Pregunta bolsa de trabajo social XII

El Título Preliminar de la Constitución Española contiene: Diez artículos. Nueve artículos. Tres artículos. Cinco artículos.

De acuerdo con el artículo 4 de la Constitución Española, señale la respuesta correcta: La bandera de España está formada por tres franjas verticales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. La bandera de España está formada por tres franjas verticales, roja, amarilla y roja, siendo la roja de doble anchura. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la roja de doble anchura. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.

Según el artículo 14 de la Constitución Española, los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna. ¿Cuál de los siguientes motivos NO aparece expresamente en dicho artículo como causa de discriminación prohibida?. Nacimiento, raza o sexo. Religión. Opinión. Nivel económico.

El artículo 20 de la Constitución Española reconoce y protege los siguientes derechos. Señale la respuesta incorrecta: A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. A la libertad de cátedra. El derecho a sindicarse libremente.

Según el artículo 137 de la Constitución Española, el Estado se organiza territorialmente en: Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas. Municipios, Comarcas, Provincias y Comunidades Autónomas. Municipios y Comunidades Autónomas. Municipios, Mancomunidades y Comunidades Autónomas.

De acuerdo con el artículo 11.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, son elementos del Municipio el territorio, la población y: El Ayuntamiento. La organización. La Provincia. La Comunidad Autónoma.

De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Gobierno y la administración municipal: Salvo en aquellos municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto, corresponde al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales. Corresponde en todo caso al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales. Corresponde en todo caso al ayuntamiento, integrado por el Alcalde, los Concejales y los Vecinos. Salvo en aquellos municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto, corresponde al ayuntamiento, integrado por el Alcalde, los Concejales y los Vecinos.

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, quien viva en varios municipios deberá inscribirse: Únicamente en el que habite durante más tiempo al año. En el Padrón de cada uno de los municipios en los que resida. En el Padrón del municipio en el que además ejerza su labor profesional. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

De acuerdo con el artículo 164.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el que se integrarán. Señale la respuesta incorrecta: El presupuesto de la propia entidad. Los de los organismos autónomos dependientes de esta. Los de las entidades públicas empresariales. Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local.

De acuerdo con el artículo 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el presupuesto de la Entidad Local será formado por su Presidente y a él habrá de unirse la siguiente documentación. Señale la respuesta incorrecta: Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente. Liquidación del presupuesto del ejercicio corriente. Anexo de personal de la Entidad Local. Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.

¿Quiénes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. Los menores de edad, siempre con la asistencia de quien ejerza la patria potestad. Todas las anteriores son correctas.

En cuanto a la liquidación del presupuesto (artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales): Las entidades locales deben confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del 1 de marzo del ejercicio siguiente. Las entidades locales deben confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del 31 de diciembre. La aprobación de la liquidación corresponde al Pleno. La aprobación de la liquidación corresponde al presidente, previo informe de la Tesorería.

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se consideran interesados en el procedimiento administrativo. Señale la incorrecta: Quienes lo conozcan por causas ajenas y presenten una queja. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

Según dispone el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán contener, al menos, la siguiente información, entre otros: Fecha de inscripción. Fecha de emisión. Fecha límite de inscripción. Fecha límite de emisión.

Según dispone el artículo 7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado y, en su defecto: Siempre con el que se ha señalado. Con el que figure en primer término. Con el que figure en último término. Con el de mayor edad.

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas solo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para. Señale la incorrecta: Formular solicitudes. Presentar declaraciones de la renta. Interponer recursos. Desistir de acciones.

Los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas son: Todos los ciudadanos sin excepción. Personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales con colegiación obligatoria y empleados públicos, entre otros. Solo las grandes empresas con más de 50 trabajadores. Solo las Administraciones Públicas entre sí.

Según el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será: El castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. El castellano en todo caso. El castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración Local podrán utilizar también la lengua que sea cooficial. Ninguna es correcta.

Tal y como establece el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de: Cinco meses. Seis meses. Un año. Tres meses.

De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados: Cabrá recurso de alzada. Cabrá recurso potestativo de reposición. Cabrá recurso de inconstitucionalidad. No cabrá recurso alguno.

Según el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuándo puede acordarse la acumulación de procedimientos?. Siempre que los interesados lo soliciten. Cuando los procedimientos tengan el mismo plazo de resolución. Cuando guarden identidad sustancial o íntima conexión. Solo en procedimientos iniciados el mismo día.

El plazo del trámite de audiencia establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas es: No menos de 7 días ni más de 15 días hábiles. No menos de 10 días ni más de 15 días hábiles. No menos de 5 días ni más de 10 días hábiles. No menos de 15 días ni más de 30 días hábiles.

Según el artículo 23 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, Les Corts estarán constituidas por un número de Diputados y Diputadas no inferior a: 99. 109. 89. 9.

Según el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: El President de la Generalitat será elegido por el Consell de entre sus miembros y nombrado por el Rey. El President de la Generalitat será elegido por Les Corts de entre sus miembros y nombrado por el Rey. El President de la Generalitat será elegido por los ciudadanos valencianos y nombrado por el Rey. El President de la Generalitat será elegido por el Consell y nombrado por Les Corts.

Según dispone el artículo 30 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: El Consell responde políticamente de forma solidaria ante Les Corts. Les Corts responden políticamente de forma solidaria ante el Rey. El Consell responde políticamente de forma subsidiaria ante Les Corts. No hay relación alguna entre el Consell y Les Corts.

Según dispone el artículo 32 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: El Consell podrá interponer el recurso de amparo. Les Corts podrán interponer el recurso de inconstitucionalidad. Les Corts podrán interponer el recurso de amparo. El Consell podrá interponer el recurso de inconstitucionalidad.

Según dispone el artículo 63 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: Las administraciones públicas locales de la Comunitat Valenciana se rigen en sus relaciones por los principios de subordinación, cooperación y colaboración. Las administraciones públicas locales e institucionales de la Comunitat Valenciana se rigen en sus relaciones por los principios de coordinación, cooperación y colaboración. Las administraciones públicas locales y autonómicas de la Comunitat Valenciana se rigen en sus relaciones por los principios de coordinación, cooperación y colaboración. Las administraciones públicas locales de la Comunitat Valenciana se rigen en sus relaciones por los principios de coordinación, cooperación y colaboración.

Según dispone el artículo 64 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: Los Municipios estarán regidos por el Alcalde, elegido por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, como establezca la Ley. Los Municipios estarán regidos por el Alcalde, elegido mediante elecciones, como establezca la Ley. Los Municipios estarán regidos por Ayuntamientos de carácter representativo, elegidos por sufragio secreto, como establezca la Ley. Los Municipios estarán regidos por Ayuntamientos de carácter representativo, elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, como establezca la Ley.

Según establece el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con los derechos de los interesados en los procedimientos administrativos, señale la respuesta incorrecta: A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. A cumplir las obligaciones de pago a través de cheque bancario. A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por estas.

Las cuestiones incidentales (artículo 74 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo: La recusación. La revocación. La subsanación. La demora.

¿Cuál de los siguientes constituye un derecho individual de los empleados públicos de conformidad con el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público?. Elegir libremente el puesto de trabajo. Recibir formación continua y actualización permanente de conocimientos. Negociar individualmente el salario. Ser inamovible en cualquier puesto.

Según el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las retribuciones complementarias de los funcionarios están destinadas a retribuir: Los trienios. El grupo de clasificación profesional. La especial dificultad técnica. Únicamente las pagas extraordinarias.

Según el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el expediente de un contrato menor deberá justificarse expresamente: La existencia de crédito adecuado y suficiente, el informe jurídico y la fiscalización previa en todo caso. La necesidad del contrato, que no se está alterando su objeto para evitar la aplicación de los umbrales previstos para el contrato menor y, en el contrato menor de obras, además, el presupuesto de las obras y, cuando proceda, el correspondiente proyecto e informe de supervisión. La constitución de garantía definitiva por el adjudicatario. La publicación previa del anuncio de licitación en el perfil del contratante.

Según el artículo 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse, al menos: Mensualmente, incluyendo al menos su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el IVA, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario. Trimestralmente, incluyendo al menos su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el IVA, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario. Semestralmente, incluyendo al menos su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el IVA, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario. Anualmente, mediante la publicación de una memoria de contratación.

Según los artículos 14 y 15 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es un derecho individual de los empleados públicos?. El derecho a la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente fuera del horario laboral. A la progresión en la carrera profesional y promoción vertical según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas subjetivos y transparentes de evaluación. El derecho a la carrera profesional y a la promoción interna forma parte de los derechos individuales, en los términos establecidos en el artículo 14 del TREBEP. El derecho a la inamovilidad solo se reconoce al personal laboral fijo, no a los funcionarios de carrera.

Según el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge los principios de conducta de los empleados públicos, se establece que deberán: Aceptar cualquier orden, aunque sea manifiestamente ilegal. Actuar con diligencia en las tareas que tengan asignadas y resolver los procedimientos dentro de plazo. Priorizar los intereses particulares frente al interés general. Guardar secreto únicamente durante la vigencia de la relación de servicio.

Según el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, constituye falta disciplinaria muy grave: Un retraso injustificado de diez minutos. El abandono del servicio cuando cause un perjuicio muy grave a la Administración o a los ciudadanos. El olvido puntual de fichar. No asistir a una actividad formativa voluntaria.

Según el artículo 2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la finalidad de dicha ley es: Regular la actuación de la Inspección de Trabajo. Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Regular los accidentes laborales. Establecer el régimen sancionador de los empleados públicos.

Según el artículo 5.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679, los datos personales deberán conservarse: De forma indefinida. Durante el tiempo necesario para los fines del tratamiento y no más tiempo del necesario, salvo excepciones legales. Durante un mínimo de dos años. Durante un mínimo de cuatro años.

Según el artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, respecto al derecho de acceso, cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado: La solicitud será considerada excesiva, asumiendo la Administración el exceso de coste que comporte a fin de garantizar el derecho de acceso solicitado. En este caso, solo será exigible al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin dilaciones indebidas. El interesado no podrá elegir el medio de acceso a la información. El interesado no podrá elegir el medio de acceso a la información.

Según el artículo 67 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la jubilación forzosa de los funcionarios se declarará: Al cumplir los sesenta y seis años de edad, en todo caso. Al alcanzar la edad que prevean las normas reguladoras de dicho régimen para el acceso a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva sin coeficiente reductor por razón de la edad. A los 70 años. Cuando lo solicite el funcionario.

De conformidad con lo establecido en los artículos 65 y 68 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, relativo a la extinción de la relación de servicios, señale qué respuesta es correcta: Si la extinción de la relación es consecuencia de pérdida de la nacionalidad española, el interesado, una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá solicitar la rehabilitación de su condición de funcionario, que podrá ser expresamente denegada por la Administración de manera motivada. La pérdida de la nacionalidad española que haya sido tenida en cuenta para el nombramiento determinará la pérdida de la condición de funcionario, que no podrá revertirse en ningún caso. En caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de pérdida de la nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente para el servicio, el interesado, una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá solicitar la rehabilitación de su condición de funcionario, que le será concedida. Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas deben conceder la rehabilitación, a petición del interesado, de quien hubiera perdido la condición de funcionario por haber sido condenado a la pena principal de inhabilitación.

Según el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, estarán integradas por: Los trienios, que consisten en una cantidad que será igual para cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que este no tenga Subgrupo, por cada tres años de servicio. La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el puesto de trabajo. El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos. Complemento de destino y complemento específico.

Quienes ejerciten el derecho de huelga de conformidad con el artículo 30 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: Devengarán retribuciones en proporción a las horas resultantes. No devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esa situación. No devengarán retribuciones ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esa situación. Teniendo dicha deducción de haberes carácter de sanción devengarán retribuciones en proporción a las horas resultantes siempre que se garantice el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Señale qué afirmación es correcta respecto al teletrabajo regulado en el artículo 47 bis del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: Se considera teletrabajo aquella modalidad de prestación de servicios fuera de la jornada en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse. No puede estar sujeto a que las necesidades del servicio lo permitan. La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente autorizada y será compatible con la modalidad presencial. El teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la identificación de los objetivos colectivos y el servicio a la ciudadanía.

El permiso por nacimiento para la madre biológica en el supuesto de monoparentalidad tendrá una duración de: Diecinueve semanas. Treinta y dos semanas. Veinte semanas. Dieciséis semanas.

Los funcionarios públicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, tendrán los siguientes permisos: Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante el tiempo indispensable para su celebración. Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días de su celebración. Para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal durante el día de su celebración. Para el cumplimiento de deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral un día.

De las siguientes afirmaciones, ¿Cuál es un principio ético regulado en el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público?. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. Mantendrán actualizada su formación y cualificación. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.

De conformidad con el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que regula la responsabilidad disciplinaria, señale la respuesta correcta: Los funcionarios públicos o el personal laboral que indujeren a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria incurrirán en la misma responsabilidad que estos. El régimen disciplinario del personal laboral se regirá por la legislación laboral. Incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o personal laboral que encubrieren las faltas consumadas leves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos. Todas son correctas.

La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios: Principio de inculpabilidad. Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables al presunto infractor. Principio de retroactividad. Principio de proporcionalidad, aplicable únicamente a la clasificación de las infracciones y sanciones.

Las faltas disciplinarias: Pueden ser graves, muy graves y moderadas. Es falta grave el incumplimiento de un plazo administrativo derivado de acumulación de expedientes. Es falta muy grave el notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas. Es falta grave la desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.

Según el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿Cuál de las siguientes sanciones no puede imponerse a un funcionario de carrera por la comisión de una falta disciplinaria?. Separación del servicio. Demérito. Despido disciplinario. Suspensión firme de funciones.

Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el procedimiento disciplinario deberá respetar, entre otros, el principio de: Inmediatez de la sanción, pudiendo prescindirse de la audiencia del interesado si los hechos están acreditados. Responsabilidad objetiva del empleado público cuando el daño sea manifiesto. Presunción de inocencia del empleado público mientras no se demuestre lo contrario. Discrecionalidad absoluta de la Administración en la imposición de sanciones.

Según el artículo 98 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el procedimiento disciplinario de los funcionarios públicos, la separación del servicio por faltas muy graves requerirá: Resolución del órgano competente, previa tramitación de procedimiento sumario sin necesidad de audiencia al interesado. Resolución del órgano competente, previa instrucción de expediente disciplinario con audiencia al interesado. Resolución del superior jerárquico inmediato sin necesidad de expediente disciplinario. Informe previo y vinculante de la Inspección de Servicios en todo caso.

Según el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los órganos de selección actuarán: En representación de la Administración convocante. En representación de los aspirantes. Por delegación sindical. A título individual.

Según el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con los sistemas selectivos para el acceso al empleo público, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. El concurso consiste necesariamente en la realización de pruebas teóricas eliminatorias y la valoración posterior de méritos sin carácter eliminatorio. La oposición consiste exclusivamente en la realización de pruebas de conocimientos o aptitudes, sin valoración de méritos. El concurso puede utilizarse como sistema ordinario de acceso a plazas de funcionario de carrera. Los sistemas selectivos deben incluir siempre una fase de valoración de méritos previa a las pruebas.

Según el artículo 62 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la adquisición de la condición de funcionario de carrera se produce: Con la superación del proceso selectivo y la toma de posesión en el plazo de un mes. Con la publicación de la lista definitiva de aprobados en el boletín oficial correspondiente. Con el nombramiento por el órgano competente y la toma de posesión dentro del plazo establecido. Con la superación del proceso selectivo, sin necesidad de nombramiento formal.

Según el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se entiende por «prevención» la siguiente actividad: La reparación de los daños en el trabajo. El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa para evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. La imposición de sanciones por incumplimientos en materia de seguridad. La vigilancia médica obligatoria de los trabajadores.

Según el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se entiende por «condición de trabajo»: Exclusivamente las características físicas del lugar donde se desarrolla la actividad laboral. Cualquier característica del trabajo que pueda influir en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. Únicamente los equipos de trabajo utilizados durante la jornada laboral. Las medidas adoptadas por la empresa tras producirse un accidente laboral.

Según la norma UNE-EN ISO 9001:2015, el enfoque basado en procesos implica principalmente: La gestión de actividades como procesos aislados sin interacción entre ellos. La identificación y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema, con el fin de aumentar la eficacia y eficiencia de la organización. La sustitución de todos los procedimientos escritos por controles de calidad finales. La eliminación de la mejora continua para reducir costes operativos.

Según el artículo 4 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (RGPD), se entiende por «tratamiento» de datos personales: Únicamente la recogida y almacenamiento de datos personales en ficheros automatizados. Cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no. Exclusivamente la cesión de datos personales a terceros países. Solo la modificación de datos personales previamente registrados.

Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en relación con los principios de protección de datos del Título II y los derechos de las personas del Título III, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. Los datos personales podrán tratarse libremente sin necesidad de informar al interesado si se destinan a finalidades administrativas internas. El principio de limitación del plazo de conservación permite conservar los datos indefinidamente si son de interés público. El derecho de acceso permite al interesado obtener confirmación de si se están tratando o no sus datos personales y, en su caso, acceder a ellos. El derecho de supresión obliga a eliminar todos los datos personales incluso cuando exista obligación legal de conservación.

Según el artículo 8 del Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, respecto del consentimiento de los menores en relación con servicios de la sociedad de la información, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. El consentimiento será válido cuando el menor tenga al menos 14 años, pudiendo prestarse directamente por él, sin necesidad de intervención de sus padres o tutores. El consentimiento será válido cuando el menor tenga al menos 16 años, sin necesidad de autorización adicional en ningún caso. El consentimiento deberá prestarlo siempre el menor, con independencia de su edad, si el tratamiento se realiza por una Administración Pública. El consentimiento solo será válido si lo prestan conjuntamente el menor y sus representantes legales, sin excepción por edad.

La emisión de informes a la que alude el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberá realizarse en un plazo de: Veinte días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. Diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. Un mes, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. Cinco días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.

Respecto a la información pública regulada en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: El órgano al que corresponda la instrucción del procedimiento, cuando la naturaleza de este lo requiera, podrá acordar un periodo de información pública. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de este lo requiera, podrá acordar un periodo de información pública. El órgano al que corresponda la ordenación del procedimiento, cuando la naturaleza de este lo requiera, podrá acordar un periodo de información pública. El órgano al que corresponda la tramitación del procedimiento, cuando la naturaleza de este lo requiera, podrá acordar un periodo de información pública.