Preguntas bolsas de trabajo social XV

Según la normativa reguladora de la mapificación del sistema público valenciano de servicios sociales, ¿Cuál de los siguientes datos no figura entre los que deben publicitarse, al menos, mediante un entorno web de acceso general?: El número de y las características de las plazas, así como los requisitos de acceso al servicio o centro. La titularidad del servicio o centro, su tipología y el sector de población destinataria. La dotación de personal profesional, especificando categorías profesionales y ratios de atención. El nivel funcional de atención y la demarcación territorial en la que se encuentra integrado el servicio o centro.

La atención primaria recogida dentro del DECRETO 129/2026, de 3 de septiembre, del Consell, por el que se regulan la tipología y el funcionamiento de los centros, servicios y programas de los servicios sociales de la Comunitat Valenciana, y su ordenación dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, es el nivel y ámbito de intervención profesional de los servicios sociales cuyo fin último es: Favorecer la permanencia de las personas en su entono habitual, promoviendo su autonomía y participación social. Garantizar el mantenimiento de las personas en su entorno comunitario, facilitando los apoyos necesarios para su integración social. Promover la continuidad en sus entornos sociofamiliares y de convivencia, previniendo las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social. Mantener a las personas en sus entornos sociofamiliares, promocionando sus capacidades personales y atendiendo las situaciones de vulnerabilidad o necesidad.

Es función del equipo de intervención social, de acuerdo con el artículo 34 del Decreto 38/2020 de 20 de marzo, del Consell de coordinació i finançament de l'atenció primària de serveis socials. La detección de las principales necesidades de la población mediante metodologías de investigación dirigidas al análisis de las situaciones de desprotección y vulnerabilidad. La detección de las necesidades sociales de la población mediante metodologías de intervención comunitaria dirigidas al análisis de las situaciones de vulnerabilidad, dependencia y en posible riesgo de exclusión social. La detección de las principales necesidades de la población objeto de intervención mediante la promoción de metodologías participativas de investigación, en las que se analicen las situaciones de desprotección, abandono y exclusión social. La valoración de necesidades de la población mediante metodologías participativas orientadas a determinar los recursos de la atención primaria que deban implantarse en la zona básica.

En relación a la estructura competencial del sistema de servicios sociales del DECRETO 129/2026, de 3 de septiembre, del Consell, por el que se regulan la tipología y el funcionamiento de los centros, servicios y programas de los servicios sociales de la Comunitat Valenciana, y su ordenación dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, corresponde a los municipios la provisión y gestión, por sí solos o agrupados de: (señale la respuesta más completa). La atención primaria de carácter básico, el programa de Equipos específicos con infancia y adolescencia (EEIIA) y el servicio de atención a personas con discapacidad y específico de personas con problemas graves de salud mental. La atención primaria de carácter básico, el programa de Equipos específicos con infancia y adolescencia (EEIIA), el servicio de atención a personas con discapacidad y específico de personas con problemas graves de salud mental y el servicio de teleasistencia para personas que no tengan reconocida la situación de dependencia. La atención primaria de carácter básico, El programa de Equipos específicos con infancia y adolescencia (EEIIA) y el servicio de violencia sobre la mujer. La atención primaria de carácter básico, el programa de Equipos específicos con infancia y adolescencia (EEIIA) y el servicio de atención a personas con discapacidad y específico de personas con problemas graves de salud mental y el servicio de teleasistencia para mayores de 65 años sin reconocimiento de grado de dependencia.

De las funciones recogidas por el DECRET 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i finançament de l'atenció primària de serveis socials, la primera información sobre el centro y sus servicios es una función (señale la correcta): De las unidades de apoyo administrativo. De la persona profesional de referencia. Del equipo de intervención social. No es una función recogida por el Decreto 38/2020 de 20 de marzo.

Según el DECRETO 129/2026, de 3 de septiembre, del Consell, por el que se regulan la tipología y el funcionamiento de los centros, servicios y programas de los servicios sociales de la Comunitat Valenciana, y su ordenación dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, la atención primaria de carácter básico garantiza. La detección y prevención de las causas de vulnerabilidad social. La detección y protección integral de las personas en situación de especial vulnerabilidad y en riesgo o exclusión social. El acceso universal al Sistema público valenciano de servicios sociales en condiciones de subjetividad. La gestión y resolución de las prestaciones económicas destinadas a atender situaciones de urgencia social.

Los principios rectores del I Plan estratégico zonal 2023-2026 de Servicios Sociales de El Campello emanan de los que inspiran el Plan Valenciano de inclusión y cohesión social. Señale cuál de los siguientes no se incluye entre sus principios rectores: Promoción de la diversidad. Cohesión y equidad espacial. Universalidad e igualdad en el acceso a los recursos. Transversalidad de las políticas municipales contra la exclusión social.

Atendiendo al artículo 21 del Reglamento de creación, constitución y funcionamiento de las comisiones técnicas preceptivas de servicios sociales de atención primaria de carácter zonal del Ayuntamiento de El Campello de 2026, las convocatorias: (Señale la correcta). La convocatoria junto con el orden del día será firmada por Secretaría y Presidencia y se emitirá una semana antes de la comisión, con aviso a los titulares y resto de asistentes. La convocatoria junto con el orden del día será firmada por Secretaría y Presidencia y se emitirá una semana antes de la comisión con aviso a los titulares. La comisión técnica de intervención social y la comisión técnica organizativa tendrán cierre de propuestas una semana antes de la celebración de la comisión. La convocatoria junto con el orden del día será firmada por Secretaría y Presidencia y se podrá realizar hasta el día de antes de la comisión, con avisto a los titulares y resto de asistentes.

Señale qué no forma parte del contenido mínimo de la historia social única según la Ley 3/2019, de 18 febrero de servicios sociales inclusivos de la comunidad valenciana. Diagnóstico social y Plan de atención individualizado. Valoraciones y las informaciones relevantes sobre la situación. Información y documentos que contienen los datos. Identificación de las personas profesionales y de las prestaciones.

Según el código deontológico de la educación social de 2026, la educadora o el educador social cuando trabaje en un equipo será consciente de su pertenencia al mismo, siendo coherente con sus decisiones y con su proyecto socioeducativo. Asimismo, mantendrá una actitud proactiva, respetuosa y solidaria con cada profesional que lo integra y procurará un clima de cuidado que favorezca: (Señale la correcta). el respeto, la empatía y la corresponsabilidad. la intimidad, confidencialidad y el secreto profesional. la confianza, la colaboración y la cooperación. la información responsable, el respeto y la confianza.

Atendiendo al código deontológico de la educación social de 2026, el enunciado “las acciones socioeducativas han de partir del convencimiento y responsabilidad de que la tarea profesional de la Educadora o el Educador social es la de crear una relación educativa favorecedora de los procesos de acompañamiento a las personas, familias, grupos y comunidades, que mejoren su calidad de vida y la de sus entornos”. ¿A qué principio del código deontológico pertenece?: Principio de la acción socioeducativa de respeto a la autonomía, protección y buen trato a los sujetos. Principio de la acción socioeducativa centrada en la persona. Principio de la acción socioeducativa centrada en la participación comunitaria. Principio de respeto a la autonomía y buen trato.

De acuerdo con las funciones atribuidas al equipo de intervención social por el artículo 34 del Decreto 38/2020 de 20 de marzo, del Consell, de Coordinació i finançament de l’ atenció primaria de serveis socials. Señale la afirmación correcta: Le corresponde la aplicación del Catálogo de prestaciones del Sistema Público Valenciano de Servicios sociales y la aprobación de la cartera de prestaciones de carácter zonal. Le corresponde la aplicación del Catálogo de prestaciones del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, así como el desarrollo de la cartera de prestaciones de carácter zonal. Le corresponde el desarrollo del Catálogo de prestaciones del sistema público valenciano de servicios sociales y la aplicación de la cartera de prestaciones de carácter zonal. Le corresponde la aplicación de la cartera de prestaciones de carácter zonal y el desarrollo de las prestaciones de atención primaria específica.

El Código Deontológico del educador y la educadora social recoge que “El educador/a social promoverá la creación de redes y la participación de la comunidad en la labor socioeducativa, fomentando que sea la propia comunidad la que busque y genere los recursos y capacidades para transformar y mejorar la calidad de vida de las personas”. Esta definición, ¿a qué principio hace referencia?. Principio de la acción socioeducativa. Principio de coherencia institucional. Principio de participación social. Principio de participación comunitaria.

El Decreto 129/2026, de 3 de septiembre, del Consell, por el que se regula la tipología y el funcionamiento de los centros, servicios y programas de los servicios sociales de la Comunidad Valenciana, establece los programas estructurales que conforman el Servicio de Prevención e Intervención familiar. Señala cuál de ellos NO es uno de estos programas. Programa de coordinación socioeducativa de colectivos vulnerables. Programa de detección de situaciones de desprotección e intervención familiar. Programa de soporte y seguimiento del acogimiento familiar en familia extensa. Programa de atención al desarrollo infantil.

Los centros de acogida para personas en situación de sin hogar del Servicio de atención diurna y nocturna son recursos que pertenecen a la: Atención primaria de carácter básico. Atención primaria de carácter específico. Atención secundaria. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

El Centro Activo de Desarrollo Económico (CADEM) es el instrumento de la concejalía de Fomento Económico, Comercio y Empleo de El Campello para la consecución de los siguientes objetivos. Señala la respuesta INCORRECTA. Impulsar la formación profesional para el empleo. Impulsar la creación de nuevas empresas. Informar y asesorar a emprendedores. Fomentar el desarrollo y expansión de las empresas ya existentes.

La escala ETHOS permite un marco de actuación a la hora de realizar informes encaminados a dimensionar el número de personas que se encuentran en situación de exclusión residencial. Atendiendo a esta escala, ¿cómo se categorizaría a la persona que vive en alojamientos temporales reservados a los inmigrantes y a los demandantes de asilo?. Sin techo. Sin vivienda. Vivienda insegura. Vivienda inadecuada.

Cuál de las siguientes instalaciones deportivas de El Campello dispone de circuito BMX. Polideportivo Municipal “El Campello". Zona Deportiva “El Fabraquer". Polideportivo “El Vincle”. Pista polideportiva “Alkabir".

Señala cuál de los siguientes NO es un servicio de régimen residencial de la Red de la Generalitat de Asistencia Social Integral a las Víctimas de Violencia sobre la Mujer: Centros Mujer. Centros de emergencia. Centros de recuperación integral. Viviendas tuteladas.

La guía de apoyo, derechos y recursos para las mujeres víctimas de violencia de género de El Campello define diferentes tipos de violencia. Aislar a la mujer de su entorno: impedirle ver a familiares o amistades, controlar con quién habla, dónde va, qué hace, cómo viste o con quién se relaciona hace referencia a: Violencia psicológica. Violencia vicaria. Violencia social. Violencia emocional.

Con respecto al "Ciclo de la Violencia" desarrollado por la psicóloga estadounidense Lenore Walker en 1979, señale la opción CORRECTA. El ciclo consta de cuatro fases claramente diferenciadas: acumulación de tensión, agresión verbal, explosión física y luna de miel. Durante la fase de "acumulación de tensión", el agresor suele aplicar un castigo severo y la víctima tiende de forma inmediata a denunciar la situación ante las autoridades estatales. La tercera fase, denominada "luna de miel" o de conciliación, se caracteriza por el arrepentimiento del agresor y, con el transcurso del tiempo y la cronicidad del maltrato, esta fase tiende a acortarse o incluso a desaparecer. El modelo de Walker determina que la duración cronológica de cada una de las fases es fija, uniforme y matemáticamente idéntica en todas las relaciones de pareja donde existe maltrato.

El artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres hace referencia al principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. Señala cuál de las definiciones de este principio es correcta. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación directa, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa, por razón de género, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, las derivadas de la maternidad y la paternidad, la asunción de obligaciones familiares.

Atendiendo a la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana qué servicio “Se encargará de la prevención y evaluación de las situaciones de riesgo, así como del diagnóstico social y la intervención de carácter individual o familiar con la infancia y la adolescencia, las personas mayores y otras personas necesitadas de especial protección familiar. Servicio de promoción de la autonomía personal. Servicio de prevención e intervención con familias. Centro especializado de atención a personas mayores (CEAM). Centros de envejecimiento activo.

Reducir el riesgo de aislamiento social es un objetivo estratégico de la “Estrategia Valenciana de envejecimiento activo y lucha contra la soledad no deseada (2023-2027)”. ¿A qué línea estratégica se asocia dicho objetivo?. Autonomía personal y buen trato. Convivencia y solidaridad intergeneracional. Participación. Inclusión y acceso a servicios públicos.

Atendiendo a las clases de discapacidad recogidas en el Anexo I del Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, ¿Cuál será la clase de discapacidad que tendrá una persona con un nivel del 65%?. Clase 2. Discapacidad moderada. Clase 3. Discapacidad grave. Clase 4. Discapacidad muy grave. Clase 5. Discapacidad total.

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de inclusión social recoge la siguiente definición “la actividad por la que se conciben o proyectan desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Esta definición corresponde al concepto de. Igualdad de oportunidades. Medidas de acción positiva. Accesibilidad universal. Diseño universal.

Señale cuál de los siguientes será considerado un indicador de riesgo según el artículo 17 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La existencia de un hermano o hermana declarado en situación de riesgo o desamparo, siempre que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente. La falta de atención física o psíquica del niño, niña o adolescente por parte de los progenitores, o por las personas que ejerzan la tutela, guarda, o acogimiento, que comporte un perjuicio leve para la salud física o emocional del niño, niña o adolescente cuando se estime, por la naturaleza o por la repetición de los episodios, la posibilidad de su persistencia o el agravamiento de sus efectos. La ausencia de escolarización o falta de asistencia reiterada y no justificada adecuadamente al centro educativo y la permisividad continuada o la inducción al absentismo escolar durante las etapas de escolarización obligatoria. El abandono del menor, bien porque falten las personas a las que por ley corresponde el ejercicio de la guarda, o bien porque éstas no quieran o no puedan ejercerla.

Señale la respuesta adecuada respecto al acogimiento residencial en centros de protección específicos de menores con problemas de conducta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil: Se realizará si se considera adecuado, aunque sea posible la intervención a través de otras medidas de protección. Se realizará si se considera adecuado, aunque sea posible la intervención a través de otras medidas de protección. El ingreso del menor en estos centros y las medidas de seguridad que se apliquen en el mismo se utilizarán como primer recurso y tendrán siempre carácter punitivo. Estos centros, sometidos a estándares internacionales y a control de calidad, estarán destinados al acogimiento residencial de menores que estén en situación de guarda o tutela de la Entidad Pública, diagnosticados con problemas de conducta, que presenten conductas disruptivas o di-sociales recurrentes, transgresoras de las normas sociales y los derechos de terceros, cuando además así esté justificado por sus necesidades de protección y determinado por una valoración psicosocial especializada.

De acuerdo con el ‘Artículo 12. Derecho a la atención integral’ de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, las administraciones sanitarias, educativas y los servicios sociales competentes garantizarán de forma universal y con carácter integral la atención temprana. desde el nacimiento hasta los seis años de edad de todo niño o niña con alteraciones o trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos en el ámbito de cobertura de la ley, así como el apoyo al desarrollo infantil. desde el nacimiento hasta los ocho años de edad de todo niño o niña con alteraciones o trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos en el ámbito de cobertura de la ley, así como el apoyo al desarrollo infantil. desde el nacimiento hasta los doce años de edad de todo niño o niña con alteraciones o trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos en el ámbito de cobertura de la ley, así como el apoyo al desarrollo infantil. desde el nacimiento hasta los seis años de edad de todo niño o niña con alteraciones o trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos en el ámbito de cobertura de la ley, así como el apoyo al desarrollo infantil exclusivo para niños y niñas con un grado de discapacidad reconocido del 33% o más.

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, señale qué definición se corresponde con la medida de ‘libertad vigilada’: La persona sometida a esta medida, que no podrá imponerse sin su consentimiento, ha de realizar las actividades no retribuidas que se le indiquen, de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad. La persona sometida a esta medida debe convivir, durante el período de tiempo establecido por el Juez, con otra persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo, adecuadamente seleccionados para orientar a aquélla en su proceso de socialización. En esta medida se ha de hacer un seguimiento de la actividad de la persona sometida a la misma y de su asistencia a la escuela, al centro de formación profesional o al lugar de trabajo, según los casos, procurando ayudar a aquélla a superar los factores que determinaron la infracción cometida. Asimismo, esta medida obliga, en su caso, a seguir las pautas socioeducativas que señale la entidad pública o el profesional encargado de su seguimiento, de acuerdo con el programa de intervención elaborado al efecto y aprobado por el Juez de Menores. Esta medida consiste en la reprensión de la persona llevada a cabo por el Juez de Menores y dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podrían haber tenido, instándole a no volver a cometer tales hechos en el futuro.

De acuerdo con el artículo 100 de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia, señale la respuesta correcta: La competencia para detectar, valorar, intervenir, declarar y determinar el cese de la situación de riesgo corresponde a la entidad local donde resida de hecho la persona protegida. La competencia para detectar, valorar, intervenir, declarar y determinar el cese de la situación de riesgo corresponde a la entidad local donde se encuentre empadronada la persona protegida, aunque no viva allí. Cuando no resida en la Comunitat Valenciana o su residencia no pueda determinarse, ejercerá las competencias relacionadas con la declaración de riesgo la entidad local donde la persona menor de edad haya nacido. La competencia para detectar, valorar, intervenir, declarar y determinar el cese de la situación de riesgo corresponde a la entidad provincial donde resida de hecho la persona protegida.

Según lo estipulado en el artículo 114 de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia. El objetivo del plan de protección será la reunificación familiar, siempre que sea previsible que, en un plazo máximo de tres años, la familia de origen pueda encontrarse en condiciones de desempeñar adecuadamente las funciones propias de la tutela o la patria potestad. Cuando el objetivo sea la reunificación familiar, la Generalitat elaborará, junto con la entidad local del domicilio de residencia de la familia de origen, un programa de reunificación familiar que formará parte del plan de protección. Cuando el objetivo sea la reunificación familiar, la Generalitat elaborará, junto con la entidad local del domicilio en el que la persona menor de edad se encuentre acogido o acogida, un programa de reunificación familiar que formará parte del plan de protección. Cuando el objetivo sea la reunificación familiar, la Generalitat elaborará, junto con la entidad local del domicilio de residencia de la familia de origen, un plan de protección que formará parte del programa de reunificación familiar provincial.

Señale cuál de los siguientes es un principio de actuación en materia de atención socioeducativa de personas menores de edad en conflicto con la ley, de acuerdo con el artículo 160 de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia. La aplicación de programas sancionadores y, en su caso, formativo-laborales, que fomenten el respeto por los derechos y libertades de las demás personas. El carácter más restrictivo posible y la prevalencia de la función moral en la ejecución y contenido de las medidas. La prioridad de las actuaciones en el propio entorno familiar y social de la persona en conflicto con la ley, siempre que no sea perjudicial para su interés. Asimismo, en la ejecución de las medidas se utilizarán preferentemente los recursos normalizados del ámbito comunitario. El fomento de la colaboración y responsabilidad de las personas progenitoras, o quienes les sustituyan en el ejercicio de las funciones parentales, en la fase final de la intervención.

De acuerdo con el artículo 49 de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia, señale la respuesta correcta. Se fomentará la creación en el ámbito local de comisiones de prevención, promoción y participación del absentismo y abandono escolar, donde se establecerá la presencia de profesionales de los departamentos competentes en materia de servicios sociales, salud mental, infancia, juventud y educación. Se fomentará la creación en el ámbito local de comisiones de prevención, seguimiento y control del absentismo y abandono escolar, donde se establecerá la presencia de profesionales de los departamentos competentes en materia de servicios sociales, salud mental, infancia, juventud y educación. Se fomentará la creación en el ámbito local de comisiones de prevención, seguimiento y control del absentismo y abandono escolar, donde se establecerá la presencia de profesionales de los departamentos competentes en materia de servicios sociales y educación, con la colaboración de protección civil. Se fomentará la creación en el ámbito local de comisiones de prevención, seguimiento y erradicación del absentismo y abandono escolar, donde se establecerá la presencia de profesionales de los departamentos competentes en materia de servicios sociales, sanidad y policía local.

Según el artículo 17 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, ¿a quién tiene derecho el extranjero residente a reagrupar con él en España?: El cónyuge del residente, siempre que se encuentre separado de hecho o de derecho, y que el matrimonio se haya celebrado en fraude de ley. Los hijos del residente y del cónyuge, incluidos los adoptados, siempre que sean menores de dieciocho años o personas con discapacidad que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud. Los menores de dieciocho años y los mayores de esa edad que sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades, pero deseen vivir con sus progenitores. Los ascendientes hasta tercer grado del reagrupante y de su cónyuge cuando estén a su cargo, sean mayores de sesenta y cinco años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España.

El programa para personas de edades comprendidas entre los 18 y 65 años, con diferentes grados de afectación en su esfera personal, familiar, social y laboral, que reúnan los criterios que definen el constructo de Trastorno Mental Grave (TMG), o sospecha de presentarlo, recibe el nombre de: USMIA. UPCA. SASEM. EEIIA.

Señale cuál de las siguientes definiciones corresponde a las Unidades de Prevención Comunitaria de las Adicciones: Centros que, en régimen ambulatorio, desarrollan programas de apoyo al tratamiento y/o programas de reinserción sociolaboral para personas drogodependientes o con otros trastornos adictivos, de acuerdo con las necesidades propias de la evolución de su proceso. Servicios que prestan apoyo y asesoramiento en materia de drogodependencias y otros trastornos adictivos a órganos jurisdiccionales, fuerzas de orden público y personas que han cometido delitos asociados al consumo de drogas o como consecuencia de su adicción, o que se encuentren detenidas con ocasión de éstos. Unidades de apoyo a los equipos de atención primaria integradas en el sistema sanitario público valenciano, para la asistencia en régimen ambulatorio de los enfermos drogodependientes o con otros trastornos adictivos. Servicios especializados de titularidad local que desarrollan programas de prevención con el objeto de reducir o evitar el uso y/o abuso de drogas y otras conductas adictivas, así como promover hábitos de vida saludables.

Indique cuál de las siguientes opciones es una de las medidas en el ámbito familiar, la infancia y la adolescencia contempladas en la Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de igualdad de las personas LGTBI. No se permitirá que los niños y las niñas vivan en el seno de una familia LGTBI. Se adoptarán medidas específicas de apoyo, mediación y protección en los supuestos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que estén sometidos a presión o maltrato psicológico en el ámbito familiar a causa de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género, desarrollo sexual o grupo familiar. Se adoptarán los mecanismos necesarios para la protección efectiva de niñas, niños y adolescentes en atención a su orientación sexual, excepto cuando se encuentren bajo la tutela de la administración. Los programas de apoyo a las familias, no contemplarán de forma expresa medidas de apoyo a las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes LGTBI, y a los hijos e hijas de personas LGTBI, por no considerarse necesario.

De acuerdo con la Ley 4/2025, de voluntariado de la Comunitat Valenciana, ¿qué condición caracteriza a las actividades de voluntariado?. Se realizan necesariamente en una entidad pública. Se desarrollan de forma organizada a través de entidades de voluntariado y sin contraprestación, sin perjuicio del reembolso de gastos. Exigen una duración mínima anual. Pueden sustituir puestos profesionales si existe acuerdo de la entidad.

De acuerdo con el artículo 21 del Decreto 48/2024, de 23 de abril, del Consell, por el que se regula el proceso de admisión en centros docentes públicos y privados concertados de la Comunitat Valenciana, ¿Qué orden de preferencia se reconoce al alumnado en acogimiento residencial?. Se sitúa después del alumnado en acogida familiar o guarda con fines de adopción y antes del alumnado que cambia de residencia por violencia de género o terrorismo. Se sitúa por delante del alumnado procedente del mismo centro escolar. Solo tiene preferencia si acredita además una discapacidad. No está incluido entre los supuestos de preferencia de acceso.

De acuerdo con la Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la directora general de Inclusión Educativa, por la que se establece el protocolo de actuación ante situaciones de absentismo escolar, ¿qué actuación corresponde a la tutoría en la fase de intervención cuando se identifica un caso?. Verificar y analizar las posibles causas, comunicar la situación a la familia, entrevistar al alumno o alumna y registrar las actuaciones. Trasladar automáticamente el caso a Fiscalía antes de contactar con la familia. Suspender la escolarización hasta que la familia justifique las ausencias. Derivar siempre el caso a la comisión municipal sin intervención del centro.

De acuerdo con el artículo 49.4 de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre de la Generalitat, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia, ¿Qué prevé la norma para el ámbito local en materia de absentismo?. La creación de comisiones de prevención, seguimiento y control, con presencia de profesionales de servicios sociales, salud mental, infancia, juventud y educación. La atribución exclusiva de la intervención a la dirección de cada centro educativo. La sustitución de los servicios sociales municipales por una comisión autonómica. La intervención local únicamente cuando exista una resolución judicial.

De acuerdo con el artículo 14 del Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano, un alumno necesita apoyo ordinario adicional mediante refuerzo y acompañamiento personalizado. ¿A qué nivel corresponde principalmente esta respuesta?. Nivel I. Nivel II. Nivel III. Nivel IV.

De acuerdo con la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la directora general de Inclusión Educativa, sobre tareas del personal trabajador social, educador social y terapeuta ocupacional adscrito a las unidades especializadas de orientación ¿en qué conflictos contempla expresamente la mediación del personal educador social de las unidades especializadas de orientación?. Entre alumnado y centro, familias y centro, y alumnado y familias. Únicamente entre profesionales de los servicios sanitarios. Solo en conflictos disciplinarios ya resueltos por la dirección. Exclusivamente entre asociaciones del municipio.

En el seguimiento de un proyecto de inclusión, ¿Qué indicador ofrece una medida directa de la participación sostenida de las personas destinatarias?. Porcentaje de participantes que asisten a las sesiones previstas durante el periodo de seguimiento. Número de carteles diseñados por el equipo técnico. Cantidad de correos internos enviados por el servicio. Número de horas de preparación no vinculadas a actividades ejecutadas.

De acuerdo con la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la directora general de Inclusión Educativa, sobre tareas de los profesionales adscritos a las unidades especializadas de orientación. ¿Qué actuación contribuye expresamente a la coordinación interinstitucional desde la educación social?. Elaborar y actualizar un mapa de recursos sociales, educativos y sanitarios y generar vías ágiles de colaboración y coordinación. Centralizar todas las intervenciones en el centro educativo y evitar la participación externa. Compartir expedientes completos con cualquier entidad colaboradora sin valorar su competencia. Derivar los casos sin acordar objetivos ni seguimiento con los servicios receptores.

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor ¿qué caracteriza una situación de riesgo de una persona menor de edad?. La existencia de circunstancias que perjudican su desarrollo o bienestar sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamentaría la declaración de desamparo. La separación automática de la persona menor de su entorno familiar. La existencia exclusiva de una infracción penal cometida por la persona menor. La necesidad de una resolución judicial previa para iniciar cualquier actuación protectora.

En su intervención, una educadora social conoce indicios de violencia contra una persona menor. De acuerdo con el artículo 16 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. ¿qué debe hacer?. Comunicarlo de forma inmediata a la autoridad competente, sin perjuicio de prestar la atención inmediata que la víctima precise. Esperar a tener una prueba judicial definitiva antes de comunicarlo. Comunicarlo únicamente a la dirección del centro, que decide si procede informar. Comunicarlo solo cuando la persona menor o su familia lo autoricen expresamente.

De acuerdo con la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la directora general de Inclusión Educativa, en una entrevista con una familia en situación de vulnerabilidad, ¿Qué actuación es coherente con la tarea de corresponsabilidad educativa atribuida al personal educador social?. Facilitar la participación familiar mediante una comunicación comprensible y acordar conjuntamente apoyos y compromisos posibles. Transmitir instrucciones cerradas sin comprobar comprensión ni disponibilidad. Limitar el contacto con la familia a comunicaciones de sanción. Solicitar que la familia delegue toda decisión en el centro educativo.

En la elaboración de un programa municipal para reducir el absentismo, ¿qué decisión responde mejor a un diagnóstico previo y permite evaluar resultados?. Fijar objetivos medibles a partir de datos de asistencia y causas identificadas, y establecer indicadores de seguimiento desde el inicio. Elegir actividades antes de recopilar información para acelerar la ejecución. Medir el éxito únicamente por el número de reuniones celebradas. Cambiar los objetivos al final para que coincidan con las actividades realizadas.

La visión del I Plan Estratégico Zonal 2023-26 de Servicios sociales de El Campello es: Promover la construcción de una sociedad en la que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en condiciones de igualdad, garantizando el acceso a los recursos y prestaciones sociales, configurando unos servicios sociales de atención primaria próximos, accesibles y orientados a la prevención, que favorezcan la autonomía personal y la integración social de las personas en su entorno habitual. Promover la construcción de una sociedad en la que las personas tengan los mismos derechos, que sus necesidades básicas se encuentran cubiertas y la igualdad de oportunidades y la libertad de elección de trayectoria de vida queden garantizadas, configurando unos equipos de servicios sociales de base y específicos de atención primaria líderes en la prestación de los servicios sociales, con reconocimiento social positivo y que se posicionen como los que más calidad en atención tengan de la Comunidad Valenciana. Promover la construcción de una sociedad cohesionada e inclusiva, en la que las necedades sociales sean atendidas mediante un sistema público de servicios sociales basado en la igualdad, la prevención y la intervención comunitaria, configurando unos equipos profesionales capaces de ofrecer una atención integral y coordinada, especialmente dirigida a las personas y colectivos que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad o exclusión social. Impulsar una sociedad en la que se garantice la igualdad efectiva de todas las personas y el acceso universal a los servicios sociales, favoreciendo su autonomía, participación e inclusión social, mediante unos equipos de atención primaria caracterizados por la proximidad, la coordinación interdisciplinar y la atención centrada en la persona, que actúen como referente de calidad dentro del sistema público valenciano de servicios sociales.

Será un medio de prueba para la acreditación de la violencia sobre la mujer y la prestación de las coberturas garantizadas en la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana, las siguientes (señale la respuesta correcta): Cualquier resolución judicial que reconozca, aunque solo sea de forma indiciaria o incidental, la existencia de un acto de violencia sobre la mujer previsto en esta ley. El informe del Ministerio Fiscal cuando del contenido no se desprenda que hay indicios que la demandante es víctima de esta violencia o la acreditación de presentación de un atestado policial. El certificado acreditativo de los servicios sociales de atención primaria de carácter básico. Ninguna de las anteriores opciones es un medio de prueba para la acreditación de la violencia sobre la mujer.

Atendiendo a la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia, cuando los servicios sociales de la entidad local tengan conocimiento, por sí mismos o a través de terceros, de que un niño, niña o adolescente puede encontrarse en una situación de riesgo, evaluarán su situación y si esta lo requiere, elaborarán un: Proyecto de intervención personal, social y educativo familiar. Programa de prevención del desamparo. Plan personalizado de atención a las familias. Programa Personalizado de Inclusión (PROPIN).

Según la restricción de medidas que supondría ¿Cuál de las siguientes medidas susceptibles de ser impuestas a los menores de edad en conflicto con la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, sería la MENOS restrictiva?. Internamiento en régimen abierto. Asistencia a un centro de día. Libertad vigilada. Realización de tareas socioeducativas.

En una reunión de coordinación sobre un alumno con absentismo grave, ¿Qué práctica se ajusta al protocolo valenciano?. Compartir la información necesaria para las actuaciones acordadas, usando el cauce previsto y preservando la protección de datos y la confidencialidad. Enviar el expediente completo a todas las entidades del municipio para facilitar el conocimiento del caso. Tratar el caso solo de forma verbal y omitir el registro de las actuaciones. Evitar informar a la familia de cualquier medida adoptada por el centro.

De acuerdo con el artículo 9.2 de la Constitución Española, corresponde a los poderes públicos. Garantizar exclusivamente la igualdad formal ante la ley, sin intervenir en las desigualdades sociales. Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan su plenitud. Garantizar la igualdad únicamente en el acceso al empleo público. Atribuir a las organizaciones privadas la responsabilidad exclusiva de promover la participación social.

De acuerdo con el artículo 137 de la Constitución Española, el Estado se organiza territorialmente en: Municipios, comarcas y comunidades autónomas. Municipios, provincias y comunidades autónomas que se constituyan. Provincias, diputaciones provinciales y comunidades autónomas. Municipios, mancomunidades y provincias.

Un Ayuntamiento de un municipio de régimen común está elaborando el presupuesto municipal para el próximo ejercicio, que incluye los créditos destinados a programas de educación y servicios sociales. ¿Qué órgano municipal tiene atribuida su aprobación?. La Alcaldía. La Junta de Gobierno Local. La concejalía de Hacienda. El Pleno del Ayuntamiento.

Una persona física, no obligada legal ni reglamentariamente a relacionarse por medios electrónicos con la Administración, presenta una solicitud de ayuda municipal y desea realizar los trámites presencialmente. Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, ¿qué regla general se aplica?. Debe utilizar obligatoriamente medios electrónicos en todos los procedimientos. Solo puede presentar solicitudes presencialmente si acredita dificultades informáticas. Puede elegir si se comunica por medios electrónicos o no con la Administración. Debe realizar todos los trámites mediante representante.

Una persona presenta una solicitud de participación en un programa municipal de intervención socioeducativa. Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿qué condición tiene en el procedimiento administrativo iniciado a su solicitud?. La de interesado, por haber promovido el procedimiento como titular de un derecho o interés legítimo. La de observador, hasta que se dicte la resolución definitiva. La de interesado únicamente si la Administración resuelve favorablemente. La de representante de la Administración, al participar en un programa municipal.

Una persona presenta una solicitud de ayuda municipal que no reúne los requisitos exigidos por la normativa aplicable. Según el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿qué debe hacer la Administración, con carácter general?. Denegar directamente la solicitud, sin posibilidad de subsanación. Archivar inmediatamente la solicitud sin comunicarlo al interesado. Conceder un plazo de cinco días naturales para corregir los defectos. Requerir al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en el plazo de diez días.

Una persona recibe la notificación de una resolución municipal que pone fin a la vía administrativa y desea impugnarla mediante recurso potestativo de reposición. Según los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿ante qué órgano y en qué plazo puede interponerlo si el acto es expreso?. Ante el órgano superior jerárquico al que dictó la resolución, en el plazo de un mes. Ante el mismo órgano que dictó la resolución, en el plazo de un mes. Ante el mismo órgano que dictó la resolución, en el plazo de tres meses. Ante el órgano superior jerárquico al que dictó la resolución, en el plazo de diez días.

Según el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿qué órganos existen en todos los ayuntamientos?. El alcalde, los tenientes de alcalde y el Pleno. El alcalde, la Junta de Gobierno Local y las comisiones informativas. El Pleno, la Junta de Gobierno Local y la Comisión Especial de Cuentas. El alcalde, los concejales delegados y las comisiones informativas.

De acuerdo con el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local ¿cuál de las siguientes materias se encuentra entre las competencias propias que ejercerán los municipios, en los términos de la legislación estatal y autonómica?. La declaración de incapacidad permanente de las personas trabajadoras. La evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. El reconocimiento y pago de las pensiones contributivas de jubilación. La resolución de los procedimientos de concesión de nacionalidad española.

Un educador social municipal atiende a una persona que solicita información sobre los recursos sociales disponibles. De acuerdo con el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), ¿Qué actuación se ajusta a los principios de conducta de los empleados públicos?. Facilitar información únicamente cuando la persona presente una solicitud por escrito. Informar a la persona sobre las materias que tenga derecho a conocer y facilitarle el ejercicio de sus derechos. Remitir siempre a la persona a otra Administración, aunque el Ayuntamiento disponga de la información solicitada. Limitarse a informar de los servicios municipales que dependan directamente de su puesto de trabajo, con independencia de las necesidades de orientación.

Según el artículo 15 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿cómo deben integrar las Administraciones Públicas el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres?. Exclusivamente mediante campañas informativas dirigidas a la ciudadanía. Únicamente en los procedimientos de selección de personal. De forma transversal y activa en la elaboración y ejecución de sus políticas y en el conjunto de sus actividades. Solamente mediante la aprobación de un plan de igualdad, sin necesidad de incorporarlo a otras actuaciones.

Un educador social municipal tiene acceso, por razón de sus funciones, a información personal de familias atendidas por los Servicios Sociales. Según el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales ¿cuándo finaliza su deber de confidencialidad respecto de esos datos?. Cuando concluye la intervención socioeducativa con la familia. Cuando la persona deja de prestar servicios en el Ayuntamiento. El deber de confidencialidad se mantiene incluso después de finalizar su relación con la Administración. Cuando hayan transcurrido dos años desde el cierre del expediente.

Una asociación solicita una subvención municipal para desarrollar actividades de integración social. Según el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ¿Qué obligación corresponde a la entidad beneficiaria?. Destinar libremente los fondos a cualquier actividad de la asociación. Quedar exenta de aportar documentación una vez recibida la subvención. Ejecutar únicamente las actividades que considere oportunas, aunque sean distintas de las subvencionadas. Cumplir el objetivo y realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.

Un Ayuntamiento necesita contratar a una empresa para desarrollar talleres socioeducativos destinados a familias del municipio, a cambio de un precio y sin transferencia del riesgo operacional. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿qué tipo de contrato corresponde, con carácter general, a esta prestación?. Contrato de obras. Contrato de suministro. Contrato de concesión de obras. Contrato de servicios.

Un educador social municipal comienza a desempeñar nuevas funciones que implican riesgos laborales diferentes de los de su puesto anterior. Según el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales ¿qué obligación tiene la Administración respecto de su formación preventiva?. Garantizar una formación teórica y práctica suficiente y adecuada, adaptada a sus nuevas funciones y riesgos laborales. Facilitar formación únicamente si el trabajador la solicita por escrito. Exigir que el trabajador realice la formación preventiva a su costa y fuera de la jornada laboral. Considerar suficiente la formación inicial recibida, aunque hayan cambiado los riesgos del puesto.

De acuerdo con la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿Qué potestad permite a los ayuntamientos aprobar ordenanzas municipales dentro del ámbito de sus competencias?. La potestad jurisdiccional. La potestad reglamentaria. La potestad legislativa. La potestad constituyente.

Según el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, ¿Cuál es el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones públicas?. El procedimiento de concurrencia competitiva. La concesión directa a las entidades que lo soliciten. El procedimiento de libre designación. La concesión por orden de llegada de las solicitudes en todos los casos.

Un Ayuntamiento diseña un programa municipal de apoyo socioeducativo a familias. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres ¿Qué medida resulta coherente con los criterios generales de actuación de los poderes públicos en materia de igualdad?. Reservar las actividades de conciliación exclusivamente a las madres. Promover la corresponsabilidad de mujeres y hombres en las tareas domésticas y la atención a la familia. Considerar que la conciliación familiar es una responsabilidad exclusivamente privada, ajena a las políticas públicas. Establecer actividades diferenciadas para hombres y mujeres en todos los programas, con independencia de su finalidad.

Según el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en la tramitación ordinaria de un contrato menor de servicios, sin concurrir especialidades o excepciones legalmente previstas, ¿Qué documentación debe incorporarse al expediente?. Únicamente una solicitud verbal del responsable municipal. Un informe del órgano de contratación justificando la necesidad y la ausencia de fraccionamiento indebido, la aprobación del gasto y la factura correspondiente. Exclusivamente la factura presentada por la empresa contratista. Un convenio de colaboración que sustituya al expediente de contratación.

Una asociación recibe una subvención municipal para realizar un programa de apoyo socioeducativo, pero finalmente no desarrolla la actividad subvencionada. Según el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ¿qué consecuencia puede derivarse de este incumplimiento?. La renovación automática de la subvención para el siguiente ejercicio. La posibilidad de destinar el dinero a cualquier otra actividad de la asociación. La obligación de reintegrar la subvención percibida, junto con los intereses de demora exigibles. La transformación automática de la subvención en una aportación municipal sin obligación de justificación.