Preguntas exámenes 1

1.De conformidad con el artículo 3 de la Ley 39/2015, tendrán capacidad de obrar ante las AA.PP: Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamieto jurídico, siempre con la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad. Los grupos de afectados, las uniones y entidades con personalidad jurídica. Todas son correctas.

2.El incumplimiento de la obligación legal de dictar resolcuión expresa en plazo según el artícuo 21.6 de la Ley 39/2015: Podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la legislación civil, penal o contencioso-administrativa. Dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable. Podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa interna aplicable. Dará lugar a la exigencia de responsabilidad patrimonial, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

3.De conformidad con el artícuo 23.2 de la Ley 39/2015: Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, cabrá recurso extraordinario de revisión. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, cabrá recurso extraordinario de reposición. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, cabrá recurso extraordinario de alzada. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno.

4.Las medidas provisionales, de acuerdo con el artícuo 56 de la Ley 39/2015: Deberá ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento. Quedan sin efecto si no se inicia el procedimiento dentro del plazo de cinco días siguientes a su adopción. Quedan confirmadas cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. Todas son correctas.

5.De conformidad con el artícuo 96 de la Ley 39/2015, una vez acordada la tramitación simplificada del procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria: En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. En cualquier momento del procedimiento anterior su resolución. En cualquier momento del procedimiento anterior a su elevación a un órgano superior. Ninguna es correcta.

6.Dispone el artícuo 68 de la Ley 39/2015, que si alguno de los sujetos a los que hacen referencia los artículos 14.2 y 14.3, presenta su solicitud presencialmente, las AA.PP. requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos: Se considera como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que se realizó la solicitud presencial. Se considera como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que ha sido realizada la subsanación. El interesado deberá determinar expresamente la fecha en la que presenta la solicitud. Ninguna es correcta.

7.Dispone el artícuo 109 de la Ley 39/2015, lo siguiente: Las AA.PP. podrán rectificar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables. Las AA.PP. podrán revocar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales o aritméticos existentes en sus actos. Las AA.PP. podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. Las AA.PP. podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

8.De conformidad con el artícuo 125 de la Ley 39/2015, contra los actos firmes en vía administrativa en los que al dictarlos se hubiera incurrido en un error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión dentro del plazo de: Cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. Cuatro años siguientes a la fecha en la que se dictó la resolución impugnada. Cuatro años siguientes a la fecha en la que se tuvo conocimiento de los documentos que evidencian el error de la resolución impugnada. Cuatro años siguientes a la fecha de la resolución dictada como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta y otra conducta punible.

9.Determina el artículo 25 de la Ley 40/2015, que el sector público institucional se integra por: La AGE, las AA. de las CC.AA. y las entidades de la Admón. Local. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las AA.PP y por las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las AA.PP. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las AA.PP, por las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las AA.PP y por las Universidades Públicas. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público, por las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las AA.PP y por las Universidades Públicas.

10.El plazo de prescripción de las sanciones, conforme al artículo 30 de la Ley 40/2015, comenzará a contarse desde: El día en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción. El día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción. El día en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. El día siguiente en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

11.De conformidad con el artícuo 14 de la Ley 39/2015, en todo caso estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las AA.PP. para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, lo siguientes sujetos: Las personas jurídicas. Los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. Los empleados de las AA.PP. para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. Todas las respuestas anteriores son correctas.

12.De conformidad con el artícuo 49 de la Ley 40/2015, salvo que normativamente se prevea un plazo superior, los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a: Un año. Dos años. Cuatro años. Cinco años.

13.De conformidad con el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, una de las siguientes competencias no puede ser delegada por el Alcalde: Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. Disponer gastos, dentro de los límites de su competencia; ordenar pagos y rendir cuentas. Ejercitar acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia. Otorgar las licencias cuando así lo dispongan las Ordenanzas.

14.De conformidad con el artículo 46.2 a) de la Ley 7/1985, el Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de los miembros de la Corporación. En este útlimo caso, la celebración del mismo no podrá demorarse por más de: De diez días desde que fuera solicitada. De veinte días desde que fuera solicitada. De treinta días desde que fuera solicitada. De quince días desde que fuera solicitada.

15.De conformidad con el artículo 67 de la Ley 7/1985, si una Entidad local adoptara actos o acuerdos que atenten gravemente al interés general de España, ¿quién podrá suspenderlos y adoptar las medidas pertinentes a la protección de dicho interés, previo requerimiento no atendido al Presidente de la Corporación?: El Presidente de la Diputación Provincial. El Presidente de la Comunidad Autónoma. El Delegado del Gobierno. El Presidente del Gobierno.

16.De conformidad con el artículo 59 del RDL 2/2004 (LRHL), señale el impuesto cuya exigencia no es obligatoria para los Ayuntamientos: El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. El Impuesto sobre Vehículos de Traccion Mecánica. Todos los impuestos anteriores son de exigencia obligatoria para los Ayuntamientos.

17.En relación con el IIVTNU, tras la Sentencia del TC de 26 de octubre de 2021 por la que declara inconstitucionales y nulos los apartados 1, párrafo segundo, y 2.a) del artículo 107 y el apartado 4 del artículo 110 del RDL 2/2004 (LRHL), señale la respuesta incorrecta en relación a la actual regulación del impuesto. No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición. Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido para constatar la inexistencia de incremento de valor, se constate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor. Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria. Todas las otras respuestas se ajustan a la actual regulación del impuesto.

18.De conformidad con el artículo 5.4 de la Ley 19/2013 (Transparencia), la información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados: En los boletines oficiales de las AA.PP., al menos, una vez al año. En las correspondientes sedes electrónicas o páginas web. En los boletines oficiales de las AA.PP., al menos, dos veces al año y en los correspondientes tablones de edictos. Únicamente a quienes lo soliciten en el seno de los correspondientes procedimientos administrativos.

19. Con carácter general y conforme a la LOPD, el tratamiento de datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de: 16 años. 18 años. 14 años. Ninguna de las otras respuestas es correcta.

20.De conformidad con el artículo 63 del RDL 5/2015 (TREBEP), es causa de pérdida de la condición de funcionario: El desistimiento voluntario en la condición de funcionario. La sanción disciplinaria. La jubilación total del funcionario. Estar incurso en causa de incompatibilidad para el desempeño de otro puesto de trabajo.

21.De conformidad con el artículo 8 del RDL 5/2015 (TREBEP), el personal al servicio de las EE.LL estará integrado por: Funcionarios de carrera e interinos. Contratados en régimen de derecho laboral, fijo, por tiempo indefinido o temporal. Personal eventual que desempleña puestos de confianza o asesoramiento especial. Todas las respuestas anteriores son correctas.

22.Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en: Básicas y complementarias. Básicas, complementarias y pagas extraordinarias. Básicas, complementarias, pagas extraordinarias y gratificaciones. Básicas, complementarias, pagas extraordinarias, gratificaciones y productividad.

23.Con carácter general, la medida cautelar de suspensión de funciones tendrá la siguiente duración máxima: Un año. Dos años. Seis meses. Ninguna de las anteriores.

24.Los contratos de servicios que tengan por objeto la creación e interpretación artística tiene naturaleza: Administrativa. Privada. Mercantil. Administrativa Especial.

25.Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los siguientes actos y decisiones: Los anuncios de licitación. Los pliegos y documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación. Los acuerdos de adjudicación. Todas las respuestas anteriores.

26.De acuerdo con la nueva LCSP, corresponden a los Alcaldes y Presidentes de EE.LL. de municipios de régimen común, las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, concesión de obras, concesión de servicios y administrativos especiales: Cuando su valor estimado no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, ni la cuantía de 6 millones de euros, y cuya duración no sea superior a cuatro años. Cuando su valor estimado no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, ni la cuantía de 3 millones de euros, y cuya duración no sea superior a cuatro años. Cuando su valor estimado no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, ni la cuantía de 6 millones de euros, y cuya duración no sea superior a cuatro años, incluidas las eventuales prórrogas. Cuando su valor estimado no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, ni la cuantía de 3 millones de euros, y cuya duración no sea superior a cuatro años, incluidas las eventuales prórrogas.

27.Según lo dispuesto en la Disposición Adicional 2ª de la LCSP, los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación de las EE.LL.: No podrán suponer más de la mitad del total de miembros de la misma. No podrán suponer más de la quinta parte del total de miembros de la misma. No podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. Ninguna de las respuestas es correcta.

28.Se podrá utilizar el procedimiento abierto simplificado para la adjudicación de los contratos de servicios: De valor estimado superior a 140.000 euros. De valor estimado inferior a 140.000 euros. De valor estimado igual o inferior a 140.000 euros. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

29.Conforme a lo dispuesto en el artículo 118 LCSP, se consideran contratos menores: Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministros y servicios. Los contratos de valor estimado inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de contratos de suministros y servicios. Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de contratos de suministros y servicios. Los contratos de valor estimado inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministros y servicios.

¿¿??30.Se requiere autorización de la Comunidad Autónoma para la adquisición de: Semovientes. Inmuebles. Valores mobiliarios. Bienes de carácter histórico y artístico.

31.Cuando un particular requiere a una Entidad Local para que defienda un bien de la propiedad de ésta, se le concede a la misma un plazo para hacerlo de: Dos meses. Un mes. Cuarenta días hábiles. Treinta días hábiles.

32.Para inscribir un bien patrimonial, susceptible de ello, en el Registro de la Propiedad: Debe constar en escritura pública. Se hace de oficio por orden del Alcalde o Presidente. No se requiere escritura pública, bastará con una certificación del Secretario en la relación del inventario. No tiene por qué inscribirse este tipo de bienes.

33.La cesión gratuita de bienes a otra Administración Pública, en el caso de un municipio de régimen común, requiere un quorum de: Mayoría absoluta del número legal de miembros. No es posible ceder bienes de forma gratuita. Mayoría simple. Dos tercios del número de hecho y, en todo caso, mayoría absoluta del número legal de miembros.

34.Si una Entidad Local no recupera de oficio un bien patrimonial en el pazo previsto de un año tras la usurpación: Debe acudir a los tribunales de lo contencioso-administrativo. No puede ejerccer acción alguna respecto al mismo. Debe acudir a los tribunales ordinarios. Ninguna respuesta es correcta.

35.En materia de mercados, los Ayuntamientos: Carecen de competencias. Las competencias que poseen las ejercen por delgacion del Estado y de su Comunidad Autónoma. Supervisar el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma. Ninguna de las respuestas es correcta.

36.Se entiende por subvención toda disposición dineraría realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de la Ley 38/2003 (LGSubv) y a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos: Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. Que la entrega se realice con contraprestación directa de los beneficiarios. Que la entrega se realice sin contraprestación. Ninguna de las respuestas es correcta.

37.Conforme a la Ley 38/2003 (LGSubv) no tienen carácter de subvenciones los siguientes supuestos: Las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los españoles residente en España, en los términos establecidos en su normativa reguladora. Las prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de la Seguridad Social. Las prestaciones no contributivas del Sistema de la Seguridad Social. Las respuestas a) y b) son correctas.

38.El procedimiento ordinario para la concesión de subvenciones seǵun lo establecido en la Ley 38/2003 (LGSubv) será: Por el procedimiento de concurrencia competitiva. Por el procedimiento de conesión directa. Ambos procedimientos son ordinarios. Todas las respuestas anteriores son correctas.

39.Entre las causas de reintegro de las subvenciones, encontramos: Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la ley. Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultadndo aquellas que lo hubieran impedido. Todas las respuestas anteriores son correctas.

40.En el procedimiento de expropiación por tasación conjunta, ¿cuándo se puede ocupar el terreno expropiado?: Cuando transcurre el plazo de información pública de un mes y notificación a todos los afectados. Cuando la Administración expropiante finaliza motivadamente el procedimiento. Cuando se efectúa el pago o depósito de la indemnización fijada. Cuando el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa revisa el justiprecio final.

41.¿Quiénes tiene derecho a la expropiación rogada?: Propietarios del suelo no urbanizable con autorizaciones de actividad. Propietarios de reservas de aprovechamiento que cedieron el suelo hace un año. Propietarios de suelo urbano dotacional sin posibilidad de practicar la justa distribución de benficios y cargas cuando transcurran 5 años desde la entrada en vigor del plan. Propietarios de suelo urbano dotacional incluido en un área de reparto.

42.¿Qué plazo existe para edificar solares?: El que fije el plan o programa de actuación, o en su defecto dos años desde que tienen la condición de solar. No existen mínimos obligatorios en la legislación valenciana. En cada caso será uno, según las circunstancias económicas y posibilidades individuales sin que puedan superar los 10 años desde que fuera posible su edificación. En cualquier caso, cinco años contando desde que los tienen la condición de solar.

43.Según el artículo 191.3 delTRLOTUP, ¿cuál es el límite del deber normal de conservación?: Cuando el coste de las obras necesarias supere el valor de la construcción afectada. Cuando el coste de las obras necesarias supere el 50% del valor de una construcción de nueva planta similar a la preexistente. Cuando la construcción catalogada se encuentre en situación de ruina, la rehabilitación debe ser atendida por la Administración. Cuando se trate de un edificio no residencial no existe límite mínimo del conservación.

44.¿Cuál es el carácter de las medidas de protección de la legalidad urbanística?: Personal e intransferible del promotor de la infracción. Real y transmisible a terceros. General y público, si se inscribe en el registro de la propiedad. Limitado a los promotores, propietarios y titulares de derechos reales actuales.

45.Son instrumentos de ordenación urbanística: a) La estrategia territorial de la Comunidad Valenciana. b) Los Proyectos de Urbanización. c) Los Estudios de Detalle. Las respuestas a) y c) son correctas.

46.La ordenación estructural urbanística determinará: La red primaria. La delimitación de las Áreas de reparto. La determinación del Aprovechamiento Tipo. Todas las respustas anteriores son correctas.

47.Según el artículo 26 del TRLOTUP, el Plan general estructural para el suelo rural común debe regular: Normas básicas que regulen usos, intensidades, grados de protección evitando la parcelación urbanística y la edificación incontrolada. El Plan General Estructural solo debe regular el suelo rural de protección especial. El suelo rural común se ordena por la legislación básica estatal. Ninguna de las respustas anteriores es correcta.

48.Según el artículo 214 del TRLOTUP, son actuaciones sujetas a declaracción responsable: Los movimientos de tierras y explanaciones. La instalación de casas prefabricadas. La parcelación de fincas. La instalación de tendido elécticos y telefónicos..

49.Los usos y obras provisionales no previstos en el plan: Se pueden solicitar en el suelo urbano si existe programa de actución aprobado. Se pueden solicitar en el suelo urbano si existe programa de actción en tramitación. Se pueden solicitar en suelo urbano sin edificar sobre el que no exista solicitud de licencia de edificación ni programa de actuación aprobado o en tramitación. Se pueden solicitar en suelo urbanizabe con programación aprobada.

50.De conformidad con el artículo 34 de la Ley 40/2015, la cuantía de la indemnización en un procedimiento de responsabilidad patrimonial se calculará con referencia a: El día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin a al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada. La fecha en que se pona fin al procedimiento de responsabilidad, sin perjuicio de su actualización al día en que la lesión efectivamente se produjo con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada. El día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin a al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada. La fecha en que se pona fin al procedimiento de responsabilidad, sin perjuicio de su actualización al día en que la lesión efectivamente se produjo con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada.

51.Las bases de ejecución del Presupuesto: Las aprueba el Alcalde, previo informe del interventor, como Reglamento de Ejecución Presupuestaria y se da cuenta al Pleno para su conocimiento. Adaptan las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras necesarias para su adecuada gestión. Incluye el reglamento orgánico de subvenciones y el de gestión de ingresos y recaudación. Sustituye así al Reglamento de Recaudación en los municipios en que se aprueban. Todas las otras respuestas son correctas.

52.El control financiero de las subvenciones tiene como objeto verificar: El estado de las cuentas de la entidad beneficiaria. Los beneficios obtenidos por la entidad beneficiaria. La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras. Las tres respuestas son correctas.

53.Conforme al TRLOTUP, el incumplimiento de la orden de restauración o suspensión dará lugar a: Imposición de multas corercitiavas hasta lograr la ejecución por el sujeto obligado de las medidas de restauracion. Ejecución subsidiaria por la Administración a costa del interesado. Ejecución forzosa mediante cualesquiera de los medios previstos en el ordenamiento jurídico. Todas las anteriorres.

54.¿Cuándo tienen lugar las elecciones al Congreso de los Diputados de acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Española?: Al mes justo de terminar el anterior mandato. Entre los 15 y los 30 días desde la terminación del anterior mandato. Entre los 30 y los 60 días desde la terminación del anterior mandato. Antes de las 6 semanas siguientes a la terminación del anterior mandato.

55.Según el artículo 55 de la Constitución no podrá ser suspendido, en caso de que se acuerde la declaración de estado de excepción o de sitio: Derecho de asociación. Derecho de reunión pacífica y sin armas. Derecho a la asistencia de Abogado en las diligencias policiales y judiciales. Derecho a elegir libremente la residencia.

56.De acuerdo con la Ley 39/2015, cuando se rechace una notificación por el interesado en el primer intento: Procederá notificar en edictos. Se entenderá notificado el destinatario. Será preciso notificar una segunda vez dentro de los 3 días siguientes. Será preciso notificar una segunda vez dentro de los 3 días siguientes en franja de hora distinta.

57.De acuerdo con el artículo 76.2 de la Ley 39/2015, ¿en qué momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación, y en especial, los que supongan paralización del procedimiento?: En todo momento. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia. Dentro del trámite de audiencia. A la hora de formular el correspondiente recurso.

58.¿Qué plazo tiene el órgano competente para resolver el recurso de reposición de acuerdo con el artículo 124 de la Ley 39/2015?: 15 días. 1 mes. 2 meses. 30 días hábiles.

59.Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta?: La función de fé pública de la secretaría comprende la determinación de los asuntos que hayan de ser incluidos en el orden del día de las sesiones que celebren el Pleno, la Junta de Gobierno y cualquier otro órgano colegiado de la Corporación. La función de asesoramiento legal preceptivo de la secretaría comprende la emisión de informes previos sólo cuando un precepto legal así lo establezca. La función de contabilidad comprende la de llevar y desarrollar la contabilidad financiera y la de ejecución del presupuesto de la Entidad Local de acuerdo con las normas generales y las dictadas por el Pleno de la Corporación. La función de control interno comprende la de control financiero en las modalidades de función de control eventual y la auditoría pública, incluyéndose en ambas el control de eficacia referido en el artículo 213 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

60.Cuando un funcionario de administración local está en comisión de servicios, ¿en qué situación administrativa se encuentra?: Servicios especiales. Servicio activo. Excedencia. Ninguna es correcta.

61.De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 39/2015, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho (señala la incorrecta): Los acuerdos de aplicación de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. Los actos que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados a instancia del interesado. Los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial. Los actos que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

62.Tal y como se desprende del artículo 14 del TRLOTUP, entre otros, tienen la consideración de instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial de ámbito municipal los siguientes: Los planes parciales, los estudios de detalle y los planes de acción territorial. La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana y los planes generales estructurales mancomunados. El plan general estructural, el plan de ordenación pormenorizada, los planes de reforma interior y los estudios de detalle. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

63.De conformidad con el artículo 48 del TRLOTUP, se entiende por órgano sustantivo en la evaluación ambiental y territorial estratégica de planes y programas: Órgano de la administración pública que ostenta las competencias para adoptar o aprobar un plan o programa. Aquellas administraciones públicas que tienen competencias específicas en las siguientes materias: población, salud humana, biodiversidad, geodiversidad, fauna, flora, suelo, agua, aire, factores climáticos, paisaje, bienes materiales, patrimonio cultural incluido en el patrimonio histórico, educación, sanidad, ordenación del territorio y urbanismo. Órgano de una administración pública, estatal, autonómica o local, que inicia el procedimiento para la elaboración y adopción de un plan o programa y, en consecuencia, debe integrar los aspectos ambientales y territoriales en su contenido a través de un proceso de evaluación ambiental y territorial estratégica. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

64..En la relación entre el urbanizador y los propietarios, del artículo 145 del TRLOTUP, se desprende que el propietario tiene derecho: A que el urbanizador cumpla sus compromisos con diligencia empresarial y a facilitar la ocupación de sus fincas cuando sea necesaria para ejecutar el programa de actuación. A obtener del urbanizador y de la administración, sin dilación indebida, información verídica y concreta sobre cualesquiera aspectos relativos a la ejecución del programa de actuación integrada. A ceder, equidistribuir y sufragar la urbanización, retribuyendo al urbanizador por su tarea. A proporcionar información sobre su propiedad, conforme al artículo 93 del TRLOTUP.

65.Según el artículo 143 de la Ley 5/2014 (LOTUP), los propietarios retribuyen al urbanizador a través de las siguientes modalidades: Sólo en metálico. Sólo en terrenos. En metálico o en terrenos, o en la modalidad de retribución mixta, según manifiesten en su escrito de adhesión al programa. Ninguna es correcta.

66.Según se desprende del artículo 117.1 del TRLOTUP, ¿Qué dos documentos comprende todo programa de actuación integrada?: Estudio de viabilidad económica y memoria de sostenibilidad económica. Inventario de elementos y conjuntos potencialmente catalogables; situación y descripción general de los mismos. Ordenanza particular de edificación y usos del suelo. Alternativa técnica y proposición jurídico-económica.

67.Del artículo 168.1 del TRLOTUP, se deduce que las obras de urbanización públicas será recibidas por acto expreso de la administración en el plazo de: Tres meses desde su ofrecimiento formal. Seis meses desde su ofrecimiento formal. Dos meses desde su ofrecimiento formal. Un mes desde su ofrecimiento formal.

68.De conformidad con el artículo 206.1 de la Ley 5/2014 (LOTUP), aquellas obras, erigidas con anterioridad a los planes y que resultan ser manifiestamente incompatibles con sus determinaciones, se denominan: Edificaciones fuera de ordenación. Edificaciones ruinosas. Edificaciones ilegales. Edificaciones catalogadas.

69.Del artículo 211.1 b) de la Ley 5/2014 (LOTUP), se deduce que, en el suelo no urbanizable, se permite la construcción de vivienda aislada y familiar en parcela que en ningún caso será inferior a: Media hectárea por vivienda. Dos hectáreas por vivienda. Una hectárea por vivienda. 5.000 metros por vivienda.

70.De acuerdo con el artículo 146 LCSP, en los casos en que se establezcan varios criterios de adjudicación de un contrato, la ponderación relativa a cada uno deberá precisarse en: El pliego de prescripciones técnicas generales. El pliego de cláusulas administrativas particulares. El pliego de cláusulas administrativas generales. El pliego de prescripciones técnicas particulares.

71.Según el artículo 26 LCSP son contratos privados: Los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de Administraciones Públicas. Los celebrados por las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social. Los celebrados por la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas. Los celebrados por Universidades Públicas.

72.No pueden contratar con la Administración Públicas según el Ley de Contratos del Sector Público: Las personas naturales con plena capacidad de obrar no incursas en prohibición de contratar. Las uniones temporales de empresas no formalizadas en escritura pública a la fecha de presentación de su proposición. Las sociedades mercantiles, cuando las prestaciones del contrato no estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad propios según sus estatutos sociales. Son correctas todas las anteriores.

En los contratos de suministros y de servicios que tramiten las Administraciones Públicas y demás entidades del sector público con presupuesto limitativo, cuando las necesidades reales fueran superiores a las estimadas inicialmente, conforme a la Disposición Adicional 33ª Ley de Contratos del Sector Público: Se tramitará únicamente la autorización del gasto por el importe adicional. Se tramitará un contrato adicional por los servicios o suministros complementarios. Se tramitará la correspondiente modificación del contrato. Se resolverá el contrato.

La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas, según la Ley 40/2015: No presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. Supone indemnización siempre que se haya planteado en el correspondiente recurso. No presupone derecho a indemnización en ningún caso. No presupone derecho a indemnización cuando se trate de la anulación de disposiciones administrativas.

El uso o aprovechamiento especial de los bienes de dominio público conforme a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas: Está sujeto, en todo caso, a autorización. Requiere concesión administrativa. Está sujeto a autorización o a concesión, según los casos. No requiere ni autorización ni concesión cuando no impida el uso por los demás interesados.

El régimen de los municipios de gran población del Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local se aplicará automáticamente (señala la incorrecta): A los municipios cuya población supere los 220.000 habitantes. A los municipios capitales de Comunidad Autónoma. A los municipios capitales de provincia cuya población supere los 175.000 habitantes. A los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales.

La Junta de Gobierno Local en los municipios de gran población (artículo 126 de la Ley 7/1985), tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 103/2013, de 25 de abril, está compuesta por: El Alcalde y un número no superior a un tercio del número legal del Pleno, entre sus miembros y en un tercera parte, como máximo, entre personas que no ostenten la condición de concejales. El Alcalde y un número de Concejales no superior a un tercio del número legal de los miembros del Pleno. Un número de miembros del Pleno no superior al tercio de su número legal, incluido el Alcalde. El Alcalde y Concejales, en un número no superior al tercio de su número legal, más un número no superior a tres entre personas que no ostenten la condición de concejales.

No será necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos de carácter personal, conforme al artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal: Cuando no se refiera a datos especialmente protegidos regulados en el artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999. Cuando se establezca en el contrato suscrito con el encargado del tratamiento. Cuando se refieran a las partes de un contrato, en cualquier caso. Cuando los datos se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias.

Al Presupuesto General se unirán como anexos: Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal. Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de tres años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal. Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cinco años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal. Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro años,podrán formular las entidades de ámbito supramunicial.

Podrán entablarse reclamaciones contra la aprobación del Presupuesto de la Entidad Local, únicamente por los siguientes motivos: Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley, por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto. Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley o por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley, por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo, por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto. No se podrán entablar reclamaciones contra la aprobación del Presupuesto.

El Plan de disposición de fondos considerará: Aquellos factores que faciliten una eficiente y eficaz gestión de la Tesorería de la Entidad y excluirá necesariamente los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. Aquellos factores que faciliten una eficiente y eficaz gestión de la Tesorería de la Entidad y recogerá necesariamente la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. Aquellos factores que faciliten una eficiente y eficaz gestión de la Tesorería de la Entidad y recogerá exclusivamente los gastos de personal, las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores y la amortización de la deuda. Aquellos factores que faciliten una eficiente y eficaz gestión de la Tesorería de la Entidad y recogerá exclusivamente los gastos de personal, las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, la amortización de la deuda y las obligaciones derivadas de suministros del ejercicio corriente.

Los perceptores de las órdenes de pago a justificar: Quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades percibidas en el plazo máximo de tres meses desde la percepción de los correspondientes fondos. Quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades percibidas en el plazo máximo de seis meses desde la percepción de los correspondientes fondos. Quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades percibidas en el plazo máximo de doce meses desde la percepción de los correspondientes fondos. Quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades percibidas al cierre del ejercicio presupuestario.

Los niveles de vinculación jurídica de crédito deberán respetar: Respecto de la clasificación económica, el subconcepto. Respecto de la clasificación económica, el artículo. Respecto de la clasificación económica, el capítulo. Respecto de la clasificación económica, el concepto.

La no disponibilidad de crédito se deriva del acto mediante el cual se inmoviliza la totalidad o parte del saldo de crédito de una partida presupuestaria, declarándolo como no susceptible de utilización, siendo atribución de: La Junta de Gobierno Local. La Junta de Gobierno Local, en municipios de gran población. El Pleno, con mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. El Pleno, con mayoría simple del número legal de miembros de la Corporación.

El resultado presupuestario deberá, en su caso, ajustarse: En función de las obligaciones financiadas con remanentes de Tesorería y de las diferencias de financiación derivadas de gastos sin financiación afectada. En función de las obligaciones financiadas con remanentes de Tesorería y de las diferencias de financiación derivadas de gastos con financiación afectada. No deberá ajustarse. En función de las obligaciones financiadas con remanentes de Tesorería y de las diferencias de financiación derivadas de gastos con financiación afectada de los Organismos Autónomos.

La cuenta general pondrá de manifiesto, entre otras cuestiones: La gestión realizada en los aspectos económico, patrimonial y presupuestario. La gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario. La gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial, presupuestario y contractual. La gestión realizada en los aspectos económico, financiero, social y presupuestario.

El interventor emitirá nota de reparo con efectos suspensivos cuando afecte a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, en los siguientes casos: Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado, cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago, en los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales y cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios. Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado, en los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales y cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios. Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado, cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago, en los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales. En ningún caso suspende la tramitación del expediente.

Como supuestos de no sujeción en el IBI están: Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito para los usuarios. Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. Los bienes de la Cruz Roja Española. Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada.

Según la Ley 8/2010 de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, el reglamento orgánico municipal: Será obligatorio, en todo caso, para los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes. Será obligatorio, en todo caso, para los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Será obligatorio, en todo caso, para los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. No tiene carácter obligatorio.

La potestad reglamentaria del artículo 12.2 del TRLRHL se ejerce a través de: Ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos locales y ordenanzas estatales reguladoras de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos locales. Ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos locales y ordenanzas fiscales reguladoras de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos locales. Ordenanzas tributarias reguladoras de los tributos locales y ordenanzas tributarias reguladoras de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos locales. Ninguna de las anteriores es correcta.

Según el artículo 122 de la Ley 8/2010, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, señale la afirmación correcta respecto a las actas: Los libros de Actas llevarán en todas su hojas, debidamente foliadas, las firmas del Presidente y del Secretario de la Corporación. Los libros de Actas llevarán en todas sus hojas, debidamente foliadas, la firma del Presidente y el sello de la Corporación. Solamente las actas de las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno deben ser, una vez aprobadas, transcritas al libro de actas. Los requisitos y formalidades que deban cumplirse para la habilitación de pliegos de hojas y su posterior encuadernación, así como la transcripción de actas en documento electrónico, se fijarán reglamentariamente por el Pleno de la Corporación.

La convocatoria de las sesiones ordinarias de las comisiones informativas se efectuará: Al menos con dos días hábiles de antelación. Al menos con 48 horas de antelación. Al menos con un día hábil de antelación. Al menos con 24 horas de antelación.

Actualmente, cuando el Pleno de la Corporación no alcanzara, en una primera votación, la mayoría necesaria para la adopción de los acuerdos previstos en la Ley 7/1985 de 2 de abril, la Junta de Gobierno Local excepcionalmente tendrá competencia para aprobar: El presupuesto del ejercicio inmediato siguiente, siempre que previamente exista un presupuesto prorrogado. Los planes económico-financieros y los planes de ajuste a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Las dos anteriores son correctas. Todas las anteriores son falsas.

El quórum de asistencia a los órganos colegiados de un municipio de 15.000 habitantes de la Comunitat Valenciana es: 1/3 del número legal de sus miembros. La mayoría absoluta del número legal de sus miembros. 1/3 del número legal de sus miembros para el Pleno y la Junta de Gobierno y mayoría absoluta para las comisiones informativas. 1/3 del número legal de sus miembros para el Pleno y las Comisiones Informativas y la mayoría absoluta para la Junta de Gobierno.

Cuando un acuerdo requiere mayoría absoluta para su aprobación y se produce un empate en la votación: Se deberá efectuar una segunda votación y si persiste el empate, decidirá el voto de calidad del Alcalde. Decidirá el voto de calidad del Alcalde sin necesidad de nueva votación. Se entenderá aprobado el acuerdo si el Alcalde vota a favor porque su voto vale doble. No se aprobará el acuerdo.

Los Concejales no adscritos: Son aquellos que pasan a integrar el grupo mixto al ser expulsados de su grupo municipal. Tienen derecho a asistir a las comisiones informativas, con voz pero sin voto. Son aquellos que no se han constituido en grupo municipal en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la constitución de la corporación. Son aquellos que han abandonado o han sido expulsados de la formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones.

Señale la afirmación correcta respecto de los dictámenes de las comisiones informativas: Los dictámenes de las comisiones informativas son preceptivos y vinculantes. Los dictámenes son aprobados por mayoría simple excepto en los casos que se refieran a materias que requieren mayoría absoluta. En los casos en que la Junta de Gobierno ejerza competencias delegadas por el Pleno, será preceptivo el previo informe de la comisión informativa correspondiente. Son nulos, en todo caso, aquellos acuerdos que se adopten sin que hayan sido previamente informados o dictaminados por la comisión informativa correspondiente.

Señala la opción correcta. Según lo dispuesto por el artículo 236 de la Ley 5/2014 (LOTUP), ¿De qué plazo dispone la administración para ejercer la acción de restauración de la legalidad en el caso de obras o usos del suelo realizados sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones señaladas en la misma?: Del plazo general de quince años. No obstante lo anterior, el referido plazo no será de aplicación a las actuaciones que se hubiesen ejecutado, entre otros, sobre suelo no urbanizable, respecto a las cuales no existirá plazo de caducidad de la acción, en cuanto a la posibilidad de restauración de la legalidad y reparación al estado anterior de los bienes. Del plazo general de cuatro años. No obstante lo anterior, el referido plazo no será de aplicación a las actuaciones que se hubiesen ejecutado, entre otros, sobre suelo no urbanizable, respecto a las cuales no existirá plazo de caducidad de la acción, en cuanto a la posibilidad de restauración de la legalidad y reparación al estado anterior de los bienes. Del plazo general de cinco años siempre y en todo caso. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

El expediente de contratación podrá ser objeto de tramitación urgente, conforme al artículo 119 LCSP: Cuando la Administración tenga que actuar a causa de acontecimientos catastróficos. Cuando se requiera a la entidad desde la Generalitat o la Administración del Estado. Cuando así lo determine discrecionalmente el órgano de contratación. Cuando sea preciso acelerar la adjudicación de un contrato por razones de interés público.

Según la Ley de Expropiación Forzosa (artículo 31), si el propietario rechazara el precio fundado ofrecido por la Administración: Podrá interponer recurso de alzada ante el Jurado provincial de expropiación. Se pasará el expediente de justiprecio al Jurado provincial de expropiación. Podrá acudir a los Tribunales, interponiendo recurso contencioso-administrativo. Se incluirá el rechazo en la relación de bienes y derechos de necesaria expropiación.

Un ayuntamiento compuesto por 17 concejales, habrá de celebrar sesión ordinaria del pleno de la corporación como mínimo: Una vez al mes. Una vez cada dos meses. Una vez cada tres meses. No hay mínimo, se celebrará con la periodicidad que acuerde el pleno.

Los resultados de las Comisiones de investigación de Congreso y Senado: No son vinculantes para los Tribunales. Son vinculantes para los Tribunales. Pueden comunicarse al Ministerio Fiscal. Son correctas a) y c).

¿Cual es el plazo para disolver las Cortes si ningún candidato hubiere obtenido la confianza de la Cámara?: Un mes desde la primera votación de investidura. Dos meses desde la primera votación de investidura. Tres meses desde la primera votación de investidura. Ninguna es correcta.

La diferencia entre moción de censura y cuestión de confianza es: La moción de censura la plantea el Congreso y la cuestión de confianza el Senado. Tanto la moción de censura como la cuestión de confianza las plantea el Congreso. La cuestión de confianza implica la dimisión del Gobierno y la moción de confianza no. La moción de censura la plantea el Congreso y la cuestión de confianza el Gobierno.

La independencia del poder judicial: Quedan en suspenso en el caso de declararse el estado de excepción. Se contempla sólo para el ámbito civil. Se garantiza en la Constitución y se desarrolla a través de ley orgánica. Ninguna es correcta.

Las Comunidades Autónomas gozan de autonomía financiera para el desarrollo de sus competencias: En coordinación con el Gobierno. En coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad con todos los españoles. En solidaridad con el Gobierno. En coordinación y solidaridad con el Gobierno.

En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales en forma de: Reglamento. Decreto Legislativo. Decreto Ley. Ley ordinaria.

Respecto a las nacionalidades y regiones que integran la nación española, la Constitución reconoce y garantiza: Derecho a la autodeterminación. Derecho a la solidaridad pero no a la autonomía política. Derecho a la federación. Derecho a la autonomía.

El control económico y presupuestario de los órganos de las CCAA se ejercerá: Por el Tribunal Constitucional. Por la jurisdicción contencioso-administrativa. Por el Tribunal de Cuentas. Por el Ministerio de Economía.

La organización, administración y gestión de las instituciones sanitarias públicas en territorio de la C Valenciana: Es competencia exclusiva del Estado. Es competencia exclusiva de la Generalitat. A la Generalitat le corresponde el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica estatal. Corresponde a la Generalitat el ejercicio de la legislación básica del Estado.

Corresponde a la Generalitat el desarrollo, en el marco de la legislación básica del Estado, y la ejecución de: Régimen estatutario de sus funcionarios. Denominaciones de origen. Colegios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas. Patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico y científico.

Se llevan a cabo de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial: Nombramiento de jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la C Valenciana. Convocatoria de oposiciones y concursos para cubrir vacantes del personal al servicio de la Administración de Justicia. La creación y transformación del número de juzgados en e ámbito de la C Valenciana. Todas son correctas.

Los senadores que representan a la C Valenciana en el Senado son designados por: El presidente de la Generalitat. El Consell. Les Corts. El Consell Juridic Consultiu.

El órgano consultivo del Consell en materia económica, sociolaboral y de empleo, se denomina: Sindicatura de comptes. Consell Juridic Consultiu. Síndic de Greuges. Comité Econòmic i Social.

El Consejo de la Unión Europea: Representa a todos los Estados miembros. Está formado por representantes de los países que constituyeron la Unión Europea. Se reúne cada 3 meses en el COREPER (Comité de representantes permanentes). Todas son correctas.

En el procedimiento administrativo común contra el acuerdo de acumulación: Cabrá recurso de alzada. Cabrá recuro de reposición. No cabrá recurso alguno. Cabrá recurso de alzada o de reposición en función del tipo órgano competente.

La presentación de una denuncia: No confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. Confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. Es un modo de iniciar el procedimiento administrativo a instancias del interesado. Las respuestas a) y c) son correctas.

En virtud de lo establecido en la LFPV, de entre los siguientes miembros, ¿quién no formará parte del Consell Asesor de la función pública valenciana?: El titular de la Abogacía General de la Generalitat. Un representante de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. El titular de la Dirección General competente en materia de personal docente de la Generalitat. El titular de la Secretaría Autonómica competente en materia de Administración Local.

Según establece el artículo 46 de la LFPV, en el ámbito de la administración de la Generalitat Valenciana, la ejecución de la Oferta de Empleo Público deberá desarrollarse en el plazo improrrogable de: Ninguna de las otras respuestas es correcta. Dos años. Tres años. Cuatro años.

En cuanto a la regulación establecida en la LFPV, sobre los Directivos Públicos Profesionales, señale, de entre las siguientes respuestas, la que considere errónea: Las y los titulares de las Consellerias, organismos autónomos y entes públicos de la administración de la Generalitat podrán nombrar, previa autorización por acuerdo del Consell, y por período máximo improrrogable de dos años, personal directivo público profesional para la puesta en marcha de proyectos, planes o programas concretos de duración determinada. La designación de la persona candidata atenderá a los principios de mérito y capacidad, así como a su idoneidad y experiencia profesionales en relación con las competencias, los cometidos y las funciones que tienen asignadas las administraciones públicas y la planificación y prestación del servicio público y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. Las retribuciones del personal directivo, que serán determinadas por el Consell, estarán integradas por dos porcentajes, uno del 60 % con carácter fijo, y otro del 40 % que tendrá carácter variable y estará vinculado a la consecución de los objetivos previamente establecidos para su gestión. El personal funcionario de carrera que sea designado personal directivo público profesional será declarado en la situación administrativa de servicios especiales. El personal laboral fijo será declarado en la situación administrativa que corresponda según el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo de aplicación.

Tendrán la condición de retribuciones diferidas, según establece la LFPV: Las cantidades destinadas a financiar planes de pensiones. Las cantidades destinadas a financiar contratos de seguros. Ambas respuestas son correctas. Ambas respuestas son erróneas.

En virtud de lo establecido en la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat Valenciana, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, en su artículo 1º, ¿cuál de los siguientes organismos no tiene consideración de Entidad Local de la Comunidad Valenciana?: Un Consorcio de Municipios. Una Comarca. Una Mancomunidad de Municipios. Un Área Metropolitana.

Según establece el artículo 6 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat Valenciana, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, tendrán carácter preceptivo, para el procedimiento de deslinde de términos municipales, los informes emitidos por: La Conselleria competente en materia de territorio; y la Diputación o Diputaciones Provinciales afectas. La Diputación Provincial correspondiente; y el Consell Jurídic Consultiu. El Consell Jurídic Consultiu; y del Ayuntamiento correspondiente. La Diputación Provincial y el Ayuntamiento correspondientes.

Son operaciones de naturaleza técnica, que tienen por objeto plasmar o verificar sobre el terreno el trazado de la línea límite de los términos municipales, y a través de las cuales no se podrá introducir ninguna modificación de dichos límites, según establece la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat Valenciana, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana: El deslinde y el jalonamiento. El replanteo. El replanteo y el amojonamiento. El amojonamiento y el jalonamiento.

La creación de un municipio por la segregación de parte del territorio de otro u otros deberá cumplir una serie de condiciones establecidas en la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat Valenciana, entre las que no se encuentra: Contar, los municipios resultantes, con los recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales. Que los núcleos de población estén serparados por una distancia mínima de 3000 metros de suelo no urbanizable en el momento de iniciarse el procedimiento. Que los principales núcles de población de los municipios resultantes se encuentren a una distancia superior a 3000 metros en linea recta o existan obstáculos naturales o artificales que contribuyan a su aislamiento respectivo. Tener, los municipios resultantes, territorio y población suficiente para asegurar su viabilidad a largo plazo. En todo caso, ambos municipios habrán de contar con una población superior a 2.000 habitantes y se deberá acreditar que en ambos no se registra una tendencia a la disminución de la población.

Según establece la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat Valenciana, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, en su artículo 11, la supresión de un municipio deberá ser aprobada por: Mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. Mayoría simple del número legal de miembros de la Corporación. Mayoría cualificada de tres quintos del número legal de miembros de la Corporación. Mayoría cualificada de dos tercios del número legal de miembros de la Corporación.

Según establece el artículo 14 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat Valenciana, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, tendrán carácter preceptivo y previo, para el procedimiento de alteración de términos municipales, los informes emitidos por los siguientes Organismos: Consell Técnic de Delimitació Territorial; Diputación Provincial correspondiente; y dictamen del Consell Jurídic Consultiu. Conselleria competente en materia de territorio; Diputación Provincial correspondiente; y Consell Jurídic Consultiu. Consell Técnic de Delimitación Territorial; y Consell Jurídic Consultiu. Conselleria competente en materia de territorio; y Consell Técnic de Delimitació Territorial.

Según establece la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat Valenciana, la resolución que resuelva los expedientes de alteración de términos municipales revestirá forma de: Decreto del Presidente de la Generalitat. Decreto del Consell. Resolución de la Conselleria de Territorio. Orden de la Conselleria de Territorio.

La Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat Valenciana, fomenta claramente una forma de creación de municipios, creando a tal efecto incluso un fondo o dotación destinada a acciones directas de fomento y a la concesión de ayudas para una mejor prestación de servicio de los municipios resultantes. Dicha forma es: La segregación de municipios limítrofes. La fusión de municipios. Las incorporaciones de municipios. Las respuestas b) y c) son correctas.

¿Puede el Pleno constituir comisiones municipales sin propuesta del Alcalde?: Sí, no es necesaria propuesta del Alcalde en ningún caso. El Pleno no tiene competencia para constituir comisión municipal alguna. Sí, pero de forma temporal y para cuestiones específicas. No, la propuesa del Alcalde es obligatoria.

Según establece la normativa de régimen local aplicable a la Comunidad Valenciana, el Defensor o Defensora del Vecino, que será el encargado de supervisar la actividad de la Administración municipal, será designado por: El Pleno. El Consejo Social del municipio. Ambas respuestas son correctas. Ambas respuestas son incorrectas.

En cuanto a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, según establece la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat Valenciana, estará compuesta por: Representantes de todos los grupos que integren el Pleno. Representantes de todos los grupos que integren el Pleno y de las organizaciones vecinales más representativas. El Alcalde, y un número de Concejales no superior a la cuarta parte del número legal de miembros de la Corporación. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

En virtud de lo dispuesto en la normativa aplicable sobre el Consejo Territorial de Participación, señale la respuesta correcta: Existirá en los municipios en los que existan núcleos de población distintos del principal que agrupen a más del veinte por ciento de la población municipal, de forma preceptiva. Existirá en los municipios en los que existan núcleos de población distintos del principal que agrupen a más del treinta por ciento de la población municipal, de forma preceptiva. Existirá en los municipios en los que existan núcleos de población distintos del principal que agrupen a más del cuarenta por ciento de la población municipal, de forma preceptiva. Existirá en los municipios en los que existan núcleos de población distintos del principal que agrupen a más del cincuenta por ciento de la población municipal, de forma preceptiva.

En cuanto al régimen de las Comisiones municipales que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones: Es facultativo para la Corporación el respetar o no las mayorías existentes en el Pleno Municipal. Se puede utilizar el sistema de voto ponderado. Tendrán carácter preceptivo en los Ayuntamientos de más de 2.000 habitantes. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

¿En qué municipios se podrá crear un Consejo Social, según establece la normativa de régimen local aplicable a la Comunidad Valenciana?: En los municipios de más de 2.000 habitantes. En los municipios de más de 5.000 habitantes. En los municipios de mas de 10.000 habitantes. En cualquier municipio.

La seguridad pública, según establece el artículo 34 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat Valenciana, es competencia mínima: Para todos los municipios. Para los municipios de más de 5.000 habitantes. Para los municipios de más de 20.000 habitantes. Para los municipios de más de 50.000 habitantes.

Según establece la normativa aplicable de régimen local en la Comunidad Valenciana, la información y asesoramiento en materia de consumo es competencia mínima exigible a los municipios: Para todos los municipios. Para los municipios de más de 5.000 habitantes. Para los municipios de más de 10.000 habitantes. Para los municipios de más de 20.000 habitantes.

La “Cumbre de cohesión territorial entre la Generalitat Valenciana y las Diputaciones Provinciales de Alicante, Castellón y Valenciana, se realizará: Con periodicidad mensual. Con periodicidad trimestral. Con periodicidad semestral. Con periodicidad anual.

De entre las siguientes, señale la respuesta correcta: De conformidad con lo dispuesto en el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, corresponde a Les Corts, mediante ley aprobada por mayoría absoluta, la determinación de la división comarcal, en el marco de la legislación del Estado y después de ser consultadas las entidades afectadas. De conformidad con lo dispuesto en el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, corresponde a Les Corts, mediante ley aprobada por mayoría de tres quintos, la determinación de la división comarcal, en el marco de la legislación del Estado y después de ser consultadas las entidades afectadas. De conformidad con lo dispuesto en el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, corresponde a Les Corts, mediante ley aprobada por mayoría simple, la determinación de la división comarcal, en el marco de la legislación del Estado y después de ser consultadas las entidades afectadas. De conformidad con lo dispuesto en el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, corresponde a Les Corts, mediante ley aprobada por mayoría de dos tercios, la determinación de la división comarcal, en el marco de la legislación del Estado y después de ser consultadas las entidades afectadas.

En cuanto a las Entidades Locales Menores en la Comunidad Valenciana, señale la respuesta correcta de entre las siguientes opciones: Las competencias que podrán ostentar las entidades locales menores serán propias, compartidas o delegadas, limitadas en todo caso a su ámbito territorial. Podrán constituirse en entidad local menor aquellos núcleos de población que pertenecientes a un municipio, ostenten o no la capitalidad del mismo. En ningún caso una entidad local menor podrá pertenecer a más de un municipio. Las entidades locales menores tendrán la consideración de entidad local y disfrutarán de personalidad pero no de capacidad jurídica plena para el ejercicio de sus competencias.

De entre las siguientes, en virtud de lo establecido en el artículo 57 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat Valenciana, señale qué competencia será propia de una entidad local menor: Turismo. Alcantarillado público. Ordenación del tráfico en las vías interurbanas dentro de su término municipal. Biblioteca Pública.

De entre las siguientes proposiciones planteadas sobre el Estatuto Básico del Empleado Público, señale la que considere correcta: El personal de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos se regirá por lo establecido en el EBEP, y supletoriamente, por normas específicas propias. Al personal investigador no se le aplicarán las disposiciones del EBEP, debiendo dictarse normas singulares propias. El EBEP entiende comprendido al personal estatutario de los Servicios de Salud en la categoría de funcionario de carrera. Todas las respuestas anteriores son falsas.

Señale, de entre las siguientes propuestas, la que considere correcta, en referencia al derecho de negociación colectiva de los empleados públicos: Se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados para estar presentes, por una parte, los representantes de la Administración Pública correspondiente, y por otra, las Organizaciones Sindicales más representativas a nivel estatal, las Organizaciones Sindicales más representativas de Comunidad Autónoma, así como los Sindicatos que hayan obtenido el 5 % o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución. Se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados para estar presentes, por una parte, los representantes de la Administración Pública correspondiente, y por otra, las Organizaciones Sindicales más representativas a nivel estatal, las Organizaciones Sindicales más representativas de Comunidad Autónoma, así como los Sindicatos que hayan obtenido el 10 % o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución. Se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados para estar presentes, por una parte, los representantes de la Administración Pública correspondiente, y por otra, las Organizaciones Sindicales más representativas a nivel autonómico, así como los Sindicatos que hayan obtenido el 5 % o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución. Se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados para estar presentes, por una parte, los representantes de la Administración Pública correspondiente, y por otra, las Organizaciones Sindicales más representativas a nivel estatal, las Organizaciones Sindicales más representativas de Comunidad Autónoma y a nivel provincial, así como los Sindicatos que hayan obtenido el 20 % o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución.

De entre las siguientes, señale qué materia no es objeto de negociación con las organizaciones sindicales (art. 37 EBEP): Los Planes de Previsión Social Complementaria. Los criterios generales de acción social. Los criterios generales sobre las Ofertas de Empleo Público. La regulación concreta de los procedimientos de acceso al empleo público.

Un Ayuntamiento con 48 funcionarios, según establece el Estatuto Básico del Empleado Público, contará con: Un delegado de personal. Tres delegados de personal. Cinco delegados de personal. Junta de Personal.

Como garantía de la función representativa del personal, se establece un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo. Para un Ayuntamiento que conste de 302 funcionarios: El crédito será de 15 horas por representante. El crédito será de 20 horas por representante. El crédito será de 30 horas por representante. El crédito será de 35 horas por representante.

En cuanto al derecho de reunión, están legitimados para convocar una reunión, directamente o a través de los Delegados Sindicales, según establece el Estatuto Básico del Empleado Público (señale la respuesta correcta): Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en un número no inferior al 40% del colectivo convocado. El Comité de Empresa. La Junta de Personal. Todas las respuestas anteriores son correctas.

En cuanto al régimen de expropiación forzosa, la normativa dispone que se entenderán realizadas las diligencias con el Ministerio Fiscal, cuando efectuada la publicación (señale la opción incorrecta): No comparecieren en el expediente los propietarios o titulares. Los propietarios o titulares estuvieren incapacitados y sin tutor, o persona que les represente. Fuere la propiedad litigiosa. Los propietarios presenten títulos contradictorios sobre el objeto que se trata de expropiar.

Declarada la utilidad pública o el interés social, la Administración resolverá sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos que sean estrictamente indispensables para el fin de la expropiación. Podrán incluirse también entre los bienes de necesaria ocupación los que sean indispensables para previsibles ampliaciones de la obre o finalidad de que se trate, mediante: Ley de las Cortes. Acuerdo del Consejo de Ministros. Resolución del Presidente del Gobierno. Orden del Ministro competente.

El período de información pública que sigue tras la redacción de la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos a expropiar, tendrá una duración, según la normativa que regula la institución de la expropiación forzosa, de: 15 días. 30 días. No inferior a 10 ni superior a 30 días. No inferior a 15 ni superior a 30 días.

Según establece la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, contra el acuerdo de necesidad de ocupación se dará recurso: De alzada contra el Ministro correspondiente. De reposición contra el Ministro correspondiente. De revisión contra el acuerdo de necesidad de ocupación. Jurisdiccional contencioso-administrativo.

Cuando la expropiación implique sólo la necesidad de ocupación de una parte de finca rústica o urbana, de tal modo que a consecuencia de aquélla resulte antieconómica para el propietario la conservación de la parte de finca no expropiada, podrá éste solicitar de la Administración que dicha expropiación comprenda la totalidad de la finca, debiendo decidirse sobre ello en el plazo de diez días. Dicha resolución es susceptible de: Recurso de reposición pero sin dar posibilidad de recurso de alzada. Recurso de alzada pero sin dar posibilidad de recurso de reposición. Recurso de alzada pero sin dar posibilidad de recurso contencioso-administrativo. Recurso de reposición pero sin dar posibilidad de recurso contencioso-administrativo.

Se entenderá que existe unidad económica a los efectos de un único expediente de justo precio, según se establece en la Ley de Expropiación Forzosa de 1954: Si se trata de fincas rústicas o urbanas, cuando se no hallen inscritas bajo un mismo número, de acuerdo con los dispuesto en la Ley Hipotecaria. En el supuesto de cosas muebles, cuando exista una universidad de hecho. En el supuesto de cosas inmuebles, cuando exista una universidad de derecho. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Los gastos que conlleven el aval por parte de un perito de la hoja de aprecio presentada por los propietarios de los bienes a expropiar, según la normativa vigente: Correrá a cargo de los propietarios, en todo caso. Correrá a cargo de la Administración expropiante, en todo caso. Correrá a cargo de los propietarios o de la Administración, según los casos. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Según el artículo 5 de la Ley 29/198, de 13 de junio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, la jurisdicción contencioso-administrativa es: Plena. Improrrogable. Exclusiva. Gratuita.

Según establece la Ley 29/1998, de 13 de junio, los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo apreciarán de oficio la falta de jurisdicción y resolverán sobre la misma, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, por plazo común de: Cinco días. Ocho días. Diez días. Doce días.

En cuanto a la capacidad procesal en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo por parte de los menores de edad, la normativa dispone que: Poseen capacidad procesal para la defensa de sus derechos e intereses legítimos. En ningún caso poseen capacidad procesal. Poseen capacidad procesal para la defensa de sus derechos e intereses legítimos con necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Tendrán capacidad procesal cuando así la Ley lo indique expresamente.

Según establece la Ley 29/1998, de 13 de junio, las aseguradoras de las Administraciones Públicas: La Ley no refiere en ningún artículo a las mismas. Serán siempre parte codemandada junto a la Administración. Nunca serán parte codemandada junto a la Administración. Según los casos, serán parte codemandada o no junto a la Administración matriz.

Señale, de entre las siguientes propuestas, la correcta, tal y como recoge la normativa vigente: En caso de vía de hecho, el interesado deberá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no hubiere fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo. En caso de vía de hecho, el interesado podrá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los quince días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo. En caso de vía de hecho, el interesado podrá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo. En caso de vía de hecho, el interesado deberá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no fuere atendida dentro de los quince días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso- administrativo.

Según establece la Ley 29/1998, de 13 de julio, serán acumulables en un único proceso (señale la respuesta incorrecta): Las pretensiones que se deduzcan en relación a una única actuación. Las pretensiones que se deduzcan en relación a un único acto. Las pretensiones que se refieran a varios actos, disposiciones o actuaciones cuando unos sean reproducción, confirmación o ejecución de otros, en todo caso. Las pretensiones que se refieran a varios actos entre los que exista cualquier conexión directa o indirecta.

Según establece el Título IV de la Ley 29/1998, de 13 de julio, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de: Un mes. Dos meses. Seis meses. Las respuestas b) y c) son ciertas.

De entre las siguientes, señale la propuesta correcta, según lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio: Transcurrido el plazo de remisión del expediente sin haberse recibido completo, se reiterará la reclamación y, si no se enviara en el término de veinte días, tras constatarse su responsabilidad, previo apercibimiento del Secretario judicial notificado personalmente para formulación de alegaciones, el Juez o Tribunal impondrá una multa coercitiva de doscientos a mil doscientos euros a la autoridad o empleado responsable. Transcurrido el plazo de remisión del expediente sin haberse recibido completo, se reiterará la reclamación y, si no se enviara en el término de diez días, tras constatarse su responsabilidad, previo apercibimiento del Secretario judicial notificado personalmente para formulación de alegaciones, el Juez o Tribunal impondrá una multa coercitiva de trescientos a mil doscientos euros a la autoridad o empleado responsable. Transcurrido el plazo de remisión del expediente sin haberse recibido completo, se reiterará la reclamación y, si no se enviara en el término de veinte días, tras constatarse su responsabilidad, previo apercibimiento del Secretario judicial notificado personalmente para formulación de alegaciones, el Juez o Tribunal impondrá una multa coercitiva de cuatrocientos a mil quinientos euros a la autoridad o empleado responsable. Transcurrido el plazo de remisión del expediente sin haberse recibido completo, se reiterará la reclamación y, si no se enviara en el término de diez días, tras constatarse su responsabilidad, previo apercibimiento del Secretario judicial notificado personalmente para formulación de alegaciones, el Juez o Tribunal impondrá una multa coercitiva de doscientos a mil doscientos euros a la autoridad o empleado responsable.

Contra los autos en los que se acuerde la imposición de multas por la falta de remisión del expediente, en el marco del un procedimiento contencioso-administrativo, cabrá interponer: No cabrá interponer recurso alguno. Recurso de súplica. Recurso de casación. Recurso de apelación.

El emplazamiento de la Administración en el seno de un procedimiento contencioso-administrativo se entenderá efectuado, según establece la Ley 29/1998, de 13 de julio: De oficio. En dicho procedimiento no se produce un emplazamiento a la Administración. Al realizar la reclamación del expediente. A los diez días de la comunicación de la interposición del recurso por parte del recurrente.

Según se recoge en la normativa que regula el procedimiento contencioso-administrativo en primera o única instancia, los demandados legalmente emplazados podrán personarse en autos dentro del plazo concedido. Si lo hicieren posteriormente, se les tendrá por parte para los trámites: Esenciales. Esenciales y de trámite. Precluidos. No precluidos.

Para hacer uso del trámite de alegaciones previas, según recoge la Ley 29/1998, de 13 de julio, la Administración demandada: Así se lo comunicará al Juzgado en el plazo de tres días. Habrá de acompañar el expediente administrativo, de no haberlo hecho antes. La Administración no goza del uso del trámite de alegaciones previas en el procedimiento contencioso-administrativo en primera o única instancia. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Tal y como establece la Ley 29/1998, de 13 de julio, solamente se podrá pedir el recibimiento del proceso a prueba por medio de otrosí (señale la respuesta correcta): En los escritos de demanda y contestación. En los escritos de alegaciones complementarias. Las respuestas a) y b) son correctas. Las respuestas a) y b) son incorrectas.

El plazo para desarrollar la prueba será, según establece la Ley 29/1998, de 13 de julio, de: Cinco días para proponer y treinta para practicar. Diez días para proponer y quince para practicar. Cinco días para proponer y diez para practicar. Dos días para proponer y cinco para practicar.

Finalizado el período de prueba, según el artículo 61 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, ¿podrá el órgano jurisdiccional acordar la práctica de cualquier diligencia de prueba que estime necesaria?: No, salvo acuerdo entre las partes. No, en ningún caso. Sí, en cualquier momento, siempre que la prueba se estime necesaria. Sí, hasta que el pleito sea declarado concluso para sentencia.

“La promoción y, en su caso, realización de actividades de formación, información, investigación, estudio y divulgación en materia de prevención de riesgos laborales, con la adecuada coordinación y colaboración, en su caso, con los órganos técnicos en materia preventiva de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus funciones en esta materia”, es función de: El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Instituto Nacional de Medicina y Seguridad en el Trabajo.

En referencia al Plan de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, dispone que: El empresario podrá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario o por los trabajadores, como consecuencia de los controles periódicos previstos, su inadecuación a los fines de protección requeridos. Cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario o los trabajadores deberán llevar a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos. Se podrá realizar de forma simplificada.

Según establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, un Ayuntamiento que consta de 250 trabajadores constará de: Dos delegados de prevención. Tres delegados de prevención. Cuatro delegados de prevención. Cinco delegados de prevención.

Según establece la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades de Personal al servicio de las Administraciones Públicas, será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General, ni supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en: Un 35% para los funcionarios del grupo A o personal de nivel equivalente (A1). Un 40% para los funcionarios del grupo B o personal de nivel equivalente (A2). Un 45% para los funcionarios del grupo C o personal de nivel equivalente (C1). Un 50% para los funcionarios del grupo E o personal equivalente (Agrupaciones profesionales).

Dispone la Ley 53/1984, de 26 de noviembre, que el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley que en representación del sector público pertenezca a Consejos de Administración u órganos de gobierno de entidades o empresas públicas o privadas, sólo podrá percibir las dietas o indemnizaciones que correspondan por su asistencia a los mismos, ajustándose en su cuantía al régimen general previsto para las Administraciones Públicas: Sin poder pertenecer a más de tres Consejos de Administración u órganos de gobierno, salvo excepciones. Sin poder pertenecer a más de dos Consejos de Administración u órganos de gobierno, salvo excepciones. Sin poder pertenecer, en ningún caso, a más de tres Consejos de Administración u órganos de gobierno. Sin poder pertenecer, en ningún caso, a más de tres Consejos de Administración u órganos de gobierno.

Establece la Ley 53/1984, de 26 de noviembre, que quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público que con arreglo a esta Ley resulte incompatible con el que vinieran desempeñando habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión. Si se tratara de puestos susceptibles de compatibilidad, previa autorización, deberán instarla en los: Treinta primeros días del plazo de toma de posesión. Quince primeros días del plazo de toma de posesión. Diez primeros días del plazo de toma de posesión. Cinco primeros días del plazo de toma de posesión.

Se considera infracción grave estipulada en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control financiero. La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue concedida. La obtención de la condición de entidad colaboradora falseando los requisitos requeridos en las bases reguladoras de la subvención u ocultando los que la hubiesen impedido. La falta de entrega, por parte de las entidades colaboradoras, cuando así se establezca, a los beneficiarios de los fondos recibidos de acuerdo con los criterios previstos en las bases reguladoras de la subvención.

Según establece la Ley General de Subvenciones, en lo relativo a la multa fija y a la multa proporcional: La fija estará comprendida entre 150 y 3.000 euros, y la proporcional del tanto al doble de la cantidad indebidamente obtenida. La fija estará comprendida entre 150 y 3.000 euros, y la proporcional del tanto al triple de la cantidad indebidamente obtenida. La fija estará comprendida entre 75 y 6.000 euros, y la proporcional del tanto al doble de la cantidad indebidamente obtenida. La fija estará comprendida entre 75 y 6.000 euros, y la proporcional del tanto al triple de la cantidad indebidamente obtenida.

En cuanto a las sanciones no pecuinarias tipificadas en la Ley General de Subvenciones para las infracciones graves o muy graves, señale la propuesta que considere correcta: Pérdida durante un plazo de hasta tres años de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de las Administraciones públicas u otros entes públicos. Pérdida durante un plazo de hasta seis años de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de las Administraciones públicas u otros entes públicos. Prohibición durante un plazo de hasta cuatro años para contratar con las Administraciones públicas. Prohibición durante un plazo de hasta cinco años para contratar con las Administraciones públicas.

En cuanto a la graduación de las sanciones establecida en la Ley General de Subvenciones, la comisión repetida de infracciones en materia de subvenciones se considera circunstancia agravante. En el caso de infracciones graves o muy graves, el porcentaje de la sanción mínima se incrementará: Entre 10 y 75 puntos porcentuales. Entre 15 y 50 puntos porcentuales. Hasta 40 puntos porcentuales. Hasta 50 puntos porcentuales.

Tal y como establece el TRLOTUP, las infracciones urbanísticas de carácter leve, a las que no corresponda una sanción de cuantía variable, serán sancionadas: Con multa de 300 a 3.000 euros. Con multa de 150 a 1.500 euros. Con multa de 300 a 6.000 euros. Con multa de 300 a 1.500 euros.

Las infracciones urbanísticas de carácter muy grave, a las que no corresponda una sanción de cuantía variable, según establece el TRLOTUP, se sancionarán: Con multa de 60.001 a 600.000 euros. Con multa de 12.000 a 2.000.000 euros. Con multa de 3.001 a 500.000 euros. Con multa de 30.001 a 1.500.000 euros.

La inhabilitación para asumir la condición de urbanizador que se le pueda imponer como sanción conexa a la multa al Urbanizador, no podrá exceder de: Diez años. Ocho años. Seis años. Cuatro años.

Las infracciones leves en materia urbanística según establece el TRLOTUP, prescribirán: A los cuatro años. Al año. A los seis meses. A los dos meses.

Las sanciones muy graves en materia urbanística, tal y como recoge el TRLOTUP, prescribirán: A los seis años. A los cuatro años. A los dos años. A los diez años.

Sobre la figura de la “adscripción temporal” se pronuncia la LFPV, en su artículo 128, manifestando que se podrá adscribir temporalmente a funcionarios que no ocupen puestos singularizados a unidades orgánicas distintas por el plazo máximo de un año, prorrogable por otro más, para el desempeño de funciones propias del cuerpo al que pertenece: Por necesidades urgentes e inaplazables en el Servicio Público. Por decisión motivada del órgano competente. Por necesidades de adecuada prestación del Servicio Público. Por todas las otras causas señaladas.

De entre las siguientes, ¿cuál se considera “falta grave” de las recogidas en el artículo 171de la LFPV?: El abuso de autoridad en el ejercicio de su cargo. El acoso laboral. La realización, dentro de la jornada laboral, de manera reiterada, de otro tipo de actividades personales o profesionales. El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes a su cuerpo, agrupación profesional funcionarial o escala, o de aquellas que le hubieran sido encomendadas.

En cuanto a la prescripción de infracciones y sanciones que establece la LFPV, señale la respuesta correcta: Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años, y las impuestas por faltas leves al año. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años, y las impuestas por faltas leves a los seis meses. Las infracciones por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años, y las leves al año. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los seis años, las impuestas por faltas graves a los dos años, y las impuestas por faltas leves a los seis meses. Las infracciones por faltas muy graves prescribirán a los seis años, las graves a los dos años, y las leves al año. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Las concesiones demaniales se otorgarán por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, por regla general (Título X de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat Valenciana): No podrá exceder de 99 años. No podrá exceder de 50 años. No podrá exceder de 75 años. No podrá exceder de 60 años.

Los contratos para la explotación de los bienes y derechos patrimoniales se adjudicarán teniendo en cuenta la oferta económica más ventajosa sin que el precio sea el único criterio a tener en cuenta, salvo que, por las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación, proceda la adjudicación directa. Las circunstancias determinantes de la adjudicación directa deberán justificarse suficientemente en el expediente. En todo caso, el usuario habrá de satisfacer un precio que no podrá ser (Título X de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat Valenciana): Inferior al 6% del valor en venta de los bienes. Superior al 6% del valor en venta de los bienes. Inferior al 8% del valor en venta de los bienes. Superior al 8% del valor en venta de los bienes.

El plazo máximo de la cesión de uso de los bienes patrimoniales, según establece la normativa vigente en materia de patrimonio de las Entidades Locales de la Comunidad Valenciana: Será de 30 años, como máximo. Será de 50 años, como máximo. Será de 75 años, como máximo. Será de 99 años, como máximo.

La normativa en materia de bienes en la Comunidad Valenciana dispone que “Toda enajenación, gravamen o permuta de bienes inmuebles habrá de comunicarse a la Conselleria competente en materia de administración local. Si su valor excediera el 25% de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la corporación requerirá, además, la autorización de aquélla. El procedimiento de autorización tendrá una duración máxima de seis meses. A falta de resolución expresa, el silencio administrativo”: Podrá tener carácter negativo o positivo, según los casos. Tendrá carácter positivo, en todo caso. Tendrá carácter negativo, en todo caso. En todo caso el procedimiento requerirá resolución expresa del mismo.

De entre las siguientes propuestas, señale la que considere correcta: Cuando los servicios reservados se presten en régimen de monopolio, el acuerdo del Pleno deberá adoptarse por mayoría cualificada del número legal de miembros de la Corporación, y requerirá la aprobación del Consell, que se otorgará si concurren las circunstancias de interés público legitimadoras de la exclusión de la iniciativa privada, tales como la imposibilidad física o económica de establecer más de una infraestructura de red para el servicio, o lo aconsejen razones de seguridad, salubridad u orden público. Recaído acuerdo de la corporación, se elevará expediente completo a la Conselleria competente en materia de administración local. La resolución del Consell deberá adoptarse en el plazo de seis meses desde la recepción del expediente completo, entendiéndose aprobada si no hay resolución expresa en dicho plazo. Cuando los servicios reservados se presten en régimen de monopolio, el acuerdo del Pleno deberá adoptarse por mayoría simple del número legal de miembros de la corporación, y requerirá la aprobación del Consell, que se otorgará si concurren las circunstancias de interés público legitimadoras de la exclusión de la iniciativa privada, tales como la imposibilidad física o económica de establecer más de una infraestructura de red para el servicio, o lo aconsejen razones de seguridad, salubridad u orden público. Recaído acuerdo de la corporación, se elevará expediente completo a la conselleria competente en materia de administración local. La resolución del Consell deberá adoptarse en el plazo de tres meses desde la recepción del expediente completo, entendiéndose aprobada si no hay resolución expresa en dicho plazo. Cuando los servicios reservados se presten en régimen de monopolio, el acuerdo del Pleno deberá adoptarse por mayoría del número legal de miembros de la corporación, y requerirá la aprobación del Consell, que se otorgará si concurren las circunstancias de interés público legitimadoras de la exclusión de la iniciativa privada, tales como la imposibilidad física o económica de establecer más de una infraestructura de red para el servicio, o lo aconsejen razones de seguridad, salubridad u orden público. Recaído acuerdo de la corporación, se elevará expediente completo a la conselleria competente en materia de administración local. La resolución del Consell deberá adoptarse en el plazo de seis meses desde la recepción del expediente completo, entendiéndose aprobada si no hay resolución expresa en dicho plazo. Cuando los servicios reservados se presten en régimen de monopolio, el acuerdo del Pleno deberá adoptarse por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, y requerirá la aprobación del Consell, que se otorgará si concurren las circunstancias de interés público legitimadoras de la exclusión de la iniciativa privada, tales como la imposibilidad física o económica de establecer más de una infraestructura de red para el servicio, o lo aconsejen razones de seguridad, salubridad u orden público. Recaído acuerdo de la corporación, se elevará expediente completo a la conselleria competente en materia de administración local. La resolución del Consell deberá adoptarse en el plazo de tres meses desde la recepción del expediente completo, entendiéndose aprobada si no hay resolución expresa en dicho plazo.

En cuanto a la regulación sobre el Fondo de Cooperación Municipal de la Comunidad Valenciana, señale la respuesta correcta: Tiene por objeto potenciar la autonomía local sobre la base del principio de subsidiariedad. A través del Fondo de Cooperación Municipal se financiarán servicios, infraestructuras y equipamientos básicos de los municipios de la Comunitat Valenciana, estableciéndose sus dotaciones mediante Decreto del Consell. La cuantía de la participación se disminuirá en función de la mejora de la financiación de la Comunidad Valenciana respecto a la media nacional de financiación autonómica por habitante. La participación de los municipios en el Fondo de Cooperación Municipal de la Comunidad Valenciana está supeditada al cumplimiento de la obligación de presentar la cuenta general aprobada ante el Tribunal de Cuentas, y a tener, en su caso, un plan de estabilidad financiera.

¿Para el acceso a qué grupo de clasificación profesional del personal funcionario de carrera se debe exigir como titulación el título de Técnico Superior, tal y como establece el EBEP?: Para el acceso al grupo C1. Para el acceso al grupo B. Para el acceso al grupo A2. Para el acceso tanto al grupo B como al grupo A2.

Según establece la Disposición adicional decimoséptima del Estatuto Básico del Empleado Público, en cuano a las medidas dirigidas al control de la temporalidad en el empleo público (señale la respuesta incorrecta): incumplimiento del plazo máximo de permanencia dará lugar a una compensación económica para el personal funcionario interino afectado, que será equivalente a veinte días de sus retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades. El derecho a esta compensación nacerá a partir de la fecha del cese efectivo y la cuantía estará referida exclusivamente al nombramiento del que traiga causa el incumplimiento. El derecho a compensación nacerá en caso de que la finalización de la relación de servicio sea por causas disciplinarias ni por renuncia voluntaria. Todas las respuestas anteriores son correctas.

El artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 dispone que en todos los casos de expropiación se abonará al expropiado, además del justo precio, un premio de afección que será cuantificado en un: 2%. 3%. 4%. 5%.

El plazo máximo para pagar la cantidad establecida como justo precio, según la normativa vigente, es de: Un mes. Tres meses. Seis meses. Un año.

Son requisitos necesarios para la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad (señale la respuesta incorrecta): La declaración positiva de que un determinado bien o categoría de bienes deben sufrir determinadas transformaciones o ser utilizados de manera específica. Que para la realización de la específica función señalada se haya fijado un plazo y a su vencimiento aquélla función resultare parcialmente incumplida por el propietario. Que dicha declaración sea formulada por Ley o por Decreto acordado en Consejo de Ministros. Que la Ley contenga inequívocamente la intimación de expropiación forzosa frente al incumplimiento.

Contra el auto de planteamiento de una cuestión de ilegalidad prevista en el artículo 27.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, cabrá: Recurso de súplica. Recurso de réplica. Recurso de apelación. No cabrá recurso alguno.

La Sentencia que resuelva la cuestión de ilegalidad, según establece el artículo 126 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa: Afectará a la situación jurídica concreta derivada de la sentencia dictada por el Juez o Tribunal que planteó aquélla. No afectará a la situación jurídica concreta derivada de la sentencia dictada por el Juez o Tribunal que planteó aquélla. Caso de ser desestimatoria, no procederá su publicación. En todo caso, será de resolución preferente.

Señale la respuesta correcta, de entre las siguientes, sobre el procedimiento especial de suspensión administrativa previa de acuerdos, tal y como establece la Ley 29/1998, de 13 de julio: Recibido el expediente administrativo, el Secretario judicial lo pondrá de manifiesto junto con las actuaciones a los comparecidos en el procedimiento, convocándolos para la celebración de la vista, que se celebrará como mínimo a los cinco días de la puesta de manifiesto del expediente. Interpuesto el recurso o trasladado el acuerdo suspendido, el Secretario judicial requerirá a la corporación o entidad que lo hubiera dictado para que en el plazo de veinte días remita el expediente administrativo, alegue lo que estime conveniente en defensa de aquél y notifique a cuantos tuvieran interés legítimo en su mantenimiento o anulación la existencia del procedimiento, a efectos de su comparecencia ante el órgano jurisdiccional en el plazo de cinco días. El órgano jurisdiccional podrá, motivadamente, sustituir el trámite de vista por el de alegaciones escritas, que se presentarán en el plazo común de los diez días siguientes a la notificación del auto en que así se acuerde. En el plazo de los veinte días siguientes a la fecha en que se hubiera dictado el acto de suspensión o en el que la Ley establezca, deberá interponerse el recurso contencioso- administrativo mediante escrito fundado, o darse traslado directo del acuerdo suspendido al órgano jurisdiccional, según proceda, acompañando en todo caso copia del citado acto de suspensión.

Sobre la ejecución de las Sentencias en el procedimiento contencioso-administrativo, señale, de entre las siguientes, la respuesta correcta: Como regla general, no podrá suspenderse el cumplimiento de Sentencia, pero sí declararse la inejecución parcial del fallo, en determinados supuestos. Podrá suspenderse el cumplimiento de Sentencia, sin que dé lugar a indemnización. Caso de ejecutar la misma mediante ejecución forzosa, se podrá incrementar el interés legal del dinero a devengar en tres puntos. Como regla general, no podrá suspenderse el cumplimiento ni declararse la inejecución total o parcial del fallo.

El Secretario del órgano judicial ordenará su publicación en diario oficial en el plazo de diez días a contar desde la firmeza de la Sentencia en una serie de supuestos, entre los que no se encuentra: Si la Sentencia anulara totalmente una disposición de carácter general. Si la Sentencia anulara parcialmente una disposición de carácter general. Si la Sentencia anulara un acto administrativo destinado a una pluralidad indeterminada de usuarios. Si la Sentencia condenare a la Administración a realizar una determinada actividad o a dictar un acto.

En materia tributaria y de personal al servicio de la Administración pública, los efectos de una Sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas podrán extenderse a otras, en ejecución de la sentencia, cuando concurran las siguientes circunstancias (señale la respuesta incorrecta): Que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo. Que el juez o tribunal sentenciador fuera también competente, por razón de la materia, para conocer de sus pretensiones de reconocimiento de dicha situación individualizada. Que soliciten la extensión de los efectos de la sentencia en el plazo de un año desde la última notificación de esta a quienes fueron parte en el proceso. Además de lo dispuesto en la respuesta c), si se hubiere interpuesto recurso en interés de la Ley o de revisión, este plazo se contará desde la última notificación de la resolución que ponga fin a éste.

Según la normativa vigente en materia de procedimientos contencioso-administrativos, la Administración pública, las demás partes procesales y las personas afectadas por el fallo, mientras no conste en autos la total ejecución de la Sentencia, podrán promover incidente para decidir, sin contrariar el contenido del fallo, cuantas cuestiones se planteen en la ejecución, desestimando tal incidente, en todo caso, cuando concurra (señale la respuesta incorrecta): Si existiera cosa juzgada. Cuando la doctrina determinante del fallo cuya extensión se postule fuere contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo o a la doctrina sentada por los Tribunales Superiores de Justicia en el recurso a que se refiere el artículo 99 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. Si para el interesado se hubiere dictado resolución que, habiendo causado estado en vía administrativa, no fuere consentida y firme. Si se encuentra pendiente un recurso de revisión o un recurso de casación en interés de la Ley, quedará en suspenso la decisión del incidente hasta que se resuelva el citado recurso.

Según establece la Ley 29/1998, de 13 de julio, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a las que hubiere lugar, y previo apercibimiento, se podrán imponer multas coercitivas a los agentes, funcionarios o autoridades responsables de la ejecución de la Sentencia, pudiendo reiterar las mismas hasta el total cumplimiento del fallo judicial, por una cuantía de: 200 a 1202 euros. 301 a 1503 euros. 150 a 1500 euros. 200 a 1500 euros.

Según establece la normativa vigente, el Comité de Seguridad y Salud se reunirá, con carácter general: Mensualmente. Trimestralmente. Semestralmente. Anualmente.

Establece la Ley 53/1984, de 26 de noviembre, que, por excepción, y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en los artículos 1.3, 11, 12 y 13 de la presente Ley, podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de (1), o concepto equiparable, cuya cuantía no supere el (2): (1) Complemento específico. (2) 30% de su retribución básica, excluídos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad. (1) Complemento de productividad. (2) 30% de su retribución básica, excluídos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad. (1) Complemento específico. (2) 30% de su retribución básica, incluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad. (1) Complemento específico. (2) 40% de su retribución básica, excluídos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.

Según el artículo 19 de la Ley 53/1984, de 26 de noviembre, quedan exceptuadas del regimen de incompatibilidades de la presente Ley las actividades siguientes (señale la respuesta correcta): La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no tengan carácter permanente o habitual ni supongan mas de cincuenta horas al año, así como la preparación para el acceso a la función publica en los casos y forma que reglamentariamente se determine. El ejercicio del cargo de presidente, vocal o miembro de juntas rectoras de mutualidades o patronatos de funcionarios, siempre que no sea retribuido. La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquellas, en todo caso. La participación habitual en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social.

Según establece la Ley General de Subvenciones, La responsabilidad derivada de las infracciones se extingue por (señale la respuesta incorrecta): Prescripción. Caducidad. Fallecimiento. Pago.

Establece el TRLOTUP que cuando con ocasión de la tramitación de los expedientes administrativos que se instruyan por infracción urbanística se desprendan indicios del carácter de ilícito penal del hecho, el órgano instructor del expediente lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos de la exigencia de las responsabilidades de orden penal en que hayan podido incurrir los infractores, suspendiendo la tramitación del expediente administrativo entre tanto no recaiga resolución del Ministerio Fiscal o resolución judicial firme. La sanción penal: No excluirá la imposición de sanción administrativa. Excluirá la imposición de sanción administrativa. Excluirá la adopción de medidas de restauración de la legalidad y de la realidad física alterada. Las respuestas a) y c) son correctas.

En cuanto a las reglas a observar que establece el TRLOTUP para la determinación de las sanciones, se dispone que si la restauración de la realidad física alterada se llevase a cabo por el interesado dentro del plazo establecido al efecto: La sanción se vería reducida en un 95%. La sanción se anularía. La sanción se vería reducida en un 50%. La sanción se vería reducida en un 75%.

El grado de conocimiento técnico de los pormenores de la actuación, de acuerdo con la profesión o actividad habitual del culpable, es una circunstancia, según TRLOTUP: Que atenúa la responsabilidad. Que agrava la responsabilidad. Que puede atenuar o agravar la responsabilidad. Que obliga a imponer la sanción en su grado mínimo.