Preguntas Oficiales Derecho Administrativo Temas 7 y 8 Bloque 1

Conforme al Capítulo II del Título V de la Ley 39/2015 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa, si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer: Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso extraordinario de revisión. No procede interponer recurso administrativo.

En relación con la iniciación del procedimiento de oficio por la Administración que se establece en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la afirmación CORRECTA: En los procedimientos que se inicien como consecuencia de orden superior, se entiende la misma como la emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento. En los procedimientos que se inicien por petición razonada de otros órganos, la petición vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento. En los procedimientos iniciados por denuncia, no será necesario expresar la identidad de la persona o personas que las presentan, aunque sí recogerán el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración. En los procedimientos iniciados por denuncia, el hecho de la presentación confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.

¿En qué plazo se entenderá rechazada una notificación realizada a través de medios electrónicos, cuando tenga carácter obligatorio, conforme al artículo 43.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?: Cuando hayan transcurrido quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Cuando hayan transcurrido quince días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

A tenor del artículo 39 de la Ley 39/2015 , de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la eficacia de los actos administrativos, señale la respuesta CORRECTA: Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, sin que sea posible la eficacia demorada de los mismos. Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia no deben ser observados por los órganos administrativos que no dependan jerárquicamente del que dictó el acto y no pertenezcan a la misma Administración. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, siempre que los supuestos de hecho necesarios se produzcan con posterioridad a la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto.

En relación con los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para: Entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Entenderla estimada por silencio administrativo en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición a que se refiere el artículo 29 de la Constitución Española. Entenderla estimada por silencio administrativo en los procedimientos que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Entenderla estimada por silencio administrativo en los procedimientos de revisión oficio iniciados a solicicitud del interesado.

En cuanto a la declaración de lesividad para el interés público de un acto anulable, el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece: Las Administraciones Públicas deberán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables y posteriormente declararán su lesividad para el interés público. La declaración de lesividad será susceptible de recurso ante el orden jurisdiccional contencioso- administrativo. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, previa declaración de lesividad. Un acto anulable puede ser declarado como lesivo por la Administración General del Estado o por las Comunidades Autónomas, y también por la Administración Local a través del Pleno de la Corporación.

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en el plazo de: Como norma general será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. El plazo máximo será de 3 meses en todos los casos. El plazo nunca podrá exceder de 9 meses. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fiijen un plazo máximo, este será de 9 meses.

Señale cuál de las siguientes actos sería anulable de conformidad con el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de cotubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Los actos que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la falta o insuficiente acreditación de la representación del interesado en el procedimiento administrativo: Impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate sin posibilidad de subsanación. No impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte la acreditación o se subsane el defecto dentro del plazo establecido. El órgano competente para la tramitación del procedimiento no está obligado a comprobar la acreditación de representación en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente. No impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte la acreditación o se subsane el defecto sin que haya ningún plazo establecido.

Según lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta en relación con la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común: No se podrá acordar la tramitación simplificada en el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora. Se podrá acordar por la Administración Pública, de oficio o a solicitud del interesado, cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen. Los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán resolverse en sesenta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. Acordada la tramitación simplificada del procedimiento, el órgano competente no puede acordar, en un momento posterior, continuar con arreglo a la tramitación ordinaria.

Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración podrá adoptar medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello. Señale la respuesta CORRECTA en relación con la adopción de dichas medidas: Se adoptarán a petición del órgano superior al competente para iniciar o instruir el procedimiento. Deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, dentro de los 15 días siguientes a su adopción. Contra el acuerdo de iniciación, en el que se confirmen, modifiquen o levanten las medidas provisionale, no cabe recurso alguno. En todo caso, se extinguirán antes de que surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.

De conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta CORRECTA en relación con el derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas: Las entidades sin personalidad jurídica no están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo. Los sujetos que ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas, excepto los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. El medio elegido por una persona física para comunicarse electrónicamente con las Administraciones Públicas no podrá ser modificado por aquella en un momento posterior. Las personas jurídicas están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámtie de un procedimiento administrativo.

De conformidad con el artículo 43 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido, desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido: 10 días naturales. 10 días hábiles. 5 días naturales. 5 días hábiles.

El artículo 36 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que los actos administrativos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, se producirán: Verbalmente. Mediante comunicación oral por comparecencia del interesado. Por medios visuales a través de medios electrónicos. Por escrito a través de medios electrónicos.

¿Cuál de los siguientes supuestos NO está incluido entre los actos administrativos que, según el artículo 35 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, han de ser motivados?: Los actos que admitan las pruebas propuestas por los interesados. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.

De conformidad con el artículo 16.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con: El Registro Electrónico General de la Administración General del Estado. Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones. El Registro Electrónico General de la Administración de la que depende. Las oficinas de Correos.

En relación con el cómputo de plazos regulado en el artículo 30 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta CORRECTA: La Administración General del Estado fijará, con sujeción al calendario laboral oficial, el calendario de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos para todas las Administraciones Públicas. Si el plazo se fija en meses, se computará desde el día de la notificación o publicación del acto de que se trate. Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones. El plazo concluirá a partir del día siguiente en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo.

Señale cuál de los siguientes sujetos NO se considera interesado en el procedimiento administrativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales que sean titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento una vez recaída resolución definitiva.

Conforme al artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el caso de que los interesados optarán por relacionarse con las Administraciones a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma: Los sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos aunque los prestadores no estén incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. Los sistemas que permitan utilizar lenguas oficiales en el territorio de que se trate. Los sistemas que faciliten la protección de datos de carácter personal. Los sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestador incluido en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’.

De conformidad con el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativo al inicio del procedimiento por denuncia, cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas, la no iniciación del procedimiento: Solo se notificará cuando los hechos constituyan infraccion administrativa. Deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes. No precisará motivación. Solo se notificará al denunciante si reune la condición de interesado.

Señale la afirmación INCORRECTA en relación con la regulación de la tramitación simplificada del procedimiento administrativo prevista en el artículo 96 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento. Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no concurre alguna de las razones previstas, podrá desestimar dicha solicitud, en el plazo de quince días desde su presentación. Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento. Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento deberá notificarlo a los interesados. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.

En relación con el trámite de información pública regulado en el artículo 83 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta INCORRECTA: La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado. La incomparecencia en este trámite impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. Se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde. El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente.

¿Qué plazo máximo se establece en el artículo 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para dictar y notificar la resolución de un recurso potestativo de reposición?: Un mes. Tres meses, si el acto fuera expreso. Quince días, si el acto fuera expreso. Tres meses.

De conformidad con el artículo 125 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá interponer recurso extraordinacio de revisión cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial no firme, anterior o posterior a aquella resolución. Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de derecho. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de resolución administrativa. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.

De conformidad con el artículo 116 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cual de las siguientes circunstancias NO es una causa de inadmisión de los recursos administrativos: Carecer de legitimación el recurrente. Haber transcurrido el plazo para interponer el recurso. Carecer el recurso manifiestamente de fundamento. Error o ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente, siempre que se deduzca su verdadero carácter.