Preguntas bolsa de trabajo social

De conformidad a lo previsto en el Artículo 38.1 de Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos es: El Delegado de prevención. La Mesa general de negociación. La Inspección de trabajo. El Comité de Seguridad y Salud.

La Relación de Puestos de Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37.1m) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. No debe ser objeto de negociación. Debe ser objeto de negociación. La negociación solo se producirá si hay petición expresa de los sindicatos. Ninguna de las anterirores respuestas es la correcta.

De conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66 de dicha ley, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable. Se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. Se dará audiencia al interesado para que manifieste lo que a su derecho conviniere. Se dictará resolución de archivo de expediente, dando traslado al interesado. Se tramitará expediente, sin requerimiento al interesado.

De conformidad con el artículo 125 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. Todas las anteriores respuestas son correctas.

De conformidad con el artículo 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo para la interposición del recurso de reposición será: De un mes, si el acto fuera expreso. De dos meses, si el acto fuera expreso. De tres meses, si el acto fuera expreso. Ninguna de las anteriores respuestas es la correcta.

De conformidad con el artículo 168.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el presupuesto de la Entidad Local será formado por: El Concejal delegado de Hacienda. Su Presidente. El Pleno. Ninguna de las anteriores respuestas es la correcta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 169.6 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el Presupuesto correspondiente. No se considerará automáticamente prorrogado el presupuesto el del ejercicio anterior. No se considerará automáticamente prorrogado el presupuesto el del ejercicio anterior, salvo requerimiento de la Subdelegación del gobierno. Se considerará automáticamente prorrogado el presupuesto el del ejercicio anterior. Ninguna de las anteriores respuestas es la correcta.

De conformidad con el artículo 28 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para. Las relaciones exteriores. La seguridad pública. La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. Todas las anteriores respuestas son correctas.

De conformidad con el artículo 18.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, dispone que se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes. Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general. Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas. Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. Todas las anteriores respuestas son correctas.

De conformidad a lo previsto en el artículo 4. 1 del Reglamento General de Protección de Datos, se entenderá por datos personales. Toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»). Toda información sobre una persona jurídica identificada o identificable («el interesado»). Toda información sobre una persona física o jurídica identificada o identificable («el interesado»). Ninguna de las anteriores respuestas es la correcta.

De acuerdo con el artículo 16 de la Ley de Contratos del Sector Público, los contratos de suministros se encuentran definidos como: Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles, excluida la adquisición de energía primaria o energía transformada. Son contratos de suministros aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o servicio. Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles, excluidos los equipos y sistemas de telecomunicaciones. Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.

Según el artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público, esta ley tiene por objeto. Regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de publicidad, transparencia, eficacia y eficiencia en la contratación pública. Regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de eficacia y eficiencia en la contratación. Regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores y coordinación entre las Administraciones Públicas. La regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar.

Dentro de los delitos contra la administración pública, recogido en el código penal, el cohecho realizado por funcionario público es: Un ilícito penal. Un ilícito administrativo. Una conducta reprobable civilmente. Una conducta reprobable civilmente.

Entre los delitos recogidos en el Código Penal, se encuentra el delito de tráfico de influencias, en este delito se protege: El buen funcionamiento de la Administración Pública. La seguridad del tráfico de trata. La seguridad del tráfico comercial. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

De acuerdo con el artículo 26 de la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana, los poderes públicos valencianos, en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado, fomentarán. La participación de las mujeres y los hombres en la vida laboral, sin discriminación de ningún tipo y en igualdad de condiciones. La inclusión de las mujeres en el mercado de trabajo. El acceso de las personas jóvenes, mujeres y hombres, por igual, al mundo laboral, incentivando su creatividad y espíritu emprendedor a través de ayudas sociales. Todas las respuestas anteriores a), b) y c) son correctas.

Según el artículo 37 de la Ley por la que se aprueba la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana, en lo que respecta a la situaciones de unión legalizadas, establece el derecho a la inscripción de dicha unión ¿en qué situaciones?: Las personas que convivan en pareja tienen derecho a inscribir en un registro público su opción de convivencia. Las personas que mantengan una relación estable aunque no compartan el mismo domicilio tienen derecho a inscribir en un registro público su opción. Las personas separadas legalmente tienen derecho a inscribir en un registro público su opción. No se contempla el registro de uniones legalizadas en la Ley.

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley de los Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, ¿cuáles son los principios rectores?: Principios de carácter general y transversal, principios orientadores de la intervención, principio de carácter metodológico, principios de gestión de carácter territorial, administrativo y organizacional. Principios de carácter general y transversal, principios orientadores de la intervención, principios de carácter metodológico, principios de gestión y organización, principios de administración de carácter local y autonómica. Principios de carácter general y transversal, principios orientadores de la intervención, principios de carácter metodológico, principios de gestión de carácter territorial, administrativo y fundacional. Principios de carácter general y transversal, principios orientadores de la intervención, principios de carácter metodológico, principios de gestión de carácter local, administrativo y organizacional.

Según el artículo 64 de la Ley de los Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad Valenciana, el equipo de profesionales de la zona básica de servicios sociales estará compuesto por. El equipo de intervención social y los profesionales de las unidades de igualdad. Los profesionales de apoyo jurídico y administrativo. El equipo específico de inclusión e intervención social. Las respuestas a) y b) son correctas.

De acuerdo con el artículo 79, de la Ley de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, en relación al Sistema de Información Valenciano en Servicios Sociales, indica cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta: El Sistema de Información Valenciano en Servicios Sociales es el conjunto de aplicaciones informáticas integradas e interoperables para la gestión adecuada del Sistema público Valenciano de Servicios Sociales. El desarrollo del sistema de información valenciano en servicios sociales se realizará de conformidad con la normativa orgánica y funcional de la Consellería competente en materia de servicios sociales. La utilización de este sistema de información será obligatoria para todas las personas profesionales del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. La Conselleria competente en materia de servicios sociales garantizará el diseño, el mantenimiento y la actuación permanente del Sistema de Información Valenciano de Servicios Sociales, así como la gestión de la autorización o los permisos de acceso y acreditación de firmas del sistema mencionado.

Según se establece en el artículo 71 de la Ley de los Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad Valenciana, qué instrumentos técnicos en relación con las personas usuarias se tendrán: Tarjeta de información personalizada, historia social única y plan personalizado de intervención social. Tarjeta de información personalizada que facilitará la interoperabilidad de la información del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. Historia social única, que contiene el plan personalizado de acción social. Plan personalizado de acción e historia social única.

Según el Artículo 29 de la Ley 15/2017, de 10 de noviembre, de políticas integrales de juventud, en el fomento del asociacionismo juvenil, los poderes públicos tienen las siguientes obligaciones. Promover el asociacionismo entre las personas jóvenes. Incrementar la participación juvenil mediante grupos de jóvenes, de acuerdo con lo que establece la presente ley. a y b son correctas. Dar cuenta previamente a los medios de comunicación de la localidad.

Según el artículo 5 de la Ley 8/2017, de 7 de abril, las personas a quienes les es de aplicación la presente ley tendrán los siguientes derechos. Al reconocimiento de su identidad de género libremente manifestada, con la necesidad de prueba médica. Al desarrollo de la personalidad según su identidad en el entorno social. A ser tratadas de conformidad a su identidad de género en los ámbitos públicos. A que se respete y proteja su integridad física y psíquica, así como sus decisiones en relación a su identidad y expresión de género.

La Generalitat garantizará a las personas trans menores de edad la protección y la atención necesarias para promover el libre desarrollo de su personalidad y su desarrollo integral. Con el fin de garantizar su integración laboral y económica. Las personas trans menores de edad no tienen derecho a ser escuchadas y a incorporarse progresivamente a los procesos de toma de decisiones hasta la mayoría de edad. Toda intervención de la Generalitat deberá estar presidida por el criterio rector de atención al interés superior del menor. Todas son correctas.

Son principios rectores de las políticas públicas en relación con la infancia y la adolescencia entre otros, señala la incorrecta: La igualdad de trato y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, edad, etc. La consideración de niñas, niños y adolescentes como ciudadanas y ciudadanos no como sujetos activos de derecho. Su carácter universal, desde una perspectiva de equidad, para garantizar la igualdad de oportunidades y combatir las desigualdades sociales, estructurales y coyunturales entre otras. La participación activa y directa, tanto individual como colectiva, de la infancia y de la adolescencia en todos los asuntos que les conciernen.

A fin de hacer efectivo los derechos de la infancia y la adolescencia, la administración pública competente garantizará a la persona menor de edad protegida los siguientes derechos: A que su interés superior sea valorado y considerado como prioritario en todas las actuaciones y decisiones que se deriven de la acción protectora. recibir, de forma accesible y adaptada a sus circunstancias y cuando el menor sea mayor de dieciocho, información de su situación, de las medidas de protección que pueden adoptarse y de las que efectivamente se adopten, de su duración y de los derechos que le correspondan. A relacionarse directamente con quienes tengan la responsabilidad de proponer, adoptar o ejecutar las medidas de protección. a y c son correctas.

El punto de encuentro familiar es un servicio específico que presta temporalmente atención profesional especializada para facilitar que los niños, las niñas y los adolescentes puedan mantener relaciones con sus familiares. Durante los procesos y las situaciones de separación, divorcio, protección de infancia y adolescencia u otros supuestos de interrupción de la convivencia familiar. La red de puntos de encuentro familiar es un recurso social, universal y específico para la infancia y la adolescencia. Atenderá los casos derivados de un órgano judicial como los de un órgano administrativo. Todas son correctas.

El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV) es el máximo órgano de representación de las organizaciones de la juventud valenciana y el interlocutor con el Consell y las instituciones públicas y privadas en materia de juventud. Indique la respuesta correcta. El CJCV dispondrá de una dotación específica en los presupuestos de la Generalitat. Las Diputaciones provinciales han de promover la constitución de los Consejos de la Joventud en sus distintos municipios. El CJCV se constituye en corporación pública sectorial de base privada sin personalidad jurídica propia y con plena capacidad para cumplir sus fines. Todas son correctas.

Se denominan programas de medio abierto aquellos destinados a la ejecución de alguna de las siguientes medidas previstas la Ley orgánica 5/2000: Tratamiento ambulatorio, asistencia a un centro de día, libertad vigilada. Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. Prestaciones en beneficio de la comunidad, y realización de tareas socioeducativas. Todas son correctas.

En materia de atención socioeducativa de personas menores de edad en conflicto con la ley, además de los principios recogidos en el artículo 3 de la Ley 26/2018, se observarán los siguientes, señala la INCORRECTA. La aplicación de programas fundamentalmente educativos y formativo-laborales que fomenten el respeto por los derechos y libertades. La atención individualizada e integral, teniendo en cuenta la edad y personalidad, así como sus necesidades y circunstancias. No podrá garantizar el derecho a ser informada, en formato accesible y comprensible, de los derechos que les corresponden. El carácter preferentemente interdisciplinario en la toma de decisiones que afecten o puedan afectar a la persona menor de edad.

La Generalitat asumirá temporalmente la guarda de una persona protegida menor de edad en los siguientes casos. A solicitud de las personas titulares de su tutela o patria potestad, cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 172 bis del Código civil. Si no está bajo su tutela. Cuando no lo acuerde la autoridad judicial. Con carácter permanente, en cumplimiento de la obligación de prestarle atención inmediata.

Según el Decreto 59/2019, de 12 de abril , del Consell, de ordenación del sistema público valenciano de servicios sociales, el artículo 11, los libros de registros contendrán las siguientes clases de asientos. Inscripciones. Inscripciones y nota marginales. Inscripciones, notas marginales y cancelaciones. Inscripciones , notas marginales, solicitudes y cancelaciones.

Según el Decreto 59/2019, de 12 de abril , del Consell, de ordenación del sistema público valenciano de servicios sociales, el artículo 28 referente a la resolución, concluida la instrucción, el órgano competente en materia de autorización procederá a resolver dentro de un plazo de , a contar desde la entrada de la solicitud en el registro electrónico de la Generalitat. Seis meses. Doce meses. Tres meses. Un mes.

Según la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclusión en su artículo 46, las competencias en materia de renta valenciana de inclusión, en el marco de los servicios sociales generales, corresponden a: La Generalitat. La Generalitat y a las Diputaciones Provinciales. A las Entidades Locales. La Generalitat, las Diputaciones Provinciales, y a las Entidades Locales en su respectivo ámbito territorial.

Según la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclusión en su artículo 3 referente a las definiciones, el Ingreso Mínimo Vital es: Es una prestación no contributiva de la Seguridad Social regulada mediante Real Decreto ley 20/2020, que garantiza unos ingresos mínimos a quienes carecen de ellos. Esta prestación se considera compatible con la renta valenciana de inclusión, no computable a los efectos del cálculo económico y no acumulable en su cuantía a la de la la renta valenciana de inclusión. Es una prestación contributiva de la Seguridad Social regulada mediante Real Decreto ley 20/2020, que garantiza unos ingresos mínimos a quienes carecen de ellos. Esta prestación se considera incompatible con la renta valenciana de inclusión, no computable a los efectos del cálculo económico y no acumulable en su cuantía a la de la la renta valenciana de inclusión. Es una prestación no contributiva de la Generalitat Valenciana regulada mediante Real Decreto ley 20/2020, que garantiza unos ingresos mínimos a quienes carecen de ellos. Esta prestación se considera compatible con la renta valenciana de inclusión, no computable a los efectos del cálculo económico y acumulable en su cuantía a la de la la renta valenciana de inclusión. Es una prestación no contributiva de la Generalitat Valenciana regulada mediante Real Decreto ley 20/2020, que garantiza unos ingresos mínimos a quienes carecen de ellos. Esta prestación se considera incompatible con la renta valenciana de inclusión, y computable a los efectos del cálculo económico y no acumulable en su cuantía a la de la la renta valenciana de inclusión.

Según la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclusión en su artículo 11, referente a los derechos y obligaciones de las personas destinatarias de la renta valenciana de inclusión, las personas titulares de la renta complementaria de ingresos del trabajo, estarán obligadas. A ser demandantes de mejora de empleo, tanto en el momento de presentar la solicitud como durante el periodo de concesión de la prestación, además deberán participar en acciones de orientación, formación y mejora de empleabilidad si así se determina por parte de los servicios públicos de empleo y formación y en el desarrollo reglamentario. A ser demandantes de empleo solamente en el momento de presentar la solicitud y participar en acciones de orientación, formación y mejora de empleabilidad si así se determina por parte de los servicios públicos de empleo y formación y en el desarrollo reglamentario. A ser demandantes de mejora de empleo, tanto en el momento de presentar la solicitud como durante el periodo de concesión de la prestación y no deberán de participar en acciones de orientación, formación y mejora de empleabilidad. Ninguna es correcta.

Según la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclusión, la instrucción del expediente de la Renta de Garantía en sus dos modalidades, la efectuará el servicio correspondiente. De las Direcciones Territoriales de la Conselleria competente en materia de la renta valenciana de inclusión. De la Dirección General de la Conselleria competente en materia de renta valenciana de inclusión. De los Servicios Sociales de Atención Primaria. De la Generalitat Valenciana.

Según la Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el Estatuto de las personas con Discapacidad, los centros de acción social para personas con discapacidad se clasifican en: Centros ocupacionales y viviendas tuteladas. Centros de atención diurna, residencias y viviendas tuteladas. Centros para personas con diversidad funcional de día y viviendas tuteladas. Centros de atención diurna y nocturna.

Según la Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el Estatuto de las personas con Discapacidad, a los efectos de la presente ley, se entiende por personas con discapacidad o diversidad funcional: Aquellas que por su diversidad física, mental, intelectual, cognitiva o sensorial, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que el el resto. Además tendrán consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad en grado igual o superior al 33%. Aquellas que por su diversidad física, mental, intelectual, cognitiva o sensorial, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que el el resto. Además tendrán consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad en grado superior al 33%. Aquellas que por su diversidad sólo física y mental, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que el el resto. Además tendrán consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad en grado igual o superior al 33%. Aquellas que por su diversidad física, mental, intelectual, cognitiva o sensorial, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que el el resto. Además tendrán consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad en grado como mínimo un 65%.

Según el Decreto 62/2017 por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas, en su artículo 16, el PIA tendrá el siguiente contenido: Identificación de la persona en situación de dependencia. Servicio o servicios reconocidos. Prestación o prestaciones con la indicación de las condiciones específicas de las mismas y obligaciones de la persona en situación de dependencia. Todas son correctas.

Según el Decreto 62/2017 por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas, el informe social de entorno será elaborado. Cuando la persona interesada resida en su domicilio, por el trabajador o trabajadora social de los servicios sociales generales correspondientes. Cuando la persona resida en un recurso residencial público, por el trabajador o trabajadora social del citado recurso. Cuando la persona se encuentre en hospitales públicos de larga estancia, por el trabajador o trabajadora social de dicho centro hospitalario. Todas son correctas.

La ley Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad efectiva de mujeres y hombres tiene como objeto: Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidad entre mujeres y hombres. Promover políticas para conseguir una sociedad igualitaria. Favorecer una sociedad democrática y participativa. Todas las respuestas son correctas.

Según el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad efectiva de mujeres y hombres, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone: La eliminación de la violencia ejercida hacia las mujeres por razón de género. La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. Romper con el techo de cristal dando espacios de liderazgo a mujeres. Todas las respuestas son incorrectas.

Conforme el artículo 51 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad efectiva de mujeres y hombres, los criterios de actuación de las Administraciones públicas deberán. Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional. Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta. Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración. por razón de sexo. Todas son correctas.

La Ley 9/2003, de 2 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres establece en su artículo 20 los planes de igualdad en el ámbito de. Las Entidades Locales. Las empresas. Las administraciones autonómicas. Todas las anteriores son incorrectas.

El artículo 2 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres, establece los principios generales, marca la correcta. Son contrarias al ordenamiento jurídico las actuaciones públicas o los comportamientos privados que sean discriminatorios. No toda desigualdad es constitutiva de discriminación. No hay una prohibición general que impida establecer cualquier diferencia, lo que se prohíbe es la desigualdad que carece de justificación objetiva, racional y razonable. Cuando se disponga una diferencia de trato deben emplearse los medios que resulten proporcionados y adecuados o congruentes con los fines que se persiguen. Todas las respuestas son correctas.

Según establece el artículo 1 de la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, incluye como violencia de género. Violencia física y psicológica. Agresiones a la libertad sexual. Amenazas, coacciones y privación arbitraria de libertad. Todas las respuestas son correctas.

Conforme el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género, los servicios sociales actuarán. Coordinadamente y en colaboración con los Cuerpos de Seguridad, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, los servicios sanitarios y las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica a las víctimas del ámbito geográfico correspondiente. Solicitando al Juzgado las medidas de protección que consideren necesarias. Solicitando al Juez las medidas de protección que consideren necesarias. Solicitando al Juez las medidas de protección que consideren necesarias.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género, establece que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocerán de los siguientes supuestos: De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior. De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia. Del conocimiento y fallo de las faltas contenidas en los títulos I y II del libro III del Código Penal, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra a) de este apartado. Todas las respuestas son correctas.

Según el artículo 65 “De las medidas de suspensión de la patria potestad o la custodia de menores” de la Ley Orgánica 1/2004, marca la INCORRECTA. El Juez podrá suspender para el inculpado por violencia de género el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, respecto de los menores que dependan de él. Si no acordara la suspensión, el Juez deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma en la que se ejercerá la patria potestad y, en su caso, la guarda y custodia, el acogimiento, la tutela, la curatela o la guarda de hecho de lo menores. Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer, y realizará un seguimiento periódico de su evolución. El inculpado podrá decidir sobre el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, respecto de los menores que dependan de él.

Conforme a la Ley 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, los menores extranjeros que se encuentren en España: (marca la CORRECTA. No tienen derecho a la educación pero si a la asistencia sanitaria. Solo tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas. Las Administraciones Públicas velarán por los grupos especialmente vulnerables como los menores extranjeros no acompañados, los que presenten necesidades de protección internacional, los menores con discapacidad y los que sean víctimas de abusos sexuales, explotación sexual, pornografía infantil, de trata o de tráfico de seres humanos, garantizando el cumplimiento de los derechos previstos en la ley. Tiene derecho a la educación, asistencia sanitaria pero no a los servicios y prestaciones sociales básicas.

De conformidad a lo previsto en el Artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán: En cualquier momento del procedimiento posterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. En cualquier momento del procedimiento, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Ninguna de las anteriores respuestas es la correcta.

En relación con el Plan Personalizado de Intervención Social, recogido en el artículo 78 de la Ley de Servicios Sociales inclusivos, indica cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta: En caso, de actuaciones conjuntas por parte de la atención primaria y de la atención secundaria se diseñará un único plan personalizado de intervención social. Será consensuado con la persona, familia o unidad de convivencia. En caso de desacuerdo prevalecerá el criterio técnico de suspensión del proceso. La planificación de las actuaciones, acuerdos y compromisos serán tomados entre la persona, su familia o unidad de convivencia y los equipos profesionales implicados. Incluirá entre otros aspectos, al menos, el diagnóstico de la situación, la planificación de las actuaciones y los indicadores y la periodicidad del seguimiento.

Las personas con vecindad administrativa en la Comunitat Valenciana, que acrediten un mínimo de residencia de un año, tienen el derecho a disfrutar de una vivienda asequible, digna y adecuada. Para ello se tendrá que acreditar con el permiso de residencia y trabajo. El Consell, las entidades locales y demás instituciones públicas con competencias en materia de vivienda garantizarán la satisfacción de este derecho. Poseer algún ningún miembro de la unidad de convivencia la titularidad u otro derecho real que les permita poder disponer del pleno uso de una vivienda estable y habitable. Todas son correctas.

Según el Decreto 62/2017 por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas, las personas interesadas podrán presentar recurso de alzada en el plazo de: De un mes desde la fecha de notificación, tanto de la resolución del reconocimiento de la situación y grado de dependencia, como de la resolución de aprobación del PIA. De tres mes desde la fecha de notificación, tanto de la resolución del reconocimiento de la situación y grado de dependencia, como de la resolución de aprobación del PIA. De 10 días desde la fecha de notificación, tanto de la resolución del reconocimiento de la situación y grado de dependencia, como de la resolución de aprobación del PIA. De 20 días desde la fecha de notificación, tanto de la resolución del reconocimiento de la situación y grado de dependencia, como de la resolución de aprobación del PIA.

A efectos de la interpretación y aplicación del interés superior del menor, según la Ley 1/1996, se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales: (Marca la INCORRECTA. La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas. La consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés superior. La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno no familiar adecuado y libre de violencia. La preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual o idioma del menor, así como la no discriminación del mismo por éstas o cualesquiera otras condiciones, incluida la discapacidad, garantizando el desarrollo armónico de su personalidad.