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¿De cuál de los siguientes hechos, cometido por un extranjero fuera del territorio nacional, conocerá la jurisdicción española?. De los hechos susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como delito de atentado contra los funcionarios públicos españoles. En ningún caso la jurisdicción española puede conocer de hechos cometidos por un extranjero fuera del territorial nacional. De los hechos susceptibles de tipificarse, según la ley española, como delito de asesinato. De aquellos en los que la víctima del delito tuviera nacionalidad española.

En el orden contencioso-administrativo, ¿en qué supuesto será competente, en todo caso, la jurisdicción española?. La competencia exclusiva se limita a aquellos supuestos en los que la pretensión que se deduzca se refiera a disposiciones de carácter general de las Administraciones Públicas españolas. Cuando la pretensión que se deduzca se refiera a actos de las Administraciones Públicas españolas, sin extenderse a aquellos supuestos en los que la pretensión se refiera a disposiciones de carácter general de tales Administraciones. Cuando la pretensión que se deduzca se refiera a disposiciones de carácter general o a actos de las Administraciones Públicas españolas o sean relativas a actos de los poderes públicos españoles, de acuerdo con lo que dispongan las leyes. No existe competencia exclusiva de la jurisdicción española en el orden contencioso-administrativo, dependiendo esta del domicilio del recurrente.

Interpuesto un recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el mismo es desestimado totalmente en sentencia. ¿A qué parte se impondrán las costas?. Al recurrente, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición. Al recurrente, sin que el órgano jurisdiccional pueda exceptuar esta imposición en ningún caso. No habrá imposición de costas al tratarse de un recurso de apelación en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Al recurrente únicamente si se le hubiera condenado en costas en instancia, vinculando tal pronunciamiento al órgano jurisdiccional que resuelve el recurso de apelación.

Antes de la iniciación de un procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciarlo adopta, de oficio, por apreciar urgencia inaplazable y con el fin de proteger provisionalmente los intereses implicados, las medidas provisionales que estima necesarias y proporcionadas. Transcurridos diez días se dicta acuerdo de iniciación del procedimiento, que no contiene pronunciamiento expreso sobre tales medidas provisionales previamente adoptadas. ¿Qué efecto produce tal acuerdo de iniciación sobre las medidas provisionales. El hecho de que el acuerdo de iniciación no contenga pronunciamiento expreso acerca de las medidas provisionales previamente adoptadas implica que las mismas hayan sido implícitamente confirmadas, continuando sus efecto. Las medidas provisionales habrían quedado sin efecto con anterioridad al acuerdo de iniciación, al haber sido este dictado en un plazo posterior a los cinco días siguientes desde su adopción. La actuación del órgano competente acordando las medidas provisionales con anterioridad a la incoación del procedimiento administrativo es nula de pleno derecho, pues tales medidas provisionales únicamente podrán ser adoptadas una vez iniciado el procedimiento. Las medidas provisionales quedan sin efecto al no contener el acuerdo de iniciación pronunciamiento expreso acerca de las mismas.

Teresa ha solicitado la ampliación del plazo para presentar alegaciones en un procedimiento administrativo. Se ha denegado tal ampliación. ¿En qué supuesto podría prosperar el recurso de reposición interpuesto por Teresa frente al acuerdo denegando la ampliación?. Cuando se acredite que la ampliación solicitada se efectuó respecto de un plazo no vencido, que la misma no excedía de la mitad del plazo establecido y que con ella no se perjudican derechos de tercer. Cuando se acredite que la solicitud de ampliación se amparaba en una incidencia técnica que haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema, siendo este el único supuesto en que cabe conceder la ampliación. Cuando se acredite que la solicitud de ampliación se amparaba en un ciberincidente que afectó gravemente a los servicios y sistemas utilizados para la tramitación de los procedimientos. En ninguno. El acuerdo sobre denegación de plazos no es susceptible de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

Iniciado un procedimiento de carácter sancionador, durante la instrucción del mismo se pone de manifiesto que la presunta infracción que dio lugar a tal incoación ha prescrito, ¿puede el órgano instructor resolver la finalización del procedimiento con archivo de actuaciones?. Sí, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución. Sí, pero deberá previamente y con carácter necesario dictar propuesta de resolución. No, el órgano instructor nunca puede resolver la finalización del procedimiento, pues siempre corresponde al órgano competente para resolver. No, únicamente podría resolver la finalización del procedimiento con archivo de actuaciones cuando en la instrucción del procedimiento se ponga de manifiesto la inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción.

Laura ha interpuesto recurso de alzada frente a un acto administrativo desfavorable a sus intereses. En el escrito de interposición ha solicitado la suspensión de la ejecución del acto impugnado. Transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión ha tenido entrada en el registro electrónico de la Administración competente para decidir sobre la misma, el órgano competente para resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa sobre la suspensión solicitada. ¿Qué efecto se produce?. La solicitud de suspensión se entiende desestimada tácitamente, por silencio administrativo. No produce efecto alguno. Para que la ejecución del acto impugnado se entienda suspendida deben haber transcurrido dos meses desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración competente, sin que el órgano competente para resolver haya dictado resolución expresa. La solicitud de suspensión se entiende inadmitida, lo que es coherente con la imposibilidad de solicitar la suspensión de un acto administrativo por vía de recurso, pues la interposición del mismo no puede suspender la ejecución del acto impugnado. la ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida.

Antonio inicia un procedimiento de responsabilidad patrimonial, solicitando se indemnicen los daños que se produjeron, en su perjuicio, consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Desde la fecha en la que interpuso la reclamación, se ha producido el vencimiento del plazo máximo sin haber sido notificada resolución expresa. ¿Qué efecto se produce para Antonio?. el silencio tendrá efecto desestimatorio. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima a Antonio para entender estimada la reclamación. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima a Antonio para entender estimada la reclamación, al no encontrarnos ante la excepción relativa a la responsabilidad del Estado legislador, en cuyo caso el silencio tendría efecto desestimatorio. El silencio tendría efecto desestimatorio salvo en el supuesto en que la lesión alegada sea consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, en cuyo caso el silencio tendría efecto estimatorio.

Iniciado un procedimiento sancionador, ¿es posible que la calificación de los hechos que motivan la incoación del procedimiento se realice en una fase posterior al acuerdo de iniciación?. No. El acuerdo de incoación en un procedimiento sancionador debe contener en todo caso los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, sin que opere excepción alguna. Sí. La calificación de los hechos que motivan la incoación se efectuará siempre y en todo caso en un momento posterior al acuerdo de incoación. Sí. Excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del procedimiento. No. El acuerdo de incoación debe demorarse necesariamente, suspendiendo el procedimiento, hasta que existan elementos suficientes para dictar el mismo calificando los hechos.

– Natalia, profesional militar, interpone, en fecha 5 de abril de 2025, recurso contencioso-administrativo contra un acto dictado por un órgano central del Ministerio de Defensa referido al orden en el escalafón ¿a qué órgano judicial corresponde conocer, en única instancia, del recurso?. A la Sala de lo Contencioso-administrativo de la AN. A la Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia. A la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ. A la Sala de lo Contencioso-administrativo del TS.

Carlota, cuyo domicilio se encuentra en Asturias, interpone recurso contencioso-administrativo frente a un acto administrativo desfavorable a sus intereses en materia de personal dictado por un órgano estatal cuya sede se encuentra en Madrid. No tiene duda de que la competencia objetiva corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia, pero ¿cómo se determina la competencia territorial?. Será siempre competente la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por ser el órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tiene su sede el órgano que ha dictado el acto originario impugnado. Será siempre competente la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, por ser aquel en cuya circunscripción tiene la recurrente su domicilio. Será competente cualquier Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de España, a elección de Carlota, al encontrarnos ante un acto impugnado en materia de persona. Será competente, a elección de Carlota, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

En el procedimiento contencioso-administrativo, advierte el profesional de la abogacía que asiste a la parte demandante, antes de formalizar la demanda, que el expediente administrativo remitido por la Administración demandada se encuentra incompleto. ¿Qué deberá hacer el profesional de la abogacía para que el expediente sea completado?. Deberá formular la demanda y, una vez presentada la misma, solicitar que se complete el expediente. Deberá solicitar en la demanda, por medio de otrosí, la práctica de la prueba consistente en que se complete el expediente. No puede solicitar se complete el expediente, pero podrá poner de manifiesto en la demanda el carácter incompleto del mismo, para que el órgano judicial pueda decidir sobre la indefensión que ello le causa. Deberá solicitar, dentro del plazo para formular demanda, que se reclamen los antecedentes para completarlo.

Oliva considera que un acto administrativo vulnera su derecho fundamental a la igualdad. Cinco días después de haber recibido la notificación del acto, consulta con un profesional de la abogacía, que le aconseja acudir al procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona. ¿De qué plazo dispone para interponer recurso en tal procedimiento especial?. Dos meses desde la notificación del acto administrativo. Un año desde que se produjo la vulneración, siendo este el plazo especial para la protección de derechos fundamentales. Cinco días desde la notificación, por tanto, salvo que se interponga el mismo día de la consulta, el recurso sería extemporáneo. Diez días desde el día siguiente al de la notificación del acto.

¿Se encuentran legitimados los sindicatos ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo para actuar, en nombre del personal funcionario y estatutario afiliado a ellos que así lo autorice, en defensa de sus derechos individuales?. No, los sindicatos no se encuentran legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. No, los sindicatos únicamente se encuentran legitimados cuando resulten directamente afectados por el acto recurrido siempre que estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos y los intereses legítimos colectivos. Sí, se encuentran legitimados, recayendo sobre los funcionarios afiliados los efectos de su actuación. Sí, se encuentran legitimados, sin que sobre los funcionarios afiliados recaigan los efectos de su actuación.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo, el recurrente no solicitó la práctica de la prueba en el escrito de demanda. Presentado, por el demandado, escrito de contestación a la demanda, del mismo resultan nuevos hechos de trascendencia para la resolución del pleito. ¿Puede el recurrente pedir el recibimiento del pleito a prueba?. No. Solamente es posible pedir el recibimiento del proceso a prueba en el escrito de demanda. Deberá aguardar al trámite de conclusiones para solicitar el recibimiento a prueba. Podrá pedir el recibimiento a prueba en cualquier momento hasta la vista o del señalamiento para votación y fallo. Podrá pedir el recibimiento a prueba dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se le haya dado traslado de la contestación a la demanda.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones, en relación con la adopción de medida cautelar en el proceso contencioso-administrativo, es correcta?. La solicitud de medida cautelar únicamente podrá efectuarse en el escrito de demanda. Las medidas cautelares no podrán ser revocadas durante el curso del procedimiento. En ningún caso puede adoptarse medida cautelar sin previa audiencia a la parte contraria. La medida cautelar podrá denegarse cuando de esta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada.

Candela interpuso recurso contencioso-administrativo frente al acuerdo que archivaba el procedimiento disciplinario iniciado frente a un compañero. Desestimadas las alegaciones previas formuladas por la demandada, se resuelve el recurso en sentencia, apreciando el Tribunal en la misma la falta de legitimación para recurrir de Candela. ¿Qué declarará la sentencia?. la desestimación del recurso. la estimación o desestimación del recurso conforme al fondo, con independencia de la ausencia de legitimación. la inadmisibilidad del recurso. nunca se dictará sentencia cuando el recurso se hubiera interpuesto por persona no legitimada.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado auto estimando la extensión de efectos de una sentencia en materia de personal. ¿Cabe preparar frente a tal auto recurso de casación?. Sí, siempre que previamente se hubiera interpuesto frente a tal auto recurso de reposición. Sí, directamente, sin necesidad de interponer previamente recurso de reposición. no, no es susceptible de recurso alguno. No, únicamente cabrá recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

¿Cuál es el plazo máximo para la interposición del recurso de apelación?. 2 meses desde la notificación de la sentencia. 1 mes desde la notificación de la sentencia. 5 días desde la notificación de la sentencia. 15 días desde la notificación de la sentencia.

Notificada una sentencia estimatoria dictada en un procedimiento contencioso-administrativo que no señala plazo para el cumplimiento del fallo. ¿Cuándo puede la parte recurrente instar su ejecución forzosa. desde el día siguiente al de su notificación. No señalando la sentencia plazo para el cumplimiento del fallo no es posible instar su ejecución forzosa. En cualquier momento desde su notificación hasta que transcurra un año. Transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia.

Interpuesto recurso especial en materia de contratación frente al acuerdo de adjudicación dictado en relación con un contrato de servicios cuyo valor estimado asciende a 200.000 mil euros, ¿qué efecto se produce en relación con la tramitación del procedimiento?. quedará en suspenso. Continuará el procedimiento que no podrá ser suspendido cuando el acto impugnado sea el acuerdo de adjudicación. Continuará el procedimiento salvo que el recurrente hubiera solicitado la adopción de medida cautelar de suspensión y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales acuerde la adopción de la misma de forma motivada. No produce ningún efecto, pues no es admisible la interposición de recurso especial en materia de contratación frente al acuerdo de adjudicación dictado en relación con un contrato de servicios cuyo valor estimado es inferior a 1 millón de euros.

¿Puede acordar el órgano de contratación la utilización de un procedimiento abierto simplificado en un contrato de obras cuyo valor estimado asciende a 1.900.000 euros y en el que el pliego prevé criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor cuya ponderación asciende al 50% del total?. No, la previsión de criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor cuya ponderación asciende al 50% del total impide utilizar el procedimiento abierto simplificado. si. No, nunca podrá acordarse la utilización de un procedimiento abierto simplificado en un contrato de obras, cualquiera que sea su valor estimado y los criterios de adjudicación previstos. No, nunca podrá acordarse la utilización de un procedimiento abierto simplificado en un contrato de obras cuyo valor estimado sea superior a 100.000 euros.

En el ámbito de la expropiación forzosa, ¿qué efecto produce el hecho de que la Administración acepte la valoración de los propietarios efectuada en la hoja de aprecio en relación con el bien que se expropia?. La Administración extenderá hoja de aprecio fundada del valor del objeto de la expropiación, que se notificará al propietario, para que la acepte o rechace. Se pasará el expediente de justiprecio al Jurado Provincial de Expropiación. Se pasará el expediente de justiprecio al Jurado Estatal de Expropiación. Se entenderá determinado definitivamente el justo precio.

¿En cuál de los siguientes supuestos puede imponerse, por infracciones cometidas en el ámbito de la normativa de extranjería, a la persona extranjera infractora, conjuntamente las sanciones de expulsión y multa?. Por encontrarse irregularmente en territorio español. en ningún caso. Por el incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública, de presentación periódica o de alejamiento de fronteras o núcleos de población concretados singularmente. Por participar en actividades que puedan perjudicar las relaciones de España con otros países.

¿En cuál de los siguientes supuestos podría ser impuesta la sanción de expulsión por una infracción cometida en el ámbito de la normativa de extranjería, a una persona extranjera residente en España que es beneficiaria de una prestación por incapacidad permanente para el trabajo como consecuencia de un accidente de trabajo ocurrido en España?. en ningún caso. Cuando haya cometido, sin previa reincidencia, una infracción consistente en salir del territorio español por puestos no habilitados. Cuando haya cometido, sin previa reincidencia, una infracción consistente en participar en actividades contrarias a la seguridad nacional. Cuando haya cometido, sin previa reincidencia, una infracción consistente en promover la permanencia irregular en España de una persona extranjera.

El Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid dicta resolución desestimatoria de la reclamación económico-administrativa interpuesta. La resolución es susceptible de recurso de alzada ordinario ante el Tribunal Económico-administrativo Central. El interesado entiende que existe fundamento para interponer frente a la resolución recurso de anulación, por incurrir la misma en incongruencia completa y manifiesta. En caso de interponer tal recurso de anulación, ¿qué ocurre con el plazo para la interposición del recurso ordinario de alzada?. El plazo continúa corriendo, debiendo ser interpuestos ambos recursos de manera simultánea. El plazo continúa corriendo, debiendo optar el reclamante por renunciar al mismo en caso de interponer recurso de anulación. El plazo para la interposición del recurso ordinario de alzada queda suspendido por la interposición del recurso de anulación. El plazo para la interposición del recurso de anulación queda suspendido por la interposición del recurso de alzada ordinario, por lo que deberá interponer necesariamente este recurso primero.

En el supuesto en que una reclamación económico-administrativa se tramite por el procedimiento abreviado, ¿en qué momento, a contar desde la interposición de la reclamación, puede entender el interesado desestimada la misma al objeto de interponer el recurso procedente?. Transcurridos seis meses sin que haya sido notificada resolución. Transcurrido un año sin que haya sido notificada resolución. Transcurridos tres meses sin que haya sido notificada resolución. Transcurridos dos años sin que haya sido notificada resolución.

¿A qué título habilitante está sujeto el uso privativo de un bien de dominio público durante un plazo de cinco años?. a concesión. a autorización. No es preciso el título habilitante por tratarse de un uso privativo y no de aprovechamiento especial. No está sujeto a título habilitante al no exceder la duración del uso privativo de diez años.

Iniciado de oficio por la Administración un procedimiento de responsabilidad patrimonial, el acuerdo de iniciación del procedimiento se notifica a los particulares presuntamente lesionados. Estos particulares no se personan en el procedimiento en el plazo establecido. ¿Qué efectos se producen en relación con el procedimiento iniciado?. el procedimiento se instruirá. se archivará el procedimiento sin instrucción. se suspenderá el procedimiento sin instrucción. no es posible iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial de oficio, siempre se inicia a instancia de parte.

¿A qué órgano debe dirigirse la solicitud de extensión de los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada en favor de una persona en materia de personal al servicio de la Administración pública?. al TS en todo caso. a la administración pública competente. Al órgano jurisdiccional competente que hubiera dictado la resolución de la que se pretende que se extiendan los efectos. Al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

¿El conocimiento de cuál de las siguientes cuestiones corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo?. el recurso contencioso-disciplinario militar. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive. Los conflictos de jurisdicción entre los juzgados y tribunales y la Administración pública. Los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.

¿En cuál de los siguientes supuestos podrán ser impuestas las costas al Ministerio Fiscal en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. en ningún caso. En aquellos supuestos en los que el Ministerio Fiscal haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el órgano jurisdiccional aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En aquellos supuestos en los que el órgano jurisdiccional advierta que el Ministerio Fiscal ha actuado con mala fe. En aquellos supuestos en los que el órgano jurisdiccional advierta que el Ministerio Fiscal ha actuado con temeridad.

¿A qué órgano corresponde conocer de las cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los magistrados y magistradas de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia?. A la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. A la Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Central de Instancia. A la Sala de conflictos del Tribunal Supremo. A la Sección de cuestiones de competencia del Tribunal Central de Instancia.

¿Qué efecto produce la impugnación en vía económico-administrativa de un acto relativo a una sanción tributaria?. La ejecución del acto impugnado quedará suspendida únicamente si así lo solicita el interesado y garantiza el importe de la sanción, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que procederían en caso de ejecución de la garantía. La ejecución del acto impugnado quedará suspendida únicamente si así lo solicita el interesado y garantiza el importe de la sanción, sin necesidad de garantizar ningún otro concepto. La ejecución quedará suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantías. Frente a un acto relativo a una sanción tributaria no procede reclamación económico-administrativa.

¿Cuál es el plazo para la interposición de reclamación económico-administrativa en única o primera instancia?. Un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado, o desde el día siguiente a aquél en que quede constancia de la realización u omisión de la retención o ingreso a cuenta, de la repercusión motivo de la reclamación o de la sustitución derivada de las relaciones entre el sustituto y el contribuyente. Dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado, o desde el día siguiente a aquél en que quede constancia de la realización u omisión de la retención o ingreso a cuenta, de la repercusión motivo de la reclamación o de la sustitución derivada de las relaciones entre el sustituto y el contribuyente. Cinco días a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado, o desde el día siguiente a aquél en que quede constancia de la realización u omisión de la retención o ingreso a cuenta, de la repercusión motivo de la reclamación o de la sustitución derivada de las relaciones entre el sustituto y el contribuyente. Un año a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado, o desde el día siguiente a aquél en que quede constancia de la realización u omisión de la retención o ingreso a cuenta, de la repercusión motivo de la reclamación o de la sustitución derivada de las relaciones entre el sustituto y el contribuyente.

Una persona extranjera contrae matrimonio con el propósito de obtener indebidamente un derecho de residencia. En el supuesto en que tal conducta no sea constitutiva de delito, ¿es constitutiva de infracción?. Sí, es constitutiva de infracción grave. Sí, es constitutiva de infracción muy grave. Sí, es constitutiva de infracción leve. No, sería constitutiva de infracción en el caso de haber sido realizada con ánimo de lucro pero no para obtener indebidamente el derecho de residencia.

¿Cuál es el plazo máximo de duración de la prohibición de entrada en territorio español consecuencia de la sanción de expulsión impuesta a persona extranjera?. un año. Diez años de forma excepcional cuando la persona extranjera suponga una amenaza grave para el orden público, la seguridad pública, la seguridad nacional o para la salud pública. Cinco años, sin que ninguna circunstancia pueda excepcionar tal plazo máximo. no se impone con límite temporal, es perpetua.

En relación con el recurso especial en materia de contratación, ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta?. La interposición del recurso especial en materia de contratación tiene carácter potestativo. Procede recurso especial en materia de contratación en los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia. No pueden ser objeto de recurso especial en materia de contratación los actos de trámite, aun cuando decidan directamente sobre la adjudicación. Son susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos relativos a los contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a cien mil euros.

¿En qué plazo debe presentarse el escrito de iniciación del recurso especial en materia de contratación interpuesto frente a un anuncio de licitación?. En el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante. El anuncio de licitación no es susceptible de recurso especial en materia de contratación. En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante. En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación del anuncio de licitación.

En la expropiación forzosa, ¿qué consecuencia produce el hecho de que el propietario rechace el precio fundado ofrecido por la Administración?. se pasará el expediente de justiprecio al jurado provincial de expropiación. si el precio estuviera fundado quedará determinado definitivamente, pese al rechazo y la administración procederá al pago del mismo, como requisito previo a la ocupación o disposición. se pasará el expediente de justiprecio al Jurado autonómico de expropiación. se pasará el expediente de justiprecio al jurado nacional de expropiación.

¿Es posible declarar urgente la ocupación de los bienes afectados por la expropiación a que dé lugar la realización de una obra o finalidad determinada?. si, mediante la simple declaración del órgano expropiante. no, en ningún caso. si, excepcionalmente, mediante acuerdo del Consejo de Ministros. No, pero si podrá declararse la tramitación de emergencia.

¿Qué título habilitante es preciso para el uso privativo de los bienes de dominio público que determine su ocupación con instalaciones fijas?. Ninguno. Podrá realizarse libremente, sin más limitaciones que las derivadas de su naturaleza. Autorización si la duración del uso no excede de cuatro años y concesión en caso de que exceda de tal plazo. autorización. concesión.

Si la Administración realizare alguna actividad que contraviniera los pronunciamientos del fallo de una sentencia dictada en un recurso contencioso-administrativo, ¿que podrá hacer el juez a instancia de los interesados?. Procederá a reponer la situación al estado exigido por el fallo, pero no podrá determinar los daños y perjuicios que ocasionare el incumplimiento, determinación que habrá de hacerse en un proceso distinto. Procederá a determinar los daños y perjuicios que ocasionare el incumplimiento, sin que esté facultado a reponer la situación al estado exigido por el fallo. No podrá realizar actuación alguna al haber concluido el proceso con el dictado de la sentencia. Procederá a reponer la situación al estado exigido por el fallo y determinará los daños y perjuicios que ocasionare el incumplimiento.

La Administración General del Estado, como parte favorecida por el fallo de una sentencia dictada en un proceso contencioso-administrativo, solicita la ejecución provisional de la misma, aun cuando la sentencia ha sido recurrida en apelación. ¿Puede exigirse a la Administración la prestación de caución para responder de los perjuicios que pudieran derivarse de la ejecución provisional?. Sí. Cuando de la ejecución provisional pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza podrá exigirse la prestación de caución para responder de aquellos. Sí, en todo caso. No podrá llevarse a cabo la ejecución provisional hasta que la caución esté constituida y acreditada en autos. No. La Administración está exenta de la prestación de caución. La Administración no puede instar la ejecución provisional.

¿Cuál es el plazo máximo para solicitar la extensión de efectos de una sentencia dictada en materia tributaria?. Un mes desde la última notificación de la sentencia a quienes fueron parte en el proceso. Un mes desde que quien pretenda la extensión hubiera tenido conocimiento de la misma, con independencia de la notificación a quienes fueron parte en el proceso. dos meses desde la fecha de la sentencia. un año desde la última notificación de la sentencia a quienes fueron parte en el proceso.

¿Cabe recurso de apelación frente a una sentencia dictada por la Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Central de Instancia que es susceptible de extensión de efectos y cuya cuantía asciende a 7.000 euros?. si. no, al no exceder la cuantía de 30.000 euros. no, al no exceder la cuantía de 10.000 euros. No, pues las sentencias dictadas por la Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Central de Instancia nunca son susceptibles de recurso de apelación.

¿En qué plazo deberá prepararse el recurso de casación ante la Sala de instancia?. Dos meses, contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución que se recurre. Quince días, contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución que se recurre. El recurso de casación no se prepara ante la Sala de instancia sino ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución que se recurre.

¿Mediante qué resolución procesal se declarará la incompetencia del órgano del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de un asunto?. mediante auto. mediante sentencia. mediante decreto. mediante diligencia de ordenación.

¿En qué supuesto puede ser modificada la medida cautelar adoptada?. La medida cautelar una vez adoptada no puede ser modificada, únicamente podrá ser revocada. Por los distintos avances que se vayan haciendo durante el proceso respecto al análisis de las cuestiones de fondo que configuran el debate. Por la modificación de los criterios de valoración que el tribunal aplicó a los hechos al decidir la adopción de la medida cautelar. si cambiaran las circunstancias en virtud de las cuales se hubiera adoptado.

Finalizado el periodo de prueba, ¿puede el órgano jurisdiccional acordar la práctica de nuevas diligencias de prueba?. si, hasta que el pleito sea declarado concluso para sentencia. Sí, incluso después de que el pleito sea declarado concluso para sentencia. No, el órgano jurisdiccional únicamente podrá acordar la práctica de la prueba durante el periodo de prueba. No, el órgano jurisdiccional únicamente podrá acordar la práctica de la prueba antes del periodo de prueba.

En el proceso contencioso-administrativo, la parte demandante, que no tiene la condición de funcionario público y va a actuar ante órgano colegiado, ¿debe actuar representada por profesional de la procura y asistida por profesional de la abogacía. Sí, debe conferir su representación a un profesional de la procura y ser asistida por profesional de la abogacía. Puede conferir su representación a un profesional de la procura y ser asistida, en todo caso, por profesional de la abogacía. Debe conferir su representación a un profesional de la procura y puede ser asistida por profesional de la abogacía. Puede comparecer por sí misma sin necesidad de representación y asistencia.

¿En cuál de los siguientes supuestos estará la Administración autonómica legitimada ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo?. Para impugnar los actos y disposiciones emanados de la Administración del Estado que afecten al ámbito de su autonomía. Para impugnar cualquier acto emanado de la Administración del Estado, afecte o no al ámbito de su autonomía. Para impugnar los actos y disposiciones emanados de las Entidades Locales pero nunca los de la Administración del Estado. La Administración autonómica nunca tendrá legitimación activa ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

En relación con el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta?. el plazo para que la administración remita el expediente es como máximo de diez días. La Administración, con el envío del expediente, podrá solicitar razonadamente la inadmisión del recurso. En ningún caso se dará traslado al Ministerio Fiscal. Es posible hacer valer mediante este procedimiento cuestiones de legalidad ordinaria.

Desestimadas las alegaciones previas, ¿pueden ser los motivos de inadmisibilidad esgrimidos en las mismas de nuevo alegados por la parte demandada en la contestación?. No, una vez desestimadas las alegaciones previas los motivos de inadmisibilidad no pueden ser alegados en la contestación. si, salvo la incompetencia del órgano jurisdiccional. si, salvo la falta de legitimación. si, salvo la extemporaneidad.

¿Qué órgano jurisdiccional es competente para conocer de las autorizaciones para la entrada en domicilios cuando proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración Pública, cuando no se trate de ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la entidad pública competente en la materia?. Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Sala de lo contencioso-administrativo de la AN. Sección de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia. Sección de lo contencioso-administrativo del Tribunal Central de Instancia.

¿En qué supuesto producirán las disposiciones sancionadoras efecto retroactivo?. en todo caso. en ningún caso. Cuando favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. Cuando favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, salvo que se trate de sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.

En relación con la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia, ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta?. La reclamación de indemnización por causa de error deberá ir precedida de una decisión judicial que expresamente lo reconozca. La revocación de resoluciones judiciales presupone automáticamente el derecho a indemnización. La anulación de resoluciones judiciales presupone automáticamente el derecho a indemnización. La acción judicial para el reconocimiento del error deberá instarse inexcusablemente en el plazo de un año a partir del día en que pudo ejercitarse.

Frente a la resolución que resuelve el recurso de alzada, ¿qué recurso procede interponer a efectos de agotar la vía administrativa?. Ninguno. Las resoluciones de los recursos de alzada ponen fin a la vía administrativa. recurso de reposición. recurso extraordinario de revisión. recurso de alzada en segunda instancia.

En relación con la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta?. Los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria. Por la tramitación simplificada se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. Se podrá acordar cuando razones de interés público lo aconsejen, pero no por la falta de complejidad del procedimiento. únicamente podrá ser acordado de oficio y no a instancia de parte.

¿A qué órgano jurisdiccional corresponde conocer en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial?. A la sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia. A la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. A la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Frente a los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial no procede recurso contencioso-administrativo.