Según el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la creación de cualquier órgano Administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos: Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica. Delimitación de sus funciones y competencias. Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento Todas son correctas.
Según artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración sin especificar el órgano que debe ejercerla: Se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y el territorio. Se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos superiores competentes por razón de la materia y el territorio. Se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón del territorio. Ninguna es correcta.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si en una misma solicitud, escrito o comunicación figuran varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán: Con el representante o el interesado que expresamente se haya señalado. En defecto de lo expuesto en la letra A con el interesado que figure en primer término. Las dos respuestas anteriores son correctas. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de: 6 meses. 3 meses. 6 meses, salvo que una norma europea con rango de Ley establezca uno mayor, o así venga previsto en el derecho de la UE. 3 meses, salvo que una norma europea con rango de Ley establezca uno mayor, o así venga previsto en el derecho de la UE.
Según lo previsto en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados de oficio, la falta de resolución expresa producirá la caducidad si se trata de: Nunca se produce la caducidad en los procedimientos iniciados de oficio. Procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen. Procedimientos en que la Administración no ejercite potestades sancionadoras o, en general de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen. Todas son incorrectas.
Según artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique la respuesta incorrecta. Toda notificación deberá indicar el órgano ante el que hubieran de presentarse los recursos que procedan y el plazo para interponerlos. Toda notificación deberá contener el texto íntegro de la resolución. Toda notificación debe indicar si pone fin o no a la vía administrativa. Toda notificación debe expresar los recursos que procedan, únicamente en vía administrativa.
El artículo 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas señala que siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalan por días, se entiende que estos son hábiles excluyéndose del cómputo: Los domingos y declarados festivos. Los sábados, domingos y declarados festivos. Los declarados festivos. Todas son incorrectas.
De acuerdo con lo previsto con el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que: Que establezcan la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Que vulneren las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. Que regulen materias reservadas a la ley. Todas son correctas.
De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señala la respuesta incorrecta: La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. Los actos nulos o anulables que contengan los elementos constitutivos de otro distinto no producirán los efectos de éste. El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.
El artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, y a los efectos de la citada Ley, se entenderá por Declaración Responsable el documento suscrito por un interesado en el que este manifieste bajo su responsabilidad: Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio. Que dispone de la documentación que así lo acredita. Que pondrá la documentación a disposición de la Administración cuando le sea requerida. Todas son correctas.
Según artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará un periodo de prueba por un plazo de: No superior a 30 días ni inferior a 15. No superior a 30 días ni inferior a 10. No superior a 20 días ni inferior a 10. No superior a 20 días ni inferior a 15.
De acuerdo con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá prescindir del trámite de audiencia: Cuando figuren en el procedimiento hechos, alegaciones y pruebas distintas a las aducidas por el interesado. Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. Nunca se puede prescindir el trámite de audiencia. Cuando lo decida el órgano instructor.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas podrán acordar la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común: Cuando lo solicite el órgano superior. Cuando así lo considere el órgano instructor del procedimiento. Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen. Ninguna de las respuestas es correcta.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si el procedimiento de revisión de oficio de un acto administrativo se hubiera iniciado a solicitud del interesado, transcurrido el plazo máximo sin dictarse resolución: Se producirá la caducidad. Se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo. Se podrá entender la misma estimada por silencio administrativo. Son correctas a y b.
Señala la respuesta incorrecta según artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: La declaración de lesividad será susceptible de recurso y podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos. La declaración de lesividad exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 82 de la citada Ley. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.
De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra una Resolución expresa que no pone fin a la vía administrativa, cabrá interponer recurso de alzada en el plazo de: 6 meses. 1 mes. 1 año. 3 meses.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 121.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si el recurso de alzada se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto impugnado: Éste deberá remitirlo al órgano competente para su resolución en el plazo de quince días. Éste deberá resolver en el plazo de diez días. Éste deberá remitirlo al órgano competente para su resolución en el plazo de diez días. Éste deberá resolver en el plazo de quince días.
Conforme al artículo 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer el recurso de reposición: En cualquier momento a partir del mismo día en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto expreso. En cualquier momento a partir del mismo día en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto expreso. En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el plazo general de prescripción de las sanciones será: Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves seis meses. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves al año y las impuestas por faltas leves seis meses. No existe plazo general para la prescripción de las sanciones.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 25.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las disposiciones relativas a los principios de la potestad sancionadora serán extensivas: Al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo. Al ejercicio de por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, siempre que se relación de empleo sea de carácter funcionarial. Respecto de aquellos que estén vinculados a las Administraciones Públicas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público. Son ciertas la A y la C.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, interrumpirá el plazo de prescripción de una infracción administrativa: La iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa imputable al presunto responsable. La iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor. La iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. La iniciación, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, se prevé un plazo para formular propuesta de resolución de: 10 días a contar desde la finalización del plazo de audiencia. 5 días a contar desde la finalización del plazo de audiencia. 20 días a contar desde la finalización del plazo de audiencia. No se establece plazo para ello.
A tenor de lo establecido en la Ley 3/1992, de 30 de Julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la titularidad de los bienes y derechos atribuidos a la Asamblea Regional será, en todo caso: Del Consejo de Gobierno De la Asamblea Regional, ya que tiene autonomía patrimonial. De la Comunidad Autónoma. De la Consejería de Presidencia y Hacienda.
El artículo 6 de la Ley 3/1992, de 30 de Julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, califica expresamente como bienes y derechos patrimoniales: (Señala la respuesta incorrecta) Los Edificios destinados a oficinas o servicios administrativos. Los bienes muebles necesarios para el desenvolvimiento de los servicios públicos. Los títulos representativos de capital y demás participaciones en sociedades constituidas de conformidad con el derecho privado, de los que sea titular la Comunidad Autónoma. Los derechos arrendaticios y demás de carácter personal.
La mutación demanial puede producirse por: Orden del Consejero de Presidencia y Hacienda. Resolución del Director General de Patrimonio. Ley de la Asamblea Regional. Todas son correctas.
En cuanto a la desafectación de los bienes demaniales de la Comunidad Autónoma, una de estas afirmaciones es falsa: La desafectación podrá efectuarse por Ley de la Asamblea Regional. Es la desvinculación de un bien de dominio público del fin de uso general o de servicio público al que está destinado. Con la desafectación, dejan de ser demaniales, para incorporarse al régimen de los bienes patrimoniales, perdiendo su titularidad pública. Los bienes desafectados siguen perteneciendo al conjunto del patrimonio de la CARM.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 6 del Decreto 236/2010, de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la Región de Murcia, es uno de los canales de atención al ciudadano Canal de atención telefónica, proporcionada mediante llamada a cualquier teléfono titularidad de la Consejería competente en materia de atención al ciudadano. Canal de atención presencial, que se ofrecerá en cualquier entidad del ámbito territorial de la CARM. Canal de atención electrónica, que es la que se ofrece a través de la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Canal de atención online, que es la que se ofrece a través de la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 236/2010, de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la Región de Murcia, la información administrativa se puede clasificar en función de: De su contenido, en general, especializada y particular. Por el modo de transmisión de Inmediata o diferida. Por la forma de proporcionarla en presencial, telefónica y electrónica. Todas son correctas.
Según el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, los datos personales serán tratados, en relación con el interesado, de manera lícita, leal y: Confidencial Segura Fiable Transparente.
Según el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, el interesado, como titular de sus datos de carácter personal, puede ejercitar ante el responsable, sus derechos de: Supresión (derecho al olvido) Oposición Limitación del tratamiento Todos ellos.
Conforme la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se puede prestar consentimiento de manera autónoma a partir de la edad de: 12 años 14 años 16 años 18 años.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, entiende como composición equilibrada: La presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el setenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento. La presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento. La presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el cincuenta por ciento ni sean menos del treinta por ciento. Todas son falsas.
De acuerdo con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, “la dirección electrónica, disponible a través de redes de telecomunicaciones, que tiene por objeto poner a disposición de los ciudadanos toda clase de servicios e informaciones relacionadas con la Comunidad Autónoma de manera totalmente gratuita”, se denomina: Portal de Transparencia de la CCAA de la Región de Murcia Sede de la transparencia de la Región de Murcia Consejo de la transparencia Todas son falsas.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 20, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, serán motivadas las resoluciones que: Concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada. Permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero. Denieguen el acceso. Todas son ciertas.
El Estatuto Básico del Empleado Público tiene por objeto: Regular en exclusiva el régimen jurídico de todos los funcionarios públicos Establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación Regular en exclusiva el régimen jurídico de todo el personal al servicio de las Administraciones públicas Establecer las bases del régimen estatutario del personal al servicio de la Administración General del Estado en exclusiva.
Señale, según el Estatuto Básico del Empleado Público, la respuesta incorrecta en relación con el personal eventual: Sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. Su nombramiento y cese serán libres. La condición de personal eventual constituirá mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna. Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.
Según el Estatuto Básico del Empleado Público, en función de la duración del contrato de trabajo el personal laboral podrá ser: Fijo, discontinuo o temporal. Fijo, por tiempo indefinido o temporal. Fijo, interino o temporal. Fijo, temporal o discontinuo.
La carrera horizontal prevista en el Estatuto Básico del Empleado Público: Consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional. Consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. Consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión. Consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de una Subgrupo a otro superior.
Los sistemas de evaluación del desempeño de sus empleados que establezcan las Administraciones Públicas tendrán efectos sobre: Las retribuciones básicas y complementarias. Las retribuciones básicas y complementarias, y sobre la carrera profesional. La responsabilidad disciplinaria. Las retribuciones complementarias y la continuidad en el puesto de trabajo, obtenido por concurso.
En las Unidades electorales, los Delegados de Personal representarán a los funcionarios siempre que el número de funcionarios sea: Igual o superior a 6 e inferior a 30 Igual o superior a 5 e inferior a 50 Igual o superior a 10 e inferior a 60 Igual o superior a 6 e inferior a 50.
Según el Estatuto Básico del Empleado Público, es un derecho individual ejercida de forma colectiva: El desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional Participación en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios. A la libre asociación profesional. Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
Según el Estatuto Básico del Empleado Público, además de las Organizaciones Sindicales, están legitimados para convocar una reunión, directamente o a través de los Delegados Sindicales: Los Delegados de Personal Los empleados públicos en número no inferior al 30% del colectivo convocado. Ningún otro colectivo. Las Mesas de Negociación.
Conforme el artículo 136 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, no quedan comprendidos en el Régimen General de la Seguridad Social: Los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Empleados de Hogar. Las personas que presten servicios retribuidos en entidades o instituciones de carácter benéfico-social. Los trabajadores autónomos. Los altos cargos de las administraciones públicas y de las entidades y organismos vinculados o dependientes de ellas que no tengan la condición de funcionarios públicos.
¿Puede el trabajador, instar su alta directamente al órgano competente de la Administración de la Seguridad Social? No, nunca. Es obligación del empresario Sí, con carácter previo al inicio de la prestación Sí, en el caso de que el empresario incumpla su obligación No, la realiza de oficio la Dirección Provincial de la TGSS.
¿Las horas extraordinarias computan en la base de cotización? No, están expresamente excluidas Sí, en el caso de cotización para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. No, salvo para la cotización por contingencias comunes Ninguna es correcta.
La responsabilidad del cumplimiento de la obligación de cotizar al Régimen General de la Seguridad Social, recae sobre: El trabajador. El empresario. Ambos, empresario y trabajador. La Dirección Provincias de la Tesorería General de la Seguridad Social.
La obligación de cotizar el Régimen General de la Seguridad Social, se mantendrá en la situación de: Incapacidad temporal. Desempeño de cargo de representación sindical sin excedencia en el trabajo. Paterniad. Todas ellas.
Según el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, para causar derecho a pensión ordinaria de jubilación será preciso haber completado al menos: 5 años de servicios efectivos al estado 10 años de servicios efectivos al estado 15 años de servicios efectivos al estado 20 años de servicios efectivos al estado.
Señale la respuesta correcta: La Hacienda Pública Regional está constituida por el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración Pública Regional y a sus organismos autónomos. La Hacienda Pública Regional está constituida por el conjunto de derechos económicos y obligaciones contractuales cuya titularidad corresponde a la Administración Pública Regional y a sus organismos autónomos. La Hacienda Pública Regional está constituida por el conjunto de derechos y obligaciones pecuniarias cuya titularidad corresponde a la Administración Pública Regional y a sus organismos autónomos administrativos. La Hacienda Pública Regional está constituida por el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración Pública Regional y a sus organismos autónomos administrativos.
De acuerdo con el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, señale la respuesta correcta: El principio de unidad de caja implica que se integran y custodian en el Tesoro Público Estatal todos los fondos y valores de la Hacienda Pública Regional. El principio de contabilidad pública obliga a reflejar toda clase de operaciones y de resultados de su actividad, así como las previsiones de gasto a realizar en el ejercicio presupuestario. El principio de estabilidad presupuestaria se traduce en la posibilidad de presupuestar con déficit estructural siempre los ingresos sean iguales a los gastos. El principio de control afecta a todas las operaciones de contenido económico según las normas de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia para cada ente.
¿El ámbito temporal del ejercicio presupuestario coincidirá siempre con? El mes El año El año natural No siempre, puede haber una prorroga en los presupuestos y por tanto el ejercicio superaría .
Señale la respuesta correcta: Las incorporaciones de crédito son una excepción al principio de especialidad cualitativa Las incorporaciones de crédito son una excepción al principio de especialidad cuantitativa Las incorporaciones de crédito son una excepción al principio de unidad Las incorporaciones de crédito son una excepción son una excepción al principio de anualidad en la ejecución.
Señale la respuesta correcta: Los créditos autorizados en los programas de gastos tienen carácter limitativo y vinculante Los créditos autorizados en los programas de gastos tienen carácter estimativo y vinculante Los créditos autorizados en los programas de gastos tienen carácter limitativo y estimativo Los créditos autorizados en los programas de gastos tienen carácter facultativo y estimativo.
Las ampliaciones de créditos son una excepción al principio de: Integridad Especialidad cualitativa Especialidad cuantitativa Especialidad temporal.
Cuando sea preciso realizar, con cargo al Presupuesto de la Administración Pública Regional algún gasto extraordinario que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y para el cual el crédito consignado no sea suficiente ni ampliable, se tramitará: Una incorporación de crédito Un suplemento de crédito Una reposición de crédito Una generación de crédito.
Según la Constitución Española, las CCAA gozan de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución De unidad en todo el territorio nacional y de colaboración con la Hacienda estatal De solidaridad entre los nacionales y de colaboración con la Hacienda estatal De coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles De colaboración con la Hacienda estatal y la local y de igualdad entre todos los españoles.
Las CCAA podrán establecer recargos sobre: Los tributos del Estado cedidos a la CCAA que se trate Los tributos del Estado cedidos a cualquier CCAA Los tributos susceptibles de cesión, salvo el impuesto sobre Hidrocarburos Los Tributos del Estado que se relacionan en el artículo 12 de la LOFCA.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el anuncio de licitación para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas se publicará en el DOUE perceptivamente: Siempre Solo cuando se trate de contratos de obras Solo cuando el órgano de contratación lo considere oportuno Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada.
El plazo para interponer el recurso especial en materia de contratación es de: 20 días naturales 20 días hábiles 15 días hábiles 15 días naturales.
Conforme a lo previsto el artículo 326 de la Ley de contratos del Sector Público, ¿quiénes no podrán formar parte nunca de las mesas de contratación? El personal eventual El personal interino Los cargos públicos representativos Son correctas la A y C.
|
