PREGUNTAS OTROS EXAMENES TEMA 7

Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, los actos administrativos serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho cuando: a) Limiten derechos objetivos o intereses legítimos. b) Resuelvan procedimientos de revisión de oficio. c) Acepten pruebas propuestas por los interesados. d) Las respuestas b) y c) son correctas.

- Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, los actos de las AAPP sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos: Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Desde la fecha en que se notifiquen, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Al día siguiente de la fecha en que sucedan, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Al día siguiente de la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

Según el artículo 107 de la Ley 39/2015, desde que se dicte el acto administrativo, podrá adoptarse la declaración de lesividad: Una vez transcurrido los cuatro años. No podrá adoptarse una vez trascurrido los cuatro años. Podrá adoptarse una vez trascurrido los cinco años. La declaración de lesividad no prescribe nunca.

Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, una vez iniciado el procedimiento, ¿de acuerdo con qué principios se pueden adoptar medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución?. De proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. De efectividad, flexibilidad y eficacia. De buena fe y celeridad. De eficacia, de buena fe y transparencia.

Según el artículo 76 de la Ley 39/2015, ¿cuándo podrán los interesados aducir alegaciones a un procedimiento?. Diez días después al trámite de audiencia. Diez días naturales después del trámite de audiencia. Quince días después al trámite de audiencia. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.

Conforme al artículo 82 de la Ley 39/2015, el plazo que tienen los interesados para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes es: No inferior a diez días ni superior a quince. No superior a treinta días ni inferior a diez. No más de diez días. Un mes.

¿Quiénes de los siguientes sujetos estarán obligados a relacionarse, en todo caso, a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas, de acuerdo con la Ley 39/2015?. Las personas físicas. Quienes representen a un interesado, aunque éste no esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. Los empleados de las Administraciones Públicas. Los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.

En el artículo 27 de la Ley 39/2015, se establece que la solicitud de expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las AAPP, deberán expedirse en el plazo de: 10 días desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente. 15 días desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente. 20 días desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente. 30 días desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente.

La disposición transitoria primera de la Ley 39/2015, expone en relación con el archivo de documentos. Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a todos los procedimientos en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable. El archivo de los documentos correspondientes a procedimientos administrativos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley, se regirán por lo dispuesto en la normativa anterior. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares podrán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Los documentos electrónicos administrativos deberán contener información clasificada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 39/2015 , las copias auténticas realizadas por una Administración Pública: Tendrán validez únicamente en esa Administración. Tendrán validez en determinados procedimientos, pero no con carácter general. No tendrán validez ni eficacia en otras Administraciones Públicas. Tendrán validez en las restantes Administraciones Públicas.

Conforme al artículo 70 de la Ley 39/2015, se entiende como expediente administrativo: El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Todos aquellos documentos conservados o grabados de manera escrita, óptica, acústica o de cualquier otra forma, que cumplan fines u objetivos de carácter público. El conjunto ordenado de documentos generados o recibidos por una unidad u oficina en la resolución administrativa de un mismo asunto. La serie de actuaciones administrativas debidamente documentadas que reflejan el procedimiento del que el acto o disposición trae causa.

Tal y como regula el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido: 15 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 10 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Un mes desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Conforme dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán contener, al menos, (señale la incorrecta). Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del poderdante y del apoderado. Causas de anulación del apoderamiento. Período de tiempo por el cual se otorga el poder. Tipo de poder según las facultades que otorgue.

Según establece Ley 39/2015, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas: El órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio, iniciado el procedimiento administrativo. El órgano competente para resolver el procedimiento, de oficio, antes de la iniciación del procedimiento administrativo. El órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, antes de la iniciación del procedimiento administrativo. El órgano competente para resolver el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, iniciado el procedimiento administrativo.

En cuanto a los actos de instrucción, el artículo 75 de la Ley 39/2015, señala que el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a: Los principios de eficacia y de proporcionalidad de los interesados en el procedimiento. Los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento. Los principios de cooperación y de buena regulación de los interesados en el procedimiento. Los principios de eficiencia y de necesidad de los interesados en el procedimiento.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que la Administración comunicará a los interesados el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas. Con 24 horas de antelación. Con 48 horas de antelación. Con 72 horas de antelación. Con antelación suficiente.

Dispone la Ley 39/2015, que las AAPP declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1: En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, por iniciativa propia, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere. En cualquier momento, a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere. En cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere.

El artículo 63 de la Ley 39/2015, establece que los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre: Por denuncia. Por petición de órgano superior. A instancia de parte. De oficio.

Conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, en todo caso, no estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las AAPP para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: Las personas jurídicas. Las entidades sin personalidad jurídica. Todas las personas físicas. Los empleados de las AAPP para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

Conforme al artículo 12.2 de la Ley 39/2015, si alguno de los interesados, con derecho a ser asistidos en el uso de medios electrónicos, no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo: No podrá ser válidamente realizada por un funcionario público. Podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello con consentimiento expreso del interesado. Será sustituida por su firma presencial, mediante escrito dirigido al órgano encargado de tramitar el procedimiento administrativo. Podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello sin necesidad del consentimiento del interesado.

¿En qué artículo y en qué Ley se define el Esquema Nacional de Interoperabilidad?. Artículo 147.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Artículo 133 de la Ley 39/2015. De 1 de octubre,. Artículo 156.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Artículo 120 de la Ley 39/2015. De 1 de octubre,.

Respecto a la interposición de recurso, la Ley 39/2015 de 1 de octubre, indica que: Deberá expresar las particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que no se deduzca su verdadero carácter. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto podrán ser alegados por quienes los hubieren causado. Todas son correctas.

¿Qué reglamento ha considerado la Ley 39/2015, de 1 de octubre para el establecimiento de los sistemas de identificación como los de firma previstos en dicha Ley?. Reglamento (UE) nº 910/2014. Reglamento (UE) nº 610/2013. Reglamento (UE) nº 547/2013. Reglamento (UE) nº 610/2014.

¿Cuál es el artículo de la Ley 39/2015, que regula la motivación de los actos administrativos?. Artículo 54. Artículo 62. Artículo 70. Artículo 35.

El plazo de resolucion de los procedimientos sancionadores conforme a la Ley 39/2015 es de: 3 meses. 6 meses. 1 año. Ninguna es correcta.

EL APARTADO 4 DEL ARTÍCULO 129 DE LA LEY 39/2015, SEÑALA QUE LAS HABILITACIONES PARA EL DESARROLLO REGLAMENTARIO DE UNA LEY SERÁN CONFERIDAS: A autoridades independientes cuando así lo habilite una Ley. Con carácter general al Gobierno o al Consejo de Gobierno respectivo. A los titulares de los departamentos ministeriales o de las Consejerías de Gobierno, con carácter excepcional y justificado en la ley habilitante. Todas las respuestas anteriores son correctas.

EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY 39/2015, ESTABLECE QUE: Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Se entenderá practicada la notificación con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante y en la dirección electrónica habilitada única. Todas son correctas.

SEÑALA LA AFIRMACIÓN CORRECTA EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO EN EL CAPÍTULO III DEL TÍTULO III DE LA LEY 39/2015: La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas implicará la anulabilidad del acto. La nulidad o anulabilidad de un acto implicará la de los sucesivos en el procedimiento sean o no independientes del primero. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. El acto de convalidación producirá siempre, efecto desde la fecha del acto convalidado.

DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY 39/2015, CONTRA EL ACUERDO DE ACUMULACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, PUEDE INTERPONERSE: Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso de revisión. No procede recurso alguno.

SEÑALA LA AFIRMACIÓN CORRECTA CON RESPECTO A LOS DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 39/2015: Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará necesariamente la terminación del procedimiento. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de finalización del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 25 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.

DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 84.1 DE LA LEY 39/2015, PONDRÁN FIN AL PROCEDIMIENTO: La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la prescripción. . La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad. . La resolución, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, y la prescripción. El desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la prescripción.     .

SEGÚN EL ARTÍCULO 125 DE LA LEY 39/2015, EL PLAZO PARA INTERPONER UN RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CONTRA UNA RESOLUCIÓN QUE SE HUBIESE DICTADO COMO CONSECUENCIA DE PREVARICACIÓN, COHECHO, VIOLENCIA, MAQUINACIÓN FRAUDULENTA U OTRA CONDUCTA PUNIBLE Y SE HAYA DECLARADO ASÍ EN VIRTUD DE SENTENCIA JUDICIAL FIRME, SERÁ: Quince días desde que la sentencia judicial quedó firme. Un mes desde que la sentencia judicial quedó firme. Tres meses desde que la sentencia judicial quedó firme. Cuatro años desde que la sentencia judicial quedó firme.

EL ARTÍCULO 106.5 DE LA LEY 39/2015, SEÑALA QUE CUANDO EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN SE HUBIERA INICIADO DE OFICIO, SE PRODUCIRÁ LA CADUCIDAD DEL MISMO TRANSCURRIDOS: Tres meses desde su inicio sin dictarse resolución. Seis meses desde su inicio sin dictarse resolución. Un año desde su inicio sin dictarse resolución. Cuando es de oficio no se produce caducidad.

DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 109 DE LA LEY 39/2015, LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, PODRÁN REVOCAR: Todos sus actos, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Todos sus actos, en cualquier momento, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los actos que contengan errores materiales, de hecho, o aritméticos. Sus actos de gravamen o desfavorables, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

SEÑALA LA AFIRMACIÓN CORRECTA RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY 39/2015: Por una norma con rango de Ley se podrá sustituir el recurso de alzada por otros procedimientos de impugnación. Por una norma con rango de Ley el recurso de reposición podrá ser sustituido por otros procedimientos de impugnación, aunque en este caso, perderá su carácter potestativo. Contra las disposiciones administrativas de carácter general podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que la dictó. Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los plazos y procedimientos establecidos en esta Ley.