Preguntas Variadas 6

De conformidad con lo previsto en el artículo 117.3 de la Constitución Española, el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde: A) a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes o a otros órganos. B) a los Juzgados y Tribunales determinados por acuerdos del Consejo General del Poder Judicial. C) a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de reparto de asuntos que las mismas establezcan. D) exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Española de 1978, la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de: A) Racionalización, eficiencia, agilidad, celeridad y simplificación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. B) Seguridad jurídica, accesibilidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y transparencia, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. C) Eficiencia, agilización, transparencia, innovación y participación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. D) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la Constitución Española de 1978, cualquier alteración de los límites provinciales en el territorio español habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante: A) Ley ordinaria. B) Ley orgánica. C) Real Decreto-ley. D) Real Decreto-legislativo.

Conforme al artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, NO se encuentra entre las materias en las que el Municipio ejercerá competencias propias: A) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante. B) Protección de la salubridad pública. C) Cementerios y actividades funerarias. D) Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación secundaria.

A tenor de lo dispuesto por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, esta Comunidad Autónoma ostenta competencias compartidas en materia de: A) Ordenación del Territorio. B) Sanidad interior. C) Servicios sociales. D) Vivienda.

Conforme al artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Unión Europea dispondrá de competencia exclusiva en: A) El mercado interior. B) La unión aduanera. C) La cohesión económica, social y territorial. D) La protección de los consumidores.

Según el tenor literal del artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tendrán la consideración de órganos administrativos: A) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. B) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos frente a terceros y cuya actuación tenga carácter vinculante. C) Las unidades administrativas a las que se les atribuya funciones jurídicas, así como aquellas que, preceptivamente, actúen frente a terceros. D) Las unidades administrativas a las que, preceptivamente, se les atribuya funciones jurídicas, así como aquellas cuya actuación tenga carácter vinculante frente a terceros.

Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es motivo de abstención en un procedimiento: A) Tener un vínculo de afinidad dentro del cuarto grado con cualquiera de los interesados. B) Compartir despacho profesional con los asesores que intervengan en el procedimiento. C) Haber prestado en los cinco últimos años servicios profesionales a cualquier persona natural o jurídica interesada. D) Haber intervenido como perito o testigo en algún procedimiento de cualquiera de los interesados.

Según el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas podrán rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos: A) Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. B) En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados. C) Siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes. D) Siempre que tal revocación no sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

Conforme al artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a: A) 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras. B) 60.000 euros, cuando se trate de contratos de obras. C) 25.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicio. D) 18.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicio.

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 37.5 del Reglamento (UE) 2016/679 para la designación del delegado de protección de datos, sea persona física o jurídica, podrá demostrarse, entre otros medios: A) A través de mecanismos de certificación que acrediten la obtención de una titulación universitaria con conocimientos en derecho administrativo. B) A través de mecanismos voluntarios de certificación que tendrán particularmente en cuenta la obtención de una titulación universitaria que acredite conocimientos especializados en el derecho y la práctica en materia de protección de datos. C) A través de mecanismos de certificación que acrediten la obtención de una titulación universitaria con conocimientos especializados en derecho público y, voluntariamente, en materia de tratamiento de datos. D) A través de mecanismos de certificación que tengan en cuenta, particularmente, la obtención de una titulación universitaria que acredite conocimientos especializados en derecho.

De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución en el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sin tener en cuenta la posible prórroga, es de: A) 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. B) 30 días hábiles desde la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación. C) 30 días hábiles desde la presentación de la solicitud en el registro del órgano competente para resolver. D) 20 días hábiles desde la presentación de la solicitud en el registro de la Administración u Organismo competente para su tramitación.

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se entiende por representación equilibrada aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a que se refiera cada sexo: A) Ni supere el setenta por ciento ni sea menos del treinta por ciento. B) Ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento. C) No supere el cincuenta y cinco por ciento. D) No sea menos del treinta por ciento.

Según el artículo 191 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en caso de: A) Interpretación, nulidad y resolución de los contratos, cuando se formule oposición por parte del contratista. B) Modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 10 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 1.000.000 de euros. C) Reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la responsabilidad contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior al 50 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. D) Suspensión de la ejecución de los contratos por causa imputable a la Administración.

Según el artículo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son obras de restauración: A) Las de ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente. B) Aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad. C) Aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y dotándola de una nueva funcionalidad que sea compatible con los elementos y valores originales del inmueble. D) Las necesarias para enmendar un menoscabo producido en el tiempo por el natural uso del bien.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, respecto al informe de las oficinas o unidades de supervisión de proyectos: A) Los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o superior a 500.000 euros, IVA incluido. B) En los proyectos de presupuesto base de licitación inferior a 500.000 euros, IVA excluido, en el caso de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra, el informe tendrá carácter preceptivo. C) El informe verificará que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto, siendo responsabilidad de las oficinas o unidades de supervisión la aplicación incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos. D) El informe se debe emitir en el plazo máximo de veinte días, salvo que por las características del proyecto se requiera otro mayor, contado a partir de la recepción del proyecto.

De acuerdo con el artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, respecto al replanteo del proyecto: A) Aprobado el proyecto, y tras la aprobación del expediente de contratación de la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo. B) En la tramitación de los expedientes de contratación referentes a obras de infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras, se dispensará del requisito previo de disponibilidad de los terrenos, pudiendo iniciarse la ejecución de las obras antes de haberse formalizado su ocupación. C) La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de replanteo del proyecto. D) Una vez realizado el replanteo se incorporará el proyecto al expediente de contratación.

Según el artículo 69 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, una vez formalizado un contrato con una unión temporal de empresas, cuando alguna o algunas de las empresas integrantes de la unión temporal fuesen declaradas en concurso de acreedores y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidación: A) Se suspenderá la ejecución del contrato y se iniciará el procedimiento para la resolución del mismo. B) Se procederá, en todo caso, a una nueva licitación del contrato. C) Continuará la ejecución del contrato con la empresa o empresas restantes siempre que estas cumplan los requisitos de solvencia o clasificación exigidos. D) Continuará la ejecución del contrato con la empresa o empresas restantes siempre que se hubiera ejecutado el contrato al menos en un 50% de su importe.

Según la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que establece las normas relativas a los medios de comunicación utilizables en los procedimientos regulados en esta ley, para el caso de comparecencia electrónica, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de contratación salvo en el supuesto del procedimiento del recurso especial, los plazos a contar desde la notificación se computarán: A) Desde la fecha de recepción de la misma por el interesado. B) Desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación. C) Desde el día hábil siguiente a la fecha de recepción de la misma por el interesado. D) Desde el día siguiente a la fecha de recepción de la misma por el interesado.

En determinados contratos, el procedimiento abierto simplificado podrá seguir la tramitación recogida en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Señale cuál de las siguientes especificaciones NO está contemplada en dicho artículo para dicha tramitación: A) Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional. B) La oferta se entregará en un único sobre o archivo electrónico. C) El plazo para la presentación de proposiciones será de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. D) No se requerirá la constitución de garantía definitiva.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, legitima al Estado y las Comunidades Autónomas, cuando consideren, en el ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad local infringe el ordenamiento jurídico, para impugnar judicialmente dicho acto o acuerdo. A) Sólo si el acto o acuerdo menoscaba competencias del Estado o de las Comunidades Autónomas, interfieren su ejercicio o exceden de la competencia de dichas Entidades locales. B) No, sólo están legitimadas las Comunidades Autónomas. C) Sí. D) Sí, siempre que previamente hayan requerido a la Entidad local para que lo anule.

Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el medio ambiente: A) No es una competencia de la Unión Europea. B) Es una materia en la que la Unión Europea dispondrá de competencia para coordinar las políticas medioambientales de los Estados miembros. C) Es una competencia exclusiva en la que sólo la Unión podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes, mientras que los Estados miembros únicamente podrán hacerlo si son facultados por la Unión o para aplicar actos de la Unión. D) Es una competencia compartida con los Estados miembros, de modo que la Unión y los Estados miembros podrán legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes en dicho ámbito. Los Estados miembros ejercerán su competencia en la medida en que la Unión no haya ejercido o haya decidido no ejercer la suya.

Según el artículo 9.3 de la Constitución: A) Ese artículo no existe. B) Se garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. C) Solo garantiza los principios de legalidad y de seguridad jurídica. D) Solo garantiza la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Los procedimientos de revisión de oficio y declaración de lesividad: A) Se pueden tramitar respecto de licencias u otros títulos habilitantes, comunicaciones y reclamaciones previas que adolezcan de vicios de nulidad y anulabilidad, respectivamente. B) Permiten revisar de oficio las licencias o los títulos habilitantes que adolezcan de vicio de nulidad; si los actos administrativos son anulables, procederá su declaración de lesividad y posterior impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa. C) Suspenden automáticamente la ejecución del acto, cuando su continuación pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. D) Podrán incoarse simultáneamente a procedimientos de restablecimiento de la legalidad.

Señale la opción falsa. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones cooperarán al servicio del interés general y podrán acordar de manera voluntaria la forma de ejercer sus respectivas competencias que mejor sirva a este principio. Una técnica de cooperación consiste en la creación de Comisiones Bilaterales. A) Las Comisiones Bilaterales pueden desarrollar funciones consultivas. B) Las Comisiones Bilaterales no son órganos de cooperación. C) En el seno de las Comisiones Bilaterales pueden adoptarse acuerdos de obligado cumplimiento. D) Según el Estatuto, la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado constituye el marco general y permanente de relación entre los Gobiernos de la Junta de Andalucía y del Estado.

Según el art. 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativo a los documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo. A) Los interesados sólo podrán aportar al procedimiento administrativo los datos y documentos exigidos por las Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. B) Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos aunque el interesado se opusiera a ello. C) Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramita el procedimiento, estos deberán ser remitidos en el plazo de treinta días a contar desde su solicitud. D) Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración; no obstante, la administración actuante podrá recabar dichos documentos y no cabrá oposición de los interesados si fuesen exigidos en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.

Según lo dispuesto en el art. 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas sólo podrán requerir a los interesados el uso obligatorio de firma para: A) Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones o renunciar a derechos. B) Formular solicitudes, interponer recursos, desistir de acciones o renunciar a derechos. C) Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables, interponer recursos, desistir de acciones o renunciar a deberes. D) Ninguna es correcta.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, NO están obligados a relacionarse a través de los medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: A) Notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. B) Las personas jurídicas. C) Las entidades sin personalidad jurídica. D) Ninguna es correcta.

En relación con los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo, con carácter general, se presumirán válidos y producirán efectos desde: A) La fecha en que se dicten, sin excepción. B) La fecha en que se notifiquen o publiquen, sin excepción. C) La fecha en que se conozcan. D) La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

Señale la opción falsa. En relación con la tramitación de urgencia de los procedimientos administrativos, de conformidad con lo establecido en el art. 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: A) Cuando razones de interés público o privado lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición de los interesados, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia. B) La tramitación de urgencia supone la reducción a la mitad de los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. C) No cabe recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento. D) Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición de los interesados, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia.

Conforme a lo dispuesto en el art. 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el procedimiento se inicia por denuncia, la Administración NO está obligada a considerar al denunciante como interesado en el procedimiento: A) Por el mero hecho de comunicar los hechos a la Administración, salvo que haya sido testigo directo de los hechos que se denuncian. B) Salvo que en la denuncia se exprese la identidad de la persona o personas que la presentan. C) Salvo que la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas. D) Por el mero hecho de presentar la denuncia.

Señale la opción falsa. En relación con la práctica de la prueba recogido en el art. 78 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: A) La Administración, con antelación suficiente, comunicará a los interesados el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas. B) La Administración comunicará a los interesados, con al menos 10 días de antelación, el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas. C) En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan. D) En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba. La liquidación de los gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los mismos.

Conforme a lo dispuesto en el Capítulo VII del Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que: A) Se produzca la suspensión de la ejecución del acto. B) Se trate de una resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición. C) Esté pendiente la resolución de un recurso en vía administrativa. D) Que se trate de una resolución recaída en un procedimiento de ejecución subsidiaria.

De la siguiente relación existe una técnica de cooperación que NO se corresponde con las enumeradas en el art. 144 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: A) La participación en órganos de cooperación, con el fin de deliberar y, en su caso, acordar medidas en materias sobre las que tengan competencias diferentes Administraciones Públicas. B) La participación en órganos colegiados de otras Administraciones Públicas. C) La participación de una Administración Pública en organismos públicos o entidades dependientes o vinculados a otra Administración diferente. D) La prestación de medios materiales, económicos o personales a otras Administraciones Públicas.

El art. 60 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, preceptúa que cuando una entidad local incumpliera las obligaciones impuestas directamente por la Ley de forma que tal incumplimiento afectara al ejercicio de competencias de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, y cuya cobertura económica estuviere legalmente o presupuestariamente garantizada, una u otra, según su respectivo ámbito competencial, deberá: A) Recordarle su cumplimiento concediendo al efecto el plazo que fuere necesario. Si transcurrido dicho plazo, nunca inferior a quince días, el incumplimiento persistiera, se procederá a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación a costa y en sustitución de la entidad local. B) Recordarle su cumplimiento concediendo al efecto el plazo que fuere necesario. Si transcurrido dicho plazo, nunca inferior a un mes, el incumplimiento persistiera, se procederá a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación a costa y en sustitución de la entidad local. C) Adoptar directamente las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación a costa y en sustitución de la entidad local. D) Recordarle su cumplimiento concediendo al efecto el plazo que fuere necesario. Si transcurrido dicho plazo, nunca inferior a diez días, el incumplimiento persistiera, se procederá a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación a costa y en sustitución de la entidad local.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, el Municipio ejercerá en todo caso: A) Competencia propia en Urbanismo. B) Competencia propia en Ordenación del litoral. C) Competencia exclusiva en materia de aprovechamientos y servicios forestales. D) Competencia exclusiva en materia de la ordenación administrativa de la actividad comercial, incluidas las ferias y mercados.

La provincia prestará, obligatoriamente, los siguientes servicios municipales: A) Inspección, gestión y recaudación. B) Disciplina urbanística o medioambiental. C) Disciplina del personal funcionario, laboral o eventual. D) Ninguna es correcta.

Conforme a lo dispuesto en el art. 96 de la Ley de Contratos del Sector Público, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado, entre otras, las condiciones de: A) Acreditación de la solvencia económica y financiera, pero no la técnica o profesional. B) Acreditación de la solvencia técnica o profesional, pero no la económica y financiera. C) Acreditación de la constitución de la garantía provisional prevista en el art. 106 de la citada Ley. D) Acreditación de la solvencia económica y financiera, así como la técnica o profesional.

Señale la opción falsa. En relación con los bienes de dominio publico de la Junta de Andalucía: A) El uso de los bienes de dominio público podrá ser común o privativo. Aquél, a su vez general o especial. B) La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá ejercer la potestad investigadora sobre los bienes de dominio público a fin de tomar conocimiento sobre su titularidad, cuando ésta no le conste anteriormente. C) Los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables. D) Mientras se tramite un deslinde administrativo, no podrá sustanciarse procedimiento de deslinde judicial, salvo juicios posesorios sobre el mismo objeto.

Conforme a lo dispuesto en el art. 26.2 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor. A) En lo referido a la tipificación de la infracción, pero no en cuanto a la sanción y sus plazos. B) En lo referido a la sanción y sus plazos, pero no en cuanto a la tipificación de la infracción o sus plazos de prescripción. C) Tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. D) Tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, pero no respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.

El artículo 18.2 de la Constitución declara que el domicilio es inviolable. También dice que: A) Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular. B) Ninguna entrada podrá hacerse en él sin autorización judicial. C) Ninguna entrada podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o autorización administrativa, salvo en caso de flagrante delito. D) Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

Señale la opción falsa. Según el Estatuto de Autonomía para Andalucía, corresponden a la Comunidad competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas. A) Las competencias exclusivas comprenden la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, íntegramente. B) Las competencias compartidas comprenden la potestad legislativa, la reglamentaria y la función ejecutiva, en el marco de las bases que fije el Estado. C) Las competencias ejecutivas no incluyen la potestad reglamentaria. D) Además de sobre las materias incluidas en el Estatuto, la Comunidad ejercerá las competencias no contempladas expresamente en el Estatuto, que le sean transferidas o delegadas por el Estado.

Las leyes promulgadas por las Comunidades Autónomas: A) Son jerárquicamente superiores a las leyes del Estado. B) Son jerárquicamente inferiores a las leyes del Estado. C) No pueden regular las materias que han sido reguladas por el Estado. D) Se relacionan por el principio de competencia con las leyes del Estado.

De conformidad con el artículo 56.5 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía: A) Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, que incluye en todo caso el establecimiento y regulación de las directrices y figuras de planeamiento territorial, las previsiones sobre emplazamientos de infraestructuras y equipamientos, la promoción del equilibrio territorial, la adecuada protección ambiental y la regulación del régimen urbanístico del suelo. B) Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, que incluye en todo caso el establecimiento y regulación de las directrices y figuras de planeamiento territorial, las previsiones sobre emplazamientos de infraestructuras y equipamientos, la promoción del equilibrio territorial y la adecuada protección ambiental. C) Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, que incluye en todo caso el establecimiento y regulación de las directrices y figuras de planeamiento territorial, las previsiones sobre emplazamientos de infraestructuras y equipamientos, la promoción del equilibrio territorial, la adecuada protección ambiental y la protección de la legalidad urbanística, que incluye en todo caso la inspección urbanística. D) Ninguna de las anteriores es correcta.

Conforme al artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Dichas medidas deben ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento: A) Que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a su adopción, el cual no podrá ser objeto de recurso. B) Que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual no podrá ser objeto de recurso. C) Que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. D) Que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.

Conforme a lo dispuesto en el art. 1.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ésta tiene por objeto: A) Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. B) Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas. C) Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas,  así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. D) Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar la potestad reglamentaria.