PRÁCTICA PROCESAL PENAL PARTE 1

1. ¿Los delitos contra los derechos de los trabajadores pueden cometerlos las personas jurídica?. A. No. B. Sí. C. Si, pero solo el delito de falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. D. No, porque se trata de delitos en los que no la ley de prevención de riesgos laborales hace inviable la implementación de un programa de compliance sobre los mismos.

2. La prueba de lofoscopia. a. No se admite como regla general el proceso penal español por su escasa fiabilidad. b. No se admite como regla general el proceso penal español por su escaso valor probatorio. c. No se admite como regla general el proceso penal español por la falta de medios policiales para su incorporación al proceso penal con plenas garantías. d. Todas las anteriores son incorrectas.

3. La instrucción de las causas penales por responsabilidad penal de menores se encomienda: a. Al Ministerio Fiscal y al Juzgado de Menores. b. Al Ministerio Fiscal y a la Abogacía del Estado. c. Al Ministerio Fiscal y a los Equipos Técnicos. d. Al Ministerio Fiscal quién puede hacer uso del principio de oportunidad.

4. Una sentencia dictada en enjuiciamiento por delito leve: a. Admite recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. b. Admite recurso de reforma ante el órgano que la dictó. c. No admite recurso de ningún tipo, a salvo de los requisitos de protección de los derechos fundamentales. d. Admite recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, pero solo en caso de sentencia condenatoria.

5. La psicopatía, en relación a la imputabilidad, es considerada actualmente. a. Como eximente completa por ausencia de imputabilidad. b. Como eximente incompleta por ausencia parcial de imputabilidad. c. Como atenuante por disminución de la culpabilidad. d. Ninguna es correcta.

6. Las personas individuales en el derecho español son responsables penales. a. Desde los 16 años. b. Desde los 18 años. c. Desde los 12 años en los delitos de más de 9 años de prisión, y desde los 14 años en el resto. d. Desde los 14 años.

7. El delito continuado: a. Es una figura que ha sido suprimirá con la reforma al Código Penal de 2015. b. Es una figura que ha sido introducida en la reforma del Código Penal de 2015. c. Es una figura de creación jurisprudencia para elidir la aplicación de las reglas del concurso apar infracciones penales. d. Ninguna es correcta (art. 74 CP).

8. El principio de legalidad ¿es aplicable a la ejecución de las penas?. a. Depende del tipo de delito. b. Siempre. c. No, solo se aplica a la imposición de las penas. d. Ninguna es correcta.

9. La prisión provisional en España. a. Es la medida cautelar que se adopta con mayor frecuencia, pues su imposición es obligatoria para los jueces si el delito investigado tiene una pena de prisión en abstracto superior a 5 años. b. Es la medida que menos se utiliza, por ser excepcional y de aplicación residual que se usa solo cuando no hay otros medios para neutralizar el riesgo de la fuga u obstrucción y siempre que haya apariencia de buen derecho. c. Es la medida cautelar principal, que puede ser sustituida en determinados casos por otras medidas cautelares no privativas de libertad, siempre que se preste fianza suficiente para garantizar la presencia de imputado en el proceso. d. Es la medida cautelar de aplicación preferente, tal y como indican los principios de imperativa aplicación de fumus boni iuris y periculum in mora.

10. La Audiencia Provincial. a. Solo conoce en primera instancia de causas penales por los delitos de un catálogo que tal es regula la LECRIM en el artículo 222.4, pero siempre que no sean competencia de la AN. b. No tiene competencia para el enjuiciamiento en primera instancia. c. Solo conoce de recursos de apelación contra sentencias y autos dictados por el juez instructor de lo penal. d. Ninguna de las anteriores es correcta.

11. El error invencible. a. Excluye la responsabilidad criminal solo si es error de tipo. b. Excluye la responsabilidad criminal solo si un error de prohibición. c. Excluye la responsabilidad criminal en los dos casos (de tipo/de prohibición). d. Supone la rebaja de la pena en uno de los dos grados.

12. La libertad vigilada en su modalidad postpenitenciaria. a. Solo puede imponerse a terroristas y delincuentes sexuales. b. Desde la reforma de 2015 puede imponerse, entre otros, en casos de violencia de género y en las formas de homicidio. c. Puede imponerse en todos los casos de imputabilidad peligrosa. d. Ninguna es correcta.

13. El recurso de reforma. a. Se interpone en el plazo de tres días ante el órgano jerárquico. b. Se interpone en el plazo de tres días ante el mismo órgano que dicto la resolución. c. Se interpone en el plazo de cinco días ante el órgano superior jerárquico. d. Se interpone en el plazo de cinco días ante el mismo órgano que dicto la resolución.

14. En la sentencia penal. a. Nunca hay pronunciamientos civiles (falso). b. Solo hay pronunciamientos civiles si se trata de un delito contra la vida o la integridad física (No, delitos patrimoniales). c. Siempre hay pronunciamientos civiles (No, porque puede ser que no haya responsabilidad o que el actor se haya reservado la acción civil). d. Ninguna de las anteriores es correcta.

15. El procurador en el proceso penal español. a. Como regla general no es preceptiva su intervención, salvo para representar a personas jurídicas es obligatorio abogado y procurador. b. Como regla general no interviene en el proceso penal, al igual que en el proceso laboral o en el contencioso-administrativo, solo es preceptivo en el proceso civil. c. Como regla general interviene en todas las causas penales, tanto para la acusación particular, como para la defensa, salvo para representar al Ministerio Fiscal que no necesita procurador. d. Como regla general interviene en todas las causas penales, tanto para la acusación particular como para la defensa, salvo para representar al Ministerio Fiscal que se encarga la procuradora general del Estado.

16. Contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial en primera instancia cabe: a. Recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia. b. Recurso de suplicación ante el Tribunal Supremo. c. Recurso de casación ante el Tribunal Supremo. d. Recurso de suplicación ante el Pleno de la Audiencia Provincial.

17. La prevención general positiva. a. Solo es predicable de las penas privativas de libertad. b. Solo es predicable de las penas no privativas de libertad. c. Solo es predicable de las penas pecuniarias. d. Ninguna es correcta.

18. Cuando concurre en un acusado la eximente de intoxicación plena por el consumo de drogas: a. Ha de dictarse sentencia absolutoria en favor de ese acusado y deben aplicársele siempre medidas de seguridad. b. Ha de dictarse sentencia absolutoria en favor de ese acusado y pueden aplicársele medidas de seguridad. c. Ha de dictarse sentencia absolutoria en favor de todos los coautores que conocieren su intoxicación por tratarse de una circunstancia comunicable. d. Ha de dictarse sentencia absolutoria en favor de ese acusado y apreciarse una atenuante a los coautores que conocieran su intoxicación.

19. El recurso de casación ante la sala segunda del Tribunal Supremo. a. No puede plantear cuestiones relativas a la prueba. b. Debe guardar un reverencial respeto a los derechos probados. c. Tan solo puede plantear cuestiones jurídicas. d. Todas son correctas.

20. Indique cuál de las siguientes medidas no es una diligencia de investigación (limitativa de derechos fundamentales): a. Entrada y registro domiciliario. b. Intervención de las comunicaciones telefónicas. c. Prisión provisional. d. Detención y apertura de la correspondencia.

21. Para la imputación de una persona jurídica, y en relación con el beneficio del hecho delictivo: a. Es necesario que haya un beneficio directo o indirecto de la persona jurídica. b. Es necesario que haya un beneficio directo para la persona jurídica. c. Es necesario que el beneficio sea económicamente evaluable. d. Es necesario que la persona jurídica obtenga mayor beneficio que la persona física condenada.

22. El recurso de apelación contra una sentencia dictada por el juzgado penal. a. Se interpone ante la Audiencia Provincial. b. Se interpone en todo caso ante el Tribunal Superior de Justicia. c. Se interpone en todo caso ante el Tribunal Supremo. d. Ninguna de las anteriores es correcta.

23. Indique la afirmación incorrecta: a. La conspiración existe cuando dos o más persona se conciertan para la ejecución de un delito resuelven ejecutarlo. b. La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él. c. La conspiración y la proposición para delinquir solo se castigarán en los casos especialmente previstos en la ley. d. La provocación existe cuando directa o indirectamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito.

24. La provocación se diferencia de la proposición. a. Sn sustancialmente lo mismo. b. El provocador no tiene intención de cometer el delito pero incita a que otros lo cometan. c. La proposición exige necesariamente la colaboración en el delito, lo que no ocurre en la provocación. d. Ninguna de las anteriores es correcta.

25. Una sentencia dictada en apelación por la Audiencia Provincial: a. Es ejecutada por la propia Audiencia Provincial. b. Es ejecutada por el juzgado de lo penal. c. Es ejecutada por el Tribunal Superior de Justicia. d. Es ejecutada por el Tribunal Supremo.

26. El recurso de apelación. a. Se interpone en el plazo de tres días ante el órgano superior jerárquico. b. Se interpone en el plazo de tres días ante el mismo órgano que dictó la resolución. c. Se interpone en el plazo de cinco días ante el órgano superior jerárquico. d. Se interpone en el plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó la resolución.

27. Si el Tribunal sentenciador aprecia la concurrencia de una circunstancia atenuante, la pena a imponer será de: a. Inferior su mitad en grado. b. En su mitad inferior. c. Se puede recorrer toda la extensión de la pena. d. Depende de las circunstancias del caso y personales del condenado.

28. De acuerdo con el artículo 66 CP, si concurre una circunstancia agravante. a. Se aplica la pena superior en un grado. b. Se puede aplicar la pena superior en uno o dos grados. c. Se aplica la pena en su mitad superior. d. Todas las anteriores son posibles, dependiendo de la decisión del juez, que en todo caso ha de ser razonada en la sentencia.

29. La privación de la patria potestad. a. Es pena grave. b. Es pena menos grave. c. Es pena grave. d. No está contemplada como pena.

30. En los casos de fuerza irresistible. a. La pena se reduce en uno o dos grados. b. La pena se reduce siempre en un grado. c. La pena se reduce siempre en dos grados. d. Ninguna de las anteriores es correcta.

31. De acuerdo con el artículo 12 del Código Penal. a. Todos los delitos admiten comisión imprudente. b. Ningún delito admite comisión imprudente. c. Se admite comisión imprudente solo en casos de coautoría. d. Solo admiten comisión imprudente aquellos tipos que expresamente así lo recojan.

32. La mayoría de edad penal en España. a. Es a los 12 años. b. Es a los 13 años. c. Es a los 14 años. d. Es a los 16 años.

33. Las personas jurídicas pueden ser sujeto de responsabilidad penal. a. Solo si tienen ánimo de lucro. b. Aunque no tengan ánimo de lucro. c. Siempre que tengan más de 50 empleados. d. Ninguna de las anteriores es correcta.

34. Las personas jurídicas responden: a. Solo por los delitos dolosos. b. Solo por los delitos imprudentes. c. Por todos los delitos dolosos e imprudentes. d. Solo por los delitos expresamente señalados en el código penal.

35. La atenuante de reparación del daño. a. Exige que la reparación se antes de la celebración del juicio. b. Exige que la reparación sea antes de la sentencia de primera instancia. c. Exige que la reparación sea antes de la firmeza de la sentencia. d. Exige que la reparación sea en fase de instrucción.

36. El compliance exime de responsabilidad penal a una persona jurídica. a. Si se demuestra eficaz y está instaurado antes de la comisión del delito. b. Si se demuestra eficaz y esta instaurado antes de la sentencia de primera instancia. c. Si se demuestra eficaz y esta instaurado antes de la firmeza de la sentencia. d. S se demuestra eficaz y esta instaurado antes de la fase de instrucción.

37. De acuerdo con el art. 17.2 de la Constitución. a. El plazo máximo de detención es el estrictamente necesario. b. El plazo máximo de detención es de 72 horas. c. El plazo máximo de detención es el que se acuerde mediante resolución judicial motivada. d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

38. La pena de prisión tiene una duración mínima de. a. Tres meses. b. Seis meses. c. Un año. d. Ninguna de las anteriores.

39. La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa se ejecuta. a. Con un día de prisión por cada dos cuotas de multa impagadas. b. Con un día de prisión por cada cuota de multa impagada. c. Con dos días de prisión por cada cuota de multa impagada. d. Ninguna de las anteriores.

40. La denuncia por delitos semipúblicos o semiprivados. a. Necesariamente se debe interponer ante la autoridad policial. b. Necesariamente se debe interponer ante la autoridad policial o fiscal. c. Se puede interponer directamente ante el órgano jurisdiccional encargado de la instrucción. d. Se puede interponer directamente ante el órgano jurisdiccional encargado del enjuiciamiento.

1. El recurso de suplicación (pregunta 37). a. Es el equivalente al recurso de reforma contra providencias y autos de la AP, TSJ, AN, TS, T. b. Cabe contra resoluciones dictadas en el procedimiento ordinario por el Letrado de la Administración de Justicia. c. Es el equivalente al reforma del procedimiento abreviado pero para el procedimiento ordinario. d. Ninguna es correcta.

2. El recurso de súplica (pregunta 38). a. No existe en el proceso penal. b. Solo se puede interponer en el procedimiento ordinario. c. Es el equivalente al recurso de reforma contra providencias y autos de las salas de la AP, del TS, de la AN y del TS. d. Ninguna es correcta.

3. El error de prohibición (error de tipo pregunta 39). a. Exime de responsabilidad penal en todos los casos. b. Exime de responsabilidad penal solo si es vencible. c. Exime de responsabilidad penal si es invencible, pero si es vencible permite castigar como imprudente la conducta, en su caso. d. Ninguna es correcta.

4. La conspiración (pregunta 40). a. Permite castigar la conducta como acto preparatorio punible en todos los casos. b. Permite castigar la conducta como acto punible cuando esté expresamente previsible en el código penal (en el tipo concreto de que se trate). c. Permite castigar la conducta como acto preparatorio punible cuando la conspiración precede a la de ejecución del acto. d. Permite castigar la conducta como acto preparatorio punible cuando la conspiración precede a la consumación del delito.

1. Según la CE, la aplicación de las penas se debe orientar a: a. La reeducación y la reinserción social. b. A trabajos forzosos. c. La educación al conjunto de la sociedad. d. Lograr el resarcimiento que expresamente solicite la víctima.

2. La teoría de los bienes jurídicos. a. Tiene como principal referente a JAKOBS y supone el abandono de concepciones basadas en la religión o la moral social. b. Se basa en el cambio de paradigmas de la sociedad, en la que el legislador tiene nuevos bienes jurídicos que proteger. c. Fue duramente criticada por HASSEMER, que entendía que los bienes jurídicos son conceptos totalmente prescindibles en el estudio dogmático del Derecho Penal. d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

3. La circunstancia mixta de parentesco del art. 23 CP. a. Solo puede atenuar la responsabilidad, según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito por ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente. b. Solo puede agravar la responsabilidad, según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito por ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge conviviente. c. Puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito por ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente. d. Ninguna de las anteriores es correcta.

4. Las pruebas obtenidas, directamente o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales. a. No surtirán efecto. b. Serán valoradas libremente por el Juez o Tribunal. c. Podrán fundamentar una sentencia condenatoria si no se dispusiera de obras. d. Podrá fundamentar una sentencia condenatoria si no se dispusiera de otras. e. Podrán considerarse válidas a instancia del Ministerio Fiscal.

5. ¿Qué comporta la inhabilitación absoluta?. a. La inhabilitación absoluta priva del cargo sobre el que recae la condena. b. La inhabilitación absoluta solo priva de honores. c. La inhabilitación absoluta priva de todos los cargos públicos, honores y empleos. d. La inhabilitación absoluta se aplica a delitos cometidos por funcionarios públicos.

6. La prisión permanente revisable se introdujo en el Código Penal español en el año: a. 2020. b. 2015. c. 2003. d. 1995.

7. Será hábil en fase de instrucción en el proceso penal. a. El mes de agosto. b. Los sábados y los domingos. c. Serán hábiles todos los días del año en la fase de instrucción y los festivos nacionales con habilitación especial. d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

8. El principio de culpabilidad: a. No aplica en el enjuiciamiento de hechos delictivos cometidos por personas jurídicas. b. Implica que la responsabilidad penal se verá modificada según que persona cometa los hechos delictivos a enjuiciar. c. Es un principio constitucional que se opone al derecho penal de autor. d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

9. Las medidas de seguridad: a. Pueden tener una duración de hasta 10 años. b. No pueden tener una duración superior a 5 años. c. No implican la imposición de consecuencias ante su quebrantamiento por su especial naturaleza. d. Son en todo caso no privativas de libertad.

10. ¿Qué comporta la pena de localización permanente para el condenado. a. La obligación de permanecer en los centros de detención por el tiempo que determine el juez. b. La obligación de encontrarse localizable en cualquier lugar que se encuentre. c. La obligación de permanecer en el domicilio o en el lugar determinado fijado por el juez en la sentencia. d. La obligación de estar disponible para cuando el juez lo mande a llamar ante los estados judiciales.

11. Según el artículo 119 de la LECrim, en el caso de imputación a una persona jurídica: a. Se le requerirá que comparezca a través de su representante para que designe un abogado y un procurador. b. Se le requerirá bajo sanción de multa que comparezca a través de su representante legal. c. Se le requerirá que comparezca a través de cualquier persona que actué en su nombre para que designe un abogado defensor privado o de oficio. d. Se le ofrecerá que comparezca a través de su representante legal.

12. ¿Sobre qué delitos tiene competencia el Jurado según la Ley Orgánica de Tribunal del Jurado?. a. Solo exclusivamente sobre delitos contra el orden socioeconómico. b. Delitos contra la indemnidad sexual de menores. c. Solo exclusivamente sobre delitos de terrorismo y de corrupción pública. d. Delitos contra las personas y delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos.

13. El Derecho penal económico contempla: a. Delitos que pueden cometer individualmente las personas físicas y las empresas (personas jurídicas). b. Delitos que solo pueden cometer por medio de una estructura empresarial (delitos corporativos). c. Delitos que solo pueden cometer personas físicas que reúnan condiciones especiales administradores societarios o funcionarios públicos. d. Delitos que puedan cometer individualmente las personas físicas y el Estado.

14. Los Juzgados Centrales de Instrucción: a. Instruyen las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. b. Instruyen las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial cuando el delito se haya cometido en la capital de la provincia. c. Instruyen las causas cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial en todo caso. d. Instruyen las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de Penal del Tribunal Supremo.

15. ¿Quién resuelve un recurso de reforma?. a. El superior jerárquico de aquel que dicto la resolución impugnada. b. La Audiencia Provincial o el Tribunal Superior de Justicia. c. El mismo órgano que dicto la resolución impugnada. d. La Audiencia Nacional.

16. El conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles: a. Corresponde a la jurisdicción del primer país en que toque tierra el buque o aeronave. b. Corresponderá a la jurisdicción del lugar en donde se encuentre el buque o aeronave al tiempo de cometerse el delito. c. Corresponderá a la jurisdicción española. d. Corresponderá al Capitán o Comandante del buque o aeronave.

17. Señale la respuesta correcta en relación con la competencia de los órganos jurisdiccionales. a. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo solo conoce de los recursos de casación. b. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conoce de los delitos contra el Titular de la Corona. c. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conoce de los procedimientos penales iniciados en el extranjero. d. Ninguna es correcta.

18. Según el Código Penal español ¿qué clase de error excluye completamente la responsabilidad criminal del sujeto?. a. El error invencible o inevitable (sea error de tipo o error de prohibición). b. El error vencible o evitable (sea error de tipo o error de prohibición). c. El error imprudente, que ha sido ocasionado por el propio sujeto pasivo. d. El error de tipo en cualquiera de sus dos manifestaciones (evitable o inevitable).

19. ¿A qué circunstancia atenuante prevista en el Código Penal se refiere el siguiente texto: “Las causas expresadas en el capítulo anterior, cuando NO concurren todos los requisitos necesarios para eximir la responsabilidad en los respectivos casos? (Art. 21.1 CP De las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal). a. A la circunstancia de eximente simple (cuando es aplicable solo al autor del hecho). b. A la circunstancia de eximente completa (cuando se cumplen todos los requisitos). c. A la circunstancia de eximente absoluta (cuando es aplicable al autor del hecho y a los partícipes). d. A las circunstancias de eximente incompleta (Cuando falta algún requisito).

20. Los actos preparatorios en el Código Penal español. a. Solo se castigan en la modalidad de conspiración, de proposición y de provocación. b. No se castigan. c. Se castigan siempre en cualquier delito. d. Solo se castigan cuando se trata de delitos contra el orden socioeconómico.

21. La instrucción y enjuiciamiento de las causas como Magistrados de un Tribunal Superior de Justicia corresponde a: a. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. b. La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia. c. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. d. La Sala a que se refiere el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

22. Los delitos que pueden cometer las personas jurídicas. a. Son exactamente los mismos que los que pueden cometer las personas físicas. b. Obedecen al sistema de lista cerrada o numerus clausus. c. Son solo los previstos en la Ley Orgánica 12/1955, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando. d. Se encuentran regulados en el Libro III del Código Penal.

23. Los delitos amparados por los principios de protección y justicia universal solo pueden incoarse: a. Previa querella del agraviado. b. Previa querella del Abogado del Estado. c. Previa querella del Ministerio Fiscal. d. Las respuestas A y C son correctas.

24. ¿Quiénes son autores para el Código Penal español?. a. Quienes realizan el hecho por si solos o acompañados por los partícipes. b. Quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de la inducción de otro. c. Quienes realizan el hecho por si solos o conjuntamente. d. Quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento.

25. La detención preventiva: a. No podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. b. No podrá durar más de veinticuatro horas en ningún caso. c. No podrá durar más de cuarenta y ocho horas en ningún caso. d. Cuando se trate de persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, tras un periodo inicial de setenta y dos horas, podrá prorrogarse hasta un límite máximo de setenta y dos horas.

26. La responsabilidad penal de la persona jurídica se puede declarar: a. Solo cuando exista responsabilidad de una persona física. b. Cuando concurran los presupuestos del tipo y exista responsabilidad de una persona física. c. Es independiente y se declarará cuando concurran los presupuestos del tipo, con independencia de que exista o no responsabilidad de una persona física. d. Ninguna de las anteriores es correcta.

27. Las partes en el juicio: a. Son siempre dos: activa y pasiva. b. Dependen de la magnitud y complejidad del procedimiento. c. Son siempre tres: activa, pasiva y Ministerio Fiscal. d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

28. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. a. Únicamente puede ser aplicable en aquellos supuestos que así lo indique expresamente nuestro Código penal. b. Se fundamentan en un defecto de organización dentro de la persona jurídica. c. Cuenta con los programas de cumplimiento normativo como atenuantes o eximentes de la responsabilidad. d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

29. ¿Cuáles de los siguientes requisitos deben incluirse en una querella?. a. El suplico final. b. La descripción de los hechos base y la significación jurídico penal que se atribuye indiciariamente. c. Los datos del querellante y la persona o personas querelladas. d. Todas las respuestas son correctas.

30. Requisitos exigidos por la Jurisprudencia para que una conformidad sea válida en el proceso penal: a. Ha de ser absoluta y plena. b. Ha de ser voluntaria y libre. c. Ha de ser personalísima. d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

31. ¿El Código Penal español contempla la responsabilidad penal del Estado como persona jurídica?. a. Sí, siempre, porque el Estado es una persona jurídica. b. Sí, pero de forma excepcional cuando el Estado ha cometido delitos contra la Administración Pública. c. No, salvo que el Estado lo solicite. d. No, en absoluto.

32.¿Según la LECrim española cuando concluye la instrucción?. A. La instrucción termina automáticamente cuando se alcance a cumplir el plazo máximo legal. B. La instrucción no concluye, sino que debe ser solicitada por las partes. C. La instrucción concluye cuando el Tribunal de Juicio reclama la prosecución de la acción penal. D. La instrucción concluye cuando el Juez de Instrucción entienda que esta ha cumplido su finalidad.

33. ¿En qué consiste el habeas corpus?. e. Se trata de una medida cautelar que puede decretar el Juez de Instrucción. f. Se trata de un medio de prueba que puede solicitarse en el proceso penal. g. Se trata de una garantía procesal que ampara a personas que han sido privadas legítimamente de sus datos personales. h. Se trata de una garantía procesal que ampara a personas que pudieran estar detenidas ilegalmente o que son sometidas a torturas durante su detención.

34. ¿Cuál de las siguientes definiciones hace referencia a la instrucción en el proceso penal?. a. “Conjunto de actividades como el acopio de diligencias de prueba, que sirven para “ilustrarse” o “instruirse” en el conocimiento sobre un suceso determinado”. b. “Serie de etapas dentro del proceso penal, que sirven a modo de instrucción de qué trámites se deben cumplimentar”. c. “Acopio de pruebas y antecedentes penales del investigado para su enjuiciamiento, que sirven para impartir instrucciones a las partes del proceso penal”. d. “Deliberación entre las partes para discutir acerca de la responsabilidad penal del acusado”.

35. La policía judicial: a. Es el órgano del Estado que ostenta el monopolio de la investigación. b. Tiene su actuación concreta desarrollada en una extensa regulación contenida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. c. Limita su actuación a todas aquellas pruebas que puedan ser realizadas sobre el terreno. d. Únicamente realiza la inspección ocular, como reconocimiento del “lugar de autos”.

36. Según la normativa penal ¿cuándo pueden los particulares proceder a la detención de una persona?. a. Al procesado por delito señalado con pena superior en grado. b. Al procesado con antecedentes penales. c. Al investigado que se haya negado a prestar declaración. d. Al delincuente in fraganti (que este cometiendo el delito).

37. ¿Qué características distinguen a las medidas cautelares, que pueden decretarse durante el proceso penal?. a. Que son facilitadas para las partes en el proceso y que pueden ser finales (no solo provisionales). b. Que son invariables, no pueden cambiarse y que pueden decretarse de forma colectiva. c. Su oportunidad y no jurisdiccional. d. Su instrumental, jurisdiccionalidad y oficialidad.

38. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene competencia para conocer en las siguientes materias: a. Delitos cometidos fuera del territorio nacional, sin importar la existencia de leyes o tratados que habiliten el enjuiciamiento a los tribunales españoles. b. Delitos contra las relaciones familiares. c. Delitos contra el titular de la Corona, su consorte, su sucesor, altos organismos de la Nación y forma de gobierno. d. Defraudaciones entre particulares y daños personales.

39. Para la adopción de cualquier medida cautelar deben concurrir los siguientes presupuestos: a. Solo debe concurrir el “fumus boni iuris”. b. Solo es imprescindible que concurra el “periculum in mora”. c. Ambos requisitos anteriores son presupuestos comunes que deben concurrir para adoptar cualquier medida cautelar. d. Las medidas cautelares no están sometidas al cumplimiento de ningún presupuesto.

40. Requisitos para que haya provocación: a. El provocador tiene que tener intención de cometer un delito. b. El provocador tiene que tener intención de cometer un delito y además pretender que otros se sumen. c. Basta una invitación genérica a terceros para delinquir. d. Ninguna de las anteriores es correcta (invitación concreta a un tercero porque no hay intención).

1.-¿A qué tipo de recurso se refiere el siguiente concepto: "recurso devolutivo y ordinario contra sentencias y determinados autos dictados por órganos unipersonales o colegiados"?. A. Al recurso de queja. B. Al recurso de revisión. C. Al recurso de casación. D. Al recurso de apelación.

2.-Para la adopción de cualquier medida cautelar deben concurrir los siguientes presupuestos*. A. Solo debe concurrir el "fumus boni luris". B. Solo es imprescindible que concurra el "periculum in mora". C. Ambos requisitos anteriores son presupuestos comunes que deben concurrir para adoptar cualquier medida cautelar. D. Las medidas cautelares no están sometidas al cumplimiento de ningún presupuesto.

3-. Señale la respuesta correcta en relación con la competencia de los órganos jurisdiccionales: A La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo solo conoce de los recursos de casación. B La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conoce de los delitos contra el Titular de la Corona. C. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conoce de los procedimientos penales iniciados en el extranjero. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

4-. Acerca de los principios rectores del proceso penal, señale la respuesta correcta: A. El principio de legalidad es una garantía del proceso penal de orden general. B. El principio de inmediación es una garantía del proceso penal de orden específico. C. Todas las respuestas anteriores son correctas. D. El principio de contradicción es una garantía del proceso penal de orden específico.

5-.Las características de lex praevia, scripta, certa y stricta se refieren esencialmente: A. Al principio de irretroactividad. B. Al principio de legalidad. C. Al principio de tipicidad. D. Al principio de culpabilidad.

6-. El principio del acto: A. Se refiere al Derecho penal de la voluntad. B. Significa que el pensamiento puede ser fundamento de la sanción penal. C. Significa que solo se sanciona al sujeto en tanto que este realice una conducta delictiva. D. Se refiere al Derecho penal de autor.

7-. ¿Qué tipo de recursos contempla la ley procesal española?. A. De casación, revisión y apelación. B. De queja, reforma y súplica. C. Solo contra sentencias y autos de trámite. D. Solo las respuestas (a) y (b) son correctas.

8-. ¿Quiénes deben garantizar la ejecución de las penas privativas de libertad, haciendo efectiva la función jurisdiccional?. A. Los Jueces de Vigilancia Penitenciaria. B. La Administración Pública. C. El Ministerio Fiscal. D. El Defensor Público Oficial.

9-. En el procedimiento ordinario ¿cuáles son los artículos de previo pronunciamiento?. A. La declinatoria de jurisdicción. B. La cosa juzgada. C. La prescripción del delito. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

10-. ¿Qué tipo de penas para las personas jurídicas contempla el Código penal español?. A. Multa, disolución de la persona jurídica y suspensión de sus actividades. B. Multa, trabajos en beneficio de la comunidad e inhabilitación para ejercer la industria o comercio. C. Multa y penas de prisión para sus máximos responsables. D. Multa exclusivamente.

11-. En cuanto a la libertad condicional: A. Según la concurrencia de unos determinados requisitos, la libertad condicional es un derecho de todo interno a cumplir la última parte de la condena de prisión en condiciones de libertad. B. El único requisito para que se conceda la libertad condicional es que se hayan extinguido las tres cuartas partes de la condena impuesta. C. Solo se dará la libertad condicional si en prisión se ha observado buena conducta. D. La libertad condicional ha sido derogada del ordenamiento jurídico español.

12.-En cuanto a la orden de protección: A. Le confiere a la víctima un estatuto integral de protección que comprenderá las medidas cautelares de orden civil y penal. B. Nunca suspenderá el régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del inculpado respecto de los menores que dependan de él al deber adoptarse medidas de carácter civil. C. Le confiere a la víctima la posibilidad de obtener amparo solo en materia civil. D. En ella se pueden adoptar la prohibición de aproximación, pero nunca de comunicación, con el propósito de mantener las relaciones paterno-filiales.

13-. En relación con la responsabilidad civil señale la respuesta correcta: A. La responsabilidad civil solo se deriva de los delitos económicos. B. La responsabilidad civil se deriva de la producción de un daño o perjuicio a consecuencia de un delito. C. La responsabilidad civil se enjuicia siempre en la vía civil. D. La responsabilidad civil no es propia del ámbito penal.

13,-La fuerza física irresistible constituye: A. Una causa de ausencia de tipicidad. B. Una causa de ausencia de acción. C. Una causa de inculpabilidad. D. Una causa de justificación.

14.-Sobre el concepto de delito: A. Es la acción típica, jurídica, no culpable y punible. B. Es la acción típica, antijurídica, culpable y punible. C. Es la acción atípica, pero jurídica y sobre todo culpable y punible. D. Es el injusto penal sin culpabilidad.

15-. ¿Qué diferencia existe entre la inhabilitación absoluta y la inhabilitación especial para cargo público?. A. No existe diferencia alguna. B. Ambas privan de los cargos públicos, honores y empleos sobre los que recaigan, pero la especial solo afecta al derecho a ser elegido representante público. C. La absoluta priva de todos los cargos públicos, honores y empleos, mientras que la especial solo del cargo sobre el que recae. D. La absoluta se aplica a delitos cometidos por funcionarios públicos y la especial a delitos cometidos por sujetos especiales (como el administrador mercantil de una sociedad).

16.-Para aplicar una medida de seguridad a un sujeto: A. El sujeto tuvo que haber realizado un hecho típico y antijurídico. B. Como la anterior y además que el sujeto haya sido declarado inimputable y se prevea la posibilidad de comisión de futuros delitos. C. El sujeto tuvo que haber realizado un hecho típico sin antijuridicidad. D. Solo es necesario comprobar la existencia de una anomalía psíquica en el autor.

17.-La punibilidad: A. Equivale a penalidad. B. No forma parte del concepto de delito. C. Es una categoría dentro del nivel de la tipicidad. D. Equivale a necesidad y merecimiento de pena por la realización de un injusto culpable.

18-relación con el régimen penal del menor: A. En el ámbito de la justicia del menor existen órganos complementarios como los equipos técnicos, que deberán estar compuestos al menos por un psicólogo y un educador social. B. En el ámbito de la justicia del menor existen dos tramos de responsabilidad penal: de 14 a 16 y de 16 a 18 años. C. El Ministerio Fiscal Ileva la instrucción de la causa en la justicia de menores. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

19-La reincidencia: A. Es una circunstancia alternativa de la responsabilidad penal. B. Hay reincidencia cuando el culpable ha sido condenado por un delito comprendido en el mismo Título del CP, aunque no sea de la misma naturaleza. C. Se aplica incluso cuando los antecedentes penales están cancelados. D. Hay reincidencia cuando al delinquir el culpable haya sido ejecutoriamente condenado por un delito comprendido en el mismo Título del CP, siempre que sea de la misma naturaleza.

20.-¿A qué parte procesal se está refiriendo la siguiente fórmula: "Puede actuar en defensa del acusado funcionario público por actos u omisiones que este haya realizado en el ejercicio de su cargo*?. A. Solo a los Letrados de las Cortes Generales. B. Al Ministerio Público Fiscal en aquellos casos que deba acusar al Estado. C. A cualquier parte que tenga interés legítimo en el proceso penal. D. Al Abogado del Estado.

21.-¿A quién corresponde el derecho a la "última palabra" en el juicio oral?. A. A la víctima del delito. B. Al acusador privado. C. A la acusación popular. D. Al acusado del delito.

1. Según la LECrim española cuando concluye la Instrucción?. A. la instrucción termina automáticamente cuando se alcance a cumplir el plazo máximo legal. B. La instrucción no concluye, sino que debe ser solicitada por las partes. C. La instrucción concluye cuando el Tribunal de juicio reclama la prosecución de la acción penal. D. La instrucción concluye cuando el juez de Instrucción entienda que esta ha cumplido su finalidad.

2. Cuál de las siguientes definiciones hace referencia a la instrucción del proceso penal?. A) “Conjunto de actividades como el acopio de diligencias de prueba, que sirve para <<Ilustrarse>>o <<Instruirse>> en el conocimiento sobre un suceso determinado”. B) “Serie de etapas dentro del proceso penal, que sirve a modo de instrucción de qué trámite se debe cumplimentar”. C) “Acopio de pruebas y antecedentes penales del investigado para su enjuiciamiento, que sirve para impartir instrucciones a las partes del proceso penal. D) Deliberación entre las partes para discutir acerca de la responsabilidad penal del acusado.

3. ¿ Sobre qué aspectos se proyecta la Instrucción en el proceso penal?. A) Exclusivamente, sobre el aspecto probatorio, que es desde el cual se podrá investigar. B) Sobre quiénes serán las partes que intervendrán en el proceso penal. C) Sobre la determinación de la competencia y sobre la determinación de las funciones que deberán realizar cada una de las partes procesales. D) Sobre el aspecto objetivo (relativo al conocimiento de los hechos) y sobre el aspecto subjetivo (relativo al conocimiento del sujeto activo).

4. Según el código penal español ¿qué clase de error excluyen completamente la responsabilidad criminal del sujeto?. A) El error invencible o inevitable (sea error de tipo o error de prohibición). B) El error vencible o evitable (sea error de tipo o error de prohibición). C) El error imprudente, que ha sido ocasionado por el propio sujeto pasivo. D) El error de tipo en cualquiera de sus dos manifestaciones (evitable o inevitable).

5. ¿Cuáles de los siguientes requisitos deben incluirse en una querella?. A) El suplico final. B) La descripción de los hechos base y la significación jurídico-penal que se atribuye indiciariamente. C) Los datos del querellante y la persona o personas querelladas. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

6. ¿ Cuál es el alcance del principio de legalidad en relación con la función que tiene el Ministerio Fiscal en el proceso penal?. A) Que el Ministerio Fiscal debe de actuar siempre conforme a la oportunidad que se presente en el proceso penal. B) Que el Ministerio Fiscal no puede actuar en interés de la parte acusada. C) Que el Ministerio Fiscal debe actuar en subordinación de instancias superiores. D) Que el Ministerio Fiscal debe actuar conforme a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. (la diferencia con los jueces es el principio de oportunidad que a veces se juega parte).

7. ¿Qué características distinguen a las medidas cautelares, que pueden decretarse durante el proceso penal?. A) Que son facultativas para las partes del proceso y que pueden ser finales (no solo provisionales). B) Que non invariables, no pueden cambiarse y que pueden decretarse de forma colectiva. C) Su oportunidad y no jurisdiccionalidad. D) Su instrumentalidad, jurisdiccionalidad y oficialidad.

8.¿Cuáles son los tramos de edad que se distinguen en la regulación penal del menor (LO 5/2000)?. A) Menores de 14 años. B) Mayores de 14 años y menores de 16 años. C) Mayores de 16 años y menores de 18 años. D) Todas las respuestas anteriores son correctas. Correcta: entre 14 y 18 años son sujetos de la LORPM, menos de 14 años son inimputables.

9. Cuando se habla de “lenguaje forense” ¿a qué se refiere?. A. Es el lenguaje técnico y especializado, que emplea el jurista y que se dirige a un público experto en Derecho. B. Es el lenguaje que emplean exclusivamente los Magistrados del foro en sus escritos. C. Es la jerga de los empleados que trabajan en el Poder Judicial. D. Es el lenguaje académico, que emplean los científicos e investigadores en Derecho.

10.Identifique a qué clase de responsabilidad se encuentran sujetos los abogados y procuradores en el ejercicio de su profesión: A. En el ejercicio profesional los abogados y procuradores están sujetos a responsabilidad civil, penal y disciplinaria, según proceda. B. Los abogados y procuradores no están sujetos en el ejercicio de su profesión a ningún tipo de responsabilidad. Son libres en su ejercicio profesional. C. En el ejercicio profesional los abogados y procuradores están sujetos a responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria. D. En el ejercicio profesional los abogados y procuradores están sujetos a responsabilidad civil, mercantil y disciplinaria.

11. Escoja los principios rectores del derecho penal que se recogen expresamente en el Código Penal español (CP): A. el principio de proporcionalidad de las penas y de resocialización del condenado. B. el principio del hecho y el principio de lesividad. C. el principio de mínima intervención y el de prohibición de doble incriminación. D. el principio de legalidad y el principio de culpabilidad.

12. ¿A qué circunstancia atenuante prevista en el Código Penal se refiere el siguiente texto: “las causas expresadas en el capítulo anterior cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en los respectivos casos”?. A. a las circunstancias de eximente simple. B. a las circunstancias de eximente completa. C. a la circunstancia eximente absoluta. D. a circunstancia eximente incompleta (Cuando falta algún requisito).

13. ¿Sobre qué delitos tiene competencia el jurado según la Ley Orgánica del tribunal del jurado?. A. solo exclusivamente sobre delitos contra el orden socioeconómico. B. delitos contra la indemnidad sexual de menores. C. solo exclusivamente sobre delitos de terrorismo y de corrupción pública. D. delitos contra las personas y delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos.

14. ¿En qué consiste la prueba ilícita?. A. hay prueba ilícita cuando existe lesión de un derecho fundamental. B. hay prueba ilícita cuando existe lesión de una norma procesal. C. hay prueba ilícita cuando se presenta cualquier irregularidad en el proceso probatorio. D. hay prueba lícita cuando el juez considera que su modo de obtención no respeta a las finalidades del proceso penal.

15. ¿Qué tipo de cambios viene experimentando el ordenamiento jurídico penal español?. A. creciente importancia del nuevo derecho penal como el derecho penal económico y la criminalidad informática. B. internacionalización de la criminalidad. C. criminalización secundaria subordinada a la denuncia. D. todas las respuestas anteriores son correctas.

16. ¿Cuáles son las garantías generales del proceso penal?. A. principio de legalidad principio de culpabilidad y principio del hecho. B. principio acusatorio y principio de contradicción. C. principio de oficialidad y principio de proporcionalidad de las medidas cautelares. D. todas las respuestas anteriores son incorrectas.

17. ¿Qué tipo de penas para las personas jurídicas contempla el Código Penal español?. A. multa disolución de la persona jurídica y suspensión de sus actividades. B. multa trabajos en beneficio de la comunidad e inhabilitación para ejercer la industria o comercio. C. multa y penas de prisión para sus máximos responsables. D. multa exclusivamente.

18. En el procedimiento ordinario ¿cuáles son los artículos de previo pronunciamiento?. A. la declinatoria de jurisdicción. B. la cosa juzgada. C. la prescripción del delito. D. todas las respuestas anteriores son correctas.

19. ¿Quiénes deben garantizar la ejecución de las penas privativas de libertad haciendo efectiva la función jurisdiccional?. A. los jueces de vigilancia penitenciaria (Unidad 14). B. la administración pública. C. el Ministerio fiscal. D. el defensor público oficial.

20. ¿Qué tipo de recursos contempla la ley procesal española?. A. de casación revisión y apelación. B. de queja reforma y súplica. C. solo contra sentencias y autos de trámite. D. son las respuestas A y B son correctas.

21. Con la reforma del año 2015 al Código penal español ¿qué importantes novedades se introdujo?. A. La incorporación de los delitos contra el orden socioeconómico; en particular, el blanqueo de capitales. B. reconocimiento de la responsabilidad penal de la persona jurídica. C. La criminalización de pertenencia a una organización criminal y el adoctrinamiento para comet. D. La supresión de las faltas del Libro III del CP y la figura de la prisión permanente revisable.

22. Que principios gobiernan la etapa del juicio oral?. A. Actividad probatoria libre, oralidad y oportunidad. B. Publicidad, oportunidad y legalidad. C. Inmediación, publicidad, oralidad y contradicción. D. Publicidad, oralidad y oficialidad.

23. A qué figura se refiere el siguiente concepto: "(...) vulneración del máximo nivel, es decir, no se trata de meros defectos. A. A la irregularidad probatoria. B. Al déficit de convicción probatoria. C. A la ilicitud probatoria o prueba ilícita. D. Al defecto de la prueba en sus formas.

24. Qué consiste el recurso de súplica?. A. Es el recurso devolutivo contra los autos que no admitan apelación. B. Es un recurso extraordinario que resuelve la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo con relación a una resolución de fr. C. Es el recurso no devolutivo contra los autos y providencias dictados por un tribunal. D. Es un recurso que se dirige a rescindir una sentencia condenatoria firme.

25. Según la Constitución Española ¿cuál debe ser la orientación de las penas y medidas de seguridad?. A. La proporcionalidad entre el delito y la pena. B. El castigo del condenado. C. La reeducación y la reinserción social del condenado. D. La defensa y protección social.

26. ¿Qué comporta la pena de localización permanente para el condenado?. A. La obligación de permanecer en los centros de detención por el tiempo que determine el juez. B. La obligación de encontrarse localizable en cualquier lugar que se encuentre. C. La obligación de permanecer en el domicilio o en lugar determinado fijado por el juez en la sentencia (art. 31.7 CP). D. La obligación de estar disponible para Cuando el juez lo mande llamar ante los estrados judiciales.

27. ¿Qué sistema de individualización de la pena sigue el régimen español?. A. Indeterminación total. B. Determinación legal total. C. Indeterminación legal relativa. D. Indeterminación judicial relativa.

28. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene competencia para conocer en las siguientes materias: A. Delitos cometidos fuera del territorio nacional, sin importar la existencia de leyes o tratados que habiliten el enjuic. B. Delitos contra las relacionales familiares. C. Delitos contra el titular de la Corona, su consorte, su sucesor, altos organismos de la Nación y forma de gobierno. D. Defraudaciones entre particulares y daños personales.

29. ¿A qué se denomina prueba preconstituida?. A. La que se preconstituye por la parte acusadora. B. La que puede practicarse en el juicio, pero se recomiendo praticarla antes. C. La que no puede practicarse directamente en un juicio (como la autopsia). D. No existe este concepto en la ley procesal.

30. Principio de publicidad es una garantía especial del proceso penal. ¿Cuáles son sus corolarios?. A. Proceso público y transparente (lo que se conoce como parte del control social difuso que se reconoce sobre la actuación del Poder Judicial). B. Juicio oral y público, solo con algunas excepciones previstas expresamente de realizar a puerta cerrada y prohibir el ingreso de los medios de comunicación. C. En la Instrucción puede decretarse el secreto del sumario u otras medidas de protección de la víctima cuando resulte necesario. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

31. ¿Qué clase de autoría prevé el Código Penal español?. A. autoría sin participación. B. coautoría anticipada y coautoría simultánea. C. autoría inmediata y autoría mediata. D. autoría directa, autoría mediata y coautoría.

32. ¿Qué fórmulas complementarían la siguiente idea? El proceso penal ha de materializar las garantías para un --- y brindarla la --- al ciudadano (según el artículo 24.1 CE, artículo 47 de la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, artículo 6.2 del Convenio Europeo DDHH y Lib Fundamentales, y artículo 11.1 LOPJ sobre prueba ilícita): A. debido proceso y posibilidad de participación. B. procedimiento secreto y potestad de acusación. C. proceso penal eficaz y garantías procesales. D. juicio justo y tutela judicial efectiva.

33. Reflexiones sobre el siguiente texto: “como parte necesaria - con algunas excepciones - en todos los procesos penales interviene en las distintas fases del proceso, incluyendo la parte de investigación prejudicial y en la ejecución, en materia penitenciaria” ¿a qué parte de procesal se está refiriendo?. A. se está refiriendo al tribunal del jurado. B. se está refiriendo al abogado del Estado o al acusador particular. C. se está refiriendo a la acusación popular o al acusador privado. D. se está refiriendo al Ministerio Público fiscal.

34. Según la normativa penal ¿cuándo pueden los particulares proceder a la detención de una persona?. A. al procesado por delito señalado con pena superior en grado. B. al procesado con antecedentes penales. C. al investigado que se haya negado a prestar declaración. D. ante delincuente infraganti.

35. ¿A qué parte de procesal se está refiriendo a la siguiente fórmula: “puede actuar como acusador o defensa del acusado funcionario público por actos u omisiones que éste haya realizado en el ejercicio de su cargo”?. A. solo a los letrados de las Cortes generales. B. al Ministerio Público fiscal. C. a cualquier parte que tenga interés legítimo en el proceso penal. D. al abogado del Estado.

36. ¿En qué consiste la habeas Corpus?. A. se trata de una medida cautelar que puede decretar el juez de instrucción. B. se trata de un medio de prueba que puede solicitarse en el proceso penal. C. se trata de una garantía procesal que ampara a personas que han sido privadas ilegítimamente de sus datos personales. D. se trata de una garantía procesal que ampara a personas que pudieran estar detenidas ilegalmente o que son sometidas a torturas durante su detención.

37. ¿A quién corresponde el derecho a la “última palabra” en el juicio oral?. A. a la víctima del delito. B. al acusador privado. C. a la acusación popular. D. al acusado del delito.

38. ¿Es correcta la siguiente expresión: “el recurso de casación NO constituye una apelación ni una revisión de la prueba”?. A. no es correcta. B. no es correcta, aunque pueden repetir presentarse algunas excepciones en los procedimientos ordinarios. C. sí es correcta, excepto cuando el recurso de casación se refiere a delitos de terrorismo. D. sí es correcta.

39. ¿A qué tipo de recursos se refiere el siguiente concepto “recurso devolutivo y ordinario contra sentencias y determinados autos dictados por órganos unipersonales o colegiados?. A. al recurso de queja. B. al recurso de revisión. C. al recurso de casación. D. al recurso de apelación.

40. Según la Ley de Enjuiciamiento criminal “para la recusación de los jueces de instrucción y de los magistrados el escrito tendrá que ir firmado”: A. por todas las partes procesales. B. por el abogado y el acusado. C. por el Ministerio fiscal y la defensa. D. por el abogado y el procurador.

1. ¿Cuáles son las llamadas “leyes penales especiales”?. A. La Ley Penal y Procesal de Inmigración ilegal. B. La Ley Orgánica de Represión del Contrabando. C. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General. D. Solo las respuestas b) y c) son correctas.

2. ¿En qué consiste el habeas corpus?. A. Se trata de una medida cautelar que puede decretar el Juez de Instrucción. B. Se trata de un medio de prueba que puede solicitarse en el proceso penal. C. Se trata de una garantía procesal que ampara a personas que han sido privadas ilegítimamente de sus datos personales. D. Se trata de una garantía procesal que ampara a personas que pudieran estar detenidas ilegalmente o que son sometidas a torturas durante su detención.

3. ¿Qué circunstancias modificativas de la responsabilidad penal son comunicables?. A. Las objetivas y las personales, en todo caso. B. Las personales. C. Las objetivas y las personales, en el caso en que se acredite el previo pactum scaeleris. D. Las objetivas.

4. ¿Cuál de los siguientes delitos NO puede cometerse a título de imprudencia?. A. Los delitos contra el patrimonio histórico. B. Las insolvencias punibles. C. El blanqueo de capitales. D. Los delitos contra los recursos naturales y el medioambiente.

5. ¿Cuál es la base jurídica de la jurisdicción penal española?. A. El artículo 9.3 LECrim. B. Los artículos 9.3 y 23 LOPJ. C. Los artículos 9.3 y 23 LECrim. D. Solo el artículo 23 LOPJ.

6. ¿Qué principios rectores del Derecho Penal se recogen expresamente en el Código Penal español?. A. El principio de proporcionalidad de las penas y de resocialización del condenado. B. El principio del hecho y el principio de lesividad. C. El principio de mínima intervención y el de prohibición de doble incriminación. D. El principio de legalidad y el principio de culpabilidad.

7. ¿Cuál es el alcance del principio de legalidad en relación con la función que tiene el Ministerio Fiscal en el proceso penal?. A. Que el Ministerio Fiscal debe actuar siempre conforme a la oportunidad que se presente en el proceso penal. B. Que el Ministerio Fiscal no puede actuar en interés de la parte acusada. C. Que el Ministerio Fiscal debe actuar en subordinación de instancias superiores. D. Que el Ministerio Fiscal debe actuar conforme a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

8. ¿Qué órgano jurisdiccional cuenta con una Sala denominada “de lo civil-penal”?. A. La Audiencia Nacional. B. El Tribunal Supremo. C. Los Juzgados de Violencia contra la Mujer. D. Los Tribunales Superiores de Justicia.

9. ¿Cuáles son los tramos de edad que se distinguen en la regulación penal del menor (LO 5/2000)?. A. Menores de 14 años. B. Mayores de 14 años y menores de 16 años. C. Mayores de 16 años y menores de 18 años. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

10. Según el Código Penal español ¿qué clases de delitos existen?. A. Graves, menos graves y leves según el artículo 13 CP. B. Muy graves, graves y leves, según el artículo 13 CP. C. Graves y leves, según el artículo 13 CP. D. Muy graves, leves y muy leves, según el artículo 13 CP.

11. ¿En qué consiste la conspiración según el CP español?. A. Cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otras personas a ejecutarlo. B. Cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. C. Cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante para perpetración del delito. D. Cuando se expone, ante una concurrencia de personas o por cualquier otro medio de difusión, ideas o doctrinas.

12. ¿Es necesaria la condena penal de alguna persona vinculada a la persona jurídica para declarar, a su vez, la responsabilidad?. A. Sí, siempre que se trate de dos empleados o subordinados. B. Sí, pero siempre que se trate de la persona física que ostente la representación de la persona jurídica. C. Sí, pero siempre que se trate de la persona física que ostente la gestión interna de la persona jurídica. D. No, porque la responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente de la responsabilidad penal de la persona física.

13. ¿Cuál de las siguientes características es propia del sistema de responsabilidad penal de menores (LO 5/2000)?. A. Es igual de punitiva que la responsabilidad penal de adultos. B. Contiene delitos especiales. C. Por la aplicación del principio de interés general de la sociedad. D. Es el Fiscal quien asume la instrucción.

14. ¿Cuáles son las garantías generales del proceso penal?. A. Principio de legalidad, principio de culpabilidad y principio del hecho. B. Principio acusatorio y principio de contradicción. C. Principio de oficialidad y principio de proporcionalidad. D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

15. ¿Qué tipo de penas para las personas jurídicas contempla el CP español?. A. Multa, disolución de la persona jurídica y suspensión de sus actividades. B. Multa, trabajos en beneficio de la comunidad e inhabilitación para ejercer la industria y comercio. C. Multas y penas de prisión para sus máximos responsables.

16. ¿Cuál es el máximo exponente de la comunicación oral forense?. A. La prueba testifical. B. Las alegaciones de las partes. C. El interrogatorio del acusado. D. El informe oral.

17. ¿Qué tipo de recursos contempla la ley procesal española?. A. De casación, revisión y apelación. B. De queja, reforma y súplica. C. Solo contra sentencias y autos de trámite. D. Solo las respuestas (a) y (b) son correctas.

18. ¿En qué consiste el fumus boni iuris?. A. En la razonabilidad de contrarrestar el peligro de fuga. B. En la razonable creencia de aplicabilidad de las eximentes personales. C. En la razonabilidad de contrarrestar el hecho delictivo con la aplicación de una medida cautelar. D. En la razonable atribución del hecho delictivo a la persona sobre la que recae la medida.

19. ¿De qué fecha data nuestro CP en vigor, llamado Código Penal de la Democracia?. A. 1994. B. 1998. C. 1997. D. 1995.

20. ¿En qué casos puede realizarse una entrada y registro en un domicilio privado?. A. Cuando el morador presta su consentimiento. B. En caso de delito flagrante. C. Cuando concurre resolución expresa de la autoridad judicial. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

21. ¿Qué tipos de medidas cautelares existen?. A. Las formales y las materiales. B. Las materiales, y las formales, por un lado, y las personales y reales, por el otro. C. Las personales y reales. D. Las objetivas y reales.

22. ¿Cuál es la regla general en lo que se refiere a la práctica de la prueba?. A. Deberá practicarse fuera de la Sala en la que tiene lugar la celebración del juicio. B. Debe practicarse por videoconferencia u otro sistema que permita la comunicación bidireccional. C. Deberá practicarse en el juicio oral (plenario). D. No existe una regla general al respecto.

23. Según la Constitución Española ¿cuál debe ser la orientación de las penas y medidas de seguridad?. A. La proporcionalidad entre el delito y la pena. B. El castigo del condenado. C. La reeducación y la reinserción social del condenado. D. La defensa y protección social.

24. Los trabajos en beneficio de la comunidad…. A. Pueden imponerse sin consentimiento del penado. B. Pueden exceder de 9 horas totales. C. Están cubiertas por la Seguridad Social. D. Pueden consistir en cualquier tarea, aun cuando el penado no tenga conocimiento de ellas.

25. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal “para la recusación de los jueces de instrucción y de los magistrados, el escrito tendrá estar firmado…. A. Por todas las partes procesales. B. Por el abogado y el acusado. C. Por el Ministerio Fiscal y la defensa. D. Por el abogado y el procurador.

26. Un requisito ineludible respecto de cualquiera de las modalidades de suspensión de la pena es: A. Solo que se trate de una pena de prisión inferior a 2 años de duración. B. Solo que sea la primera vez que el sujeto delinca. C. La reparación del daño conforme a la posibilidad del reo o asunción de su compromiso. D. Que se trata de un condenado toxicómano.

27. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene competencia para conocer en las siguientes materias: A. Delitos cometidos fuera del territorio nacional, sin importar la existencia de las leyes o tratados que habiliten el enjuiciamiento a los tribunales españoles. B. Delitos contra relaciones familiares. C. Delitos contra el titular de la Corona, su consorte, sucesor, altos organismos de la Nación y forma de gobierno. D. Defraudaciones entre particulares y daños personales.

28. En cuanto a la responsabilidad penal de la persona jurídica por delitos económicos, ¿para qué sirve contar con un sistema de compliance?. A. Para atenuar la pena. B. Para eximir de responsabilidad penal. C. Para atenuar o eximir de responsabilidad penal, según corresponda. D. Para rebajar la pena en uno o dos grados, en función de la eficiencia del sistema.

29. ¿A qué se denomina prueba preconstituida?. A. La que se preconstituye por la parte acusadora. B. Aquella que, a riesgo de ser inadmitida, se practica con anterioridad al juicio oral. C. Aquella que ha de practicarse con anterioridad al plenario cuando se tema su imposible práctica en el juicio oral. D. No existe este concepto en la ley procesal.

30. ¿Cuándo es posible plantear ilicitud de una prueba?. A. Solo en el juicio oral. B. Solo en la instrucción. C. Antes de la consideración de las medidas cautelares. D. En cualquier momento, aunque se aconseja hacerlo en juicio oral.

31. ¿Cabe la posibilidad de modificar las conclusiones al final del juicio oral?. A. No, en ningún caso. B. No, salvo que las consideraciones sean mínimas. C. No, salvo que autorice el tribunal o juez. D. Sí, cuando el juicio haya demostrado que era necesario cambiar las posiciones iniciales de las partes.

32. La ejecución en un supuesto de juicio rápido corresponde…. A. Al juez de lo Penal. B. Al juez de Vigilancia Penitenciaria. C. Al juez de Paz. D. Al juez de instrucción, salvo que se trate de sentencia de conformidad.

33. Reflexione sobre el siguiente texto: “Como parte necesaria- con algunas excepciones- en todos los procesos interviene ¿? Incluyendo la parte de investigación prejudicial y en la ejecución, en materia penitenciaria” ¿A qué parte procesal se está refiriendo?. A. Se está refiriendo al Tribunal del Jurado. B. Se está refiriendo al Abogado del Estado o al acusador particular. C. Se está refiriendo a la acusación popular o al acusador privado. D. Se está refiriendo al Ministerio Público Fiscal.

34. La intervención del Procurador…. A. Es preceptiva en todo caso. B. Es voluntaria en todo caso. C. Es voluntaria hasta la fase de apertura del juicio oral. D. Es preceptiva hasta la fase de apertura del juicio oral.

35. ¿A qué tipo de recurso se refiere el siguiente concepto: “recurso devolutivo y ordinario contra sentencias y determinados autos dictados por órganos colegiados?. A. Al recurso de queja. B. Al recurso de revisión. C. Al recurso de casación. D. Al recurso de apelación.

36. ¿Cuándo puede hacerse valer como prueba la inspección ocular?. A. Cuando se preconstituya con asistencia de las partes. B. En todo y cualquier caso. C. Cuando se realice con la presencia del juez instructor, el secretario y el resto de personas presentes. D. Cuando se preconstituya con asistencia del juez instructor.

37. ¿A qué parte procesal se está refiriendo la siguiente fórmula: “Puede actuar como acusador o defensa del acusado funcionario público por actos u omisiones realizado en el ejercicio de su cargo”?. A. Solo a los Letrados de las Cortes Generales. B. Al Ministerio Público Fiscal. C. A cualquier parte que tenga interés legítimo en el proceso penal. D. Al Abogado del Estado.

38. ¿A quién corresponde el derecho a la “última palabra” en el juicio oral?. A. A la víctima del delito. B. Al acusador privado. C. A la acusación popular. D. Al acusado del delito.

39. ¿Es correcta la siguiente expresión: “ el recurso de casación NO constituye una apelación ni una revisión de la prueba” ?. A. No, no es correcta. B. No, no es correcta, aunque pueden presentarse algunas excepciones en los procedimientos ordinarios. C. Sí es correcta, excepto cuando el recurso de casación se refiere a delitos de terrorismo. D. Sí es correcta.

40. ¿En qué consiste la prueba ilícita?. A. Hay prueba ilícita cuando existe lesión de un derecho fundamental. B. Hay prueba ilícita cuando existe lesión de una norma procesal. C. Hay prueba ilícita cuando se presenta cualquier irregularidad en el proceso probatorio. D. Hay prueba ilícita cuando el Juez considera que su modo de obtención no respeta las finalidades del proceso penal.

1. Indique la afirmación correcta sobre aplicación de las penas: A. En los delitos leves y en los delitos imprudentes, los jueces o tribunales aplicarán las penas a su prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas prescritas en el apartado anterior. B. En los delitos leves, menos graves y en los delitos imprudentes, los jueces o tribunales aplicarán las penas a su prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas prescritas en el apartado anterior. C. En los delitos leves imprudentes, los jueces o tribunales aplicarán las penas a su prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas prescritas en el apartado anterior. D. En los delitos imprudentes, los jueces o tribunales aplicarán las penas a su prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas prescritas en el apartado anterior.

2. En relación con el sobreseimiento: A. Procederá el sobreseimiento provisional cuando no resulte debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa. B. Procederá el sobreseimiento provisional cuando resulte del sumario haberse cometido un delito y no haya motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores, cómplices o encubridores. C. El sobreseimiento puede ser libre o provisional, total o parcial. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

3. De conformidad con el art. 766 LECrim., el plazo para interponer recurso de apelación contra los autos del Juzgado de Instrucción en el ámbito del procedimiento abreviado (diligencias previas) es de: A. tres días. B. cinco días. C. diez días. D. veinte días.

4. De conformidad con el art. 847 LECrim., procede recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma contra: A. Las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. B. Las sentencias dictadas en apelación por la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. C. Las sentencias dictadas por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. D. Todas las respuestas son correctas.

5. De conformidad con el art. 766 LECrim., el plazo para interponer recurso de apelación contra los autos del Juzgado de Instrucción en el ámbito del procedimiento abreviado (diligencias previas) es de: A. tres días. B. cinco días. C. diez días. D. veinte días.

6. De conformidad con el art. 847 LECrim., procede recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma contra: A. Las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. B. Las sentencias dictadas en apelación por la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. C. Las sentencias dictadas por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. D. Todas las respuestas son correctas.

7. Las víctimas del delito que no hubieran renunciado a su derecho podrán ejercer la acción penal en cualquier momento antes del trámite de calificación del delito, si bien ello: A. no permitirá retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas antes de su personación. B. permitirá retrotraer las actuaciones ya practicadas antes de su personación siempre y cuando éstas fueran esenciales para su derecho de defensa. C. permitirá retrotraer las actuaciones ya practicadas antes de su personación siempre y cuando éstas fueran esenciales para su derecho de defensa y les afectara directamente. D. no permitirá retrotraer las actuaciones ya practicadas antes de su personación salvo las esenciales para su derecho de defensa.

8. Las sentencias dictadas, en el ámbito de la Audiencia Provincial y en primera instancia, por el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado (art. 846 bis a LECrim): A. Serán apelables para ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la correspondiente Comunidad Autónoma. B. No serán apelables, cabiendo únicamente recurso de casación. C. Serán apelables para ante la Segunda del Tribunal Supremo. D. Ninguna afirmación es correcta.

9. La medida de investigación consistente en el registro remoto sobre equipos informáticos, regulada en el artículo 588 septies a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podrá utilizarse para la investigación de: A. Todo tipo de delitos, excepto los leves, siempre que concurran los requisitos de especialidad, excepcionalidad, proporcionalidad, idoneidad y necesidad de la medida. B. Todo tipo de delitos, incluso los leves, siempre que concurran los requisitos de especialidad, excepcionalidad, proporcionalidad, idoneidad y necesidad de la medida. C. Los delitos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente. D. Los de injurias y calumnias (art. 205 a 210 Código Penal).

10. Indique quienes, según el Código Penal español, no son autores del delito: A. Quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. B. Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo. C. Los cómplices. D. Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.

11. Son penas privativas de libertad de conformidad con el art. 35 CP: A. La prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. B. La prisión permanente revisable, la prisión y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. C. La prisión permanente revisable y la prisión. D. La prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa.

12. Expuestas las cuestiones al inicio del acto de juicio oral que contempla el art. 786.2 LECrim, El Juez o Tribunal resolverá en el mismo acto lo procedente sobre las mismas. Contra dicha resolución: A. No cabrá recurso alguno, sin perjuicio de la pertinente protesta y de que la cuestión pueda ser reproducida, en su caso, en el recurso frente a la sentencia. B. Cabrá recurso de reforma si el órgano es unipersonal y de súplica si es colegiado. C. Cabrá recurso de queja en un único efecto. D. Cabrá recurso de queja que deberá ser formulado oralmente indicando la infracción del precepto infringido. Contra el citado recurso que será resuelto inmediatamente y sin más trámite, no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de la pertinente protesta y de que la cuestión pueda ser reproducida, en s caso, en el recurso frente a la sentencia.

13. De conformidad con el art. 766 LECrim, en el ámbito del procedimiento abreviado, contra los autos del Juez de Instrucción y del Juez de lo Penal que no estén exceptuados de recurso podrán ejercitarse: A. El de reforma y el de apelación. B. El de reforma, el de apelación y el de queja. C. El de queja y el de apelación. D. El de reforma y el de queja.

14. Sobre el «planteamiento de la tesis» (llamada «tesis de la desvinculación» por algún sector doctrinal) previsto en el art. 733 LECrim, indique la afirmación correcta: A. Si juzgando por el resultado de las pruebas entendiere el Tribunal que el hecho justiciable ha sido calificado con manifiesto error, podrá el Presidente emplear la siguiente fórmula: «Sin que sea visto prejuzgar el fallo definitivo sobre las conclusiones de la acusación y la defensa, el Tribunal desea que e Fiscal y los defensores del procesado (o los defensores de las partes cuando fueren varias) le ilustren acerca de si el hecho justiciable constituye el delito de... o si existe la circunstancia eximente de responsabilidad a que se refiere el número... del artículo... del Código Penal.». B. Esta facultad excepcional, de que el Tribunal usará con moderación, no se extiende a las causas por delitos que sólo pueden perseguirse a instancia de parte, ni tampoco es aplicable a los errores que hayan podido cometerse en los escritos de calificación, así respecto a la apreciación de las circunstancias atenuantes y agravantes como en cuanto a la participación de cada uno de los procesados en la ejecución del delito público que sea materia del juicio. C. Si el Fiscal o cualquiera de los defensores de las partes indicaren que no están suficientemente preparados para discutir la cuestión propuesta por el Presidente, se suspenderá la sesión hasta el siguiente día. D. Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

15. Están exentos de responsabilidad criminal: A. El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, pueda razonablemente comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión. B. El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación semiplena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras qu produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. C. El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad. D. Todas son correctas.

16. El error vencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal supone que: A. Se aplicará la pena inferior en un grado. B. Se aplicará la pena inferior en dos grados. C. Se aplicará la pena inferior en uno o dos grados. D. La infracción será castigada, en su caso, como imprudente.

17. Indique la afirmación incorrecta sobre los fines que debe perseguir la prisión provisional: A. Asegurar la presencia del investigado o encausado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga. B. Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto. C. Evitar que el investigado o encausado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, especialmente cuando ésta sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal. D. Sofocar la alarma social que el delito investigado haya provocado.

18. La garantía criminal (nullum crimen sine lege) viene recogida en: A. El artículo 1 del Código Penal. B. El artículo 2 del Código Penal. C. El artículo 3 del Código Penal. D. El artículo 24.2 de la Constitución Española.

19. El Código Penal de 1995 acomoda su estructura a: A. Una parte general y una parte especial. B. Una parte introductoria, una parte general y una parte especial. C. Una parte introductoria, una parte general, una parte especial y disposiciones transitorias. D. Una parte introductoria, una parte general, una parte especial, disposiciones transitorias, finales y derogatorias.

20. Indique la afirmación correcta sobre la prisión provisional: A. Podrá decretar la prisión provisional el juez o magistrado instructor, el juez que forme las primeras diligencias, así como el juez de lo penal o tribunal que conozca de la causa. B. La prisión provisional sólo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria, de conformidad con lo establecido en los artículos 503 LECrim., y siguientes, y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional. C. El juez o tribunal tendrá en cuenta para adoptar la prisión provisional la repercusión que esta medida pueda tener en el investigado o encausado, considerando sus circunstancias y las del hecho objeto de las actuaciones, así como la entidad de la pena que pudiera ser impuesta. D. Todas las anteriores afirmaciones son correctas.

21. El Código Penal de 1995 es denominado por la doctrina: A. Código Penal de la democracia. B. Código Penal de la constitución. C. Código Penal de las garantías. D. Código Penal de Felipe González.

22. Indique la afirmación correcta sobre la comunicabilidad de las circunstancias atenuantes y agravantes de conformidad con el artículo 65 del Código Penal: quienes concurran. A. Las circunstancias atenuantes que consistan en cualquier causa de naturaleza patrimonial atenuarán la responsabilidad sólo de aquéllos en quienes concurran. B. Las circunstancias agravantes que consistan en cualquier causa de naturaleza personal agravarán la responsabilidad de todos los autores y participes del delito. C. Las circunstancias agravantes que consistan en cualquier causa de naturaleza patrimonial agravarán I responsabilidad de todos los autores y participes del delito. D. Las circunstancias agravantes o atenuantes que consistan en cualquier causa de naturaleza personal agravarán o atenuarán la responsabilidad sólo de aquéllos en quienes concurran.

23. De conformidad con el art. 14.1 del Código Penal: A. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será castigada, en su caso, como imprudente. B. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados. C. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho, fuera vencible, la infracción será castigada en su caso, como imprudente. D. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho, fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados.

24. El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, estará exento de responsabilidad criminal siempre que concurran los siguientes requisitos: A. Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto. B. Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto. Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse. C. Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto. Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse, a excepción del personal médico. D. Primero. Que el mal causado no sea igual o mayor que el que se trate de evitar. Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto. Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo.

25. De conformidad con el art. 849 LECrim., se entenderá que ha sido infringida la Ley para el efecto de que pueda interponerse el recurso de casación: A. Cuando, dados los hechos que se declaren probados en las resoluciones comprendidas en los artículos 847 y 849 LECrim, se hubiere infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la Ley penal. B. Cuando, dados los hechos que se declaren probados en las resoluciones comprendidas en los articulo 847 y 849 LECrim, se hubiere infringido un precepto penal de carácter sustantivo o adjetivo que deba ser observado en la aplicación de la Ley penal. C. Cuando, dados los hechos que se declaren probados en las resoluciones comprendidas en los artículos 847 y 849 LECrim, se hubiere infringido un precepto penal adjetivo que deba ser observado en la aplicación de la Ley penal. D. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

26. Tras la comparecencia del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (la vistilla para acordar, en su caso, la prisión provisional): A. El juez o tribunal decidirá sobre la procedencia o no de la prisión o de la imposición de la fianza. Si ninguna de las partes las instare, acordará necesariamente la inmediata puesta en libertad del investigado o encausado que estuviere detenido, salvo que se trate de delitos de terrorismo en los que el juez o tribunal de oficio podrá acordarla. B. El juez o tribunal decidirá sobre la procedencia o no de la prisión o de la imposición de la fianza. Si ninguna de las partes las instare, acordará necesariamente la inmediata puesta en libertad del investigado o encausado que estuviere detenido, salvo que se trate de delitos de terrorismo o de blanqueo de capitales en los que el juez o tribunal de oficio podrá acordarla. C. El juez o tribunal decidirá sobre la procedencia o no de la prisión o de la imposición de la fianza. Si ninguna de las partes las instare, acordará necesariamente la inmediata puesta en libertad del investigado o encausado que estuviere detenido, salvo que se trate de delitos contra la Constitución. D. Ninguna de las anteriores afirmaciones es correcta.

27. De conformidad con el art. 650 LECrim., el escrito de calificación se limitará a determinar, como mínimo, en conclusiones precisas y numeradas: A. 1.º Los hechos punibles que resulten del sumario. 2.° La calificación legal de los mismos hechos, determinando el delito que constituyan. 3.° La participación que en ellos hubieren tenido el procesado d procesados, si fueren varios. 4.° Los hechos que resulten del sumario y que constituyan circunstancias atenuantes o agravantes del delito o eximentes de responsabilidad criminal. 5.° Las penas en que hayan incurrido el procesado o procesados, si fueren varios, por razón de su respectiva participación en el delito. B. 1.° Los hechos punibles que resulten del sumario. 2.° La calificación legal de los mismos hechos, determinando el delito que constituyan. 3.º La participación que en ellos hubieren tenido el procesado d procesados, si fueren varios. 4.° Los hechos que resulten del sumario y que constituyan circunstancias atenuantes o agravantes del delito o eximentes de responsabilidad criminal. 5.º Las penas en que hayan incurrido el procesado o procesados, si fueren varios, por razón de su respectiva participación en el delito. 6.° La cantidad en que aprecien los daños y perjuicios causados por el delito, o la cosa que haya de ser restituida. C. 1.° Los hechos punibles que resulten del sumario. 2.° La calificación legal de los mismos hechos, determinando el delito que constituyan. 3.º La participación que en ellos hubieren tenido el procesado procesados, si fueren varios. 4.° Los hechos que resulten del sumario y que constituyan circunstancias atenuantes o agravantes del delito o eximentes de responsabilidad criminal. 5.º Las penas en que hayan incurrido el procesado o procesados, si fueren varios, por razón de su respectiva participación en el delito. 6.° La cantidad en que aprecien los daños y perjuicios causados por el delito, o la cosa que haya de ser restituida. 7.° La persona o personas que aparezcan responsables de los daños y perjuicios o de la restitución de la cosa, y el hecho en virtud del cual hubieren contraído esta responsabilidad. D. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

28. El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos siguientes, estará exento de responsabilidad criminal: A. Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o éstas. Segundo. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Tercero. Falta de provocación suficiente por parte del defensor. B. Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida futura. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o éstas. Segundo. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Tercero. Falta de provocación suficiente por parte del defensor. C. Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o éstas. Segundo. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Tercero. Falta de provocación grave por parte del defensor. D. Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes patrimoniales se reputará agresión ilegitima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegitima la entrada indebida en aquélla o éstas. Segundo. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Tercero. Falta de provocación suficiente por parte del defensor.

29. El Juez de Instrucción dictará orden de protección para las víctimas de violencia doméstica en los casos en que: A. Existiendo indicios fundados de la comisión de un delito o delito leve contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de alguna de las personas mencionadas en el artículo 173.2 del Código Penal, resulte una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de las medidas de protección reguladas en el art. 544 ter LECrim. B. existiendo indicios de la comisión de un delito o delito leve contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de alguna de las personas mencionadas en el artículo 173.2 del Código Penal, resulte una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de las medidas de protección reguladas en el art. 544 ter LECrim. C. existiendo indicios fundados de la comisión de un delito o delito leve contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de alguna de las personas mencionadas en el artículo 173.2 del Código Penal, resulte una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de las medidas de protección reguladas en el Código Penal. D. existiendo indicios fundados de la comisión de un delito o delito leve contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de alguna de las personas 58 mencionadas en el artículo 173.2 del Código Penal, resulte una situación subjetiva de riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de las medidas de protección reguladas en el art. 544 ter LECrim.

30. De conformidad con el art. 34 CP, no se reputarán penas: A. La detención y prisión preventiva y las demás medidas cautelares de naturaleza penal. B. Las multas y demás correcciones que, en uso de atribuciones gubernativas o disciplinarias, se impongan a los subordinados o administrados. C. Las privaciones de derechos y las sanciones reparadoras que establezcan las leyes civiles o administrativas. D. La suspensión de las actividades de las personas jurídicas.

31. Dentro del catálogo de derechos de toda persona detenida que contempla el art. 520.2 LECrim, cuál de los siguientes no lo es: A. Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el juez. B. Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su pais, a comunicarse y a mantener correspondencia con ellas. C. Derecho a designar abogado y procurador, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.a) del artículo 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a ser asistido por dichos profesionales sin demora injustificada. En caso de que, debido a la lejanía geográfica no sea posible de inmediato la asistencia del letrado o procurador, se facilitará al detenido comunicación telefónica o por videoconferencia con aquél, salvo que dicha comunicación sea imposible. D. Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.

32. Hay tentativa cuando: A. El sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos lo actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor. B. El sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos internos o exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor. C. El sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor. D. El sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas dependientes de la voluntad del autor.

33. De entre las condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años, encontramos la de que "se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado y se haya hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia conforme al artículo 127", ahora bien, también nos dice el Código Penal que: A. Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el decomiso acordado, y sea razonable esperar que el mismo será cumplido en el plazo prudencial que el juez o tribunal determine. B. Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y sea razonable esperar que el mismo será cumplido en el plazo prudencial que el juez o tribunal determine. C. Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el decomiso acordado. D. Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el decomiso acordado, y sea razonable esperar que el mismo será cumplido en el plazo que dure la suspensión de la pena.

34. Sobre los efectos de la prueba (art. 11.1 LOPJ), señale la afirmación incorrecta: A. No surtirán efecto las pruebas obtenidas directamente violentando los derechos o libertades fundamentales. B. No surtirán efecto las pruebas obtenidas indirectamente violentando los derechos o libertades fundamentales. C. No surtirán efecto las pruebas obtenidas durante la fase de investigación, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales. D. Todas las afirmaciones son incorrectas.

35. La sentencia dictada por el Juez de lo Penal es apelable ante la Audiencia Provincial correspondiente, y la del Juez Central de lo penal, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Este recurso podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes: A. dentro de los diez días siguientes a aquel en que se les hubiere notificado la sentencia. B. dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se les hubiere notificado la sentencia. C. dentro de los veinte días siguientes a aquel en que se les hubiere notificado la sentencia. D. Ninguna afirmación es correcta.

36. El vigente código penal español. A. Se aprobó en 1994 y entró en vigor en 1995. B. Se aprobó en 1995 y entró en vigor en 1995. C. Se aprobó en 1992 y entró en vigor en 1994. D. Se aprobó en 1995 y entró en vigor en 1996.

37. En el año 2015. A. Se derogó el libro III del código penal. B. Se introdujo un libro IV en el código penal. C. Se reformó el libro II, que pasó a ser el libro III. D. Todas las anteriores son incorrectas.

38. En virtud del art. 23 LOPJ. A. Los tribunales españoles no pueden conocer de los delitos cometidos por españoles en el extranjero. B. Los tribunales españoles sí pueden conocer de los delitos cometidos por españoles en el extranjero. C. Los tribunales españoles pueden conocer de los delitos cometidos por españoles en el extranjero solo en ciertos casos. D. Todas las anteriores son incorrectas.

39. La sala segunda del Tribunal Supremo conoce: A. De los recursos de casación. B. De los recursos de revisión. C. De los procesos penales contra aforados nacionales. D. Todas las anteriores son correctas.

40. Para que una determinada actuación se considere delito. A. Debe estar expresamente recogida como tal en el código penal. B. Debe estar expresamente recogida como tal en las leyes penales especiales. C. Debe estar expresamente recogida como tal en el código penal o en las leyes penales especiales. D. Todas las anteriores son incorrectas.

1. El Código Penal de 1995: A. Es un texto extenso, que ha sufrido varias reformas. B. Es un texto que se adapta a la realidad social de los tiempos. C. Incluye una parte general y una parte especial. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

2. La alevosía: A. Implica infringir un daño inhumano a la víctima. B. Implica un abuso de superioridad del autor de los hechos sobre la víctima. C. Implica asegurarse de que la víctima no va a poder defenderse. D. Implica llevar a cabo los hechos siguiendo un plan predeterminado.

3. Las resoluciones de la Administración Penitenciaria: A. Únicamente los jueces de vigilancia penitenciaria pueden emitir resoluciones. B. Únicamente imponen sanciones disciplinarias por mal comportamiento en el centro penitenciario. C. Al provenir de un órgano administrativo, no son recurribles en el orden penal. D. Abarcan las denominadas sanciones disciplinarias, de clasificación penitenciaria y otras materias.

4. Los elementos integrantes del delito son: A. Antijuridicidad, legalidad, culpabilidad y punibilidad. B. Antijuridicidad, tipicidad, culpabilidad y punibilidad. C. Antijuridicidad, tipicidad, responsabilidad y punibilidad. D. Funcionalidad, tipicidad, culpabilidad y punibilidad.

5. La aplicación de las penas se orienta a: A. La reeducación y la reinserción social. B. La rehabilitación social. C. La educación al conjunto de la sociedad. D. Lograr el resarcimiento que expresamente solicite la víctima.

6. A las personas jurídicas se les pueden imponer las penas de: A. Multa y disolución. B. Inhabilitación especial de sus representantes y administradores; los trabajos en beneficio de la comunidad. C. Clausura de los establecimientos por tiempo indeterminado. D. Resarcimiento del daño producido.

7. Las sentencias pueden ser: A. Por escrito. B. De forma oral y de forma escrita. C. De forma oral. D. Por escrito entregadas directamente a las partes pasivas del procedimiento.

8. Los recursos de apelación ante las Audiencias Provinciales y la Audiencia Nacional se han de interponer: A. Dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se les hubiere notificado la sentencia. B. Dentro de los diez días siguientes a aquel en que se les hubiere notificado la sentencia. C. Dentro de los veinte días siguientes a aquel en que se les hubiere notificado la sentencia. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

9. En cuanto a la justicia restaurativa: A. Consiste en fijar las penas que se propongan motivadamente por la defensa. B. Se trata de desjudicializar los procesos lo máximo posible. C. Supone eximir de responsabilidad penal a los imputados si se comprometen a restaurar el daño causado. D. Es propia de la dogmática del pasado.

10. La punibilidad implica: A. Que, una vez cometido un delito, siempre y en todo caso se impondrá una pena. B. Que, una vez cometido un delito, existe la posibilidad de imponer una pena. C. Es lo mismo que la culpabilidad. D. Requiere de un juicio de ponderación entre culpabilidad e imprudencia para determinar la pena a imponer.

11. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: A. Se fundamenta en un defecto de organización dentro de la persona jurídica. B. Cuenta con los programas de cumplimiento normativo como atenuantes o eximentes de la responsabilidad. C. Únicamente puede ser aplicable en aquellos supuestos que así lo indique expresamente nuestro Código penal. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

12. La teoría de los bienes jurídicos: A. Tiene como principal referente a JAKOBS y supone el abandono de concepciones basadas en la religión o la moral social. B. Se basa en el cambio de paradigmas de la sociedad, en la que el legislador tiene nuevos bienes jurídicos que proteger. C. Fue duramente criticada por HASSEMER, que entendía que los bienes jurídicos son conceptos totalmente prescindibles en el estudio dogmático del Derecho Penal. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

13. La prueba ajena al objeto o tema decidendi: A. Es una prueba preconstituida. B. Es una prueba pertinente. C. Es una prueba impertinente. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

14. El principio de culpablidad: A. No aplica en el enjuiciamiento de hechos delictivos cometidos por personas jurídicas. B. Implica que la responsabilidad penal se verá modificada según qué persona cometa los hechos delictivos a enjuiciar. C. Es un principio constitucional que se opone al derecho penal de autor. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

15. La reforma de 2015 del Código Penal: A. Introdujo cambios en la clasificación de los delitos. B. Introdujo cambios en la distinción entre la parte especial y la parte general. C. Introdujo por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las personas jurídicas. D. Introdujo únicamente modificaciones de tipo técnico en algunos delitos.

16. Los menores entre 16 y 18 años: A. Responderán por la comisión de los delitos contenidos en el Código Penal con una atenuación de la pena dependiendo de su edad. B. Responderán por la comisión únicamente de los delitos contenidos en la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad penal de los menores. C. No responderán en ningún caso, pues son inimputables. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

17. Los delitos instantáneos: A. Todos los delitos, por su propia naturaleza, son instantáneos. B. Manifiestan la voluntad del autor de realizar el acto delictivo en ese preciso momento. C. Se materializan a lo largo de un proceso que denominamos iter criminis. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

18. El parentesco: A. Se puede aplicar como atenuante incluso tras la comisión de los hechos delictivos. B. Se puede aplicar tanto para agravar como para atenuar la pena. C. Se puede aplicar para eximir la responsabilidad penal para delitos cometidos entre cónyuges. D. Es una circunstancia que puede ser tenida en cuenta para graduar la pena dentro de los límites máximos y mínimos establecidos por el Código Penal para cada delito.

19. El habeas corpus: A. Se presenta únicamente por el abogado de la defensa. B. Se presenta únicamente por el Ministerio Fiscal. C. Se presenta de oficio por el órgano judicial. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

20. Las partes en el juicio: A. Son siempre dos: activa y pasiva. B. Dependen de la magnitud y complejidad del procedimiento. C. Son siempre tres: activa, pasiva y Ministerio Fiscal. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

21. Los conceptos prueba y medio de prueba: A. Son sinónimos y su uso indistinto es correcto. B. La prueba es todo aquel acto de averiguación de los hechos que tiene lugar tanto en la fase de instrucción como en el juicio oral. C. La prueba es únicamente la que se practica en el juicio oral. D. El medio de prueba es todo aquel acto de averiguación de los hechos que tiene lugar tanto en la fase de instrucción como en el juicio oral.

22. Tras la reforma del Código Penal de 2015, las faltas: A. Se han suprimido. B. Han pasado a convertirse en delitos leves. C. Han pasado a convertirse en delitos leves o sanciones administrativas. D. Han pasado a convertirse en sanciones administrativas.

23. La legítima defensa: A. Se presenta en fase de juicio oral como prueba preconstituida. B. Actuará como atenuante o eximente en función de si la persona se puso en situación de legítima defensa antes o durante la comisión de los delictivos. C. Actuará como eximente. D. Solamente puede actuar como eximente cuando ha habido confesión.

24. La instrucción: A. Dura un mínimo de seis meses y un máximo de doce. B. Dura un mínimo de dieciocho meses. C. No tiene una duración máxima determinada pero sí una duración mínima de seis meses. D. No tiene un límite de duración máximo, pero no debe dilatarse en el tiempo más de lo estrictamente necesario para esclarecer los hechos.

25. La prisión permanente revisable se introdujo en el Código Penal español en el año: A. 2022. B. 2015. C. 2010. D. 1995.

26. El periculum in mora: A. Implica que la fase de instrucción se encuentra en peligro inminente, de tal forma que no podrá concluirse con éxito. B. Implica un mayor grado de peligrosidad de las personas implicadas en los hechos, que ha de ser tenido en cuenta tanto en su instrucción como en su enjuiciamiento. C. Es uno de los requisitos que justifica la adopción de medidas cautelares en la fase de instrucción. D. Es uno de los requisitos que justifica la adopción de medidas cautelares en la fase de instrucción.

27. En cuanto a las penas privativas de libertad: A. Son la prisión permanente revisable y la prisión. B. Es la localización permanente. C. Es la responsabilidad penal subsidiaria por impago de multas. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

28. El sobreseimiento: A. Puede ser total. B. Puede ser provisional. C. Puede ser libre. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

29. Los menores: A. No pueden solicitar recursos, pues en los procedimientos de menores esta figura no se contempla. B. No pueden solicitar recursos, pero sí podrán hacerlo en su nombre sus padres o tutores. C. Pueden presentar recursos sobre sanciones disciplinarias. D. No pueden solicitar recursos, pero el Ministerio Fiscal los presentará de oficio.

30. El órgano enjuiciador se regirá por los principios de: A. Jerarquía y unidad. B. Legalidad y obediencia. C. Proporcionalidad y subsidiariedad. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

31. Son derechos del proceso penal recogidos en la Constitución Española: A. El derecho a un juez determinado por la ley. B. El principio de oralidad. C. Los derechos procesales únicamente se encuentran recogidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. D. El principio de inmediación.

32. El recurso de casación es procedente contra: A. Las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. B. Las sentencias dictadas en apelación por la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. C. Las sentencias dictadas por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

33. Los Jueces de Vigilancia Penitenciaria: A. Constituyen un órgano jurisdiccional con competencias dentro del centro penitenciario. B. Son los encargados de hacer ejecutar lo juzgado. C. Son los encargados de recibir y trasladar a la dirección del centro penitenciario las quejas que los internos puedan formular sobre el tratamiento penitenciario. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

34. El artículo 9.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: A. Atribuye competencia en el orden penal a las causas y juicios criminales, con inclusión de los delitos cometidos por militares. B. Atribuye competencia en el orden penal a los juzgados de lo penal para el enjuiciamiento de delitos graves. C. Atribuye competencia en el orden penal a los juzgados de lo penal para el enjuiciamiento de delitos y faltas. D. Atribuye competencia en el orden penal a los juzgados de lo penal para el enjuiciamiento de delitos y faltas, con excepción de la jurisdicción militar.

35. Las personas jurídicas: A. Solamente responderán por la comisión de delitos dolosos. B. Solamente responderán por la comisión de delitos imprudentes. C. Solamente responderán si una persona física ha sido igualmente condenada por esos mismos hechos. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

36. Los delitos consumados son aquellos. A. Que son realizados por dos o más personas, en concepto de autor todas ellas. B. Que son realizados por dos o más personas, en concepto de autor o cooperador todas ellas. C. En los que el autor alcanza su propósito criminoso. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

37. La concurrencia de una circunstancia atenuante. A. Rebaja la pena en un grado. B. Rebaja la pena en uno o dos grados. C. Obliga a que la pena se imponga en su mitad inferior. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

38. La concurrencia de dos circunstancias atenuantes. A. Rebaja la pena en un grado. B. Rebaja la pena en uno o dos grados. C. Obliga a que la pena se imponga en su mitad inferior. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

39. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. A. Solo puede imponerse si se condena también a una persona física. B. Se puede imponer, aunque no se condene a una persona física. C. Se puede imponer, aunque no se condene a una persona física, pero solo si aquella es identificada con nombre y apellidos. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

40. En la jurisdicción de menores, la fase de instrucción. A. La lleva a cabo el juez de instrucción. B. La lleva a cabo el juez de instrucción de menores. C. La lleva a cabo el Ministerio Fiscal. D. La lleva a cabo la audiencia provincia.

1. Las preguntas del tribunal a los acusados, testigos o peritos: A. Están permitidas siempre que alguna de las partes solicite la prueba de interrogatorio judicial. B. No pueden hacerse porque se trata de una práctica del sistema inquisitivo. C. Están permitidas para realizar aclaraciones. D. No están permitidas porque supondría suplantar el rol de las partes.

2. La imputación objetiva. A. Es la fase del proceso en la que se dicta el acta de imputación por el agente fiscal. B. Es la fase del procedimiento en la que el Ministerio Fiscal emite el acta de imputación. C. Es el nombre que recibía antes de la reforma de la LECrim la fase del proceso que actualmente se denomina declaración de investigado. D. Ninguna es correcta.

3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en España contempla. A. La pena capital, que implica la muerte civil. B. La pena de confiscación de bienes. C. La imposición de medidas de seguridad. D. Ninguna es correcta.

4.Las entidades sin personalidad jurídica: A. No pueden sufrir sanción penal. B. Son sujetos de las penas del art. 31 bis CP. C. Son sujetos de las consecuencias accesorias del art. 129 CP. D. Las respuestas b y c son correctas, es el juez quien decidirá razonadamente en la sentencia con respecto al principio acusatorio.

5.Si en la fase de juicio oral se producen retractaciones o revelaciones de testigos o peritos que evidencian la insuficiencia de la actividad instructora, en esos casos se puede: A. Anular el proceso y volver a empezar para subsanar dicha deficiencia. B. Suspender el juicio y devolver los autos al juez instructor para proceder a través dela sumaria instrucción suplementaria. C. Suspender el juicio e incoar un proceso penal independiente por posible delito contra la administración de justicia, reanudando el juicio con el resultado de ese otro proceso. D. Continuar el proceso y, en su caso, practicar esa prueba nuevamente en segunda instancia siempre que el letrado de la parte perjudicada por dicha prueba formule la oportuna protesta.

6.El recurso de suplicación en las causas penales se interpone. A. Ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma que corresponda, para el enjuiciamiento de aforados. B. Ante un órgano colegiado, es un remedio equivalente al recurso de reforma en los órganos unipersonales. C. Ante el Tribunal Supremo para el enjuiciamiento de Diputados y Senadores por la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. D. Ninguna es correcta.

7. El principio de legalidad ¿es aplicable a la ejecución de las penas?. A. Depende del tipo de delito. B. Siempre. C. No, solo se aplica a la imposición de las penas. D. Ninguna es correcta.

8. Las sentencias dictadas contra reos ausentes: A. Son recurribles en anulación conforme a los trámites del recurso de apelación, sin especialidad alguna. B. Son recurribles en anulación conforme a los trámites de recurso de apelación, salvo en cuanto al plazo de su interposición, que se cuenta desde que la sentencia fue conocida por el reo ausente. C. Son recurribles en anulación conforme a los trámites de recurso de casación por infracción de ley. D. Son recurribles en revisión.

9.Cuando concurra solo una circunstancia agravante, se aplicará la pena: A. En su mitad superior de la que fije la ley para el delito. B. Superior en grado de la que fije la ley para el delito. C. Superior en dos grados de la que fije la ley para el delito. D. La existencia de solo una circunstancia agravante no tiene efectos punitivos.

10. El delito imposible: A. Está regulado en nuestro Código Penal desde 1944. B. Nuestro Código Penal no lo incluye. C. Se fundamenta en el desistimiento del sujeto activo. D. Todas son incorrectas.

11.La responsabilidad penal de la persona jurídica: A. Es exigible en todo tipo de delitos económicos. B. Obedece a criterios de responsabilidad objetiva. C. Va aparejada a la responsabilidad de la persona física. D. Se introdujo por LO 5/2020, de 22 de junio.

12.El derecho al juez predeterminado por la ley significa: A. Que el juicio ha de celebrarse en contacto inmediato con el órgano judicial. B. Que el ciudadano tiene derecho a ser juzgado por un órgano judicial creado por una norma legal. C. Que la instrucción del proceso conserva su carácter secreto. D. Que se realizará de forma oral como expresión del triunfo de la expresión democrática.

13.El informe de toxicología no fue impugnado en la etapa intermedia, ¿puede impugnarse en el juicio oral?. A. Al tratarse de un informe oficial no admite impugnación en ninguna fase del proceso, solo admite debate contradictorio sobre su contenido y, en todo caso, prueba en contrario. B. Puede impugnarse en cualquier etapa de procedimiento. C. No puede impugnarse ya en esa etapa en virtud del principio de precaución. D. No puede impugnarse ya en esa etapa en virtud del principio rebus sic stantibus.

14.La antijuridicidad de una conducta implica que: A. Es contraria al derecho penal. B. Que entre el resultado y la acción debe haber una relación de causalidad. C. Que el autor de la misma debe tener capacidad de comprensión de la ilicitud del acto y posibilidad de evitarlo. D. Todas son correctas.

15.En relación con los delitos económicos, podemos clasificarlos como: A. Delitos patrimoniales, delitos de naturaleza económica y delitos relativos a la empresa. B. Delitos económicos, delitos de naturaleza mixta y delitos relativos a la corrupción política. C. Delitos patrimoniales, delitos de naturaleza mixta y delitos relativos al medio ambiente. D. Todas son incorrectas.

16. La premeditación: A. No es una circunstancia agravante. B. Es una circunstancia agravante. C. Es una circunstancia que cualifica el delito de asesinato. D. Ninguna es correcta.

17. Respecto del principio de tipicidad, podemos afirmar que: A. El padre de la teoría de la tipicidad es Beling. B. El padre de la teoría es Cerezo MIr. C. El padre de la teoría es Welzel. D. Todas son incorrectas.

18. Etimológicamente la palabra "delito" proviene: A. Del griego cognoscere y gnosis. B. Del latín delictum. C. Del árabe jarima. D. Del alemán Verbrechen.

19. En la LECrim se regula actualmente: A. La utilización de dispositivos de captación de la imagen, seguimiento y localización. B. El registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información. C. Los registros remotos sobre equipos informáticos. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

20. En relación con la imprudencia: A. No se quiere el resultado pues el sujeto no se lo plantea, pero ocurre. B. La clave de la imprudencia es la verificación del grado de cuidado empleado por el sujeto. C. El delito imprudente solo se castiga cuando está específicamente tipificado como tal. D. Todas son correctas.

21. Los Juzgados de lo Penal, según el art. 89 bis de la Ley de LOPJ. A. Conocerán del reconocimiento y ejecución de las resoluciones de decomiso transmitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea cuando las mismas deban cumplirse en territorio español. B. Conocerán del conocimiento y fallo de los delitos de cohecho y tráfico de influencias. C. Conocerán de la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las Audiencias Provinciales. D. Conocerán de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones en materia penal dictadas por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia.

22. La competencia del Tribunal del Jurado no se extiende al siguiente delito: A. Homicidio. B. Robo. C. Malversación de caudales públicos. D. Cohecho.

23. Una sentencia dictada en enjuiciamiento por delito leve: A. Admite recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. B. Admite recurso de reforma ante el órgano que la dictó. C. No admite recurso de ningún tipo, a salvo de los relativos a la protección de los derechos fundamentales. D. Admite recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, pero solo en caso de sentencia condenatoria.

24. La privación de la patria potestad. A. Es pena grave. B. Es pena menos grave. C. Es pena leve. D. No está contemplada como pena.

25. En relación con la planta judicial penal, el examen de los órganos judiciales y sus competencias: A. Se contiene básicamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial. B. Se contiene básicamente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. C. La A y la B son correctas. D. La A y la B son incorrectas.

26. ¿Cómo debe ser el informe oral?. A. Rápido, amplio y difuso. B. Puede sustituirse por un documento en el que se plasmen las ideas que queremos transmitir. C. Claro, concreto y con justificación. D. Todas son incorrectas.

27. Señale la respuesta correcta. La vorágine legislativa que implica reformas en el Código Penal, se explica por: A. La necesidad de adaptarse a la realidad social. B. Por transponer directivas europeas. C. Por incorporar nuevas conductas delictivas. D. Todas son correctas.

28. Las personas individuales en el derecho penal español son responsables penales: A. Desde los 16 años. B. Desde los 18 años. C. Desde los 12 años en los delitos de más de 9 años de prisión, y desde los 14 años en el resto. D. Desde los 14 años.

29. Las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal: A. Provienen del derecho romano. B. Provienen del derecho griego. C. Provienen de la época musulmana. D. Se reconocieron por primera vez en el Código Penal de 1973.

30. Si resulta acreditado, el trastorno mental transitorio puede ser considerado como: A. Una atenuante. B. Una eximente. C. Como una eximente o como una atenuante del art. 21.1 del Código Penal cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad penal. D. Todas son incorrectas.

31. Las costas en el procedimiento penal: A. No pueden exceder en ningún caso de 10.000 € salvo que haya varios coacusados. B. Pueden ser impuestas al acusador particular si concurre mala fe. C. Solo pueden imponerse al condenado a la pena de prisión. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

32. La teoría de la ignorancia deliberada: A. Es una teoría de imputación objetiva de la conducta. B. Es una teoría de imputación objetiva del resultado. C. Es una teoría causal natural que permite afirmar la culpabilidad del autor. D. Ninguna es correcta.

33. La prevención general positiva. A. Solo es predicable de las penas privativas de libertad. B. Solo es predicable de las penas no privativas de libertad. C. Solo es predicable de las penas pecuniarias. D. Ninguna es correcta.

34. La psicopatía, en relación a la imputabilidad, es considerada actualmente. A. Como eximente completa por ausencia de imputabilidad. B. Como eximente incompleta por ausencia parcial de imputabilidad. C. Como atenuante por disminución de la culpabilidad. D. Ninguna es correcta.

35. Las penas para las personas jurídicas: A. Son todas graves. B. Son menos graves y graves. C. Son leves, menos graves y graves. D. Son todas privativas de derechos.

36. El sistema vicarial en materia de sanciones penales consiste en: A. La conjugación recíproca de penas y medidas de seguridad para semi-imputables. B. La conjugación recíproca de penas y medidas de seguridad para menores infractores. C. La conjugación recíproca de penas y medidas de seguridad para personas físicas y jurídicas. D. Ninguna es correcta.

37. Las medidas de seguridad se basan en: A. La culpabilidad individual en el caso de imputables, por lo que suponen un complemento punitivo con componentes retributivos en proporción a la gravedad del hecho pasado cometido. B. La culpabilidad individual en el caso de inimputables, por lo que suponen un complemento punitivo en proporción a la gravedad del hecho pasado cometido. C. La peligrosidad social, por el riesgo que suponen para la sociedad. D. La peligrosidad criminal, por lo que no son aplicables argumentos retributivos ni culpabilísticos.

38. El error invencible. A. Excluye la responsabilidad criminal solo si es error de tipo. B. Excluye la responsabilidad criminal solo si es error de prohibición. C. Excluye la responsabilidad criminal en los dos casos. D. Supone la rebaja de la pena en uno o dos grados.

39. Las costas en el procedimiento penal: A. No pueden exceder en ningún caso de 10.000€ salvo que haya varios coacusados. B. Pueden ser impuestas al acusador particular si concurre mala fé. C. Solo pueden imponerse al condenado a la pena de prisión. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

40. Si el tipo no es susceptible de comisión imprudente, en caso de error vencible de tipo: A. Se aplica la pena inferior en dos grados;. B. Se aplica la pena inferior en un grado. C. Excluye la responsabilidad penal. D. Todos los tipos son susceptibles de comisión imprudente.

1. ¿Qué principios rectores del Derecho Penal recoge expresamente el Código Penal de 1995?. A. Principio del non bis in idem y nemo tenetur. B. Principio de proporcionalidad y resocialización del condenado. C. Principio de exclusiva protección de bienes jurídicos y principio de lesividad. D. Principio de legalidad y principio de culpabilidad.

2. ¿Qué requisitos debe incluir la querella?. A. El suplico final. B. Hechos base, significación jurídico-penal que se les atribuye indiciariamente y diligencias concretas que se interesa practicar. C. Datos del querellante, juzgado al que se presenta y persona o personas querelladas. D. Todas las respuestas son correctas.

16. ¿Qué requisitos debe incluir la querella?. A. El suplico final. B. Hechos base, significación jurídico-penal que se les atribuye indiciariamente y diligencias concretas que se interesa practicar. C. Datos del querellante, juzgado al que se presenta y persona o personas querelladas. D. Todas las respuestas son correctas.

17. ¿Ante qué situaciones se vuelve compleja la Instrucción en el proceso penal?. A. Involucre a gran cantidad de investigados o víctimas. B. Tenga por objeto numerosos hechos punibles. C. Juzgamiento de grupos u organizaciones criminales. D. Todas las respuestas son correctas.

18. ¿Cuáles son las fases posibles de la Instrucción en el proceso penal?. A. Declaración del investigado y diligencias de previo pronunciamiento. B. En exclusiva, la preparación del juicio oral. C. Investigación, medidas cautelares y resoluciones jurídicas que adopta el juez de instrucción al resolver las solicitudes y recursos de las partes. D. Solo las resoluciones jurídicas que adopta el juez de instrucción al resolver las solicitudes y recursos de las partes.

19. ¿Cuándo concluye la Instrucción?. A. El juez no concluirá la instrucción, sino que esta terminará automáticamente cuando se alcance a cumplir el plazo máximo legal. B. El juez concluirá la instrucción cuando así lo solicite la acusación. C. El juez concluirá la instrucción cuando entienda que ha cumplido su finalidad. D. El juez concluirá la instrucción cuando así lo solicite el abogado defensor.

20. ¿Qué es el corpus delicti del proceso penal?. A. Las piezas de convicción estratégicas de la acusación. B. Las piezas de convicción estratégicas de la defensa. C. Todo lo que se descarta del material probatorio y que no puede incorporarse válidamente al proceso penal. D. El conjunto de armas, instrumentos o efectos del delito, en el que se incluyen las huellas, restos orgánicos, etc., que ayudan a conocer qué y cómo han sucedido realmente los hechos.

21. El reconocimiento médico sobre el sospechoso puede afectar su derecho a la integridad física y moral previsto en el art. 15 CE. En razón de ello, deben observarse las siguientes reglas: A. Han de practicarse por un facultativo (normalmente el médico forense). B. Pueden practicarse aun cuando no se respete al máximo la dignidad e intimidad de la persona. C. Pueden practicarse sin las reglas de la lex artis. D. Todas las respuestas son correctas.

22. Identifique las características de las medidas cautelares: A. Proporcionalidad y oportunidad. B. No jurisdiccionalidad, privacidad y provisionalidad (o variabilidad). C. Heterogeneidad, flexibilidad, proporcionalidad y oportunidad. D. Instrumentalidad, jurisdiccionalidad, oficialidad y provisionalidad (o variabilidad).

23. ¿Quién adopta por regla general las medidas cautelares en el proceso penal?. A. El juez de instrucción del lugar de los hechos. B. El Ministerio Fiscal en defensa de los intereses de la parte acusadora. C. Cualquier juez de instrucción al que se le solicite la medida. D. Cualquier sujeto del proceso, que sea parte legítima, puede adoptar la medida cautelar.

24. ¿A qué quedan referidos el fumus boni iuris y el periculum in mora?. A. Son los requisitos del arresto domiciliario. B. Son los requisitos de la solicitud de pericias. C. Son los requisitos de la terminación de la instrucción. D. Son los requisitos de las medidas cautelares.

25. Según la normativa penal ¿cuándo pueden los particulares proceder a la detención de una persona?. A. Al delincuente in fraganti (que esté cometiendo el delito). B. Al procesado por delito con pena inferior, si sus antecedentes o las circunstancias del hecho hicieren presumir que no comparecerá cuando fuese llamado por la autoridad judicial (a no ser, que preste fianza bastante). C. Al que estuviera en el caso anterior, aunque todavía no se hallase procesado siempre que: la autoridad o agente tenga motivos racionalmente bastantes para creer en la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito y que estime que la persona a quien se intenta detener tuvo participación en él. D. Al procesado por delito señalado con pena superior a la de prisión menor.

26. ¿Cuál es un tipo de prueba recogido en la ley procesal?. A. La libre formulación hipotética del juez. B. El conocimiento privado del juez. C. La confesión de la parte acusada. D. El careo entre el Ministerio Fiscal y el abogado defensor.

27. ¿A qué se denomina prueba preconstituida?. A. La que puede practicarse en el juicio, pero se recomienda practicarla antes. B. La que se preconstituye por la parte acusadora. C. La que no puede practicarse directamente en un juicio (como la autopsia). D. No existe este concepto en la ley procesal.

28. ¿A qué criterio de clasificación de las pruebas se corresponde la siguiente: prueba clásica y prueba moderna?. A. Al criterio de la decisión jurisdiccional. B. Al criterio de la relación con las nuevas tecnologías de la información. C. Al criterio de su regulación. D. Al criterio de la oportunidad.

29. ¿A qué criterio de clasificación de las pruebas se corresponde la siguiente: pruebas orales y pruebas escritas?. A. Al criterio de su expresión o manifestación. B. Al criterio del respeto a las garantías del ciudadano en el proceso penal. C. Al criterio de la parte procesal que la propone. D. Al criterio de la inmediación.

30. ¿A qué figura se refiere el siguiente concepto: "vulneración del máximo nivel, es decir, no se trata de meros defectos procesales, sino de una violación de derechos que causa indefensión”?. A. Defecto de la prueba en sus formas. B. Déficit de convicción probatoria. C. Irregularidad probatoria. D. Ilicitud probatoria o prueba ilícita.

31. ¿A qué institución corresponde la siguiente definición: "... actividad practicada en el juicio oral, con observancia de los principios y requisitos legales, capaz de acreditar hechos relevantes para el proceso y así, contribuir a formar la convicción del órgano judicial que enjuicia un caso"?. A. A las declaraciones testimoniales. B. A las pericias. C. A la prueba. D. A los documentos.

32. ¿Cuál no es pena privativa de derechos?. A. La inhabilitación absoluta. B. La suspensión de empleo o cargo público. C. La prohibición de aproximarse a la víctima. D. La localización permanente.

33. ¿Qué sistema de individualización de la pena sigue el régimen español?. A. Indeterminación total. B. Determinación legal total. C. Indeterminación judicial relativa. D. Indeterminación legal relativa.

34. ¿Qué comporta la pena de localización permanente para el condenado?. A. La obligación de permanecer en los centros de detención por el tiempo que determine el juez. B. La obligación de encontrarse localizable en cualquier lugar que se encuentre. C. La obligación de estar disponible para cuando el juez lo mande llamar ante los estrados judiciales. D. La obligación de permanecer en el domicilio o en lugar determinado fijado por el juez en la sentencia.

35. Según la Constitución española ¿cuál es la orientación de las penas y medidas de seguridad?. A. El castigo del condenado. B. La reeducación y la reinserción social del condenado. C. La proporcionalidad entre el delito y la pena. D. La defensa y protección social.

36. ¿Qué sinónimo se emplea para el juicio oral?. A. Plenario. B. Tribunal por jurado. C. Jurado. D. Proceso oral.

37. ¿Qué principios gobiernan la etapa del juicio oral?. A. Inmediación, publicidad, oralidad y contradicción. B. Actividad probatoria libre, oralidad y oportunidad. C. Publicidad, oportunidad y legalidad. D. Publicidad, oralidad y oficialidad.

38. ¿Cuáles son las diligencias indispensables del juicio oral?. A. Las citaciones al juicio y la aportación de las piezas de convicción. B. La reparación del daño a la víctima y la libertad del acusado, que estuviere en prisión preventiva. C. La satisfacción de las costas procesales de la etapa de instrucción y la concentración del material probatorio. D. Todas las respuestas son correctas.

39. ¿Qué artículos de previo pronunciamiento se prevén en el proceso ordinario?. A. La prescripción del delito. B. La declinatoria de jurisdicción. C. La cosa juzgada. D. Todas las respuestas son correctas.

40. Para que proceda la conformidad del acusado ha de tratarse de un delito que contemple una pena de ... de prisión en abstracto: A. 6 años. B. 9 años. C. 6 meses. D. 12 meses.

5. En relación con la planta judicial penal, el examen de los órganos judiciales y sus competencias: A. Se contiene básicamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial. B. Se contiene básicamente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. C. La A y la B son correctas. D. La A y la B son incorrectas.

6. La Sala del art. 61 de la LOPJ: A. Está formada por el Presidente del TS y por todos los Magistrados de la Sala de lo Penal. B. Está formada por el Presidente del TS y por los Magistrados de todas las Salas. C. Está formada por el Presidente del TS, por los Presidentes de Sala y por el Magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas. D. Está formada por el Presidente del CGPJ, un Magistrado del TS y otro del TC.

7. La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (Sala de lo Civil-Penal) conoce: A. De las causas penales que los Estatutos de Autonomía reservan al conocimiento de los Tribunales Superiores de Justicia. B. De la decisión de las cuestiones de competencia entre juzgados de menores de distintas provincias de la CCAA. C. La A y y la B son correctas. D. La A y la B son incorrectas.

8. Los Juzgados de lo Penal, según el art. 89 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: A. Conocerán del reconocimiento y ejecución de las resoluciones de decomiso transmitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea cuando las mismas deban cumplirse en territorio español. B. Conocerán del conocimiento y fallo de los delitos de cohecho y tráfico de influencias. C. Conocerán de la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las Audiencias Provinciales. D. Conocerán de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones en materia penal dictadas por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia.

9. Respecto del principio de tipicidad, podemos afirmar que: A. El padre de la teoría de la tipicidad es Beling. B. El padre de la teoría es Cerezo MIr. C. El padre de la teoría es Welzel. D. Todas son incorrectas.

10. El derecho al juez predeterminado por la ley significa: A. Que el juicio ha de celebrarse en contacto inmediato con el órgano judicial. B. Que el ciudadano tiene derecho a ser juzgado por un órgano judicial creado por una norma legal. C. Que la instrucción del proceso conserva su carácter secreto. D. Que se realizará de forma oral como expresión del triunfo de la expresión democrática.

11. Etimológicamente la palabra "delito" proviene: A. Del griego cognoscere y gnosis. B. Del latín delictum. C. Del árabe jarima. D. Del alemán Verbrechen.

12. La antijuridicidad de una conducta implica que: A. Es contraria al derecho penal. B. Que entre el resultado y la acción debe haber una relación de causalidad. C. Que el autor de la misma debe tener capacidad de comprensión de la ilicitud del acto y posibilidad de evitarlo. D. Todas son correctas.

13. La conspiración existe cuando: A. En un delito concurren más de dos personas. B. Se expone ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, ideas o doctrinas que ensalzan el crimen o enaltecen a su autor. C. El que ha resuelto cometer un delito invita a otros a ejecutarlo. D. Dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo.

14. El delito imposible: A. Está regulado en nuestro Código Penal desde 1944. B. Nuestro Código Penal no lo incluye. C. Se fundamenta en el desistimiento del sujeto activo. D. Todas son incorrectas.

15. Las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal: A. Provienen del derecho romano. B. Provienen del derecho griego. C. Provienen de la época musulmana. D. Se reconocieron por primera vez en el Código Penal de 1973.

16. En relación con la imprudencia: A. No se quiere el resultado pues el sujeto no se lo plantea, pero ocurre. B. La clave de la imprudencia es la verificación del grado de cuidado empleado por el sujeto. C. El delito imprudente solo se castiga cuando está específicamente tipificado como tal. D. Todas son correctas.

17. Si resulta acreditado, el trastorno mental transitorio puede ser considerado como: A. Una atenuante. B. Una eximente. C. Como una eximente o como una atenuante del art. 21.1 del Código Penal cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad penal. D. Todas son incorrectas.

18. Cuando concurra solo una circunstancia agravante, se aplicará la pena: A. En su mitad superior de la que fije la ley para el delito. B. Superior en grado de la que fije la ley para el delito. C. Superior en dos grados de la que fije la ley para el delito. D. La existencia de solo una circunstancia agravante no tiene efectos punitivos.

19. Respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, señale la respuesta correcta: A. A las personas jurídicas les puede ser eximida la responsabilidad penal. B. Pueden ser responsables penalmente los partidos políticos y los sindicatos. C. El Estado y las Comunidades Autónomas son inimputables. D. Todas son correctas.

20. ¿Cómo debe ser el informe oral?. A. Rápido, amplio y difuso. B. Puede sustituirse por un documento en el que se plasmen las ideas que queremos transmitir. C. Claro, concreto y con justificación. D. Todas son incorrectas.

21. En relación con el Ministerio Fiscal, señale la respuesta correcta: A. Los miembros del Ministerio Fiscal pueden ser recusados y se pueden abstener por las mismas causas que los Jueces y Magistrados. B. En virtud del principio de dependencia jerárquica, los miembros del Ministerio Fiscal deben obedecer siempre y en todo caso, a sus superiores jerárquicos. C. El Ministerio Fiscal debe actuar con plena objetividad e independencia en la defensa de los intereses que tenga encomendados. D. Todas son correctas.

22. Señale la respuesta correcta. En relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, podemos afirmar que: A. Responden del delito de trata de seres humanos. B. Responden de los delitos relativos a las radiaciones ionizantes. C. Responden del delito de falsificación de moneda. D. Todas son correctas.

23. Señale la respuesta correcta. En relación con la circunstancia mixta de parentesco del art. 23 del Código Penal: A. En el ámbito de la violencia de género, resulta aplicable en la práctica tanto a las parejas sentimentales como a las que dejan de serlo. B. En los delitos patrimoniales y según el art. 268 del Código Penal, exime de responsabilidad penal pero no del deber de responder civilmente de las cantidades indebidamente apropiadas. C. La A y la B son correctas. D. La A y la B son incorrectas.

24. Señale la respuesta correcta. En relación con la dirección de los debates: A. Tiene como función que las partes no se demoren mucho en sus intervenciones, sobre todo el informe final, y no alargar innecesariamente la duración del juicio oral. B. Es una función que se realiza con autoridad, de forma enérgica y cortante. C. Requiere de conocimientos, experiencia y cualidades tan destacadas como la prudencia y el despliegue de una suave energía. D. La A y la C son correctas.

25. Las costas en el procedimiento penal: A. No pueden exceder en ningún caso de 10.000 € salvo que haya varios coacusados. B. Pueden ser impuestas al acusador particular si concurre mala fe (art. 240 LECrim). C. Solo pueden imponerse al condenado a la pena de prisión. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

26. La premeditación: A. No es una circunstancia agravante. B. Es una circunstancia agravante. C. Es una circunstancia que cualifica el delito de asesinato. D. Ninguna es correcta.

27. Las entidades sin personalidad jurídica: A. No pueden sufrir sanción penal. B. Son sujetos de las penas del art. 31 bis CP. C. Son sujetos de las consecuencias accesorias del art. 129 CP. D. Las respuestas b y c son correctas, es el juez quien decidirá razonadamente en la sentencia con respecto del principio acusatorio.

28. El plan de compliance permitirá la exención de la responsabilidad penal de una persona jurídica si: A. En todo caso si se implanta antes del hecho delictivo. B. Este es eficaz, con independencia de que se implante antes o después del hecho delictivo. C. Este es eficaz y existía antes de la comisión del hecho delictivo por parte de la persona física. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

29. La detención tiene un máximo constitucional de: A. 72 horas. B. 48 horas. C. 24 horas. D. El mínimo imprescindible, con un límite de 72 horas.

30. La privación de la patria potestad: A. Es pena grave (Art. 33 CP). B. Es pena menos grave. C. Es pena leve. D. No está contemplada como pena.

31. ¿Cuál de las siguientes medidas no puede imponerse a un menor condenado por la comisión de un delito?. A. Multa. B. Libertad vigilada. C. Amonestación. D. Internamiento en régimen cerrado.

32. La competencia del Tribunal del Jurado no se extiende al siguiente delito: A. Homicidio. B. Robo. C. Malversación de caudales públicos. D. Cohecho.

33. José R.R. es enjuiciado por un delito de robo con fuerza y le consta como antecedente la comisión de un delito leve de hurto. Dicho delito leve, ¿puede computarse como antecedente a efectos de reincidencia?. A. No. B. Si. C. Su aplicación a los efectos de reincidencia es discrecional. D. Ninguna es correcta.

34. En la LECrim se regula actualmente: A. La utilización de dispositivos de captación de la imagen, seguimiento y localización. B. El registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información. C. Los registros remotos sobre equipos informáticos. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

35. Las personas individuales en el derecho penal español son responsables penales: A. Desde los 16 años. B. Desde los 18 años. C. Desde los 12 años en los delitos de más de 9 años de prisión, y desde los 14 años en el resto. D. Desde los 14 años.

36. El principio de legalidad ¿es aplicable a la ejecución de las penas?. A. Depende del tipo de delito. B. Siempre. C. No, sólo se aplica a la imposición de las penas. D. Ninguna es correcta.

37. Isabel O.Q. ha sido condenada por un Juzgado de Instrucción por un delito leve de lesiones a la pena de multa de un mes, con una cuota diaria de 6 euros Interpuesto recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, el recurso fue desestimado. El letrado de la denunciada se plantea el recurso a interponer frente a la sentencia de la Audiencia Provincial. A. Cabe recurso de casación pero solo por infracción de ley. B. No cabe recurso alguno. C. Cabe recurso de queja. D. Cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia.

38. El recurso de reforma es un recurso: A. Ordinario y devolutivo. B. Ordinario y no devolutivo. C. Extraordinario y devolutivo. D. Extraordinario y no devolutivo.

39. Las sentencias dictadas contra reos ausentes: A. Son recurribles en anulación conforme a los trámites del recurso de apelación, sin especialidad alguna. B. Son recurribles en anulación conforme a los trámites de recurso de apelación, salvo en cuanto al plazo para su interposición, que se cuenta desde que la sentencia fue conocida por el reo ausente. C. Son recurribles en anulación conforme a los trámites de recurso de casación por infracción de ley. D. Son recurribles en revisión.

40. Una sentencia dictada en enjuiciamiento por delito leve: A. Admite recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. B. Admite recurso de reforma ante el órgano que la dictó. C. No admite recurso de ningún tipo, a salvo de los relativos a la protección de los derechos fundamentales. D. Admite recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, pero solo en caso de sentencia condenatoria.

1. Las medidas de seguridad para imputables peligrosos pueden ser. A. Privativas de libertad y no privativas de libertad. B. Privativas de libertad. C. Principales y accesorias. D. Ninguna es correcta.

2. ¿A qué institución corresponde la siguiente definición: "... actividad practicada en el juicio oral, con observancia de los principios y requisitos legales, capaz de acreditar hechos relevantes para el proceso y así, contribuir a formar la convicción del órgano judicial que enjuicia un caso"?. A. A las declaraciones testimoniales. B. A las pericias. C. A la prueba. D. A los documentos.

3. ¿Ante qué situaciones se vuelve compleja la Instrucción en el proceso penal?. A. Involucre a gran cantidad de investigados o víctimas. B. Tenga por objeto numerosos hechos punibles. C. Juzgamiento de grupos u organizaciones criminales. D. Todas las respuestas son correctas.

4. ¿Cuál es un tipo de prueba recogido en la ley procesal?. A. La libre formulación hipotética del juez. B. El conocimiento privado del juez. C. La confesión de la parte acusada. D. El careo entre el Ministerio Fiscal y el abogado defensor.

5. Identifique la esencia del principio de publicidad como garantía especial del proceso penal: A. Proceso público y transparente (control social difuso de la actuación del Poder Judicial). B. Juicio oral y público con excepciones de realizar a puerta cerrada y prohibir el ingreso de los medios de comunicación. C. La Instrucción es reservada y puede decretarse el secreto del sumario u otras medidas de protección de la víctima. D. Todas las respuestas son correctas.

6. ¿A qué quedan referidos el fumus boni iuris y el periculum in mora?. A. Son los requisitos del arresto domiciliario. B. Son los requisitos de la solicitud de pericias. C. Son los requisitos de la terminación de la instrucción. D. Son los requisitos de las medidas cautelares.

7. La libertad vigilada cuando actúa como consecuencia accesoria se aplica. A. A los personas jurídicas. B. A los imputables peligrosos. C. A los inimputables peligrosos. D. Ninguna es correcta.

8. ¿Qué fórmulas completarían la siguiente idea? El proceso penal ha de materializar las garantías para un ..... y brindar la ............ al ciudadano (art. 24.1 CE, art. 47 de la Carta de los DDFF de la UE, art. 6.2 del Convenio Europeo de DDHH y Libertades Fundamentales y art. 11.1 LOPJ sobre prueba ilícita): A. Juicio justo y tutela judicial efectiva. B. Proceso rápido y garantía. C. Debido proceso y posibilidad de participación. D. Procedimiento legal y potestad de acusación.

9. Según la normativa penal ¿cuándo pueden los particulares proceder a la detención de una persona?. A. Al delincuente in fraganti (que esté cometiendo el delito). B. Al procesado por delito con pena inferior, si sus antecedentes o las circunstancias del hecho hicieren presumir que no comparecerá cuando fuese llamado por la autoridad judicial (a no ser, que preste fianza bastante). C. Al que estuviera en el caso anterior, aunque todavía no se hallase procesado siempre que: la autoridad o agente tenga motivos racionalmente bastantes para creer en la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito y que estime que la persona a quien se intenta detener tuvo participación en él. D. Al procesado por delito señalado con pena superior a la de prisión menor.

10. ¿Qué requisitos debe incluir la querella?. A. El suplico final. B. Hechos base, significación jurídico-penal que se les atribuye indiciariamente y diligencias concretas que se interesa practicar. C. Datos del querellante, juzgado al que se presenta y persona o personas querelladas. D. Todas las respuestas son correctas.

11. ¿Qué clase de error excluye de plano la responsabilidad criminal?. A. El error invencible. B. El error vencible. C. El error imprudente. D. El error de tipo.

12. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene competencia para conocer en las siguientes materias: A. Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia. B. Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles. C. Delitos contra el titular de la Corona, su consorte, su sucesor, altos organismos de la Nación y forma de gobierno. D. Todas las respuestas son correctas.

13. ¿A qué se denomina prueba preconstituida?. A. La que puede practicarse en el juicio, pero se recomienda practicarla antes. B. La que se preconstituye por la parte acusadora. C. La que no puede practicarse directamente en un juicio (como la autopsia). D. No existe este concepto en la ley procesal.

14. Identifique de las siguientes circunstancias mencionadas cuáles se corresponden con circunstancias agravantes prevista en el Código Penal: A. El carácter de extranjero del sujeto activo y el carácter de autoridad pública del sujeto pasivo. B. El haber sido el culpable conviviente en relación con la víctima y el abuso de autoridad (aunque objetivamente no se cuente con ella). C. Alevosía, disfraz y abuso de confianza. D. El haber pregonado falsas promesas al sujeto pasivo y la ejecución del delito entre más de 3 personas.

15. La libertad vigilada cuando actúa como pena se puede imponer. A. A los menores infractores. B. A las personas jurídicas. C. A las personas físicas con imputabilidad plena o reducida. D. Ninguna es correcta.

16. ¿A qué criterio de clasificación de las pruebas se corresponde la siguiente: pruebas orales y pruebas escritas?. A. Al criterio de su expresión o manifestación. B. Al criterio del respeto a las garantías del ciudadano en el proceso penal. C. Al criterio de la parte procesal que la propone. D. Al criterio de la inmediación.

17. ¿Qué principios rectores del Derecho Penal recoge expresamente el Código Penal de 1995?. A. Principio del non bis in idem y nemo tenetur. B. Principio de proporcionalidad y resocialización del condenado. C. Principio de exclusiva protección de bienes jurídicos y principio de lesividad. D. Principio de legalidad y principio de culpabilidad.

18. ¿Qué es el corpus delicti del proceso penal?. A. Las piezas de convicción estratégicas de la acusación. B. Las piezas de convicción estratégicas de la defensa. C. Todo lo que se descarta del material probatorio y que no puede incorporarse válidamente al proceso penal. D. El conjunto de armas, instrumentos o efectos del delito, en el que se incluyen las huellas, restos orgánicos, etc., que ayudan a conocer qué y cómo han sucedido realmente los hechos.

19. ¿Qué comporta la pena de localización permanente para el condenado?. A. La obligación de permanecer en los centros de detención por el tiempo que determine el juez. B. La obligación de encontrarse localizable en cualquier lugar que se encuentre. C. La obligación de estar disponible para cuando el juez lo mande llamar ante los estrados judiciales. D. La obligación de permanecer en el domicilio o en lugar determinado fijado por el juez en la sentencia.

20. ¿A qué circunstancia atenuante prevista en la ley penal se refiere el siguiente texto: "Las causas expresadas en el capítulo anterior, cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en los respectivos casos"?. A. A la circunstancia de eximente completa. B. A la circunstancia de eximente simple. C. A la circunstancia de eximente absoluta. D. A la circunstancia de eximente incompleta.

21. ¿Qué sinónimo se emplea para el juicio oral?. A. Plenario. B. Tribunal por jurado. C. Jurado. D. Proceso oral.

22. Durante la fase de ejecución, el principio de legalidad: A. Es de aplicación, pero con las restricciones propias de la fase. B. Es de aplicación, sin restricción alguna. C. Es de aplicación, salvo que el órgano sentenciador decida en contra. D. Es de aplicación, salvo la expresa renuncia del condenado.

23. ¿Cuáles son las fases posibles de la Instrucción en el proceso penal?. A. Declaración del investigado y diligencias de previo pronunciamiento. B. En exclusiva, la preparación del juicio oral. C. Investigación, medidas cautelares y resoluciones jurídicas que adopta el juez de instrucción al resolver las solicitudes y recursos de las partes. D. Solo las resoluciones jurídicas que adopta el juez de instrucción al resolver las solicitudes y recursos de las partes.

24. ¿Qué artículos de previo pronunciamiento se prevén en el proceso ordinario?. A. La prescripción del delito. B. La declinatoria de jurisdicción. C. La cosa juzgada. D. Todas las respuestas son correctas.

25. ¿Qué importantes novedades se introdujeron al Código Penal con la reforma de 2015?. A. La prisión permanente revisable y se suprimen las faltas. B. Los delitos de terrorismo. C. Los delitos contra el orden socioeconómico. D. El reconocimiento de la responsabilidad penal de la persona jurídica.

26. ¿A qué parte procesal le corresponde la siguiente función: "Como parte necesaria — con algunas excepciones— en todos los procesos penales, interviene en las distintas fases del proceso, incluyendo la parte de investigación prejudicial y en la ejecución, en materia penitenciaria"?. A . Al acusado. B. Al Abogado del Estado. C. Al Ministerio Fiscal. D. A la acusación popular.

27. Según la Ley Orgánica de Tribunal del Jurado, este tribunal tiene competencia sobre los siguientes delitos: A. Delitos contra las personas y delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. B. Delitos aduaneros y delitos contra la indemnidad sexual de menores. C. Solo exclusivamente sobre delitos contra el orden socioeconómico. D. Solo exclusivamente sobre delitos de terrorismo.

28. ¿A qué figura se refiere el siguiente concepto: "vulneración del máximo nivel, es decir, no se trata de meros defectos procesales, sino de una violación de derechos que causa indefensión"?. A. Defecto de la prueba en sus formas. B. Déficit de convicción probatoria. C. Irregularidad probatoria. D. Ilicitud probatoria o prueba ilícita.

29. De acuerdo con el art. 25.2 de la Constitución y su interpretación del TC. A. La resocialización es el único fin de las penas. B. Todas las penas sin excepción tienen que estar orientadas a la resocialización. C. La resocialización no puede considerarse el único fin de las penas. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

30. De acuerdo con el TC, la pena de prisión permanente revisable. A. Es inconstitucional puesto que no tiene como fin la resocialización. B. Solo es constitucional si se impone a reos de terrorismo. C. Solo es constitucional si la impone el Tribunal Supremo. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

31. En la fase de cuestiones previas es posible proponer prueba. A. Solo si es documental. B. Solo si fue previamente rechazada en el auto de admisión de pruebas. C. Solo si puede practicarse en el acto, con independencia de que sea documental, personal o pericial. D. En ningún caso, pues el momento procesal de proponer prueba es el escrito de acusación.

32. Si unos acusados muestran la conformidad y otros no. A. Ha de celebrarse el juicio respecto de todos los acusados. B. Ha de celebrarse el juicio solo respecto de los que no se han conformado. C. Ha de celebrarse el juicio, pero solo respecto de cuestiones civiles. D. Ha de celebrarse el juicio, pero solo respecto de las penas.

33. En la sentencia deben recogerse los siguientes pronunciamientos: A. Penales, civiles y costas. B. Solo penales, pues los civiles y las costas se resuelven en ejecución. C. Penales y civiles, pero la condena en costas se resuelve en ejecución. D. Todas las respuestas son incorrectas.

34. Las costas procesales se imponen. A. En todo caso al acusado. B. Solo al acusado declarado culpable. C. En todo caso, al acusador cuya pretensión no ha prosperado. D. Todas las respuestas son incorrectas.

35. El recurso de apelación. A. Puede interponerse en todo tipo de procedimiento, incluido el de delitos leves. B. Se interpone en todo tipo de procedimiento, salvo el de delitos leves. C. Se interpone ante el órgano superior, salvo en los delitos leves que resuelve el mismo juez. D. Todas las respuestas son incorrectas.

36. ¿A qué criterio de clasificación de las pruebas se corresponde la siguiente: prueba clásica y prueba moderna?. A. Al criterio de la decisión jurisdiccional. B. Al criterio de la relación con las nuevas tecnologías de la información. C. Al criterio de su regulación. D. Al criterio de la oportunidad.

37. El recurso de súplica. A. Se interpone ante el órgano superior jerárquico. B. Se interpone en todo caso ante el Tribunal Supremo. C. Se interpone en todo caso ante el mismo órgano que ha dictado la resolución. D. Se interpone ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, pero solo si se trata de un órgano colegiado.

38. La competencia de la fase de ejecución se atribuye: A. En términos generales, al órgano sentenciador. B. En términos generales, al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma correspondiente. C. En términos generales, al Juzgado de Instrucción. D. Todas las respuestas son incorrectas.

39. La custodia de seguridad. A. Es una medida de seguridad privativa de libertad introducida mediante la reforma del CP de 2015 para imputables peligrosos. B. Es una medida de seguridad privativa de libertad introducida mediante la reforma del CP de 2010 para imputables peligrosos. C. Es una pena privativa de libertad parad delincuentes sexuales y terroristas. D. No existe en España.

40. ¿Qué tipos de autoría regula el Código Penal español?. A. Autoría simple y autoría directa. B. Coautoría anticipada y coautoría simultánea. C. Autoría inmediata y autoría mediata. D. Autoría directa, autoría mediata y coautoría.

1. La prisión provisional en España: A. Es la medida cautelar que se adopta con mayor frecuencia, pues su imposición es obligatoria para los jueces si el delito investigado tiene una pena de prisión en abstracto superior a 5 años. B. Es la medida que menos se utiliza, por ser excepcional y de aplicación residual que se usa solo cuando no hay otros medios para neutralizar el riesgo de fuga u obstrucción y siempre que haya apariencia de buen derecho. C. medida cautelar principal, que puede ser sustituida en determinados casos por otras medidas cautelares no privativas de libertad, siempre que se preste fianza suficiente para garantizar la presencia de imputado en el proceso. D. Es la medida cautelar de aplicación preferente, tal y como indican los principios de imperativa aplicación de fumus boni iuris y periculum in mora.

2. El plan de compliance permitirá la exención de la responsabilidad penal de una persona jurídica si: A. En todo caso si se implanta antes del hecho delictivo. B. Este es eficaz, con independencia de que se implante antes o después del hecho delictivo. C. Este es eficaz y existía antes de la comisión del hecho delictivo por parte de la persona física. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

3. Contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial el primera instancia cabe: A. Recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia. B. Recurso de suplicación ante el Tribunal Supremo. C. Recurso de casación ante el Tribunal Supremo. D. Recurso de suplicación ante el Pleno de la Audiencia Provincial.

4. Las atenuantes muy cualificadas rebajan la pena (repite 162920): A. En dos grados en todo caso. B. En un grado en todo caso. C. En uno o dos grados. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

1.Las sentencias dictadas contra reos ausentes (repite 16920): A. Son recurribles en anulación conforme a los trámites del recurso de apelación, sin especialidad alguna. B. Son recurribles en anulación conforme a los trámites de recurso de apelación, salvo en cuanto al plazo para su interposición, que se cuenta desde que la sentencia fue conocida por el reo ausente. C. Son recurribles en anulación conforme a los trámites de recurso de casación por infracción de ley. D. Son recurribles en revisión.

2. El informe de los abogados. A. Es la última fase del plenario. B. Es la penúltima fase del plenario, pues la última es la palabra del acusado. C. Tiene un tiempo máximo de 15 minutos, que puede ser ampliado a 25 so es solicitado previamente por escrito. D. En caso de que haya varios acusados, el tiempo máximo legal del informe debe ser dividido entre todos los abogados.

3.La premeditación: A. No es una circunstancia agravante. B. Es una circunstancia agravante. C. Es una circunstancia que cualifica el delito de asesinato. D. Ninguna es correcta.

4. La libertad vigilada es: A. Una pena no privativa de libertad de cumplimiento simultáneo y sucesivo a la pena de prisión. B. Una pena no privativa de libertad de cumplimiento sucesivo a la pena de prisión. C. Una pena no privativa de libertad de cumplimiento accesorio a la pena de prisión. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

5.Una sentencia dictada en enjuiciamiento por delito leve: A. Admite recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. B. Admite recurso de reforma ante el órgano que la dictó. C. No admite recurso de ningún tipo, a salvo de los requisitos de protección de los derechos fundamentales. D. Admite recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, pero solo en caso de sentencia condenatoria.

6. El recurso de reforma es un recurso: A. Ordinario y devolutivo. B. Ordinario y no devolutivo. C. Extraordinario y devolutivo. D. Extraordinario y no devolutivo.

7.Isabel O.Q. ha sido condenada por un Juzgado de Instrucción por un delito leve de lesiones a la pena de multa de un mes, con una cuota diaria de 6 euros. Interpuesto recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, el recurso fue desestimado. El letrado de la denunciada se plantea el recurso a interponer frente a la sentencia de la Audiencia Provincial. A. Cabe recurso de casación pero solo por infracción de ley. B. No cabe recurso alguno. C. Cabe recurso de queja. D. Cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia.

8. Contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial en primera instancia cabe: A. Recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia. B. Recurso de suplicación ante el Tribunal Supremo. C. Recurso de casación ante el Tribunal Supremo. D. Recurso de suplicación ante el Pleno de la Audiencia Provincial.

9.La detención tiene un máximo constitucional de: A. 72 horas. B. 48 horas. C. 24 horas. D. El mínimo imprescindible, con un límite de 72 horas.

10.La concurrencia dos atenuantes simples: A. Equivale a una atenuante, pues no es posible la suma. B. Supone en todo caso la rebaja de un grado. C. Supone en todo caso la rebaja de dos grados. D. Equivale a una atenuante muy cualificada.

11.Las Audiencias Provinciales tienen competencia para instruir casos penales: A. Solo en aforados autonómicos, en cualquier tipo de delito. B. Solo en aforados autonómicos, pero con delitos de más de 9 años de prisión. C. Todos los ciudadanos, pero solo en delitos de más de 9 años de prisión. D. En ningún caso.

12.El plan de compliance permitirá la exención de la responsabilidad penal de una persona jurídica si: A. En todo caso si se implanta antes del hecho delictivo. B. Este es eficaz, con independencia de que se implante antes o después del hecho delictivo. C. Este es eficaz y existía antes de la comisión del hecho delictivo por parte de la persona física. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

13.El principio de legalidad ¿es aplicable a la ejecución de las penas?. A. Depende del tipo de delito. B. Siempre. C. No, sólo se aplica a la imposición de las penas. D. Ninguna es correcta.

14.Las entidades sin personalidad jurídica (repite 16920): A. No pueden sufrir sanción penal. B. Son sujetos de las penas del art. 31 bis CP. C. Son sujetos de las consecuencias accesorias del art. 129 CP. D. Las respuestas b y c son correctas, es el juez quien decidirá razonadamente en la sentencia con respecto del principio acusatorio.

15.Las atenuantes muy cualificadas rebajan la pena (repite 162920): A. En dos grados en todo caso. B. En un grado en todo caso. C. En uno o dos grados. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

16. Las costas en el procedimiento penal: A. No pueden exceder en ningún caso de 10.000 € salvo que haya varios coacusados. B. Pueden ser impuestas al acusador particular si concurre mala fe. C. Solo pueden imponerse al condenado a la pena de prisión. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

17.La dilación extraordinaria en la tramitación del procedimiento en relación con la complejidad de la causa (repite 163920). A. Es irrelevante y sólo determinará, en su caso la responsabilidad patrimonial de la Administración. B. Es causa eximente. C. Es causa atenuante. D. Ninguna es correcta.

18.Las personas individuales en el derecho español son responsables penales. A. Desde los 16 años. B. Desde los 18 años. C. Desde los 12 años en los delitos de más de 9 años de prisión, y desde los 14 años en el resto. D. Desde los 14 años.

19.Si el Tribunal sentenciador aprecia la concurrencia de una circunstancia atenuante, la pena a imponer será: A. Inferior en grado. B. En su mitad inferior. C. Se puede recorrer toda la extensión de la pena. D. Depende de las circunstancias del caso y personales del condenado.

20. En la LECrim se regula actualmente: A. La utilización de dispositivos de captación de la imagen, seguimiento y localización. B. El registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información. C. Los registros remotos sobre equipos informáticos. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

21.¿A quién corresponde la competencia para enjuiciar, en primera instancia, un delito cuya pena en abstracto se extiende desde los 4 hasta los 5 años de prisión?. A. Al Juzgado de Instrucción. B. Al juzgado de lo Penal. C. A la Audiencia Provincial. D. A todos los anteriores, dependiendo de las circunstancias del caso.

22. Cuando concurre en un acusado la eximente de intoxicación plena por el consumo de drogas: A. Ha de dictarse sentencia absolutoria en favor de ese acusado y deben aplicársele siempre medidas de seguridad. B. Ha de dictarse sentencia absolutoria en favor de ese acusado y pueden aplicársele medidas de seguridad. C. Ha de dictarse sentencia absolutoria en favor de todos los coautores que conocieran su intoxicación, por tratarse de una circunstancia comunicable. D. Ha de dictarse sentencia absolutoria en favor de ese acusado y apreciarse una atenuante a los coautores que conocieran su intoxicación.

23. La instrucción de las causas penales por responsabilidad penal de menores se encomienda: A. Al Ministerio Fiscal y al Juzgado de Menores. B. Al Ministerio Fiscal y a la Abogacía del Estado. C. Al Ministerio Fiscal y a los Equipos Técnicos. D. Al Ministerio Fiscal quien puede hacer uso del principio de oportunidad.

24. El error invencible: A. Excluye la responsabilidad criminal solo si es error de tipo. B. Excluye la responsabilidad criminal solo si es error de prohibición. C. Excluye la responsabilidad criminal en los dos casos. D. Supone la rebaja de la pena en uno o dos grados.

25. El recurso que puede interponerse ante un órgano colegiado por la resolución dictada por él mismo es: A. El recurso de súplica. B. El recurso de reforma. C. El recurso de suplicación. D. El recurso de reposición.

26.La provocación se diferencia de la proposición: A. Son sustancialmente lo mismo. B. El provocador no tiene intención de cometer el delito pero incita a que otros lo cometan. C. La proposición exige necesariamente la colaboración en el delito, lo que no ocurre en la provocación. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

27.Para la imputación de una persona jurídica, y en relación con el beneficio del hecho delictivo: A. Es necesario que haya un beneficio directo o indirecto para la persona jurídica. B. Es necesario que haya un beneficio directo para la persona jurídica. C. Es necesario que el beneficio sea económicamente evaluable. D. Es necesario que la persona jurídica obtenga mayor beneficio que la persona física condenada.

28. La competencia del Tribunal del Jurado no se extiende al siguiente delito: A. Homicidio. B. Robo. C. Malversación de caudales públicos. D. Cohecho.

29.Indique cuál de las siguientes medidas no es una diligencia de investigación. A. Entrada y registro domiciliario. B. Intervención de las comunicaciones telefónicas. C. Prisión provisional. D. Detención y apertura de la correspondencia.

30.Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: A. El agente encubierto es el funcionario de la policía judicial a quien se le permite actuar bajo una identidad supuesta, otorgada por el Ministerio Fiscal por seis meses, prorrogables por plazos de igual duración. B. El agente encubierto deberá informar al juez de instrucción acerca de las informaciones relacionadas con su misión conforme las vaya obteniendo. Y cuando requiera una intromisión en un derecho fundamental de alguna persona, deberá solicitar la pertinente autorización judicial. C. El agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de esta y no constituyan una provocación al delito. D. Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

31.¿En qué consiste la expansión del derecho penal?. A. Se identifica con la llamada “huida hacia el Derecho penal”. B. Supone que no hay sector de la sociedad que no cuente con un tratamiento penal de las infracciones más graves. C. En penalizar conductas propias de fenómenos como la globalización o la exigencia de responsabilidad a las personas jurídicas. D. Todas las respuestas son correctas.

32.¿Uno de los siguientes delitos sólo puede cometerse de forma dolosa por una persona jurídica?. A. La insolvencia punible. B. La financiación del terrorismo. C. El blanqueo de capitales. D. La falsificación de moneda.

33.Señale la respuesta correcta. En relación con la circunstancia mixta de parentesco del art. 23 del Código Penal: A. En el ámbito de la violencia de género, resulta aplicable en la práctica tanto a las parejas sentimentales como a las que dejan de serlo. B. En los delitos patrimoniales y según el art. 268 del Código Penal, exime de responsabilidad penal pero no del deber de responder civilmente de las cantidades indebidamente apropiadas. C. La A y la B son correctas. D. La A y la B son incorrectas.

34. El “derecho penal del enemigo” no se corresponde con: A. Los delitos de los inmigrantes. B. Incluye el narcotráfico internacional. C. El terrorismo. D. Los delitos cometidos por los menores.

35. La infracción del derecho a la última palabra del acusado en el juicio oral: A. Es insubsanable y determina la nulidad de la sentencia. B. Es insubsanable y determina la nulidad del juicio. C. Puede subsanarse en segunda instancia. D. Puede entenderse subsanado por la intervención de su abogado.

36. ¿Quién conoce del recurso de apelación interpuesto contra los Autos dictados por el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional?. A. El propio Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. B. El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional. C. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. D. La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.

37.¿Cuál de las siguientes medidas no puede imponerse a un menor condenado por la comisión de un delito?. A. Multa. B. Libertad vigilada. C. Amonestación. D. Internamiento en régimen cerrado.

38.Si el tipo no es susceptible de comisión imprudente, en caso de error vencible de tipo: A. Se aplica la pena inferior en dos grados. B. Se aplica la pena inferior en un grado. C. Excluye la responsabilidad penal. D. Todos los tipos son susceptibles de comisión imprudente.

39. La privación de la patria potestad: A. Es pena grave. B. Es pena menos grave. C. Es pena leve. D. No está contemplada como pena.

40. José R.R. es enjuiciado por un delito de robo con fuerza y le consta como antecedente la comisión de un delito leve de hurto. Dicho delito leve, ¿puede computarse como antecedente a efectos de reincidencia?. A. No. B. Si. C. Su aplicación a los efectos de reincidencia es discrecional. D. Ninguna es correcta.

1. La libertad vigilada es. A. Una pena no privativa de libertad de cumplimiento simultáneo y sucesivo a la pena de prisión. B. Una pena no privativa de libertad de cumplimiento sucesivo a la pena de prisión. C. Una pena no privativa de libertad de cumplimiento accesorio a la pena de prisión. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

2. Tratándose de un delito especial propio, prevaricación p. ej., el partícipe en el que no concurren los requisitos para ser sujeto activo: A. Podrá imponerse pena inferior en un grado. B. Podrá imponerse pena inferior en dos grados. C. Responde igual que el autor principal. D. Queda exento de pena.

3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: A. Se introduce en la reforma de la LO. 2/2015, de 30 de marzo. B. Se introduce en la reforma de la LO 1/2015, de 30 de marzo. C. Se introduce en la reforma de la LO 5/2010, de 22 de junio. D. Se introduce en el Código Penal de 1995.

4. La detención tiene un máximo constitucional de. A. 72 horas. B. 48 horas. C. 24 horas. D. El mínimo imprescindible, con un límite de 72 horas.

5. El recurso de apelación contra una sentencia de un juicio rápido. A. Debe presentarse en el plazo de 10 días ante el órgano sentenciador. B. Debe presentarse en el plazo de 5 días ante el órgano sentenciador. C. Debe presentarse en el plazo de 5 días ante el órgano instructor. D. Debe presentarse en el plazo de10 días ante el órgano sentenciador.

6. Ante la Audiencia Provincial de Zaragoza se sustancia un juicio oral por los trámites del sumario ordinario frente a Joaquín F.K. por un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia para el que el Ministerio Fiscal interesa una pena de prisión de 10 años. Existen contundentes pruebas acerca de la participación del acusado y su letrado, en previsión de una posible sentencia condenatoria, se plantea si es posible la conformidad. A. No cabe la conformidad al tratarse de un juicio que se sustancia ante la Audiencia Provincial. B. Cabe la conformidad. C. No cabe la conformidad atendida la pena. D. La praxis judicial permite una pseudo conformidad.

7. La pena de disolución de una persona jurídica. A. Ha sido declarada inconstitucional por ser equivalente a la pena de muerte de personas física. B. No puede imponerse a personas jurídicas con menos de 100 trabajadores. C. Puede imponerse siempre que el delito para personas físicas tenga aparejada una pena de prisión superior a 9 años. D. Puede imponerse en casos de multirreincidencia. (Art. 66 bis CP).

8. Liborio S.T. ha sido condenado como autor responsable de un delito agravado de estafa y se encuentra extinguiendo condena en el Centro Penitenciario Alcalá II. Se encuentra ya en tercer grado penitenciario y ha extinguido la mitad de la condena. Asimismo, ha observado buena conducta. En base a ello su letrado interesa la libertad condicional de su cliente: A. Es factible. B. No es factible porque solo ha extinguido la mitad de la condena. C. No es factible al encontrarse en tercer grado penitenciario. D. Ninguna es correcta.

9. En el procedimiento abreviado, las cuestiones previas. A. Tienen un límite de tres, y han de ser expuestas oralmente al inicio del plenario. B. No tienen límite, y han de ser expuestas oralmente al inicio del plenario. C. No tienen limite, y han de ser presentadas por escrito cinco días antes de la vista para que las partes queden debidamente instruidas y no se genere indefensión. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

10. Tratándose de un delito imprudente y concurriendo una sola circunstancia agravante, ¿cómo debe calcularse la pena?. A. El Juzgado o tribunal debe proceder a su prudente arbitrio. B. Debe aplicarse la pena en su mitad superior. C. Debe aplicarse la pena en su superior en grado. D. La rebaja de pena que cabría por la imprudencia, se anula por la concurrencia de la agravante, por lo que la pena se queda como está.

11. Las sentencias dictadas contra reos ausentes. A. Son recurribles en anulación conforme a los trámites del recurso de apelación, sin especialidad alguna. B. Son recurribles en anulación conforme a los trámites de recurso de apelación, salvo en cuanto al plazo para su interposición, que se cuenta desde que la sentencia fue conocida por el reo ausente. C. Son recurribles en anulación conforme a los trámites de recurso de casación por infracción de ley. D. Son recurribles en revisión.

12. La comunicabilidad de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal se contempla: A. En el art. 45 el código penal. B. En el art. 55 el código penal. C. En el art. 65 de código penal. D. En el art. 75 el código penal.

13. ¿Cabe aplicar la circunstancia agravante de alevosía en un delito de robo con fuerza en casa habitada?. A. No. B. Sí. C. La alevosía no es una circunstancia agravante. D. Ninguna es correcta.

14. Cabe inadmitir el recurso de casación: A. Solo por las causas del art. 884 LECrim. B. Solo por las causas del art. 885 LECrim. C. Por las causas de los arts. 884 y 885 LECrim. D. Por las causas de los arts. 884, 885 y 889 LECrim.

15. El decomiso puede recaer sobre: A. Bienes que provienen del delito objeto de condena. B. Bienes que provienen de otras actividades delictivas distintas del delito objeto de condena. C. Bienes transferidos a terceros que conocen o sospechan su origen ilícito o que conocen o sospechan que con ello dificultan el decomiso. D. Todas las respuestas son correctas.

16. Ismael S.Ñ. se encuentra extinguiendo condena por un delito agravado de estafa en el Centro Penitenciario de Alcalá II. Actualmente se encuentra en segundo grado penitenciario. Asimismo, ha extinguido las tres cuartas partes de su condena. El penado consulta con su letrado acerca de sus posibilidades de acceder a la libertad condicional. A. No cabe la libertad condicional porque se precisa la extinción de las tres quintas partes de la condena. B. No cabe la libertad condicional al encontrarse en segundo grado penitenciario. C. No cabe la libertad condicional en supuestos tales como las estafas agravadas al exceder la pena de 5 años de prisión. D. Ninguna es correcta.

17. El régimen de citación procesal de las personas jurídicas en el proceso penal se introdujo: A. En el Código Penal de 1995. B. En la reforma del Código Penal operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo. C. En la reforma del Código Penal operada por la LO 2/2015, de 30 de marzo. D. Ninguna es correcta.

18. Caso de un delito leve y concurriendo dos agravantes, ¿cómo debe calcularse la pena?. A. El Juzgado o Tribunal debe proceder a su prudente arbitrio. B. Debe aplicarse la pena en su mitad superior. C. Debe aplicarse la pena en superior en grado. D. Debe aplicarse la pena superior en dos grados.

19. El cómplice en el Código Penal: A. Coopera a la ejecución del hecho con actos simultáneos o posteriores. B. Coopera a la ejecución del hecho solo con actos anteriores. C. Coopera a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. D. Coopera a la ejecución del hecho solo con actos posteriores.

20. Una sentencia dictada en enjuiciamiento por delito leve: A. Admite recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. B. Admite recurso de reforma ante el órgano que la dictó. C. No admite recurso de ningún tipo, a salvo de los relativos a la protección de los derechos fundamentales. D. Admite recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, pero solo en caso de sentencia condenatoria.

21. En el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se ha cometido el delito, ¿cabe imponerla en fase de instrucción como medida cautelar?. A. Sí, pero solo en el caso de delitos contra el medio ambiente. B. Sí, pero solo en el caso de delitos contra la Hacienda Pública. C. Sí. D. No.

22. El informe de los abogados. A. Es la última fase del plenario. B. Es la penúltima fase del plenario, pues la última es la palabra del acusado. C. Tiene un tiempo máximo de 15 minutos, que puede ser ampliado a 25 so es solicitado previamente por escrito. D. En caso de que haya varios acusados, el tiempo máximo legal del informe debe ser dividido entre todos los abogados.

23. ¿Pueden incurrir los partidos políticos incurrir en la responsabilidad penal contemplada en el art. 31 bis del Código Penal?. A. Los partidos políticos no pueden incurrir la responsabilidad penal contemplada para las personas jurídicas. B. Sí pero solo en los casos contemplados en el Código Penal. C. Sí en todo caso. D. Ninguna es correcta.

24. La premeditación: A. No es una circunstancia agravante. B. Es una circunstancia agravante. C. Es una circunstancia que cualifica el delito de asesinato. D. Ninguna es correcta.

25. Isabel O.Q. ha sido condenada por un Juzgado de Instrucción por un delito leve de lesiones a la pena de multa de un mes, con una cuota diaria de 6 euros. Interpuesto recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, el recurso fue desestimado. El letrado de la denunciada se plantea el recurso a interponer frente a la sentencia de la Audiencia Provincial. A. Cabe recurso de casación pero solo por infracción de ley. B. No cabe recurso alguno. C. Cabe recurso de queja. D. Cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia.

26. ¿Cabe la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores por una persona jurídica?. A. Sí, pero solo en los casos de determinación o favorecimiento de la emigración ilegal. B. Sí, pero solo en los casos de discriminación en el empleo. C. No. D. Sí, en todo caso.

27. Para dar la libertad condicional a un condenado a pena de prisión mayor de 70 años: A. Se requiere que haya cumplido los 2/3 de la pena. B. Se requiere que haya cumplido los 3/4 de la pena y desarrollado actividades laborales, culturales u ocupacionales continuadas o con aprovechamiento. C. Se requiere que haya cumplido la 1/2 de la pena, que sea su primera condena, que no exceda de 3 años y que no se trate de un delito sexual. D. No se requiere ninguno de los anteriores plazos de cumplimiento.

28. La agravante de disfraz, ¿es comunicable a los partícipes?. A. Solo en los que tuvieran conocimiento previo de ella. B. En cualquier caso y circunstancia. C. Solo en quienes concurra. D. No es comunicable.

29. José R.R. es enjuiciado por un delito de robo con fuerza y le consta como antecedente la comisión de un delito leve de hurto. Dicho delito leve, ¿puede computarse como antecedente a efectos de reincidencia?. A. No. B. Sí. C. Su aplicación a los efectos de reincidencia es discrecional. D. Ninguna es correcta.

30. El letrado Benjamín W.K. defiende a Teresa Q.V. que es acusada de un delito contra la salud pública (tráfico de hachís). Al inicio de la vista planteó como cuestión previa la cosa juzgada, que fue inadmitida por el Magistrado del Juzgado de lo Penal. El letrado se plantea el medio procesal para impugnar dicha decisión: A. Cabe recurso de reforma. B. Cabe recurso de queja. C. Cabe recurso de súplica. D. Ninguna es correcta. (nos decantamos por esta opción porque entendemos que cabe el recurso de apelación por tratarse de una resolución interlocutoria dictada por un juez unipersonal en el marco de un procedimiento abreviado).

31. El responsable a título lucrativo a que se refiere el art. 122 del Código Penal: A. Es un partícipe en el delito. B. Es partícipe en el delito pero queda exento de responsabilidad penal. (tiene una pseudo responsabilidad civil). C. No es partícipe de delito. D. El art. 122 CP no contempla el responsable a título lucrativo.

32. ¿Cabe la comisión de un delito relativo a radiaciones ionizantes por una persona jurídica?. A. Solo si es conexo con un delito de estragos. B. Sí, a excepción de cuando es conexo a un delito de estragos. C. Sí. D. No.

33. Leandro G.K. es acusado por el Ministerio Fiscal y la representación de ACEROS DEL ATLÁNTICO, S.A. por un delito de estafa agravada. Dichas acusaciones interesan una pena de 4 años de prisión, procedimiento que se sustancia ante la Audiencia Provincial de Badajoz. Ante la contundencia de las pruebas, que hacen previsible una sentencia de condena, el letrado de Leandro valora la posibilidad de una conformidad: A. No cabe la conformidad en los procedimientos que se sustancian ante la Audiencia Provincial. B. No cabe la conformidad por tratarse de una pena superior a 3 años. C. Cabe la conformidad. D. Ninguna es correcta.

34. El recurso que puede interponerse ante un órgano colegiado por la resolución dictada por él mismo es: A. El recurso de súplica. B. El recurso de reforma. C. El recurso de suplicación. D. El recurso de reposición.

35. Contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial el primera instancia cabe: A. Recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia. B. Recurso de suplicación ante el Tribunal Supremo. C. Recurso de casación ante el Tribunal Supremo. D. Recurso de suplicación ante el Pleno de la Ausencia Provincial.

36. La prisión permanente revisable: A. Puede imponerse exclusivamente en caso de delitos contra la Corona y crímenes graves contra la Comunidad Internacional. B. Puede imponerse en caso de concurso real, cuando se trata de dos o más delitos con penas superiores a 20 años de prisión respectivamente. C. Puede imponerse en caso de concurso de tres o más delitos y al menos dos de ellos están castigados con pena de 25 años de prisión. D. Puede imponerse en casos previstos en un listado tasado y cerrado que contempla el código penal.

37. El recurso de reforma es un recurso…. A. Ordinario y devolutivo. B. Ordinario y no devolutivo. C. Extraordinario y devolutivo. D. Extraordinario y no devolutivo.

38. La letrada Ana María D.J. y el letrado Dionisio Y.H. se encargan de la defensa de Óscar F.J. y Teodoro S.L., respectivamente, que son acusados de un delito de estafa agravada para los que el Ministerio Fiscal interesa una pena de 4 años de prisión, procedimiento que se sustancia ante la Audiencia Provincial de Valladolid. El letrado de Óscar, y el propio acusado, se muestran conformes con la pena solicitada por el Ministerio Fiscal. El otro acusado no se muestra partidario de la conformidad. A. Cabe la conformidad para Óscar. B. La conformidad se extiende a los dos acusados. C. Atendida la discrepancia, no cabe la conformidad. D. Ninguna es correcta.

39. Caso de concurrir una eximente incompleta del at. 21.1º CP, la pena a imponer es: A. La pena inferior en uno o dos grados. B. La pena inferior en dos grados. C. La pena en su mitad inferior. D. Ninguna es correcta.

40. En caso de financiación ilegal de partidos políticos, ¿cabe su comisión por una persona jurídica?. A. Sí, pero solo en el caso de que sea conexo con un delito contra la Hacienda Pública. B. No existe el delito de financiación ilegal de partidos políticos. C. Sí. D. No.

1. Las sentencias dictadas contra reos ausentes. A. Son recurribles en anulación conforme a los trámites del recurso de apelación, sin especialidad alguna. B. Son recurribles en anulación conforme a los trámites de recurso de apelación, salvo en cuanto al plazo para su interposición, que se cuenta desde que la sentencia fue conocida por el reo ausente. C. Son recurribles en anulación conforme a los trámites de recurso de casación por infracción de ley. D. Son recurribles en revisión.

2. Las entidades sin personalidad jurídica. A. No pueden sufrir sanción penal. B. Están sujetas a las penas del art. 31 bis CP. C. Están sujetas a las consecuencias accesorias del art. 129 CP. D. Las respuestas b y c son correctas, es el juez quien decidirá razonadamente en la sentencia con respecto del principio acusatorio.

3. El informe de los abogados. A. Es la última fase del plenario. B. Es la penúltima fase del plenario, pues la última es la palabra del acusado. C. Tiene un tiempo máximo de 15 minutos, que puede ser ampliado a 25 si es solicitado previamente por escrito. D. En caso de que haya varios acusados, el tiempo máximo legal del informe debe ser dividido entre todos los abogados.

4. La dilación extraordinaria en la tramitación del procedimiento en relación con la complejidad de la causa: A. Es irrelevante y sólo determinará, en su caso la responsabilidad patrimonial de la Administración. B. Es causa eximente. C. Es causa atenuante. D. Ninguna es correcta.

5. En caso de responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa, conforme al párrafo segundo del art. 53.1 del Código Penal: A. Sólo puede cumplirse mediante trabajos en beneficio de la comunidad previa conformidad del penado. B. Puede cumplirse mediante trabajos en beneficio de la comunidad. C. No puede cumplirse mediante trabajos en beneficio de la comunidad. D. Ninguna es correcta.

6. Las atenuantes muy cualificadas rebajan la pena: A. En dos grados en todo caso. B. En un grado en todo caso. C. En uno o dos grados. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

7. La fase de instrucción da comienzo: A. Cuando se dicta el auto de incoación de diligencias previas. B. Cuando se dicta el auto de incoación del sumario. C. Cuando se dicta el auto de incoación de diligencias urgentes. D. Las tres respuestas anteriores son incorrectas.

8. Contenido de la fase de instrucción del proceso penal. A. Investigación, medidas cautelares y resoluciones jurídicas dictadas por el Juez de Instrucción. B. Averiguación del hecho delictivo y del autor. C. La ilustración del proceso. D. Todas son correctas.

9. El derecho a ser defendido por un abogado surge: A. En el momento inmediatamente anterior a la primera declaración judicial. B. En el momento de iniciarse la primera declaración judicial. C. En el momento en que se dicta el auto de incoación de diligencias previas. D. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

10. El recurso que puede interponerse ante un órgano colegiado por la resolución dictada por él mismo es: A. El recurso de súplica. B. El recurso de reforma. C. El recurso de suplicación. D. El recurso de reposición.

11. El decomiso puede recaer sobre. A. Bienes que provienen del delito objeto de condena. B. Bienes que provienen de otras actividades delictivas distintas del delito objeto de condena. C. Bienes transferidos a terceros que conocen o sospechan su origen ilícito o que conocen o sospechan que con ello dificultan el decomiso. D. Todas las respuestas son correctas.

12. La concurrencia dos atenuantes simples: A. Equivale a una atenuante, pues no es posible la suma. B. Supone en todo caso la rebaja de un grado. C. Supone en todo caso la rebaja de dos grados. D. Equivale a una atenuante muy cualificada.

13. La abogacía del Estado, es una parte procesal. Pero: A. Una parte pública. B. Una parte pública y oficial. C. Una parte pública y contingente. D. Ninguna de las respuestas es correcta.

14. La concesión de la libertad condicional corresponde: A. A la junta de tratamiento del centro penitenciario. B. Al tribunal sentenciador. C. Al tribunal que conoce del recurso de apelación. D. Al Juez de Vigilancia Penitenciaria.

15. El fallo de la sentencia. A. Debe cumplirse el mismo día de su dictado. B. Debe cumplirse el mismo día en que se realiza la notificación personal al condenado. C. Debe cumplirse en el plazo de tres días desde su notificación personal tal condenado. D. Ninguna de las respuestas es correcta.

16. Contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial el primera instancia cabe: A. Recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia. B. Recurso de suplicación ante el Tribunal Supremo. C. Recurso de casación ante el Tribunal Supremo. D. Recurso de suplicación ante el Pleno de la Ausencia Provincial.

17. El CP, introduce en el art.31 bis 4 la eximente o atenuante del delito cometido por una persona jurídica si ha implantado un sistema de compliance. Antonio debe preparar su defensa en base a ello por lo que se plantea ¿qué requisitos ha de cumplir dicho sistema, en cuanto a su organización y gestión?. A. Un sistema establecido por un asesor externo. B. Un sistema establecido por un asesor externo o interno de la propia empresa. C. Lo fundamental es que sea más o menos eficaz. D. Ha de contener los requerimientos que establece el propio código penal.

18. ¿Qué significa la “provisionalidad” en las medidas cautelares?. A. Que están sujetos a un plazo máximo que termina con la celebración del juicio. B. Que son revocables en cualquier momento. C. Que sólo subsisten mientras no cambien las circunstancias de su adopción. D. Todas son correctas.

19. Para dar la libertad condicional a un condenado a pena de prisión mayor de 70 años. A. Se requiere que haya cumplido los 2/3 de la pena. B. Se requiere que haya cumplido los 3/4 de la pena y desarrollado actividades laborales, culturales u ocupacionales continuadas o con aprovechamiento. C. Se requiere que haya cumplido la 1/2 de la pena, que sea su primera condena, que no exceda de 3 años y que no se trate de un delito sexual. D. No se requiere ninguno de los anteriores plazos de cumplimiento.

20. El recurso de reforma es un recurso…. A. Ordinario y devolutivo. B. Ordinario y no devolutivo. C. Extraordinario y devolutivo. D. Extraordinario y no devolutivo.

21. En el caso de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la reparación o disminución del daño causado por el delito: A. Es circunstancia atenuante en cualquier caso. B. Es circunstancia eximente. C. Sólo se considerará circunstancia atenuante si tiene lugar con anterioridad al juicio oral. D. Ninguna es correcta.

22. Una sentencia dictada en enjuiciamiento por delito leve: A. Admite recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. B. Admite recurso de reforma ante el órgano que la dictó. C. No admite recurso de ningún tipo, a salvo de los relativos a la protección de los derechos fundamentales. D. Admite recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, pero solo en caso de sentencia condenatoria.

23. El cómputo del plazo de la suspensión de la condena se iniciara: A. Desde el día en que el tribunal sentenciador lo considere oportuno. B. Desde que la sentencia sea firme. (Art. 82.2 CP). C. Desde que el penado haya cumplido la condena. D. Desde el día en que el acuerdo de suspensión se notifica al penado.

24. Un sujeto afectado de una paranoia, ¿qué responsabilidad penal puede tener?. A. Es causa de inimputabilidad y por tanto actúa como eximente. B. Puede ser eximente incompleta, atenuante o incluso no afectar a la responsabilidad penal, dependiendo de su afección exacta, en el sujeto. C. Es una clase de oligofrenia. D. Supone un doble personalidad.

25. El recurso de apelación contra una sentencia de un juicio rápido. A. Debe presentarse en el plazo de 10 días ante el órgano sentenciador. B. Debe presentarse en el plazo de 5 días ante el órgano sentenciador. C. Debe presentarse en el plazo de 5 días ante el órgano instructor. D. Debe presentarse en el plazo de10 días ante el órgano sentenciador.

26. Las penas de prisión superiores a 24 meses pueden suspenderse: A. En ningún caso, pues el máximo son 24 meses. B. En todo caso si no se superan los 36 meses, se ha abonado la responsabilidad civil, y previo informe favorable del ministerio fiscal. C. En todo caso si no se superan los 36 meses, se ha abonado la responsabilidad civil. D. En el caso de que el reo esté aquejado de enfermedad muy grave con padecimientos incurables. (Art. 80.4 CP).

27. Cabe inadmitir el recurso de casación: A. Solo por las causas del art. 884 LECrim. B. Solo por las causas del art. 885 LECrim. C. Por las causas de los arts. 884 y 885 LECrim. D. Por las causas de los arts. 884, 885 y 889 LECrim.

28. En el procedimiento abreviado, las cuestiones previas. A. Tienen un límite de tres, y han de ser expuestas oralmente al inicio del plenario. B. No tienen límite, y han de ser expuestas oralmente al inicio del plenario. C. No tienen limite, y han de ser presentadas por escrito cinco días antes de la vista para que las partes queden debidamente instruidas y no se genere indefensión. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

30. La suspensión ordinaria de la pena de prisión procede en el caso de que la pena impuesta no exceda de: A. Un año de prisión. B. Cinco años de prisión. C. Dos años de prisión. D. Siempre procede, cualquiera que sea la extensión de la pena impuesta.

31. La prisión permanente revisable. A. Puede imponerse exclusivamente en caso de delitos contra la Corona y crímenes graves contra la Comunidad Internacional. B. Puede imponerse en caso de concurso real, cuando se trata de dos o más delitos con penas superiores a 20 años de prisión respectivamente. C. Puede imponerse en caso de concurso de tres o más delitos y al menos dos de ellos están castigados con pena de 25 años de prisión. D. Puede imponerse en casos previstos en un listado tasado y cerrado que contempla el código penal.

32. Las costas en el procedimiento penal. A. No pueden exceder en ningún caso de 10.000 € salvo que haya varios coacusados. B. Pueden ser impuestas al acusador particular si concurre mala fe (art. 240 LECrim). C. Solo pueden imponerse al condenado a la pena de prisión. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

33. El plan de compliance permitirá la exención de la responsabilidad penal de una persona jurídica si: A. En todo caso si se implanta antes del hecho delictivo. B. Este es eficaz, con independencia de que se implante antes o después del hecho delictivo. C. Este es eficaz y existía antes de la comisión del hecho delictivo por parte de la persona física. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

34. La pena de disolución de una persona jurídica. A. Ha sido declarada inconstitucional por ser equivalente a la pena de muerte de personas física. B. No puede imponerse a personas jurídicas con menos de 100 trabajadores. C. Puede imponerse siempre que el delito para personas físicas tenga aparejada una pena de prisión superior a 9 años. D. Puede imponerse en casos de multirreincidencia. (Art. 66 bis CP).

35. Las personas individuales en el derecho penal español son responsables penales. A. Desde los 16 años. B. Desde los 18 años. C. Desde los 12 años en los delitos de más de 9 años de prisión, y desde los 14 años en el resto. D. Desde los 14 años.

36. Si el Tribunal sentenciador aprecia la concurrencia de una circunstancia atenuante, la pena a imponer será: A. Inferior en grado. B. En su mitad inferior. C. Se puede recorrer toda la extensión de la pena. D. Depende de las circunstancias del caso y personales del condenado.

37. La detención tiene un máximo constitucional de. A. 72 horas. B. 48 horas. C. 24 horas. D. El mínimo imprescindible, con un límite de 72 horas.

38. Se habla mucho del juicio justo, pero ¿dónde se regula?. A. Se contempla en la Declaración de derechos de la ONU. B. Está previsto en el art. 47 del Tratado de Lisboa. C. Se contempla en el art. 23 del Tratado de Lisboa. D. Solo se regula en el art. 24.2 de la Constitución Española.

39. Las Audiencia Provinciales tienen competencia para instruir casos penales: A. Solo en aforados autonómicos, en cualquier tipo de delito. B. Solo en aforados autonómicos, pero con delitos de más de 9 años de prisión. C. Todos los ciudadanos, pero solo en delitos de más de 9 años de prisión. D. En ningún caso.

40. El principio de legalidad ¿es aplicable a la ejecución de las penas?. A. Depende del tipo de delito. B. Siempre. C. No, sólo se aplica a la imposición de las penas. D. Ninguna es correcta.

1. José R.R. es enjuiciado por un delito de robo con fuerza y le consta como antecedente la comisión de un delito leve de hurto. Dicho delito leve, ¿puede computarse como antecedente a efectos de reincidencia?. A. No. B. Sí. C. Su aplicación a los efectos de reincidencia es discrecional. D. Ninguna es correcta.

2. ¿Cabe la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores por una persona jurídica?. A. Sí, pero solo en los casos de determinación o favorecimiento de la emigración ilegal. B. Sí, pero solo en los casos de discriminación en el empleo. C. No. D. Sí, en todo caso.

3. La premeditación: A. No es una circunstancia agravante. B. Es una circunstancia agravante. C. Es una circunstancia que cualifica el delito de asesinato. D. Ninguna es correcta.

4. Caso de concurrir una eximente incompleta del at. 21.1º CP, la pena a imponer es: A. La pena inferior en uno o dos grados. B. La pena inferior en dos grados. C. La pena en su mitad inferior. D. Ninguna es correcta.

5. Para dar la libertad condicional a un condenado a pena de prisión mayor de 70 años. A. Se requiere que haya cumplido los 2/3 de la pena. B. Se requiere que haya cumplido los ¾ de la pena y desarrollado actividades laborales, culturales u ocupacionales continuadas o con aprovechamiento. C. Se requiere que haya cumplido la ½ de la pena, que sea su primera condena, que no exceda de 3 años y que no se trate de un delito sexual. D. No se requiere ninguno de los anteriores plazos de cumplimiento.

6. El régimen de citación procesal de las personas jurídicas en el proceso penal se introdujo: A. En el Código Penal de 1995. B. En la reforma del Código Penal operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo. C. En la reforma del Código Penal operada por la LO 2/2015, de 30 de marzo. D. Ninguna es correcta.

7. Una sentencia dictada en enjuiciamiento por delito leve: A. Admite recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. B. Admite recurso de reforma ante el órgano que la dictó. C. No admite recurso de ningún tipo, a salvo de los relativos a la protección de los derechos fundamentales. D. Admite recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, pero solo en caso de sentencia condenatoria.

8. Tratándose de un delito especial propio, prevaricación p. ej., el partícipe en el que no concurren los requisitos para ser sujeto activo: A. Podrá imponerse pena inferior en un grado. B. Podrá imponerse pena inferior en dos grados. C. Responde igual que el autor principal. D. Queda exento de pena.

9. La libertad vigilada es. A. Una pena no privativa de libertad de cumplimiento simultáneo y sucesivo a la pena de prisión. B. Una pena no privativa de libertad de cumplimiento sucesivo a la pena de prisión. C. Una pena no privativa de libertad de cumplimiento accesorio a la pena de prisión. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

10. En caso de financiación ilegal de partidos políticos, ¿cabe su comisión por una persona jurídica?. A. Sí, pero solo en el caso de que sea conexo con un delito contra la Hacienda Pública. B. No existe el delito de financiación ilegal de partidos políticos. C. Sí. D. No.

11. La pena de disolución de una persona jurídica: A. Ha sido declarada inconstitucional por ser equivalente a la pena de muerte de personas física. B. No puede imponerse a personas jurídicas con menos de 100 trabajadores. C. Puede imponerse siempre que el delito para personas físicas tenga aparejada una pena de prisión superior a 9 años. D. Puede imponerse en casos de multirreincidencia. (Art. 66 bis CP).

12. Leandro G.K. es acusado por el Ministerio Fiscal y la representación de ACEROS DEL ATLÁNTICO, S.A. por un delito de estafa agravada. Dichas acusaciones interesan una pena de 4 años de prisión, procedimiento que se sustancia ante la Audiencia Provincial de Badajoz. Ante la contundencia de las pruebas, que hacen previsible una sentencia de condena, el letrado de Leandro valora la posibilidad de una conformidad: A. No cabe la conformidad en los procedimientos que se sustancian ante la Audiencia Provincial. B. No cabe la conformidad por tratarse de una pena superior a 3 años. C. Cabe la conformidad. D. Ninguna es correcta.

13. El cómplice en el Código Penal: A. Coopera a la ejecución del hecho con actos simultáneos o posteriores. B. Coopera a la ejecución del hecho solo con actos anteriores. C. Coopera a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. D. Coopera a la ejecución del hecho solo con actos posteriores.

14. El informe de los abogados. A. Es la última fase del plenario. B. Es la penúltima fase del plenario, pues la última es la palabra del acusado. C. Tiene un tiempo máximo de 15 minutos, que puede ser ampliado a 25 so es solicitado previamente por escrito. D. En caso de que haya varios acusados, el tiempo máximo legal del informe debe ser dividido entre todos los abogados.

15. Las sentencias dictadas contra reos ausentes. A. Son recurribles en anulación conforme a los trámites del recurso de apelación, sin especialidad alguna. B. Son recurribles en anulación conforme a los trámites de recurso de apelación, salvo en cuanto al plazo para su interposición, que se cuenta desde que la sentencia fue conocida por el reo ausente. C. Son recurribles en anulación conforme a los trámites de recurso de casación por infracción de ley. D. Son recurribles en revisión.

16. Caso de un delito leve y concurriendo dos agravantes, ¿cómo debe calcularse la pena?. A. El Juzgado o Tribunal debe proceder a su prudente arbitrio. B. Debe aplicarse la pena en su mitad superior. C. Debe aplicarse la pena en superior en grado. D. Debe aplicarse la pena superior en dos grados.

17. El recurso de reforma es un recurso…. A. Ordinario y devolutivo. B. Ordinario y no devolutivo. C. Extraordinario y devolutivo. D. Extraordinario y no devolutivo.

18. Isabel O.Q. ha sido condenada por un Juzgado de Instrucción por un delito leve de lesiones a la pena de multa de un mes, con una cuota diaria de 6 euros. Interpuesto recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, el recurso fue desestimado. El letrado de la denunciada se plantea el recurso a interponer frente a la sentencia de la Audiencia Provincial. A. Cabe recurso de casación pero solo por infracción de ley. B. No cabe recurso alguno. C. Cabe recurso de queja,. D. Cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia.

19. La comunicabilidad de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal se contempla: A. En el art. 45 el código penal. B. En el art. 55 el código penal. C. En el art. 65 de código penal. D. En el art. 75 el código penal.

20. El recurso que puede interponerse ante un órgano colegiado por la resolución dictada por él mismo es: A. El recurso de súplica. B. El recurso de reforma. C. El recurso de suplicación. D. El recurso de reposición.

22. Contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial el primera instancia cabe: A. Recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia. B. Recurso de suplicación ante el Tribunal Supremo. C. Recurso de casación ante el Tribunal Supremo. D. Recurso de suplicación ante el Pleno de la Ausencia Provincial.

23. ¿Cabe aplicar la circunstancia agravante de alevosía en un delito de robo con fuerza en casa habitada?. A. No. B. Sí. C. La alevosía no es una circunstancia agravante. D. Ninguna es correcta.

24. El recurso de apelación contra una sentencia de un juicio rápido. A. Debe presentarse en el plazo de 10 días ante el órgano sentenciador. B. Debe presentarse en el plazo de 5 días ante el órgano sentenciador. C. Debe presentarse en el plazo de 5 días ante el órgano instructor. D. Debe presentarse en el plazo de 10 días ante el órgano sentenciador.

25. La agravante de disfraz, ¿es comunicable a los partícipes?. A. Solo en los que tuvieran conocimiento previo de ella. B. En cualquier caso y circunstancia. C. Solo en quienes concurra. D. No es comunicable.

26. Ante la Audiencia Provincial de Zaragoza se sustancia un juicio oral por los trámites del sumario ordinario frente a Joaquín F.K. por un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia para el que el Ministerio Fiscal interesa una pena de prisión de 10 años. Existen contundentes pruebas acerca de la participación del acusado y su letrado, en previsión de una posible sentencia condenatoria, se plantea si es posible la conformidad. A. No cabe la conformidad al tratarse de un juicio que se sustancia ante la Audiencia Provincial. B. Cabe la conformidad. C. No cabe la conformidad atendida la pena. D. La praxis judicial permite una pseudo conformidad.

28. El responsable a título lucrativo a que se refiere el art. 122 del Código Penal: A. Es un partícipe en el delito. B. Es partícipe en el delito pero queda exento de responsabilidad penal. (tiene una pseudo responsabilidad civil). C. No es partícipe de delito. D. El art. 122 CP no contempla el responsable a título lucrativo.

29. ¿Pueden incurrir los partidos políticos incurrir en la responsabilidad penal contemplada en el art. 31 bis del Código Penal?. A. Los partidos políticos no pueden incurrir la responsabilidad penal contemplada para las personas jurídicas. B. Sí pero solo en los casos contemplados en el Código Penal. C. Sí en todo caso. D. Ninguna es correcta.

30. La detención tiene un máximo constitucional de. A. 72 horas. B. 48 horas. C. 24 horas. D. El mínimo imprescindible, con un límite de 72 horas.

31. Tratándose de un delito imprudente y concurriendo una sola circunstancia agravante, ¿cómo debe calcularse la pena?. A. El Juzgado o tribunal debe proceder a su prudente arbitrio. B. Debe aplicarse la pena en su mitad superior. C. Debe aplicarse la pena en su superior en grado. D. La rebaja de pena que cabría por la imprudencia, se anula por la concurrencia de la agravante, por lo que la pena se queda como está.

32. La prisión permanente revisable. A. Puede imponerse exclusivamente en caso de delitos contra la Corona y crímenes graves contra la Comunidad Internacional. B. Puede imponerse en caso de concurso real, cuando se trata de dos o más delitos con penas superiores a 20 años de prisión respectivamente. C. Puede imponerse en caso de concurso de tres o más delitos y al menos dos de ellos están castigados con pena de 25 años de prisión. D. Puede imponerse en casos previstos en un listado tasado y cerrado que contempla el código penal.

33. ¿Cabe la comisión de un delito relativo a radiaciones ionizantes por una persona jurídica?. A. Solo si es conexo con un delito de estragos. B. Sí, a excepción de cuando es conexo a un delito de estragos. C. Sí. D. No.

34. En el procedimiento abreviado, las cuestiones previas. A. Tienen un límite de tres, y han de ser expuestas oralmente al inicio del plenario. B. No tienen límite, y han de ser expuestas oralmente al inicio del plenario. C. No tienen limite, y han de ser presentadas por escrito cinco días antes de la vista para que las partes queden debidamente instruidas y no se genere indefensión. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

35. El letrado Benjamín W.K. defiende a Teresa Q.V. que es acusada de un delito contra la salud pública (tráfico de hachís). Al inicio de la vista planteó como cuestión previa la cosa juzgada, que fue inadmitida por el Magistrado del Juzgado de lo Penal. El letrado se plantea el medio procesal para impugnar dicha decisión: A. Cabe recurso de reforma. B. Cabe recurso de queja. C. Cabe recurso de súplica. D. Ninguna es correcta.

36. La letrada Ana María D.J. y el letrado Dionisio Y.H. se encargan de la defensa de Óscar F.J. y Teodoro S.L., respectivamente, que son acusados de un delito de estafa agravada para los que el Ministerio Fiscal interesa una pena de 4 años de prisión, procedimiento que se sustancia ante la Audiencia Provincial de Valladolid. El letrado de Óscar, y el propio acusado, se muestran conformes con la pena solicitada por el Ministerio Fiscal. El otro acusado no se muestra partidario de la conformidad. A. Cabe la conformidad para Óscar. B. La conformidad se extiende a los dos acusados. C. Atendida la discrepancia, no cabe la conformidad. D. Ninguna es correcta.

37. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: A. Se introduce en la reforma de la LO. 2/2015, de 30 de marzo. B. Se introduce en la reforma de la LO 1/2015, de 30 de marzo. C. Se introduce en la reforma de la LO 5/2010, de 22 de junio. D. Se introduce en el Código Penal de 1995.

38. Liborio S.T. ha sido condenado como autor responsable de un delito agravado de estafa y se encuentra extinguiendo condena en el Centro Penitenciario Alcalá II. Se encuentra ya en tercer grado penitenciario y ha extinguido la mitad de la condena. Asimismo, ha observado buena conducta. En base a ello su letrado interesa la libertad condicional de su cliente: A. Es factible. B. No es factible porque solo ha extinguido la mitad de la condena. C. No es factible al encontrarse en tercer grado penitenciario. D. Ninguna es correcta.

39. Ismael S.Ñ. se encuentra extinguiendo condena por un delito agravado de estafa en el Centro Penitenciario de Alcalá II. Actualmente se encuentra en segundo grado penitenciario. Asimismo, ha extinguido las tres cuartas partes de su condena. El penado consulta con su letrado acerca de sus posibilidades de acceder a la libertad condicional. A. No cabe la libertad condicional porque se precisa la extinción de las tres quintas partes de la condena. B. No cabe la libertad condicional al encontrarse en segundo grado penitenciario. C. No cabe la libertad condicional en supuestos tales como las estafas agravadas al exceder la pena de 5 años de prisión. D. Ninguna es correcta.

40. El decomiso puede recaer sobre. A. Bienes que provienen del delito objeto de condena. B. Bienes que provienen de otras actividades delictivas distintas del delito objeto de condena. C. Bienes transferidos a terceros que conocen o sospechan su origen ilícito o que conocen o sospechan que con ello dificultan el decomiso. D. Todas las respuestas son correctas.

1. El derecho a ser defendido por un abogado surge: A. En el momento inmediatamente anterior a la primera declaración judicial. B. En el momento de iniciarse la primera declaración judicial. C. En el momento en que se dicta el auto de incoación de diligencias previas. D. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

2. La fase de instrucción de comienzo. A. Cuando se dicta el auto de incoación de diligencias previas. B. Cuando se dicta el auto de incoación del sumario. C. Cuando se dicta el auto de incoación de diligencias urgentes. D. Las tres respuestas anteriores son incorrectas.

45. Las penas de prisión superiores a 24 meses pueden suspenderse: A. En ningún caso, pues el máximo son 24 meses. B. En todo caso si no se superan los 36 meses, se ha abonado la responsabilidad civil, y previo informe favorable del ministerio fiscal. C. En todo caso si no se superan los 36 meses, se ha abonado la responsabilidad civil. D. En el caso de que el reo esté aquejado de enfermedad muy grave con padecimientos incurables.

4. La pena de disolución de una persona jurídica: A. Ha sido declarada inconstitucional por ser equivalente a la pena de muerte de personas física. B. No puede imponerse a personas jurídicas con menos de 100 trabajadores. C. Puede imponerse siempre que el delito para personas físicas tenga aparejada una pena de prisión superior a 9 años. D. Puede imponerse en casos de multirreincidencia.

46. En el procedimiento abreviado, las cuestiones previas. A. Tienen un límite de tres, y han de ser expuestas oralmente al inicio del plenario. B. No tienen límite, y han de ser expuestas oralmente al inicio del plenario. C. No tienen limite, y han de ser presentadas por escrito cinco días antes de la vista para que las partes queden debidamente instruidas y no se genere indefensión. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

47. El informe de los abogados. A. Es la última fase del plenario. B. Es la penúltima fase del plenario, pues la última es la palabra del acusado. C. Tiene un tiempo máximo de 15 minutos, que puede ser ampliado a 25 so es solicitado previamente por escrito. D. En caso de que haya varios acusados, el tiempo máximo legal del informe debe ser dividido entre todos los abogados.

7. El recurso de apelación contra una sentencia de un juicio rápido. A. Debe presentarse en el plazo de 10 días ante el órgano sentenciador. B. Debe presentarse en el plazo de 5 días ante el órgano sentenciador. C. Debe presentarse en el plazo de 5 días ante el órgano instructor. D. Debe presentarse en el plazo de10 días ante el órgano sentenciador.

8. El recurso que puede interponerse ante un órgano colegiado por la resolución dictada por él mismo es: A. El recurso de súplica. B. El recurso de reforma. C. El recurso de suplicación. D. El recurso de reposición.

48. Una sentencia dictada en enjuiciamiento por delito leve: A. Admite recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. B. Admite recurso de reforma ante el órgano que la dictó. C. No admite recurso de ningún tipo, a salvo de los relativos a la protección de los derechos fundamentales. D. Admite recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, pero solo en caso de sentencia condenatoria.

10. La libertad vigilada es. A. Una pena no privativa de libertad de cumplimiento simultáneo y sucesivo a la pena de prisión. B. Una pena no privativa de libertad de cumplimiento sucesivo a la pena de prisión. C. Una pena no privativa de libertad de cumplimiento accesorio a la pena de prisión. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

11. La prisión permanente revisable. A. Puede imponerse exclusivamente en caso de delitos contra la Corona y crímenes graves contra la Comunidad Internacional. B. Puede imponerse en caso de concurso real, cuando se trata de dos o más delitos con penas superiores a 20 años de prisión respectivamente. C. Puede imponerse en caso de concurso de tres o más delitos y al menos dos de ellos están castigados con pena de 25 años de prisión. D. Puede imponerse en casos previstos en un listado tasado y cerrado que contempla el código penal.

49. Aunque se usa el Vd. ¿cuál es el tratamiento que corresponde dar al Fiscal en la “vista”?. A. El Fiscal no tiene tratamiento de Señoría. B. Es una parte procesal como cualquier letrado. C. Solo le corresponde ser tratado de “Señor”. D. Hay que fijarse en si lleva “puñetas” o no. Si no lleva, Señoría, si las lleva, el mismo tratamiento que corresponda al magistrado.

14. Se habla mucho del juicio justo, pero ¿dónde se regula?. A. Se contempla en la Declaración de derechos de la ONU. B. Está previsto en el art. 47 del Tratado de Lisboa. C. Se contempla en el art. 23 del Tratado de Lisboa. D. Solo se regula en el art. 24.2 de la Constitución Española.

15. El CP, introduce en el art.31 bis 4 la eximente o atenuante del delito cometido por una persona jurídica si ha implantado un sistema de compliance. Antonio debe preparar su defensa en base a ello por lo que se plantea ¿qué requisitos ha de cumplir dicho sistema, en cuanto a su organización y gestión?. A. Un sistema establecido por un asesor externo. B. Un sistema establecido por un asesor externo o interno de la propia empresa. C. Lo fundamental es que sea más o menos eficaz. D. Ha de contener los requerimientos que establece el propio código penal.

16. En la defensa que nos ha correspondido, se exige responsabilidad civil de nuestro cliente que es una persona jurídica. ¿Cómo se determina la responsabilidad civil de las personas jurídicas a las que se exige responsabilidad penal?. A. Responden de modo directo como cualquier persona física condenada. B. De modo subsidiario como hasta ahora. C. Solo responde la persona física a través de la cual actuó la persona jurídica. D. Responden de modo solidario con la persona física autora material del delito.

17. Luis se plantea si el escrito que ha preparado está bien. Para ello recuerda que los escritos forenses: A. Exigen un léxico más culto. B. Son perfectos para informar de datos, detalles y extremos técnicos. C. Deben contener más elementos jurídicos que fácticos. D. No deben contener jurisprudencia.

18. Leopoldo se estrena como abogado penalista y redacta su primer escrito de defensa. ¿Cuál sería un mal escrito de defensa?. A. Es el que resulta demasiado breve o demasiado largo. B. Es el que se limita a negar los hechos. C. Depende de cómo sea el escrito de defensa. D. El que no responde correctamente a lo que plantea la acusación.

19. La investigación preprocesal: A. En ella intervienen las partes del proceso. B. Solo la puede realizar el Fiscal. C. Es competencia del Fiscal o de la Policia. D. La debe autorizar el Juez de Instrucción.

20. Carlos está un poco confuso con el “habeas corpus”. Porque: A. Sólo se aplica si el privado de libertad lo ha sido a causa de una intervención policial. B. Es un instrumento específico de defensa, aplicable a detenciones presuntamente ilegales. C. Es una institución de origen anglosajón, inexistente en derecho español. D. Sólo lo pueden plantear el Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o la familia del afectado.

21. Antonia prepara su primera querella, en nombre de una víctima, y duda si hay que constituir fianza para interponerla. ¿Cuál es la respuesta correcta?. A. Siempre. B. Nunca. C. Si el juez lo estima necesario. D. Debe presentarse por si acaso.

22. La transparencia está de total actualidad. En el proceso, ¿con qué principio cabría relacionarla?. A. La contradicción. B. La publicidad. C. La inmediación. D. La oralidad.

23.Un medio de comunicación califica una determinada sentencia de incongruente. Pero ¿qué es realmente una sentencia incongruente?. A. Cuando omite pronunciarse sobre alguna alegación. B. Cuando resulta ininteligible. C. Si no responde a alguna pretensión. D. Cuando la respuesta no es conforme a derecho.

24.La abogada Sonia se encarga de la defensa de R.P. que es acusado de un delito de estafa. La testifical propuesta por la letrada fue denegada por el Juzgado de lo Penal, que no se pronuncie sobre las razones de la denegación. Recaída sentencia condenatoria y formulado recurso de apelación: A. La letrada no puede proponer prueba en segunda instancia al no haber formulado protesta frente a la denegación. B. Puede proponer prueba en segunda instancia al haber sido denegada la prueba indebidamente. C. Siempre cabe proponer prueba en segunda instancia. D. Sólo puede pedir amparo al Tribunal constitucional.

25. Antonia S.S. es acusada por el Ministerio Fiscal de un delito de apropiación indebida a la pena de 4 años de prisión. El letrado recomienda a su cliente que se conforme con la pena: A. No cabe la conformidad al tratarse de pena superior a 3 años. B. Cabe la conformidad, sin más requisito. C. No cabe la conformidad en los delitos de apropiación indebida. D. Cabe la conformidad si el Fiscal la acepta.

26. El Juzgado de Instrucción acuerda el sobreseimiento provisional. La letrada de la acusación particular se debate sobre el recurso a interponer. A. Cabe recurso de casación. B. Cabe recurso de queja. C. Cabe recurso de reposición. D. Cabe recurso de reforma y de recurso de apelación.

27. Aunque las sentencias del Tribunal Supremo son firmes, ¿sería posible algún medio procesal contra una resolución del Alto Tribunal que declaró no haber lugar al recurso de casación planteado?. A. Sólo cabe amparo y contra su denegación, acudir al TEDH. B. Cabe interponer recurso de súplica. C. No cabe ningún remedio procesal posible. D. Cabe solicitar la nulidad procesal conforme al art. 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

28. Ana L.P. fue condenada por la Audiencia Provincial como autora de un delito de detención ilegal a la pena de seis años de prisión, se encuentra en tercer grado penitenciario y ha extinguido la mitad de su condena, por lo que consulta a su letrado si es factible acceder a la libertad condicional. A. El letrado le dice que no es factible acceder a la libertad condicional atendido a que sólo ha extinguido la mitad de su condena. B. El letrado le dice que es factible acceder a la libertad condicional al concurrir los requisitos de grado penitenciario y de tiempo de cumplimiento. C. El letrado le dice que no es factible la libertad condicional para delitos como el de detención ilegal. D. Depende lo que haya dicho la sentencia.

29. Paula quiere introducir en su escrito pidiendo la suspensión de una pena de prisión, el principio de resocialización. Pero ¿cuál es su utilidad en el proceso penal?. A. Mucha, en particular en materia de ejecución y en el derecho penal de menores. B. Está contenido en el art.25.2 CE pero sólo atañe al legislador. C. Escasa, dado que es una mera aspiración del proceso. D. Su invocación evita el ingreso en prisión del condenado ya resocializado.

1. Conforme al art. 14 del Código Penal, el error vencible de prohibición determina: A. La exclusión de la responsabilidad penal. B. La aplicación de una medida de seguridad. C. El castigo del hecho, en su caso, como imprudente. D. La rebaja de uno o dos grados.

2.Conforme al art. 14 del Código Penal, el error vencible de tipo determina: A. La rebaja de la pena en uno o dos grados. B. La exclusión de responsabilidad penal. C. La aplicación de una medida de seguridad. D. Ninguna es correcta.

3.Conforme al art. 33 del Código Penal, la inhabilitación absoluta es: A. Pena menos grave. B. Pena leve. C. No es una pena. D. Pena grave.

4.La localización permanente es: A. Una medida de seguridad privativa de libertad. B. Una medida de seguridad que consiste en estar siempre localizado mediante dispositivos electrónicos. C. Una pena privativa de libertad que consiste en estar siempre localizado mediante dispositivos electrónicos. D. Una pena privativa de libertad que consiste en que el penado debe permanecer en su domicilio o en el lugar que se determine durante el tiempo de la condena.

5. La excusas absolutorias son: A. Causas de exclusión de la acción. B. Causas de exclusión de la culpabilidad. C. Causas de exclusión de la antijuridicidad. D. Causas de exclusión de la pena.

6.La inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas como pena a imponer a las personas jurídicas puede adoptarse con carácter cautelar por el Juez instructor: A. Sí. B. No. C. Solo si es temporal. D. Solo en delitos contra la Hacienda Pública.

7. La prisión de tres meses a cinco años es: A. Pena grave. B. Pena menos grave. C. Pena leve. D. Ninguna es correcta.

8.Contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales resolviendo un recurso de apelación contra la sentencia dictada por un Juzgado de lo Penal, ¿qué recurso cabe?. A. Recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. B. Recurso de casación por infracción de ley ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. C. Recurso de súplica. D. No cabe recurso.

9.Contra la sentencia dictada por una Audiencia Provincial en un sumario ordinario ¿qué recurso cabe?. A. Recurso de casación ante la Sala segunda del Tribunal Supremo. B. Recurso de apelación ante la Sala penal del Tribunal Superior de Justicia. C. Recurso de queja. D. No cabe recurso.

10. Caso de concurrir una o dos circunstancias agravantes, conforme al art. 66 CP, la pena a imponer es: A. La pena superior en grado. B. La pena en su mitad superior. C. La pena superior en dos grados. D. Ninguna es correcta.

11.Caso de concurrir una eximente incompleta del art. 21.1º CP, la pena a imponer es: A. La pena inferior en uno o dos grados. B. La pena inferior en dos grados. C. La pena en su mitad inferior. D. Ninguna es correcta.

12.Cabe aplicar la circunstancia agravante de alevosía en un delito de robo con fuerza en casa habitada?. A. No. B. Sí. C. La alevosía no es una circunstancia agravante. D. Ninguna es correcta.

13. La comunicabilidad de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal se contempla: A. En el art. 45 el código penal. B. En el art. 55 el código penal. C. En el art. 65 de código penal. D. En el art. 75 el código penal.

14.La agravante de disfraz, ¿es comunicable a los partícipes?. A. Solo en los que tuvieran conocimiento de ella. B. En cualquier caso y circunstancia. C. Solo en quienes concurra. D. No es comunicable.

15.Tratándose de un delito especial propio, prevaricación p. ej., el partícipe en el que no concurren los requisitos para ser sujeto activo: A. Podrá imponerse pena inferior en un grado. B. Podrá imponerse pena inferior en dos grados. C. Responde igual que el autor principal. D. Queda exento de pena.

16. José R.R. es enjuiciado por un delito de robo con fuerza y le consta como antecedente la comisión de un delito leve de hurto. Dicho delito leve, ¿puede computarse como antecedente a efectos de reincidencia?. A. No. B. Sí. C. Su aplicación a los efectos de reincidencia es discrecional. D. Ninguna es correcta.

17. La premeditación: A. No es una circunstancia agravante. B. Es una circunstancia agravante. C. Es una circunstancia que cualifica el delito de asesinato. D. Ninguna es correcta.

18. Caso de un delito leve y concurriendo dos agravantes, ¿cómo debe calcularse la pena?. A. El Juzgado o Tribunal debe proceder a su prudente arbitrio. B. Debe aplicarse la pena en su mitad superior. C. Debe aplicarse la pena en superior en grado. D. Debe aplicarse la pena superior en dos grados.

19. Tratándose de un delito imprudente y concurriendo una sola circunstancia agravante, ¿cómo debe calcularse la pena?. A. El Juzgado o tribunal debe proceder a su prudente arbitrio. B. Debe aplicarse la pena en su mitad superior. C. Debe aplicarse la pena en su superior en grado. D. La rebaja de pena que cabría por la imprudencia, se anula por la concurrencia de la agravante, por lo que la pena se queda como está.

20. El responsable a título lucrativo a que se refiere el art. 122 del Código Penal: A. Es un partícipe en el delito. B. Es partícipe en el delito pero queda exento de responsabilidad penal. C. No es partícipe de delito. D. El art. 122 CP no contempla el responsable a título lucrativo.

21. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: A. Se introduce en la reforma de la LO. 2/2015, de 30 de marzo. B. Se introduce en la reforma de la LO 1/2015, de 30 de marzo. C. Se introduce en la reforma de la LO 5/2015, de 22 de junio. D. Se introduce en el Código Penal de 1995.

22. Cabe la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores por una persona jurídica?. A. Sí, pero solo en los casos de determinación o favorecimiento de la emigración ilegal. B. Sí, pero solo en los casos de discriminación en el empleo. C. No. D. Sí, en todo caso.

23.¿Cabe la comisión de un delito relativo a radiaciones ionizantes por una persona jurídica?. A. Solo si es conexo con un delito de estragos. B. Sí, a excepción de cuando es conexo a un delito de estragos. C. Sí. D. No.

24. En caso de financiación ilegal de partidos políticos, ¿cabe su comisión por una persona jurídica?. A. Sí, pero solo en el caso de que sea conexo con un delito contra la Hacienda Pública. B. No existe el delito de financiación ilegal de partidos políticos. C. Sí. D. No.

25. El cómplice en el Código Penal: A. Coopera a la ejecución del hecho con actos simultáneos o posteriores. B. Coopera a la ejecución del hecho solo con actos anteriores. C. Coopera a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. D. Coopera a la ejecución del hecho solo con actos posteriores.

26. El encubrimiento: A. Es equiparada a la autoría como la inducción. B. Es un supuesto de complicidad. C. Es una forma de participación. D. Ninguna es correcta.

27. En el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se ha cometido el delito, ¿cabe imponerla en fase de instrucción como medida cautelar?. A. Sí, pero solo en el caso de delitos contra el medio ambiente. B. Sí, pero solo en el caso de delitos contra la Hacienda Pública. C. Sí. D. No.

28. El letrado Raimundo L.G. ejerce la acusación particular en defensa de los intereses de “CONSTRUCCIONES Y ADAPTACIONES DEL CANTÁBRICO, S.L.” en la causa que se sigue contra Yolanda R.R. y la mercantil “SDR, S.A.” por un delito de estafa que deriva del impago de los suministros que la primera mercantil efectuó a la segunda. El Juzgado de Instrucción al considerar que no ha quedado debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa acuerda el sobreseimiento provisional. El letrado de la primera mercantil se plantea el recurso a interponer: D. Ninguna es correcta. A. Cabe recurso de casación pero solo por infracción de ley. B. Cabe recurso de queja. C. Solo cabe plantear un incidente de nulidad de actuaciones. D. Ninguna es correcta.

29. En la causa que se sigue por un delito de estafa contra Eulogio S.G. y la mercantil “CÁRNICAS DE CASTILLA, S.A.”, el Juzgado de Instrucción ha adoptado de oficio como medida cautelar, la inhabilitación de la citada mercantil para seguir percibiendo las subvenciones que hasta el momento había venido percibiendo. El letrado de la mercantil interpone recurso de apelación frente a dicha decisión. A. El recurso no puede ser estimado dado que se trata de una medida cautelar que puede ser adoptada por el Juzgado de Instrucción. B. El recurso debe ser estimado pues dicha medida cautelar debe adoptarse a instancia del perjudicado. C. No cabe recurso de apelación frente a dicha resolución. D. El recurso debe ser estimado al no poderse adoptar dicha medida con carácter cautelar en instrucción.

30. Luis S.W. ha sido condenado como responsable en concepto de autor de un delito de asesinato por un tribunal de jurado. Su letrado se plantea el recurso a interponer: A. Cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. B. Cabe recurso de queja. C. Cabe recurso de revisión ante el Tribunal Supremo. D. Ninguna es correcta.

31.Esteban D.E. ha sido condenado por un Juzgado de Instrucción por un delito leve de estafa a la pena de multa de un mes con una cuota diaria de 6 euros. Declarado insolvente se le aplicó la responsabilidad personal subsidiaria de 15 días de privación de libertad. Su letrado interesó del Juzgado el cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria mediante localización permanente. A. Ninguna es correcta. B. La localización permanente no existe como pena. C. No es factible el cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria mediante localización permanente por tratarse de un delito leve. D. Es factible.

32.Las medidas de seguridad privativas de libertad se puede aplicar. A. Solamente a los menores. B. En supuestos de inimputabilidad o semi-imputabilidad. C. A sujetos imputables, inimputables y semi-imputables. D. Ninguna es correcta.

33. En el juicio oral, una vez practicadas las pruebas, el Presidente del Tribunal ágs. irá a las partes para que a la vista de su resultado: A. Informen al Tribunal sobre el resultado que arroja la prueba practica en el plenario. B. Eleven a definitivas las conclusiones que presentaron en los escritos de acusación y defensa, o las modifiquen. C. Puedan aportar documentos a la causa. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

34. El tratamiento jurídico de los semi-imputables (o sujetos con imputabilidad reducida) por causas de enfermedades mentales, intoxicaciones y adicciones o alteraciones de la percepción desde el nacimiento o la infancia, se lleva a cabo. B. Mediante la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. C. Mediante el sistema vicarial: se le aplican medidas de seguridad por la peligrosidad criminal y también penas por la culpabilidad aunque se atenúan considerablemente. D. Mediante la imposición de medidas de seguridad por su peligrosidad criminal. E. Ninguna es correcta.

35. En la fase de juicio oral en el procedimiento abreviado, ¿cabe proponer artículos de previo pronunciamiento?. A. Sí, como cuestiones previas. B. No puesto que sólo caben en el sumario ordinario. C. Sólo caben en el procedimiento ante el Tribunal de Jurado. D. Ninguna es correcta.

36. El fallo de la sentencia. A. Debe cumplirse el mismo día de su dictado. B. Debe cumplirse el mismo día en que se realiza la notificación personal al condenado. C. Debe cumplirse en el plazo de tres días desde su notificación personal tal condenado. D. Ninguna de las respuestas es correcta.

50. Un sujeto afectado de una paranoia, ¿qué responsabilidad penal puede tener?. A. Es causa de inimputabilidad y por tanto actúa como eximente. B. Puede ser eximente incompleta, atenuante o incluso no afectar a la responsabilidad penal, dependiendo de su afección exacta, en el sujeto. C. Es una clase de oligofrenia. D. Supone un doble personalidad.

38. La investigación preprocesal. A. En ella intervienen las partes del proceso. B. Solo la puede realizar el Fiscal. C. Es competencia del Fiscal o de la Policia. D. La debe autorizar el Juez de Instrucción.

51. Un medio de comunicación califica una determinada sentencia de incongruente. Pero ¿qué es realmente una sentencia incongruente?. A. Cuando omite pronunciarse sobre alguna alegación. B. Cuando resulta ininteligible. C. Si no responde a alguna pretensión. D. Cuando la respuesta no es conforme a derecho.

40. Aunque las sentencias del Tribunal Supremo son firmes, ¿sería posible algún medio procesal contra una resolución del Alto Tribunal que declaró no haber lugar al recurso de casación planteado?. A. Sólo cabe amparo y contra su denegación, acudir al TEDH. B. Cabe interponer recurso de súplica. C. No cabe ningún remedio procesal posible. D. Cabe solicitar la nulidad procesal conforme al art. 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

1. ¿Pueden incurrir los partidos políticos en la responsabilidad penal contemplada en el art. 31 bis del Código Penal?. A. Los partidos políticos no pueden incurrir la responsabilidad penal contemplada para las personas jurídicas. B. Sí pero solo en los casos contemplados en el Código Penal. C. Sí en todo caso. D. Ninguna es correcta.

2.El régimen de citación procesal de las personas jurídicas en el proceso penal se introdujo: A. En el Código Penal de 1995. B. En la reforma del Código Penal operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo. C. En la reforma del Código Penal operada por la LO 2/2015, de 30 de marzo. D. Ninguna es correcta. (LO 5/2010, de 22 de junio).

3. Isabel O.Q. ha sido condenada por un Juzgado de Instrucción por un delito leve de lesiones a la pena de multa de un mes, con una cuota diaria de 6 euros. Interpuesto recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, el recurso fue desestimado. El letrado de la denunciada se plantea el recurso a interponer frente a la sentencia de la Audiencia Provincial. A. Cabe recurso de casación, pero solo por infracción de ley. B. No cabe recurso alguno. C. Cabe recurso de queja. D. Cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia.

4. Ismael S.Ñ. se encuentra extinguiendo condena por un delito agravado de estafa en el Centro Penitenciario de Alcalá II. Actualmente se encuentra en segundo grado penitenciario. Asimismo, ha extinguido las tres cuartas partes de su condena. El penado consulta con su letrado acerca de sus posibilidades de acceder a la libertad condicional. A. No cabe la libertad condicional porque se precisa la extinción de las tres quintas partes de la condena. B. No cabe la libertad condicional al encontrarse en segundo grado penitenciario. C. No cabe la libertad condicional en supuestos tales como las estafas agravadas al exceder la pena de 5 años de prisión. D. Ninguna es correcta.

5.Liborio S.T. ha sido condenado como autor responsable de un delito agravado de estafa y se encuentra extinguiendo condena en el Centro Penitenciario Alcalá II. Se encuentra ya en tercer grado penitenciario y ha extinguido la mitad de la condena. Asimismo, ha observado buena conducta. En base a ello su letrado interesa la libertad condicional de su cliente: A. Es factible. B. No es factible porque solo ha extinguido la mitad de la condena. C. No es factible al encontrarse en tercer grado penitenciario. D. Ninguna es correcta.

6.El letrado Benjamín W.K. defiende a Teresa Q.V. que es acusada de un delito contra la salud pública (tráfico de hachís). Al inicio de la vista planteó como cuestión previa la cosa juzgada, que fue inadmitida por el Magistrado del Juzgado de lo Penal. El letrado se plantea el medio procesal para impugnar dicha decisión: A. Cabe recurso de reforma. B. Cabe recurso de queja. C. Cabe recurso de súplica. D. Ninguna es correcta (en los apuntes solo habla de que cuando se admite la excepción de cosa juzgada cabe casación).

7. Ante la Audiencia Provincial de Zaragoza se sustancia un juicio oral por los trámites del sumario ordinario frente a Joaquín F.K. por un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia para el que el Ministerio Fiscal interesa una pena de prisión de 10 años. Existen contundentes pruebas acerca de la participación del acusado y su letrado, en previsión de una posible sentencia condenatoria, se plantea si es posible la conformidad. A. No cabe la conformidad al tratarse de un juicio que se sustancia ante la Audiencia Provincial. B. Cabe la conformidad. C. No cabe la conformidad atendida la pena. (NO CABE LA CONFORMIDAD PORQUE PIDEN 10 AÑOS Y ES HASTA 6 AÑOS). D. Ninguna es correcta.

8. Leandro G.K. es acusado por el Ministerio Fiscal y la representación de ACEROS DEL ATLÁNTICO, S.A. por un delito de estafa agravada. Dichas acusaciones interesan una pena de 4 años de prisión, procedimiento que se sustancia ante la Audiencia Provincial de Badajoz. Ante la contundencia de las pruebas, que hacen previsible una sentencia de condena, el letrado de Leandro valora la posibilidad de una conformidad: A. No cabe la conformidad en los procedimientos que se sustancian ante la Audiencia Provincial. B. No cabe la conformidad por tratarse de una pena superior a 3 años. C. Cabe la conformidad. D. Ninguna es correcta.

9. La letrada Ana María D.J. y el letrado Dionisio Y.H. se encargan de la defensa de Óscar F.J. y Teodoro S.L., respectivamente, que son acusados de un delito de estafa agravada para los que el Ministerio Fiscal interesa una pena de 4 años de prisión, procedimiento que se sustancia ante la Audiencia Provincial de Valladolid. El letrado de Óscar, y el propio acusado, se muestran conformes con la pena solicitada por el Ministerio Fiscal. El otro acusado no se muestra partidario de la conformidad. A. Cabe la conformidad para Óscar. B. La conformidad se extiende a los dos acusados. C. Atendida la discrepancia, no cabe la conformidad. D. Ninguna es correcta.

10. La dilación extraordinaria en la tramitación del procedimiento en relación con la complejidad de la causa: A. Es irrelevante y sólo determinará, en su caso la responsabilidad patrimonial de la Administración. B. Es causa eximente. C. Es causa atenuante. D. Ninguna es correcta.

11. En caso de responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa, conforme al párrafo segundo del art. 53.1 del Código Penal. A. Sólo puede cumplirse mediante trabajos en beneficio de la comunidad previa conformidad del penado. B. Puede cumplirse mediante trabajos en beneficio de la comunidad. C. No puede cumplirse mediante trabajos en beneficio de la comunidad. D. Ninguna es correcta.

12. Las entidades sin personalidad jurídica. A. No pueden sufrir sanción penal. B. Son sujetos de las penas del art. 31 bis CP. C. Son sujetos de las consecuencias accesorias del art. 129 CP. D. Las respuestas b y c son correctas, es el juez quien decidirá razonadamente en la sentencia con respecto del principio acusatorio.

13. El plan de compliance permitirá la exención de la responsabilidad penal de una persona jurídica si: A. En todo caso si se implanta antes del hecho delictivo. B. Este es eficaz, con independencia de que se implante antes o después del hecho delictivo. C. Este es eficaz y existía antes de la comisión del hecho delictivo por parte de la persona física. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

14. La detención tiene un máximo constitucional de: A. 72 horas. B. 48 horas. C. 24 horas. D. El mínimo imprescindible, con un límite de 72 horas.

15. La pena de disolución de una persona jurídica: A. Ha sido declarada inconstitucional por ser equivalente a la pena de muerte de personas física. B. No puede imponerse a personas jurídicas con menos de 100 trabajadores. C. Puede imponerse siempre que el delito para personas físicas tenga aparejada una pena de prisión superior a 9 años. D. Puede imponerse en casos de multirreincidencia (art. 66 bis CP).

16. En el procedimiento abreviado, las cuestiones previas. A. Tienen un límite de tres, y han de ser expuestas oralmente al inicio del plenario. B. No tienen límite, y han de ser expuestas oralmente al inicio del plenario. C. No tienen limite, y han de ser presentadas por escrito cinco días antes de la vista para que las partes queden debidamente instruidas y no se genere indefensión. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

17. El informe de los abogados. A. Es la última fase del plenario. (junto a conclusiones y última palabra). B. Es la penúltima fase del plenario, pues la última es la palabra del acusado. C. Tiene un tiempo máximo de 15 minutos, que puede ser ampliado a 25 so es solicitado previamente por escrito. D. En caso de que haya varios acusados, el tiempo máximo legal del informe debe ser dividido entre todos los abogados.

18. El recurso de apelación contra una sentencia de un juicio rápido. A. Debe presentarse en el plazo de 10 días ante el órgano sentenciador. B. Debe presentarse en el plazo de 5 días ante el órgano sentenciador. C. Debe presentarse en el plazo de 5 días ante el órgano instructor. D. Debe presentarse en el plazo de10 días ante el órgano sentenciador.

19. El recurso que puede interponerse ante un órgano colegiado por la resolución dictada por él mismo es: A. El recurso de súplica. B. El recurso de reforma. C. El recurso de suplicación. D. El recurso de reposición.

20. Contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial en primera instancia cabe: A. Recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia. B. Recurso de suplicación ante el Tribunal Supremo. C. Recurso de casación ante el Tribunal Supremo. D. Recurso de suplicación ante el Pleno de la Ausencia Provincial.

21. Una sentencia dictada en enjuiciamiento por delito leve: A. Admite recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. B. Admite recurso de reforma ante el órgano que la dictó. C. No admite recurso de ningún tipo, a salvo de los relativos a la protección de los derechos fundamentales. D. Admite recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, pero solo en caso de sentencia condenatoria.

22. La libertad vigilada es. A. Una pena no privativa de libertad de cumplimiento simultáneo y sucesivo a la pena de prisión. B. Una pena no privativa de libertad de cumplimiento sucesivo a la pena de prisión. C. Una pena no privativa de libertad de cumplimiento accesorio a la pena de prisión. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

23. La prisión permanente revisable. A. Puede imponerse exclusivamente en caso de delitos contra la Corona y crímenes graves contra la Comunidad Internacional. B. Puede imponerse en caso de concurso real, cuando se trata de dos o más delitos con penas superiores a 20 años de prisión respectivamente. C. Puede imponerse en caso de concurso de tres o más delitos y al menos dos de ellos están castigados con pena de 25 años de prisión. D. Puede imponerse en casos previstos en un listado tasado y cerrado que contempla el código penal.

24. La abogacía del Estado, es una parte procesal. Pero: A. Una parte pública. B. Una parte pública y oficial. C. Una parte pública y contingente. D. Ninguna de las respuestas es correcta.

25. El CP, introduce en el art.31 bis 4 la eximente o atenuante del delito cometido por una persona jurídica si ha implantado un sistema de compliance. Antonio debe preparar su defensa en base a ello por lo que se plantea ¿qué requisitos ha de cumplir dicho sistema, en cuanto a su organización y gestión?. A. Un sistema establecido por un asesor externo. B. Un sistema establecido por un asesor externo o interno de la propia empresa. C. Lo fundamental es que sea más o menos eficaz. D. Ha de contener los requerimientos que establece el propio código penal.

26. Luis se plantea si el escrito que ha preparado está bien. Para ello recuerda que los escritos forenses: A. Exigen un léxico más culto. B. Son perfectos para informar de datos, detalles y extremos técnicos. C. Deben contener más elementos jurídicos que fácticos. D. No deben contener jurisprudencia.

27. La investigación preprocesal: A. En ella intervienen las partes del proceso. B. Solo la puede realizar el Fiscal. C. Es competencia del Fiscal o de la Policía. (no está relacionada con la intervención judicial). D. La debe autorizar el Juez de Instrucción.

28. Carlos está un poco confuso con el “habeas corpus”. Porque: A. Sólo se aplica si el privado de libertad lo ha sido a causa de una intervención policial. B. Es un instrumento específico de defensa, aplicable a detenciones presuntamente ilegales. C. Es una institución de origen anglosajón, inexistente en derecho español. D. Sólo lo pueden plantear el Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o la familia del Afectado.

29. La transparencia está de total actualidad. En el proceso, ¿con qué principio cabría relacionarla?. A. La contradicción. B. La publicidad. C. La inmediación. D. La oralidad.

30. Un medio de comunicación califica una determinada sentencia de incongruente. Pero ¿qué es realmente una sentencia incongruente?. A. Cuando omite pronunciarse sobre alguna alegación. B. Cuando resulta ininteligible. C. Si no responde a alguna pretensión. D. Cuando la respuesta no es conforme a derecho.

31. La abogada Sonia se encarga de la defensa de R.P. que es acusado de un delito de estafa. La testifical propuesta por la letrada fue denegada por el Juzgado de lo Penal, que no se pronuncie sobre las razones de la denegación. Recaída sentencia condenatoria y formulado recurso de apelación: A. La letrada no puede proponer prueba en segunda instancia al no haber formulado protesta frente a la denegación. (aunque la prueba se niega indebidamente siempre hay que poner protesta). B. Puede proponer prueba en segunda instancia al haber sido denegada la prueba indebidamente. C. Siempre cabe proponer prueba en segunda instancia. D. Sólo puede pedir amparo al Tribunal constitucional.

32. Paula quiere introducir en su escrito pidiendo la suspensión de una pena de prisión, el principio de resocialización. Pero ¿cuál es su utilidad en el proceso penal?. A. Mucha, en particular en materia de ejecución y en el derecho penal de menores. B. Está contenido en el art. 25.2 CE pero sólo atañe al legislador. C. Escasa, dado que es una mera aspiración del proceso. D. Su invocación evita el ingreso en prisión del condenado ya resocializado.

33. Conforme al art. 14 del Código Penal, el error vencible de tipo determina: A. La rebaja de la pena en uno o dos grados. B. La exclusión de responsabilidad penal. C. La aplicación de una medida de seguridad. D. Ninguna es correcta.

34. La inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas como pena a imponer a las personas jurídicas puede adoptarse con carácter cautelar por el Juez instructor: A. Sí. B. No. C. Solo si es temporal. D. Solo en delitos contra la Hacienda Pública.

35. Contra la sentencia dictada por una Audiencia Provincial en un sumario ordinario ¿qué recurso cabe?. A. Recurso de casación ante la Sala segunda del Tribunal Supremo. B. Recurso de apelación ante la Sala penal del Tribunal Superior de Justicia. C. Recurso de queja. D. No cabe recurso.

36. Caso de concurrir una eximente incompleta del art. 21.1º CP, la pena a imponer es: A. La pena inferior en uno o dos grados. B. La pena inferior en dos grados. C. La pena en su mitad inferior. D. Ninguna es correcta.

37. La comunicabilidad de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal se contempla: A. En el art. 45 el código penal. B. En el art. 55 el código penal. C. En el art. 65 de código penal. D. En el art. 75 el código penal.

38. La premeditación: A. No es una circunstancia agravante. B. Es una circunstancia agravante. C. Es una circunstancia que cualifica el delito de asesinato. D. Ninguna es correcta.

39. El responsable a título lucrativo a que se refiere el art. 122 del Código Penal. A. Es un partícipe en el delito. B. Es partícipe en el delito pero queda exento de responsabilidad penal. C. No es partícipe de delito. D. El art. 122 CP no contempla el responsable a título lucrativo.

40.El encubrimiento: A. Es equiparada a la autoría como la inducción. B. Es un supuesto de complicidad. C. Es una forma de participación. D. Ninguna es correcta.

41. Conforme al art. 14 del Código Penal, el error vencible de prohibición determina: A. La exclusión de la responsabilidad penal. B. La aplicación de una medida de seguridad. C. El castigo del hecho, en su caso, como imprudente. D. La rebaja de uno o dos grados.

42. Conforme al art. 14 del Código Penal, el error vencible de tipo determina: A. La rebaja de la pena en uno o dos grados. B. La exclusión de responsabilidad penal. C. La aplicación de una medida de seguridad. D. Ninguna es correcta.

43. Conforme al art. 33 del Código Penal, la inhabilitación absoluta es: A. Pena menos grave. B. Pena leve. C. No es una pena. D. Pena grave.

44. La localización permanente es: A. Una medida de seguridad privativa de libertad. B. Una medida de seguridad que consiste en estar siempre localizado mediante dispositivos electrónicos. C. Una pena privativa de libertad que consiste en estar siempre localizado mediante dispositivos electrónicos. D. Una pena privativa de libertad que consiste en que el penado debe permanecer en su domicilio o en el lugar que se determine durante el tiempo de la condena.

45. La excusas absolutorias son: A. Causas de exclusión de la acción. B. Causas de exclusión de la culpabilidad. C. Causas de exclusión de la antijuridicidad. D. Causas de exclusión de la pena.

46. La inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas como pena a imponer a las personas jurídicas puede adoptarse con carácter cautelar por el Juez instructor: A. Sí. B. No. C. Solo si es temporal. D. Solo en delitos contra la Hacienda Pública.

47. La prisión de tres meses a cinco años es: A. Pena grave. B. Pena menos grave. C. Pena leve. D. Ninguna es correcta.

48. Contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales resolviendo un recurso de apelación contra la sentencia dictada por un Juzgado de lo Penal, ¿qué recurso cabe?. A. Recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. B. Recurso de casación por infracción de ley ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. C. Recurso de súplica. D. No cabe recurso.

49. Contra la sentencia dictada por una Audiencia Provincial en un sumario ordinario ¿qué recurso cabe?. A. Recurso de casación ante la Sala segunda del Tribunal Supremo. B. Recurso de apelación ante la Sala penal del Tribunal Superior de Justicia. C. Recurso de queja. D. No cabe recurso.

50. Caso de concurrir una o dos circunstancias agravantes, conforme al art. 66 CP, la pena a imponer es: A. La pena superior en grado. B. La pena en su mitad superior. C. La pena superior en dos grados. D. Ninguna es correcta.

51. Caso de concurrir una eximente incompleta del art. 21.1º CP, la pena a imponer es: A. La pena inferior en uno o dos grados. B. La pena inferior en dos grados. C. La pena en su mitad inferior. D. Ninguna es correcta.

52. Cabe aplicar la circunstancia agravante de alevosía en un delito de robo con fuerza en casa habitada?. A. No. B. Sí. C. La alevosía no es una circunstancia agravante. D. Ninguna es correcta.

53. La comunicabilidad de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal se contempla: A. En el art. 45 el código penal. B. En el art. 55 el código penal. C. En el art. 65 de código penal. D. En el art. 75 el código penal.

54. La agravante de disfraz, ¿es comunicable a los partícipes?. A. Solo en los que tuvieran conocimiento de ella. B. En cualquier caso y circunstancia. C. Solo en quienes concurra. D. No es comunicable.

55. Tratándose de un delito especial propio, prevaricación p. ej., el partícipe en el que no concurren los requisitos para ser sujeto activo: A. Podrá imponerse pena inferior en un grado. B. Podrá imponerse pena inferior en dos grados. C. Responde igual que el autor principal. D. Queda exento de pena.

56. José R.R. es enjuiciado por un delito de robo con fuerza y le consta como antecedente la comisión de un delito leve de hurto. Dicho delito leve, ¿puede computarse como antecedente a efectos de reincidencia?. A. No. B. Sí. C. Su aplicación a los efectos de reincidencia es discrecional. D. Ninguna es correcta.

57. La premeditación: A. No es una circunstancia agravante. B. Es una circunstancia agravante. C. Es una circunstancia que cualifica el delito de asesinato. D. Ninguna es correcta.

58. Caso de un delito leve y concurriendo dos agravantes, ¿cómo debe calcularse la pena?. A. El Juzgado o Tribunal debe proceder a su prudente arbitrio. B. Debe aplicarse la pena en su mitad superior. C. Debe aplicarse la pena en superior en grado. D. Debe aplicarse la pena superior en dos grados.

59. Tratándose de un delito imprudente y concurriendo una sola circunstancia agravante, ¿cómo debe calcularse la pena?. A. El Juzgado o tribunal debe proceder a su prudente arbitrio. B. Debe aplicarse la pena en su mitad superior. C. Debe aplicarse la pena en su superior en grado. D. La rebaja de pena que cabría por la imprudencia, se anula por la concurrencia de la agravante, por lo que la pena se queda como está.

60. El responsable a título lucrativo a que se refiere el art. 122 del Código Penal: A. Es un partícipe en el delito. B. Es partícipe en el delito pero queda exento de responsabilidad penal. C. No es partícipe de delito. D. El art. 122 CP no contempla el responsable a título lucrativo.

61. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: A. Se introduce en la reforma de la LO. 2/2015, de 30 de marzo. B. Se introduce en la reforma de la LO 1/2015, de 30 de marzo. C. Se introduce en la reforma de la LO 5/2010, de 22 de junio. D. Se introduce en el Código Penal de 1995.

62. Cabe la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores por una persona jurídica?. A. Sí, pero solo en los casos de determinación o favorecimiento de la emigración ilegal. B. Sí, pero solo en los casos de discriminación en el empleo. C. No. D. Sí, en todo caso.

63. ¿Cabe la comisión de un delito relativo a radiaciones ionizantes por una persona jurídica?. A. Solo si es conexo con un delito de estragos. B. Sí, a excepción de cuando es conexo a un delito de estragos. C. Sí. D. No.

64. En caso de financiación ilegal de partidos políticos, ¿cabe su comisión por una persona jurídica?. A. Sí, pero solo en el caso de que sea conexo con un delito contra la Hacienda Pública. B. No existe el delito de financiación ilegal de partidos políticos. C. Sí. D. No.

65. El cómplice en el Código Penal: A. Coopera a la ejecución del hecho con actos simultáneos o posteriores. B. Coopera a la ejecución del hecho solo con actos anteriores. C. Coopera a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. D. Coopera a la ejecución del hecho solo con actos posteriores.

66. El encubrimiento: A. Es equiparada a la autoría como la inducción. B. Es un supuesto de complicidad. C. Es una forma de participación. D. Ninguna es correcta.

67. En el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se ha cometido el delito, ¿cabe imponerla en fase de instrucción como medida cautelar?. A. Sí, pero solo en el caso de delitos contra el medio ambiente. B. Sí, pero solo en el caso de delitos contra la Hacienda Pública. C. Sí. D. No.

68. El letrado Raimundo L.G. ejerce la acusación particular en defensa de los intereses de “CONSTRUCCIONES Y ADAPTACIONES DEL CANTÁBRICO, S.L.” en la causa que se sigue contra Yolanda R.R. y la mercantil “SDR, S.A.” por un delito de estafa que deriva del impago de los suministros que la primera mercantil efectuó a la segunda. El Juzgado de Instrucción al considerar que no ha quedado debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa acuerda el sobreseimiento provisional. El letrado de la primera mercantil se plantea el recurso a interponer: A. Cabe recurso de casación pero solo por infracción de ley. B. Cabe recurso de queja. C. Solo cabe plantear un incidente de nulidad de actuaciones. D. Ninguna es correcta.

69. En la causa que se sigue por un delito de estafa contra Eulogio S.G. y la mercantil “CÁRNICAS DE CASTILLA, S.A.”, el Juzgado de Instrucción ha adoptado de oficio como medida cautelar, la inhabilitación de la citada mercantil para seguir percibiendo las subvenciones que hasta el momento había venido percibiendo. El letrado de la mercantil interpone recurso de apelación frente a dicha decisión. A. El recurso no puede ser estimado dado que se trata de una medida cautelar que puede ser adoptada por el Juzgado de Instrucción. B. El recurso debe ser estimado pues dicha medida cautelar debe adoptarse a instancia del perjudicado. C. No cabe recurso de apelación frente a dicha resolución. D. El recurso debe ser estimado al no poderse adoptar dicha medida con carácter cautelar en instrucción.