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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: PREGUNTAS VARIAS

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Título del Test:
PREGUNTAS VARIAS

Descripción:
Preguntas varias

Autor:
yeja88
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Fecha de Creación: 09/09/2024

Categoría: Otros

Número Preguntas: 300
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La aprobación de las transferencias de crédito entre distintas áreas de gasto es competencia: De órgano competente salvo delegaciones Del presidente de la entidad, salvo cuando las bajas y las altas afecten a créditos de personal Del Pleno de la Corporación, salvo cuando las bajas y las altas afecten a créditos de personal.
Al ejercicio presupuestario, que coincidirá con el año natural, se imputarán: Los derechos y obligaciones reconocidos en el ejercicio, cualquiera que sea el periodo de que deriven Los derechos y obligaciones liquidados y reconocidos en el ejercicio y que deriven de dicho periodo Los derechos liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el periodo de que deriven; y las obligaciones reconocidas durante el ejercicio.
Como regla general, los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectos al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas, quedarán: Aprobados Anulados de pleno derecho Prorrogados.
El presupuesto de la Entidad Local será formado por su presidente y lo remitirá al Pleno para su aprobación: Informado por la intervención y con informe jurídico del Secretario de la Corporación Será remitido antes del 1 de octubre Aprobado inicialmente, se expondrá al público por 15 días.
¿En qué Título de la Constitución Española se recoge la organización territorial del Estado? En el VI. En el VIII. En el III.
En caso de conflicto, las normas del Estado prevalecen sobre las de las Comunidades Autónomas: siempre. sólo en materias no atribuidas a la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas. sólo en supuestos de derecho supletorio.
Las competencias no asumidas por las Comunidades Autónomas: Corresponden siempre al Estado. Corresponden al Estado si no están expresamente atribuidas a las Comunidades Autónomas. Es facultativo del Estado asumirlas o no.
El Estado se organiza territorialmente en: Ciudades, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan. Municipios, comarcas y las provincias que se constituyan. Municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan.
El control de la administración de una comunidad autónoma, corresponde: Al Tribunal de Cuentas. A la jurisdicción contencioso-administrativa. Al Tribunal Constitucional.
¿Cuál de las siguientes gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses? Los municipios. Las provincias. Ambas son correctas.
Según el artículo 139 de la Constitución, tendrán los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado: Todos los españoles. Todos los ciudadanos. Todos los españoles y extranjeros.
¿Quién podrá adoptar medidas que obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio nacional? Las Cortes Generales, en cualquier caso. El Gobierno, mediante la correspondiente delegación legislativa. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente lo obstaculicen.
Según la Constitución, en los archipiélagos, las islas tendrán su administración propia en forma de: Cabildos o Consejos. Únicamente de Cabildos. Cabildos o Concejos.
El Reglamento Orgánico del Pleno establece que le corresponde debatir el orden del día de las sesiones ordinarias del Pleno, determinando los asuntos incluidos en el orden del día sobre los que se van a entablar debate, establecer el orden de intervención de los grupos y fijando los tiempos en el debate, a: El Alcalde, asistido por el Secretario General del Pleno. La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. La Junta de Portavoces.
Conforme a la Constitución española los municipios y provincias gozan de autonomía: Para la gestión de sus respectivos intereses. Para la gestión de los intereses del Estado. Para la gestión de los intereses de las Comunidades Autónomas.
De acuerdo con lo establecido en el Titulo X de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que regula el régimen de organización de los municipios de gran población, las normas previstas en el mismo serán de aplicación: A los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes. A los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes. Las dos respuestas anteriores son correctas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de aplicación a los municipios de gran población, señalar cuál de las siguientes atribuciones del Alcalde sólo serán delegables en la Junta de Gobierno Local: Ejercer la superior dirección del personal al servicio de la Administración municipal. Establecer directrices generales de la acción de gobierno municipal y asegurar su continuidad. Representar al ayuntamiento.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en el ámbito de sus competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad local infringe el ordenamiento jurídico, en qué plazo podrá requerirla para que anule dicho acto: En el plazo de quince días hábiles. En el plazo máximo de un mes. En el plazo de quince días naturales.
Según el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la creación de nuevos municipios: Solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 2.000 habitantes. Requerirá que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. Cuando suponga modificación de los límites provinciales, requerirá audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en el procedimiento de aprobación de las Ordenanzas locales, ¿cuál será la duración del trámite de información pública y audiencia a los interesados para la presentación de reclamaciones y sugerencias?: Plazo mínimo de treinta días. Plazo mínimo de diez días y máximo de treinta días. Plazo máximo de treinta días.
Conforme al artículo 140 de la Constitución española los Alcaldes serán elegidos: Por los Concejales. Por los vecinos. Por los Concejales o por los vecinos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, si una Entidad local adoptara actos o acuerdos que atenten gravemente al interés general de España, el Delegado del Gobierno, previo requerimiento para su anulación al Presidente de la Corporación efectuado dentro de los diez días siguientes al de la recepción de aquéllos, podrá suspenderlos y adoptar las medidas pertinentes para la protección de dicho interés: Acordada la suspensión de un acto o acuerdo, el Delegado del Gobierno deberá impugnarlo en el plazo de diez días desde la suspensión ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Acordada la suspensión de un acto o acuerdo, el Delegado del Gobierno podrá impugnarlo en el plazo de diez días desde la suspensión ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Acordada la suspensión de un acto o acuerdo, el Delegado del Gobierno deberá dictar un acto nuevo en sustitución del acto suspendido.
En un municipio con una población de 25.000 habitantes ¿cuál de estos órganos NO es necesario? Junta de Gobierno Local. Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones. Comisión Especial de Cuentas.
Según el artículo 79.2 de la Ley 7/1985, los bienes de las Entidades Locales se clasificarán en: Bienes de dominio público y bienes patrimoniales. Bienes demaniales y bienes comunales. Bienes comunales y bienes privados.
Conforme al artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: El Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local existen en todos los ayuntamientos. Los Tenientes de Alcalde existen en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios señalados en el título X, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico.
Según el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno no podrá delegar el ejercicio de las siguientes competencias: La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos. La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, las atribuciones para la aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales corresponde: A la Junta de Gobierno Local. Al Alcalde. Al Pleno.
Según establece el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, son atribuciones del Alcalde: Aprobar la oferta de empleo público. La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones públicas. El planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y demás Administraciones públicas.
Según el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: Las entidades territoriales de ámbito inferior al municipal, podrán ser titulares de las potestades de ejecución forzosa y sancionadora, si le es atribuida expresamente por ley de la comunidad autónoma respectiva. Las comarcas y las áreas metropolitanas, en ningún caso podrán ser titulares de las potestades de ejecución forzosa y sancionadora. Los municipios, las provincias y las islas, podrán ser titulares de las potestades de ejecución forzosa y sancionadora, si le es atribuida expresamente por ley de la comunidad autónoma respectiva.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que mayoría se requerirá para la aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales: Mayoría absoluta del número legal de sus miembros. Mayoría de dos tercios del número legal de sus miembros. Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, señale la respuesta correcta: Los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y removidos por acuerdo del Pleno de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, de entre los Concejales. Corresponde a la Junta de Gobierno Local las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes. El Alcalde podrá realizar delegaciones especiales para cometidos específicos exclusivamente en favor de los concejales miembros de la Junta de Gobierno Local.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en los Municipios el ejercicio de sus competencias. En relación con el ejercicio de esta delegación, señale la respuesta correcta: La delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, que no podrá ser inferior a cuatro años. Podrá ser objeto de la citada delegación, entre otras, la competencia para la creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de educación infantil. La efectividad de la delegación no requerirá su aceptación por el Municipio interesado.
¿Cuál de los siguientes no se considera un elemento configurador del municipio? El territorio. La población. El ayuntamiento.
Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: (INDICAR LA INCORRECTA) En todos los Municipios: alumbrado público En todos los Municipios: cementerio En todos los Municipios: tratamiento de residuos.
En relación con la organización municipal cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta: La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes siempre que así lo disponga su Reglamento orgánico o así lo acuerde el pleno de su Ayuntamiento. La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los Ayuntamientos El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos.
Según el artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la inscripción en el Padrón Municipal, cuando se trate de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, deberá ser objeto de renovación periódica: Cada año. Cada dos años. Cada tres años.
Según establece la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal corresponde a: El Instituto Nacional de Estadística. El Consejo de Empadronamiento. El Ayuntamiento.
¿Quién tiene obligación de empadronarse? Toda persona que vive en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio donde reside habitualmente Quien viven en varios municipios debe inscribirse en el que habita más tiempo al año. Ambas respuestas son correctas.
¿Quiénes constituyen la población de un municipio? Los inscritos en el Padrón municipal. Los inscritos y los no inscritos en el Padrón municipal que residan en el mismo. Los inscritos en el Padrón municipal que sean mayores de edad.
¿Cuándo se adquiere la condición de vecino? Con el nacimiento. Con la residencia continuada. Con la inscripción en el Padrón.
¿En qué padrón municipal debe inscribirse quien resida en varios municipios a la vez? En cualquiera de ellos. En el que tenga su residencia habitual. En el que resida mayor tiempo al año.
La inscripción en el padrón municipal: Es prueba de residencia legal en España para los extranjeros. No es prueba de residencia legal en España para los extranjeros. No se exige a los extranjeros.
Según el art. 17.5 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, ¿quién elabora el padrón de españoles residentes en el extranjero? El Ministerio de Interior, en colaboración con las Embajadas y Consulados. La Administración General del Estado, en colaboración con los Ayuntamientos y Administraciones de las Comunidades Autónomas. El Ministerio de Asuntos Exteriores, en colaboración con los Ayuntamientos.
¿Cuál es la naturaleza del padrón municipal? Es un registro privado. Es un registro administrativo. Es un registro secreto.
¿Cuál de los siguientes datos no es obligatorio que conste en el Padrón municipal? El número de teléfono. La nacionalidad. El certificado o título académico que se posea.
¿Qué es el término municipal? El territorio donde el ayuntamiento ejerce sus competencias. El territorio edificado de un municipio. El territorio urbano de un municipio.
El Consejo de Empadronamiento es un órgano adscrito al Ministerio: De Justicia. De Economía y Hacienda. Del Interior.
El Consejo de Empadronamiento estará presidido por: El Presidente del INE El Ministro de Economía y Hacienda El Alcalde.
Son vecinos: Los españoles menores de edad y los extranjeros que residan habitualmente en el término municipal. Los españoles menores de edad y los extranjeros que no residan habitualmente en el término municipal. Ninguna es correcta.
¿A quién le corresponde dirigir y mantener el orden de los debates en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid?: Al Presidente del Pleno. Al Secretario General del Pleno. Al Coordinador General del Pleno.
Las sesiones constitutivas son: Celebradas por el alcalde a convocatoria de la Junta de Gobierno Local dentro de los 10 días siguientes. Celebradas por la Junta de Gobierno Local, a convocatoria del Alcalde o Presidente, dentro de los 10 días siguientes. Celebradas por el Presidente a convocatoria de la Junta de Gobierno Local dentro de los 10 días siguientes.
Como se llaman las votaciones que se manifiestan por signos convencionales de asentimiento, disentimiento o abstención: Ordinarias. Secretas. Nominales.
Es obligatorio celebrar sesiones ordinarias del Pleno cada mes: En los Municipios de hasta 5.000 habitantes. En los Municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales. En los Municipios de población entre 5.001 habitantes y 20.000.
Como se llama la Propuesta que se somete al Pleno relativa a un asunto incluido en el orden del día que acompaña a la convocatoria. Con parte expositiva o justificación y un acuerdo a adoptar: Monción. Dictamen. Proposición.
Según el principio de publicidad las Sesiones del Pleno serán: Las Sesiones del Pleno serán secretas. Las Sesiones del Pleno serán siempre públicas, tanto el debate como la votación. Las Sesiones del Pleno son públicas.
¿En qué municipios existe la Junta de Gobierno Local? En todos los Ayuntamientos. Existe en todos los municipios que cuenten con más de 5.000 habitantes. Existe en todos los municipios que cuenten con más de 10.000 habitantes.
¿Cuáles de los siguientes órganos existen en todos los ayuntamientos? El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno. El Alcalde, la Junta de Gobierno Local y el Pleno. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Junta de Gobierno Local y el Pleno.
Los elementos que componen el municipio son: Territorio, población y concejales. Territorio, población y organización. Territorio, organización y funcionario/as.
Los Concejales serán elegidos mediante sufragio: Universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la Ley. Universal, igual, libre, directo y secreto, mediante un sistema proporcional. Universal, igual, libre, proporcional y secreto, en la forma establecida en sus Reglamentos.
Según el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (LBRL), corresponde al Pleno del Ayuntamiento: La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. Aprobar la oferta de empleo público.
Los Tenientes de Alcalde: Pueden ejercer por delegación cualquier competencia del Alcalde. Existen en los municipios de población superior a 5.000 habitantes cuando así lo establezca su Reglamento Orgánico. Existen en todos los Ayuntamientos.
La cesión por cualquier título del aprovechamiento de bienes comunales deberá ser acordada por el Pleno de la Corporación, requiriéndose: El voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros. El voto favorable de la mayoría simple del número legal de miembros. El voto favorable de las dos terceras partes del número legal de miembros.
Estarán sujetos a concesión administrativa: El uso privativo de bienes de dominio público. El uso anormal de los mismos. Las opciones a) y b) son correctas.
El patrimonio de las Entidades Locales estará constituido por: El conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenezcan. El conjunto de bienes y derechos que no les pertenezcan. El conjunto de acuerdos, bienes, derechos y acciones que les pertenezcan.
¿De qué forma define el ROF 2568/1986 una "proposición"? Propuesta sometida al Pleno tras el estudio del expediente por la Comisión Informativa. Contiene una parte expositiva y un acuerdo a adoptar. Propuesta que se somete al Pleno relativa a un asunto, que no ha sido previamente informado por las Comisiones Informativas, e incluido en el orden día del día por razones de urgencia. Propuesta de modificación sobre un dictamen presentada por cualquier miembro, mediante escrito presentado al Presidente.
De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto del funcionamiento de los registros electrónicos generales, se establece que, concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidos: En el plazo máximo de los tres días siguientes. En el plazo que se especifique en la disposición de creación del registro electrónico correspondiente. Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. La validez de los actos de las Administraciones Públicas quedará demorada cuando esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. Las dos respuestas anteriores son correctas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo en el que la Administración debe notificar la resolución expresa se contará: En los procedimientos iniciados de oficio o a solicitud del interesado, desde la fecha del acuerdo de iniciación del procedimiento. En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. Desde la fecha en que el acuerdo de iniciación tenga entrada en el registro electrónico del órgano competente para resolver.
En relación con los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, el artículo 91 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que: Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es favorable a la indemnización del particular. Transcurridos tres meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.
De acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: Las personas jurídicas. Las personas físicas. Los ciudadanos de otros estados miembros de la Unión Europea.
Según el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso administrativo: Suspende la ejecución del acto impugnado. No suspende la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario. Suspende la ejecución del acto impugnado, salvo que una disposición establezca lo contrario.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 103 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la ejecución de determinados actos, se podrán imponer multas coercitivas en alguno de los siguientes supuestos: Actos cuya ejecución no pueda el obligado encargar a otra persona. Actos personalísimos que no puedan ser objeto de una sanción administrativa. Actos en que, procediendo la compulsión directa sobre la persona del obligado, la Administración no la estimara conveniente.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto de la obligación de la Administración de dictar resolución expresa en todos los procedimientos: El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. El plazo máximo establecido por la norma reguladora del correspondiente procedimiento para notificar la resolución expresa, no podrá exceder de tres meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para notificar la resolución expresa, éste será de seis meses.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto de la notificación de las resoluciones y actos administrativos: Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución. Las notificaciones que no contengan el texto íntegro del acto surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado interponga cualquier recurso que proceda. Las dos respuestas anteriores son correctas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son nulos de pleno derecho los siguientes actos: Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Las dos respuestas anteriores son correctas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo: La Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. La Administración acordará sin más trámite el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. La Administración dictará la resolución que declare la caducidad, contra la cual no cabrá recurso alguno.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la resolución de un recurso administrativo: Se deberá estimar en todo o en parte, o desestimar las pretensiones formuladas en el mismo o declarar su inadmisión. Únicamente se podrá decidir sobre las cuestiones de fondo que hayan sido alegadas por los interesados. Se deberá ser congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, aunque pudiera agravarse su situación inicial.
Establece el artículo 98 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que serán inmediatamente ejecutivos los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo, salvo que: Se trate de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas. Se trate de una resolución de un procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial, contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición. Una disposición establezca lo contrario.
De conformidad con el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el registro electrónico de cada Administración u Organismo garantizará la constancia, en cada asiento que se practique de: Un número, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. Un número, fecha y hora de su presentación y órgano administrativo al que se envía, y, en todo caso, referencia al contenido del documento que se registra. Al ser un registro electrónico, no es necesario garantizar su constancia.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación, en los siguientes casos: Cuando el domicilio de los interesados radique fuera del ámbito territorial de la administración que realiza la notificación. Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la individualmente realizada. Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta.
De conformidad con el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas tienen Derecho: A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de una dirección de correo electrónico. A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración a partir del 2 de abril de 2022 de acuerdo con la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados: Las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado. Las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el interesado que figure en primer término. Las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que figure en primer término.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. Si el escrito de iniciación de un procedimiento se hubiera formulado por dos o más interesados: El desistimiento afectará a todos los interesados que figuren en el escrito de iniciación. La renuncia sólo afectará a aquellos interesados que la hubiesen formulado. Tanto el desistimiento como la renuncia sólo afectarán al interesado que figure en primer término.
El Titulo I de la Ley 39/2015, de 1 octubre se denomina: Los interesados en el procedimiento. Registros electrónicos. Capacidad de obrar.
¿Dónde se regulan los términos y plazos en el procedimiento administrativo? En el capítulo IV del Titulo II de la Ley 39/2015. En el capítulo I del Titulo I de la Ley 39/2015. En el capítulo II del Titulo II de la Ley 39/2015.
¿Contempla la Ley 39/2015 la posibilidad de otorgar eficacia retroactiva? No, en ningún caso. Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos convertidos. Excepcionalmente, si se dictan sustituyendo actos que han sido anulados.
Los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, se encuentran reguladas en la ley 39/2015, de 1 de octubre, en su artículo: 13 16 15.
¿Qué edad mínima se establece para la práctica de las notificaciones en papel, cuando las mismas son entregadas en el domicilio del interesado, haciéndose cargo cualquier persona que se encuentre allí y haga constar su identidad? 14 años. 18 años. 21 años.
En los casos de notificaciones infructuosas, las Administraciones podrán publicar un anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid o de la Provincia, en el tabón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente, siempre de modo: Preceptivo. No vinculante. Facultativo.
Qué ocurre si, transcurrido tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión, no se dicta resolución? Se entiende estimado. Se entiende desestimado. Se puede interponer de nuevo otro recurso extraordinario de revisión.
Aquellos actos que tengan un contenido imposible: Serán anulables. Podrán ser convalidados. Serán nulos de pleno derecho.
Un acto administrativo por inactividad de la Administración se considera un acto: Presunto. Expreso. Complejo.
Cuando un día sea hábil donde resida el interesado, pero inhábil en la sede del órgano, tal día se computará como: Hábil en todo caso. Inhábil en todo caso. Ninguna es correcta.
Contra el acuerdo que amplía el plazo máximo para resolver y notificar un procedimiento administrativo cabe: Recurso de reposición. Recurso de alzada. No cabe recurso.
La ampliación al procedimiento de la tramitación de urgencia supone la reducción a la mitad de los establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a: Solicitudes y recursos. Alegaciones. Pruebas.
Uno de los siguientes no es un medio de ejecución forzosa regulado en la Ley 39/2015: Apremio sobre el patrimonio. Compulsión sobre las personas. Sanción disciplinaria.
La desestimación por silencia administrativo: Tiene los solos efectos de permitir a los interesados interponer recurso administrativo o contencioso-administrativo. Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. No permite interponer recurso administrativo.
El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento que no podrá exceder de: 1 año. 6 meses. 3 meses.
De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cada Administración dispondrá de: Un Registro de asistencia para la Administración Electrónica. Un Registro Electrónico General. Un Registro General que podrá ser electrónico o no.
La duración del periodo de prueba en el procedimiento administrativo: No será superior a 30 días, ni inferior a 10 días. Tendrá una duración de 15 días. Deberá ser inferior a 30 días.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto que una norma reglamentaria establezca lo contrario. El sentido del silencio administrativo será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones: Aquellas en las que el acto a notificar sea una resolución administrativa de la que nazca una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, multa o cualquier otro derecho que haya de abonarse a la Hacienda pública. Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico. Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta: Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio. La Administración no podrá desistir en ningún caso de los procedimientos iniciados de oficio. Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ponen fin al procedimiento administrativo: La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la prescripción. La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad. Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta.
De acuerdo con el artículo 30 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: La declaración de un día como inhábil a efectos de cómputo de plazos determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de las mismas. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos determina el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo y el régimen de jornada y horarios de las mismas. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de las mismas.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta: Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. En la interposición de un recurso administrativo, aquellos vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado. Contra las disposiciones administrativas de carácter general se podrá interponer recurso en vía administrativa.
De conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición del recurso extraordinario de revisión deberá interponerse: Dentro de los cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada, cuando la circunstancia sea, que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. Dentro de los cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada, cuando la circunstancia sea que, al dictar la resolución, se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. Dentro de los seis meses siguientes a contar desde que la sentencia judicial quedó firme, cuando la circunstancia sea que, en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el derecho al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico, se encuentra recogido en: El artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De conformidad con el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas tienen Derecho: A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Empresas Públicas. A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con el Sector Público Institucional.
De conformidad con el artículo 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Las Administraciones Públicas requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: Para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo. Para presentar declaraciones responsables o comunicaciones. Exclusivamente para formular solicitudes e interponer recursos.
¿Cuál NO es una forma de revisión de oficio? Recurso de reposición. Declaración de lesividad. Revisión de actos nulos.
El recurso contencioso-administrativo en materia electoral se interpone... Ante la Sala correspondiente del Tribunal de Justicia de la CC.AA. Ante el Órgano de la Administración de Justicia. Ante la Junta Electoral que corresponda.
El recurso contencioso-administrativo se interpondrá mediante: Todas son falsas. Escrito. Comparecencia.
Cuando el demandante desista del recurso contencioso-administrativo, el órgano judicial dictará: Sentencia. Decreto. Diligencia de ordenación.
¿Qué rango tiene la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres?: Ley ordinaria. Ley de bases. Ley orgánica. .
El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, dice que: Las mujeres y los hombres son iguales ante la ley. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta. Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. .
Según dispone el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda persona: Jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español. Física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español. Física, que se encuentre o actúe en territorio español. .
Según el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición por discriminación por razón de sexo: Todos los españoles. Todas las personas. Sólo los españoles.
Según el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de…: La maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. La maternidad, la paternidad, las obligaciones familiares y el estado civil. La paternidad y el estado civil. .
Según el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio: Informador. Fundamental Sustancial. .
Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿cómo se considera la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable?: Discriminación directa por razón de sexo. Discriminación indirecta por razón de sexo. Acción positiva. .
Según dispone el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, a qué concepto corresponde que la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro: Discriminación indirecta por razón de sexo. Discriminación directa por razón de sexo. Acción positiva. .
Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, se define como: Agresión sexual. Acoso sexual. Violencia sexual. .
Según el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la discriminación por embarazo o maternidad se considera: Discriminación indirecta. Discriminación directa o indirecta. Discriminación directa. .
Según dispone el artículo 10 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán: Nulos y sin efecto. No nulos. Anulables. .
Según el artículo 10 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean: Reales, efectivas y no proporcionadas al perjuicio sufrido. Reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido. Reales, no efectivas y no proporcionadas al perjuicio sufrido. .
Según dispone el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. De qué tipo de acción se trata: Acciones positivas. Acciones negativas. Acciones directas. .
Según dispone el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, respecto a los procesos que versen sobre la defensa de la tutela judicial efectiva, corresponde a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, la capacidad y legitimación para intervenir en los procesos: Civiles y sociales. Civiles y contencioso-administrativos. Civiles, sociales y contencioso-administrativos. .
Según el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo: Estará legitimada cualquier persona que conozca los hechos. La persona demandada será la única legitimada. La persona acosada será la única legitimada. .
Según dispone el artículo 15 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará la actuación de todos los Poderes Públicos con carácter: Primordial. Ejemplar. Transversal. .
Según el artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿quién aprobará periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades?: Las Cortes. el Rey. El Gobierno.
Según el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿quién debe incorporar un informe sobre el impacto por razón de género?: Los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística. La a y la c son correctas. Los proyectos de disposiciones de carácter general. .
Según dispone el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, a fin de hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en el sector agrario, ¿qué figura jurídica desarrollarán el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales?: La de la acción positiva. La de la transversalidad. La de la titularidad compartida.
Según dispone el artículo 41 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la publicidad que comporte una conducta discriminatoria será una publicidad: Ilícita. De igualdad. Discriminatoria. .
El contrato de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida es: Un contrato de suministros. Un contrato de servicios. Un contrato excluido.
Es un contrato de suministro: Aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomienda a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia. Los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. Los que tienen por objeto la construcción de un bien mueble o inmueble.
¿Qué tipo de servicios no podrán prestarse en ningún caso mediante contrato de concesión de servicios? Los contratos de servicios informáticos. Los que impliquen ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos. Los que no impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.
Los contratos del sector público podrán estar sometidos a un régimen jurídico de: Derecho administrativo o de derecho privado. Preferentemente de derecho administrativo, y supletoriamente de derecho privado. Únicamente de derecho administrativo.
Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan: Temporalmente al efecto, siendo necesario la formalización de las mismas en escritura pública. Temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. Con carácter permanente, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública incluso cuando se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.
La resolución de adjudicación de un contrato del sector público deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de: 10 días. 15 días 20 días.
Cuando para la adjudicación de un contrato del sector público deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o utilizándose un único criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de: Dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas generales. Dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 15 días, a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, NO tendrán la consideración de Administraciones Públicas las siguientes entidades: Las Entidades que integran la Administración Local. Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social. Los fondos sin personalidad jurídica.
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿cuál de los siguientes contratos celebrados por una Administración Pública NO tiene carácter administrativo? Los contratos de obra, concesión de servicios y suministro. Aquellos cuyo objeto sea la suscripción a bases de datos. Los contratos tendrán carácter administrativo cuando sean declarados así expresamente por una Ley.
De acuerdo con el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se consideran contratos menores: Los contratos de valor estimado inferior a 15.000 euros cuando se trate de contratos de suministro. Los contratos de valor estimado superior a 15.000 euros cuando se trate de contratos de servicios. Los contratos de valor estimado igual o inferior a 15.000 euros cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
De acuerdo con el artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos: Cuya adjudicación sea preciso acelerar. Cuya celebración responda a una necesidad inaplazable. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos.
De acuerdo con el artículo 150 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación adjudicará el contrato: Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. Dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
De acuerdo con el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras cuando se cumpla, entre otras, con la siguiente condición: Que su valor estimado sea igual o inferior a 1.000.000 de euros. Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros. Que su valor estimado sea igual o inferior a 3.000.000 de euros.
De acuerdo con el artículo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son obras de rehabilitación: Aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y dotándola de una nueva funcionalidad que sea compatible con los elementos y valores originales del inmueble. Las necesarias para enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales. Aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad.
De acuerdo con el artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas: Dentro del plazo de un mes contado a partir de la recepción de las obras. Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción de las obras. Dentro del plazo de seis meses contados a partir de la recepción de las obras.
De acuerdo con el artículo 245 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, NO es causa de resolución del contrato de obras: La demora injustificada en la comprobación del replanteo. La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. La suspensión de las obras por un plazo de 6 meses por parte de la Administración.
Para acreditar la solvencia: El empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. El empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, siempre que acredite la vinculación jurídica con un documente notarial y demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. El empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, debiendo acreditar la vinculación con copia del correspondiente contrato, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar.
Los costes asociados a las amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de estructura y de beneficio industrial: Solo serán revisables si el plazo de recuperación de la inversión es superior a 5 años Sólo se consideran revisables en los contratos de concesión de obra publica y de concesión de servicios, si han trascurrido mas de 5 años desde la firma del contrato. No se consideran revisables en ningún caso.
La garantía definitiva no responderá de los siguientes conceptos: De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153. De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la presente Ley. De las cantidades adeudadas a subcontratistas con motivo de la ejecución del contrato.
De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son contratos de suministro: Los que tengan por objeto la fabricación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o transformada. Los de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida. .
De acuerdo con el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se consideran contratos menores de obras: Los de precio de adjudicación inferior a 15.000 euros. Los de valor estimado inferior a 15.000 euros. Los de valor estimado inferior a 40.000 euros.
NO es una prerrogativa del órgano de contratación según lo establecido en el artículo 190 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: Interpretar los contratos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Formalizar el contrato antes de su adjudicación. Suspender la ejecución del contrato.
Elija la respuesta correcta en relación con la división en lotes del objeto del contrato: Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. El órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, sin necesidad de justificarlo sea cual sea el tipo de contrato. Ninguna es correcta.
Seleccione la respuesta correcta. El valor estimado de los contratos: En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, incluye el importe total sin incluir el IVA, pagadero según sus estimaciones, y sin tener en cuenta las posibles prórrogas. En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, incluye el importe total sin incluir el IVA, pagadero según sus estimaciones, y teniendo en cuenta las posibles prórrogas. En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, incluye el importe total más el IVA, pagadero según sus estimaciones. .
Según la actual Ley de Contratos del Sector Público, la garantía provisional: Es obligatoria en todo caso. No procederá su exigencia, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente. Se devolverá a los licitadores participantes una vez finalizada la ejecución del contrato.
En cuanto a la preferencia en la ejecución de garantías constituidas en los contratos celebrados con las Administraciones Públicas: Para hacer efectivas las garantías, tanto provisionales como definitivas, la Administración contratante tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título del que derive su crédito Cuando la garantía no sea bastante para cubrir las responsabilidades a las que está afecta, la Administración procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las normas de recaudación. Las dos son correctas.
En qué momento se puede modificar el pliego de condiciones técnicas particulares: Con anterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación. Sólo podrán ser modificados con posterioridad en caso de error material, de hecho o aritmético. Ambas son correctas.
En relación con la publicación del anuncio de licitación de un contrato incoado por una administración local: En todo caso, sea cual sea el procedimiento utilizado, se publicará en el perfil del contratante En todo caso se publicará en el perfil del contratante y en el BOE Ninguna es correcta .
¿Quién se encarga de calificar la documentación, proceder a la apertura y examen de las proposiciones presentadas y formular la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación, una vez ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la selección del adjudicatario? La Junta de Gobierno Local La Mesa de Contratación El Pleno.
Con relación al deber de conservación y según el artículo 168 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta? Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones mínimas de seguridad, salubridad, accesibilidad, ornato público y decoro. La respuesta a y c son correctas. Cuando el Ayuntamiento ordene o imponga al propietario la ejecución de obras de Conservación o rehabilitación que excedan del límite del contenido normal de aquel, este último deberá sufragar el exceso.
Según el literal del artículo 170 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, ¿cuál de estas afirmaciones con relación a las órdenes de ejecución no es correcta? Los Ayuntamientos podrán dictar órdenes de ejecución de obras de reparación o conservación y rehabilitación de edificios y construcciones deterioradas o en condiciones deficientes para su uso efectivo legítimo. Los Ayuntamientos estarán habilitados, además, para dictar órdenes de ejecución de obras de mejora en toda clase de edificios para su adaptación al ambiente. Si la orden de ejecución afecta a bienes regulados en la legislación de patrimonio histórico artístico, deberán ser autorizadas las obras por la Consejería competente en esta materia.
Según el artículo 197 de la Ley del Suelo, de la Comunidad de Madrid, el Alcalde dispondrá la suspensión de la eficacia de una licencia u orden de ejecución y, consiguientemente, la paralización o el cese inmediato de los actos de edificación o usos del suelo iniciados o desarrollados a su amparo, cuando el contenido de aquéllos actos administrativo constituya manifiestamente: Una infracción urbanística. Una infracción urbanística grave o muy grave. Una infracción urbanística muy grave.
El procedimiento de revisión previsto en el artículo 199 de la Ley del Suelo, de la Comunidad de Madrid, cuando el contenido de la licencia u orden de ejecución constituya o legitime alguna infracción urbanística grave o muy grave definida en la citada Ley: Será independiente a todos los efectos del de carácter sancionador. Incluirá la sanción que corresponda. Será independiente a todos los efectos del de carácter sancionador en las infracciones graves, e incluirá la sanción en las infracciones muy graves.
Conforme al artículo 152 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, con relación a la intervención municipal en los actos del suelo, ¿cuál de estas afirmaciones no es correcta? Se circunscribe estrictamente a la comprobación de la integridad formal y la suficiencia legal del proyecto técnico con arreglo al cual deban ser ejecutadas las obras, así como de la habilitación legal del autor o los autores de dicho proyecto y de la conformidad o no de lo proyectado o pretendido a la ordenación urbanística vigente de pertinente aplicación. Se produce sin perjuicio del derecho de propiedad sobre el bien inmueble afectado y de los derechos de terceros. La falta de resolución expresa y notificación dentro de plazo tendrá efectos desestimatorios, salvo en los supuestos expresamente previstos en la presente Ley.
Según el artículo 202 de la Ley del Suelo, de la Comunidad de Madrid, una acción u omisión tipificada como infracción urbanística podrá dar lugar a la adopción de alguna de las medidas siguientes: La iniciación del procedimiento contradictorio de declaración de ruina por incumplimiento del deber de conservación hasta el límite establecido en la propia Ley. La iniciación del procedimiento de suspensión y revocación o anulación del acto administrativo en el que presuntamente pudiera ampararse la actuación ilegal. Las dos son correctas. .
Conforme a lo previsto en el artículo 217 de la Ley del Suelo, de la Comunidad de Madrid, quienes realicen obras de urbanización en contra del uso que corresponda al suelo en el que se ejecuten serán sancionados: Con multa del 15 al 25 por 100 del valor de la obra proyectada. Con multa del 25 al 50 por 100 del valor de la obra proyectada. Con multa igual al valor de la obra proyectada. .
Según el artículo 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, la orden de legalización en los actos de edificación ya finalizados no podrá emitirse una vez transcurridos: Dos meses desde la total finalización de las obras realizadas sin licencia u orden de ejecución. Cuatro años desde la total finalización de las obras realizadas sin licencia u orden de ejecución. Dos años desde la total finalización de las obras realizadas sin licencia u orden de ejecución.
De conformidad con lo previsto en el artículo 168 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Presupuesto de la Entidad Local será formado por su Presidente. ¿Cuál de estos documentos no habrá de unirse al citado Presupuesto? Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente. Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a tres meses del ejercicio corriente. Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.
De conformidad con lo previsto en el artículo 174 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para adquirir compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, en el supuesto de gastos por inversiones y transferencias de capital, el número de ejercicios a los cuales pueden aplicarse dichos gastos no será superior a: Tres años. Cuatro años. Cinco años.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el plan de disposición de fondos de la tesorería, al que habrá de acomodarse la expedición de órdenes de pago, deberá recoger en todo caso: la prioridad de los gastos corrientes y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. La prioridad de los gastos corrientes y de personal. La prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 216 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el supuesto de que el órgano interventor formalizará una nota de reparo que se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos a favor de las entidades locales o sus organismos autónomos: En ningún caso se suspenderá la tramitación del expediente. Se suspenderá la tramitación del expediente hasta que el reparo sea solventado. En el supuesto de reconocimiento de derechos se suspenderá la tramitación del expediente, y en el supuesto de liquidación de derechos se continuará el mismo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 170 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tendrán legitimidad activa para reclamar administrativamente contra la aprobación de un Presupuesto de una entidad local: Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local y los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local, y además los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que le son propios. Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local, siempre que resulten directamente afectados, y además los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que le son propios. Únicamente los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que le son propios.
De conformidad con lo previsto en el artículo 180 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no se podrán incrementar mediante transferencias de crédito, los créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a: Créditos por operaciones de capital. Créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de derechos afectados. Créditos de personal. .
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ¿en qué fecha las entidades locales remitirán copia de la liquidación de sus presupuestos a la Administración del Estado y a la comunidad autónoma? Antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda. Antes del mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda. Antes de finalizar el mes de junio del ejercicio siguiente al que corresponda.
Al presupuesto de las entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en el art. 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 18 del RD 500/90, una vez formado por su presidente, se le unirá la siguiente documentación: memoria explicativa de su contenido; liquidación del ejercicio anterior y anexo del personal de la entidad local. memoria explicativa de su contenido; liquidación del ejercicio anterior; anexo del personal de la entidad local y anexo de las inversiones a realizar. memoria explicativa; liquidación del ejercicio anterior y avance del corriente; anexo del personal de la entidad local; anexo de las inversiones a realizar; anexo de beneficios fiscales; anexo relativo a los convenios suscritos y un informe económico-financiero.
La prórroga presupuestaria viene regulada en: art. 168 del RDL 2/2004 art. 169 del RDL 2/2004. art. 171 del RDL 2/2004.
La estructura presupuestaria de las entidades locales fue aprobada por la orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, modificada por: orden HAP/419/2014, de 14 de marzo. orden HAP/422/2014, de 14 de marzo. orden HAP/414/2014, de 14 de marzo.
Desde el punto de vista de la orden presupuestaria vigente, los gastos se clasifican en: orgánica y económica. orgánica, por programa y económica. orgánica y por programa.
Los gastos por operaciones corrientes lo constituyen los siguientes capítulos: capítulo 1; capítulo 2; capítulo 3 y capítulo 6. capítulo 1; capítulo 2; capítulo 3; capítulo 4 y capítulo 5. capítulo 1; capítulo 2; capítulo 3 y capítulo 7.
El fondo de contingencia y otros imprevistos corresponde al capítulo: capítulo 1 capítulo 2 capítulo 5.
Los créditos del presupuesto de gastos podrán encontrarse conforme al art. 30 del RD 500/90 en las siguientes situaciones: créditos disponibles; créditos retenidos pendientes de utilización y créditos no disponibles. créditos utilizados pendientes de liquidar; créditos disponibles y créditos no disponibles. créditos ampliables; créditos transferibles y créditos no disponibles.
Son modificaciones cualitativas, es decir, aquellas que no alteran el importe total del presupuesto de gastos, las siguientes: créditos extraordinarios y suplementos de crédito. transferencias de crédito y ampliaciones de crédito. transferencias de crédito; créditos extraordinarios y suplementos de créditos financiados con bajas por anulación de otros créditos.
Los créditos extraordinarios y suplementos de créditos se financian indistintamente con alguno o algunos de los siguientes recursos: con cargo al remanente de tesorería y bajas por anulación. con cargo al remanente líquido de tesorería; con nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados y mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones presupuestarias. con nuevos ingresos e ingresos extraordinarios.
Las fases de ejecución del presupuesto de gastos son: retención de créditos; autorización y compromiso de gastos. autorización; compromiso o disposición del gasto y ordenación del pago. autorización; disposición o compromiso del gasto; reconocimiento de la obligación y ordenación de pago.
Las fases de ejecución del presupuesto de ingresos son: compromiso de ingreso y liquidación de los derechos. compromiso de ingreso y cobro material. compromiso de ingreso; reconocimiento y liquidación de los derechos e ingreso material o cobro.
De acuerdo con la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales los impuestos directos se contabilizan en el: Capítulo 1 de ingresos. Capítulo 2 de ingresos menos las tasas que se contabilizan en el capítulo 4. Capítulo 2 de ingresos menos los precios públicos que se contabilizan en el capítulo 4. .
De acuerdo con la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales en el presupuesto de gastos los seguros sociales a cargo de la empresa se contabilizan en el: Capítulo 1. Capítulo 3. Capítulo 7.
De acuerdo con el artículo 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ¿cuál es la fecha límite para que el presidente de la Entidad remita al Pleno el proyecto de presupuestos? Antes del 1 de enero del año siguiente. Antes del 31 de diciembre del año corriente. Antes del 15 de octubre del año corriente.
En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las entidades locales, la prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes: Que sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. Que se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente. Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos no sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante.
Están sujetos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles los inmuebles propiedad de los municipios que estén enclavados en: Los de dominio público no afectos a uso público. Los de dominio público no afectos a un servicio público gestionado directamente por el ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación. Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante contraprestación.
La contraprestación pecuniaria por aprovechamiento especial del dominio público local se denomina: Impuesto directo. Tasa. Precio público.
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es: Un impuesto de carácter indirecto. Un tributo de carácter directo. Un impuesto mixto.
Constituye el hecho imponible del Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) la titularidad de los siguientes derechos: De una concesión administrativa y de un derecho real de superficie. De un derecho real de usufructo y del derecho de propiedad. a y b son correctas.
Conforme a lo previsto en el artículo 21 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales ¿por cuál de estos servicios las entidades locales no pueden exigir tasas? Protección Civil. Servicios de prevención y extinción de incendios. Matrimonios en forma civil.
Conforme a lo previsto en el artículo 30.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se consideran personas especialmente beneficiadas en las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles: Sus propietarios. Sus propietarios, arrendatarios o usufructuarios. Sus propietarios y las aseguradoras de los bienes inmuebles afectados.
Conforme a lo previsto en el artículo 47.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las entidades locales podrán atribuir a sus organismos autónomos la fijación de los precios públicos, por ella establecidos, correspondientes a los servicios a cargo de dichos organismos: Siempre que los precios sean inferiores a su coste. Salvo cuando los precios no cubran su coste. Independientemente de su coste.
De conformidad con el artículo 62 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ¿qué inmuebles estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, previa solicitud? Los de la Cruz Roja Española. La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate. Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada.
De conformidad con el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ¿cuál de estos impuestos es un tributo indirecto? Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Impuesto sobre vehículos de Tracción mecánica.
Conforme a lo previsto en el artículo 107 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, sobre el valor del terreno en el momento del devengo se aplicará el porcentaje anual que determine cada ayuntamiento, sin que aquel pueda exceder de los límites siguientes: periodo de hasta 10 años: 0,14. periodo de hasta 10 años: 0,12 periodo de hasta 10 años: 0,13.
Conforme a lo previsto en el artículo 24.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local: El beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, no estará nunca obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación, ni al depósito previo de su importe. El beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe. El beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, solo estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación, pero no al depósito previo de su importe. .
Conforme a lo previsto en el artículo 46 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ¿las entidades pueden exigir el depósito previo del importe de un precio público? No es posible exigir el depósito previo del importe de un precio público. Se puede exigir el depósito previo de hasta un cincuenta por ciento del importe del precio público. Se puede exigir el depósito previo del importe total o parcial del precio público. .
De conformidad con el artículo 82 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, referido al Impuesto de Actividades Económicas, de los supuestos de exenciones enumeradas, ¿cuál tendrá el carácter rogado y se concederá, cuando proceda, a instancia de parte? Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados. Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de tratados o convenios internacionales. Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistenciales y de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.
De conformidad con el artículo 92 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ¿en qué caso no estarían sujetos al impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica? Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos. Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.
Las entidades locales podrán establecer tasas por: Limpieza de la vía pública. Vigilancia especial de los establecimientos que lo soliciten. Alumbrado de vías públicas.
La obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local, por las entidades respectivas, constituye el hecho imponible de: Las tasas. Las contribuciones especiales. Las respuestas anteriores son incorrectas.
Las cantidades recaudadas por contribuciones especiales: Sólo podrán destinarse a sufragar los gastos de la obra o del servicio por cuya razón se hubiesen exigido. No podrán destinarse a sufragar los gastos de la obra o del servicio por cuya razón se hubiesen exigido. Podrán destinarse a sufragar cualquier gasto.
La base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como máximo: Por el 70 por 100 del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. Por el 80 por 100 del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. Por el 90 por 100 del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.
La obligación de pagar un precio público: Nace desde que se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, si bien las entidades podrán exigir el depósito previo de su importe total o parcial. Nace al finalizar la prestación del servicio o la realización de la actividad. Nace desde que se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad y no existe la posibilidad de exigir el depósito previo de su importe total o parcial.
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: Es un tributo indirecto que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría. Es un tributo directo que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos o no aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría. Es un tributo directo que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.
Están exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles: Los bienes comunales. Los bienes de la Cruz Roja Española. Las dos respuestas anteriores son correctas.
En cuanto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles: Se devengará el primer día del período impositivo, coincidiendo el período impositivo con el año natural. Se devengará el último día del período impositivo, coincidiendo el período impositivo con el año natural. Las respuestas anteriores son incorrectas.
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: Se devenga una vez iniciada la construcción, instalación u obra, siempre que se haya obtenido la correspondiente licencia. Se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. Se devenga en el momento de finalizar la construcción, instalación u obra, siempre que se haya obtenido la correspondiente licencia.
La gestión, liquidación, inspección y recaudación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: Corresponde al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo. Corresponde al ayuntamiento de la localidad donde se fabricó el vehículo. Corresponde al ayuntamiento de la localidad donde se matriculó el vehículo.
¿Cuál es el objeto de la Ley 19/2013, de Transparencia y Buen Gobierno, expuesto en su artículo 1? Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública. Regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a la actividad pública. Ambas son correctas.
De los siguientes Entes, selecciona aquel que no sea considerado como Administración Pública conforme a la Ley 19/2013: Agencias Estatales. Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquier Administración Pública. El Congreso de los Diputados.
¿Qué obligaciones sobre transparencia le confiere la Ley 19/2013, de Transparencia y Buen Gobierno, a las Entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social? Las sometidas en el Capítulo I y II del Titulo I de la Ley 19/2013, referidas a Publicidad Activa y Acceso de Archivos y Expedientes respectivamente. Las sometidas en el Capítulo II y III del Titulo I de la Ley 19/2013, referidas a Publicidad Activa y Derecho de Acceso a la información pública. Las sometidas en el Capítulo I y II del Titulo I de la Ley 19/2013, referidas a Publicidad Activa y Obligaciones del Buen Gobierno.
¿Cuál de los siguientes sujetos sólo estará sometido al cumplimento de las obligaciones previstas en la sección de Publicidad Activa, de acuerdo con la Ley 19/2013? Las asociaciones constituidas por las Administraciones Públicas. Organizaciones Sindicales. Las Entidades Públicas Empresariales.
Conforme al artículo 3.b de la Ley 19/2013 de Transparencia, ¿qué entidad estará obligada al cumplimiento de las obligaciones previstas sobre Publicidad Activa? Las Entidades Privadas que perciban durante el período de un año subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000€. Las Entidades Públicas que perciban al menos el 40% del total de sus ingresos anuales en carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como máximo la cantidad de 5.000€. Las Entidades Públicas o Privadas que perciban durante el periodo de un ejercicio natural ayudas o subvenciones públicas por un importe superior a 50.000€.
De la lectura del artículo 5 de la Ley de Transparencia y buen Gobierno, podemos deducir [Marca la opción correcta]: Los Partidos Políticos, publicarán de forma periódica y veraz la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad. La Casa Real, publicarán de forma actualizada, veraz y concisa la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad. Las Administraciones Locales, publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad.
De acuerdo con el artículo 5.4 de la Ley 19/2013, de Transparencia y Buen Gobierno: "La información sujeta a las obligaciones de transparencia serán publicada en... Las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible. Las correspondientes Boletines Informativos y de una manera veraz, estructurada y concisa. Las correspondientes Diarios Oficiales y de una manera clara, estructurada y veraz.
Artículo 6.2 de la Ley 19/2013, ¿quiénes estarán obligados a obligados a publicar sus planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos? Todos los sujetos mencionados en el artículo 2 de la Ley 19/2013. Tan solo los reconocidos como Administración Pública por la Ley 19/2013. Los reconocidos como Administración Pública por la Ley 19/2013, así como los Partidos Políticos, Organizaciones Sindicales y Organizaciones Empresariales.
Marca la opción correcta sobre las obligaciones que la ley 19/2013 marca a los distintos sujetos, en materia de transparencia: Todos los sujetos publicarán las directrices, acuerdos o respuestas planteadas por particulares u otros órganos en la medida que supongan una interpretación del Derecho. Las Administraciones Públicas publicarán los proyectos de Ley, cuando se soliciten dictámenes facultativos a órganos consultivos. Las Administraciones Públicas publicarán los documentos, que deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación.
Sobre la obligación de publicar información económica y estadística del artículo 8 de la Ley 19/2013: Todos los objetos publicarán la información relativa a los contratos menores de forma trimestral. Todas son correctas. Las Administraciones Públicas publicarán la relación de inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real.
¿De qué herramienta trata el artículo 10 de la Ley 19/2013, la cual se adecuará a los principios de accesibilidad, interoperabilidad y reutilización de la información? Carpeta Ciudadana. Portal de Transparencia. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
¿Cuál de los siguientes NO es limite al derecho del acceso de la información, tratado en le artículo 14 de la Ley 19/2013? La seguridad pública. La protección del medio ambiente. Cualquier otra que introduzca una norma con rango legal.
¿En qué casos debe ser motivada una solicitud de acceso a información, conforme al artículo 17 de la Ley 19/2013? Siempre. Nunca. Cuando se trate de información que afecte a terceros.
¿Por medio de que medios se puede realizar una solicitud de acceso a la información pública? Solo de forma electrónica. Por cualquier medio que permita su constancia. Por cualquier medio y siempre de forma motivada.
¿Cuál de estos motivos es una causa de inadmisión de una solicitud de acceso a la información? Que se refiera a información que este en curso de elaboración. Que este dirigida a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente. Todas son correctas.
¿Qué plazo se le concede al solicitante de una solicitud de acceso a información para que la subsane? Un plazo de cinco días, en caso de no hacerlo se le tendrá por desistido. Un plazo de diez días, en caso de no hacerlo se le tendrá por desistido. Un plazo de quince días, en caso de no hacerlo se le tendrá.
Si la información solicitada pudiera afectar a derecho o intereses de terceros, debidamente identificados, ¿qué plazo se les concederá para que puedan realizar las oportunas alegaciones? De diez días, en los cuales se podrá suspender el plazo para resolver. De diez días, circunstancia que debe ser notificado al solicitante. De quince días, los cuales suspenderán el plazo máximo para resolver.
¿En cuál de estos casos NO es necesaria la motivación de la resolución de una solicitud de acceso a información pública? Aquellas que se autoricen cuando haya habido oposición de terceros. Cuando la realice un órgano competente, distinto al que la solicito. Cuando se realice por una modalidad distinta a la solicitada.
¿Qué plazo concede la Ley 19/2013 de Transparencia y Buen Gobierno para la resolución de una solicitud de acceso de información? De dos meses a contar desde que la solicitud entro en el Registro. De dos meses a contar desde que la recepción de la solicitud por el órgano competente de resolver aplicable por otro mes. De un mes a contar desde que la recepción de la solicitud por el órgano competente de resolver aplicable por otro mes.
Trascurrido el plazo por la Ley 19/2013 para la resolución y notificación de una solicitud de acceso a la información sin que se haya dictado ni notificado resolución, ¿qué ocurre? Se entenderá desestimatoria, pudiendo interponer recurso potestativo de reposición frente al órgano que la dicto. Se entenderá desestimatoria, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo directamente. Se entenderá estimatorio, permitiendo resolver expresamente fuera de plazo confirmando el sentido del silencio.
De acuerdo con la lectura del artículo 21 de la Ley 19/2013, ¿de quién será competencia las resoluciones de las solicitudes de acceso en la administración local? El Alcalde o presidente de la corporación. El Pleno, se entiende por mayoría simple al no solicitar ninguna mayoría cualificada. Cada Administración Pública deberá identificar claramente quien debe conocer dichas solicitudes de acceso.
En el artículo 20.6 de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, marca que el linchamiento de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción, ¿de qué grado sería esta infracción? Leve. Grave. Muy grave.
Marca la opción correcta respecto la formalización de acceso a la información solicitada: Si existiendo oposición de terceros, se hubiera concedido el acceso, solo tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso o este haya sido resuelto. El acceso podrá suponer un coste para el interesado, cuando su consecución haya supuesto una reelaboración. El acceso se realizará preferentemente por vía electrónica, excepto en el único caso de que no sea posible.
¿Qué plazo concede la Ley 19/2013 de Transparencia, para la interposición del recurso frente al Consejo de Transparencia, de una resolución expresa o presunta? El plazo será de un mes. El plazo será de un mes, y de tres en caso de que sea presunta. El plazo será de dos meses, y en caso de que sea presunta el plazo quedará indefinidamente abierto.
Selecciona la respuesta correcta respecto al Consejo de Transparencia: En los recursos frente a este órgano, el plazo para resolver y notificar resolución será de tres meses, trascurrido el cual se entenderá desestimada El presidente del Consejo comunicará al Defensor del pueblo las resoluciones de este órgano Todas son correctas.
El derecho de acceso no podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: Los intereses económicos y comerciales. La política económica y monetaria La seguridad internacional.
Según el artículo 32 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿cuándo prescriben las sanciones impuestas por la comisión de infracciones graves?: Al año. A los dos años. A los tres años.
Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes de información: Que se refieran a información que no esté en curso de elaboración o de publicación general. La respuesta a y c son correctas. Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.
De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿cuál de los siguientes Principios técnicos a los que debe adecuarse el Portal de la Transparencia desarrollado por la Administración del Estado es incorrecto?: Accesibilidad. Reutilización. Usabilidad.
Según establece la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en su Título I, transparencia de la actividad pública, en cuanto al ámbito subjetivo de aplicación, las disposiciones de este Título se aplicarán a: Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades públicas. Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones. Las dos respuestas anteriores son correctas.
Los principios de buen gobierno establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se dividen en: Principios globales. Principios de actuación. Principios de ejecución.
Las personas comprendidas en el ámbito de aplicación del Título II, Buen Gobierno, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, observarán en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en la Constitución Española y en el resto del ordenamiento jurídico y promoverán el respeto a: Los derechos fundamentales y a las libertades públicas. Los derechos y a las libertades públicas. Los derechos públicos y a las libertades fundamentales.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene: Personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Actúa con autonomía y plena dependencia jerárquica en el cumplimiento de sus fines. Personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Actúa con autonomía y plena independencia jerárquica en el cumplimiento de sus fines. Personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines.
Según dispone el artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos estará auxiliada por: Un representante de la Administración General del Estado con experiencia en la materia, propuesto por el Ministerio de Justicia. Dos expertos propuestos por las organizaciones sindicales más representativas. Un adjunto en el que podrá delegar sus funciones, a excepción de las relacionadas con los procedimientos regulados por el Titulo VIII de esta ley orgánica, y que la sustituirá en el ejercicio de las mismas.
Según dispone el artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, la entidad que mantenga el sistema de información crediticia con datos relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito deberá notificar al afectado la inclusión de tales datos y le informará sobre la posibilidad de ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 dentro de: Los diez días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, permaneciendo bloqueados los datos durante ese plazo. Los treinta días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, permaneciendo bloqueados los datos durante ese plazo. Los quince días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, permaneciendo bloqueados los datos durante ese plazo.
Según dispone el artículo 65 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, la decisión sobre la admisión o inadmisión a trámite de las reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos, así como la que determine, en su caso, la remisión de la reclamación a la autoridad de control principal que se estime competente, deberá notificarse al reclamante en el plazo de: Tres meses. Seis meses. Un año.
En qué fecha entró en vigor la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales: el 7 de diciembre de 2018. el 8 de diciembre de 2018. el 9 de diciembre de 2018.
Según dispone el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, salvo prueba en contrario, se presumirá amparado en lo dispuesto en el artículo 6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679 el tratamiento de los datos de contacto y en su caso los relativos a la función o puesto desempeñado de las personas físicas que presten servicios en una persona jurídica siempre que se cumpla: Que la finalidad del tratamiento sea únicamente mantener relaciones de cualquier índole con la persona jurídica en la que el afectado preste sus servicios. Que el tratamiento se refiera únicamente a los datos necesarios para su localización profesional. Ambas son las correctas.
Según dispone el artículo 73 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, las infracciones graves: Prescribirán a los 6 meses. Prescribirán al año. Prescribirán a los dos años.
Según dispone el artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, los responsables y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos en los supuestos previstos en el artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679 y, en todo caso, cuando se trate de las siguientes entidades (señala la falsa): Los establecimientos financieros de crédito. Las federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad. Las empresas de seguridad pública.
Según dispone el artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito: Se presumirá lícito, en todo caso. Se presumirá lícito, salvo prueba en contrario. Se presumirá ilícito, salvo prueba en contrario.
Según dispone el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, tiene por objeto garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en: El artículo 17.4 de la Constitución. El artículo 16.4 de la Constitución. El artículo 18.4 de la Constitución.
Según dispone el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, no será imputable al responsable del tratamiento, siempre que este haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los datos personales, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos inexactos (señala la incorrecta): Fuesen obtenidos de un registro público por el responsable. Hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario en caso de que las normas aplicables al sector de actividad al que pertenezca el responsable del tratamiento establecieran la posibilidad de intervención de un intermediario o mediador que recoja en nombre propio los datos de los afectados para su transmisión al responsable. Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad conforme al artículo 20 del Reglamento (UE) 2018/679 y lo previsto en esta ley orgánica.
Según dispone el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, se entiende por ‘consentimiento del afectado a: Toda manifestación de voluntad no libre, no específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. Toda manifestación de voluntad libre, no específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.
Según dispone el artículo 41 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos podrán aprobar normas corporativas vinculantes de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 del Reglamento (UE) 2016/679. El procedimiento se iniciará a instancia de: Una entidad situada en España y tendrá una duración máxima de nueve meses. Una entidad situada fuera de España y tendrá una duración máxima de nueve meses. Una entidad situada en España y tendrá una duración máxima de diez meses.
Según dispone el artículo 49 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, no forman parte del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos: Dos expertos propuestos por las organizaciones sindicales más representativas. Un Obispo, propuesto por la Conferencia Episcopal. Un representante de la Administración General del Estado con experiencia en la materia, propuesto por el Ministro de Justicia.
Según dispone el artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, salvo prueba en contrario, se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia cuando se cumplan los siguientes requisitos (señala la falsa): Que, en el caso de que se denegase la solicitud de celebración del contrato, o éste no llegara a celebrarse, como consecuencia de la consulta efectuada, quien haya consultado el sistema informe al afectado del resultado de dicha consulta. Que los datos únicamente se mantengan en el sistema mientras persista el incumplimiento, con el límite máximo de cinco años desde la fecha de vencimiento de la obligación dineraria, financiera o de crédito. Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes.
Según dispone el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, en el ámbito del sector público podrán atribuirse las competencias propias de un encargado del tratamiento a: La Administración de las comunidades autónomas. Todas son correctas. Las Entidades que integran la Administración Local.
Según dispone el artículo 9 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, a los efectos del artículo 9.2.a) del Reglamento (UE) 2016/679, a fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar: Su nacionalidad. Su sexo. Su orientación sexual.
Según dispone el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, podrán ejercerse: Directamente o por medio de representante legal o voluntario. Indirectamente o por medio de representante legal o voluntario. Directamente o por medio de representante ilegal o voluntario.
Según dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de: Información. Confidencialidad. Secreto.
Según dispone el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, el derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en: El Reglamento (UE) 2016/679. Esta ley orgánica. El Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica.
En qué artículo de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales se menciona que las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus herederos podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su rectificación o supresión: Artículo 1. Artículo 2. Artículo 3.
Según dispone el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea: Mayor de 15 años. Mayor de 14 años. Mayor de 18 años.
Según dispone el artículo 65 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, ¿qué ocurre cuando se presenta ante la Agencia Española de Protección de Datos una reclamación?: Deberá dar respuesta a la reclamación en el plazo de dos meses. Deberá aparecer en lugar visible junto con la información original. Deberá evaluar su admisibilidad a trámite.
Según dispone el artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, ostenta la representación y dicta las resoluciones, circulares y directrices de la Agencia Española de Protección de Datos: El Gobierno. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos. La Administración General del Estado.
Cuántos artículos tiene la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales: Noventa y cinco artículos estructurados en nueve títulos. Noventa y seis artículos estructurados en once títulos. Noventa y siete artículos estructurados en diez títulos.
El tratamiento de los datos personales de un menor de edad, únicamente podrá fundarse en su consentimiento: Cuando sea mayor de 14 años. Cuando sea mayor de 16 años. Cuando sea mayor de 18 años.
Los derechos de las Personas en relación a la Protección de Datos. Únicamente podrán ejercerse, directamente por el afectado. Podrán ejercerse directamente o por medio de representante legal. Podrán ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario.
La Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales tiene por objeto garantizar los derechos de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo: 9.3 de la Constitución Española 14 de la Constitución Española 18.4 de la Constitución Española.
El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, se ejercerá con arreglo a lo establecido en: El Reglamento (UE) 2016/679 La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales Las respuestas a y b son correctas.
La Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPDCP) tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales: Las libertades públicas de las personas físicas Los derechos fundamentales de las personas físicas y jurídicas Las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas .
El ámbito especial de protección de la LOPDCP es: El honor de las personas físicas El honor de las personas físicas y jurídicas El honor e intimidad personal y familiar de las personas físicas .
La LOPDCP será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico: Que los haga susceptibles de tratamiento Que los haga susceptibles de manipulación Que los haga susceptibles de transferencia .
La LOPDCP será de aplicación a toda modalidad de uso posterior de los datos de carácter personal registrados en soporte físico por parte de: El sector público La Administración Los sectores público y privado .
Se regirá por la LOPDCP todo tratamiento de datos de carácter personal cuando el tratamiento sea efectuado en territorio español en el marco de: Las actividades del responsable del tratamiento Las actividades y tratamiento del responsable del tratamiento Las actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento.
El régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en la LOPDCP no será de aplicación a los ficheros sometidos a la normativa sobre: Protección de materias clasificadas Secretos oficiales Materias protegidas .
A los efectos de la LOPDCP se entenderá por “Datos de carácter personal”: Cualquier información concerniente a personas físicas Cualquier información concerniente a personas físicas o jurídicas cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables.
A los efectos de la LOPDCP se entenderá por “Afectado o interesado”: Persona física o jurídica titular de los datos que sean objeto del tratamiento Persona física titular de los datos personales Persona física titular de los datos que sean objeto del tratamiento .
La ordenación urbanística: Es lo mismo que el planeamiento urbanístico. Se estructura en un nivel general y abstracto consistente en el marco jurídico que se concreta a través del planeamiento sobre el territorio. Es simplemente un marco jurídico abstracto que no se concreta ni tiene plasmación alguna en la realidad. .
Un propietario de suelo ¿puede edificar a su antojo en su propiedad?: Sí, ya que la propiedad es un derecho fundamental preexistente que permite el pleno ejercicio por parte de sus titulares sin que pueda someterse a limitación alguna. No, ya que es un derecho derivado del Estado que es el titular de toda la riqueza de la nación. No, ya que se trata de un derecho estatutario que nace y se delimita por la ordenación urbanística. .
En el contenido de propiedad del suelo: Se excluye el aprovechamiento urbanístico futuro, esto es, la previsión de edificabilidad derivada de la ordenación territorial y urbanística. Incluye el aprovechamiento urbanístico real que es un bien público apropiable por sujetos públicos o privados y que consiste en la superficie exacta cuya materialización permite o exige el planeamiento en un terreno dado. Se limita al terreno y excluye todo aprovechamiento urbanístico que es un bien público inapropiable por los sujetos privado. .
Un terreno que es clasificado como urbano, ¿Permite al propietario llevar a cabo cualquier tipo de edificación y actividad en el mismo?: No, ya que depende de la calificación, que es la decisión administrativa que determina usos e intensidades (uso industrial, residencial, zona verde). Sí, ya que con dicha clasificación se admite con carácter general todos los usos propios de este tipo de suelo. No, ya que sólo podría hacerlo si se hubiese sido calificado como terreno urbanizable. .
La clasificación de los distintos tipos de suelo La lleva a cabo el planificador (ayuntamientos) de forma discrecional dentro de unos criterios materiales definidos legalmente que limitan en particular la clasificación de suelo urbano La lleva a cabo el planificador (CCAA) de forma libre, sin que tenga que sujetarse a ningún otro parámetro más que respetar la existencia de tres tipos de suelo: urbano, urbanizable y rustico (o rural). La lleva a cabo el planificador (ayuntamiento) de forma libre en función de su criterio, pudiendo convertir cualquier terreno en urbano. .
Los planes urbanísticos: Son actos administrativos que se dictan de forma reglada en tanto deben cumplir determinadas previsiones de aplicación directa y que pueden ser sometidas al control de los Tribunales contencioso administrativos. Son normas reglamentarias que se aprueban de forma discrecional, cumpliendo determinadas previsiones de aplicación directa o mediata, y que pueden ser sometidos al control de los Tribunales contencioso-administrativos. Son actos administrativos subordinados a la Ley cuyas previsiones deben en todo caso respetar. .
Los instrumentos de planeamiento que tienen por objeto completar o adaptar, en suelo urbano, las determinaciones relativas a alineaciones o rasantes u ordenación de rasantes ya establecidos por el planeamiento urbanístico a escala detallada son: Los planes parciales Los estudios de detalle Los proyectos de urbanización .
En el procedimiento de elaboración de los planes tiene lugar la suspensión provisional de otorgamiento de nuevas licencias urbanísticas: A partir de su iniciativa A partir de su aprobación definitiva. A partir de su aprobación inicial. .
¿Qué ocurre con aquellas edificaciones que contradicen el contenido de un plan –por ejemplo, un edificio que se encuentra en un espacio previsto para un ensanchar una vía– a partir de que éste se publica y son declaradas fuera de ordenación?: Que son expropiados para ajustar el espacio físico a las exigencias del plan. Que quedan exceptuadas de las exigencias del plan, por lo que no se les aplican. Que quedan sometidas a congelación, al no poderse realizar más que pequeñas reparaciones que exijan el ornato, la higiene y conservación. .
La elección del sistema de ejecución del planeamiento urbanístico: Corresponde a la Administración actuante aplicando las reglas que al efecto establezca la legislación urbanística y dando preferencia a los sistemas de compensación y cooperación frente a la expropiación. Corresponde a la Administración actuante, que podrá decidir discrecionalmente sin limitación alguna el sistema de ejecución que mejor se adapta a las características del polígono o unidad de actuación. Corresponde a la Administración actuante, debiendo aplicar por el siguiente orden de preferencia, el sistema de expropiación, de compensación y de cooperación. .
¿Cuál es el sistema que menos coste económico implica para la Administración actuante ya que es soportado por los propietarios?: El sistema de expropiación. El sistema de compensación. El sistema de cooperación. .
Una vez concluido el proceso urbanístico, la edificación de los solares tiene lugar por los propietarios: Cuando se obtenga una licencia urbanística que tiene carácter reglado y puede obtenerse por silencio positivo. En cualquier momento, ya que su derecho de propiedad urbanística ha alcanzado total plenitud. Cuando se obtenga una autorización urbanística que tiene carácter discrecional y con respecto a la que juega el silencio negativo. .
Una edificación que se levanta sin contar con la preceptiva licencia: Será en todo caso declarada ilegal y derribada a costa de su propietario. Será legal en todo caso siempre que no hayan transcurrido cuatro años desde su terminación. Podrá ser legalizada cuando así lo solicite su propietario dentro de los cuatro años desde su terminación.
Según dispone el artículo 22 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, respecto a los tratamientos de videovigilancia: Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un año desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de seis meses desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones.
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