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Preguntas 251-300

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Título del Test:
Preguntas 251-300

Descripción:
OPE psicóloga gipuzkoa

Fecha de Creación: 2026/07/06

Categoría: Oposiciones

Número Preguntas: 50

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Según la Ley 39/2015, ¿en qué tiempo deberán ser resueltos los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada?. A) Diez días, a contar desde la notificación al interesado del acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. B) Treinta días, a contar desde la notificación al interesado del acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. C) Diez días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. D) Treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.

Según la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, siempre que: A) Sean actos desfavorables para el interesado. B) Concurra alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015. C) El error sea de carácter puramente material o aritmético. D) Haya pasado menos de un año desde su notificación.

Podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015: A) Contra las resoluciones y los actos de trámite. B) Contra las resoluciones y los actos de trámite que pongan fin a la vía administrativa. C) Contra las resoluciones y los actos de trámite que no pongan fin a la vía administrativa. D) Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.

Según la Ley 39/2015, haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso: A) Será causa de desestimación del recurso. B) Será causa de desestimación del recurso, salvo que se trate de un recurso potestativo de revisión. C) Será causa de inadmisión del recurso. D) Será causa de inadmisión del recurso, salvo que se trate de un recurso potestativo de revisión.

Señale la respuesta correcta respecto a los recursos de alzada: A) El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. B) El plazo para la interposición del recurso de alzada será de tres meses, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes. C) El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. D) El plazo para la interposición del recurso de alzada será de tres meses, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

Señale la respuesta correcta respecto a los recursos potestativos de reposición: A) El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. B) El plazo para la interposición del recurso de reposición será de tres meses, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes. C) El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. D) El plazo para la interposición del recurso de reposición será de tres meses, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

Según la Ley 40/2015, para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos: A) Se requerirá la asistencia presencial, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la asistencia, presencial o a distancia, de la mitad, al menos, de sus miembros. B) Se requerirá la asistencia presencial, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la asistencia, presencial o a distancia, de dos tercios, al menos, de sus miembros. C) Se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros. D) Se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y de dos tercios, al menos, de sus miembros.

Según la Ley 40/2015, es un motivo de abstención: A) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. B) Tener amistad íntima o enemistad con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representation o el mandato. C) Haber intervenido como perito o como testigo en cualquier procedimiento de la Administración Pública. D) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los cuatro últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

Según la Ley 40/2015, podrá promoverse recusación por los interesados: A) Solo antes de que se inicie el procedimiento. B) En cualquier momento de la tramitación del procedimiento. C) Únicamente tras dictarse la resolución final. D) En cualquier momento de la tramitación del procedimiento, únicamente cuando el motivo de recusación sea tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél.

Según la Ley 40/2015, la sede electrónica es: A) Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. B) Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público o a una entidad privada en el ejercicio de sus competencias. C) El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada. D) El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público, entidad de Derecho Público o entidad privada, que permite el acceso a través de internet a la información publicada.

Según la Ley 40/2015, se entiende por portal de internet: A) Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. B) Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público o a una entidad privada en el ejercicio de sus competencias. C) El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada. D) El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público, entidad de Derecho Público o entidad privada, que permite el acceso a través de internet a la información publicada.

Los convenios a los que se refiere el artículo 48.1 de la Ley 40/2015: A) Deberán tener una duración determinada, que no podrá ser inferior a dos años, ni superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior; y en cualquier momento antes de la finalización del citado plazo, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta dos años adicionales o su extinción. B) Deberán tener una duración determinada, que no podrá ser inferior a dos años, ni superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior; y en cualquier momento antes de la finalización del citado plazo, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción. C) Deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior; y en cualquier momento antes de la finalización del citado plazo, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción. D) Deberán tener una duración indefinida, salvo que normativamente se prevea un plazo determinado.

Son convenios: A) Los Protocolos Generales de Actuación o instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles. B) Los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común. C) Únicamente los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí. D) Únicamente los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas con sujetos de derecho privado para un fin común.

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes de un convenio: A) Cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. B) Cualquiera de las partes deberá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. C) Cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un plazo improrrogable de 15 días hábiles con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. D) Cualquiera de las partes deberá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un plazo improrrogable de 15 días hábiles con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos.

En relación con los convenios, señale la respuesta correcta: A) Las Administraciones Públicas podrán suscribir convenios para la cesión de la titularidad de las competencias que les son propias. B) La inclusión, en el contenido de los convenios, del objeto o de las obligaciones o compromisos económicos asumidos por cada una de las partes tiene carácter facultativo. C) El plazo de vigencia de los convenios no podrá ser superior a 4 años, sin que quepa la posibilidad de prórroga. D) Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes del convenio no podrán ser superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio.

En la regulación de los Convenios, la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público establece lo siguiente: A) Podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos los convenios relativos a determinadas materias que enumera la propia Ley 40/2015. B) Solo podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos en circunstancias excepcionales, justificadas en el propio convenio. C) No podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector público. D) Solo podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos si las cuantías económicas previstas en los convenios no superan los importes del contrato menor de la legislación de contratación administrativa.

En la regulación de los Convenios, la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que los mismos deberán tener una duración determinada: A) Es correcto, y la misma no podrá ser superior a dos años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. B) Es correcto, y la misma no podrá ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. C) Es incorrecto, podrán tener la duración que libremente acuerden las partes que suscriban el convenio. D) Es correcto, siendo como máximo de tres años, sin posibilidad de excepción alguna.

En la regulación de los Convenios, ¿qué establece la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando el convenio instrumente una subvención?. A) Que deberá cumplir con lo previsto en la Ley General de Subvenciones y en la normativa autonómica de desarrollo que, en su caso, resulte aplicable. B) Que quedará exento de cumplir con lo previsto en la Ley General de Subvenciones y en la normativa autonómica de desarrollo que, en su caso, resulte aplicable. C) La propia Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, establece una serie de reglas y normas especiales para ese tipo de convenios. D) La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, no prevé ese supuesto.

Según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en: A) Funcionarios de carrera y funcionarios interinos. B) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal directivo profesional. C) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal eventual y personal directivo profesional. D) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal eventual.

Según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, son funcionarios de carrera: A) Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. B) Los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se den determinadas circunstancias. C) Los que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas in la legislación laboral, prestan servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. D) Los que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realizan funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.

Según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, son funcionarios interinos: A) Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. B) Los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se den determinadas circunstancias. C) Los que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, prestan servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. D) Los que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realizan funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.

Según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, podrán ser nombrados funcionarios interinos en la siguiente circunstancia: A) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de cuatro años. B) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario. C) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a cuatro años, ampliable hasta seis meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. D) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de doce meses, dentro de un periodo de dieciocho meses.

Los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de: A) Igualdad, mérito, capacidad, confidencialidad y celeridad. B) Discrecionalidad, publicidad y celeridad. C) Idoneidad, publicidad y celeridad. D) Igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad.

Según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es personal laboral: A) Quien, en virtud de nombramiento legal, está vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. B) El que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, es nombrado como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se den determinadas circunstancias. C) El que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. D) El que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.

Según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en función de la duración del contrato, el personal laboral podrá ser: A) Permanente o transitorio. B) Funcionario o laboral. C) Fijo, por tiempo indefinido o temporal. D) Únicamente interino o eventual.

Según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es personal eventual: A) Quien, en virtud de nombramiento legal, está vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. B) El que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, es nombrado como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se den determinadas circunstancias. C) El que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. D) El que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.

Según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el cese del personal eventual se producirá, en todo caso: A) Cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento. B) Cuando se convoquen elecciones. C) Cuando se cumplan tres años desde su nombramiento. D) Cuando se cumplan cuatro años desde su nombramiento.

Según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la carrera vertical consiste en: A) La progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. B) El ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el capítulo III del título V del Estatuto Básico del Empleado Público. C) El ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto Básico del Empleado Público. D) El acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las retribuciones básicas son: A) Las que retribuyen al funcionario según la adscripción de su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, y por su antigüedad en el mismo. Dentro de ellas están comprendidas los componentes de sueldo y trienios de las pagas extraordinarias. B) Las que retribuyen al funcionario según la adscripción de su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, y por su antigüedad en el mismo. Dentro de ellas están comprendidas las que retribuyen las características de los puestos de trabajo o la carrera profesional. C) Las que retribuyen al funcionario según la adscripción de su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, y por su antigüedad en el mismo. Dentro de ellas están comprendidas las que retribuyen el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario. D) Las que retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario.

A los efectos del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se entiende por negociación colectiva: A) La facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleados. B) El derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine. C) El derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la Administración Pública. D) El derecho a negociar las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización.

Según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, será objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, la materia siguiente: A) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas. B) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo. C) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional. D) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.

Señale la respuesta correcta respecto a los permisos de los funcionarios públicos: A) Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de dieciséis años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda. B) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con la disminución de sus retribuciones que corresponda, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. C) Por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el primer grado por consanguinidad o afinidad, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores que conviva con el funcionario o funcionaria en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella, cinco días hábiles. D) Por matrimonio o registro o constitución formalizada por documento público de pareja de hecho, diez días.

Señale la respuesta correcta respecto a los permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género o de violencia sexual y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos: A) Permiso por nacimiento para la madre biológica: tendrá una duración de diecinueve semanas. En el supuesto de monoparentalidad, por existir una única persona progenitora, el permiso será de treinta y ocho semanas. B) Permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija: tendrá una duración de doce semanas. C) Permiso por razón de violencia de género o de violencia sexual sobre la mujer funcionaria: las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género o de violencia sexual, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda. D) Permiso parental para el cuidado de hijo, hija o menor acogido por tiempo no superior a un año, hasta el momento en que el menor cumpla ocho años: no tendrá carácter retribuido y tendrá una duración superior a ocho semanas, continuas o discontinuas, podrá disfrutarse a tiempo completo, o en régimen de jornada a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan y conforme a los términos que reglamentariamente se establezcan.

El Código Ético y de Buena Gestión del Empleo Público Foral de Gipuzkoa es: A) De obligado cumplimiento por todos las y los empleados públicos forales. B) De carácter voluntario y de recomendación ética. C) De obligado cumplimiento para las y los empleados públicos forales nombrados por libre designación y de carácter voluntario para el resto de empleados públicos forales. D) De obligado cumplimiento únicamente respecto a cuestiones relacionadas con la contratación pública.

Los Valores Éticos a los que han de ajustar su conducta profesional las y los empleados públicos forales son los siguientes: A) Integridad, ejemplaridad, honestidad y desinterés, parcialidad y subjetividad, excelencia profesional, eficiencia y respeto. B) Integridad, ejemplaridad, honestidad y desinterés, imparcialidad y objetividad, excelencia profesional, eficiencia y respeto. C) Integridad, ejemplaridad, honestidad y desinterés, parcialidad y subjetividad, excelencia profesional y celeridad. D) Integridad, ejemplaridad, discreción y confidencialidad, imparcialidad y objetividad, excelencia profesional, eficiencia y respeto.

Según el Código Ético y de Buena Gestión del Empleo Público Foral de Gipuzkoa, la integridad es: A) La razón existencial de la institución del empleo público foral, cuya actuación profesional debe estar alejada de influencias y orientaciones políticas o de otro carácter. B) Que el empleado público foral dirija sus actuaciones, de forma veraz y transparente, exclusivamente hacia el objetivo del pleno cumplimiento del interés público y de los intereses de la ciudadanía guipuzcoana en su conjunto. C) Un valor sustantivo para el servicio público, la buena gestión y el fortalecimiento de las instituciones forales. D) La conducta profesional del empleado público foral, que estará guiada por un comportamiento ejemplar, en tanto que las buenas prácticas de las y los empleados públicos favorecen el cambio de la cultura cívica y la interiorización social de las normas.

Según el Código Ético y de Buena Gestión del Empleo Público Foral de Gipuzkoa, la honestidad y desinterés consiste en: A) La razón existencial de la institución del empleo público foral, cuya actuación profesional debe estar alejada de influencias y orientaciones políticas o de otro carácter. B) Que el empleado público foral dirija sus actuaciones, de forma veraz y transparente, exclusivamente hacia el objetivo del pleno cumplimiento del interés público y de los intereses de la ciudadanía guipuzcoana en su conjunto. C) Un valor sustantivo para el servicio público, la buena gestión y el fortalecimiento de las instituciones forales. D) La conducta profesional del empleado público foral, que estará guiada por un comportamiento ejemplar, en tanto que las buenas prácticas de las y los empleados públicos favorecen el cambio de la cultura cívica y la interiorización social de las normas.

Según el Código Ético y de Buena Gestión del Empleo Público Foral de Gipuzkoa, la imparcialidad es: A) La razón existencial de la institución del empleo público foral, cuya actuación profesional debe estar alejada de influencias y orientaciones políticas o de otro carácter. B) Que el empleado público foral dirija sus actuaciones, de forma veraz y transparente, exclusivamente hacia el objetivo del pleno cumplimiento del interés público y de los intereses de la ciudadanía guipuzcoana en su conjunto. C) Un valor sustantivo para el servicio público, la buena gestión y el fortalecimiento de las instituciones forales. D) La conducta profesional del empleado público foral, que estará guiada por un comportamiento ejemplar, en tanto que las buenas prácticas de las y los empleados públicos favorecen el cambio de la cultura cívica y la interiorización social de las normas.

Según el Código Ético y de Buena Gestión del Empleo Público Foral de Gipuzkoa, la gestión de los recursos y la gestión económico-financiera de las y los empleados públicos forales estarán imbuidas por: A) La atención a la ciudadanía. B) La eficiencia. C) La transparencia. D) La celeridad en la toma de decisions.

Según el Código Ético y de Buena Gestión del Empleo Público Foral de Gipuzkoa, la norma de conducta "en horas y espacios de trabajo, harán un uso razonable y ético de sus dispositivos móviles personales así como de las redes sociales o Internet para uso exclusivamente privado" corresponde al siguiente valor ético: A) Integridad. B) Ejemplaridad. C) Imparcialidad y objetividad. D) Respeto.

Según el Código Ético y de Buena Gestión del Empleo Público Foral de Gipuzkoa, la norma de conducta "las y los empleados públicos forales no aceptarán ningún regalo, invitación, viajes, comidas o compensación económica por impartición de conferencias o participación en medios de comunicación siempre que se trate de actividades vinculadas exclusivamente con el ejercicio de sus funciones propias de su puesto de trabajo" corresponde al siguiente valor ético: A) Ejemplaridad. B) Eficiencia. C) Excelencia profesional. D) Honestidad y desinterés.

Según el Código Ético y de Buena Gestión del Empleo Público Foral de Gipuzkoa, los principios de buena gestión son los siguientes: A) Transparencia, apertura de datos, cultura de gestión e innovación, promoción del uso del euskera y responsabilidad profesional. B) Integridad, ejemplaridad, honestidad y desinterés, imparcialidad y objetividad, excelencia profesional, eficiencia y respeto. C) Transparencia, integridad, cultura de gestión e innovación, promoción del uso del euskera y excelencia profesional. D) Integridad, ejemplaridad, discreción y confidencialidad, imparcialidad y objetividad, excelencia profesional, eficiencia y respeto.

Según el Código Ético y de Buena Gestión del Empleo Público Foral de Gipuzkoa, ¿cuál de las siguientes normas de actuación profesional en el ámbito de la buena gestión está relacionada con la responsabilidad profesional?. A) Las y los empleados públicos forales desarrollarán en su actividad profesional una cultura de gestión que conlleve mayor implicación en los proyectos, creatividad e iniciativa, así como el impulso de prácticas de innovación en el ámbito de lo público. B) Las y los empleados públicos forales actuarán con especial diligencia garantizando respuestas rápidas, efectivas y motivadas, cuando se demande a la Administración Foral información pública por parte de la ciudadanía y de sus entidades, ponderando en cada caso los límites existentes, los derechos en juego e interpretando de forma restrictiva las causas de inadmisión y aquellos límites, con el fin de favorecer el control de la actividad pública por la ciudadanía. C) En la gestión cotidiana de su actividad profesional, las y los empleados públicos forales trabajarán a través de las metas y objetivos enmarcados en el Plan Estratégico de gestión de cada mandato, así como mediante el cumplimiento de los indicadores establecidos para poder evaluar los resultados de su gestión. D) En su actividad profesional utilizarán preferentemente el euskera tanto oralmente como por escrito, salvo en aquellos actos o relaciones en los que quienes sean sus interlocutores no tengan un conocimiento suficiente de la lengua vasca.

Leire ha sufrido una caída en Zarautz debido a unas obras que un contratista municipal está ejecutando en el malecón. ¿Tiene el Ayuntamiento responsabilidad patrimonial por este hecho?. A) Sí, el Ayuntamiento responderá, en todo caso, por los daños y perjuicios causados por sus contratistas. B) Sí, pero el Ayuntamiento responderá solidariamente con el contratista. C) No, el Ayuntamiento no responderá porque el contratista no ha colocado las indicaciones de seguridad y el Pliego de Contratación lo exigía. D) No, el Ayuntamiento no responderá porque dio instrucciones al contratista de no colocar barreras en el malecón.

Leire ha sufrido un grave daño por un error médico causado por un anestesista del servicio de Osakidetza: A) Leire tiene que reclamar daños y perjuicios a Osakidetza, así como al anestesista como responsable subsidiario. B) Leire puede optar por reclamar daños y perjuicios al anestesista en vía civil o a Osakidetza en vía administrativa. C) Leire sólo puede reclamar directamente daños y perjuicios a Osakidetza, pero no al anestesista. D) Leire podrá reclamar en vía civil contra el anestesista y Osakidetza; y en vía administrativa sólo contra Osakidetza.

La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá: A) Por la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. B) Por la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. C) Por la Ley de Enjuiciamiento Civil. D) Por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

La resolución declaratoria de responsabilidad patrimonial de las autoridades y demás personal a su servicio: A) Será recurrible en vía económico administrativa. B) Será recurrible en alzada. C) Pondrá fin a la vía administrativa. D) No será recurrible.

Cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá: A) De conformidad con las normas que se establezcan en los estatutos o en el título de constitución de la entidad de derecho privado. B) De conformidad con las normas previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. C) De conformidad con las normas de derecho público o de derecho privado, a elección del reclamante. D) De conformidad con las normas de derecho privado.

Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas: A) Ante toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, independientemente de que concurra dolo, culpa, fuerza mayor o caso fortuito. B) Ante toda resolución desestimatoria de una solicitud presentada en tiempo y forma. C) Ante toda lesión en sus bienes y derechos, consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. D) Ante toda resolución anulada por vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo.

En los casos de exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas: A) La solicitud deberá formularse directamente ante las autoridades y personal causantes del daño, procediendo la inadmisión en los supuestos en que los particulares se dirijan contra la Administración Pública de quienes dependan. B) Es necesario, para su nacimiento, la existencia de responsabilidad penal. C) No se prevé la acción de regreso contra las autoridades y personal a su servicio. D) La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa.

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