Preguntas bolsa de trabajo social VI

Los empleados públicos, de acuerdo con el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se clasifican en: Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal, y personal eventual. Exclusivamente funcionarios de carrera y funcionarios interinos. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, y personal de confianza. Únicamente se consideran empleados públicos a los funcionarios de carrera.

Según el artículo 21 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, el trabajador tendrá derecho a: Interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando dicha actividad entrañe un riesgo grave e inminente para su vida o su salud. Interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando dicha actividad no entrañe un riesgo grave e inminente para su vida o su salud. Interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso que sea necesario, cuando dicha actividad entrañe un riesgo grave e inminente para su vida o su salud y únicamente cuando el empresario o superior así lo considere. Interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso que sea necesario, cuando dicha actividad entrañe un riesgo grave e inminente para su vida o su salud y lo dictamine el órgano superior de representación de los trabajadores.

Según el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativo a la emisión de informes, señale la opción correcta: Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes. Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de 15 días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos y vinculantes. Los informes serán emitidos a través de medios físicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de 15 días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.

De conformidad con el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, se entiende por expediente administrativo. El conjunto ordenado de datos e informes que sirven de antecedente y fundamento a la notificación administrativa, así como las actuaciones encaminadas a ejecutarla. El conjunto ordenado de antecedentes que sirven de argumento jurídico a la diligencia administrativa. El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejectutarla. El conjunto ordenado de antecedentes e informes que sirven de base a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a notificarla.

Las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las recogidas en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común: Son nulas. Son anulables. Son ilegales. Son impugnables.

De acuerdo con el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra las disposiciones administrativas de carácter general. No cabrá recurso en vía alguna. No cabrá recurso en vía administrativa. Cabrá recurso de alzada. Cabrá recurso extraordinario de revisión.

De conformidad con el artículo 168.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el presupuesto de la Entidad Local será formado por: El Concejal delegado de Hacienda. Su Presidente. El Pleno. Ninguna de las anteriores respuestas es la correcta.

Según el art. 164 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el presupuesto general de las entidades locales estará integrado por. Únicamente el presupuesto de la propia entidad local. El presupuesto de la entidad local y el de sus Organismos Autónomos de carácter administrativo. El presupuesto de la entidad local, el de sus Organismos Autónomos, y el estado de previsión de ingresos y gastos de todas las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local. El presupuesto de la entidad local, el de sus Organismos Autónomos, y el estado de previsión de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles en que tenga participación mayoritaria la entidad local.

El artículo 5 de la ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derecho digitales, establece que el deber de confidencialidad y de secreto profesional de los responsables y encargados del tratamiento de datos. Se mantendrán hasta que finalice la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamientos. Se mantendrán hasta un año después de que finalice la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamientos. Se mantendrán aún cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamientos. Se mantendrán hasta cinco años después de que finalice la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamientos.

De conformidad con el artículo 18.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, dispone que se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes. Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general. Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas. Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. Todas las anteriores respuestas son correctas.

Según lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el procedimiento abierto simplificado se caracteriza por una serie de trámites simplificados. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto a este procedimiento?. La oferta se presentará en un único sobre o archivo electrónico, si no contempla criterios de juicio de valor. No se exige la constitución de garantía provisional. Se admite su uso siempre que los criterios evaluables mediante juicio de valor no superen el 25% de la ponderación total. El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a veinte días hábiles.

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿Qué entidades de las siguientes, están obligadas a aplicar la Ley de Contratos del Sector Público por tener la consideración de administración pública?. Únicamente las fundaciones públicas. Las empresas privadas que reciben más del 50% de financiación pública. Las entidades que integran la administración local. Todas las respuestas son correctas.

Según el Código Penal, ¿Cuál de las siguientes conductas constituye cohecho pasivo propio?. Un funcionario público solicita fondos para archivar un expediente disciplinario. Un particular ofrece dinero a un funcionario para agilizar un trámite sin relación con sus funciones. Un funcionario público comunica información pública a un particular sin solicitar compensación. Un particular reclama judicialmente que su expediente no ha sido resuelto.

¿Cuál de estas situaciones sería un supuesto de tráfico de influencias del particular según la ley?. Un particular presiona a un funcionario con amenazas para cambiar una resolución. Un particular, debido a su relación con un funcionario, influye sobre este para obtener un beneficio económico. Un particular acepta un soborno de un funcionario. Un funcionario dicta una resolución arbitraria.

El derecho de las personas inmigrantes, recogido en la Ley 4/2012, de 15 de octubre, por la que se aprueba la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valencian, se garantiza. Independientemente de su situación legal en España. Solo si acreditan una permanencia mínima de un año en la Comunitat Valenciana. De acuerdo con la normativa estatal sobre derechos y libertades de los extranjeros y la normativa autonómica de integración. Únicamente para prestaciones sanitarias.

Conforme al artículo 5 de la Ley 4/2012, de 15 de octubre, por la que se aprueba la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valencian, la prohibición de discriminación. Se aplica solo en el acceso a servicios sociales. Está limitada a discriminación por motivos de edad. Se prohíbe toda discriminación en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes regulados en la carta, pudiéndose establecer medidas de discriminación positiva para protección especial. No admite discriminación positiva bajo ninguna circunstancia.

De acuerdo con el Título Preliminar de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, ¿Cuál es el principio rector que fundamenta el derecho subjetivo al acceso al Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales?. Solidaridad entre generaciones. Universalidad y equidad. Subsidiariedad de las familias. Eficiencia económica.

Según la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, ¿Con qué periodicidad debe actualizarse la Cartera de prestaciones y quién debe aprobar dicha actualización. Cada cuatro años, mediante decreto de la Generalitat sin consultas adicionales. Bienalmente, mediante decreto del Consell tras consultar con el Consejo Valenciano de Inclusión y Derechos Sociales y dictamen del Comité Econòmic i Social. Cada tres años, por orden de la Consellería competente, en participación con los ayuntamientos. Siempre que lo proponga el órgano de coordinación interadministrativa en servicios sociales, sin obligación de dictamen.

Cuál de estas definiciones aparece en el artículo 3 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana. Definición de “plan de actuación social. Definición de “zonas vulnerables. Definición de “renta de inclusión. Definición de “derecho subjetivo.

Según los artículos 32 y 33 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, las prestaciones del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales se clasifican en: Básicas y específicas. Universales y locales. Garantizadas y condicionadas. Obligatorias y voluntarias.

Según el Decreto 59/2019, de 12 de abril, del Consell, de ordenación del sistema público valenciano de servicios sociales. Se entiende por entidades de servicios sociales: Aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que sean titulares de servicios y centros de servicios sociales, así como aquellas personas físicas o jurídicas que tengan como objeto la realización de actividades con carácter permanente dentro del ámbito de los servicios sociales. La unidad organizativa que contemple una o más prestaciones profesionales, económicas o tecnológicas. Los servicios podrán presentar diferentes modalidades, en función del objeto que persigan, con respecto a la población destinataria, la intensidad y duración o el tipo de prestación que articulen, y podrán proveerse a través de centros y programas. La unidad de organización, física y funcional, dotada de una infraestructura material, con ubicación autónoma e identificable, en la que se ofrecen o desde la que se materializan prestaciones de servicios sociales. A estos efectos, se asimilan al concepto de centro denominaciones tales como establecimiento, piso, vivienda u hogar, entre otras, que se adaptarán de acuerdo con la tipología de personas usuarias y de su organización de funcionamiento. El conjunto ordenado y previamente planificado de actuaciones que están dirigidas a intervenir ante situaciones de necesidad de carácter individual, grupal o comunitario.

El procedimiento de autorización de funcionamiento establecido en el Decreto 59/2019, de 12 de abril, del Consell, de ordenación del sistema público valenciano de servicios sociales , determina que: Las personas físicas o jurídicas titulares de los centros de servicios sociales solicitarán la autorización de funcionamiento que corresponda según el decreto. La solicitud deberá presentarse presencialmente de acuerdo con el modelo normalizado establecido al efecto, debiendo acompañar a la misma la documentación que se señala en el artículo 25. Las personas físicas o jurídicas titulares de los centros de servicios sociales solicitarán la autorización de funcionamiento que corresponda según el decreto. La solicitud deberá presentarse electrónicamente de acuerdo con el modelo normalizado establecido al efecto, sin necesidad de acompañar a la misma ninguna documentación. Las personas físicas o jurídicas titulares de los centros de servicios sociales solicitarán la autorización de funcionamiento que corresponda según el decreto. La solicitud deberá presentarse electrónicamente de acuerdo con el modelo normalizado establecido al efecto, debiendo acompañar a la misma la documentación que se señala en el artículo 25. Todas son incorrectas.

Según la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclusión, entre las obligaciones de las personas destinatarias de la renta valenciana de inclusión se encuentran las siguientes. Destinar la cuantía económica de la prestación a la finalidad para la cual se ha otorgado. Comunicar, en el plazo máximo de 20 días hábiles, los hechos sobrevenidos que, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o extinción del derecho a la prestación. Reclamar, durante todo el periodo de duración de la prestación, cualquier derecho económico, incluyendo el ingreso mínimo vital o cualquier otra prestación de garantía de ingresos mínimos de carácter estatal que pueda sustituirla, que les pueda corresponder a cualquier persona miembro de la unidad de convivencia por cualquier título y ejercitar las acciones correspondientes para hacerlo efectivo. Todas son correctas.

A los efectos de la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclusión, se entenderá como unidad de convivencia la formada por (señale la opción incorrecta): Las personas que viven solas en una vivienda o alojamiento. Quedan excluidas de esta consideración las personas que, incluso viviendo solas, estén unidas a otras solo por matrimonio. Cuando se trate de mujeres víctimas de violencia de género, de violencia sexual, de trata así como de otras violencias sobre la mujer recogidas en el artículo 3 de la Ley 7/2012, acreditadas según el artículo 9 de la mencionada ley, siempre que se acredite la no convivencia. Cuando se trate de personas que tengan la condición de refugiadas o hayan realizado la solicitud para el reconocimiento de tal condición y esta solicitud se haya admitido a trámite, y su cónyuge o persona con la cual mantengan una forma de relación permanente análoga a la conyugal no resida en el territorio español. Cuando se trate de personas que tengan la condición de refugiadas o hayan realizado la solicitud para el reconocimiento de tal condición y esta solicitud se haya admitido a trámite, y su cónyuge o persona con la cual mantengan una forma de relación permanente análoga a la conyugal no resida en el territorio español.

En relación a las competencias marcadas en la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclusión, las entidades locales desarrollarán las siguientes atribuciones. La detección de las personas o las unidades de convivencia que se encuentren en situación de exclusión o riesgo de exclusión, y la realización de las prestaciones profesionales a través de los diferentes instrumentos de inclusión social: configuración del diagnóstico social, la suscripción con las personas interesadas del acuerdo de inclusión social, elaboración del plan personalizado de intervención, itinerario social, familiar o individualizado y también participar, en su caso, en la elaboración del itinerario de inserción laboral en coordinación con los servicios públicos de empleo. La instrucción y presentación del expediente, del informe social, en su caso, así como del informe-propuesta de resolución sobre la concesión de la renta valenciana de inclusión, en la modalidad que corresponda, en el registro de la dirección general competente en materia de renta valenciana de inclusión. El seguimiento, revisión y evaluación de los instrumentos de inclusión social a través de los servicios sociales de atención primaria mediante un acompañamiento personalizado orientado a la inclusión plena y efectiva en la sociedad utilizando instrumentos de inserción laboral en colaboración y coordinación con los equipos profesionales de los servicios de empleo locales y el servicio público de empleo y formación (LABORA). Todas son correctas.

Según el artículo 50 de la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclusión, sobre la cooperación y coordinación entre administraciones públicas, se establece que: Las administraciones públicas valencianas deben prestarse entre sí la cooperación necesaria para garantizar la máxima eficacia y eficiencia en el funcionamiento de la renta valenciana de inclusión. Las administraciones públicas valencianas deben prestarse entre sí la coordinación necesaria para garantizar la máxima eficacia y eficiencia en el funcionamiento de la renta valenciana de inclusión. Las administraciones públicas valencianas deben prestarse entre sí la cooperación y coordinación necesarias para garantizar la máxima eficacia y eficiencia en el funcionamiento de la renta valenciana de inclusión. No se estable el deber de prestar cooperación y coordinación entre administraciones en relación a la renta valenciana de inclusión.

La Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad, define a las personas con discapacidad de la siguiente manera: Aquellas que por su diversidad física, mental, intelectual, cognitiva o sensorial, previsiblemente de carácter permanente, en la interacción con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. Aquellas que por su diversidad física, mental, intelectual, cognitiva o sensorial, previsiblemente de carácter permanente, en la interacción con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 45 %. Aquellas que por su diversidad física, mental, intelectual, cognitiva o sensorial, previsiblemente de carácter permanente, en la interacción con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Aquellas que por su diversidad física, mental, intelectual, cognitiva o sensorial, previsiblemente de carácter permanente, en la interacción con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 50 %.

El artículo 26 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad, en relación a los Centros Especiales de empleo, establece que: Los Centros Especiales de Empleo configuran como la estructura física y funcional de carácter público en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Los Centros Especiales de Empleo contarán con apoyo y enclaves laborales. También se potenciarán experiencias singulares que supongan la creación de puestos de trabajo ordinario destinados a las personas con discapacidad con necesidad de apoyo generalizado, a través de acciones basadas en el empleo con apoyo y enclaves laborales. Se fomentará el empleo estable de los trabajadores con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo mediante ayudas dirigidas a la creación, mantenimiento e incremento del empleo en el mismo, así como ayudas destinadas a facilitar el transporte a dichos centros cuando la mayoría de sus trabajadores sean personas con discapacidad con movilidad reducida o personas con discapacidad psíquica. La conselleria u organismo de la Generalitat con competencias en materia de administración pública promoverán y adoptarán las medidas necesarias para el acceso de las personas con discapacidad al empleo público y su permanencia en él, sobre la base de no discriminación y la igualdad de trato y oportunidades.

El artículo 5 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, establece que son titulares de los derechos establecidos en la presente Ley los españoles que cumplan los siguientes requisitos (señale la respuesta incorrecta): Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos. Para los menores de cinco años no se exigirá periodo mínimo de residencia en territorio español. Para los menores de 3 años se estará a lo dispuesto en la disposición adicional decimotercera.

El artículo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia enumera los servicios que comprende el catálogo, entre ellos. Servicio de telefonía. Servicio de ayuda al mayor. Servicio de atención residencial. Servicio de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.

Según el artículo 2 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las obligaciones establecidas en esta ley serán de aplicación a toda persona. Jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español. Física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español. Física, que se encuentre o actúe en territorio español. Física o jurídica, con independencia del territorio en el que se encuentre o actúe.

Física o jurídica, con independencia del territorio en el que se encuentre o actúe. Constituye discriminación directa por razón de sexo. Constituye discriminación indirecta por razón de sexo. Constituye discriminación por asociación. Ninguna de las anteriores es correcta.

Según el artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los planes de igualdad de las empresas: Son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas ineficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. Contendrán un conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a promover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres. A y C son correctas.

Según el artículo 78 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿Qué órgano colegiado de consulta y asesoramiento se crea con el fin esencial de servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y la lucha contra la discriminación por razón de sexo. El Instituto de la Mujer. El Consejo Nacional de la Mujer. El Consejo de la Mujer. El Consejo de Participación de la Mujer.

El artículo 2 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres dispone como principios generales. Son contrarias al ordenamiento jurídico las actuaciones públicas o los comportamientos privados que sean discriminatorios. No toda desigualdad es constitutiva de discriminación. No hay una prohibición general que impida establecer cualquier diferencia, lo que se prohíbe es la desigualdad que carece de justificación objetiva, racional y razonable. Cuando se disponga una diferencia de trato deben emplearse los medios que resulten proporcionados y adecuados o congruentes con los fines que se persiguen. Todas las respuestas son correctas.

El artículo 7 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres, refiere sobre la educación y la conciliación familiar y laboral que: El Consell de la Generalitat adoptará las medidas necesarias para garantizar la ampliación del horario de apertura de todos los centros privados que impartan educación infantil y educación primaria, con el fin de atender las necesidades de las familias que lo precisen por el horario laboral de la madre y el padre. Las Administraciones Públicas de la Generalitat adoptarán las medidas necesarias para garantizar la ampliación del horario de apertura de todos los centros públicos que impartan educación infantil y educación primaria, con el fin de atender las necesidades de las familias que lo precisen por el horario laboral de la madre y el padre. El Consell de la Generalitat adoptará las medidas necesarias para garantizar la ampliación del horario de apertura de todos los centros públicos que impartan educación infantil y educación primaria, con el fin de atender las necesidades de las familias que lo precisen por el horario laboral de la madre y el padre. Las Administraciones Públicas de la Generalitat adoptarán las medidas necesarias para garantizar la ampliación del horario de apertura de todos los centros públicos y privados que impartan educación infantil y educación primaria, con el fin de atender las necesidades de las familias que lo precisen por el horario laboral de la madre y el padre.

La violencia de género a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en su artículo 1 comprende. Todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación precaria de libertad. La violencia que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Todo acto de violencia física y psicológica, excluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación precaria de libertad. A y B son correctas.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en su artículo 23, estable que las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en esta ley se acreditarán mediante los siguientes medios, señale la opción incorrecta. Sentencia condenatoria. Orden de desprotección. Informe del Ministerio Fiscal. Informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida de la Administración Pública competente.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 quáter “Deberes relativos al ámbito escolar” de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, señale la respuesta correcta. Los menores deben respetar las normas de convivencia de los centros educativos, estudiar durante las etapas de enseñanza obligatoria y tener una actitud positiva de aprendizaje durante todo el proceso formativo. Conservar y hacer un buen uso de los recursos e instalaciones y equipamientos públicos o privados, mobiliario urbano y cualesquiera otros en los que desarrollen su actividad. Los profesores tienen que respetar a los menores y otros empleados de los centros escolares, evitando situaciones de conflicto. A través del sistema de servicios sociales se implantará el conocimiento que los menores deben tener como ciudadanos, excluyendo entre los mismos aquellos que se generen como consecuencia de la utilización en el entorno docente de las Tecnologías de la Información y Comunicación, redes sociales y uso de internet.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.6 de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, señale la respuesta correcta: Cualquier medida de protección no permanente que se adopte respecto de menores de tres años se revisará cada tres meses. Cualquier medida de protección no permanente que se adopte respecto de menores de tres años se revisará cada seis meses. Cualquier medida de protección no permanente que se adopte respecto de mayores de tres años se revisará cada tres meses. En los acogimientos permanentes la revisión tendrá lugar el primer año cada tres meses y, a partir del segundo año, cada seis meses.

De acuerdo con el artículo 42 de la a Ley 26/2018 de 21 de diciembre de la Generalitat, de derechos y garantías de la infancia y adolescencia, denominado “La notificación de situaciones de desprotección infantil”, señale la respuesta correcta: Los servicios y centros sanitarios, del ámbito educativo, los servicios y centros escolares tanto públicos como privados, tienen la obligación de declarar la situación de riesgo y desamparo en la que se encuentre un niño, niña o adolescente, y el deber de colaborar con la entidad púbica competente para la protección de la infancia y la adolescencia en el ejercicio de esta función. Cuando existan indicios de peligro inminente y grave se tomarán las medidas inmediatas de protección que las circunstancias requieran, incluida si procede, la retención de la persona protegida en el centro o servicio sanitario hasta que la autoridad competente se haga cargo de ella o determine la medida a adoptar, debiendo evitarse a tal fin la contención física y/o mecánica y/o farmacológica del protegido, que sólo podrá ser usada tras haberse agotado todos los recursos y habilidades propias del personal sanitario adecuado, y que deberá ser autorizada y supervisada por el juzgado correspondiente. Serán las entidades locales las que promoverán la coordinación y la colaboración entre las instituciones sanitarias, educativas y de protección de la infancia y la adolescencia mediante la aprobación y formalización de los correspondientes protocolos. Ninguna es correcta.

De acuerdo con el artículo 44 de la Ley 26/2018 de 21 de diciembre de la Generalitat, de derechos y garantías de la infancia y adolescencia, que hace referencia a los contenidos educativos, señale la respuesta correcta. La formación integral de niñas, niños y adolescentes en los centros de enseñanza contemplará la educación social y emocional y sexoafectiva, previa información y de conformidad con las familias. Los contenidos curriculares y la metodología docente se adaptará, cuando sea posible, a la discapacidad y diversidad del alumnado y las necesidades educativas especiales del mismo que requieran de apoyo. Las enseñanzas y la formación que se ofrezcan a la infancia y la adolescencia fomentarán el ejercicio pleno de su ciudadanía, el conocimiento y difusión de los derechos y deberes, el respeto a los derechos humanos y a los valores democráticos y el desarrollo de una cultura participativa, inclusiva y abierta a la diversidad. Ninguna es correcta.

Según el artículo 101 de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y garantías de la infancia y adolescencia, en los casos de intervención en situaciones de riesgo y en relación al proyecto de intervención personal, social, y educativo familiar, señale la respuesta correcta. Cuando el órgano competente en materia de protección de la infancia y la adolescencia de la Generalitat tengan conocimiento, por sí mismos o a través de terceros, de que un niño, niña o adolescente puede encontrarse en una situación de riesgo, evaluarán su situación y si esta lo requiere, elaborarán un proyecto de intervención personal, social y educativo familiar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 de esta ley, designando a una persona profesional de referencia. El proyecto de intervención incluirá todas las medidas necesarias para revertir la situación de riesgo, tanto las prestaciones y recursos de servicios sociales que sean pertinentes, como las que hayan de llevarse a cabo por el centro escolar, los servicios sanitarios u otros recursos comunitarios. El proyecto podrá incluir medidas destinadas a mejorar las condiciones personales, familiares y sociales de la persona protegida y, si fuera necesario, intervenir hacia la emancipación del niño, niña y adolescente. Como medida general, podrá prever la asistencia a un centro de día, con la finalidad de potenciar su inclusión social, familiar y laboral y de paliar las carencias de apoyo familiar. El proyecto contemplará, en todos los casos, intervenciones técnicas con el objeto de modificar las pautas relacionales en la familia, de capacitar para el ejercicio adecuado de las funciones de educación y crianza, y la intervención de profesionales del ámbito sanitario clínico para mitigar las secuelas de la situación de desprotección o de dotar a la persona protegida de recursos personales de afrontamiento.

De acuerdo con el artículo 103 de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia la situación de riesgo será: Declarada a propuesta de las comisiones de coordinación para la protección de la infancia y adolescencia. Declarada mediante resolución motivada del órgano que tenga atribuida la competencia por las disposiciones de organización local, a propuesta de un órgano colegiado interdisciplinar. Consensuada con la familia, recabando formalmente su aceptación, para lo que se les ofrecerá información de manera comprensible y en formato accesible. Declarada por el equipo de servicios sociales responsable del proyecto de intervención social y educativo familiar.

De acuerdo con el artículo 162 de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la infancia y adolescencia, que hace referencia a los programas de medio abierto, señale la opción correcta: Se denominan programas de medio abierto aquellos destinados a la ejecución de alguna de las siguientes medidas previstas la Ley orgánica 5/2000: medidas privativas de libertad, asistencia a un centro de día, libertad vigilada, convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, prestaciones en beneficio de la comunidad, y realización de tareas socioeducativas. Los programas de medio abierto se llevarán a cabo únicamente por los equipos educativos de servicios sociales de las entidades locales y los equipos propios de la administración la Generalitat en materia de justicia juvenil. En todo los casos los programas de medio abierto contemplarán que éstas se lleven a cabo en recursos sanitarios destinados al conjunto de la población y específicos para su cumplimiento. Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana prestarán, a tal fin, la colaboración necesaria, poniendo a disposición del programa los recursos de su ámbito de competencia. En estos recursos se procurará que las personas menores de edad se atiendan de manera conjunta con las personas adultas. Para el cumplimiento de las medidas que impliquen tratamiento ambulatorio, el personal sanitario del sistema sanitario valenciano elaborará y asumirá un programa de tratamiento, dando cuenta del mismo, y colaborando con la persona designada por la entidad pública competente en materia de justicia juvenil como responsable de la ejecución de la medida.

El artículo 163 de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la infancia y adolescencia, establece que las residencias socioeducativas para menores de edad en conflicto con la ley: Serán de titularidad y gestión privada o en régimen concertado. Para el cumplimiento de las medidas podrán también ser utilizados centros de la misma naturaleza, ubicados en otras comunidades autónomas. A tal efecto, se formalizarán los correspondientes acuerdos de colaboración. Cuando la medida de internamiento tenga carácter terapéutico, derivado de un trastorno psíquico, enfermedad, o toxicomanía, no podrá llevarse a cabo en los recursos especializados de la red asistencial sanitaria. Corresponde a la directora o al director de la residencia ejercer la tutela de las personas menores de edad internadas en él, de acuerdo con la legislación vigente.

Atendiendo al artículo 35 de la Ley 15/2017, de 10 de noviembre, de políticas integrales de juventud una de las siguientes opciones NO es una competencia de los ayuntamientos: Participar en la planificación en el ámbito autonómico de las políticas juveniles e impulsar las actuaciones que se lleven a cabo en el municipio. Supervisar y coordinar los programas y acciones juveniles en el ámbito municipal, de conformidad con las normas de coordinación que, con el fin de conseguir los objetivos de la planificación global, establezca la Estrategia Valenciana de Juventud. Impulsar, coordinar, controlar y realizar un seguimiento de la Estrategia valenciana de juventud. Trabajar de forma coordinada con otros ayuntamientos.

Según establece el artículo 16 de la Ley 8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana, que hace referencia a la atención sanitaria de menores, señale la opción correcta: Las personas trans menores de edad tienen derecho a recibir tratamiento médico proporcionado por profesionales pediátricos, sin previo examen de dichos profesionales. Ante las posibles dudas razonables de madres, padres o tutores a autorizar tratamientos relacionados con la transexualidad o a que se establezca preventivamente un tratamiento de inhibición del desarrollo hormonal, podrá ser requerida la autoridad judicial cuando conste que puede causar un grave perjuicio o sufrimiento al menor, para lo que se podrá requerir o acompañar de los informes periciales, teniendo los padres o tutores legales la potestad de recabarlos en el ámbito público o privado. A los efectos de que conste la posición o consentimiento del menor en el procedimiento y de conformidad con la legislación en materia de los derechos de los pacientes y de protección de los menores, el menor deberá ser oído en atención a su desarrollo y madurez, siempre si supera los doce años y su consentimiento deberá ser recabado de manera clara e inequívoca si supera esta edad atendiendo en todo caso a la madurez emocional y cognitiva del menor y los informes profesionales que así lo determinen, recabados por los servicios públicos y por la familia, indistintamente o por ambos. Todas las anteriores son correctas.

Cuando hablamos de maltrato infantil podemos diferenciar entre diferentes tipos de maltratos, señale la opción correcta si estamos hablando de maltrato físico. El niño, niña o adolescente ha sufrido un daño grave en las áreas emocional, social, cognitiva o afectivo-sexual, o hay riesgo de que lo sufra como consecuencia de las acciones de las personas progenitoras, tutoras o guardadoras. Cualquier acción no accidental por parte de las personas progenitoras, tutoras o guardadoras que provoque como consecuencia directa daño físico severo o enfermedad en el niño, niña o adolescente o le coloque en grave riesgo de padecerlo. Comportamiento de la madre o del padre de tipo intencionado o negligente que se produce durante la gestación y provoca que el recién nacido padezca enfermedades o anomalías físicas, mentales o sensoriales graves. Coartar o impedir al niño, niña o adolescente alcanzar las cotas de autonomía y participación adecuada a su edad, promoviendo o permitiendo conductas evolutivamente inapropiadas.

En relación a esta afirmación; el proceso de intervención familiar con niños, niñas y adolescentes puede dar como resultado la propuesta de una medida de protección, señale la opción correcta. La propuesta de medida de protección será realizada en cualquier momento del proceso de intervención, siempre que se considere necesaria. En los casos que existiendo sospechas fundadas de una situación de desprotección de gravedad muy elevada concurran circunstancias que dificultan validar esta situación se valorará la posible necesidad de una medida provisional urgente. Con respecto a la medida de Guarda, podrá proponerse tanto en situaciones de Vulnerabilidad como Desprotección (excepto si existiera Desamparo) cuando se produzcan circunstancias de carácter transitorio y resoluble que imposibiliten a las personas progenitoras, tutoras o guardadoras ejercer sus deberes de protección. Todas son correctas.

Según el artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, los interesados podrán en cualquier momento del procedimiento administrativo anterior al trámite de audiencia. Según el artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, los interesados podrán en cualquier momento del procedimiento administrativo anterior al trámite de audiencia. Presentar recurso de reposición. Formular alegaciones. Impulsar el procedimiento.

De conformidad con el artículo 31 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana , ¿Cuál de las siguientes NO es una prestación profesional contemplada en el catálogo de la ley. Información, orientación y asesoramiento. Diagnóstico y valoración de necesidades sociales. Prestación económica para el uso de vivienda habitual. Atención sociosanitaria.

Las funciones de las personas profesionales de los servicios sociales de atención primaria con respecto a los instrumentos de inclusión social, según la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclusión, son las siguientes. La detección de las personas en situación de exclusión social o de riesgo de exclusión social, y a las trabajadoras y los trabajadores sociales de referencia la realización del diagnóstico social, así como la suscripción de los acuerdos de inclusión. La implementación de programas y actuaciones por parte de las personas profesionales de atención primaria que favorezcan la inclusión social de grupos vulnerables con características homogéneas, desarrolladas por el equipo de intervención social, con figuras de diversos perfiles profesionales. Colaborar y coordinarse con la atención primaria de carácter básico y específico o con la atención secundaria y con otros agentes institucionales del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, bajo el principio de unidad de acción y, en su caso, en la elaboración, implementación, seguimiento y evaluación del plan personalizado de intervención social. Todas son correctas.

En relación a las medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas descritas en el capítulo IV de La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, señale la respuesta correcta. En relación a las medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas descritas en el capítulo IV de La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, señale la respuesta correcta. El Ministerio Fiscal aprobará para el inculpado por violencia de género el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, respecto de los menores que dependan de él. El Juez acordará, respecto al inculpado por violencia de género, la prohibición del derecho a la tenencia y uso de armas en el domicilio en el que hubiera estado conviviendo o tenga su residencia la unidad familiar. Las medidas de este capítulo podrán mantenerse tras la sentencia definitiva y durante la tramitación de los eventuales recursos que correspondiesen.

El artículo 8 de la Ley 8/2017, de 7 de abril integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana, hace referencia a las personas trans menores de edad, señale la opción incorrecta. La Generalitat garantizará a las personas trans menores de edad la protección y la atención necesarias para promover el libre desarrollo de su personalidad y su desarrollo integral mediante actuaciones eficaces, con el fin de garantizar su integración familiar y social en el marco de programas coordinados de la administración. Las personas trans menores de edad tienen derecho a ser escuchadas y a incorporarse desde el primer momento, a los procesos de toma de decisiones sin requerir el acompañamiento de los tutores legales ni su correspondiente autorización. Toda intervención de la Generalitat, cuando afecte a personas menores de edad, deberá estar presidida por el criterio rector de atención al interés superior del menor y dirigida a garantizar el libre desarrollo de la personalidad conforme a su identidad y expresión de género y a evitar situaciones de sufrimiento e indefensión. Sin perjuicio de las competencias de la fiscalía de menores y las de la Generalitat en materia de protección de menores, el amparo de las personas trans menores de edad en la presente ley se producirá por mediación de sus representantes legales, o a través de los servicios sociales de protección de menores, cuando se aprecie la existencia de situaciones de sufrimiento e indefensión por negación abusiva de su identidad o expresión de género.