Preguntas bolsa de trabajo social III

Según el artículo 104.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local: El número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por el Pleno de cada Corporación, al comienzo de su mandato. El número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por el Pleno de cada Corporación, al final de su mandato. El número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por el Alcalde, al comienzo de su mandato. Todas la anteriores son correctas.

La jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración Local, según el artículo 94 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, será en cómputo anual. La misma que se fije para los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma respectiva. La misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado. La que se fije por parte de la propia Administración Local. Todas las anteriores son correctas.

Según el artículo 97 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, los anuncios de convocatorias de pruebas de acceso a la función pública local y de concursos para la provisión de puestos de trabajo deberán publicarse: En el Boletín Oficial de la Provincia. En el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento. En el Boletín Oficial del Estado. Ninguna de las anteriores es correcta.

Según el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público que con arreglo a esta Ley resulte incompatible con el que vinieran desempeñando habrán de optar por uno de ellos. Dentro del plazo de diez días. Dentro del plazo de toma de posesión. Dentro del plazo de quince días. Todas las anteriores son incorrectas.

Según el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local: Una vez aprobada la plantilla y la relación de puestos de trabajo, se remitirá copia a la Administración del Estado y, en su caso, a la de la Comunidad Autónoma respectiva, dentro del plazo de treinta días, sin perjuicio de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial de la Provincia», junto con el resumen del Presupuesto. Una vez aprobada la plantilla y la relación de puestos de trabajo, se remitirá copia a la Administración del Estado y, en su caso, a la de la Comunidad Autónoma respectiva, dentro del plazo de veinte días, sin perjuicio de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial de la Provincia», junto con el resumen del Presupuesto. Una vez aprobada la plantilla y la relación de puestos de trabajo, se remitirá copia exclusivamente a la Administración del Estado dentro del plazo de quince días, sin perjuicio de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial de la Provincia», junto con el resumen del Presupuesto. Todas las anteriores son incorrectas.

Según el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando: Se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos desfavorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios no existieran en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Todas las anteriores son correctas.

Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas podrán según el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Decidir y comunicar en un plazo no superior a diez días a la Administración Pública, mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos. Decidir y comunicar en un plazo no superior a quince días a la Administración Pública, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos. Decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública, mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos. Todas las anteriores son correctas.

Según el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa: Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento. Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por no efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento. La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. Deberá realizarse una nueva notificación, en caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación.

Según el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Los que tengan un contenido imposible. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Todas las anteriores son correctas.

Según el artículo 106.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2. Siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2. En cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio o a instancia de parte, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2. Todas las anteriores son correctas.

Conforme al artículo 9.1. del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, el Presupuesto General incluirá: Las bases de ejecución del mismo que contendrán, para cada ejercicio, la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia Entidad y de sus Organismos autónomos. Las bases de ejecución del mismo que contendrán, para cada ejercicio, la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia Entidad. Las bases de ejecución del mismo que contendrán, para cada ejercicio, la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de los Organismos autónomos. Todas las respuestas son incorrectas.

Según el artículo 20.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, la aprobaciéín definitiva del presupuesto general por el Pleno de la corporación habrá de realizarse: Antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse. Después del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse. Antes del día 31 de octubre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse. Todas las respuestas son incorrectas.

Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el Presupuesto correspondiente, marque la respuesta CORRECTA. Se considerará automáticamente nulo el presupuesto del ejercicio anterior. Se considerará automáticamente prorrogado el del anterior hasta el límite global de sus créditos iniciales, como máximo. Se considerará automáticamente prorrogado el del anterior hasta el límite global de sus créditos iniciales, como mínimo. Todas las respuestas son incorrectas.

Según el artículo 7, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán, entre otros. Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos. Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya iniciativa les corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes. En el caso en que no sea preceptivo ningún dictamen la publicación se realizará en el momento de su aprobación. Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública. Todas las respuestas son correctas.

Conforme al artículo 5.4, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada: En las correspondientes sedes electrónicas o páginas web. En el Boletín Oficial del Estado. En el tablón de edictos municipal. En el tablón de edictos municipal.

El artículo 5.5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la información será. Comprensible, de acceso fácil y previo pago. Comprensible, de acceso fácil y gratuito. Comprensible y de acceso restringido. Ninguna respuesta es correcta.

Conforme el artículo 14 de la Ley 19/2013, es un límite al derecho de acceso de la información: La seguridad nacional. La defensa. El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. Todas las respuestas son correctas.

El Portal de la Transparencia contendrá información publicada de acuerdo a los siguientes Principios técnicos: MARQUE LA INCORRECTA. Usabilidad. Accesibilidad. Interoperabilidad. Reutilización.

Según el artículo 18.1 de la Ley 19/2013, no es causa de inadmisión a trámite las solicitudes que. Se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general. Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas. Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. Todas son causas.

Cuando la solicitud de acceso a la información pública no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de. Diez días. Quince días. Veinte días. Todas son incorrectas.

De conformidad con el artículo 82 la LPACAP, el trámite de audiencia. Será siempre inferior a diez días a discreción de la Administración. Se puede prescindir del mismo en cualquier caso. Se realizará una vez dictada la resolución. No puede ser inferior a diez días ni superior a quince.

Según el artículo 122.1 de la LPACAP, transcurrido el plazo de un mes, sin haberse interpuesto el recurso de alzada, la resolución será, a todos los efectos. Definitiva. Estable. Firme. Inamovible.

De conformidad con el artículo 98 de la LPACAP, en relación con la ejecutoriedad de los actos administrativos. Son inmediatamente ejecutivos en todo caso. Son inmediatamente ejecutivos, salvo que se necesite aprobación o autorización superior. Son inmediatamente ejecutivos, salvo los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho, a los efectos del artículo 59 de la LPACAP, se denomina: Declaración responsable. Manifestación responsable. Comunicación. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

De acuerdo con el artículo 56 de la LPACAP, iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver ¿qué podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. Información y actuaciones previas. Medidas provisionales. Acumulación. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

De acuerdo con el artículo 126 de la LPACAP, ¿qué plazo debe transcurrir desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución para entenderse desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa†. Un mes meses. Tres meses. Seis meses. Ninguna de las anteriores es correcta.

Según el artículo 96.2 de la LPACAP, cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento deberá notificarlo a los interesados. Si alguno de ellos manifestara su oposición expresa. Contra el acuerdo no cabrá oposición alguna. La Administración deberá seguir la tramitación ordinaria. La Administración podrá resolver continuar con la tramitación ordinaria. La Administración podrá resolver continuar con la tramitación ordinaria.

De acuerdo con el artículo 124 de la LPACAP, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso potestativo de reposición es de: Un mes. Tres meses. Tres meses. Seis meses.

¿En qué caso se podrá prescindir del trámite de audiencia según lo establecido en el artículo 82.4 de la LPACAP?. En ningún caso bajo advertencia de nulidad del procedimiento. Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. Cuando figuren en el procedimiento, hechos alegaciones y pruebas distintas a las aducidas por el interesado. Ninguna es correcta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la LPACAP, no es necesario/obligatorio que la solicitud de inicio contenga. Lugar y fecha. DNI del interesado. Hechos, razones y petición en que se concrete la solicitud. Órgano al que se dirige.

Según establece la Ley 3/2019 de 18 de febrero de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, las Unidades de Igualdad se ubican. En los servicios de Atención primaria de carácter específico. En los servicios de atención secundaria. La Iey no especifica su dependencia funcional. En los servicios de Atención Primaria de carácter básico.

Según establece el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de: Custodia al que se refiere el artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679. Cuidado al que se refiere el artículo 5.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679. Confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f} del Reglamento (UE) 2016/679. Sigilo al que se refiere el artículo 5.1.g) del Reglamento (UE) 2016/679.

Según establece el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento. Será lícito por sí mismo. Solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela. Solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela y el del responsable del tratamiento. No será posible ningún caso.

Entre los servicios de atención primaria de carácter específico, de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, se encuentra: Unidad de Igualdad. Servicio de violencia de género y machista. Servicio de asesoría técnica específica. Servicio de acción comunitaria.

Cuál es el objeto de la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Promover una sociedad democrática e igualitaria avanzada. Promover las condiciones para que la igualdad de los individuos sea real y efectiva. Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Todas las respuestas son correctas.

Según el artículo 21 de la Ley 7/2012 de 23 de noviembre de la Generalitat, Integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana, por prevención de la violencia sobre la mujer se entenderá. El conjunto de actividades o medidas que pueden adoptarse en todas las esferas de ámbito social con el fin de evitarla. Las acciones individuales que puedan iniciar las personas por iniciativa propia. A y B son ciertas. Ninguna es correcta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, pone a persona de un sexo en desventaja particular con respecto a personas de otro. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a persona de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo, la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directo o indirectamente, por razón de sexo.

En el artículo 12, del capítulo II de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, en relación al ejercicio de los derechos, señala la respuesta correcta. El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el afectado recaerá sobre el responsable. El encargado podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule. Todas son correctas.

Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo: No superior a seis meses. No superior de un mes. No superior a 15 días. No superior a 10 días.

Cuál es el ámbito de aplicación de la Ley 9/2023, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres ?. La presente Iey será de aplicación en todo el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. En todas las actuaciones referidas a la planificación, acciones, gestión y ejecución de actuaciones en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Las actuaciones reguladas están referidas tanto a las nuevas medidas que se implementen como a las que actualmente se están realizando, así como las que ya existen en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, promovidas solo por personas jurídicas, de naturaleza pública. a y b son correctas.

Iniciado el procedimiento de revisión de oficio al que se refieren los artículos 106 y 107, según el artículo 108 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad, podrá suspender la ejecución del acto. Siempre y en todo caso durante un plazo máximo de un mes. Cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Cuando ésta pudiera causar perjuicios a los terceros interesados. Durante un plazo máximo de treinta días.

Según el artículo 1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la Ley tiene por objeto. Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública. Regular y garantizar el derecho de acceso a la información. Establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos. Todas son correctas.

Según el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, determinará la imposibilidad de continuar el ejercicio al derecho o actividad: Desde el día siguiente en el que se tenga constancia de tales hechos. Desde el momento de requerimiento de la administración debidamente notificado. Desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos. Ninguna respuesta anterior es correcta.

De acuerdo con el art. 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, el consentimiento de los menores de edad se establece. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de dieciséis años. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de dieciocho años. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de veintiún años. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años.