Preguntas bolsa de trabajo social XI

En el manual de uso para profesionales de UTS de la plataforma SEGISS, dentro de los datos generales de intervención indica el estado de la misma. Pudiéndose esta encontrar: Abierta, Cerrada, Finalizada. Abierta, En trámite, Finalizada. Abierta, Valoración, Finalizada. Abierta, En Estudio, Finalizada.

En la actuación de los poderes públicos y de las administraciones de la Comunitat Valenciana, según establece la Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de Igualdad de las personas LGTBI, regirá el siguiente derecho en relación a las personas LGTBI: Protección frente a cualquier violación del derecho a la igualdad de las personas LGTBI comprenderá, en su caso, la adopción de cuantas medidas sean necesarias para el cese inmediato en la conducta discriminatoria, adopción de medidas cautelares, prevención de violaciones de derechos inminentes o ulteriores, indemnización de daños y perjuicios y restablecimiento pleno de la persona perjudicada en pleno ejercicio de sus derechos. Prevención para evitar conductas de LGTBIfobia, así como una detección temprana de situaciones conducentes a violaciones del derecho a la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI y a los niños y niñas que formen parte de una familia LGTBI. Protección efectiva frente a cualquier acto de violencia o agresión contra la vida, la integridad física o psíquica o el honor personal que tenga causa directa o indirecta en la orientación sexual, identidad de género, expresión de género, desarrollo sexual o grupo familiar. Ninguna persona podrá ser presionada por ocultar, suprimir o negar su orientación sexual, identidad de género, expresión de género, su desarrollo sexual o grupo familiar. Todas son correctas.

En el reglamento de Comisiones técnicas del Ayto. El Campello se recogen estas tipologías: Comisión técnica organizativa, Comisión técnica de Intervención Social, Comisión técnica de valoración y seguimiento de Prestaciones sociales. Comisión técnica de organización social, Comisión intersectorial con agentes socializadores del municipio, Comisión de Ayudas económicas. Comisión técnica de valoración y seguimiento de Prestaciones Económicas, Comisión técnica de intervención social, Comisión técnica organizativa. Comisión Técnica de seguimiento de Intervención y casos del SASEM, Comisión técnica de valoración y seguimiento de ayudas económicas, Comisión técnica organizativa.

En el Manual de Organización y funcionamiento de los Servicios Sociales de Atención primaria, se establecen unos instrumentos técnicos de la intervención en relación con las personas usuarias, ¿cuáles son?. Expediente de SS.SS y Genograma. Plan personalizado de intervención social. Programa SEGISS de registro de actuaciones. Tarjeta de Información personal. Historia Social única. Plan personalizado de intervención social. Expediente de SS.SS con zonificación. Plan personalizado de intervención social. Documento de protección de datos en el ámbito de la intervención social. Historia social única. Programa SEGISS y Programa ADA. Tarjeta de Información personal.

En el Manual de organización y Funcionamiento de los Servicios sociales de Atención primaria, dentro de las Competencias, Servicios y Funciones, se establecen en la Atención primaria específica algunas funciones asumidas por la Generalitat que podrán ser delegadas a las entidades locales. ¿Cuáles son?. Servicio de infancia y adolescencia, Servicio de violencia de género y machista, Servicio de atención a la diversidad funcional. Servicio de infancia y adolescencia, Servicio de violencia de género y machista, Servicio de atención a la diversidad funcional. Servicio de atención diurna y nocturna, Servicio de atención ambulatoria y Servicio de alojamiento alternativo. Servicio de violencia de género y machista, Servicio de atención ambulatoria, Servicio de alojamiento alternativo.

La Ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad Valenciana establece tres tipos de prestaciones, ¿cuáles son?. Prestaciones económicas, preventivas y comunitarias. Prestaciones profesionales, económicas y tecnológicas. Prestaciones asistenciales, económicas y preventivas. Prestaciones económicas, personales y comunitarias.

El equipo de intervención social de la zona básica de servicios sociales, según establece la Ley 3/2019 en su artículo 64, estará compuesto por: Personas con titulación universitaria en las disciplinas o las áreas de conocimiento de trabajo social, educación social, psicología y/o pedagogía o psicopedagogía, además de por personas con formación profesional en integración social. Personas con titulación universitaria en las disciplinas o las áreas de conocimiento de trabajo social, educación social, psicología y técnico de igualdad. Personas con titulación universitaria en las disciplinas o las áreas de conocimiento de trabajo social, educación social, psico-pedagogía y/o psicología y Técnico en atención a personas en situación de dependencia. Personas con titulación universitaria en las disciplinas o las áreas de conocimiento de trabajo social, integración social, psico-pedagogía y/o psicología y Técnico de igualdad.

Según la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de los Servicios Sociales Inclusivos en la Comunidad Valenciana, de forma expresa, ¿en qué artículo se recogen los derechos de las personas profesionales de los servicios sociales?. Art. 6. Art. 8. Art. 12. Art. 14.

Según la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de los Servicios Sociales Inclusivos en la Comunidad Valenciana, se entiende por Prestación Condicionada: El conjunto de prestaciones del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales Exigibles únicamente en el caso de cumplimiento de los requisitos de acceso a las mismas y de disponibilidad presupuestaria. El conjunto de prestaciones del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales Exigibles únicamente en el caso de cumplimiento de los requisitos de acceso a las mismas y supeditadas al cumplimiento del Plan de intervención diseñado. El conjunto de prestaciones del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales Exigibles únicamente en el caso de cumplimiento de los requisitos de acceso a las mismas, contando a tal fin con créditos ampliables. El conjunto de prestaciones del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales valorado previamente por el Equipo de intervención y con compromiso de consecución de objetivos por parte de la persona solicitante.

Según la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de los Servicios Sociales Inclusivos en la Comunidad Valenciana, se entiende por Prestación Condicionada. El conjunto de prestaciones del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales Exigibles únicamente en el caso de cumplimiento de los requisitos de acceso a las mismas y de disponibilidad presupuestaria. El conjunto de prestaciones del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales Exigibles únicamente en el caso de cumplimiento de los requisitos de acceso a las mismas y supeditadas al cumplimiento del Plan de intervención diseñado. El conjunto de prestaciones del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales Exigibles únicamente en el caso de cumplimiento de los requisitos de acceso a las mismas, contando a tal fin con créditos ampliables. El conjunto de prestaciones del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales valorado previamente por el Equipo de intervención y con compromiso de consecución de objetivos por parte de la persona solicitante.

De acuerdo con el art. 29 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad Valenciana, son competencias de los municipios: Detección y estudio de las situaciones de investigación sistémica en su ámbito territorial, fomentando la colaboración con todos sus agentes sociales. La provisión y la gestión de los servicios sociales de atención primaria de carácter básico a los que hace referencia el artículo 18.1. La dotación de espacios, equipamientos y el personal suficiente y adecuado para la provisión de las prestaciones de la atención secundaria. Ninguno de los servicios de infancia y adolescencia, discapacidad y trastorno mental crónico de la atención primaria de carácter específico regulados en la presente ley.

De los principios rectores de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad Valenciana, en relación al principio de carácter metodológico, ¿Cuál NO se aplicará a las entidades privadas no integradas en el sistema público valenciano de Servicios Sociales?. Orientación centrada en la persona. Promoción de la intervención y la integración. Interdisciplinariedad de las intervenciones. Calidad y profesionalidad en la provisión de los servicios sociales.

El catálogo de prestaciones del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, según se establece en el art. 35 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, es el instrumento que determina el conjunto de prestaciones en todas sus modalidades. El citado catálogo tiene carácter de mínimos y sus prestaciones podrán ser ampliadas por: Decreto de la Presidencia de la Generalitat Valenciana. Decreto del Consell. Instrucción del/la Conseller/a de la Conselleria con competencia en materia de Servicios Sociales. Ley.

Según la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunidad Valenciana, el mapa de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana se actualizará: Periódicamente, como mínimo con carácter quinquenal. Periódicamente, como máximo con carácter quinquenal. Periódicamente, como mínimo con carácter cuatrienal. Periódicamente, como máximo con carácter cuatrienal.

Los servicios sociales valencianos, como estructura destinada a la consecución de los diferentes objetivos de las políticas públicas en materia de servicios sociales, estarán orientados hacia la igualdad, equidad y la promoción de la justicia social, el desarrollo humano, el enfoque comunitario, la perspectiva de género y de la infancia, la no discriminación y la igualdad en la diversidad, y se regirán por los principios rectores siguientes. Señala la correcta: Principios de gestión de carácter territorial administrativo y organizacional. Principios de carácter sistémico. Principios de carácter concreto y transversal. Principios orientados de la sesión.

El PPIS (Plan Personalizado de Intervención Social) es un instrumento diseñado para garantizar el carácter integral de la atención y (indica la incorrecta): En los casos de actuaciones conjuntas por parte de la atención primaria y la secundaria, se diseñará un único PPIS. Recogerá el diagnóstico de la situación y la valoración de las necesidades de atención que identifique explícitamente las capacidades y las potencialidades de la persona y su familia y el plazo estimado para realizar todo el proceso. Recogerá la planificación de las actuaciones, acuerdos y compromisos tomados entre la persona, su familia o unidad de convivencia y los equipos profesionales implicados. En caso de desacuerdo con la familia o unidad de convivencia, será necesario reformularlo a fin de establecer unos objetivos viables.

Las comisiones mixtas están reguladas en el art. 21 del Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y financiación de la atención primaria de los Servicios Sociales, y tienen las siguientes funciones (señala la incorrecta): Conocer y valorar la supervisión de la ejecución del contrato programa realizada por la Comisión técnica correspondiente. En los aspectos del contrato programa que afecten a materias de obligada negociación, se deberá adjuntar informe de evaluación de la mesa general de negociación. Conocer las evaluaciones anuales y modificaciones que se hayan propuesto desde la comisión técnica de seguimiento. Conocer las controversias que no se hayan podido resolver, eventualmente en la Comisión técnica de seguimiento y evaluación de los contratos programa. Valorar el informe anual de seguimiento de indicadores y el informe final de evaluación de ejecución y gasto de las comisiones técnicas de seguimiento y evaluación de los contratos programa.

Según el Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y financiación de la atención primaria de servicios sociales y modificación en el Decreto 188/2021, de 26 de noviembre, del Consell, el contrato programa se extingue por las siguientes causas, entre otras: (Señala la incorrecta). El cumplimiento de las actuaciones que constituyeron su objeto. El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga de este. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna de las partes firmantes. Por la falta de justificación de parte de los gastos de la entidad local que suscribe el contrato programa.

Según lo indicado en el artículo 104.1 de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la Infancia y la adolescencia, para determinar la existencia o no de una situación de desamparo se tendrán en cuenta: Los incumplimientos reiterados del PISEF por parte de la familia, durante al menos los seis meses anteriores. Las especificaciones recogidas en el apartado segundo del artículo 18 de la Ley Orgánica 1/1996. Las especificaciones recogidas en VALORA-CV Instrumento para la Valoración de la Gravedad de las Situaciones de Desprotección Infantil. La existencia de una previa Declaración de Riesgo de la persona menor de edad emitida por los Equipos Específicos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EEIIA).

Respecto al deber de notificación, la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia, establece que: Toda persona o autoridad y, en especial, quien por razón de su profesión o función tenga noticia o indicios fundados de una situación de riesgo o desamparo, lo pondrá en conocimiento de la entidad pública competente en materia de protección de la infancia y la adolescencia... Sin perjuicio de la obligación de prestar el auxilio inmediato que precise, no siendo preceptiva la obligación de comunicación a la autoridad judicial o al ministerio fiscal. Sin perjuicio de la obligación de prestar el auxilio inmediato que precise, previa autorización del ministerio fiscal. La obligación de prestar el auxilio inmediato que precise atañe exclusivamente a las personas que ejerzan autoridad, o bien a aquellas que, por su profesión o función tengan noticia o indicios de una situación de riesgo o desamparo. Sin perjuicio de la obligación de prestar el auxilio inmediato que precise y de las comunicaciones procedentes a la autoridad judicial o al ministerio fiscal.

En el manual VALORA-CV «Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de desprotección infantil» se establecen tres niveles de prioridad en la investigación: urgente, preferente y ordinaria. Los plazos de tiempo que se establecen en cada uno de estos tres niveles son: URGENTE: La investigación se iniciará de forma inmediata a la recepción y finalizará lo antes posible, en un plazo máximo de 72 horas. Posteriormente se llevará a cabo la fase de Evaluación. PREFERENTE: La investigación se llevará a cabo conjuntamente con la Evaluación, completándose en un máximo de dos meses tras la recepción. ORDINARIA: La investigación se llevará a cabo conjuntamente con la Evaluación, completándose en un máximo de seis meses tras la recepción. URGENTE: La investigación se iniciará de forma inmediata a la recepción y finalizará lo antes posible, en un plazo máximo de una semana. Posteriormente se llevará a cabo la fase de Evaluación. PREFERENTE: La investigación se llevará a cabo conjuntamente con la Evaluación, completándose en un máximo de dos meses tras la recepción. ORDINARIA: La investigación se llevará a cabo conjuntamente con la Evaluación, completándose en un máximo de seis meses tras la recepción. URGENTE: La investigación se iniciará de forma inmediata a la recepción y finalizará lo antes posible, en un plazo máximo de una semana. Posteriormente se llevará a cabo la fase de Evaluación. PREFERENTE: La investigación se llevará a cabo conjuntamente con la Evaluación, completándose en un máximo de tres meses tras la recepción. ORDINARIA: La investigación se llevará a cabo conjuntamente con la Evaluación, completándose en un máximo de seis meses tras la recepción. URGENTE: La investigación se iniciará de forma inmediata a la recepción y finalizará lo antes posible, en un plazo máximo de una semana. Posteriormente se llevará a cabo la fase de Evaluación. PREFERENTE: La investigación se llevará a cabo previamente a la Evaluación, completándose en un máximo de dos meses tras la recepción. ORDINARIA: La investigación se llevará a cabo conjuntamente con la Evaluación, completándose en un máximo de seis meses tras la recepción.

La Instrucción 4/2022 relativa al procedimiento de funcionamiento del Equipo Específico de Intervención con Infancia y Adolescencia (EEIIA) y recogida de datos estadísticos, emitida por la Dirección General de Infancia y Adolescencia, en su instrucción primera define los Equipos Específicos de Intervención con Infancia y Adolescencia como: Equipos de intervención interdisciplinar enmarcados dentro de los equipos de atención primaria específica. Son de competencia municipal y están financiados por la Generalitat Valenciana a través del contrato-programa. Equipos de intervención interdisciplinar enmarcados dentro de los equipos de atención primaria básica. Son de competencia municipal y están financiados por la Generalitat Valenciana a través del contrato-programa. Equipos de intervención interdisciplinar enmarcados dentro de los equipos de atención primaria específica. Son de competencia autonómica y están financiados por la Generalitat Valenciana a través del contrato-programa. Equipos de intervención multidisciplinar enmarcados dentro de los equipos de atención primaria específica. Son de competencia municipal y están financiados por la Generalitat Valenciana a través de subvención nominativa.

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, en relación con las personas menores de 14 años en conflicto con la ley, en su artículo 17 bis, expresa lo siguiente: (...) serán incluidas en un plan de seguimiento que valore su situación socio-familiar diseñado y realizado por los servicios sociales competentes de cada comunidad autónoma. Si el acto violento pudiera ser constitutivo de un delito contra la libertad o indemnidad sexual o de violencia de género, el plan de seguimiento deberá incluir un módulo formativo en igualdad de género. serán incluidas en un plan de seguimiento que valore su situación socio-familiar diseñado y realizado por la fiscalía de menores. Si el acto violento pudiera ser constitutivo de un delito contra la libertad o indemnidad sexual o de violencia de género, el plan de seguimiento deberá incluir un módulo formativo en igualdad de género. Las respuestas a) y b) son correctas. Ninguna de las respuestas es correcta.

Señale cuáles de estas situaciones de desprotección estarían incluidas en la tipología de «Maltrato Psicológico», según el Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de desprotección infantil VALORA-CV. Maltrato verbal. Exposición a violencia de género. Exposición a otras tipologías de violencia en la familia. Implicación en conflictos entre figuras parentales o con otros familiares significativos. Amenazas de agresión física. Maltrato emocional. Exposición a violencia de género. Exposición a otras tipologías de violencia en la familia. Implicación en conflictos entre figuras parentales o con otros familiares significativos. Amenazas de agresión física. Maltrato emocional. Exposición a violencia de género. Exposición a otras tipologías de violencia en la familia. Implicación en conflictos entre figuras parentales o con otros familiares significativos. Síndrome de Münchhausen por poderes. Maltrato emocional. Exposición a violencia de género. Exposición a otras tipologías de violencia en la familia. Implicación en conflictos entre figuras parentales o con otros familiares significativos. Síndrome de alienación parental.

El artículo 27.1 del Decreto 35/2021, de 26 de febrero, del Consell, de regulación del acogimiento familiar establece que: En el caso de las familias extensas, el informe al que se refiere el apartado 7 del artículo 26 de este decreto, suscrito por las personas técnicas de la entidad local que han realizado la formación y la valoración con el visto bueno de la persona que realice las funciones de coordinación de los Servicios Sociales de Atención Primaria, tendrá carácter vinculante, si bien la Sección competente en materia de acogimiento familiar de la Dirección Territorial de la provincia que instruya el expediente de protección de la persona menor de edad susceptible de ser acogida, podrá solicitar que se aclare o amplíe con carácter previo a elevar la propuesta de resolución motivada a la Comisión de Protección de la Infancia y la Adolescencia de la dirección territorial correspondiente. En el caso de las familias extensas, el informe al que se refiere el apartado 7 del artículo 26 de este decreto, suscrito por las personas técnicas de la entidad local que han realizado la formación y la valoración con el visto bueno de la persona que realice las funciones de coordinación de los Servicios Sociales de Atención Primaria, no tendrá carácter vinculante salvo en casos de grave y urgente necesidad. En el caso de las familias extensas, el informe al que se refiere el apartado 7 del artículo 26 de este decreto, suscrito por las personas técnicas de la entidad local que han realizado la formación y la valoración con el visto bueno de la persona que realice las funciones de coordinación de los Servicios Sociales de Atención Primaria, no tendrá carácter vinculante. Dicho informe se remitirá a la Sección competente en materia de acogimiento familiar de la Dirección Territorial de la provincia que instruya el expediente de protección de la persona menor de edad susceptible de ser acogida, la cual podrá solicitar que se aclare o amplíe con carácter previo a elevar la propuesta de resolución motivada a la Comisión de Protección de la Infancia y la Adolescencia de la dirección territorial correspondiente. Las respuestas b) y c) son correctas.

El Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad establece que la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad tendrá un formato común y contendrá los siguientes datos mínimos: Datos identificativos. Nacionalidad. Grado de discapacidad. Periodo de vigencia. Dificultades de movilidad, en su caso. Necesidad de tercera persona, en su caso. Medidas de seguridad y confidencialidad. Datos identificativos. Grado de discapacidad. Grado de dependencia, en su caso. Periodo de vigencia. Dificultades de movilidad, en su caso. Necesidad de tercera persona, en su caso. Medidas de seguridad y confidencialidad. Datos identificativos. Grado de discapacidad. Periodo de vigencia. Dificultades de movilidad, en su caso. Necesidad de tercera persona, en su caso. Medidas de seguridad y confidencialidad. Datos identificativos. Grado de discapacidad. Fecha de nacimiento. Dificultades de movilidad, en su caso. Necesidad de tercera persona, en su caso. Medidas de seguridad y confidencialidad.

El programa de Atención y Seguimiento para las Personas con Problemas Graves de Salud Mental (SASEM) en su apartado 5.1 «DETECCIÓN», dice que, desde la Atención Primaria Básica, podrá proponer la derivación por el cauce así establecido, previa comunicación a la persona interesada, al servicio SASEM... Únicamente la persona profesional de la psicología responsable de la intervención psicológica con la persona susceptible de ser usuaria del servicio SASEM. Cualquier profesional del equipo de intervención social (EIS) que tenga conocimiento de la situación de una persona susceptible de ser usuaria del servicio SASEM. Únicamente la persona profesional del trabajo social responsable de la intervención social con la persona susceptible de ser usuaria del servicio SASEM. La derivación al programa SASEM es competencia exclusiva de la Unidad de Salud Mental donde se atiende a la persona susceptible de ser usuaria del servicio.

El Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, establece un complemento en pensiones de invalidez por necesidad de otra persona siempre que: Siendo el porcentaje de minusvalía o enfermedad crónica del beneficiario igual o superior al 75 por 100, la aplicación del baremo a que se hace referencia en el artículo 4.º de este Real Decreto haya determinado la necesidad del concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida (...). El importe de dicho complemento será equivalente al 25 por 100 de la cuantía de la pensión que se fije anualmente en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Siendo el porcentaje de minusvalía o enfermedad crónica del beneficiario igual o superior al 33 por 100, la aplicación del baremo a que se hace referencia en el artículo 4.º de este Real Decreto haya determinado la necesidad del concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida (...). El importe de dicho complemento será equivalente al 25 por 100 de la cuantía de la pensión que se fije anualmente en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Siendo el porcentaje de minusvalía o enfermedad crónica del beneficiario igual o superior al 75 por 100, la aplicación del baremo a que se hace referencia en el artículo 4.º de este Real Decreto haya determinado la necesidad del concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida (...). El importe de dicho complemento será equivalente al 50 por 100 de la cuantía de la pensión que se fije anualmente en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Ninguna de las respuestas es la correcta.

La Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclusión establece, en cuanto a los requisitos de acceso, que las personas menores de 25 años, además de los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo, tendrán que cumplir de la manera que se determinará reglamentariamente alguno de estos requisitos. Señale cuál de las siguientes respuestas NO corresponde a alguno de estos requisitos: Ser mayor de 16 años y tener a su cargo hijas o hijos, personas con diversidad funcional o en situación de dependencia; así como ser persona prostituida, víctima de explotación sexual o trata o víctima de violencia de género o intrafamiliar. Ser mayor de 16 años y participar en programas de preparación para la vida independiente de los menores, de acuerdo con el artículo 22 bis de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de medidas de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código civil y de la Ley de enjuiciamiento civil. Tener entre 18 y 25 años y estar en situación de orfandad. Ser mayor de 18 años y haber estado sujeto, en algún período de los cinco años anteriores a la mayoría de edad, a una medida administrativa de protección de menores, o del sistema judicial de reeducación, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

El Decreto 60/2018, de 11 de mayo, del Consell por el que se desarrolla la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la renta valenciana de inclusión, indica que se iniciará el protocolo de derivación a los Servicios Públicos de Empleo... Cuando el programa personalizado de inclusión, diseñado por los equipos profesionales de referencia de los servicios sociales de las entidades locales, determine la idoneidad de las personas destinatarias de la renta valenciana de inclusión para participar en la realización de acciones de inserción laboral que conduzcan a mejorar su empleabilidad. Cuando en el Plan de Trabajo suscrito por las personas titulares y los equipos profesionales de referencia de los servicios sociales de las entidades locales, se determine la idoneidad de las personas destinatarias de la renta valenciana de inclusión para participar en la realización de acciones de inserción laboral que conduzcan a mejorar su empleabilidad. Cuando las personas destinatarias de la renta valenciana se encuentren en edad laboral y no tengan reconocido grado de discapacidad. Cuando el programa personalizado de inclusión, diseñado por los equipos profesionales de referencia de LABORA u otras entidades sociales sin ánimo de lucro, determine la idoneidad de las personas destinatarias de la renta valenciana de inclusión para participar en la realización de acciones de inserción laboral que conduzcan a mejorar su empleabilidad.

La Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclusión, en cuanto a las obligaciones de las personas titulares y beneficiarias, establece las siguientes: Mantener el empadronamiento y la residencia efectiva en la Comunitat Valenciana durante todo el periodo de percepción de la prestación. Reclamar, durante todo el periodo de duración de la prestación, cualquier derecho económico que les pueda corresponder a cualquier miembro de la unidad de convivencia por cualquier título y ejercitar las acciones correspondientes para hacerlo efectivo. Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas o percibidas en cuantía indebida. Todas son correctas.

¿En qué artículo vienen definidas las prestaciones económicas de urgencia social y desprotección en la Ley 3/2019, de xº, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad Valenciana?. 27. 31. 37. 39.

La lucha contra la soledad no deseada real o percibida y la reducción del riesgo del aislamiento social de la «Estrategia valenciana del envejecimiento activo y la lucha contra la soledad no deseada 2023-2027» se incluye dentro de la línea: Línea 5: Participación. Línea 1: Autonomía personal y buen trato. Línea 2: Convivencia y solidaridad generacional / intergeneracional. Línea 4: Retos demográficos.

En el proceso de elaboración de la Estrategia valenciana del envejecimiento activo y la lucha contra la soledad no deseada 2023/2027 se ha integrado la perspectiva de género y: El principio de igualdad de trato y no discriminación. El principio de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. El principio de igualdad de trato y oportunidades. Todas son correctas.

Según el Decreto 62/2017, de 19 de mayo, del Consell, por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas, el servicio de ayuda a domicilio consiste en una intervención de tipo: Doméstico, educativo, personal y psicosocial. Psicosocial, integral, asistencial, comunitaria, preventiva y doméstica. Rehabilitadora, integral, asistencial, preventiva, psicoeducativa, multidisciplinar y comunitaria. Doméstica, psicoeducativa, comunitaria, multidisciplinar, personal y rehabilitadora.

Según el Protocolo de actuación de los equipos municipales de servicios sociales ante una posible situación de maltrato a una persona mayor, de 1 de mayo de 2016, de la Generalitat Valenciana, ¿Cuál es la escala de medición de sobrecarga de la persona cuidadora?. EASI. CASE. ZARIT. FILADELFIA.

El Protocolo de actuación de los equipos municipales de servicios sociales ante una posible situación de maltrato a una persona mayor, de 1 de mayo de 2016, de la Generalitat Valenciana, señala que la administración de fármacos sin prescripción médica es un maltrato de tipo: Negligencia. Abuso. Maltrato físico. Ninguna es cierta.

Según el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en relación con la solicitud de residencia temporal por reagrupación familiar, el órgano competente, a la vista de la documentación presentada y de los informes obtenidos, resolverá de forma motivada en el plazo máximo de: 3 meses o se entenderá desestimada. 6 meses o se entenderá desestimada. 2 meses o se entenderá desestimada. 3 meses o se entenderá estimada.

¿Qué Ley tiene por objeto establecer las medidas que faciliten la integración de las personas inmigrantes en la Comunidad Valenciana?. Ley 15/2008, de 5 de noviembre. Ley 15/2008, de 5 de diciembre. Ley 12/2008, de 5 de diciembre. Ley 12/2008, de 4 de diciembre.

Según el artículo 27 sobre ayudas sociales de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, señale la incorrecta: Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único, siempre que se presuma que, debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional. El importe de esta ayuda será equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo. Cuando la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100, el importe será equivalente a dos meses de subsidio por desempleo. Estas ayudas, financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, serán concedidas por las Administraciones competentes en materia de igualdad. Estas ayudas serán compatibles con cualquiera de las previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, así como cualquier otra ayuda económica de carácter autonómico o local concedida por la situación de violencia de género.

Los centros mujer realizarán actuaciones de visibilización y prevención de la violencia de género y machista y de promoción de la igualdad, así como actividades destinadas a fomentar el empoderamiento y la autonomía de las mujeres mediante charlas, foros y cursos de formación, tanto a la población en general como a personas profesionales de las entidades locales, sanidad, educación, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o asociaciones: A través de la unidad de igualdad de la atención primaria de carácter básico de la zona de referencia. Conjuntamente con el servicio de acción comunitaria y el servicio de prevención e intervención con las familias de atención primaria de carácter básico de la zona de referencia. Mediante la atención primaria básica de la zona de referencia. Conjuntamente la unidad de igualdad y servicio de acción comunitaria de la atención primaria básica de la zona de referencia.

Según la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, Integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunidad Valenciana, la Red de Generalitat de Asistencia Social Integral a las víctimas de violencia estará compuesta por: Centros de Recuperación Personal. Servicios de Atención a las Víctimas del Delito. Servicios de régimen ambulatorio y residencial. Centros de Intervención Psicosocial.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en su Eje 4 contempla: La mejora de la respuesta institucional a través de la coordinación y el trabajo en red, entre las autoridades y organismos responsables. La ruptura del silencio mediante el fomento de las acciones de sensibilización de la sociedad y de la prevención de la violencia de género. La intensificación de la asistencia y protección de menores. El impulso de la formación de los distintos agentes para garantizar la mejor respuesta asistencial.

El objeto de la Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de igualdad de las personas LGTBI es: Establecer las condiciones por las que los derechos de las personas LGTBI, y de los grupos en los que se integran, sean reales y efectivos, facilitarles la participación y la representación en todos los ámbitos de la vida social. Contribuir a la superación de los estereotipos que afectan negativamente a la percepción social de estas personas. Establecer medidas concretas para conseguir una sociedad más justa, libre y basada en la igualdad de trato y de oportunidades de las personas LGTBI y en la aceptación de la diversidad como un valor añadido. Reconocer el derecho de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales a la igualdad y la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, desarrollo sexual o grupo familiar.

La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y no discriminación, identifica en el Capítulo II como derechos a la igualdad de trato y no discriminación en determinados ámbitos de la vida los siguientes: Derecho a la igualdad de trato y no discriminación en la educación no formal. Derecho a la igualdad de trato, a la no discriminación e intolerancia en organizaciones políticas, sindicales, empresariales, profesionales y de interés social o económico. Negociación colectiva. Todas son correctas.

El Código Deontológico del trabajo social establece el principio general de personalización, refiriéndose a: Necesidad de adecuar la intervención a las particularidades específicas de cada persona, grupo o comunidad. Reconocer el valor del destinatario no como objeto sino como sujeto activo en el proceso de intervención con la intencionalidad de derechos y deberes. Reconocer a la persona, grupo o comunidad como centro de toda la intervención profesional. Aceptación de la persona en cuanto tal con sus singularidades y diferencias.

El/la trabajador/a social cumplirá los siguientes deberes en relación con la información confidencial según el Código Deontológico: Cuando reciba orden de informar sobre cuestiones confidenciales por mandato legal o por un órgano judicial. De cesión de información y advertencia de confidencialidad. Deber de protección de los derechos fundamentales de la persona usuaria o terceros especialmente protegidos por la Ley. Todas son incorrectas.

La Ley de Voluntariado 4/2025, de 22 de mayo de la Comunidad Valenciana indica que podrán ser personas voluntarias: Las personas de 16 y 17 años no emancipadas, siempre que sus progenitores, personas que ejerzan la tutela, la guarda o la representación legal acepten ser los responsables en su lugar de las personas durante el desarrollo de su actividad por su condición de menores de edad. Las personas menores de 16 años y mayores de 12 podrán llevar a cabo acciones de solidaridad siempre que estas no supongan un peligro para su integridad, y las personas que ejerzan la guarda, la tutela o sus representantes legales autoricen expresamente la realización de estas actividades y declaren de la misma manera que estas contribuyen a su desarrollo y formación. Las personas menores de edad de 11 a 17 años podrán tener la condición de personas voluntarias, pero deberán desarrollar sus acciones de voluntariado acompañados de una persona mayor de edad que les oriente, ayude y se responsabilice de su participación. Todas son incorrectas.

El Código Deontológico del trabajo social establece la expresión de la libertad de la persona y por lo tanto de la responsabilidad de sus acciones y decisiones, refiriéndose al principio de: Autonomía. Autodeterminación. Justicia Social. Integridad.

En la Estrategia Valenciana del envejecimiento activo y la lucha contra la soledad no deseada 2023/2027, el diseño de la investigación realizada supuso una triangulación metodológica de: Encuesta, grupos de discusión, entrevistas diagnósticas. Fuentes primarias, técnicas y territorio. Factores internos, externos y transversales. Ninguna es correcta.

Según el Decreto 62/2017, de 19 de mayo, del Consell, por el que se establece el procedimiento para establecer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas, ¿a qué grado de dependencia equivale la dependencia moderada?. Grado I. Grado III. Grado IV. Grado II.

Según el Decreto 62/2017, de 19 de mayo, del Consell, por el que se establece el procedimiento para establecer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas, ¿qué escala de valoración se aplica para personas de 0 a 3 años?. BVD. EVE. ZARIT. COE.

Indique cuál de los siguientes no es uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento: La justicia. La igualdad. La solidaridad. El pluralismo político.

Las Comunidades Autónomas tienen competencia en materia de asistencia social. ¿En qué artículo de la Constitución se regula esta competencia de las CCAA?. Artículo 142. Artículo 149. Artículo 148. Artículo 137.

Señale con qué principio presupuestario de las Haciendas Locales se corresponde este enunciado: «Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el presupuesto general de la entidad local o por sus modificaciones debidamente autorizadas». Principio de especialidad. Principio de anualidad. Principio de no afectación de ingresos. Principio de universalidad.

¿Quién tiene derecho a exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades?. Sólo los interesados en el procedimiento. Únicamente sus superiores jerárquicos. Cualquier ciudadano. Sólo los órganos administrativos.

De acuerdo con lo que dispone el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se consideran interesados en el procedimiento administrativo: Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos y únicamente a nivel colectivo. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos y únicamente a nivel individual. Aunque no sean titulares de derechos o intereses legítimos, a nivel individual.

¿Cuál es el plazo del periodo de prueba ordinario en el procedimiento administrativo? Marque la correcta: Un plazo no superior a 30 días, ni inferior a 15. Un plazo no superior a 30 días, ni inferior a 10. Un plazo no superior a 20 días, ni inferior a 10. Un plazo no superior a 20 días, ni inferior a 15.

Si el acto administrativo es expreso, ¿Qué plazo hay para interponer recurso de reposición y para dictar y notificar la resolución del recurso?. Un mes para interponer el recurso y tres meses para dictar y notificar la resolución. Tres meses para interponer el recurso y tres meses para dictar y notificar la resolución. Un mes para interponer el recurso y un mes para dictar y notificar la resolución. Tres meses para interponer el recurso y un mes para dictar y notificar la resolución.

¿Qué número de miembros integran la Junta de Gobierno Local en un municipio de régimen común?. No podrá exceder de la mitad más uno del número legal de miembros de la Corporación, además del Alcalde. No podrá exceder de la mitad más uno del número legal de miembros de la Corporación, además del Alcalde y de los miembros que no ostentan la condición de concejales. No podrá exceder de un tercio del número legal de miembros de la Corporación, además del Alcalde y de los miembros que no ostentan la condición de concejales. No podrá exceder de un tercio del número legal de miembros de la Corporación, además del Alcalde.

Según lo previsto en el artículo 26 de la Ley 7/1985, la competencia de evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, es un servicio mínimo que se deberá prestar en los municipios: Con población superior a 20.000 habitantes. Con población superior a 5.000 habitantes. Con población superior a 10.000 habitantes. En todos los municipios.

Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿a partir de qué edad puede un menor de edad prestar por sí mismo consentimiento para el tratamiento de sus datos personales?. 18 años. 16 años. 14 años. Siempre debe ser prestado por los titulares de la patria potestad.

¿Cuál de los siguientes es uno de los principios generales de la acción preventiva que el empresario debe aplicar según el artículo 15 de la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales?. Anteponer la protección individual a la colectiva. Combatir los riesgos en su origen. Realizar la prevención únicamente cuando ya se ha producido un daño. Adaptar la persona al trabajo, exigiendo que se ajuste a los equipos existentes.

Conforme al artículo 22 de la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, la vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores es una obligación del empresario. ¿Cuál es la regla general respecto al consentimiento del trabajador para realizarla?. Es obligatoria siempre y no requiere consentimiento. Solo puede llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. Es voluntaria, pero si el trabajador se niega puede ser sancionado. El empresario puede decidir unilateralmente si es obligatoria o voluntaria.

Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿qué se considera «discriminación directa por razón de sexo»?. Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿qué se considera «discriminación directa por razón de sexo»?. Cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual no deseado. La situación en que una persona es tratada de manera menos favorable que otra en situación comparable por razón de su sexo. Un trato desfavorable a una mujer relacionado con el embarazo o la maternidad.

¿Está obligado el solicitante a motivar su solicitud de acceso a la información pública?. Sí, siempre debe justificar el interés legítimo en su solicitud. No, el solicitante no está obligado a motivar su solicitud. Solo si la información solicitada afecta a terceros. Sí, pero únicamente si la información contiene datos económicos.

¿Qué sucede si, transcurrido el plazo máximo para resolver una solicitud de acceso a la información, no se ha notificado una resolución expresa?. Se entenderá que la solicitud ha sido estimada por silencio positivo. El solicitante debe reiniciar el procedimiento. Se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. Se prorrogará el plazo automáticamente por un mes más.

De acuerdo con los principios de conducta del artículo 54, ¿Qué debe hacer un empleado público si recibe una orden que constituye una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico?. Obedecerla para no contravenir el principio de jerarquía. Solicitar la orden por escrito antes de cumplirla. Ponerla inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes. Presentar una renuncia a su puesto de trabajo.

Según el artículo 95 del TREBEP, ¿cuál de las siguientes acciones está tipificada como una falta disciplinaria MUY GRAVE?. La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior. El incumplimiento de la jornada de trabajo sin causa justificada. La falta de consideración con los ciudadanos. El descuido en la conservación de los locales y material de oficina.

Las Cortes Valencianas ejercen la potestad legislativa dentro de la Comunidad Valenciana. Indique el número de Diputados y Diputadas que están constituidas: Por un número de Diputados y Diputadas no inferior a noventa y nueve. Por un número de Diputados y Diputadas no inferior a ochenta y nueve. Por un número de Diputados y Diputadas no inferior a setenta y nueve. Por un número de Diputados y Diputadas no inferior a sesenta y nueve.

Señale cuál de los siguientes derechos no corresponde a los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas, salvo que tengan la condición de interesados en el procedimiento (conforme al artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre): Derecho de acceso a la información pública, archivos y registros. Derecho a la protección de datos de carácter personal. Derecho a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. Derecho a no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables.

Según el artículo 46, ¿Qué deben realizar las empresas con carácter previo a la elaboración de un plan de igualdad?. Solicitar la autorización de la autoridad laboral competente. Obtener el distintivo «Igualdad en la Empresa». Realizar una encuesta de satisfacción entre la plantilla. Elaborar un diagnostico de situación negociado con la representación legal de las personas trabajadoras.