Pregunta bolsa de trabajo social XIII

Según la Constitución Española de 1978, en su artículo 1, ¿Qué valores se propugnan como valores superiores de su ordenamiento jurídico?. La libertad, la imparcialidad, la equidad y el pluralismo social. La autonomía, la justicia, la equidad y el pluralismo social. La autonomía, la imparcialidad, la igualdad y el pluralismo político. La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

¿Cuántos capítulos tiene el Título I de la Constitución Española de 1978?. 4. 5. 6. Ninguna de las anteriores es correcta.

Según el artículo 140 de la Constitución Española de 1978, los concejales serán elegidos por: El Alcalde del municipio en la forma establecida por la ley. Los vecinos o por el Alcalde del municipio en la forma establecida por la ley. Los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Según el artículo 10 de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, la potestad legislativa dentro de la Comunidad Valenciana corresponde a: Las Cortes Valencianas. Los Municipios. Las Diputaciones. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Señala la respuesta correcta en referencia a la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: El Presidente de la Generalitat será elegido por las Cortes Valencianas de entre sus miembros y nombrado por el Rey. Para ser elegido Presidente de la Generalitat se requiere la mayoría absoluta de las Cortes Valencianas en primera votación. El Presidente de la Generalitat Valenciana también lo es, a su vez, el presidente del Consell. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Según el artículo 11 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el municipio: Es la entidad local básica de la organización territorial del Estado. No goza de personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Son elementos del municipio el territorio, la población y la organización. Las respuestas a) y c) son correctas.

Señala la respuesta incorrecta según el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del municipio. La condición de vecino no se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el Padrón. Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del municipio.

Según el artículo 17 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿a quién corresponde la formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal?. Al Ayuntamiento. Al Instituto Nacional de Estadística. Al Instituto Nacional de Empadronamiento. A las Diputaciones.

¿Cómo se llama el Título VI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local?. Disposiciones comunes a las Entidades locales. Personal al servicio de las Entidades locales. Información y participación ciudadanas. Bienes, actividades y servicios, y contratación.

En base al artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de: Únicamente a través de ordenanzas. Únicamente a través de bandos. A través de ordenanzas y bandos. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

¿De qué artículo hasta qué artículo comprende el Título I de la Constitución Española de 1978, «De los derechos y deberes fundamentales»?. Del 9 al 55. Del 10 al 45. Del 10 al 55. Del 9 al 45.

Según la Constitución Española de 1978, se reconoce el derecho de reunión: En todo caso. Pacífica y sin armas. Podrá suspenderse cuando se declare el estado de alarma. Todas las anteriores respuestas son incorrectas.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 167 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), los estados de gastos de los presupuestos generales de las entidades locales aplicarán las clasificaciones por programas y económica de acuerdo con los siguientes criterios: La clasificación económica constará de tres niveles, el primero relativo al capítulo, el segundo al artículo y el tercero al concepto, pudiendo ampliarse en uno o dos niveles, relativos al subconcepto y la partida respectivamente. La clasificación económica presentará sin separar los gastos corrientes y los gastos de capital. La clasificación por programas constará de cuatro niveles: área de gasto, política de gasto, área de ingresos, política de ingresos. Ninguna de las anteriores es correcta.

Según el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al presupuesto de la entidad local se unirá la siguiente documentación: El informe de auditoría interna. Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente. Plan estratégico. Todas son correctas.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ¿Quién forma inicialmente el presupuesto de la entidad local?. El Pleno. La Junta de Gobierno en entidades de gran población. El Presidente. La Concejalía de Hacienda.

En relación con el cierre y liquidación del presupuesto, constituye el remanente de tesorería, a tenor de lo dispuesto en el artículo 191.2 del TRLRHL, lo siguiente: Los fondos líquidos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago minorados por los derechos de cobro y los excesos de financiación afectada a fecha 31 de diciembre. Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre. Las obligaciones liquidadas no satisfechas y derechos pendientes de cobro a fecha 31 de diciembre. La suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro.

Según lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el presupuesto debe ser definitivamente aprobado: Antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio que debe aplicarse. Antes del 31 de enero del ejercicio que deba aplicarse. Antes del 15 de octubre del año anterior al del ejercicio que deba aplicarse. Antes del 15 de septiembre de cada año.

En relación con las fases del procedimiento de gestión de gastos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 184 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, señale la respuesta incorrecta: Disposición o compromiso de gasto. Ordenación de pago. Ejecución del presupuesto. Autorización de gasto.

Los perceptores de subvenciones concedidas con cargo a los presupuestos de las entidades locales y de los organismos autónomos vendrán obligados a acreditar, antes de su percepción, según lo establecido en el artículo 189 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: Que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales con la entidad, así como, posteriormente, justificar la aplicación de los fondos recibidos. Que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales con la entidad, la Comunidad Autónoma y el Estado, así como, posteriormente, justificar la aplicación de los fondos recibidos. Justificación, en su caso, de no haber podido ejecutar la subvención concedida. Las respuestas b) y c) son correctas.

Se consideran contratos menores, a tenor de lo dispuesto en el artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal. Los contratos cuyo presupuesto base de licitación sea igual o inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal. Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal. Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 118.2 y 118.3 de la LCSP, en la tramitación del expediente de contratos menores, se requerirá: Emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto, así como la aprobación del gasto. Emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto, la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente. Emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que se puede alterar su objeto. Emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que se puede alterar su objeto y proyecto de obra en todo caso.

En los contratos menores de obras, además del informe justificativo, el expediente deberá incluir, a tenor de lo dispuesto en el artículo 118.4 de la LCSP: Un proyecto de obras completo. Un presupuesto de las obras. Un estudio de viabilidad. Un plan de seguridad y salud aprobado.

¿Pueden prorrogarse los contratos menores?. Sí, por un año más. Sí, si se justifica su necesidad y solo por un año. Solo en contratos de obras. No, en ningún caso.

Según lo previsto en el artículo 63.4 de la LCSP, en el perfil del contratante deberá publicarse, al menos: La información relativa a los contratos menores, de manera trimestral, y la información a publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación incluido el impuesto sobre el valor añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario. La información relativa a los contratos menores, de manera trimestral, y la información a publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación excluido el impuesto sobre el valor añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario. La publicación de los contratos menores se realizará exclusivamente en la Plataforma de Contratación del Estado. Ninguna de las anteriores es correcta.

El derecho de rectificación en la LOPDGDD implica: Eliminar datos personales. Modificar datos inexactos o incompletos. Limitar el tratamiento de datos a los operadores no autorizados. Acceder a los datos tratados acreditando documentalmente su titularidad.

Según el artículo 4 del RGPD, «tratamiento» significa: Cualquier operación realizada sobre datos personales, como recogida, registro, conservación o comunicación. Exclusivamente la recogida de datos personales. Solo la transmisión de datos a terceros. La supresión de datos personales.

El responsable del tratamiento se define en el RGPD como: La persona física o jurídica que decide sobre la finalidad y medios del tratamiento. El encargado que trata los datos por cuenta de otro. El interesado titular de los datos. La autoridad de control.

El Reglamento General de Protección de Datos establece que encargado del tratamiento es: El que determina la finalidad del tratamiento. El que trata los datos por cuenta del responsable. El titular de los datos. La autoridad de control.

El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando: Independientemente de su edad, exceptuando los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento. Sea mayor de catorce años con el refrendo de su/sus tutores legales. Sea mayor de catorce años, exceptuando los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento. En todo caso.

Según la LOPDGDD, ¿Cuándo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable el tratamiento de datos personales?. Cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley. Cuando afecte a personas menores de edad en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de desprotección. Cuando derive de una norma con rango de ley aprobada por el órgano competente. Cuando la actuación sea ejercida por los Servicios Sociales de competencia local y/o autonómica.

El Título III de la LOPDGDD regula el ejercicio de los siguientes derechos sobre las personas: Derecho de autodeterminación, aceptación y cancelación. Derecho al tratamiento de datos regularizado, verificado y transparente. Derechos autorización, derecho de tratamiento y derecho al olvido. Derecho de acceso, derecho de rectificación, derecho de supresión, derecho a la limitación del tratamiento, derecho a la portabilidad y derecho de oposición.

Según el artículo 4 del RGPD, «dato personal» es: Cualquier información sobre una persona identificada o identificable. Solo el nombre y apellidos. Exclusivamente datos financieros. Datos estadísticos anónimos.

La calidad en los servicios públicos se entiende como: Cumplimiento estricto de la ley. Satisfacción de las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Reducción de costes administrativos. Incremento de la burocracia.

Un sistema de calidad en la Administración Pública busca principalmente: Reducir el número de empleados. Mejorar la eficiencia y la transparencia en la gestión. Incrementar la complejidad de los procedimientos. Limitar el acceso a los servicios.

El principio de «mejora continua» en la gestión de calidad se traduce en: Innovación constante y aprendizaje organizativo. Reducción de personal. Eliminación de controles. Incremento de burocracia.

La calidad total (TQM) se caracteriza por: Centrarse solo en el producto final. Involucrar a toda la organización en la mejora continua. Delegar la calidad en un departamento específico. Limitar la evaluación a auditorías externas.

El aseguramiento de la calidad de la norma ISO 9001 busca: Garantizar que los procesos cumplen estándares establecidos. Reducir costes de personal. Evitar auditorías. Limitar la participación ciudadana.

El principio de «responsabilidad proactiva» en calidad total significa: Que la organización debe demostrar el cumplimiento de los estándares de calidad. Que los ciudadanos deben probar la infracción. Que los empleados deciden la finalidad del tratamiento. Que la autoridad de control garantiza la licitud.

El principio de enfoque basado en procesos significa: Controlar solo resultados finales. Reducir transparencia. Eliminar cualquier actividad que no esté protocolizada. Gestionar actividades como procesos interrelacionados.

De acuerdo con el apartado 4 del artículo 67 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la edad de jubilación forzosa de los funcionarios: Se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad. Será, en todo caso, la que prevean las normas reguladoras de dicho régimen para el acceso a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva sin coeficiente reductor por razón de la edad. Se declarará siempre a solicitud del interesado. Ninguna de las anteriores es correcta.

De conformidad con el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, NO se encuentra dentro de la clasificación de empleado público, el: Personal directivo profesional. Personal eventual. Personal funcionario interino. Personal laboral temporal.

De acuerdo con el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es derecho individual ejercido colectivamente: El derecho de reunión. El derecho a la formación continua. El derecho a participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios. Ninguna de las anteriores es correcta.

Según el artículo 50 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿podrían sustituirse las vacaciones anuales retribuidas de los funcionarios por una cuantía o compensación económica?. No, en ningún caso. Sí, puede solicitarse una compensación económica en los casos en que no fuera posible el disfrute de las vacaciones en el año natural, por necesidades de servicio y debidamente motivado. Sí, en casos de conclusión de la relación de servicio por causas ajenas a la voluntad de los funcionarios, tendrán derecho a solicitar el abono de una compensación económica por las vacaciones devengadas y no disfrutadas; y en particular, en los casos de jubilación por incapacidad permanente o por fallecimiento, hasta un máximo de dieciocho meses. Sí, tendrán derecho a solicitar una compensación económica por las vacaciones devengadas y no disfrutadas en casos de incapacidad temporal que sobreviniera una vez iniciado el disfrute vacacional e impida su disfrute en el año natural y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.

Según el artículo 49 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, en los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado: Con un máximo de doce semanas adicionales. Con un máximo de diez semanas adicionales. Con un máximo de trece semanas adicionales. Con un máximo de nueve semanas adicionales.

De conformidad con el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior que no constituyan infracción manifiesta del ordenamiento jurídico es una falta: Muy grave. Grave. Leve. No es una falta.

De conformidad con el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde: Que la falta se hubiera cometido. La firmeza de la resolución sancionadora. El día siguiente a la firmeza de la resolución sancionadora. Que la falta se hubiera cometido o desde que se tenga conocimiento de la misma.

Según el artículo 98.3 del TREBEP, el funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión: Únicamente las retribuciones básicas. Únicamente las prestaciones familiares por hijo a cargo. Las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

De conformidad con el artículo 1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida por: Por la Ley 31/1995, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito. Por la Ley 31/1995, exclusivamente. Por la Ley 31/1995, los convenios colectivos y las normas reglamentarias de la Unión Europea. Exclusivamente las normas reglamentarias de la Unión Europea.

En cuanto al ámbito de aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, recogido en el artículo 3, esta será aplicable a: Serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Serán de aplicación en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en las empresas de más de 100 trabajadores. Serán de aplicación en el ámbito de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Serán de aplicación en el ámbito de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas y en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en las empresas de más de 50 trabajadores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se define el «riesgo laboral grave e inminente» como: La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño en el trabajo dentro de las 48 horas siguientes a la detección del riesgo laboral. Aquel daño producido y que supone un daño grave para la salud de los trabajadores y que se manifiesta dentro de las 48 horas siguientes a haberse producido. El riesgo que se manifiesta solo en actividades industriales. Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.

Conforme al artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se considera «condición de trabajo» cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador, quedando específicamente incluidas en esta definición: Las características generales de los puestos de trabajo y la ventilación de los mismos. Todas aquellas características del trabajo excluidas las relativas a su organización y ordenación, que influya en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador. La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. Todas son correctas.

Según el artículo 3 de la Ley 39/2015 del PACAP, ¿Quiénes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, además de las personas que la ostenten con arreglo a las normas civiles?. Exclusivamente los ciudadanos españoles mayores de edad. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Únicamente las personas jurídicas con fines de lucro. Los menores de edad siempre que cuenten con autorización judicial previa.

En el artículo 7 de la Ley 39/2015 del PACAP, cuando los interesados sean varios, ¿con quién se efectuarán las actuaciones si no se ha designado un representante expresamente?. Con el interesado que tenga mayor edad. Con todos y cada uno de los interesados de forma individual. Con el que figure en primer término, salvo que las normas reguladoras del procedimiento específico dispongan otra cosa. Con el interesado que tenga su domicilio más cercano a la sede administrativa.

Según el artículo 13 de la Ley 39/2015 del PACAP, relativo a los derechos de las personas, ¿Cuál de los siguientes es un derecho reconocido?. A no ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades. A no presentar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, siempre que el interesado no autorice su consulta. A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. A utilizar únicamente la lengua oficial del Estado en todo el territorio nacional.

¿Cuál es la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado, según el artículo 13?. El castellano y las lenguas cooficiales siempre, a elección del funcionario. El castellano. La que decida el órgano instructor en función de la materia. Exclusivamente la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma.

De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 39/2015 del PACAP, ¿Qué derecho tienen los interesados en el procedimiento administrativo?. A no conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos. A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. A ser obligados a presentar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración, si estos son antiguos. A actuar siempre con asistencia de asesor, sea cual sea el procedimiento.

Según el artículo 54 de la Ley 39/2015 del PACAP, ¿Cómo se iniciarán los procedimientos?. Únicamente por solicitud del interesado. Únicamente de oficio por el órgano competente. De oficio o a solicitud del interesado. Por orden superior en todos los casos.

Según el artículo 66 de la Ley 39/2015 del PACAP, ¿Qué debe contener como mínimo una solicitud de iniciación por parte del interesado?. Nombre, apellidos y número de cuenta bancaria. Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente. Únicamente la firma del solicitante. El currículum vitae detallado del interesado.

Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos del artículo 66 de la Ley 39/2015 del PACAP, ¿de qué plazo dispone el interesado para subsanar la falta, según el artículo 68?. Cinco días. Diez días. Quince días. Un mes.

Según el artículo 71 de la Ley 39/2015 del PACAP, ¿en qué orden se despacharán los expedientes?. Según la importancia económica del asunto. Según la urgencia subjetiva que manifieste el interesado. Siguiendo el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario. Por orden alfabético de los apellidos de los interesados.

En base al artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los municipios con población superior a 20.000 habitantes deberán prestar, en todo caso, los siguientes servicios: Protección civil. Transporte colectivo urbano de viajeros. Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. Las respuestas a) y c) son correctas.

El objeto de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales es: Promover la prevención de riesgos laborales de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Promover la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los riesgos derivados del trabajo. Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Promover la formación de los trabajadores en materia preventiva mediante la impartición de cursos y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los riesgos derivados del trabajo.

De conformidad con el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el plazo de prescripción de las sanciones impuestas por faltas leves es de: 1 año. 6 meses. 2 años. 3 años.

Recoge el artículo 98 del TREBEP la suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario. Salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado, no podrá exceder de: 6 meses. 1 año. 2 años. 6 años.

¿Qué establece el artículo 73 de la Ley 39/2015 del PACAP respecto al cumplimiento de trámites por los interesados?. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de treinta días. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. No existe plazo para que los interesados cumplan los trámites. Los plazos de cumplimiento de trámites son siempre prorrogables automáticamente.