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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEPREGUNTAS OFICIALES TRÁFICO 2018 LEY 39 Y 40

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Título del test:
PREGUNTAS OFICIALES TRÁFICO 2018 LEY 39 Y 40

Descripción:
39/2015 y 40/2015

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
11/03/2021

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 46
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Temario:
La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 1, establece y regula (señale la respuesta FALSA): Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. Los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora. El procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas. La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades.
Conforme a la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos que se separen del criterio seguido por órganos consultivos: Deberán ser motivados. Deberán contener de forma expresa la indicación de que pueden ser recurridos directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. No podrán ser objeto de delegación. No serán susceptibles de recurso de alzada, debiendo impugnarse directamente ante los órganos jurisdiccionales. .
De acuerdo con el artículo 36.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos se producirán por escrito: Y se notificarán inmediatamente a los interesados, ya sea por medios electrónicos o no. A través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. A través de medios de notificación personal, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. A través de publicación edictal, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
No es causa de nulidad de pleno derecho de un acto administrativo: Que se haya dictado separándose del criterio del dictamen de un órgano consultivo. Que se haya dictado por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Que tenga contenido imposible. Que sean constitutivo de infracción penal o se dicte como consecuencia de ésta. .
Cuando ante una resolución de tipo sancionador cabe algún tipo de recurso administrativo: La resolución es inmediatamente ejecutiva en todos los casos. La resolución no es ejecutiva, salvo indicación expresa en ese sentido del órgano superior que dictó el acto. La resolución no es ejecutiva. La resolución es inmediatamente ejecutiva, excepto cuando conlleve como ejecución forzosa del mismo la compulsión sobre las personas. .
En el supuesto de iniciación de un procedimiento administrativo debido a una solicitud de un interesado, si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la Ley 39/2015 y, tras haber sido requerido debidamente, el interesado no subsana los defectos: El procedimiento administrativo sigue su tramitación, aunque el instructor debe hacer constar que los defectos no han sido subsanados por el interesado. Al interesado se le tendrá por desistido en su petición, previa resolución. El procedimiento administrativo sigue su tramitación, salvo que el mismo carezca de fundamento. El procedimiento se archiva sin más trámites. .
Los interesados en un procedimiento administrativo pueden aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio: En cualquier momento del procedimiento, anterior al trámite de audiencia. En cualquier momento del procedimiento, anterior a dictar resolución. En cualquier momento del procedimiento, anterior a la notificación del mismo. Únicamente pueden aducir alegaciones o aportar documentos u otros elementos de juicio en el momento procedimental que indique el instructor del procedimiento. .
De acuerdo con el artículo 53.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿tienen derecho los interesados en un procedimiento administrativo a conocer el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo?: No, el sentido del silencio administrativo se recoge en la normativa que sea de aplicación al procedimiento, pero no se configura como un derecho de los interesados. Sí. Sí, salvo que la norma de aplicación del procedimiento establezca que no debe facilitarse la información acerca del sentido del silencio administrativo. No, el sentido del silencio administrativo es una información, pero no se configura como un derecho para los interesados. .
Según el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿contra cuál de los siguientes tipos de actos de trámite no cabe recurso de alzada o potestativo de reposición?: Contra un acto de trámite que decida directa o indirectamente el fondo del asunto. Contra un acto de trámite que produzca perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. Contra un acto de trámite determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento. Contra un acto de trámite que haya denegado la apertura del procedimiento a la práctica de pruebas. .
Según el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, si se ha dictado una resolución como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible, y se ha declarado así en virtud de sentencia judicial firme, el plazo para interponer recurso extraordinario de revisión es de: Un mes, a contar desde la firmeza de la sentencia judicial. Un año, a contar desde que el recurso administrativo es firme. Tres meses, a contar desde la firmeza de la sentencia judicial. Cuatro años, a contar desde que el recurso administrativo es firme. .
El Principio de la potestad sancionadora de la Administración que indica que como norma general sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley se conoce como: Principio de Legalidad. Principio de Proporcionalidad. Irretroactividad. Principio de Tipicidad. .
El acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento de responsabilidad patrimonial se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho que será de: 5 días. 10 días. 15 días. 30 días.
La relación con la Administración Pública para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo será obligatoriamente a través de medios electrónicos: Para las personas físicas que ya se hayan relacionado electrónicamente con la Administración en un procedimiento administrativo anterior. Cuando así haya sido señalado por el interesado al inicio del procedimiento sin que exista posibilidad de cambiar a otro medio de comunicación durante el mismo. Cuando el interesado esté en posesión del DNI electrónico. Para aquellas personas que representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. .
Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada, desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido cuando hayan transcurrido: Diez días hábiles. Diez días naturales. Veinte días naturales. Veinte días hábiles. .
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá entre otras cuestiones sobre: Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas. Los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración. Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. El recurso contencioso-disciplinario militar. .
El plazo para interponer recurso contencioso administrativo será de: Tres meses en caso de actos expresos y seis meses en caso de actos presuntos. Seis meses en todo caso. Tres meses en caso de actos expresos y un año en caso de actos presuntos. Dos meses en caso de actos expresos y seis meses en caso de actos presuntos.
De acuerdo con el Real Decreto 951/2005, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, la evaluación de la calidad de los órganos u organismos de la Administración General del Estado se articula en los siguientes niveles: Evaluación continua y evaluación anual. Evaluación mensual y evaluación anual. Autoevaluación y evaluación externa. Evaluación específica por servicios y evaluación global. .
De acuerdo con la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estarán obligados en todo caso a relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: Las personas físicas. Las personas jurídicas. Los que ejerzan una actividad profesional. Los empleados de la administración. .
Para superar las deficiencias de una reforma integral y estructural de las Administraciones se ha reformado el ordenamiento jurídico ¿Qué ley regulan las relaciones “ad extra” de las Administraciones Públicas?: La Ley 15/1999, de 13 de diciembre. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. La Ley 30/2014, de 1 de octubre.
En relación a la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué sistemas, en particular, son admitidos para identificar electrónicamente a un interesado ante las Administraciones Públicas?: El sistema del DNI presencial y el electrónico. Los sistemas de firma electrónica, exclusivamente. Los sistemas del DNI electrónico o de la firma electrónica exclusivamente. Los sistemas de firma electrónica, sello electrónico, clave concertada.
De acuerdo con el Real Decreto 951/2005, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, uno de los siguientes programas no integra el marco general para la mejora de dicha calidad: El Programa de análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los usuarios de los servicios. Programa de revisión de las organizaciones. Programa de cartas de servicios. Programa de quejas y sugerencias.
Los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que (señale la respuesta incorrecta) Se produzca la ejecución de la suspensión del acto. Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición. Una disposición establezca lo contrario. Se necesite aprobación o autorización superior.
Indique cuál de las siguientes respuestas es correcta según lo establecido en el artículo 57 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento podrá disponer su acumulación a otros aunque no guarde idéntica conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. El órgano administrativo que inicio o tramite un procedimiento podrá disponer su acumulación a otros aunque no guarde idéntica conexión, siempre que sea distinto órgano quien deba tramitar o resolver el procedimiento. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno. Contra el acuerdo de acumulación cabrá recurso de reposición.
Según el artículo 16 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, los organismos públicos vinculados o dependientes de cada administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interconectado con: El registro electrónico general de la administración general del estado. Los registros electrónicos de todas y cada una de las administraciones. El registro electrónico general de la administración de la que depende. Las oficinas de correos.
A los efectos previstos en la ley 39/2015 de 1 de octubre, tendrán capacidad de obrar ante las administraciones públicas: Sólo las personas físicas. Las personas jurídicas aunque no ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, aunque la ley no lo declare expresamente. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo si el acto no fuera expreso, será de: Dos meses. Cuatro meses. Seis meses. Nueve meses.
Según establece el artículo 35 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, ¿qué actos administrativos serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho? Los actos que no limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Los actos que no se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales. Los actos que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria no expresa. Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.
Según se establece en la ley 39/2015 de 1 de octubre, se consideran interesados en el procedimiento administrativo: Quienes lo promuevan aun no siendo titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Sólo los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por al resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Las asociaciones y organizaciones colectivas aunque no sean titulares de derechos legítimos colectivos.
Según se establece en la ley 39/2015 de 1 de octubre, ponen fin a la vía administrativa (señale la respuesta incorrecta): Las resoluciones de los recursos de alzada. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. Las resoluciones de los recursos de reposición.
Según la ley 39/2015 de 1 de octubre, cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, ¿en qué plazo desde su inicio sin dictarse resolución se producirá la caducidad del mismo? En tres meses. En seis meses. En nueve meses. En doce meses.
De acuerdo con el artículo 3 de la ley 40/2015 de 1 de octubre, ¿cómo deberán relacionarse las administraciones públicas entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes? A través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas. A través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y simplicidad de los sistemas. A través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad técnica y semántica de los sistemas. A través del papel y medios electrónicos, para que quede constancia.
Según la ley 39/2015 de 1 de octubre, son nulos de pleno derecho: Los actos que no lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Los actos dictados por órgano competente por razón de la materia o del territorio. Los actos que prescinden de forma parcial del procedimiento legalmente establecido. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
Según el artículo 11 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, las administraciones públicas no requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: Formular solicitudes. Desistir de acciones. Presentar declaraciones responsables o comunicaciones. Formular consultas.
Conforme al artículo 40 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, cuál es el plazo de notificación de los actos administrativos desde que son dictados: Quince días. Veinte días. Diez días. Siete días.
Según lo dispuesto en el artículo 33 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, ¿qué recurso cabe contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento? Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que hubiera dictado el acuerdo. Recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico que lo dictó. Recurso contencioso-administrativo. No cabe recurso alguno, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106.5 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, en un procedimiento de revisión de disposiciones y actos nulos, iniciado de oficio, de no dictarse resolución en el transcurso de 6 meses desde su inicio producirá: La prescripción del procedimiento. La desestimación de la pretensión por silencio administrativo. La caducidad del procedimiento. La nulidad de las actuaciones.
El artículo 107 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, dispone que la declaración de lesividad de actos anulables solo podrá adoptarse desde que se dictó el acto administrativo en el plazo de: Cuatro años. Dos años. Un año. Seis meses.
Según el artículo 77 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, cuando el instructor de un procedimiento administrativo acuerde la apertura de un período de prueba, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes, el plazo no podrá ser: Ni superior a veinte días ni inferior a diez. Ni superior a treinta días ni inferior a diez. Ni superior a dos meses ni inferior a un mes. Ni superior a tres meses ni inferior a quince días.
El recurso extraordinario de revisión solo cabe ante: Los actos que ponen fin a la vía administrativa. Los actos de trámite si estos deciden sobre el fondo del asunto. Las resoluciones de los recursos de alzada. Los actos firmes en vía administrativa.
Cuál de las siguientes no es causa de inadmisión de un recurso administrativo: El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente siempre que se deduzca su verdadero carácter. Carecer de legitimación el recurrente. Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra administración pública. Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.
En caso de procedimiento de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento: Cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considera inequívoca la relación de causalidad. Cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve. Cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que existen suficientes medios de prueba. Únicamente en los casos en los que no haya oposición por parte del interesado.
La ley 39/2015, integra el procedimiento sancionador dentro del procedimiento general: Sin ninguna especialidad. Con especialidades en el inicio del procedimiento pero no en la resolución. Con especialidades en el inicio y en la resolución. Con especialidades en la resolución del procedimiento, pero no en el inicio.
La relación con la administración pública para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo será a través de medios electrónicos: Obligatoriamente para aquellos ciudadanos que dispongan de DNI electrónico. Cuando así haya sido señalado por el interesado al inicio del procedimiento sin que exista posibilidad de cambiar a otro medio de comunicación durante el mismo. Obligatoriamente para las personas jurídicas. Siempre de forma voluntaria.
Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que: La administración remite la notificación. El interesado confirma la recepción por medios electrónicos. Se produzca el acceso a su contenido. Se recibe en la administración la confirmación de recepción del interesado.
Los recursos que se deduzcan en relación con las resoluciones dictadas por el tribunal económico-administrativo central en materia de tributos cedidos a las comunidades autónomas se conocerán por: Los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo. Las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia. La sala de lo contencioso-administrativo de la audiencia nacional. La sala de lo contencioso-administrativo del tribunal supremo.
En sus actuaciones ante los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las partes, salvo en las excepciones previstas legalmente: Deberán conferir siempre su representación a un procurador y ser asistidos por un abogado. Deberán ser asistidos por un abogado en todo caso pero será siempre voluntario conferir la representación a un procurador. Deberán conferir su representación a un procurador y ser asistidos por un abogado en sus actuaciones ante órganos colegiados. Podrán comparecer por sí mismos en todo caso.
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