse fallidos todos los obligados al pago, declare que ese crédito es incobrable, en todo o en parte; mientras no prescriba, el apremio se puede reanudar; el acuerdo de haber quedado extinguida esa deuda, por cualquier causa prevista en la ley. El pago de la cantidad líquida exigida por la resolución motivada, el acuerdo que declare el cobro de las cantidades adeudadas e impagadas, el apremio reanudaba y los acuerdos conforme a Ley. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Una declaración responsable: Es una técnica de intervención administrativa “ex ante” consistente en un acto administrativo cuya característica esencial consiste en la remoción de obstáculos o limitaciones establecidas por las leyes (generalmente de policía) para el ejercicio de ciertos derechos o facultades por los administrados. Es una técnica de intervención administrativa “ex post” en cuya virtud el sujeto privado informa a la Administración de su intención de ejercer un derecho o actividad sin esperar de ella un acto expreso de aceptación. Es uno de los conceptos más discutidos en el Derecho Administrativo pudiendo tener por objeto obras públicas, consistir en un modo de gestión de servicios públicos o en el uso o disfrute privativos de un bien de dominio público (ej. aguas, minas, dominio público marítimo-terrestre, etc.). Es una técnica de intervención administrativa “ex post” en cuya virtud el sujeto privado declara a la Administración, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos legalmente para el reconocimiento o ejercicio de un derecho, que dispone de la documentación que lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el plazo de reconocimiento o ejercicio, sin esperar de la Administración un acto expreso de aceptación.

Se puede tramitar el incidente de falta de jurisdicción a instancia de parte: En los siguientes momentos procesales: Demanda, Contestación a demanda y Vista o conclusiones. En los siguientes momentos procesales: Alegaciones previas y Contestación a demanda. En los siguientes momentos procesales: Alegaciones previas, Contestación a demanda y Vista o conclusiones. Únicamente se puede manifestar con la demanda, ya que en cualquier otro memento se declarará extemporáneo.

En relación al allanamiento (art. 75 LJCA): Producido el allanamiento, el órgano judicial debe dictar sentencia de conformidad a lo pedido por el recurrente, sin valorar la existencia o no de infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. Producido el allanamiento, el órgano judicial debe dictar sentencia de conformidad a lo pedido por el recurrente, salvo infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. Producido el allanamiento, el órgano judicial debe dictar sentencia de conformidad a lo pedido por el recurrente, aun cuando se produzca una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. Producido el allanamiento, el órgano judicial debe dictar sentencia de conformidad a lo pedido por el recurrente, por ser la voluntad de las partes en el proceso.

En cuanto a acuerdo o transacción (art. 77 LJCA): Puede proceder en un proceso judicial en primera o en única instancia, en cualquier materia, especialmente estimación de cantidad. Puede proceder en un proceso judicial en primera o en única instancia, que verse sobre materia transable, excluyéndoselas especialmente estimación de cantidad. Puede proceder en un proceso judicial en primera o en única instancia, que verse sobre materia transable, excluyéndoselas especialmente estimación de cantidad. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Los tipos de procesos electorales son: Recurso contencioso electoral, recurso contra la proclamación de candidaturas y candidatos y recurso contencioso electoral en los casos de referéndum. Recurso contencioso electoral, recursos contra la proclamación de candidaturas, recurso contra la resolución de la Junta Electoral y recursos en caso de referéndum. Recurso contencioso electoral, recurso contra la proclamación de candidaturas y candidatos, recurso contencioso electoral en los casos de referéndum y recursos contra resoluciones de la oficina del censo electoral. Recurso contencioso electoral, recursos contra decisiones y resoluciones de la Junta Electoral, recurso contra resoluciones de la oficina del censo electoral y recursos en los casos de referéndum.

¿Qué es legitimación procesal en el orden judicial contencioso administrativo?. La relación de la parte procesal con el objeto del proceso. La facultad para poder realizar actos con eficacia jurídica dentro de un proceso judicial. La necesidad de comparecer con Procurador ante algunos tribunales de lo contencioso administrativo. El derecho a poder comparecer con Procurador ante algunos tribunales de lo contencioso administrativo.

Antes de dictar resolución en un expediente. El órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. El órgano competente tendrá que dictar resolución. La legislación no prevé nada sobre la fase anterior dictar resolución. No hay fase previa a la resolución en la Ley.

Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. El particular puede dirigirse directamente frente al funcionario responsable si hubiera actuado con dolo, culpa o negligencia grave. El particular puede dirigirse o bien contra el funcionario responsable o bien contra la Administración de la que dependa el mismo. El particular nunca puede dirigirse frente al funcionario responsable, sino que lo hará contra la Administración, si bien ésta puede repetir contra el funcionario que hubiera incurrido en dolo, culpa o negligencia grave. Art 36 RJSP. El particular nunca puede dirigirse frente al funcionario responsable, sino que lo hará contra la Administración, si bien ésta no podrá exigir responsabilidad alguna a dicho funcionario.

En que casos procede interponer recurso administrativo: Contra las resoluciones y actos de trámite. Contra las resoluciones y no contra los actos de trámite. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente sobre el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

En el procedimiento sancionador, el órgano competente para resolver puede adoptar en el seno del expediente sancionador: Las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución, sin tener que hacer ningún tipo de motivación. En cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución. El reglamento no dispone nada al respecto. Todas las respuestas anteriores son correctas.

El anuncio previo es un medio de publicidad existente en la contratación pública: Es obligatorio en toda licitación. Es potestativo. Obligatorio en toda licitación, cuyo presupuesto de licitación exceda de 500.000 euros. Obligatorio en toda licitación, cuyo presupuesto de licitación exceda de 5.000.000 euros.

Señale la afirmación correcta: Si la demora de la Administración en el pago al contratista fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen. Art 216 LCSP. Si la demora de la Administración en el pago al contratista fuese superior a cuatro meses, el contratista tendrá derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen. Si la demora de la Administración en el pago al contratista fuese superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen. Si la demora de la Administración en el pago al contratista fuese superior a die meses, el contratista tendrá derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

Una vez dictada la sentencia en lo contencioso administrativo, si el contenido de la sentencia es inejecutable: No se ejecutará, sin más. Se fijará la indemnización que corresponda, por la parte que no pueda ser cumplida. Se iniciará un nuevo procedimiento judicial a los efectos de dictar una nueva sentencia que sí sea ejecutable. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Procedimiento sancionador tributario: Los procedimientos sancionadores referidos a sanciones pecuniarias por infracciones graves o muy graves, solo pueden incoarse en 3 meses desde la notificación de la sanción pecuniaria correspondiente. Los procedimientos sancionadores referidos a sanciones no pecuniarias por infracciones graves o muy graves, solo pueden incoarse en 3 meses desde la notificación de la sanción pecuniaria correspondiente. Los procedimientos sancionadores referidos a sanciones no pecuniarias por infracciones graves o muy graves, solo pueden incoarse en 6 meses desde la notificación de la sanción pecuniaria correspondiente. Ninguna de les respuestas anteriores es correcta.

Según la Ley de Contratos del Sector Público: La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de firma de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de presentación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados. Art 216 LCSP. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

La declaración de lesividad: Es un presupuesto procesal que habilita a la Administración para recurrir sus actos meramente anulables, siempre que no hayan transcurrido cuatro años desde que fueron dictados. Es un presupuesto procesal que habilita a la Administración para recurrir sus actos meramente anulables. Determina la anulación de los actos meramente anulables siempre que no hayan transcurrido cuatro años desde que fueron dictados. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Señale cuál de los siguientes actos administrativos, no es nulo: Los que lesionen derechos de los ciudadanos. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que determinen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

En el ámbito de las concesiones administrativas: Se permite que un particular explote un bien de dominio público o gestione un servicio público durante un plazo de tiempo. Para su existencia, se requiere la estación de una garantia o caución. Al concluir su plazo establecido, impera el instituto de la reversión. Las respuestas A y C son correctas.

En el procedimiento abreviado la prueba. Se basa en el expediente administrativo obligatoriamente. Se practica por escrito obligatoriamente. De testigos e interrogatorio de partes es verbal. Sustituye a las conclusiones obligatoriamente.

Será necesario procurador en un proceso contencioso- administrativo. Nunca. Siempre. Como norma general, salvo en el procedimiento ordinario. Como norma general, salvo los funcionarios y los procedimientos abreviados.

Siempre será parte demandada en un proceso contencioso. Un particular. Una Administración Pública u organismo constitucional. Una sociedad mercantil. El Ministerio Fiscal.

La intervención del Ministerio Fiscal resulta obligada en. ningún caso. todo caso. el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales. el abreviado.

La cuestión de ilegalidad. Se presenta antes de dictar sentencia. Se presenta tras dictar sentencia. Se presenta cuando la sentencia es firme art 123 LCJA. Se presenta cuando la sentencia ha sido recurrida por alguna de las partes litigantes.

Los actos presuntos. Se pueden recurrir en un plazo improrrogable de seis meses. Se pueden recurrir mientras no se notifique resolución expresa. Son presunciones legales. Generan costas procesales en todo caso.

Los Juzgados de lo Contencioso- Administrativo. Desaparecieron con la reforma de la ley de la jurisdicción del 98. No conocen de las impugnaciones de las disposiciones de carácter general, aunque hayan sido dictadas por las entidades locales. Conocen de los instrumentos de planeamiento urbanístico. Actúan siempre como única instancia.

El plazo para interponer recurso contencioso- administrativo frente a la inactividad administrativa es de. 3 meses. 2 meses. 5 meses. 6 meses.

El recurso contencioso- administrativo se inicia mediante. La deducción de demanda. Escrito de preparación. Oral y ante tribunal. Escrito de interposición, como norma general.

Las sanciones por faltas leves prescriben. A los 6 meses. 1 año. 12 meses. un año y medio.

Dentro de las infracciones que la normativa de extranjería clasifica como graves,se encuentra: Inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro la inmigración clandestina. Estar trabajando en una actividad o ámbito geográfico no incluido en la autorización de residencia y trabajo de la que es titular. Trabajar en España sin haber obtenido la autorización correspondiente para ello. Empadronar, con ánimo de lucro, en el domicilio propio a un extranjero que no reside ahí.

¿Cómo ha de hacerse en una expropiación forzosa la declaración de utilidad pública o interés social?. Por acuerdo motivado. Por el Gobierno de la Nación, por Real Decreto, o de las Comunidades Autónomas, por Decreto. Por Ley. Por orden ministerial, que en todo caso será recurrible..

Respecto a la reclamación económico-administrativa, es correcto indicar que: Si lo que se impugna es una resolución tributaria de una Comunidad Autónoma, la competencia para conocer esa reclamación económico-administrativa corresponde al Juzgado de lo contencioso- administrativo. Permite recurrir en vía administrativa frente a aquellos actos tributarios que declaren una obligación o un deber, en las materias que prevé la normativa aplicable. Si lo que se impugna es una resolución tributaria de un ayuntamiento, la competencia para conocer esa reclamación económico-administrativa corresponde al Juzgado de lo contencioso-administrativo. Es el proceso judicial especial para materia tributaria.

Al tramitar una inspección tributaria, se emite acta con acuerdo cuando: El obligado, previa audiencia, está de acuerdo con la valoración que hace la Administración y paga voluntariamente. El obligado, previa audiencia, está de acuerdo con la valoración que hace la Administración. Se requiere autorización del órgano competente para liquidar, así como dejar constituida garantía para pagar la cantidad que corresponda. Todas las respuestas precedentes son falsas.

A efectos de la normativa sobre contratos del sector público, se considera Administración pública, entre otros, a: Los servicios comunes de la Seguridad Social. Las autoridades administra9vas independientes. Las universidades públicas. Todas las respuestas precedentes son correctas.

Los trámites principales en una expropiación, son, según orden cronológico: 1º, la declaración de utilidad pública o interés social, con fijación del justiprecio según la normativa urbanística de valoración del suelo y 2º, la declaración de necesidad de ocupación. 1º, la declaración de utilidad pública o interés social, 2º, la declaración de necesidad de ocupación y 3º, la fijación del justiprecio. 1º, la declaración de necesidad de ocupación, 2º, la declaración de utilidad pública o interés social, y 3º, la fijación del justiprecio según la normativa urbanística de valoración del suelo. Las 3 respuestas precedentes son correctas porque, al ser procedimiento administrativo, se aplica el principio de flexibilidad y se puede consensuar con el expropiado el orden a seguir de mutuo acuerdo.

Las concesiones administrativas: A- Al concluir su plazo establecido, opera el instituto de la reversión. B- Para su existencia, se requiere obligatoriamente la prestación de una garantia o caución. C- Permiten que un particular explote un bien de dominio público o gestione un servicio público durante un plazo de tiempo. D- Las respuestas A y C son correctas y la B es incorrecta.

El recurso de apelación, en el orden jurisdiccional contencioso administrativo, procede contra: A. Sentencias que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales. B. Sentencias que resuelvan pleitos entre Administraciones. C. Sentencias dimanantes de un pleito con cuantía menor de 30.000 euros. D. Las respuestas A y B son correctas.

En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, procede plantear recurso de reposición contra las siguientes resoluciones judiciales: Autos que resuelvan solicitudes de indemnización por responsabilidad patrimonial. Providencias y Autos no recurribles en apelación o casación. Autos que resuelvan recursos o escritos de aclaración. No procede contra ninguna.