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Seccion 2. Adelante.

1. La afirmación de la Carta Europea de Autonomía Local, de 15 de octubre de 1985, consistente en "El ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos”, refleja el principio de: a) Jerarquía normativa. b) Coordinación administrativa. c) Subsidiariedad. d) Solidaridad administrativa.

2. Según el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, los términos municipales podrán ser alterados por: a) Creación de distritos. b) Creación de una mancomunidad. c) Segregación de parte del territorio de un municipio para agregarla a otro limitrofe. d) Fusión de entidades empresariales públicas.

3. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Indique cuál de las siguientes potestades no corresponde al municipio: a) Potestad sancionadora. b) Potestad expropiatoria. c) Potestad diplomática. d) Potestad reglamentaria.

4. De conformidad la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, todos los municípios deberán prestar, en todo caso, el servicio de: a) Parque público. b) Protección civil. c) Pavimentación de vías públicas. d) Biblioteca pública.

5. De conformidad con el artículo 75.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, los miembros de corporaciones locales: a) De población inferior a 1.000 habitantes no tendrán dedicación exclusiva. b) De población inferior a 3.000 habitantes no tendrán dedicación exclusiva. c) De población inferior a 5.000 habitantes no tendrán dedicación exclusiva. d) De población inferior a 2.000 habitantes no tendrán dedicación exclusiva.

6. De acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, son competencias de la Diputación Provincial, la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión, garantizando, en todo caso, la prestación de los servicios de secretaría e intervención: a) En los municipios de menos de 1.000 habitantes. b) En los municipios de menos de 2.000 habitantes. c) En los municipios de menos de 5.000 habitantes. d) En los municípios de menos de 3.000 habitantes.

7. De acuerdo con el artículo 75 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, en los Ayuntamientos de municipios con población comprendida entre 3.001 y 10.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva: a) No excederá de dos. b) No excederá de tres. c) No excederá de cinco. d) No excederá de uno.

8. Conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿quién es el competente para proceder a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales?. a) El Pleno del propio ayuntamiento. b) El Congreso de los Diputados. c) El Tribunal Constitucional. d) El Consejo de Ministros.

9. De conformidad con el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, ¿cuándo se celebra la sesión del pleno para establecer la periodicidad de sesiones del Pleno?. a) Dentro de los tres meses siguientes a la constitución del ayuntamiento. b) Dentro de los 15 dias hábiles siguientes a la constitución del ayuntamiento. c) Dentro de los treinta días siguientes a la constitución del ayuntamiento. d) No existe normativa al respecto.

10. Según dispone la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la alteración de la calificación juridica de los bienes de las entidades locales se produce automáticamente en los siguientes supuestos: a) Con la aprobación definitiva de los proyectos de obras y servicios. b) Con la adscripción de bienes patrimoniales por más de veinte años a un uso o servicio público. c) Con la adscripción de bienes patrimoniales por más de quince años a un uso o servicio público. d) Con la aprobación inicial de los proyectos de obras y servicios.

11. De acuerdo con lo que establece la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente por: a) El ordenamiento jurídico público. b) El ordenamiento jurídico privado, salvo determinadas materias. c) Las entidades locales no pueden tener sociedades mercantiles. d) Las sociedades mercantiles locales se regirán únicamente por lo que establezcan los Reglamentos Orgánicos de la entidad local.

12. Según establece el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, las corporaciones locales podrán recobrar por si la tenencia de sus bienes patrimoniales sin tener que acudir a los tribunales ordinarios: a) En el plazo de cinco años. b) En el plazo de un año. c) No hay límite de tiempo. d) Necesariamente han de acudir a la jurisdicción ordinaria, sin que puedan recobrarlos por sí mismas en ningún tiempo.

13. De acuerdo con texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la aprobación definitiva del Presupuesto: a) Podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción. b) Podrá interponerse recurso potestativo de reposición. c) Podrá interponerse recurso potestativo de reposición o, directamente recurso contencioso administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción. d) Podrá interponerse recurso de alzada.

14. De acuerdo con texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la prórroga del presupuesto: a) No afectará a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados con créditos u otros ingresos específicos o afectados. b) Afectará a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados con créditos u otros ingresos específicos o afectados. c) Afectara exclusivamente a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior. d) Afectará exclusivamente a los créditos que estén financiados con créditos u otros ingresos específicos afectados.

15. De acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Rea! Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ¿qué tipo de expediente de modificación presupuestaria deberá tramitarse cuando sea necesario realizar un gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y exista crédito presupuestario no ampliable y con importe insuficiente?. a) Crédito extraordinario. b) Generación de crédito. c) Transferencia de crédito. d) Suplemento de crédito.

16. Con relación a la liquidación del Presupuesto de las entidades locales, el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del titulo sexto de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse: a) Los derechos pendientes de pago y las obligaciones pendientes de cobro a 31 de diciembre. b) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre. c) Las deudas pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre. d) Los derechos pendientes de cobro y las deudas pendientes de pago a 31 de diciembre.

17. Conforme al Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, ¿qué componentes no integrarán los remanentes de crédito?. a) Los saldos de crédito. b) Los saldos de autorizaciones. c) Los saldos de disposiciones,. d) Los créditos declarados no disponibles.

18. De los documentos que se relacionan a continuación, ¿cuál no forma parte del contenido mínimo del plan económico-financiero, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera?. a) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos. b) Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que se producen cambios previstos en las políticas fiscales y de gastos. c) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en el plan, señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se contabilizarán. d) Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del incumplimiento de la regla de gasto.

19. De conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, qué documentación de la indicada a continuación, no forma parte del contenido de la información que, como mínimo, han de suministrar las corporaciones locales a petición del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: a) Presupuesto general o en su caso estados financieros iniciales, y cuentas anuales de las corporaciones locales. b) Liquidaciones de ingresos y gastos, o en su caso balance y cuenta de resultados, de las corporaciones locales en los términos que se desarrollen reglamentariamente. c) Información de los proyectos de Presupuestos iniciales o de los estados financieros iniciales, con indicación de las líneas fundamentales que se prevean en dichos documentos. d) Acuerdos y resoluciones del Pleno, de la Junta de Gobierno Local y del Presidente de la entidad local contrarios a reparos formulados por los Interventores locales y las anomalías detectadas en materia de ingresos.

20. Por virtud del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen juridico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, cuál de las siguientes funciones no estaría comprendida entre las propias de la tesorería: a) La elaboración de los informes que determine la normativa sobre morosidad relativa al cumplimiento de los plazos previstos legalmente para el pago de las obligaciones de cada entidad local. b) La titularidad y dirección del órgano correspondiente de la entidad local. c) Formar, con arreglo a criterios usualmente aceptados, los estados integrados y consolidados de las cuentas que determine el Pleno de la corporación. d) La dirección de los servicios de gestión financiera de la entidad local y la propuesta de concertación o modificación de operaciones de endeudamiento y su gestión de acuerdo con las directrices de los órganos competentes de la corporación.

21. Conforme al texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el principio de unidad de caja se materializa mediante: a) La centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias. b) La centralización de todas las cuentas operativas y limitadas de ingresos y gastos cuya titularidad corresponde a la entidad local. c) La distribución en el tiempo las disponibilidades dinerarías para la puntual satisfacción de las obligaciones. d) El dictado de reglas especiales para el ingreso del producto de la recaudación de los recursos que están a disposición de las entidades locales.

22. De conformidad con lo en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, ¿cómo se denomina el documento en virtud del cual se establece, entre otros, la periodicidad y vigencia en la que se realizarán los pagos con cargo a la Tesorería de la entidad?. a) Presupuesto de Tesorería. b) Bases de Ejecución del Presupuesto. c) Plan Presupuestario. d) Plan de Disposición de Fondos.

23. Según lo dispuesto el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las entidades locales remitirán copia de la liquidación de sus presupuestos a la Administración del Estado y a la comunidad autónoma antes de finalizar: a) El mes de mayo del ejercicio siguiente al que corresponda. b) El mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda. c) El mes de octubre del ejercicio siguiente al que corresponda. d) El mes de diciembre del ejercicio siguiente al que corresponda.

24. De acuerdo con texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, acompañada de los informes de la Comisión Especial de Cuentas y de las reclamaciones y reparos formulados, la cuenta general se someterá al Pleno de la corporación, para que, en su caso, pueda ser aprobada: a) Antes del dia 1 de octubre. b) Antes del día 1 de septiembre. c) Antes del día 15 de octubre. d) Antes del día 15 de septiembre.

25. De acuerdo con el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para atender necesidades transitorias de tesorería, las entidades locales podrán concertar operaciones de crédito a corto plazo, que no exceda de un año, siempre que en su conjunto: a) No superen el 30 por ciento de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior,. b) No superen el 15 por ciento de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior. c) No superen el 30 por ciento de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio en curso. d) No superen el 15 por ciento de sus ingresos previstos por operaciones corrientes en el ejercicio en curso.

26. De conformidad con la Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo simplificado de contabilidad local, en su parte tercera, ¿qué documentos integran las cuentas anuales?: a) Las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto, la memoria y el inventario de bienes y derechos. b) Las cuentas anuales comprenden el balance, anexo de inversiones realizadas en el ejercicio y el estado de liquidación del presupuesto. c) Las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, la memoria y los planes de ajustes aprobados con vigencia en dicho ejercicio. d) Las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria.

27. De acuerdo con Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la información relativa al coste efectivo de los servicios que prestan, partiendo de los datos contenidos en la liquidación del presupuesto general y, en su caso, de las cuentas anuales aprobadas de las entidades vinculadas o dependientes, correspondientes al ejercicio inmediato anterior, se deberán remitir: a) Antes del 15 de septiembre de cada año. b) Antes del 31 de enero de cada año. c) Antes del 1 de noviembre de cada año. d) Antes del 15 de marzo de cada año.

28. De acuerdo con el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, el Plan Anual de Control Financiero: a) Es elaborado por el Interventor, aprobado por la Alcaldía, y remitido al Pleno a efectos informativos. b) Es elaborado por el Interventor y propuesto por conducto de la Alcaldía al Pleno para su aprobación. c) Es elaborado por el Interventor y remitido al Pleno a efectos informativos. d) Es elaborado por el Interventor y remitido la Alcaldía para su aprobación.

29. Sobre la naturaleza del Tribunal de Cuentas, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas: a) El Tribunal de Cuentas es un órgano dependiente del Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda. b) El Tribunal de Cuentas forma parte del Poder Judicial y depende funcionalmente del Consejo General del Poder Judicial. c) El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, y depende directamente de las Cortes Generales. d) Corresponde al Tribunal de Cuentas la fiscalización de la actividad económico-financiera de los partidos políticos inscritos en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, así como la de las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos y de los grupos municipales.

30. De acuerdo el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los ayuntamientos exigirán obligatoriamente, de acuerdo con esta ley y las disposiciones que la desarrollan, los siguientes impuestos: a) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. b) El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. c) El Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecánica, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. d) El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Actividades Económicas.

31. De acuerdo con la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: a) El recargo ejecutivo será del 5 por ciento. b) El recargo ejecutivo será del 10 por ciento. c) El recargo ejecutivo será del 15 por ciento. d) El recargo ejecutivo será del 20 por ciento.

32. De conformidad con el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las ordenanzas fiscales podrán regular la siguiente bonificación en la cuota tributaria del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: a) De hasta el 95% cuando se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. b) De hasta el 25% para todas las construcciones nuevas. c) De hasta el 75% para proyectos de infraestructura pública. d) De hasta el 10% para edificios históricos.

33. Según el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ¿qué vehículo no está exento del impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica?. a) Todos los vehículos oficiales de las entidades locales. b) Los vehículos de organizaciones internacionales con sede u oficina en España. c) Los autobuses, siempre que excedan de una capacidad de nueve plazas, incluida la del conductor. d) Los tractores provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.

34. De acuerdo con el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para calcular el ahorro neto de las entidades locales, se tendrán en cuenta, con la minoración prevista en dicha norma: a) La diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno, dos y cuatro, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capitulos uno a cinco del estado de gastos, ambos inclusive. b) La diferencia entre los derechos previstos en los capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones estimadas por los capítulos uno, dos y cuatro del estado de gastos. c) La diferencia entre los derechos previstos por los capítulos uno, dos y cuatro, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno a cinco del estado de gastos, ambos inclusive. d) La diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del estado de gastos.

35. De acuerdo con el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto 7/2015, de 30 de octubre, la ordenación territorial y la urbanística: a) La ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general y particular. b) La ordenación territorial y la urbanistica son funciones privadas susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general y particular. c) La ordenación territorial y la urbanistica son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés particular. d) La ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general.

36. De acuerdo con el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto 7/2015, de 30 de octubre, es un deber del ciudadano: a) Disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, concebida con arreglo al principio de diseño para todas las personas, que constituya su domicilio. b) Ser informados por la Administración competente, de forma completa del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca determinada, en los términos dispuestos por su legislación reguladora. c) Participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación urbanística. d) Respetar y contribuir a preservar el paisaje urbano y el patrimonio arquitectónico y cultural, absteniéndose, en todo caso, de realizar cualquier acto o desarrollar cualquier actividad no permitidos.

37. Según lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto 7/2015, de 30 de octubre, el derecho de propiedad del suelo: a) Es absoluto y no admite condicionantes. b) Depende de la inscripción en el registro de la propiedad. c) Está determinado únicamente por las facultades que reconoce la legislación civil. d) No está integrado por la previsión de la edificabilidad.

38. El texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto 7/2015, de 30 octubre, regula: a) Situaciones básicas de suelo. b) Las clasificaciones y calificaciones de suelo. c) Determinaciones estructurantes o estructurales de un plan general de ordenación urbana. d) Los diferentes planes de ordenación urbana.

39. Según el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, la incoación de un expediente de disciplina urbanística se inscribirá: a) Mediante nota marginal. b) Mediante nota adjunta. c) Mediante anotación preventiva. d) Solo debe emitirse comunicación del acto por parte del Ayuntamiento.

40. De conformidad con el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales Contencioso-Administrativos, la observancia de la legislación y demás instrumentos de ordenación territorial y urbanística, se podrá ejercer: a) Exclusivamente por los propietarios y titulares de derechos reales de los bienes afectados. b) A instancia de la Alcaldía, mediante acuerdo aprobado por mayoría absoluta del Pleno. c) Mediante la acción pública. d) Por el Pleno de la corporación, previa autorización de la comunidad autónoma.

41. De acuerdo con la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la coordinación de la actuación de Policías Locales tendrá lugar en el ámbito de: a) De todo el Estado en su conjunto. b) De cada municipio donde esté creado el cuerpo de policía local. c) No se circunscribe a un ámbito territorial concreto. d) De la comunidad autónoma.

42. De conformidad con la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las Juntas Locales de Seguridad: a) Son de obligatoria creación en los municipios que carezcan de cuerpo de policía propio. b) Podrán constituirse en los municipios que tengan cuerpo de policia propio. c) Se podrán constituir si así se establece en las leyes de coordinación de policia local de las correspondientes comunidades autónomas. d) Sustituyen a los cuerpos de policía local en los municipios que carezcan del mismo.

43. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la vigilancia y control de la contaminación ambiental: a) Es una competencia municipal propia incluida en la materia de medio ambiente prevista en el artículo 25.2 de la norma citada. b) Es uno de los servicios de prestación obligatoria incluidos en el articulo 26 de la norma citada. c) Es una competencia delegable por el Estado y las comunidades autónomas, incluida en el artículo 27 de la norma citada. d) Es uno de los servicios de prestación obligatoria respecto de los que puede establecerse alguno de los sistemas de gestión colaborativa previstos en el artículo 28 de la norma citada.

44. De conformidad con el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 4 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local el Municipio ejercerá como competencia propia, en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas, en materia de: a) Protección del medio natural. b) Conservación, mantenimiento y gestión de centros sanitarios. c) Actividades complementarias en centros docentes. d) Cementerios y actividades funerarías.

45. Según el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 4 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el Municipio ejercerá como competencia propia, en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas, en materia de: a) Protección de la salubridad pública. b) Vigilancia y control de la contaminación ambiental. c) Promoción y gestión turística. d) Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales.

46. De conformidad con la Ley 7/1985, de 4 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la Administración del Estado y de las comunidades autónomas, en relación con la competencia en materia de establecimientos y actividades comerciales, podrán delegar en los municipios: a) La gestión y la inspección. b) La inspección y la sanción. c) La comunicación y la sanción. d) La comunicación y la gestión.

47. De acuerdo con lo previsto en la Constitución Española, ¿quiénes son los titulares de la iniciativa para la reforma de la Constitución?. a) El Consejo de Ministros y las Cortes Generales. b) 50 diputados, 50 senadores y el Gobierno. c) La mayoría de tres quintos de las Cámaras. d) Gobierno, Congreso, Senado y las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas.

48. Según la Constitución Española, el Congreso de los Diputados se compone de: a) Un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. b) Un mínimo de 200 y un máximo de 350 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. c) Un mínimo de 350 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. d) Un mínimo de 250 y un máximo de 450 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.

49. Según la Constitución Española, corresponde al Gobierno dirigir: a) La política interior, la Administración civil y militar, la defensa del Estado y la función ejecutiva. b) La politica interior y exterior, la Administración civil, la defensa del Estado y la potestad reglamentaria. c) La política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. d) La política interior y europea, la Administración civil y militar y la defensa del Estado.

50. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las entidades públicas empresariales de ámbito estatal: a) Se rigen por el Derecho privado en la formación de la voluntad de sus órganos. b) Tienen patrimonio propio, pero no autonomía en su gestión, al estar sometidas a un control de eficacia y a una evaluación de los resultados de su actividad. c) No pueden ejercer potestades administrativas. d) Su transformación en un organismo autónomo se llevará a cabo mediante Real Decreto, aunque suponga modificación de la Ley de creación.

51. De conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio o del Presidente del Gobierno: a) Los Secretarios Generales Técnicos. b) Los Secretarios Generales. c) Los Subdirectores Generales. d) Los Subsecretarios.

52. Para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán conforme al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, entre otros actos juridicos, los reglamentos comunitarios que: a) Carecen de alcance general y obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. b) Tienen alcance general y no serán directamente aplicables en cada Estado miembro. c) Tienen alcance general, sin concretar destinatarios, y será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. d) Serán obligatorios en todos sus elementos y, cuando designen destinatarios, sólo serán obligatorios para éstos.

53. La Constitución Española señala que, la Administración Pública, sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de: a) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. b) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y colaboración, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. c) Eficacia, eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. d) Eficacia, eficiencia, jerarquía, descentralización y cooperación institucional, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

54. De conformidad con la Constitución Española, las leyes orgánicas: a) Sólo pueden ser aprobadas en relación con las materias expresamente previstas en la Constitución. b) Para su aprobación exigen, mayoría absoluta conjunta del Congreso y del Senado en una votación final sobre el conjunto del proyecto. c) Pueden ser aprobadas por las comunidades autónomas. d) Se asemejan a los decretos-leyes en que ambos tipos de normas pueden regular derechos fundamentales y libertades públicas.

55. De conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la delegación de firma: a) Altera la competencia del órgano delegante. b) Requiere su publicación a los efectos de su validez. c) Implica delegar el ejercicio de competencia. d) En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia,.

56. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los poderes inscritos en los registros electrónicos generales y particulares de las Administraciones públicas, tendrán una validez máxima, a contar desde la fecha de inscripción, de: a) Cinco años sin posibilidad de prórroga. b) Cinco años con posibilidad de prórroga de un año. c) Cinco años con posibilidad de prórroga de cinco años. d) Seis años sin posibilidad de prórroga.

57. De conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, es un organismo público que tiene: a) Personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. b) No tiene personalidad jurídica propia. c) Tiene personalidad jurídica pero su capacidad de obrar es limitada. d) No tiene personalidad juridica propia, pero dispone de independencia en el cumplimiento de sus fines.

58. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que ponen fin a la vía administrativa los siguientes actos: a) Las resoluciones que resuelvan los incidentes de abstención y recusación. b) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, en todo caso. c) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de iniciadores del procedimiento. d) La resolución administrativa de los procedimientos responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.

59. Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que: a) Se produzca la continuación de la ejecución del acto. b) Se trate de una resolución contra la que se haya presentado recurso contencioso-administrativo, en todo caso. c) Una disposición establezca lo contrario. d) Se necesite aprobación, autorización o supervisión del superior jerárquico.

60. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las notificaciones en papel: a) Deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración y Organismo actuante, para que pueda acceder al contenido de las mismas, de forma obligatoria, si la Administración lo considera conveniente,. b) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de trece años que se encuentre en el domicilio. c) En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y viceversa. d) Aunque el interesado particular accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, el resto de las notificaciones se le practicarán siempre en papel.

61. Según lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado, habrá lugar: a) A la ejecución judicial. b) A la ejecución subsidiaria. c) A la compulsión sobre las personas. d) A la expropiación sobre el patrimonio.

62. De conformidad con la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico son: a) Anulables, incluso las que incurran en desviación de poder. b) Nulos de pleno derecho, incluidas las que incurran en desviación de poder. c) Nulos de pleno derecho, excluídas las que incurran en desviación de poder. d) Anulables, excepto las que incurran en desviación de poder.

63. Según lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización: a) Podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano superior jerárquico del que dictó el acto viciado. b) No podrá ser convalidado el acto mediante otorgamiento de la misma por el órgano competente. c) Podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. d) Podrá ser sustituido el acto mediante otorgamiento de la misma por el órgano superior jerárquico del que dictó el acto viciado.

64. Según lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones: a) Las dirigidas a entidades sin personalidad jurídica. b) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico. c) Las dirigidas a quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. d) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que sean susceptibles de conversión en formato electrónico.

65. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que una Ley o el Derecho de la Unión Europea dispongan otra cosa, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos: a) Son días hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los días declarados festivos. b) Son días hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los días declarados festivos, manteniéndose el sábado como día hábil. c) Son días naturales, salvo previsión expresa en contrario. d) Son días naturales, excluyéndose del cómputo los días declarados festivos.

66. En relación con la tramitación de urgencia en el procedimiento administrativo ordinario, conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Su aplicación implica la reducción a la mitad de los plazos establecidos, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. b) Solo puede acordarse a petición del interesado, cuando concurran razones de interés público. c) El acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia es susceptible de recurso administrativo independiente. d) Su aplicación supone la ampliación automática del plazo máximo para resolver y notificar la resolución.

67. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué ocurre si la representación alegada por el interesado es insuficiente o no se acredita debidamente?. a) La actuación realizada carece de eficacia y se suspende automáticamente el procedimiento hasta que se aporte una representación válida. b) El defecto de representación es insubsanable y obliga a archivar las actuaciones realizadas. c) El órgano administrativo debe requerir al interesado para que, en un plazo razonable no inferior a diez días, o superior si las circunstancias lo justifican, aporte la acreditación o subsane el defecto. d) El acto realizado se considera válido en todo caso, sin necesidad de subsanación posterior, salvo que afecte a derechos de terceros.

68. De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué efecto producen las cuestiones incidentales que se susciten en un procedimiento administrativo?. a) Determinan la suspensión automática de la tramitación del procedimiento hasta su resolución expresa, salvo que el órgano instructor lo acuerde motivadamente. b) No suspenden la tramitación del procedimiento, incluso cuando se refieran a la nulidad de actuaciones, salvo en el caso de la recusación. c) Obligan a acumularse al procedimiento principal, siempre que su resolución resulte imprescindible para continuar con la instrucción. d) Suspenderán la tramitación únicamente cuando afecten a la competencia del órgano que tramite el procedimiento.

69. Según establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada, la formulación de alegaciones al inicio de dicho procedimiento podrá efectuarse durante un plazo de: a) Veinte días. b) Quince días. c) Cinco días. d) Diez días.

70. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, la declaración de lesividad de los actos anulables: a) Solo podrá ser recurrida por los interesados. b) Se podrá recurrir por cualquier persona. c) Podrá ser recurrida en cualquier momento. d) No será susceptible de recurso.

71. Conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, cuando los interesados alegaran la concurrencia de circunstancias de especial urgencia, el órgano jurisdiccional, sin oir a la parte contraria, podrá mediante auto apreciar las circunstancias de especial urgencia y adoptar o denegar la medida, debiendo dictarse dicho auto en el plazo de: a) Tres días. b) Dos días. c) Cinco días. d) Diez días.

72. De acuerdo con el principio de proporcionalidad en materia sancionadora recogido en el artículo 29 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte: a) Menos beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. b) Igual de beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. c) Más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. d) Más o igual de beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

73. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, están sujetos a regulación armonizada: a) Los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.538.000 euros. b) Los contratos de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.528.000 euros. c) Los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.500.000 euros. d) Los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.518.000 euros.

74. Son susceptibles de recurso especial en materia de contratación en las entidades locales, según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: a) Los contratos de obras, concesión de obras o de servicios cuyo valor estimado supere los dos millones de euros. b) Los contratos de obras, cuyo valor estimado sea igual o superior a tres millones de euros, y de suministros y servicios, que tengan un valor estimado igual o superior a cincuenta mil euros. c) Los contratos de concesiones de obras o servicios cuyo valor estimado supere los tres millones de euros. d) Los contratos de obras cuyo valor estimado no sea superior a los tres millones de euros.

75. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos que tengan por objeto el arrendamiento financiero son contratos de: a) Servicios. b) Concesión de servicios. c) Contratos administrativos especiales. d) Suministros.

76. De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, al responsable del contrato designado por el órgano de contratación, le corresponde: a) La ejecución ordinaria del contrato sin adoptar las decisiones ni dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. b) Ejecutar el contrato y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. c) Supervisar la ejecución del contrato sin adoptar las decisiones ni dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. d) Supervisar la ejecución del contrato y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias, con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada en el ámbito de facultades que le atribuyan los pliegos.

77. La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: a) En un plazo no superior a los 10 días, tras el perfeccionamiento del contrato. b) En un plazo no superior a los 15 días, tras el perfeccionamiento del contrato. c) En un plazo no superior a los 5 días, tras el perfeccionamiento del contrato. d) En un plazo no superior a los 3 días, tras el perfeccionamiento del contrato.

78. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el objeto del contrato: a) Deberá ser determinado, pudiendo definirlo en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretender satisfacer, sin cerrar el objeto a una solución única. b) Deberá ser determinado, pudiendo definirlo en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretender satisfacer, cerrando el objeto a una solución única. c) Deberá ser determinado, sin poderlo definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretender satisfacer, cerrando el objeto a una solución única. d) Deberá ser determinado, pudiendo definirlo en atención a las necesidades o funcionalidades indefinidas que se pretender satisfacer, sin cerrar el objeto a una solución única.

79. La comprobación del replanteo, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: a) Se efectuará dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a quince días desde la fecha de formalización, salvo casos excepcionales. b) Se efectuará dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a treinta días desde la fecha de formalización, salvo casos excepcionales. c) Se efectuará dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de formalización, salvo casos excepcionales. d) Se efectuará dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser inferior a quince días desde la fecha de formalización, salvo casos excepcionales.

80. El plazo máximo para seleccionar al adjudicatario de un contrato, cuando el único criterio sea el precio, de acuerdo con el artículo 158 la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: a) En el plazo de quince días, desde el día siguiente a la terminación del plazo de la presentación de las proposiciones. b) En el plazo de veinte días, desde el día siguiente de la apertura de las proposiciones. c) En el plazo de quince días, desde el día siguiente de la apertura de las proposiciones. d) En el plazo de veinte días, desde el día siguiente a la terminación del plazo de la presentación de las proposiciones.

81. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, define las obras de rehabilitación como: a) Aquellas obras necesarias que tienen por objeto enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales. b) Aquellas obras que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad. c) Aquellas obras que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y dotándola de una nueva funcionalidad que sea compatible con los elementos y valores originales del inmueble. d) Aquellas obras que tienen por objeto el derribo o la destrucción de un bien inmueble.

82. De acuerdo con la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, son bienes y derechos de dominio público o demaniales: a) Los que, siendo de titularidad privada se encuentren afectados al uso general. b) Los derechos de arrendamiento, los valores y titulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles o de obligaciones emitidas por éstas. c) Los inmuebles de titularidad de la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados a ella o dependientes de la misma en que se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos o de los órganos constitucionales del Estado se considerarán, en todo caso, bienes de dominio público. d) El dinero, los valores, los créditos y los demás recursos financieros de su hacienda, y en el caso de las entidades públicas empresariales y entidades análogas dependientes de las comunidades autónomas.

83. Atendiendo a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, acerca de capacidad de las entidades locales en la intervención de la actividad de los ciudadanos: a) Se podrà llevar a cabo mediante el sometimiento a control previo al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma. b) Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones Públicas eximirán a sus titulares de obtener las correspondientes licencias de las entidades locales. c) Se podrán emplear bandos para tipificar infracciones con carácter ex novo. d) La actividad de intervención de las entidades locales se ajustará, en todo caso, a los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue.

84. Conforme al reparto de competencias que se realiza en la Constitución Española: a) El Estado tiene competencia exclusiva en materia de legislación sobre montes y aprovechamiento forestales, sin que las comunidades autónomas puedan asumir competencias sobre sus montes y aprovechamientos forestales. b) Las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en materia de legislación básica sobre los montes y aprovechamientos forestales de su territorio, correspondiendo el desarrollo normativo a los municipios en que se encuentren los montes y aprovechamientos forestales respectivos. c) Los municipios tienen competencia exclusiva para legislar sobre los montes y aprovechamientos forestales que se encuentren en su territorio en aplicación del principio de autonomía local. d) El Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación básica de montes y aprovechamientos forestales, pudiendo las comunidades autónomas asumir competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales de su territorio.

85. De acuerdo con lo previsto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, a la cuota integra del impuesto sobre la renta de las personas físicas se le aplicará: a) Las deducciones contingentes. b) Las deducciones estatales y autonómicas. c) Las deducciones estatales, autonómicas y municipales. d) Las deducciones estatales, autonómicas, municipales y catastrales.

86. De acuerdo con lo establecido en Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, el impuesto sobre el Valor añadido es: a) De naturaleza directa, ya que recae sobre el consumo. b) De naturaleza personal, ya que grava operaciones entre empresarios y profesionales. c) De naturaleza subjetiva, ya que tiene en cuenta las circunstancias personales del sujeto pasivo en la determinación de la base y de la deuda tributaria. d) De devengo instantáneo, aunque exista obligación periódica de declarar para los sujetos pasivos.

87. La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, en relación con los tributos propios de las comunidades autónomas establece que: a) Las comunidades autónomas pueden establecer y exigir tributos propios de acuerdo con su legislación autonómica y reglamentos. b) Las comunidades autónomas pueden establecer tributos que recaigan sobre hechos imponibles gravados por el Estado, sin instrumentar medidas de compensación o coordinación, cuando no disminuyan los ingresos del Estado. c) El Estado puede establecer y exigir tributos propios de acuerdo con la normativa autonómica y local. d) El Estado puede establecer tributos sobre hechos gravados por las comunidades autónomas, sin instrumentar medidas de compensación o coordinación, cuando no disminuyan los ingresos de las comunidades autónomas.

88. Según la Constitución Española de 1978, el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía: a) Financiera y presupuestaria. b) Politica y administrativa. c) Para la gestión de sus respectivos intereses. d) Económica y tributaria.

89. De acuerdo con la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, quedan exceptuados del ejercicio del derecho de libre sindicación: a) El personal facultativo médico y el personal de enfermería. b) Los bomberos/as y el personal de protección civil. c) Los jueces/zas, magistrados/as y fiscales que se hallen en activo. d) Los pilotos de aerolíneas públicas y el personal auxiliar de vuelo.

90. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en su artículo 22, la aprobación de la plantilla de personal corresponde: a) A la Alcaldía. b) A la Junta de Gobierno Local, en todo caso. c) Al Pleno de la corporación. d) A la Secretaría General del ayuntamiento.

91. Debe ser objeto de negociación, según el artículo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: a) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo. b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios. c) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas de acceso al empleo público. d) La regulación de los procedimientos de la promoción profesional.

92. De acuerdo con el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, ¿cuál es el órgano competente para la incoación de expedientes disciplinarios a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional en el supuesto de faltas leves?. a) El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. b) La comunidad autónoma respecto a funcionarios de corporaciones locales en su ámbito territorial. c) El órgano correspondiente de la corporación donde el funcionario hubiera cometido los hechos que se le imputan. d) El Ministerio de Hacienda y Función Pública.

93. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no está contenida en el artículo 35 de la Constitución Española?. a) Una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades de la persona trabajadora y su familia. b) El descanso semanal. c) La libre elección de oficio. d) El deber de trabajar.

94. Según el artículo 89 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, ¿cuál es el principio sobre el que están obligados a negociar las partes en la tramitación de un convenio colectivo?. a) Igualdad. b) Respeto mutuo. c) Buena fe. d) Legalidad.

95. Según lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, ¿hasta qué edad está prohibida la realización de horas extraordinarias?. a) A los menores de catorce años. b) A los menores de dieciséis años. c) A los menores de dieciocho años. d) A los menores de veintitrés años.

96. Un trabajador ha sido contratado verbalmente a tiempo parcial para prestar servicios durante un período de cinco meses en una empresa. Ante la ausencia de contrato escrito, ¿qué dispone el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre?. a) Que la contratación verbal es plenamente válida en todo caso. b) Que el contrato a tiempo parcial debe formalizarse necesariamente por escrito, presumiéndose en caso contrario celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza parcial de los servicios prestados. c) Que el contrato verbal es válido si el período de prestación de servicios es inferior a seis meses. d) Los contratos de prácticas pueden ser verbales dada su corta duración, a diferencia de los contratos indefinidos a tiempo completo en donde la forma escrita es preceptiva.

97. El Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, respecto a los conflictos colectivos de trabajo, establece que: a) Cuando los trabajadores inicien el procedimiento de Conflicto Colectivo de Trabajo podrán ejercer también derecho de huelga de manera simultánea siempre que esta última persiga un objetivo diferente. b) Podrá plantearse Conflicto Colectivo de Trabajo para modificar lo pactado en Convenio Colectivo. c) Declarada la huelga, los trabajadores no podrán desistir de la misma y someterse al procedimiento de Conflicto Colectivo de Trabajo. d) No podrá plantearse Conflicto Colectivo de Trabajo para modificar lo establecido por laudo,.

98. Conforme dispone el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, el capital social de la sociedad anónima no podrá ser inferior a: a) 600.000 euros y se expresará precisamente en esa moneda. b) 1 euro y se expresará precisamente en esa moneda. c) 60.000 euros y se expresará precisamente en esa moneda. d) 6.000 euros y se expresará precisamente en esa moneda.

99. ¿Cuál es la función principal que tienen las cartas de servicios dentro del marco general para la mejora de la calidad conforme al Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado?. a) Servir como manual interno para la gestión de los recursos presupuestarios. b) Informar a los ciudadanos sobre los servicios encomendados, sus derechos y los compromisos de calidad en su prestación. c) Sustituir los reglamentos específicos que regulan los derechos de los usuarios en la Administración. d) Asegurar la provisión de recursos económicos para la prestación eficiente de los servicios.

100. De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la Información pública y buen gobierno, los responsables públicos deben adecuar su actividad al siguiente principio de actuación de buen gobierno: a) Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular. b) Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la calidad en la prestación de servicios públicos. c) Desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses. d) Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección.

101. Un trabajador es asignado, en virtud de movilidad funcional, a un nuevo puesto dentro de la empresa. La dirección de la empresa considera que el trabajador no se adapta ni cumple con las exigencias de dicho puesto y, en consecuencia, acuerda extinguir su contrato mediante despido objetivo por ineptitud. ¿Resulta jurídicamente procedente este despido objetivo por ineptitud derivada de la movilidad funcional según el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre?. a) No es procedente el despido, pues la ineptitud o falta de adaptación no puede alegarse cuando deriva del desempeño de funciones distintas a las habituales asignadas como consecuencia de la movilidad funcional. b) No es procedente el despido, pues en los supuestos de movilidad funcional no se admite ningún tipo de despido. c) Si es procedente el despido, ya que es obligación del trabajador cumplir con las directrices dadas por el empresario con la diligencia debida. d) Sí es procedente el despido, ya que la empresa puede extinguir el contrato por ineptitud sobrevenida si el trabajador no se adapta a las funciones asignadas en el nuevo puesto tras la movilidad funcional.

102. Conforme al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, se declaran expresamente comprendidos en el Régimen General de la Seguridad Social: a) Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que perciben ingresos directamente de los compradores. b) Los miembros del Cuerpo único de Notarios. c) Los conductores de vehículos de turismo al servicio de particulares. d) Los trabajos que den lugar a la inclusión en alguno de los regímenes especiales de la Seguridad Social.

103. El artículo 541 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, tipifica el delito de expropiación ilegal, estableciendo que la autoridad o funcionario público que expropie a una persona sus bienes fuera de los casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales, incurrirá en las penas de: a) Inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses. b) Inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años y multa de seis a doce meses. c) Inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a cuatro años y multa de ocho a doce meses. d) Inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a cuatro años y multa de seis a dieciocho meses.

104. De acuerdo la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el plazo de prescripción del derecho a solicitar las devoluciones de ingresos indebidos comenzará a contarse: a) Desde el día siguiente al inicio del plazo para presentar la autoliquidación del impuesto si el ingreso indebido se realizó antes dicho plazo. b) Desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la autoliquidación del impuesto si el ingreso indebido se realizó dentro de dicho plazo. c) Desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la autoliquidación del impuesto si el ingreso indebido se realizó después de dicho plazo. d) Desde el día siguiente a aquel en que se realizó el ingreso indebido cuando se declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado.

105. Según el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, estarán exentos del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, previa solicitud: a) Los que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo. b) Los de la Cruz Roja Española. c) Los que sean propiedad del Estado que estén directamente afectados a la seguridad ciudadana. d) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.

1.Los «Derechos y Libertades» de los españoles se regulan en la Constitución Española de 1978 en: a) En el Capítulo I, Título I. b) En el Capítulo II, Título I. c) En el Capítulo III, Título I. d) En el Capítulo I, Título II.

2.De conformidad con la Constitución Española, corresponde al Rey, en cuanto a las leyes: a) Sancionar las leyes, aunque las promulga el Presidente de Gobierno. b) Promulgar las leyes, aunque las sanciona el Presidente de Gobierno. c) Sancionar y promulgar las leyes. d) Solo promulgar las leyes.

3.La Constitución Española establece que el Congreso de los Diputados se compone: a) De un mínimo de 400 y un máximo de 500 diputados. b) De un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados. c) De un mínimo de 350 y un máximo de 400 diputados. d) De un mínimo de 200 y un máximo de 400 diputados.

4.Conforme a la Constitución Española, el Presidente del Gobierno es nombrado por el Rey, si previamente: a) El Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros en la primera votación de investidura, otorgare su confianza a dicho candidato. b) El Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría de sus miembros en la primera votación de investidura, otorgare su confianza a dicho candidato. c) El Congreso de los Diputados, por el voto de la totalidad de sus miembros en la primera votación de investidura, otorgare su confianza a dicho candidato. d) Ha transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura.

5.Según la Constitución Española, están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad: a) El Consejo de Ministros, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. b) El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. c) El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. d) El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, 50 Diputados, 50 Senadores y la Administración Local.

6.De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la organización central de la Administración General del Estado, son órganos superiores: a) Los Ministros, Secretarios de Estado y Subsecretarios. b) Los Secretarios de Estado, Subsecretarios y Secretarios Generales. c) Los Ministros y los Secretarios de Estado. d) Los Secretarios de Estado y los Subsecretarios.

7.En la Constitución Española se establece que la aprobación de la reforma de los Estatutos de Autonomía corresponde a: a) La Asamblea de la Comunidad Autónoma, mediante ley orgánica. b) La Asamblea de la Comunidad Autónoma, mediante ley ordinaria. c) Las Cortes Generales, mediante ley orgánica. d) Las Cortes Generales, mediante ley ordinaria.

8.De conformidad con el Tratado de la Unión Europea, ¿corresponde proponer el interés general de la Unión, velar por que se apliquen los Tratados o supervisar la aplicación del Derecho de la Unión?. a) A la Comisión Europea. b) Al Consejo de la Unión Europea. c) Al Consejo Europeo. d) Al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

9.La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece en relación con los conflictos positivos o negativos de atribuciones entre órganos de un mismo Ministerio: a) Serán resueltos por el superior jerárquico común en el plazo de diez días, pudiendo interponerse el recurso correspondiente. b) Podrán plantearse también respecto a asuntos sobre los que haya ya finalizado el procedimiento administrativo. c) Serán resueltos por el Ministro/a, en el plazo de cinco días. d) Solo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente.

10.De acuerdo con la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en el procedimiento de elaboración de los proyectos de normas reglamentarias, ¿cuál es el plazo en que debe emitirse un informe preceptivo que se solicite a un Organismo dotado de especial independencia o autonomía, si no se requiere motivadamente la emisión urgente del mismo?. a) 15 días, salvo que normativamente se establezca otra cosa. b) 20 días, salvo que normativamente se establezca otra cosa. c) Un mes, salvo que normativamente se establezca otra cosa. d) 10 días, salvo que normativamente se establezca otra cosa.

11.De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los poderes inscritos en el Registro Electrónico de Apoderamientos tendrán una validez determinada máxima de: a) Cuatro años a contar desde la fecha de inscripción, pudiendo el poderdante otorgar prórrogas con una validez determinada máxima de un plazo no superior a la mitad de este periodo. b) Dos años a contar desde la fecha de inscripción, pudiendo el poderdante otorgar prórrogas con una validez determinada máxima de un plazo no superior a la mitad de este periodo. c) Cinco años a contar desde la fecha de inscripción, pudiendo el poderdante otorgar prórrogas con una validez determinada máxima de dos años a contar desde la fecha de inscripción. d) Cinco años a contar desde la fecha de inscripción, pudiendo el poderdante otorgar prórrogas con una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción.

12.En relación con las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros, de conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno: a) Están únicamente sujetas a las obligaciones de publicidad activa. b) Cualquier persona puede ejercer el derecho de acceso a la información que obre en poder de estas entidades y haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones. c) Están sujetas tanto a las obligaciones de publicidad activa como al derecho de acceso de los ciudadanos a la información. d) No están sujetas al ámbito de aplicación de esta ley, por ser entidades de naturaleza privada.

13.De conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, ¿qué efecto produce el hecho de que los terceros, cuyos derechos o intereses resulten afectados por la información solicitada, manifiesten su oposición al acceso?. a) Se denegará el acceso a la información solicitada. b) Se concederá, por este hecho, solo un acceso limitado a aquella parte de la información que no sea susceptible de afectar a los derechos o intereses de los terceros. c) Solo tendrá lugar el acceso cuando, habiéndose concedido, haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información. d) El acceso solo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido, haya transcurrido el plazo para interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sin que se haya formalizado o haya sido resuelta confirmando el derecho a recibir la información.

14.La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas recoge entre los supuestos en los que se declarará la nulidad absoluta o de pleno derecho de los actos administrativos: a) Los que lesionen cualquiera de los derechos recogidos en el texto constitucional. b) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. c) Los que tengan un contenido inadmisible. d) Cualquier acto administrativo que no esté citado expresamente en la Ley 39/2015 pero venga establecido en una disposición reglamentaria.

15.Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué debe hacer la Administración si la solicitud del interesado no reúne los requisitos necesarios o no acompaña los documentos exigidos?. a) Inadmitir la solicitud de manera inmediata. b) Resolver el expediente sin tener en cuenta los documentos faltantes. c) Requerir al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos dentro de un plazo de 10 días hábiles. d) Archivar la solicitud automáticamente por no cumplir con los requisitos formales.

16.De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál es la regla general para el cómputo de plazos cuando estos se expresan en días?. a) Se excluyen los sábados y los domingos, computando los días festivos nacionales. b) Se excluyen los sábados, los domingos y los declarados festivos. c) Se excluyen los días festivos nacionales, computando los autonómicos y locales. d) Computan todos los días del calendario, incluidos sábados, domingos y festivos.

17.Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál es el objetivo de la fase de prueba en un procedimiento administrativo?. a) Valorar la opinión del interesado sobre la resolución final del procedimiento. b) Acreditar los hechos relevantes para la decisión que ha de adoptarse en el procedimiento. c) Revisar la legalidad de las actuaciones administrativas previas al inicio del procedimiento. d) Determinar si el procedimiento debe archivarse por falta de pruebas.

18.Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál es el plazo máximo para la resolución de un procedimiento administrativo que se tramite por la vía simplificada?. a) Seis meses, a contar desde el inicio del procedimiento. b) Tres meses, a contar desde el inicio del procedimiento. c) Dos meses, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. d) Treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.

19.De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa será: a) De tres meses. b) De seis meses. c) De doce meses. d) El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.

20.Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué debe incluir una resolución administrativa que ponga fin a un procedimiento?. a) Todas las cuestiones de forma planteadas. b) La decisión adoptada, los recursos que contra la misma procedan, órgano ante el que hubieran de interponerse y el plazo para ello. c) Solo la decisión adoptada y los fundamentos jurídicos. d) Los antecedentes del procedimiento y la decisión adoptada.

21.De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál es la regla general del sentido del silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado?. a) El silencio administrativo siempre es positivo, estimatorio de la solicitud. b) El silencio administrativo será negativo, desestimatorio, en todos los casos. c) El silencio administrativo es positivo, excepto en los casos en los que una norma con rango de Ley o de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. d) El silencio administrativo es siempre positivo, salvo en los procedimientos sancionadores o de responsabilidad patrimonial.

22.Con relación a la declaración de lesividad de actos anulables que regula la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. b) Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. c) Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se entenderá desestimada. d) Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se entenderá desestimada.

23.En relación con el recurso de alzada que regula la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Las leyes no podrán sustituir el recurso de alzada por otros procedimientos de impugnación, reclamación o conciliación al no tratarse de un recurso potestativo. b) Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos determinados, por otros procedimientos de impugnación con el único requisito de que se respeten los plazos que la presente Ley reconoce a los interesados en todo procedimiento administrativo. c) Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas sometidas a instrucciones jerárquicas, con el límite de respeto a los plazos que la Ley reconoce a los interesados en todo procedimiento administrativo. d) Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo.

24.Con relación a la suspensión de la ejecución que regula la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro del Capítulo II dedicado a los recursos administrativos: a) La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado. b) La interposición de cualquier recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado hasta que recaiga resolución sobre el mismo. c) La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. d) La interposición de cualquier recurso, excepto cuando se vea afectado el interés público, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

25.Las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos como establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) En todo caso. b) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia obligatoria del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y aunque rechace la comunicación o notificación personal en ese momento. c) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante. d) En ningún caso.

26.La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece, en relación a la ejecución de sentencias, si la Administración realizare alguna actividad que contraviniera los pronunciamientos del fallo, el juez/a o Tribunal: a) De oficio, procederá a reponer la situación al estado exigido por el fallo y determinará los daños y perjuicios que ocasionare el incumplimiento. b) A instancia de los interesados, procederá a reponer la situación al estado exigido por el fallo y solo determinará los daños y perjuicios que ocasionare el incumplimiento si así es solicitado por alguna de las partes. c) A instancia de los interesados, procederá a reponer la situación al estado exigido por el fallo y determinará los daños y perjuicios que ocasionare el incumplimiento. d) De oficio, procederá a reponer la situación al estado exigido por el fallo sin que pueda entrar a determinar, en ese procedimiento, los daños y perjuicios que ocasionare el incumplimiento.

27.En relación al procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, dispone que formalizada la demanda, el letrado o letrada de la Administración de Justicia dará traslado de la misma, con entrega del expediente administrativo. a) Al Ministerio Fiscal y a las partes demandadas para que presenten sus alegaciones en el plazo común e improrrogable de quince días y acompañen los documentos que estimen oportunos. b) Al Ministerio Fiscal y a las partes demandadas para que presenten sus alegaciones en el plazo común e improrrogable de ocho días y acompañen los documentos que estimen oportunos. c) Al Ministerio Fiscal y a las partes demandadas para que presenten sus alegaciones en el plazo común e improrrogable de diez días, acompañen los documentos que estimen oportunos y soliciten el recibimiento a prueba. d) A las partes demandadas para que presenten sus alegaciones en el plazo común e improrrogable de diez días, acompañen los documentos que estimen oportunos y soliciten el recibimiento a prueba.

29.Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿qué se entiende por presupuesto base de licitación?. a) El límite máximo del coste, que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. b) El límite máximo del coste, que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. c) El límite máximo del gasto, que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. d) El límite máximo del gasto, que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.

30.De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el anuncio de información previa de los contratos que se tenga proyectado adjudicar: a) Es una opción del órgano de contratación para los contratos sujetos a regulación armonizada. b) Solo es aplicable a los contratos de suministros y servicios. c) La publicación es exclusivamente en el Diario Oficial de la Unión Europea. d) Reducirá plazos a la mitad.

31.¿Cuál de las siguientes no es una causa de resolución de los contratos administrativos, según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público?. a) El impago, durante la ejecución del contrato, por parte del contratista, de los salarios a los trabajadores que estuvieran participando en la misma. b) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. c) La ejecución del contrato por parte del contratista, de acuerdo con los términos del mismo. d) La demora en el pago por parte de la Administración por más de seis meses.

32.Si en un contrato de obras el presupuesto base de licitación es inferior a 500.000 euros, Impuestos sobre el Valor Añadido excluido, es necesario recabar informe de la oficina de supervisión de proyectos, según establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: a) Si afecta a la estanqueidad de la obra. b) En ningún caso. c) Si se trata de obras de rehabilitación de edificios Patrimonio del Estado. d) Si se trata de obras de primer establecimiento.

33.De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en la entrega y recepción de un contrato de suministros: a) Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que esta hubiere incurrido en mora al recibirlos. b) Cuando el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las condiciones del pliego, sea posterior a su entrega, la Administración no será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. c) Una vez recibidos de conformidad por la Administración bienes o productos perecederos, será esta responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad del suministrador por los vicios o defectos ocultos de los mismos. d) Una vez recibidos de conformidad por la Administración bienes o productos perecederos, será esta responsable de su gestión, uso o caducidad, sin responsabilidad del suministrador por los vicios o defectos ocultos de los mismos.

34.Conforme a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son causas de resolución del contrato de suministro, entre otras, las siguientes: a) El desistimiento después de la iniciación del suministro o la suspensión de la iniciación del suministro por causa imputable a la Administración por plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega salvo que en el pliego se señale otro menor. b) La enfermedad grave del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 relativo a la sucesión del contratista. c) El desistimiento, una vez iniciada la ejecución del suministro o la suspensión del suministro por un plazo superior a ocho meses acordada por la Administración, salvo que en el pliego se señale otro menor. d) La renuncia después de la iniciación del suministro o la suspensión de la iniciación del suministro por causa imputable a la Administración por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega salvo que en el pliego se señale otro menor.

35.Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son causas de resolución de los contratos de servicios, además de las generales, las siguientes: a) El desistimiento, una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato por plazo superior a diez meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el pliego se señale otro menor. b) El desistimiento, una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato por plazo superior a ocho meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el pliego se señale otro menor. c) El desistimiento, una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato por plazo superior a seis meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el pliego se señale otro menor. d) El desistimiento, una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato por plazo superior a cuatro meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el pliego se señale otro menor.

36.Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para los contratos de obra será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores en los: a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros. b) Contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 450.000 euros. c) Contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 400.000 euros. d) Contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 350.000 euros.

37.En relación a los bienes de dominio público y bienes patrimoniales, de conformidad con el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio: a) Son bienes de servicio público local los caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes y estanques, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean de la competencia de la Entidad local. b) Son bienes de uso público los destinados directamente al cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de las Entidades locales, tales como Casas Consistoriales, Palacios Provinciales y, en general, edificios que sean de las mismas, mataderos, mercados, lonjas, hospitales, hospicios, museos, montes catalogados, escuelas, cementerios, elementos de transporte, piscinas y campos de deporte, y, en general, cualesquiera otros bienes directamente destinados a la prestación de servicios públicos o administrativos. c) Son bienes patrimoniales o de propios los que siendo propiedad de la Entidad Local no estén destinados a uso público, ni afectados a algún servicio público y puedan constituir fuentes de ingresos para el erario de la Entidad. d) Se clasificarán como bienes de dominio público las parcelas sobrantes y los efectos no utilizables.

39.Los principios inspiradores del sistema tributario español son según la Constitución Española, entre otros: a) Principios de capacidad económica, principio de igualdad y el principio de progresividad. b) Principios de capacidad económica, de igualdad y de sostenibilidad financiera. c) Principios de progresividad, igualdad y sostenibilidad financiera. d) Principios de capacidad económica, proporcionalidad y sostenibilidad financiera.

40.Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en dicha Ley quienes: a) Hayan sido condenados mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos. b) Hayan solicitado la declaración de quiebra técnica o insolvencia no punible. c) Hayan solicitado fraccionamiento de pago de deudas tributarias con carácter previo a la solicitud de la subvención. d) Hayan sido sancionados mediante resolución no firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.

41.Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el control financiero de subvenciones tendrá como objeto verificar, entre otras: a) La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte de los subcontratistas del beneficiario. b) El cumplimiento por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras de sus obligaciones en la gestión y aplicación de la subvención. c) El control de la solvencia económica del beneficiario de la subvención. d) La solvencia económica del beneficiario y de las entidades colaboradoras.

42.Según la Constitución Española, ¿a quién corresponde la competencia para aprobar las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos?. a) A las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonomía. b) Al Estado, a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales, según de qué tipo de funcionarios públicos se trate. c) A la Unión Europea, en virtud de lo dispuesto en los Tratados, Reglamentos y Directivas de obligado cumplimiento. d) Corresponde al Estado la competencia exclusiva para aprobar las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos.

43.La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local introdujo una limitación por tramos del número máximo de personal eventual para cada corporación local, en función de su población: a) Por debajo de 10.000 habitantes no podrán contar con puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual. b) Entre 2.000 y 5.000 habitantes contarán con un puesto reservado a personal eventual. c) Entre 10.000 y 20.000 habitantes podrán contar con hasta 5 eventuales. d) Entre 2.000 y 5.000 habitantes podrán contar con 1 puesto de eventual, cuando no haya miembros de la corporación local con dedicación exclusiva.

45.La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que los funcionarios con habilitación de carácter nacional desempeñan las siguientes funciones: a) Los pertenecientes a la subescala de Secretaría, las funciones de asesoramiento legal preceptivo y la función de contabilidad. b) Los pertenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería, las funciones de fe pública y de control de fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria. c) Los pertenecientes a la subescala de Secretaría-Intervención, destinados en Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes, solamente las funciones de control de fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria. d) Los pertenecientes a la subescala de Secretaría, las funciones de fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.

46.De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la adopción de la sanción disciplinaria de extinción de la relación de servicio de los funcionarios habilitados de carácter nacional, previo el cumplimiento de los trámites que en cada caso procedan, corresponde: a) Al Pleno de la respectiva Corporación Local. b) A su Alcalde/Presidente. c) A la Administración General del Estado (Ministerio competente en materia de Función Pública). d) A la Consejería autonómica con competencias en materia de Régimen Local.

47.De acuerdo con el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, ¿se puede contratar bajo la modalidad de contrato de relevo a un trabajador que en el momento de la contratación presta sus servicios en la empresa con un contrato indefinido?. a) No, solo con trabajadores en situación de desempleo o que estuvieran vinculados a la misma empresa por un contrato de duración determinada. b) No, se requiere que el trabajador sea perceptor de la prestación por desempleo. c) No, pues no se puede celebrar este tipo de contrato con trabajadores vinculados laboralmente con la empresa. d) Sí, no hay requisitos específicos para poder ser contratado bajo la modalidad de contrato de relevo.

48.De acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la junta de personal se constituirá en unidades electorales que cuenten con un mínimo de: a) 50 funcionarios/as. b) 30 funcionarios/as. c) 50 empleados/as públicos/as. d) 30 empleados/as públicos/as.

49.De acuerdo con el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, en relación al ejercicio del derecho de huelga: a) El ejercicio del derecho de huelga podrá realizarse ocupando de forma pacífica los centros de trabajo sin prestar actividad laboral. b) El trabajador en huelga permanecerá en situación de alta en la Seguridad Social, sin suspensión de la obligación de cotización por parte del trabajador. c) El ejercicio del derecho de huelga, en ningún caso puede dar lugar a sanción. d) El empresario no podrá sustituir a los huelguistas por trabajadores que no estuviesen vinculados a la empresa al tiempo de ser comunicada la misma, durante una huelga rotatoria.

50.La Constitución de 1978 dispone que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo, y se recoge en: a) Título III. b) Capítulo III, Título I. c) Capítulo II, Título I. d) Capítulo IV, Título I.

51.Según el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, en la sociedad anónima el capital: a) Estará dividido en acciones, y se integrará por las aportaciones de todos los socios, quienes responderán personalmente de las deudas sociales. b) Estará dividido en participaciones sociales, y se integrará por las aportaciones de los socios, quienes no responderán personalmente de las deudas sociales. c) Estará dividido en acciones, y se integrará por las aportaciones de los socios, quienes no responderán personalmente de las deudas sociales. d) Estará dividido en participaciones sociales, y se integrará por las aportaciones de los socios, quienes responderán personalmente de las deudas sociales.

52.La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal prevé que a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de: a) Nueve a quince años. b) Seis a nueve años. c) Tres a cinco años. d) Un año y seis meses a cuatro años.

53.La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que en todo caso estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: a) Las entidades sin personalidad jurídica. b) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que no se requiera colegiación obligatoria. c) Quienes representen a un interesado que no esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. d) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con cualquier Administración Pública.

54.La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que podrán elegir si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos: a) Las personas físicas, en todo momento. b) Las personas físicas, en determinados plazos. c) Las personas jurídicas, en todo momento. d) Las personas jurídicas, en determinados plazos.

55.De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Las notificaciones se practicarán en todo caso por medios electrónicos. b) Las notificaciones se practicarán en todo caso en papel. c) Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando la Administración lo determine. d) Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.

56.De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la notificación por medios electrónicos se entenderá: a) Rechazada cuando hayan transcurrido quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. b) Practicada en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. c) Rechazada en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. d) Practicada con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única.

57.Respecto a los municipios de gran población, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece expresamente que son órganos directivos municipales: a) El Jefe/a de la Policía Local. b) El Jefe/a de Protección Ciudadana. c) El Jefe/a de Recursos Humanos. d) El titular de la asesoría jurídica.

58.Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿cuál es el plazo mínimo de información pública y audiencia a los interesados para presentación de reclamaciones y sugerencias tras la aprobación inicial por el Pleno de una ordenanza local?. a) Treinta días naturales. b) Veinte días hábiles. c) Treinta días hábiles. d) Veinticinco días hábiles.

59.De acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la aprobación del reglamento orgánico propio de la corporación requiere el: a) Voto favorable de la mayoría simple de los miembros presentes. b) Voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros presentes. c) Voto favorable de la mayoría simple del número legal de miembros de las corporaciones. d) Voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones.

60.Según el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, ¿cuál de los siguientes datos es obligatorio que figure en el Padrón Municipal?. a) El correo electrónico. b) Domicilio habitual, con especificación de la referencia catastral en el territorio fiscal común, o el código equivalente en los territorios forales, siempre que el domicilio cuente con referencia catastral o código equivalente. c) El permiso de conducir. d) El teléfono.

61.De acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios señalados en el título X de la referida norma, y en aquellos otros: a) En que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico. b) En que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría simple del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico. c) En que la Junta de Gobierno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico. d) En que la Alcaldía así lo acuerde, o así lo disponga su Reglamento orgánico.

62.De acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local se integra: a) Por el Alcalde/sa y un número de Concejales no inferior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. b) Por el Alcalde/sa y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. c) Por el Alcalde/sa y un número de Concejales no superior a la cuarta parte del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. d) Por el Alcalde/sa y un número de Concejales no inferior a la cuarta parte del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.

63.De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, todos los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: a) Alumbrado público, biblioteca pública, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. b) Alumbrado público, protección civil, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. c) Alumbrado público, transporte colectivo urbano de viajeros, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. d) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.

64.Según la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en el caso de que la cuestión de confianza no obtuviera el número necesario de votos favorables para la aprobación del acuerdo, el Alcalde/sa: a) Cesará automáticamente, quedando en funciones hasta la toma de posesión de quien hubiere de sucederle en el cargo. b) Cesará en el décimo día hábil siguiente al de la votación del acuerdo al que se vinculase la cuestión de confianza. c) Cesará en el vigésimo día hábil siguiente al de la votación del acuerdo al que se vinculase la cuestión de confianza. d) Cesará al día siguiente al de la votación del acuerdo al que se vinculase la cuestión de confianza, quedando en funciones hasta la toma de posesión de quien hubiere de sucederle en el cargo.

65.De acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en el supuesto de que en alguna circunscripción no se presenten candidaturas, se procede a la celebración de elecciones parciales en dicha circunscripción en el plazo de: a) Seis meses. b) Tres meses. c) Dos meses. d) Doce meses.

66.De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias: a) Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento. b) Aprobación de la Cuenta General. c) Aprobación inicial de Ordenanzas. d) Alteración de la calificación jurídica de los bienes demaniales o comunales.

67.De acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en el ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad local infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerirla, invocando expresamente el presente artículo, para que anule dicho acto en el plazo máximo: a) De un mes. b) De treinta días. c) De dos meses. d) De quince días.

68.Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, ¿qué características tienen los bienes comunales de las entidades locales?. a) Que entran dentro de la condición de bienes patrimoniales. b) Que se rigen por las normas del derecho privado. c) Que son inalienables, inembargables e imprescriptibles. d) Son bienes que están destinados a un uso o servicio público.

69.Según lo dispuesto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ¿qué recurso se podrá interponer contra la aprobación definitiva del presupuesto de una Entidad Local?. a) Reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional. b) Reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central. c) Directamente recurso contencioso-administrativo. d) Recurso ante el Tribunal de Cuentas.

70.El texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece que cada uno de los presupuestos que se integran en el presupuesto general deberá aprobarse: a) Nivelado, igualdad de gastos e ingresos. b) Sin déficit inicial. c) Con superávit de ingresos. d) Alguno de ellos con déficit inicial, siempre que se compense con otro con superávit.

71.Según el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en una Entidad Local podrán generar crédito en los estados de gastos de los presupuestos los ingresos procedentes de: a) Mayor recaudación de la prevista en una tasa. b) Mayor recaudación de la prevista en un impuesto. c) Reembolso de préstamos. d) El remanente líquido de Tesorería.

72.¿Qué límites establece a las Entidades Locales en cuanto a los niveles de vinculación jurídica de los créditos para gastos el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos?. a) Respecto de la clasificación económica el capítulo. b) Respecto de la clasificación económica el artículo. c) Respecto de la clasificación económica el concepto. d) Respecto de la clasificación económica el subconcepto.

73.De acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo: a) La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al Presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención. b) La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde a la Comisión de Hacienda. c) La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al Pleno de la Corporación por mayoría absoluta, previo informe de la Intervención. d) La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al Pleno de la Corporación por mayoría simple, previo informe de la Intervención.

74.De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, el Remanente de Tesorería positivo: a) Constituye un recurso para financiar modificaciones de crédito, podrá formar parte de las previsiones iniciales de ingresos y podrá financiar los créditos iniciales del presupuesto de gastos. b) Podrá formar parte de las previsiones iniciales de ingresos y podrá financiar los créditos iniciales del presupuesto de gastos. c) Constituye un recurso para financiar modificaciones de crédito, no podrá formar parte de las previsiones iniciales de ingresos ni podrá financiar los créditos iniciales del presupuesto de gastos, y no dará lugar ni al reconocimiento ni a la liquidación de derechos presupuestarios. d) Constituye un recurso para financiar modificaciones de crédito, pudiendo formar parte de las previsiones iniciales de ingresos dando lugar a la liquidación de derechos presupuestarios.

75.De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Entidad Local deberá elaborar un Plan Económico Financiero: a) Únicamente en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. b) En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto. c) Cuando el ahorro neto sea negativo. d) En caso de que el remanente de tesorería sea negativo.

76.Según el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los estados y cuentas anuales de la entidad local serán rendidos por su Presidente antes del día: a) 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. b) 15 de marzo del ejercicio siguiente al que correspondan. c) 15 de abril del ejercicio siguiente al que correspondan. d) 15 de junio del ejercicio siguiente al que correspondan.

77.De conformidad con el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación, acompañada de los informes de la Comisión Especial de Cuentas: a) Y de las reclamaciones y reparos formulados, para que, en su caso, pueda ser aprobada por mayoría absoluta antes del día 1 de octubre. b) Para que, en su caso, pueda ser aprobada por mayoría simple antes del día 10 de octubre. c) Y de las reclamaciones y reparos formulados, para que, en su caso, pueda ser aprobada por mayoría simple antes del día 1 de octubre. d) Para que, en su caso, pueda ser aprobada por mayoría absoluta antes del día 15 de octubre.

78.De acuerdo con la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas: a) El Tribunal en Pleno estará integrado por diez Consejeros/as de Cuentas. b) El Tribunal en Pleno estará integrado por doce Consejeros/as de Cuentas. c) El Tribunal en Pleno estará integrado por catorce Consejeros/as de Cuentas. d) El Tribunal en Pleno estará integrado por dieciséis Consejeros/as de Cuentas.

79.De acuerdo con el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se necesitará conjuntamente a la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora, acuerdo de imposición para la exacción por parte de la entidad local y de: a) El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. b) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. c) El Impuesto sobre Actividades Económicas. d) El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

80.De acuerdo con la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando en las actuaciones y en los procedimientos de aplicación de los tributos sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido de un obligado tributario o efectuar registros en el mismo, la Administración Tributaria deberá: a) Obtener el consentimiento del obligado tributario o autorización escrita de la autoridad administrativa que reglamentariamente se determine. b) Obtener el consentimiento del obligado tributario o autorización judicial. c) Obtener el consentimiento del obligado tributario o autorización escrita de la autoridad administrativa que reglamentariamente se determine o autorización judicial. d) Obtener el consentimiento del obligado tributario, sin que pueda ser sustituido por otro tipo de autorización.

81.En relación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y conforme al texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el tipo de gravamen mínimo y supletorio será el: a) 0,3 por ciento cuando se trate de bienes inmuebles urbanos y el 0,4 por ciento cuando se trate de bienes inmuebles rústicos, y el máximo será el 1,10 por ciento para los urbanos y 0,90 por ciento para los rústicos. b) 0,4 por ciento cuando se trate de bienes inmuebles urbanos y el 0,2 por ciento cuando se trate de bienes inmuebles rústicos, y el máximo será el 0,90 por ciento para los urbanos y 0,70 por ciento para los rústicos. c) 0,4 por ciento cuando se trate de bienes inmuebles urbanos y el 0,3 por ciento cuando se trate de bienes inmuebles rústicos, y el máximo será el 1,10 por ciento para los urbanos y 0,90 por ciento para los rústicos. d) 0,5 por ciento cuando se trate de bienes inmuebles urbanos y el 0,4 por ciento cuando se trate de bienes inmuebles rústicos, y el máximo será el 0,90 por ciento para los urbanos y 1,10 por ciento para los rústicos.

82.El texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece que la base imponible del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras está formada por: a) La valoración que realice el técnico municipal. b) Por el presupuesto de la obra, incluido los honorarios de profesionales y el beneficio empresarial, presentado por el sujeto pasivo del impuesto. c) Por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido. d) Por el coste de ejecución de la obra excluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido, las tasas, precios públicos, los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista y cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.

83.El texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, dispone que en relación al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: a) El sujeto pasivo a título de contribuyente en las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, es la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate. b) El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder del 35 por ciento. c) La declaración tributaria deberá ser presentada por los sujetos pasivos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto, en el plazo de un mes, cuando se trate de actos inter vivos. d) La declaración tributaria deberá ser presentada por los sujetos pasivos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto, en el plazo improrrogable de seis meses, cuando se trate de actos por causa de muerte.

84.El importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local se fijará de acuerdo con las siguientes reglas del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo: a) Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 2,5 por ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las referidas empresas. b) Como máximo, por el 90 por ciento del coste que la entidad local soporte por la prestación del servicio o realización de la actividad. c) Con carácter general, tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público. d) El importe deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada.

85.El devengo de las contribuciones especiales se produce conforme al texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo: a) En el momento de la adopción del acuerdo de imposición y ordenación. b) En el caso de obras susceptibles de fraccionamiento, en el momento del pago anticipado. c) En el momento en que las obras se hayan ejecutado o el servicio haya comenzado a prestarse. d) Con la notificación individual a cada sujeto pasivo de las cuotas a satisfacer.

86.De conformidad con lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: a) Las Haciendas locales se nutren, únicamente, de las participaciones reconocidas en los tributos del Estado y en los de las Comunidades Autónomas. b) Las Haciendas locales se nutren, además de tributos propios y de las participaciones reconocidas en los del Estado y en los de las Comunidades Autónomas, de aquellos otros recursos que prevea la Ley. c) Las Haciendas locales se nutren, únicamente, de tributos propios y de las participaciones reconocidas en los del Estado. d) Las Haciendas locales se nutren, únicamente, de tributos propios.

87.Según lo establecido en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para atender necesidades transitorias de tesorería, las entidades locales podrán concertar operaciones de crédito a corto plazo, siempre que en su conjunto no superen el 30 por ciento de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya producido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la liquidación del ejercicio anterior a este último, siempre que no exceda de: a) Dos años. b) Un año. c) Seis meses. d) Tres meses.

88.De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el otorgamiento de licencias le corresponde a: a) A la Junta de Gobierno. b) Al Concejal de la Concejalía, Área u órgano equivalente correspondiente de la entidad local. c) Al Pleno. d) Al Alcalde/sa, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local.

89.Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, le corresponde la aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos: a) Al Pleno. b) A la Junta de Gobierno. c) Al Alcalde/sa. d) Al Concejal/a de la Concejalía, Área u órgano equivalente correspondiente de la entidad local.

90.Según lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, señale cuál de las siguientes facultades no está comprendida en el derecho de propiedad del suelo: a) La facultad de expropiación. b) La facultad de disfrute. c) La facultad de explotación. d) La facultad de uso.

91.Respecto de los criterios básicos de utilización del suelo regulados en el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, y en particular, en lo relativo a la reserva de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de protección pública: a) Esta reserva será determinada por la legislación estatal sobre ordenación territorial y urbanística, en todo caso. b) Comprenderá, como máximo, los terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo rural que vaya a ser incluido en actuaciones de nueva urbanización. c) La legislación sobre ordenación territorial y urbanística no podrá establecer una reserva inferior a la prevista en la mencionada norma. d) Comprenderá, como mínimo, los terrenos necesarios para realizar el 40 por ciento de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo rural que vaya a ser incluido en actuaciones de nueva urbanización.

92.Respecto de la fijación del justiprecio en las expropiaciones forzosas, el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, establece que: a) El justiprecio de los bienes y derechos expropiados se fijará conforme a los criterios de valoración que establezca la legislación autonómica en materia de régimen de suelo y ordenación urbana. b) El justiprecio se fijará por el procedimiento de tasación conjunta, en todo caso. c) Si hay acuerdo con el expropiado, el justiprecio se podrá satisfacer en especie. d) El justiprecio, por definición, no permite que se pueda satisfacer en especie.

93.¿En qué municipios podrá constituirse una Junta Local de Seguridad, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?. a) En todos los municipios. b) En los municipios de más de cinco mil habitantes. c) En los que tengan cuerpo de policía propio. d) En aquellos en que así se apruebe por el Pleno de la Corporación.

94.De acuerdo con Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los agentes de la Policía municipal son los encargados de instruir atestados por accidentes de circulación: a) Dentro del casco urbano. b) Dentro del término municipal. c) No pueden instruir atestados por accidente de circulación. d) En cualquier vía pública.

95. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que el servicio de medio ambiente urbano es un servicio mínimo obligatorio en: a) Todos los municipios. b) En los municipios de más de 25.000 habitantes. c) En los municipios de más de 50.000 habitantes. d) En aquellos en que así lo acuerde el Pleno de la Corporación.

96.¿Es obligatorio por Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para los municipios el transporte colectivo urbano de viajeros?. a) En todos los municipios. b) En los municipios con población superior a 5.000 habitantes. c) En los municipios con población superior a 20.000 habitantes. d) En los municipios con población superior a 50.000 habitantes.

97.De acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las Entidades locales deberán establecer y planificar los procedimientos de comunicación necesarios, así como los de verificación posterior del cumplimiento de los requisitos precisos para el ejercicio de la misma por los interesados previstos en la legislación sectorial: a) Cuando el ejercicio de actividades no precise autorización inmediata. b) Cuando el ejercicio de actividades no precise autorización habilitante y previa. c) Cuando el ejercicio de actividades precise autorización habilitante y previa. d) Cuando el ejercicio de actividades no precise autorización habilitante posterior.

98.De acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: a) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. b) Evaluación e información de situaciones de necesidad social, la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social y evaluación del grado de discapacidad. c) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, evaluación del grado de discapacidad y emisión de informes preceptivos de dependencia. d) Evaluación e información de situaciones de necesidad social, remitiendo a las Comunidades Autónomas, la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

99.¿A partir de qué población en el municipio es obligatorio por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el servicio de biblioteca pública?. a) En todos los municipios. b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes. c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes. d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes.

R1.En cuanto a los principios de buena regulación que regula la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. b) En virtud de los principios de proporcionalidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. c) En virtud de los principios de transparencia y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. d) En virtud de los principios de eficacia y eficiencia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.

R2.La Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio establece que estarán exentas del pago del Impuesto las siguientes rentas: a) Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador en virtud de convenio, pacto o contrato, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias. b) Las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de decisión judicial. c) Las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social o por las entidades que la sustituyan como consecuencia de incapacidad permanente total o gran invalidez. d) Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador en virtud de convenio, pacto o contrato, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias. Las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de decisión judicial. Las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social o por las entidades que la sustituyan como consecuencia de incapacidad permanente total o gran invalidez.

R3.De acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio, ¿cuál de las siguientes personas puede ejercer la profesión mercantil?. a) Un juez/a dentro de los límites de los distritos, provincias o pueblos en que desempeñan sus funciones. b) Un concejal/a dentro de los límites de los distritos, provincias o pueblos en que desempeñan sus funciones. c) Las personas que sean inhabilitadas por sentencia firme conforme a la Ley Concursal mientras no haya concluido el periodo de inhabilitación. d) Los menores de dieciocho años podrán continuar, por medio de sus guardadores, el comercio que hubieran ejercido sus padres o sus causantes, aun en el caso en el que dicho guardador no tenga capacidad para comerciar, pues dicha capacidad solamente se exige en el caso del menor comerciante.

R4.La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal dispone que será castigado por la comisión imprudente de un delito sobre el patrimonio histórico, el que por imprudencia grave cause daños en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga o en bienes de valor artístico, histórico, cultural, científico o monumental, así como en yacimientos arqueológicos, si la cuantía de dichos daños es superior a: a) Mil euros. b) Ochocientos euros. c) Seiscientos euros. d) Cuatrocientos euros.

R5.La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal establece que la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanística vigentes, o que con motivo de inspecciones haya silenciado la infracción de dichas normas o que haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio será castigado con la pena de prisión de: a) Un año y seis meses a cuatro años y la multa de doce a veinticuatro meses. b) Dos años a cuatro años y la multa de seis a doce meses. c) Un año y tres meses a cuatro años y la multa de doce a veinticuatro meses. d) Dos años y seis meses a cuatro años y la multa de doce a veinticuatro meses.

1. Según el artículo 179.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en una circunscripción electoral de 251 a 1.000 residentes, se eligen. a) 5 concejales. b) 7 concejales. c) 9 concejales. d) 11 concejales.

2. De conformidad con el artículo 102.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, respecto al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. a) Forman parte, del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, los honorarios de profesionales y el beneficio empresarial del contratista. b) No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local. c) La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar al hecho imponible el tipo de gravamen. d) El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder del cinco por cien.

3. Según el artículo 103.2.f) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, respecto al Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación sobre la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. a) De hasta el 90 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras vinculadas a los planes de fomento de las inversiones privadas en infraestructuras. b) De hasta el 90 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial. c) De hasta el 90 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras necesarias para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. d) De hasta el 90 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.

4. De conformidad con el artículo 86 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, sobre las cuotas municipales, provinciales o nacionales fijadas en las tarifas del impuesto sobre Actividades Económicas se aplicará, en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo, de manera que. a) Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 euros de importe neto de la cifra de negocios: coeficiente 1,30. b) Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 euros de importe neto de la cifra de negocios: coeficiente 1,32. c) Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 euros de importe neto de la cifra de negocios: coeficiente 1,33. d) Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 euros de importe neto de la cifra de negocios: coeficiente 1,35.

5. Según el artículo 47.2.a) del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, en los casos en que el suelo haya sido expropiado para ejecutar una actuación de urbanización. a) Procede la reversión, cuando hayan transcurrido cinco años desde la expropiación sin que la urbanización se haya concluido. b) Procede la reversión, cuando hayan transcurrido diez años desde la expropiación sin que la urbanización se haya concluido. c) Procede la reversión, cuando hayan transcurrido quince años desde la expropiación sin que la urbanización se haya concluido. d) Procede la reversión, cuando hayan transcurrido veinte años desde la expropiación sin que la urbanización se haya concluido.

6. De conformidad con el artículo 75 bis.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los Presupuestos Generales del Estado determinarân, anualmente, el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que en su caso tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios especiales, atendiendo entre otros criterios a la naturaleza de la Corporación local y a su población según la siguiente tabla. a) Habitantes De 20.001 a 50.000; referencia Secretario de Estado -20%. b) Habitantes De 20.001 a 50.000: referencia Secretario de Estado -25%. c) Habitantes De 20.001 a 50.000: referencia Secretario de Estado -35%. d) Habitantes De 20.001 a 50.000: referencia Secretario de Estado -45%.

7. Según el artículo 75 ter.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la prestación de servicios en los Ayuntamientos en régimen de dedicación exclusiva por parte de sus miembros deberá ajustarse en todo caso a los siguientes límites. a) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 2.001 y 3.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de uno. b) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 2.001 y 3.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de dos. c) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 2.001 y 3.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de tres. d) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 2.001 y 3.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de cinco.

8. De conformidad con el artículo 26.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: en los Municipios con población superior a 5.000 habitantes. a) Tratamiento de residuos. b) Instalaciones deportivas de uso público. c) Medio ambiente urbano. d) Protección civil.

9. Según el artículo 27.3.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las siguientes competencias. a) Promoción y gestión turística. b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. c) Transporte colectivo urbano de viajeros. d) Tratamiento de residuos.

10. De conformidad con el artículo 32 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, existen en todas las Diputaciones Provinciales. a) El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Personal Directivo. b) El Presidente, el Consejo, la Junta de Gobierno y el Pleno. c) El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno. d) El Presidente, los Diputados Delegados, la Junta de Gobierno y el Pleno.

11. El artículo 36.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece como competencia propia de la Diputación o entidad equivalente. a) La asistencia en la prestación de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. b) La asistencia en la prestación de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 50.000 habitantes. c) La asistencia en la prestación de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 5.000 habitantes. d) La asistencia en la prestación de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 25.000 habitantes.

12. Según lo establecido en el artículo 44.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, podrán integrarse en la misma mancomunidad, municipios pertenecientes a distintas comunidades autónomas. a) Siempre que no lo prohíban las comunidades autónomas afectadas. b) Siempre que lo permitan las normativas de las comunidades autónomas afectadas. c) Siempre que así lo decidan, por mayoría absoluta del número legal de sus miembros, los Plenos de los Ayuntamientos afectados. d) Siempre que así lo decida el Pleno de la Mancomunidad, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los municipios en él representados.

13. De conformidad con el artículo 20.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios. a) De más de 5.000 habitantes. b) Cuando así lo disponga su reglamento regulador del órgano o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. c) Cuya comunidad autónoma lo prevea en sus leyes como organización municipal complementaria. d) Señalados en el titulo X, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico.

14. Según el artículo 14.2.d) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán interponer el recurso de reposición contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho público de las entidades locales. a) Cualquiera persona cuyos intereses legítimos, directos e indirectos, resulten afectados. b) Cualquiera persona cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados por el acto administrativo de gestión. c) Los obligados a efectuar el ingreso de derecho público o privado de que se trate. d) Cualquier persona con intereses tributarios en la materia.

15. De conformidad con lo establecido en el artículo 169.5 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Presupuesto General entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente. a) Una vez publicado cuando definitivamente aprobado sea insertado en el boletín oficial de la corporación, si lo tuviera, y, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, en el de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial. b) Una vez aprobado por el Pleno de la Corporación. c) Una vez enviado a los órganos competentes de la Administración General del Estado y de la comunidad autónoma. d) En el supuesto de que, una vez transcurrido el trámite de información pública, no se hubiesen presentado reclamaciones.

16. Según lo establecido en el artículo 170.2.b) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el Presupuesto. a) Por no haberse procedido a su aprobación dentro del plazo establecido en el 169 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. b) Por no existir equilibrio entre los ingresos y los gastos presupuestados de tal manera que aquellos resulten mayores que estos. C) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. d) Por ser de manifiesto desequilibrio los ingresos con relación a los gastos presupuestados.

17. De conformidad con lo establecido en el artículo 49.7 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las corporaciones locales también podrán conceder avales a sociedades mercantiles participadas por personas o entidades privadas, en las que tengan una cuota de participación en el capital social no inferior al 30 por ciento. El aval no podrá garantizar un porcentaje del crédito superior. a) Al de su participación en la sociedad. b) Al 30 por ciento del capital social. c) Al 10 por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto. d) Al 30 por ciento de su aportación al capital social.

18. Según el artículo 17.1 de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, el órgano permanente de cooperación y colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades Locales, en materia de actividad física y deporte, que tiene como finalidad promover la cohesión del sistema deportivo es. a) El Consejo Superior de Deportes. b) La Conferencia Sectorial de Deporte. c) El Registro Estatal de Entidades Deportivas. d) La Confederación de Federaciones Deportivas Españolas.

19. De conformidad con lo establecido en el artículo 12.5.b) de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, corresponde a las entidades locales, a las ciudades de Ceuta y Melilla o, cuando proceda, a las diputaciones forales: aprobar programas de gestión de residuos para las entidades locales con una población de derecho superior a. a) 5.000 habitantes, de conformidad con los planes autonómicos y estatales de gestión de residuos. b) 10.000 habitantes, de conformidad con los planes autonómicos y estatales de gestión de residuos. c) 20.000 habitantes, de conformidad con los planes autonómicos y estatales de gestión de residuos. d) 50.000 habitantes, de conformidad con los planes autonómicos y estatales de gestión de residuos.

20. De acuerdo con lo señalado en el artículo 14.3.a) de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, deberán establecer zonas de bajas emisiones antes de 2023 los municipios con población superior a. a) 100.000 habitantes. b) 75.000 habitantes. c) 90.000 habitantes. d) 50.000 habitantes.

21. El artículo 8.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone que, en todo caso, la gestión de los bienes patrimoniales deberá coadyuvar al desarrollo y ejecución de las distintas políticas públicas en vigor y, en particular. a) Al de la política de transportes. b) Al de la política de igualdad. c) Al de la política de vivienda. d) Al de la política de perspectiva de género.

22. De conformidad con el artículo 10.2.d) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, uno de los siguientes grupos es un régimen especial: a) Estudiantes. b) Trabajadores por cuenta ajena. c) Trabajadores de la agricultura, pesca y alimentación. d) Funcionarios públicos del Estado y de las Comunidades Autónomas.

23. De acuerdo con el artículo 244.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, las resoluciones de los Tribunales cuando no estén constituidos en Sala de Justicia, las de las Salas de Gobierno y las de los Jueces y Presidentes cuando tuvieren carácter gubernativo, se llamarán. a) Acuerdos. b) Providencias. c) Autos. d) Sentencias.

24. De acuerdo con el artículo 28 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales. a) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado. b) La obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local, por las entidades respectivas. c) La prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho público cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados. d) La realización de negocios, actos o hechos que pongan de manifiesto la capacidad económica del contribuyente.

25. Según el artículo 61.7 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los sistemas de selección para personal laboral fijo serán. a) Los de oposición, concurso-oposición, o concurso de valoración de méritos. b) Únicamente el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos. c) Únicamente los de oposición, o concurso de valoración de méritos y realización de entrevistas. d) Únicamente concurso y concurso-oposición, con la posibilidad de valoración de méritos de determinación autonómica.

26. De conformidad con lo previsto en el artículo 103.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa: La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás títulos ejecutivos adoptados en el proceso corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales de este orden jurisdiccional, y su ejercicio compete. a) Al que haya conocido del asunto en segunda instancia. b) Al que haya conocido del asunto en vía de recurso. c) Al órgano de la Administración Pública que haya conocido del asunto. d) Al que haya conocido del asunto en primera o única instancia.

27. Según lo dispuesto por el artículo 104.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa: Luego que sea firme una sentencia, el letrado o letrada de la Administración de Justicia lo comunicará al órgano previamente identificado como responsable de su cumplimiento. a) En el plazo de diez días. b) En el plazo de quince días. c) En el plazo de treinta días. d) En el plazo de un mes.

28. Según el 42 del Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, deberá existir, por lo menos, una empresa funeraria privada o municipal en toda población de más de. a) 20.000 habitantes. b) 10.000 habitantes. c) 50.000 habitantes. d) 100.000 habitantes.

29. En qué Título de la Constitución Española de 1978 se regula el Poder Judicial: a) Título III. b) Título IV. C) Título V. d) Título VI.

30. De acuerdo con el artículo 63.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán. a) De oficio o a instancia de parte, mediante acuerdo del órgano competente. b) Siempre de oficio por acuerdo del órgano competente. c) Siempre a instancia de parte mediante denuncia. d) De oficio o a instancia de parte, mediante denuncia.

31. La duración de los contratos formativos para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios, según el artículo 11.3.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. a) No podrá ser inferior a seis meses ni exceder de un año. b) No podrá ser inferior a tres meses ni exceder de dos años. c) No podrá ser inferior a un año ni exceder de tres años. d) La normativa no establece límites de duración para este tipo de contratos.

32. De acuerdo con lo establecido en el artículo 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, podrá omitirse la consulta pública previa. a) En el caso de normas que se dicten como reglamento ejecutivo de una ley. b) Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica e imponga obligaciones relevantes a los destinatarios. c) Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia. d) Por causa de fuerza mayor y cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.

33. De conformidad con la Disposición Adicional Segunda.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24//UE, de 26 de febrero de 2024: En los municipios de gran población a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las competencias del órgano de contratación que se describen en los apartados anteriores de la referida disposición, se ejercerán por. a) El Pleno. b) El Alcalde. c) El órgano especializado en contratación administrativa. d) La Junta de Gobierno Local, cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del mismo, siendo el Pleno el competente para aprobar los pliegos de cláusulas administrativas generales.

34. Según el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, ¿cuál de las siguientes atribuciones de la Alcaldía es indelegable?. a) El otorgamiento de las licencias. b) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno. c) La concertación de operaciones de crédito. d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.

35. De acuerdo con el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Las plantillas deberán responder a. a) Los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. b) Los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. c) Los principios de proporcionalidad, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. d) Los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general.

36. Según el artículo 131 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa: El incidente cautelar se sustanciará en pieza separada, con audiencia de la parte contraria, que ordenará el Letrado de la Administración de Justicia por plazo. a) Que excederá de diez días. b) Que no excederá de diez días. C) Que excederá de veinte días. d) Que no excederá de veinte días.

37. De conformidad con el artículo 101.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos será determinado como sigue en el caso de los contratos de obras, suministros y servicios. a) El órgano de contratación tomará el importe parcial anual, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones. b) El órgano de contratación tomará el importe parcial anual, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones. c) El órgano de contratación tomará el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones. d) El órgano de contratación tomará el importe total, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones.

38. Según lo previsto en el artículo 204.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, en la forma y con el contenido siguientes. a) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, abstracta y general. b) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, abstracta y particular. c) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e inequívoca. d) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa y general.

39. De conformidad con el artículo 32.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando se proceda a la devolución de un ingreso indebido derivado de una autoliquidación ingresada en varios plazos, se entenderá que la cantidad devuelta se ingresó. a) En el primer plazo. b) En plazo solicitado por el sujeto pasivo. C) En los plazos inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud. d) En el último plazo.

40. Según lo previsto en el artículo 130.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, tendrán también la consideración de órganos directivos: a) Los titulares de los máximos órganos de dirección de los organismos, entidades y sociedades que estén adscritos, vinculados o sean dependientes. b) Los titulares de los máximos órganos de dirección de los organismos, entidades, sociedades, consorcios y fundaciones que estén adscritos, vinculados o sean dependientes. c) Los titulares de los máximos órganos de dirección de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales locales. d) Los titulares de los órganos colegiados de gobierno y administración de los organismos, entidades, sociedades y fundaciones que estén adscritos, vinculados o sean dependientes.

41. De conformidad con lo previsto en el artículo 214.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, respecto a la cesión de los contratos: a) El cedente quedará subrogado en parte de los derechos y obligaciones que corresponderían al cesionario. b) El cedente quedará subrogado preferentemente en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cesionario. c) El cesionario quedará subrogado en parte de los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente. d) El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.

42. Según el artículo 79.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿qué bienes integran el patrimonio de las Entidades locales?. a) Los bienes fiscales y los de libre disposición. b) Los bienes comunales y los bienes eclesiásticos. c) Los bienes de dominio público y los bienes patrimoniales. d) Los bienes patrimoniales y los bienes de dominio privado del Estado.

43. De conformidad con el artículo 86.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, la vigencia de un convenio colectivo, una vez denunciado y concluida la duración pactada: a) Se producirá en los términos que se hubiesen establecido en el propio convenio. b) Será de manera indefinida. c) Será de un año, prorrogable a un año más. d) Se producirá en los términos establecidos en la legislación autonómica.

44. Según el artículo 66.1.a) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el número de miembros del comité de empresa se determinará de acuerdo con la siguiente escala: a) De cincuenta a cien trabajadores, cinco. b) De doscientos cincuenta y uno a quinientos trabajadores, quince. c) De setecientos cincuenta y uno a mil trabajadores, diecisiete. d) De mil en adelante, uno por cada mil o fracción, con el máximo de sesenta y cinco.

45. De conformidad con el artículo 54.2.b) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, respecto al despido disciplinario, se considerarán incumplimientos contractuales: a) Las faltas repetidas y justificadas de asistencia o puntualidad al trabajo. b) La indisciplina o desobediencia en el trabajo. c) La disminución discontinua e involuntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado. d) La embriaguez ocasional o toxicomanía si no repercuten negativamente en el trabajo.

46. Según el artículo 46.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación. La celebración del mismo no podrá demorarse por más de: a) Quince días naturales desde que fuera solicitada. b) Diez días hábiles desde que fuera solicitada. c) Quince días hábiles desde que fuera solicitada. d) Diez días naturales desde que fuera solicitada.

47. De conformidad con el artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado mediante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, serán nulos los acuerdos adoptados en: a) Sesiones extraordinarias sobre materias no incluidas en el respectivo orden del día, salvo especial y previa declaración de urgencia hecha por el órgano correspondiente, con el voto favorable de la mayoría prevista en el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. b) Sesiones extraordinarias urgentes sobre materias no incluidas en el respectivo orden del día, salvo especial y previa declaración de urgencia hecha por el órgano correspondiente, con el voto favorable de la mayoría prevista en el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. c) Sesiones ordinarias sobre materias no incluidas en el respectivo orden del día, salvo especial y previa declaración de urgencia hecha por el órgano correspondiente, con el voto favorable de la mayoría prevista en el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. d) Sesiones extraordinarias y extraordinarias urgentes sobre materias no incluidas en el respectivo orden del día, salvo especial y previa declaración de urgencia hecha por el órgano correspondiente, con el voto favorable de la mayoría prevista en el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

48. Según el artículo 26.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en ningún caso, incluidas las relaciones laborales de carácter especial a que se refiere el artículo 2 del precitado texto refundido, el salario en especie podrá superar: a) El treinta por ciento de las percepciones salariales del trabajador. b) El diez por ciento de las percepciones salariales del trabajador. c) El quince por ciento de las percepciones salariales del trabajador. d) El cinco por ciento de las percepciones salariales del trabajador.

49. De conformidad con lo establecido en el artículo 95.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado mediante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el Presidente podrá ordenar a cualquier miembro de la Corporación que abandone el local en que se esté celebrando la reunión, adoptando las medidas que considere oportunas para hacer efectiva la expulsión: a) Tras dos llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la primera de las consecuencias de una segunda llamada. b) Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la segunda de las consecuencias de una tercera llamada. c) Tras tres llamadas al orden en una o varias sesiones ordinarias consecutivas, con advertencia en la segunda de las consecuencias de una tercera llamada. d) Tras dos llamadas al orden en una o varias sesiones extraordinarias consecutivas, con advertencia en la primera de las consecuencias de una segunda llamada.

50. Según el artículo 11.3.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el periodo de prueba del contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios: a) En ningún caso podrá exceder de un mes, salvo lo dispuesto en convenio colectivo. b) En ningún caso podrá exceder de seis meses, salvo lo dispuesto en convenio colectivo. c) En ningún caso podrá exceder de doce meses, salvo lo dispuesto en convenio colectivo. d) No podrá ser inferior a seis meses ni exceder de un año.

51. De conformidad con el artículo 62.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las infracciones graves serán sancionadas con: a) Multa pecuniaria proporcional del tanto al doble de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o justificados. b) Multa pecuniaria proporcional del tanto al triple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o justificados. c) Multa pecuniaria proporcional del tanto al cuádruple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o justificados. d) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la Administración u otros entes públicos.

52. De acuerdo con el artículo 64.2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, las faltas leves sólo podrán corregirse con la sanción de: a) Apercibimiento. b) Amonestación. c) Suspensión de funciones, con una duración máxima de tres meses. d) Con multa de 75 a 900 euros, en función del perjuicio causado a la Administración.

53. De acuerdo con el artículo 30.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones leves prescribirán: a) A los tres meses. b) A los seis meses. c) Al año. d) A los dos años.

54. De acuerdo con el artículo 102.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se devenga: a) En el momento de la obtención de la correspondiente licencia, aun cuando no se haya iniciado la construcción, instalación u obra. b) En el momento de la finalización de la construcción, instalación u obra. c) En el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, siempre y cuando se haya obtenido la correspondiente licencia. d) En el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

55. Según el artículo 75 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviere paralizado durante: a) Más de tres meses por causas no imputables al presunto infractor. b) Más de seis meses por causas no imputables al presunto infractor. c) Más de un año por causas no imputables al presunto infractor. d) Más de dos años por causas no imputables al presunto infractor.

56. De conformidad con lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado mediante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se utiliza el término Moción para una: a) Propuesta sometida al Pleno tras el estudio del expediente por la Comisión Informativa correspondiente. b) Propuesta que se somete indirectamente a conocimiento del Pleno al amparo de lo prevenido en el artículo 91.4 de este Reglamento. c) Propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno al amparo de lo prevenido en el artículo 91.4 de este Reglamento. d) Propuesta de modificación de un dictamen presentada por cualquier miembro de la Corporación y por escrito antes de iniciarse la deliberación del asunto.

57. Según el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Alcalde puede delegar únicamente en la Junta de Gobierno Local la siguiente atribución: a) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. b) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. c) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía. d) La separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral.

58. De conformidad con el artículo 107.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos: a) Seis meses desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. b) Dos años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. c) Tres años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. d) Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo.

59. Según el artículo 6 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la gestión y administración de los bienes y derechos demaniales por las Administraciones públicas se ajustarán a los siguientes principios: a) Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. b) Alienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. c) Inalienabilidad, embargabilidad e imprescriptibilidad. d) Prescripción.

60. De conformidad con el artículo 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, podrán establecerse sistemas de gestión colaborativa dirigidos a garantizar los recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales en municipios determinados de menos de: a) 5.000 habitantes. b) 10.000 habitantes. c) 20.000 habitantes. d) 50.000 habitantes.

61. Según lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en todo caso, la avocación se realizará: a) Mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte. b) Mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, con posterioridad a la resolución final que se dicte. c) Mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado al primer interesado en el procedimiento con anterioridad al acuerdo de avocación. d) Mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad al acuerdo de delegación.

62. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, al regular la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, en todo caso, el daño alegado habrá de ser: a) Estimado, económicamente cuantificado y singularizado con relación al perjudicado. b) Estimado, económicamente efectivo e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. c) Efectivo, cuantitativamente estimable e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. d) Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

63. Según el artículo 44.3.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el procedimiento de aprobación de los estatutos de las mancomunidades su elaboración corresponderá a: a) Los concejales de la totalidad de los municipios promotores de la mancomunidad, constituidos en asamblea. b) Los Plenos de todos los ayuntamientos interesados. c) La Diputación o Diputaciones provinciales interesadas. d) Los Alcaldes de la totalidad de los municipios interesados.

64. De conformidad con el artículo 78.1.c) de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el plazo de prescripción de las sanciones por un importe superior a 300.000 euros será de: a) Un año. b) Dos años. c) Tres años. d) Cuatro años.

65. De acuerdo con el artículo 413 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de: a) 3 a 6 años. b) 6 meses a 2 años. c) 6 a 10 años. d) 9 a 18 años.

66. Según el artículo 46.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con: a) Veinticuatro horas de antelación, salvo las extraordinarias. b) Veinticuatro horas de antelación. c) Dos días naturales de antelación. d) Dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por el Pleno.

67. De acuerdo con el artículo 14.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, ¿cuándo tendrán carácter oficial los cambios de denominación de los Municipios?. a) Tras haber sido anotados en un Registro creado por la Administración del Estado, se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado». b) Tras haber sido anotados en un Registro creado por la Administración Autonómica, se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado». c) Tras haber sido anotados en el Registro oficial creado por el Gobierno mediante Real Decreto, se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado». d) Tras haber sido anotados en el Registro municipal, se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado».

68. De conformidad con el artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿cuál de las siguientes atribuciones del Pleno es delegable en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local?. a) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística. b) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización. c) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones públicas. d) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria.

69. Conforme a lo establecido en el artículo 220.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos, el plazo máximo para notificar resolución expresa, desde que se presente la solicitud por el interesado o desde que se le notifique el acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento, será de: a) Tres meses. b) Seis meses. c) Doce meses. d) Un mes.

70. De conformidad con el artículo 130.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los municipios señalados en el Título X de la precitada Ley, el nombramiento de los coordinadores generales y de los directores generales, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia deberá efectuarse entre: a) Miembros de la Junta de Gobierno Local. b) Miembros del Pleno municipal. c) Funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1. d) Personal que no reúna la condición de funcionario, salvo que el Reglamento Orgánico Municipal lo prohíba.

71. Según el artículo 47.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación para la adopción de acuerdos en la siguiente materia: a) Aprobación de las ordenanzas fiscales. b) Cesión gratuita de bienes a otras Administraciones o instituciones públicas. c) Enajenación de bienes, cuando su cuantía exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto. d) La aprobación y modificación de los presupuestos, y la aprobación de las cuentas.

72. En la organización central de la Administración General del Estado, de acuerdo con el artículo 55.3.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, son órganos superiores: a) Los Ministros, los Secretarios de Estado y los Secretarios Generales. b) Los Ministros y los Secretarios Generales. c) Los Ministros y los Secretarios de Estado. d) Los Ministros, los Secretarios de Estado y los Subsecretarios.

73. Según lo establecido en el artículo 92.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, las autorizaciones sobre bienes de dominio público habrán de otorgarse por un plazo máximo de duración de: a) De tres años, incluidas las prórrogas. b) De cuatro años, incluidas las prórrogas. c) De cinco años prorrogables. d) De cinco años, incluidas las prórrogas.

74. En virtud de lo dispuesto en el artículo 124.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los municipios a los que resulte de aplicación el régimen de organización de los municipios de gran población, previsto en el Título X de la mencionada Ley, el Alcalde no podrá delegar la siguiente competencia: a) Convocar y presidir el Pleno. b) Convocar y presidir la Junta de Gobierno Local. c) Dictar decretos e instrucciones. d) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materias de su competencia.

75. De conformidad con el artículo 8.1 de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional estará constituido por: a) Su Presidente, el Gerente y por un número de Vocales no superior a nueve, todos los cuales deberán ser profesionales de reconocido prestigio. b) Su Presidente, el Gerente y por un número de Vocales no superior a once, todos los cuales deberán ser profesionales de reconocido prestigio. c) Su Presidente, el Gerente y por un número de Vocales no superior a trece, todos los cuales deberán ser profesionales de reconocido prestigio. d) Su Presidente, el Gerente y por un número de Vocales no superior a quince, todos los cuales deberán ser profesionales de reconocido prestigio.

76. Según establece el artículo 131.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los municipios señalados en el Título X de la precitada Ley, el órgano necesario integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas, se denomina: a) Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones. b) Comisión de Participación Ciudadana. c) Conferencia de Ciudades. d) Consejo Social de la Ciudad.

77. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo desempeñará sus funciones con: a) Autonomía y según criterio del Senado. b) Autonomía y según criterio de las Cortes Generales. c) Autonomía y según criterio del Congreso de los Diputados. d) Autonomía y según su criterio.

78. Según lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo, salvo: a) Las de carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales. b) Las de carácter social y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales. c) Las de carácter concursal, penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales. d) Las de carácter mercantil, penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales.

79. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de: a) Seis años. b) Siete años. c) Ocho años. d) Nueve años.

80. Según lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, la jurisdicción contable es: a) Necesaria y prorrogable, excluyente y plena. b) Exclusiva, parcial e improrrogable. c) Necesaria e improrrogable, exclusiva y plena. d) Improrrogable, permanente y consuntiva.

81. Según lo establecido en el artículo 53.2 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, el plazo de duración del derecho de superficie no podrá exceder de: a) Setenta años. b) Noventa y nueve años. c) Cincuenta años. d) Cuarenta años.

82. Conforme a lo establecido en el artículo 46.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de: a) Tres anualmente. b) Cuatro anualmente. c) Tres por mandato. d) Cuatro por mandato.

83. Según el artículo 124.4.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los municipios sujetos al régimen de gran población, del Título X de la misma Ley 7/1985, de 2 de abril, la facultad de revisión de oficio de los actos de la Alcaldía corresponde a: a) El Pleno. b) La Junta de Gobierno Local. c) La Alcaldía. d) La Junta de Gobierno Local o el Pleno, en función de la materia.

84. En los municipios de 5.001 a 20.000 habitantes, la iniciativa popular, regulada en el artículo 70 bis.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, deberá ir suscrita al menos por el siguiente porcentaje de vecinos del municipio: a) 10 por ciento. b) 15 por ciento. c) 20 por ciento. d) 25 por ciento.

85. De conformidad con lo establecido en el artículo 74.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los miembros de las Corporaciones locales quedan en situación de servicios especiales en el siguiente supuesto: a) Cuando sean funcionarios de la propia Corporación para la que han sido elegidos. b) Cuando no tengan dedicación exclusiva. c) Cuando tengan dedicación exclusiva. d) Cuando perciban otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas.

86. Según el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, la patrimonialización de la edificabilidad está condicionada en todo caso: a) Al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística. b) Al acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea preceptivo, según la legislación de ordenación territorial y urbanística. c) A la práctica de la comunicación previa a la Administración competente, que deberá hacerse constar en el Registro de la Propiedad, en los términos establecidos por la legislación hipotecaria y por esta ley. d) A edificar sobre unidad apta para ello en los plazos establecidos para ello en la normativa aplicable y realizar las actuaciones necesarias para mantener la edificación, en todo momento, en un buen estado de conservación.

87. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, ¿cuál es la composición del Tribunal Constitucional?. a) El Tribunal Constitucional consta de dos Salas. Cada Sala está compuesta por seis Magistrados nombrados por el Tribunal en Pleno. b) El Tribunal Constitucional consta de cuatro Salas. Cada Sala está compuesta por seis Magistrados nombrados por el Tribunal en Pleno. c) El Tribunal Constitucional consta de dos Salas. Cada Sala está compuesta por cuatro Magistrados nombrados por el Tribunal en Pleno. d) El Tribunal Constitucional consta de cuatro Salas. Cada Sala está compuesta por cinco Magistrados nombrados por el Tribunal en Pleno.

88. Según el artículo 23.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Junta de Gobierno Local se integra: a) Por el Alcalde y un número de Concejales no superior a un cuarto, al menos, del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. b) Por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. c) Por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número de Tenientes de Alcalde, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. d) Por el Alcalde y un número impar de Concejales, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.

89. De conformidad con el artículo 29.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la constitución en concejo abierto de los municipios a que se refiere el artículo 29.1.b) de la mencionada Ley (aquellos otros en los que por su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable), requiere: a) Petición de la mayoría absoluta de residentes, decisión favorable por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación y comunicación a la Comunidad Autónoma. b) Petición de los vecinos o del propio Ayuntamiento, decisión favorable por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación y comunicación al Ministerio de Administraciones Públicas. c) Petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y aprobación por la Comunidad Autónoma. d) Petición de los residentes de los municipios afectados, voto favorable por mayoría de tres quintos del número legal de miembros de la Corporación y aprobación por la Comunidad Autónoma.

90. Según lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, ¿qué mayoría se requiere para la elección por el Pleno del Presidente del Tribunal Constitucional?. a) En primera votación se requerirá la mayoría absoluta. Si ésta no se alcanzase se procederá a una segunda votación, en la que resultará elegido quien obtuviese mayor número de votos. En caso de empate se efectuará una última votación y si éste se repitiese, será propuesto el de mayor antigüedad en el cargo y en caso de igualdad el de mayor edad. b) En primera votación se requerirá el mayor número de votos. Si ésta no se alcanzase se procederá a una segunda votación, en la que resultará elegido quien obtuviese mayor número de votos. En caso de empate se efectuará una última votación y si éste se repitiese, será propuesto el de mayor antigüedad en el cargo y en caso de igualdad el de mayor edad. c) En primera votación se requerirá la mayoría cualificada de tres quintos. Si ésta no se alcanzase se procederá a una segunda votación, en la que resultará elegido quien obtuviese mayor número de votos. En caso de empate se efectuará una última votación y si éste se repitiese, será propuesto el de mayor antigüedad en el cargo y en caso de igualdad el de mayor edad. d) En primera votación se requerirá la mayoría simple, y, en caso de empate, se procederá a una segunda votación, y será propuesto el de mayor antigüedad en el cargo.

91. De conformidad con el artículo 45.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Presidente del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, deberá ser: a) Funcionario de carrera, de cuerpo o escala para cuyo acceso sea requisito necesario el título de licenciado o grado en derecho o administración de empresas y haber desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a diez años, preferentemente en el ámbito del derecho administrativo relacionado directamente con la contratación pública. b) Funcionario de carrera, de cuerpo o escala para cuyo acceso sea requisito necesario el título de licenciado o grado en derecho y haber desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a quince años, preferentemente en el ámbito del derecho administrativo relacionado directamente con la contratación pública. c) Funcionario de carrera, de cuerpo o escala para cuyo acceso sea requisito necesario el título de licenciado o grado en derecho y haber desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a diez años, preferentemente en el ámbito del derecho administrativo relacionado directamente con la contratación pública. d) Funcionario de carrera, de cuerpo o escala para cuyo acceso sea requisito necesario el título de licenciado o grado en derecho o ADE y haber desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a veinte años, preferentemente en el ámbito del derecho administrativo relacionado directamente con la contratación pública.

92. Según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Portal de la Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes principios: a) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. b) Transparencia, información y derecho de acceso y rectificación. c) Acceso, rectificación y portabilidad. d) Acceso, oposición e interés público.

93. De conformidad con el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento: a) Cuando sea mayor de doce años. b) Cuando sea mayor de trece años. c) Cuando sea mayor de catorce años. d) Cuando sea mayor de dieciséis años.

94. De acuerdo con el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, respecto a la regla de gasto, la variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar: a) La tasa de referencia de crecimiento del Producto Exterior Bruto de largo plazo de la economía española. b) La tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de largo plazo de la economía española. c) La tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de corto plazo de la economía española. d) La tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

95. De conformidad con el artículo 47.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, estarán legitimados para actuar ante la jurisdicción contable: a) Las Administraciones públicas, previa declaración de lesividad de los actos que impugnen. b) Quienes tuvieran interés directo en el asunto o fueren titulares de derechos subjetivos relacionados con el caso. c) Los interesados en el procedimiento de declaración de lesividad y/o revisión de oficio de los actos que se impugnen. d) Aquellos que sean titulares de derechos objetivos relacionados con el procedimiento contable.

96. Según el artículo 65.1.e) del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, serán inscribibles en el Registro de la Propiedad: a) Los actos de transferencia y gravamen del aprovechamiento urbanístico. b) Las cesiones de terrenos rústicos y las transferencias de dominio. c) La resolución firme de expedientes sobre disciplina urbanística. d) Las condiciones generales a que se sujeten los actos de disconformidad o denegación administrativa.

97. De conformidad con el artículo 125.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a cada uno de los municipios turísticos se le cederá: a) El 2,0354 por ciento de los rendimientos que no hayan sido objeto de cesión a las comunidades autónomas por los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco. b) El 2,0454 por ciento de los rendimientos que no hayan sido objeto de cesión a las comunidades autónomas por los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco. c) El 2,0554 por ciento de los rendimientos que no hayan sido objeto de cesión a las comunidades autónomas por los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco. d) El 2,0654 por ciento de los rendimientos que no hayan sido objeto de cesión a las comunidades autónomas por los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco.

98. Según el artículo 20.2 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, en la creación de Secciones de todos los Tribunales se tendrá en cuenta, preferentemente: a) El volumen de población de la circunscripción. b) El volumen de litigiosidad de la circunscripción. c) El volumen de jueces y magistrados titulares. d) El volumen de jueces suplentes.

99. De conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales: a) En Municipios, Provincias e Islas. b) En Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas. c) En Municipios, Partidos, Provincias y Comunidades Autónomas. d) En Municipios, Partidos y Secciones.

100. Según el artículo 17.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Consejo de Empadronamiento, como órgano colegiado de colaboración en materia padronal, está formado por: a) Representantes de la Comunidad Autónoma y de los Entes Locales y será presidido por el Director General con competencias en Administración Local. b) Representantes de la Administración General del Estado y de los Entes Locales y será presidido por el Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. c) Representantes de la Administración General del Estado y de los Entes Locales y será presidido por el Presidente del Instituto Nacional de Estadística. d) Representantes de la Comunidad Autónoma y de los Entes Locales y será presidido por el Alcalde en que resida la sede del mismo.

Reserva 1. Según el artículo 79 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado mediante Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, la formación del censo de población constituye una competencia: a) Exclusiva del Instituto Nacional de Estadística. b) Exclusiva del Ayuntamiento. c) Compartida de todos los Ayuntamientos. d) Compartida de los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas.

Reserva 2. De conformidad con el artículo 116 ter.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, todas las Entidades Locales calcularán el coste efectivo de los servicios que prestan: a) Antes del día 1 de septiembre de cada año. b) Antes del día 1 de octubre de cada año. c) Antes del día 1 de enero de cada año. d) Antes del día 1 de noviembre de cada año.

Reserva 3. Conforme a lo establecido en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales, y de los restantes ingresos de Derecho Público de las entidades locales, se formulará: a) El recurso de reposición específicamente previsto a tal efecto en la Ley reguladora de las Haciendas Locales, teniendo carácter potestativo en los municipios a que se refiere el título X de la LBRL. b) El recurso de reposición específicamente previsto a tal efecto en la Ley reguladora de las Haciendas Locales, teniendo carácter preceptivo en los municipios a que se refiere el título X de la LBRL. c) La reclamación económico-administrativa, con carácter previo al recurso contencioso-administrativo. d) El recurso de reposición y reclamación económico-administrativa, tramitándose el presentado en segundo lugar y declarándose inadmisible el primero.

Reserva 4. Según el artículo 97 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado mediante Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, la adjudicación por lotes o suertes para el aprovechamiento y disfrute de bienes comunales, se hará a los vecinos: a) En proporción directa al número de personas que tengan a su cargo y directa de su situación económica. b) En proporción directa al número de personas que tengan a su cargo e inversa de su situación económica. c) En proporción inversa al número de personas que tengan a su cargo y directa de su situación económica. d) En proporción inversa al número de personas que tengan a su cargo e inversa de su situación económica.

Reserva 5. ¿Cuál de los siguientes derechos fundamentales está reconocido en el artículo 20 de la Constitución Española de 1978?. a) El derecho a la tutela judicial efectiva. b) El derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto. c) El derecho a la libertad de expresión. d) El derecho a la educación.

1. La Constitución Española de 1978 cuenta con. Cuatro Disposiciones Transitorias. Seis Disposiciones Transitorias. Ocho Disposiciones Transitorias. Nueve Disposiciones Transitorias.

2. De conformidad con el artículo 103.2.a del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Una bonificación de hasta el 50 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstanciassociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Una bonificación de hasta el 90 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Una bonificación de hasta el 30 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.

3. De acuerdo con el artículo 54 de la Constitución Española de 1978, una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo ¿cuál es esta ley orgánica?. Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril. Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio. Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre.

4. De conformidad con el artículo 167.1 de la Constitución Española de 1978: Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de. Tres quintos de cada una de las Cámaras. Dos tercios de cada Cámara. Dos quintos de cada Cámara. Dos tercios del Senado para su posterior ratificación en el Congreso de los Diputados.

5. De conformidad con el artículo 3.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tendrán la consideración de ingresos de derecho privado. Los bienes de su propiedad, así como los derechos reales o personales, de que sean titulares, afectos al uso o servicio público. Los ingresos procedentes de los bienes de dominio público local. El importe obtenido en la enajenación de bienes integrantes del patrimonio de las entidades locales como consecuencia de su desafectación como bienes de dominio público y posterior venta, aunque hasta entonces estuvieran sujetos a concesión administrativa. Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente.

6. Según el artículo 68.2 de la Constitución Española de 1978: Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por. Un diputado. Dos diputados. Tres diputados. Cuatro diputados.

7. De conformidad con el artículo 107 de la Constitución Española de 1978: El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo. De la Administración General del Estado. Del Gobierno. Del Congreso de los Diputados. De las Cortes Generales.

8. Según el artículo 98.2 de la Constitución Española de 1978 ¿quién dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión?. El Jefe del Estado. El Presidente del Gobierno. Las Cortes Generales. El Ministro de la Presidencia.

9. De conformidad con el artículo 42.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, cuando una Comarca deba agrupar a Municipios de más de una Provincia, será necesario. El informe favorable de la Comunidad Autónoma a cuyo ámbito territorial pertenezcan tales Municipios. El informe favorable del Ministerio de Política Territorial. El informe favorable del órgano que tenga atribuida la tutela financiera. El informe favorable de las Diputaciones Provinciales a cuyo ámbito territorial pertenezcan tales Municipios.

10. Los estados de alarma, excepción y sitio se regulan en la. Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio. Ley Orgánica 10/1985, de 2 de agosto. Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril. Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre.

11. De conformidad con el artículo 66.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre: El número de miembros del comité de empresa se determinará de acuerdo con la siguiente escala: De quinientos uno a setecientos cincuenta trabajadores. Nueve. Trece. Diecisiete. Veintiuno.

12. De conformidad con el artículo 79 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, la convocatoria de las asambleas de trabajadores, con expresión del orden del día propuesto por los convocantes, se comunicará al empresario. Con veinticuatro horas de antelación, como mínimo. Con cuarenta y ocho horas de antelación, como mínimo. Con un día de antelación, como mínimo. Con tres días de antelación, como mínimo.

13. De conformidad con el artículo 26.2.d de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará, entre otros, la prestación de los siguientes servicios. Acceso a los núcleos de población. Cementerio y policía sanitaria mortuoria. Prevención y extinción de incendios que afecten a más de un término municipal. Medio ambiente.

14. De conformidad con el artículo 204.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, el número de Diputados correspondiente a cada Diputación Provincial se determina, según el número de residentes de cada provincia, conforme al siguiente baremo. De 1.000.001 a 3.500.000 residentes: 25 diputados. De 1.000.001 a 3.500.000 residentes: 27 diputados. De 1.000.001 a 3.500.000 residentes: 31 diputados. De 1.000.001 a 3.500.000 residentes: 51 diputados.

15. De conformidad con el artículo 225.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, la notificación de la sentencia que resuelve un proceso contencioso electoral se producirá no más tarde. Del cuadragésimo segundo día posterior a las elecciones. Del cuadragésimo tercer día posterior a las elecciones. Del cuadragésimo cuarto día posterior a las elecciones. Del cuadragésimo quinto día posterior a las elecciones.

16. De conformidad con el artículo 117.1 de la Constitución Española de 1978: La justicia emana. Del Defensor del Pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. De las Cortes Generales y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Del Congreso de los Diputados y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

17. Según el artículo 106.1 de la Constitución Española de 1978: Los Tribunales controlan. La potestad de competencia y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. La potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. La potestad de atribución y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. La potestad accesoria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.

18. Conforme señala el artículo 159.1 de la Constitución Española de 1978: El Tribunal Constitucional se compone de. Veinte miembros nombrados por el Rey; de ellos, ocho a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; ocho a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Doce miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Veinte miembros nombrados por el Rey; de ellos, ocho a propuesta del Congreso por mayoría de dos tercios de sus miembros; ocho a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Doce miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de dos tercios de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

19. Según el artículo 159.3 de la Constitución Española de 1978: Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de. Seis años y se renovarán por terceras partes cada tres. Cuatro años no renovables. Nueve años no renovables. Nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.

20. De conformidad con lo expresado en el artículo 160 de la Constitución Española de 1978: El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de. Dos años. Tres años. Cuatro años. Seis años.

21. Según dispone el artículo 162.1. de la Constitución Española de 1978: Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad. El Rey, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, veinte Diputados, veinte Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.

22. Conforme al artículo 103.1 de la Constitución Española de 1978: La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de. Tutela, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Solidaridad, igualdad, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y conexión, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

23. Según el artículo 137 de la Constitución Española de 1978: El Estado se organiza territorialmente en. Distritos, en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Municipios, en mancomunidades, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Pedanías, en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.

24. De conformidad con el artículo 164.1 de la Constitución Española de 1978: Las sentencias del Tribunal Constitucional. Tienen el valor de cosa juzgada desde el mismo día de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y cabe recurso contra ellas. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Tienen el valor de cosa juzgada desde el mismo día de su publicación y cabe recurso contra ellas.

25. De conformidad con el artículo 149.1.1ª de la Constitución Española de 1978: El Estado tiene competencia exclusiva sobre la siguiente materia. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la libertad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la justicia de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. La regulación de las condiciones básicas que garanticen el pluralismo político de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

26. Según el artículo 149.1.18ª de la Constitución Española de 1978: El Estado tiene competencia exclusiva sobre la siguiente materia. La artesanía. Ferias interiores. Legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas. Asistencia social.

27. Según establece el artículo 122.3 de la Constitución Española de 1978: El Consejo General del Poder Judicial estará integrado. Por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Congreso de los Diputados por un período de cinco años. Por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por las Cortes Generales por un período de cinco años. Por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. Por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Senado por un período de cinco años.

28. Señale cuál de las siguientes opciones está contemplada en el artículo 18.1. de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como causa de inadmisión de una solicitud de acceso a la información. Que la solicitud sea relativa a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. Que el órgano competente para conocer la solicitud no tenga la información. Que la solicitud sea relativa a información que contenga datos personales.

29. Según lo establecido en el artículo 26.1. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los Municipios con población superior a 5.000 habitantes deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes. Parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos, además de los servicios previstos en la letra. del mismo artículo 26.1. Protección civil, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público, además de los servicios previstos en la letra.

30. El artículo 104.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas. En los casos en que una norma legal o reglamentaria lo autorice y no hubiera otro medio de ejecución admisible. En los casos en que la ley expresamente lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución. En los casos en que sean conformes a la buena fe y al principio de proporcionalidad. En los casos en que norma legal o reglamentaria lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución.

31. ¿Cuál de las siguientes opciones es la correcta de acuerdo con el artículo 49.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. Son nulos los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Son anulables las disposiciones que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. La Administración podrá convalidar los actos nulos o anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.

32. Señale la opción correcta sobre el derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas previsto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las personas jurídicas estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas salvo que reglamentariamente se disponga otra cosa. Las entidades sin personalidad jurídica podrán elegir si se comunican con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos o no. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos. Las personas físicas deberán relacionarse electrónicamente con la Administración cuando su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos así lo permita.

33. Conforme al artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de. Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Un mes a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

34. Señale la opción correcta en relación con el inicio del procedimiento a solicitud del interesado según el artículo 68.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de cinco días, subsane la falta. Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya caducado su derecho a reclamar. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. Reglamentariamente podrá exigirse de forma acumulativa una declaración responsable y una comunicación para iniciar una misma actividad.

35. Según lo establecido en el artículo 44.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, podrán integrarse en la misma mancomunidad. Únicamente, municipios pertenecientes a la misma comunidad autónoma. Únicamente, municipios pertenecientes a comunidades autónomas limítrofes. Municipios pertenecientes a distintas comunidades autónomas, siempre que lo permitan las normativas de las comunidades autónomas afectadas. Municipios pertenecientes a distintas comunidades autónomas, que compartan servicios, sin necesidad de que lo permitan las normativas de las comunidades autónomas afectadas.

36. De acuerdo con lo previsto en el artículo 33.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario. Salvo el relativo a la presentación de alegaciones. Salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. Salvo el relativo al trámite de audiencia. Salvo el relativo a resolver.

37. Según lo establecido en el artículo 46.2.de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes, el Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo. Cada tres meses. Cada mes. Cada dos meses. Cada vez que decida el Alcalde como órgano competente.

38. Según dispone el artículo 61.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: Los órganos de contratación podrán. Delegar o desconcentrar sus competencias y facultades en esta materia con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables en cada caso para la delegación o desconcentración de competencias, en el caso de que se trate de órganos administrativos. Descentralizar y desconcentrar sus competencias y facultades en esta materia con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables en cada caso para la descentralización y desconcentración de competencias, en el caso de que se trate de órganos administrativos. Descentralizar y desconcentrar sus competencias y facultades en esta materia con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables en cada caso para el otorgamiento de poderes, cuando se trate de órganos societarios o de una fundación. Descentralizar, desconcentrar y delegar sus competencias en todo caso, previo cumplimiento de las normas de formación de la voluntad de los órganos colegiados y con el correspondiente otorgamiento de poderes.

39. Según lo establecido en el artículo 46.2.de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno celebra sesión extraordinaria cuando. Lo decida el Presidente o lo solicite la tercera parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres anualmente. Lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres anualmente. Lo decida el Presidente o lo solicite la tercera parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de cuatro anualmente. Lo decida el Presidente o lo solicite la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de cuatro anualmente.

41. Según dispone el artículo 99.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: El objeto de los contratos del sector público. Puede ser indeterminado siempre que se cierre el objeto del contrato a una solución única. Nunca se podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer. Deberá ser determinado y se podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer. Puede ser indeterminado siempre que esté sujeto a condición cierta.

44. Según lo establecido en el artículo 46.2. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el caso de votaciones con resultado de empate:. Se efectuará una nueva votación, y si persistiera el empate, decidirá el voto de calidad del Presidente. Se efectuará una nueva votación, y si persistiera el empate, quedará el asunto sobre la mesa. Se efectuará una nueva votación, y si persistiera el empate, habrá de incluirse el asunto en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria que se celebre.

45. Es causa de resolución del contrato, según lo previsto en el artículo 211.1.de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: El cumplimiento del contrato. La demora en el cumplimiento de cualquier plazo por parte de la Administración. Cualquier incumplimiento de una obligación accesoria del contratista. El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.

46. Según lo dispuesto en el artículo 247.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: Con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión unas obras, el órgano que corresponda de la Administración concedente: Recabará informe sobre la rentabilidad del proyecto. Acordará la realización de un estudio de viabilidad. Someterá el proyecto a contraste de equilibrio presupuestario. Condicionará su aprobación a la normativa vigente de gastos plurianuales.

47. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: Las concesiones de servicios únicamente podrán ser objeto de hipoteca: En cualquier aspecto relacionado con el contrato. Siempre que no conlleven la realización de obras o instalaciones fijas necesarias para la prestación del servicio. En los casos en que se realicen obras o instalaciones fijas no necesarias para la prestación del servicio, y exclusivamente en garantía de deudas que guarden relación con la concesión. En los casos en que conlleven la realización de obras o instalaciones fijas necesarias para la prestación del servicio, y exclusivamente en garantía de deudas que guarden relación con la concesión.

48. Según lo dispuesto en el artículo 302.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en la ejecución del contrato de suministro: Cuando razones técnicas o económicas debidamente justificadas en el expediente lo aconsejen, podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares que el pago del precio total de los bienes a suministrar consista parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes de la misma clase, sin que, en ningún caso, el importe de estos pueda superar: El 30 por cien del precio total. El 40 por cien del precio total. El 50 por cien del precio total. El 60 por cien del precio total.

49. Según lo establecido en el artículo 6.3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, la asignación a los puestos de trabajo reservados a dichos funcionarios de otras funciones distintas o complementarias, compatibles con las propias del puesto, se efectuará por: La Comunidad Autónoma. El Ministerio de Hacienda y Función Pública. El Presidente de la Entidad Local. El Instituto Nacional de Administración Pública.

50. Según el artículo 7.2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en los municipios incluidos en el ámbito de aplicación del Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local actuarán como delegados de la Junta Electoral de Zona, en los términos de lo previsto en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General: El Secretario General del Pleno. El titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local. El titular del órgano de asesoramiento jurídico y de la representación y defensa en juicio del ayuntamiento. El Interventor general municipal.

51. De conformidad con lo señalado por el artículo 30.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, los méritos que regirán en los concursos correspondientes a las especialidades de la Corporación Local se fijarán por ésta y su puntuación alcanzará hasta un: 5% del total de la puntuación. 10% del total de la puntuación. 15% del total de la puntuación. 20% del total de la puntuación.

52. Según lo establecido en el artículo 113.1.a del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado mediante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, entre la convocatoria y la celebración de la sesión de la Junta de Gobierno Local no podrán transcurrir menos de: Cuarenta y ocho horas. Dos días naturales. Dos días hábiles. Veinticuatro horas.

53. Según lo establecido en el artículo 34.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre: La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de: Treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. Cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. Treinta y cinco horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. La pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo.

54. De acuerdo con lo establecido en el artículo 39.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre: La movilidad funcional para la realización de funciones, tanto superiores como inferiores, no correspondientes al grupo profesional solo será posible si existen, además: Razones técnicas u organizativas que la justifiquen y por el tiempo imprescindible para su atención. Razones apreciadas por el comité o, en su caso, por los delegados de personal. Razones económicas o de producción que la justifiquen. Lo podrá acordar libremente la dirección de la empresa, previa negociación con los representantes de los trabajadores.

55. Según lo establecido en el artículo 51 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, serán nulos los acuerdos que se adopten en sesiones ordinarias sobre materias no incluidas en el respectivo orden del día: Salvo especial y previa declaración de urgencia hecha por el órgano correspondiente, con el voto favorable de la mayoría prevista en el artículo 46.3 de Ley 7/1985, de 2 de abril. Salvo especial y previa declaración de urgencia hecha por el Alcalde, con el informe favorable del Secretario de la corporación. Salvo especial y previa declaración de urgencia hecha por el órgano correspondiente, con el voto favorable de la mayoría prevista en el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Salvo especial y previa declaración de urgencia hecha por el órgano correspondiente, con el voto favorable de los tres cuartos del número legal de miembros de la corporación.

56. Queda comprendido dentro de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de la Sección 1.ª del Capítulo Segundo del Título I de la Constitución Española de 1978: El derecho al trabajo. El derecho a la negociación colectiva laboral. El derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. El derecho a la libertad sindical.

57. Según el artículo 58.5 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional en una determinada subescala de la escala de habilitación de carácter nacional, cuando se encuentren en situación de servicio activo en otra subescala de la misma, procederá declararles en situación de: Excedencia voluntaria por prestación de servicio en otro cuerpo o escala. Comisión de servicios. Servicio en otras Administraciones Públicas. Servicios especiales.

58. Según lo establecido en el artículo 6.2.de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel estatal los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho ámbito del: 10 por 100 o más del total de delegados de personal de los miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas. 15 por 100 o más del total de delegados de personal de los miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas. 20 por 100 o más del total de delegados de personal de los miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas. 25 por 100 o más del total de delegados de personal de los miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas.

59. Según lo establecido en el artículo 62.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, la representación de los trabajadores corresponde a los delegados de personal en la empresa o centro de trabajo que tengan: Menos de cuarenta y más de diez trabajadores. Menos de cincuenta y más de quince trabajadores. Menos de cincuenta y más de diez trabajadores. Menos de cuarenta y más de quince trabajadores.

60. Según lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado mediante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF), la Proposición es la propuesta: Que se somete al Pleno relativa a un asunto incluido en el orden del día, que acompaña a la convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 82.3 del ROF. Sometida al Pleno tras el estudio del expediente por la Comisión Informativa. Contiene una parte expositiva y un acuerdo a adoptar. Que se somete directamente a conocimiento del Pleno al amparo de lo prevenido en el artículo 91.4 del ROF. De modificación de un dictamen o proposición presentada por cualquier miembro.

61. Según lo establecido en el artículo 310.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, no serán de aplicación las disposiciones de esta ley a la preparación y adjudicación del contrato cuyo objeto sea: Seminarios, coloquios, mesas redondas, conferencias, colaboraciones o cualquier otro tipo similar de actividad, siempre que dichas actividades sean realizadas por personas físicas. Servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía. Prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura. El acceso a la información contenida en bases de datos especializadas.

62. Según lo establecido en el artículo 4.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio: El capital social de la sociedad anónima no podrá ser inferior a: Un euro y se expresará precisamente en esa moneda. Sesenta mil euros y se expresará precisamente en esa moneda. Diez mil euros y se expresará precisamente en esa moneda. Seis mil euros y se expresará precisamente en esa moneda.

63. Según lo establecido en el artículo 82.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social: La celebración de los actos de conciliación y juicio: Ambos ante el juez o Magistrado, tendrá lugar en única convocatoria pero en sucesivos actos. El primero ante el secretario judicial y el segundo ante el juez o Magistrado, tendrá lugar en única convocatoria y en unidad de acto. El primero ante el secretario judicial y el segundo ante el juez o Magistrado, tendrá lugar en única convocatoria pero en sucesivos actos. Ambos ante el juez o Magistrado, tendrá lugar en única convocatoria y en unidad de acto.

64. De acuerdo con el artículo 11.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: Son elementos del Municipio: El territorio, la población y la colaboración. El territorio, la población y la coordinación. El territorio, la población y la organización. El territorio, la población y el censo.

65. Según el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local ¿cuál de las siguientes atribuciones de la Alcaldía es delegable?. El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado. Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local. Decidir los empates con el voto de calidad. La jefatura superior de todo el personal.

66. Según lo establecido en el artículo 313.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el supuesto de resolución del contrato de servicios por el desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio: El contratista solo tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos, una indemnización del 3 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido. El contratista tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos, el 6 por ciento del precio de adjudicación del contrato de los servicios dejados de prestar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido. El contratista solo tendrá derecho a percibir el precio de los estudios, informes, proyectos, trabajos o servicios que efectivamente hubiese realizado con arreglo al contrato y que hubiesen sido recibidos por la Administración. El contratista solo tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos, una indemnización a determinar entre el 3 y el 6 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido.

67. De acuerdo con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la aprobación de las Ordenanzas locales requiere un período de información pública y audiencia a los interesados para la presentación de reclamaciones y sugerencias por el plazo: Máximo de treinta días. Mínimo de quince días. Máximo de quince días. Mínimo de treinta días.

68. De conformidad con el artículo 23.2.de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es motivo de abstención: No tener la nacionalidad española. No ser residente en el municipio en el que se tramita el procedimiento. Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. No estar empadronado en el municipio en el que se tramita el procedimiento.

69. De acuerdo con el artículo 25.2.de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Municipio ejercerá en todo caso competencias propias en las siguientes materias: Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. Los montes y aprovechamientos forestales. La asistencia social y sanitaria. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación secundaria y bachillerato.

70. De conformidad con el artículo 2.1 de la Ley 55/1980, de 11 de noviembre, de montes vecinales en mano común: Los montes vecinales en mano común son bienes: Divisibles. Embargables. Inalienables. Sujetos a contribución.

71. Según lo establecido en el artículo 92.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, el plazo máximo de duración de las autorizaciones que habiliten para una ocupación de bienes de dominio público. Será de cuatro años, incluidas las prórrogas. Será de veinticinco años, incluidas las prórrogas. Será de setenta y cinco años, incluidas las prórrogas. Será de diez años, incluidas las prórrogas.

72. Según lo establecido en el artículo 145.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, los bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Estado cuya afectación o explotación no se juzgue previsible podrán ser cedidos gratuitamente, para la realización de fines de utilidad pública o interés social de su competencia. Instituciones públicas o privadas para fines que redunden en beneficio de los habitantes del término municipal. Estados extranjeros y organizaciones internacionales sin ánimo de lucro, en cualquier caso. Comunidades autónomas, entidades locales, fundaciones públicas o asociaciones declaradas de utilidad pública. A las asociaciones de vecinos registradas en el correspondiente Registro municipal declaradas o no de utilidad pública.

73. De conformidad con lo establecido en el artículo 169.6 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior. Con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 del TRLHL. Con sus créditos iniciales, sin que sea posible practicar modificaciones conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 de esta ley. Afectando a los créditos para servicios o programas que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados, conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 del TRLHL. Afectando incluso a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 del TRLHL.

74. De conformidad con lo establecido en el artículo 74.5 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol, las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de. Hasta el 90 por ciento de la cuota íntegra del impuesto. Hasta el 95 por ciento en la cuota íntegra del impuesto. Hasta el 50 por ciento de la cuota íntegra del impuesto. Hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles excluidos de la exención a que se refiere el último párrafo de la letra.

75. El instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto en los términos de lo regulado en el artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, es. La plantilla de personal. La oferta de empleo público. El plan de empleo. La relación de puestos de trabajo.

76. De conformidad con lo establecido en el artículo 74.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, ¿en qué situación administrativa quedan los miembros de las Corporaciones Locales cuando son funcionarios de la propia Corporación para la que han sido elegidos?. Servicios especiales. Servicio en otras Administraciones Públicas. Excedencia voluntaria por interés particular. Comisión de servicios.

77. Según lo establecido en el artículo 16.3.del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TREBEP), la carrera horizontal consiste en. El ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el capítulo III del título V del TREBEP. La progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con lo establecido en la letra del artículo 17 y en el apartado 3 del artículo 20 del TREBEP. La evaluación del desempeño de los empleados públicos, determinada por cada Administración pública. La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso, de acuerdo con los sistemas de evaluación que cada Administración Pública determine.

78. De conformidad con el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿cuál de los siguientes actos jurídicos de la Unión no es vinculante?. Dictamen. Reglamento. Directiva. Decisión.

79. De conformidad con lo previsto en el artículo 6.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio: Son bienes patrimoniales o de propios los que siendo propiedad de la Entidad Local. No estén destinados a uso público ni afectados a algún servicio público y puedan constituir fuentes de ingresos para el erario de la Entidad. Estén destinados a uso público o afectados a algún servicio público y puedan constituir fuentes de ingresos para el erario de la Entidad. Estén destinados a uso público o afectados a algún servicio público y no puedan constituir fuentes de ingresos para el erario de la Entidad. No estén destinados a uso público ni afectados a algún servicio público y no puedan constituir fuentes de ingresos para el erario de la Entidad.

80. Según recoge el artículo 44.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio: Corresponde a los Municipios, Provincias e Islas, en todo caso, y a las demás Entidades locales de carácter territorial, en el supuesto de que así lo prevean las leyes de las Comunidades Autónomas, las siguientes potestades en relación con sus bienes. Investigación, deslinde, recuperación de oficio y desahucio administrativo. Investigación, deslinde, recuperación de oficio y eficiencia administrativa. Investigación, deslinde, recuperación de oficio y eficacia administrativa. Investigación, deslinde, recuperación de oficio y transparencia administrativa.

81. De conformidad con el artículo 169.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo: Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial. Por 20 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. Por 30 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. Por 10 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. Por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno.

82. Según dispone el artículo 169.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo: La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la corporación habrá de realizarse antes del día. 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse. 31 de diciembre del año posterior al del ejercicio en que deba aplicarse. 15 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse. 1 de enero del año posterior al del ejercicio en que deba aplicarse.

83. De conformidad con el artículo 136.1 de la Constitución Española de 1978: el Tribunal de Cuentas. Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. Dependerá directamente del Congreso de los Diputados y ejercerá sus funciones por delegación del mismo en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. Dependerá indirectamente del Congreso de los Diputados y ejercerá sus funciones por delegación del mismo en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. Dependerá indirectamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.

84. Según indica el artículo 21.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo: Las entidades locales no podrán exigir tasas por los. Servicios de matadero, lonjas y mercados, así como el acarreo de carnes si hubiera de utilizarse de un modo obligatorio. Servicios de inspección en materia de abastos, incluida la utilización de medios de pesar y medir. Servicios de limpieza de la vía pública. Servicios de alcantarillado, así como de tratamiento y depuración de aguas residuales, incluida la vigilancia especial de alcantarillas particulares.

85. De conformidad con lo previsto en el artículo 31.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo: La base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como máximo por. El 25 por ciento del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. El 50 por ciento del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. El 75 por ciento del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. El 90 por ciento del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.

86. Según se recoge en el artículo 44.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo: El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo. El 25 por ciento del coste del servicio prestado o de la actividad realizada. El 50 por ciento del coste del servicio prestado o de la actividad realizada. El 75 por ciento del coste del servicio prestado o de la actividad realizada. El coste del servicio prestado o de la actividad realizada.

87. Según el artículo 69 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, cuando el recurso contencioso-administrativo o alguna de las pretensiones hayan tenido por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación, la Sentencia. Declarará la inadmisibilidad del recurso. Declarará la desestimación del recurso. Estimará o desestimará el recurso contencioso-administrativo. Declarará la desestimación del recurso y contendrá además el pronunciamiento que corresponda respecto de las costas.

88. El artículo 39.2.de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 determina como causa de nulidad de derecho administrativo en materia de contratos. Los casos en que la invalidez derive de la ilegalidad de su clausulado. Cuando concurra en ellos alguna de las causas que los invalidan de conformidad con las disposiciones del derecho civil. En aquellos casos en que la anulabilidad derive de la ilegalidad de su clausulado. La falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público o en los servicios de información similares de las Comunidades Autónomas.

89. Según lo recogido en el artículo 78.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo: El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo. Directo de carácter real. Indirecto de carácter real. Directo de carácter personal. Indirecto de carácter personal.

90. De conformidad con lo establecido en el artículo 3.3.e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, si en el debate de los órganos colegiados a los que asista la Secretaría se plantea alguna cuestión nueva sobre cuya legalidad pueda dudarse. Podrá solicitar al Presidente el uso de la palabra para asesorar a la Corporación. En ningún caso podrá solicitar al Presidente el uso de la palabra. Deberá asesorar a la Corporación sin necesidad de solicitar al Presidente el uso de la palabra. Una vez realizada la votación, deberá tomar la palabra para dejar constancia en acta de su criterio al respecto.

91. Según lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos. De oficio o a petición de los interesados, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. Sólo de oficio, si está previsto en una norma de rango legal. De oficio o a petición de los interesados, previo informe favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. Sólo a petición de los interesados, previo informe favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.

92. Según lo previsto en el artículo 76.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas respecto a las alegaciones. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior a la resolución, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior a la práctica de la notificación, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento posterior al trámite de alegaciones, aportar documentos u otros elementos de juicio.

93. Según lo dispuesto en el artículo 96.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas podrán acordar la tramitación simplificada del procedimiento. Cuando lo prevea una norma de rango legal. Cuando lo prevea una norma de rango reglamentario. Cuando razones de interés público o utilidad social lo prevean, de oficio o a solicitud del interesado. Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, de oficio o a solicitud del interesado.

94. Según lo dispuesto en el artículo 88.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, será necesario que el instructor eleve al órgano competente para resolver una propuesta de resolución. En los procedimientos en los que se haya emitido informe preceptivo. En los procedimientos en los que se haya emitido informe facultativo. En los procedimientos en los que el criterio del órgano competente para resolver difiera del criterio del instructor. Cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en un mismo órgano.

95. Según lo dispuesto en el artículo 95.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la resolución que declare la caducidad. No procederá recurso alguno. Sólo procederá recurso de reposición. Sólo procederá recurso contencioso-administrativo. Procederán los recursos pertinentes.

96. El artículo 25.2.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local prevé que el medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. Se ejercerá por el Municipio en todo caso como competencia propia, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. Se prestará en los municipios con población superior a 20.000 habitantes. Se prestará en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes y será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará su prestación. Se prestará el servicio en los municipios con población superior a 5.000 habitantes.

97. Según lo dispuesto en el artículo 107.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto de la declaración de lesividad de actos anulables. Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la prescripción del mismo. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la prescripción del mismo.

98. De conformidad con el artículo 60 del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto 2263/1974, de 20 de julio, le corresponden a los Ayuntamientos en los cementerios municipales los derechos y deberes siguientes. Cuidado, limpieza y acondicionamiento del cementerio. La autorización de clausura del cementerio municipal y traslado total o parcial de los restos mortales que se hallen en él. La inspección previa a la apertura del cementerio a fin de comprobar que se han observado todas las exigencias reglamentarias. La aprobación definitiva del expediente de construcción, ampliación y reforma de cementerios.

99. Según el artículo 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer. Son servicios a prestar, en todo caso, en los municipios. Son materias que el Municipio ejercerá como propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. Son actividades y servicios públicos que el Municipio puede promover para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias. Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, la competencia.

100. La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera determina en su artículo 8.4 que dispondrán de datos para informar a la población sobre los niveles de contaminación y la calidad del aire. Los municipios con población superior a 200.000 habitantes. Las Comunidades Autónomas. Los municipios con población superior a 100.000 habitantes y los que formen parte de una aglomeración, de acuerdo con la definición de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Las Comunidades Autónomas respecto de sus municipios con población superior a 200.000 habitantes.

R1. De conformidad con el artículo 106.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: En los casos en que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de garantía provisional, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se determinará el importe de la misma, que no podrá ser superior a un. 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su devolución. 5 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su devolución. 10 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su devolución. 20 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su devolución.

R2. Según el artículo 198.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: Si la demora en el pago del precio fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso. A la resolución del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha resolución, en los términos establecidos en esta Ley. A la modificación del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha modificación, en los términos establecidos en esta Ley. A la revisión del precio del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha revisión, en los términos establecidos en esta Ley. A la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley.

R3. De conformidad con lo previsto en el artículo 204.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia. Hasta un máximo del diez por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad. Hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad. Hasta un máximo del treinta por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad. Hasta un máximo del cincuenta por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad.

R4. De conformidad con lo previsto en el artículo 12.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: La delegación de firma. Alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación. Alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será necesaria su publicación. No alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será necesaria su publicación. No alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación.

R5. Según el artículo 14.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre. Órganos de una misma Administración relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo. Órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo. Órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que haya finalizado el procedimiento administrativo. Órganos de una misma Administración relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que haya finalizado el procedimiento administrativo.

1 LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENADOR DESARROLLADOS A MEDIDA SON: 1a) Contratos de servicios. 1b) Contratos de suministro. 1c) Contratos de colaboración público privada. 1d) Contratos privados.

2 REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011 (TRLCSP). LOS ACTOS CUANDO SE REFIERAN A CONTRATOS DE SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LAS CATEGORÍAS 17 A 27 DEL ANEXO II CUYO VALOR ESTIMADO SEA IGUAL O SUPERIOR A 209.000 EUROS: 2a) Son susceptibles de recurso especial en materia de contratación. 2b) Son susceptibles de recurso especial en materia de contratación y están sujetos a publicidad comunitaria. 2c) Están sujetos a publicidad comunitaria. 2d) Ninguna de las respuestas anteriores es la correcta.

3 EL RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN, TENDRÁ CARÁCTER: 3a) Potestativo. 3b) Preceptivo. 3c) Su naturaleza dependerá del objeto del recurso. 3d) Ninguna de las anteriores respuestas es la correcta.

4 A LOS EFECTOS DE DETERMINAR LA COMPETENCIA DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 6. 4a) Se incluirá en el importe del contrato el Impuesto sobre el Valor Añadido. 4b) Se atenderá al precio de licitación sin incluir en el mismo el Impuesto sobre el Valor Añadido. 4c) Se atenderá al valor estimado de los contratos sin incluir en el mismo el Impuesto sobre el Valor Añadido. 4d) Ninguna de las anteriores respuestas es la correcta.

5 LA APROBACIÓN DE LAS ORDENANZAS LOCALES REQUERIRÁ UN PLAZO DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y AUDIENCIA A LOS INTERESADOS DE: 5a) 30 días naturales. 5b) 30 días hábiles. 5c) 15 días naturales. 5d) 15 días hábiles.

6 SI LA PRESIDENCIA NO CONVOCASE DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EL PLENO EXTRAORDINARIO SOLICITADO POR EL NÚMERO DE CONCEJALES LEGALMENTE EXIGIDO,. 6a) éste quedará automáticamente convocado para el décimo día natural siguiente al de la finalización de dicho plazo. 6b) éste quedará automáticamente convocado para el tercer día hábil siguiente, respetando en todo caso, los dos días hábiles entre la convocatoria y la celebración del pleno. 6c) éste quedará automáticamente convocado para el tercer día natural siguiente, respetando en todo caso, los dos días entre la convocatoria y la celebración del pleno. 6d) éste quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo.

7 ¿EN QUÉ CASO SE REQUIERE MAYORÍA ABSOLUTA DEL NÚMERO LEGAL DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN?. 7a) Concesión de bienes o servicios por más de cuatro años, siempre que su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto. 7b) Concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto. 7c) Concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto. 7d) Concesión de bienes o servicios por más de cuatro años, siempre que su cuantía exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto.

8 EN LOS AYUNTAMIENTOS DE MUNICIPIOS CON POBLACIÓN COMPRENDIDA ENTRE 3.001 Y 10.000 HABITANTES,. 8a) El número miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de dos. 8b) El número de miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de tres. 8c) El número de miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de uno . 8d) El número de miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de cuatro.

9 ELIJA LA RESPUESTA CORRECTA RESPECTO A UN MUNICIPIO DE 3.000 HABITANTES: 9a) Los concejales y el alcalde son elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. 9b) Los concejales son elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. 9c) Los alcaldes son elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. 9d) Los concejales y el alcalde son elegidos mediante sufragio igual, libre, directo y secreto.

10 LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EXISTE: 10a) En todos los municipios con población superior a 3.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. 10b) En todos los municipios con población superior a 7.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. 10c) En todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. 10d) En todos los municipios.

11 LOS CONTRATOS PRIVADOS SE REGIRÁN. 11a) en cuanto a su preparación, adjudicación y efectos por el TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo. En cuanto a su extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado. 11b) en cuanto a su preparación y adjudicación, así como su modificación, por el TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo. En cuanto a sus efectos y extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado. 11c) en cuanto a su preparación y adjudicación, por el derecho privado. En cuanto a sus efectos y extinción, estos contratos se regirán por el TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo. 11d) en cuanto a su preparación y adjudicación, por el TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo. en cuanto a sus efectos, modificación y extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado.

12 EN RELACIÓN CON LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES: 12a) Existirá discriminación indirecta siempre que una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por razón de su sexo o de circunstancias directamente relacionadas con el sexo,. 12b) Existirá discriminación cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por razón de su sexo, siempre que ese sexo se encuentre en situación de inferioridad en relación con el ámbito de que se trate. 12c) No se considerarán constitutivas de discriminación por razón de sexo las medidas que, aunque planteen un tratamiento diferente para las mujeres y los hombres, tienen una justificación objetiva y razonable. 12d) Existirá discriminación siempre que un acto jurídico, criterio o práctica aparentemente neutra perjudique a una proporción sustancialmente mayor de miembros de un mismo sexo,.

13 EN RELACIÓN CON LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEL ESTADO O LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LOS MUNICIPIOS, SEÑÁLESE LA RESPUESTA CORRECTA: 13a) La delegación de competencias del Estado o las Comunidades Autónomas podrá referirse a cualquier ámbito competencial propio de la competencia del órgano delegante, para el que se demuestre la interdicción de la duplicidad en la prestación de servicios públicos y la generación de un ahorro neto. 13b) Cuando el Estado o las Comunidades Autónomas deleguen en dos o más municipios de la misma provincia una o varias competencias comunes, dicha delegación deberá realizarse siguiendo criterios homogéneos. 13c) El incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración del Estado o la administración autonómica delegante facultará a la Entidad Local delegada para compensarlas automáticamente con otras obligaciones financieras que ésta tenga con aquélla. 13d) La efectividad de la delegación requerirá la aceptación del municipio interesado y de la Diputación de la provincia a que corresponda este municipio.

14 LA LEY REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL RECONOCE A LOS MUNICIPIOS: 14a) Un conjunto de competencias propias. 14b) Un conjunto de materias sobre las que los municipios ejercerán competencias propias. 14c) Un conjunto de materias sobre las que la legislación de la Comunidad Autónoma puede atribuir o reconocer competencias a los municipios. 14d) Un conjunto de materias sobre las que ejercerán competencias propias, en los términos de la legislación de las Comunidades Autónomas,.

15 LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA PODRÁN DESARROLLAR ACTIVIDADES, SERVICIOS O PRESTACIONES QUE NO ESTÉN ENCUADRADAS DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS PROPIAS, TRANSFERIDAS O DELEGADAS: 15a) Siempre que su financiación se lleve a cabo por el municipio que emprenda tales actividades, servicios o prestaciones. 15b) Siempre que vayan encaminadas a ordenar y gestionar cualquier ámbito de actividad que implique mejora en la calidad de vida de la ciudadanía y satisfaga cualquier tipo de necesidades o intereses de la comunidad. 15c) Cuando vinieran desarrollando esas actividades, servicios o prestaciones a la entrada en vigor de la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi. 15d) Siempre que tales actividades se encuentren expresamente recogidas en la cláusula universal de competencias municipales y actividades, servicios o prestaciones de la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi.

16 EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA, SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA: 16a) El principio de diferenciación no es uno de los principios por los que habrá de regirse la atribución de competencias a los municipios. 16b) La Norma Foral que atribuya una competencia a los municipios, como competencia propia, podrá contener limitaciones respecto a las facultades de planificación correspondientes a la misma. 16c) La atribución de una competencia a los municipios, como competencia propia, no podrá contener limitaciones respecto a las facultades de gestión y ejecución correspondientes a la misma. 16d) El autogobierno de los municipios se garantiza mediante la atribución de competencias propias y transferidas; y, solo excepcionalmente, a través de competencias delegadas.

17 SI DE LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO MEDIANTE UNA FÓRMULA CONJUNTA DE ACTUACIÓN ENTRE DOS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SE DERIVARA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, ESTAS ADMINISTRACIONES RESPONDERÁN, FRENTE AL PARTICULAR: 17a) Mancomunadamente, según su porcentaje de participación en la fórmula conjunta de actuación de que se trate. 17b) De forma solidaria, siempre que la participación de ambas administraciones en la fórmula conjunta de actuación fuera superior al 40% del presupuesto de ejecución del servicio. 17c) De forma solidaria. 17d) Mancomunada o solidariamente, según disponga el instrumento jurídico regulador de su actuación conjunta.

18 LA INDEMNIZACIÓN QUE RESULTE DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PODRÁ SUSTITUIRSE: 18a) Por una compensación en especie, siempre que lo solicite la persona interesada. 18b) Por pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida, convenga al interés público, y exista acuerdo con la persona interesada. 18c) Por una compensación en especie o por pagos periódicos, según solicite la persona interesada. 18d) Por una compensación en especie o por pagos periódicos, siempre que la persona interesada no muestre su oposición al respecto.

19 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE RESULTE PATRIMONIALMENTE RESPONSABLE EXIGIRÁ A SUS AUTORIDADES Y DEMÁS PERSONAL A SU SERVICIO LA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERAN INCURRIDO: 19a) De oficio, en vía administrativa, y una vez hubiere indemnizado a los lesionados. 19b) De oficio, en vía jurisdiccional y una vez hubiere indemnizado a los lesionados. 19c) De oficio, instruyendo el correspondiente expediente de forma simultánea a la instrucción del expediente por reclamación patrimonial instado por el interesado. 19d) En vía jurisdiccional, siempre que aquellos hubieran incurrido en dolo, o culpa o negligencia grave.

20 EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL: 20a) La tramitación simplificada del procedimiento deberá ser acordada, de oficio, por la administración pública. 20b) La tramitación simplificada del procedimiento exigirá el consentimiento expreso de los interesados. 20c) Una vez acordada la tramitación simplificada del procedimiento, únicamente podrá seguirse el procedimiento ordinario en el supuesto de que la complejidad del periodo probatorio lo requiriese. 20d) La tramitación simplificada del procedimiento constará únicamente de los trámites tasados en la ley para la misma.

21 SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA EN RELACIÓN CON LA SELECCIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE PERSONAL EN LAS ADMINISTRACIONES ´PÚBLICAS VASCAS: 21a) Los sistemas de selección son la oposición, el concurso, el concurso-oposición y la libre designación. 21b) Los órganos de selección podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas, cuando así lo prevea la propia convocatoria. 21c) El concurso, como sistema de selección únicamente podrá aplicarse, con carácter excepcional, en la selección de personal laboral. d) La adquisición de la condición de funcionario de carrera se produce tras la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial correspondiente.

22 DE ACUERDO CON LA NORMA FORAL APLICABLE, CUANDO EL REPARO AFECTE A LA DISPOSICIÓN DEL GASTO, RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES U ORDENACIÓN DE PAGOS, SE SUSPENDERÁ LA TRAMITACIÓN, HASTA QUE EL REPARO SEA SOLVENTADO. 22a) En todo caso. 22b) Cuando se omitan en el expediente requisitos o trámites no esenciales. 22c) Cuando afecte al reconocimiento de derechos. 22d) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.

23 DE ACUERDO CON LA NORMA FORAL APLICABLE, LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS QUE SUPONE UNA DISMINUCIÓN TOTAL O PARCIAL EN EL CRÉDITO ASIGNADO A UNA PARTIDA DEL PRESUPUESTO SE DENOMINA: 23a) Baja por anulación. 23b) Crédito minorado. 23c) Inhabilitación de crédito. 23d) Crédito de compromiso.

24 DE ACUERDO CON LA NORMA FORAL APLICABLE, EL PRINCIPIO PRESUPUESTARIO DE UNIVERSALIDAD DICE QUE: 24a) La totalidad de los ingresos debe cubrir el importe de los gastos. 24b) Los recursos de las Entidades locales y de cada uno de sus Organismos Autónomos y Sociedades Públicas se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones. 24c) Los presupuestos comprenderán todos los derechos y obligaciones, sin excepción alguna, que en cada caso prevea liquidar y sea necesario atender, respectivamente. 24d) Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, no pudiéndose atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo autorización legal expresa.

25 LOS MUNICIPIOS, EN EL MARCO DE LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA FORAL APLICABLE Y PREVIO ACUERDO DE IMPOSICIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES CORRESPONDIENTES, PODRÁN ESTABLECER Y EXIGIR: 25a) El impuesto sobre bienes inmuebles. 25b) El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 25c) El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 25d) El impuesto sobre actividades económicas.

26 DE ACUERDO CON LA NORMA FORAL APLICABLE, SON INGRESOS DE DERECHO PRIVADO DE LOS MUNICIPIOS: 26a) Los precios públicos. 26b) Las operaciones de endeudamiento. 26c) Las multas. 26d) Los rendimientos derivados de su patrimonio.

27 DE ACUERDO CON LA NORMA FORAL APLICABLE, LA APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE UN AYUTAMIENTO CORRESPONDE: 27a) Al Pleno. 27b) A la Comisión Especial de Cuentas. 27c) A la Junta de Gobierno Local. 27d) A la Alcaldía-Presidencia.

28 DE ACUERDO CON LA NORMA FORAL APLICABLE, EL ACTO POR EL QUE SE ACUERDA LA REALIZACIÓN DEL GASTO POR UN IMPORTE CIERTO O APROXIMADO CON CARGO A UN DETERMINADO CRÉDITO, RESERVANDO A TAL FIN LA TOTALIDAD O PARTE DISPONIBLE DEL MISMO ES: 28a) La autorización del gasto. 28b) La disposición o compromiso del gasto. 28c) El reconocimiento o liquidación de la obligación. 28d) La ordenación del pago.

29 DE ACUERDO CON LA NORMA FORAL APLICABLE, EL CRÉDITO GLOBAL: 29a) Está destinado a atender insuficiencias en las dotaciones de pago o a hacer frente a nuevas necesidades. 29b) Está constituido por el conjunto de gastos de carácter plurianual que pueden comprometerse durante el ejercicio. 29c) No puede ser superior al 5% de los recursos por operaciones corrientes del último ejercicio liquidado. 29d) No puede ser superior al 25% de los recursos por operaciones corrientes del último ejercicio liquidado.

30 LAS ENTIDADES LOCALES PODRÁN EJERCER LA INICIATIVA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 30a) Siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias. 30b) En todo caso. 30c) Siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de regla de gasto en el ejercicio de sus competencias. 30d) Siempre que esté garantizado el cumplimiento de los objetivos de eficacia, eficiencia y economía en la gestión de los intereses de la comunidad vecinal.

31 LA GESTIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES PUEDE SER PRESTADA A TRAVÉS DE: 31a) Concesión. 31b) Entidad pública empresarial local. 31c) Gestión interesada. 31d) Concierto.

32 LAS SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES CUYO CAPITAL SOCIAL SEA DE TITULARIDAD PÚBLICA: 32a) Se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado. 32b) Se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación. 32c) Se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico público. 32d) Se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico público, salvo las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación.

33 ES UN DERECHO DE LAS PERSONAS VECINAS DE UN MUNICIPIO DE LA CAPV: 33a) Utilizar y ser atendidas en euskera en sus relaciones con el ayuntamiento, siempre que el municipio en cuestión sea miembro de la mancomunidad de municipios euskaldunes (UEMA). 33b) Utilizar y ser atendidas en euskera en sus relaciones con el ayuntamiento, si es esa su opción lingüística. 33c) Utilizar y ser atendidas en euskera en sus relaciones con el ayuntamiento, siempre que el índice de obligado cumplimiento correspondiente a dicho municipio se encuentre entre el 70 y 100%. 33d) Utilizar y ser atendidas en euskera en sus relaciones con el ayuntamiento, siempre que la unidad administrativa a la que se dirijan esté clasificada como “unidad administrativa en euskera” en su plan de normalización del uso del euskera.

34 EN RELACIÓN CON LOS DATOS DEL PADRÓN MUNICIPAL. 34a) En los procedimientos iniciados de oficio, a los solos efectos de su iniciación, las Administraciones Públicas podrán recabar los datos sobre el domicilio de la persona interesada recogidos en el Padrón Municipal, a través de una consulta a las bases de datos del INE. 34b) Pueden servir para elaborar estadísticas oficiales sometidas al secreto estadístico. 34c) Están sometidos a la legislación de protección de datos de carácter personal. 34d) Las tres respuestas anteriores son correctas.

35 LA INSCRIPCIÓN DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN EL PADRÓN MUNICIPAL. 35a) Deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate de la inscripción de personas extranjeras no comunitarias sin autorización de residencia permanente. 35b) Deberá ser objeto de renovación periódica cada cinco años cuando se trate de la inscripción de personas extranjeras sin autorización de residencia permanente. 35c) Deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate de la inscripción de personas extranjeras sin autorización de residencia permanente. 35d) Deberá ser objeto de renovación periódica cada cinco años cuando se trate de la inscripción de personas extranjeras no comunitarias sin autorización de residencia permanente.

36 EN RELACIÓN CON EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO A SOLICITUD DE LA PERSONA INTERESADA6. 36a) Si se trata de una persona jurídica y presenta su solicitud presencialmente, se le requerirá la subsanación mediante su presentación electrónica; se considerará como fecha de presentación de la solicitud la de la presentación presencial. 36b) Si se trata de una persona física y presenta su solicitud presencialmente, se le requerirá la subsanación mediante su presentación electrónica; se considerará como fecha de presentación de la solicitud la de la presentación presencial. 36c) Si se trata de una persona jurídica y presenta su solicitud presencialmente, se le requerirá la subsanación mediante su presentación electrónica; se considerará como fecha de presentación de la solicitud la de la presentación electrónica. 36d) Si se trata de una persona física y presenta su solicitud presencialmente, se le requerirá la subsanación mediante su presentación electrónica; se considerará como fecha de presentación de la solicitud la de la presentación electrónica.

37 INDIQUE LA AFIRMACIÓN INCORRECTA EN RELACIÓN CON LA TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN: 37a) El trámite de audiencia es siempre obligatorio. 37b) El plazo de resolución es de 30 días hábiles, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria. 37c) No cabe la tramitación simplificada, si el procedimiento en cuestión exige la realización de un trámite distinto de los previstos en el número 6 del artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 37d) Deberá acordarse la continuación del procedimiento con arreglo a la tramitación ordinaria cuando el dictamen preceptivo del órgano consultivo sea contrario al fondo de la propuesta de resolución.

38 EN CUANTO AL CÓMPUTO DE PLAZOS: 38a) Cuando los plazos se señalan en días, siempre hay que entender que son hábiles y hay que excluir del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos. 38b) Cuando un día es hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que reside la persona interesada e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil. Esta regla se aplica tanto al cómputo de plazos en los registros presenciales como en los registros electrónicos. 38c) En el plazo fijado en meses, estos se computan a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto y el plazo concluye el mismo día de la notificación o publicación en el mes de vencimiento. 38d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

39 INDIQUE LA RESPUESTA INCORRECTA EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO: 39a) Cabe acordar la inadmisión a trámite de la solicitud formulada por persona interesada, sin necesidad de dictamen del órgano consultivo, sólo cuando dicha solicitud no se base en ninguna de las causas de nulidad de pleno derecho. 39b) El dictamen del órgano consultivo es preceptivo y vinculante, salvo que se acuerde la inadmisión de la solicitud. 39c) El plazo de resolución es de 6 meses, y el transcurso de dicho plazo sin dictar resolución y notificarla produce la caducidad del procedimiento, si se hubiera iniciado de oficio; y la desestimación por silencio administrativo, si se hubiera iniciado a solicitud de persona interesada. 39d) Su objeto puede ser un acto administrativo que ha puesto fin a la vía administrativa o que no se ha recurrido en plazo; y también una disposición administrativa de carácter general.

40 ¿CUÁL NO ES CAUSA DE INADMISIÓN DE UN RECURSO ADMINISTRATIVO?: 40a) La incompetencia del órgano administrativo, cuando el competente pertenece a otra Administración Pública. 40b) La falta de legitimación de la persona que recurre. 40c) El transcurso del plazo para la interposición del recurso. 40d) La no concurrencia de ningún motivo de nulidad o anulabilidad, tras el examen del fondo del asunto.

41 SEÑALE LA AFIRMACIÓN INCORRECTA EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA: 41a) La regulación prevista en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público es de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio. 41b) La regulación prevista en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público es de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público. 41c) La responsabilidad administrativa derivada de la comisión de una infracción es compatible con la exigencia de la reposición de la situación alterada a su estado originario y con la indemnización de daños y perjuicios. 41d) Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo si favorecen a la persona presunta infractora o infractora, en lo referido a la tipificación de la infracción y a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.

42 INDIQUE LA RESPUESTA INCORRECTA EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR: 42a) La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de persona interesada en dicho procedimiento, pero a la persona denunciante se le debe comunicar siempre el acuerdo de iniciación. 42b) Cuando se trata de una multa, en la notificación de iniciación del procedimiento se determinarán las reducciones aplicables que serán de, al menos, el 20% del importe; la efectividad de la reducción estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso contra la multa. 42c) Cuando en la instrucción del procedimiento se ponga de manifiesto que la infracción ha prescrito, el órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la propuesta de resolución. 42d) En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, pero sí podrá ser diferente su valoración jurídica.

43 DE CONFORMIDAD CON LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, ¿CUÁL ES EL RÉGIMEN DE LOS FICHEROS CREADOS CON LA FINALIDAD EXCLUSIVA DE ALMACENAR DATOS DE CARÁCTER PERSONAL QUE REVELEN LA AFILIACIÓN SINDICAL?. 43a) Están especialmente protegidos. 43b) Sólo los pueden crear y mantener las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias y están especialmente protegidos. 43c) Sólo los puede crear y mantener el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y están especialmente protegidos. 43d) Están expresamente prohibidos.

44 EL CONSEJO VASCO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES. 44a) Es la estructura institucional de representación de los municipios en las instituciones de la Comunidad Autónoma. 44b) Tiene por función garantizar el pleno respeto de la autonomía local por las instituciones de la Comunidad Autónoma. 44c) Se compondrá de un total de doce vocales. 44d) Establecerá, mediante acuerdo, un nivel mínimo de participación municipal en los tributos concertados.

45 LA ALTERACIÓN DE TÉRMINOS MUNICIPALES. 45a) Podrá producirse por incorporación de uno o más municipios a otro u otros limítrofes. 45b) Mediante segregación-agregación, podrá suponer la privación de los recursos necesarios para prestar los servicios básicos. 45c) Podrá suponer modificación de los límites provinciales. 45d) Podrá producirse por segregación de parte del territorio de un municipio para agregarlo a otro de diferente provincia.

46 LAS MANCOMUNIDADES. 46a) No pueden estar integrados por municipios de diferentes provincias. 46b) No podrán asumir la totalidad de las competencias asignadas a los respectivos Municipios. 46c) Están integradas por municipios limítrofes. 46d) Cuentan con un órgano de gobierno con representación paritaria de los municipios mancomunados.

47 SEGÚN LA LEY 2/2006 DE SUELO Y URBANISMO, EL SUELO NO URBANIZABLE. 47a) Es idóneo para servir de soporte a actos, usos o actividades de contenido o fin urbanístico. 47b) Es el suelo residual respecto al urbano y urbanizable. 47c) En el que existan masas arbóreas y que esté calificado como forestal, en caso de incendio, daño medioambiental o tala ilegal que produzca la pérdida de las características que hubieran justificado su calificación, no podrá ser objeto de nueva clasificación ni calificación que implique su desvinculación del destino forestal durante al menos los veinte años siguientes. 47d) Podrá albergar edificaciones tendentes a la formación de núcleos rurales.

48 SON PLANES DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL: 48a) Los planes de sectorización. 48b) Los planes de compatibilización de planeamiento general y los planes parciales. 48c) Los planes especiales de ordenación urbana. 48d) Los planes generales de ordenación urbana y los planes especiales de ordenación de los recintos y conjuntos históricos y artísticos.

49 LOS SISTEMAS DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA SON LOS SIGUIENTES: 49a) En régimen de ejecución pública: sistema de cooperación y sistema de agente urbanizador. 49b) En régimen de ejecución pública mediante concesión administrativa: sistema de agente urbanizador y el sistema de concertación. 49c) En régimen de ejecución privada: sistema de cooperación. 49d) En régimen de ejecución pública: sistema de cooperación y el sistema de expropiación forzosa.

50 EL SUELO Y LOS DERECHOS DESTINADOS A DOTACIONES PÚBLICAS DE LA RED DE SISTEMAS GENERALES Y LOCALES SE OBTENDRÁN POR LA ADMINISTRACIÓN: 50a) Si están incluidos o adscritos a actuaciones integradas, gratuitamente con cargo a aquellas áreas, sectores o unidades de ejecución. 50b) En ningún caso de forma gratuita. 50c) Si están incluidos o adscritos a alguna actuación integrada mediante expropiación. 50d) Siempre por expropiación.

51 CONOCIDA POR EL AYUNTAMIENTO LA EXISTENCIA O REALIZACIÓN DE UN ACTO O UNA ACTUACIÓN URBANÍSTICA CLANDESTINA: 51a) Se procederá a su legalización inmediata. 51b) La alcaldía dictará una orden de suspensión. 51c) La administración podrá acordar en todo caso la suspensión del suministro de gas, agua y electricidad. 51d) En caso de procederse a su legalización, se extingue la responsabilidad en que hayan podido incurrir las personas que hayan contribuido a la misma.

52 LAS LICENCIAS DE ACTIVIDAD CLASIFICADA: 52a) Se concederán por la Alcaldía del municipio donde se vaya a ubicar. 52b) Se concederán con posterioridad a la licencia de obras u otras licencias urbanísticas preceptivas. 52c) Se tramitan íntegramente en el ayuntamiento donde se ubiquen las actividades. 52d) Se concederán previo trámite de exposición pública y audiencia a los vecinos inmediatos por plazo de un mes.

53 ESTÁN SOMETIDOS EN CUALQUIER CASO AL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA: 53a) La modificación de los Planes Generales de Ordenación Urbana que afecten al suelo no urbanizable. 53b) Los Planes Parciales. 53c) Los Planes Generales de Ordenación Urbana y los Planes Especiales de Reforma Interior. 53d) Los Planes de Sectorización.

54 NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. ¿A QUÍEN CORRESPONDE ASIGNAR EL PERFIL LINGÜÍSTICO A CADA UNO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EXISTENTES EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VASCAS?. 54a) A los órganos de gobierno de la respectiva Administración Pública. 54b) Al Gobierno Vasco. 54c) Al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de política lingüística. 54d) Al órgano foral competente en cada Territorio Histórico por lo que respecta a la Administración Local.

55 PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA. SEÑALE LA AFIRMACIÓN CORRECTA SOBRE EL INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE NORMALIZACIÓN DEL USO DEL EUSKERA. 55a) Lo elaborará cada entidad previamente a la aprobación del plan. 55b) Lo elaborará la Viceconsejería de Política Lingüística al final de cada periodo de planificación. 55c) Lo elaborará la Viceconsejería de Política Lingüística al segundo año de la aprobación del correspondiente plan. 55d) Lo elaborará cada entidad al segundo año de la aprobación de su correspondiente plan.

56 ¿QUÉ BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES TIENEN COMO CARACTERÍSTICA SER INALIENABLES, INEMBARGABLES E IMPRESCRIPTIBLES Y NO ESTAR SUJETOS A TRIBUTO?. 56a) Todos los bienes de las entidades locales. 56b) Los bienes de dominio público excepto los bienes comunales. 56c) Los bienes comunales y demás bienes de dominio público. 56d) Los bienes patrimoniales.

57 BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES. ¿QUÉ CLASE DE BIEN ES UN PIANO QUE UTILIZA EL ALUMNADO Y PROFESORADO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA?. 57a) Un bien de uso público. 57b) Un bien de servicio público. 57c) Un bien patrimonial. 57d) Puede ser tanto un bien de uso público como un bien patrimonial.

58 BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES. SEÑALE LA AFIRMACIÓN CORRECTA SOBRE LA ENAJENACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES. 58a) Está prohibida la enajenación de bienes patrimoniales cuando se trate de inmuebles. 58b) Está prohibida la enajenación de cualquier bien patrimonial. 58c) Las enajenaciones de bienes patrimoniales se regirán en cuanto a su preparación y adjudicación por las normas reguladoras de la contratación pública. 58d) Está prohibida la enajenación de cualquier bien patrimonial cuyo valor exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto.

59 BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ADQUISICIONES ESTÁ SUJETA A LAS NORMAS DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO?. 59a) La adquisición de bienes a título oneroso. 59b) Las adquisiciones de bienes derivadas de expropiaciones forzosas. 59c) La adquisición de bienes a título gratuito. 59d) Todas las anteriores están sujetas a las normas de contratación del sector público.

60 BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES. ¿QUÉ CONSECUENCIA TIENE QUE UN BIEN COMUNAL NO HAYA SIDO OBJETO DE DISFRUTE DE ESTA ÍNDOLE DURANTE MÁS DE DIEZ AÑOS?. 60a) Perderá su condición de bien comunal previa declaración por la alcaldía. 60b) Puede perder su condición de bien comunal si así lo acuerda la Corporación con el voto favorable de la mayoría absoluta número legal de miembros y lo aprueba la Comunidad Autónoma. 60c) Puede perder su condición de bien comunal si así lo acuerda la Corporación por mayoría simple y lo aprueba la Comunidad Autónoma. 60d) El no uso no tiene consecuencias en la clasificación del bien.

R61 LES SERÁN DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE SU COMPETENCIA LAS LIMITACIONES AL EJERCICIO DE ACTIVIDADES PRIVADAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 3/2015, DE 30 DE MARZO, REGULADORA DEL EJERCICIO DEL ALTO CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 61a) Durante los tres años siguientes a la finalización de su mandato, a los miembros de las corporaciones locales con dedicación exclusiva que hayan ostentado responsabilidades ejecutivas en las diferentes áreas en que se organice el gobierno local. 61b) Durante los dos años siguientes a la finalización de su mandato, a los miembros de las corporaciones locales con dedicación exclusiva que hayan ostentado responsabilidades ejecutivas en las diferentes áreas en que se organice el gobierno local. 61c) Durante los cuatro años siguientes a la finalización de su mandato, a los miembros de las corporaciones locales con dedicación exclusiva que hayan ostentado responsabilidades ejecutivas en las diferentes áreas en que se organice el gobierno local. 61d) Durante el año siguiente a la finalización de su mandato, a los miembros de las corporaciones locales con dedicación exclusiva que hayan ostentado responsabilidades ejecutivas en las diferentes áreas en que se organice el gobierno local.

R62 SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VASCAS: 62a) Las situaciones administrativas del personal laboral de las administraciones públicas vascas se rigen por la Ley de la Función Pública Vasca y el Estatuto de los Trabajadores. 62b) Las situaciones administrativas del personal laboral de las administraciones públicas vascas se rigen por el Estatuto de los Trabajadores. 62c) Las situaciones administrativas del personal laboral de las administraciones públicas vascas se rigen por el Estatuto de los Trabajadores y los Convenios Laborales que resulten de aplicación. 62d) Las situaciones administrativas del personal laboral de las administraciones públicas vascas se rigen por la Ley de la Función Pública Vasca, el Estatuto de los Trabajadores y los Convenios laborales que resulten de aplicación.

R63 DIGA CUÁL ES LA AFIRMACIÓN CORRECTA: 63a) La creación, modificación, refundición y supresión de organismos autónomos locales corresponderá al Pleno de la entidad local, siendo aprobados sus estatutos por el consejo de administración. 63b) La creación, modificación, refundición y supresión de organismos autónomos locales corresponderá al Pleno de la entidad local, siendo aprobados los estatutos por la Alcaldía-Presidencia. 63c) La creación, modificación, refundición y supresión de organismos autónomos locales corresponderá a la alcaldía de la entidad local, siendo aprobados sus estatutos por la concejalía a la que se adscribe. 63d) La creación, modificación, refundición y supresión de organismos autónomos locales corresponderá al Pleno de la entidad local, quien aprobará sus estatutos.

R64 DE CONFORMIDAD CON LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, ¿CUÁL ES EL RÉGIMEN GENERAL DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL?. 64a) Se exige siempre el consentimiento previo de la persona titular de los datos personales objeto de cesión; y sólo se pueden ceder para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario. 64b) Como regla general, se exige el previo consentimiento de la persona titular de los datos personales objeto de cesión que, una vez otorgado, es irrevocable. 64c) No es necesario el consentimiento previo de la persona afectada, si la comunicación se efectúa previo procedimiento de disociación. 64d) Se exige siempre el consentimiento previo de la persona titular de los datos personales objeto de cesión; y, además, dicho consentimiento es revocable.

R65 LOS ESTATUTOS DE LAS MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS: 65a) Pueden tener el contenido que quieran los municipios mancomunados. 65b) Deberán aprobarse por la mayoría de los Ayuntamientos que la integran. 65c) No incluirán el procedimiento de modificación de los mismos. 65d) Habrán de expresar al menos los fines de éstas.

R66 NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. SEÑALE LA AFIRMACIÓN CORRECTA: 66a) A diferencia de la fecha de preceptividad, el perfil lingüístico quedará necesariamente incorporado dentro de las especificaciones que deben figurar en las relaciones de puestos de trabajo. 66b) Tanto el perfil lingüístico como, en su caso, la fecha de preceptividad, quedarán incorporados dentro de las especificaciones que deben figurar en las relaciones de puestos de trabajo. 66c) El perfil lingüístico solamente quedará incorporado dentro de las especificaciones que deben figurar en las relaciones de puestos de trabajo cuando sea requisito de acceso. 66d) Ni el perfil lingüístico ni la fecha de preceptividad del mismo, quedarán incorporados dentro de las especificaciones que deben figurar en las relaciones de puestos de trabajo.

¿CUÁL ES EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA INTERPOSICIÓN DE UN RECURSO DE ALZADA?. a) De un mes, si el acto fuera expreso. b) De tres meses, si el acto fuera expreso. c) De tres meses, si el acto no fuera expreso. d) De seis meses, si el acto no fuera expreso.

NO ESTARÁN OBLIGADOS A RELACIONARSE A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER TRÁMITE DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: a) Las personas jurídicas. b) Las entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria. d) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público.

¿CON QUÉ ANTELACIÓN COMUNICARÁ A LOS INTERESADOS LA ADMINISTRACIÓN EL INICIO DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS QUE HAYAN SIDO ADMITIDAS EN EL PROCEDIMIENTO?. a) Con una antelación de una semana. b) Con una antelación de diez días. c) Con una antelación de quince días. d) Con una antelación suficiente.

COMO REGLA GENERAL, EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE UN MENOR DE EDAD PODRÁ FUNDARSE EN SU CONSENTIMIENTO CUANDO SEA MAYOR DE: a) Doce años. b) Catorce años. c) Dieciséis años. d) Cuando esté emancipado.

EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RELATIVOS A CONDENAS E INFRACCIONES PENALES, SOLO PODRÁ LLEVARSE A CABO CUANDO SE ENCUENTRE AMPARADO EN: a) Tratados internacionales. b) Reglamentos de la Interpol. c) Normas de la Unión Europea. d) Reglamentos del ordenamiento jurídico español.

CUANDO SE PRETENDA FUNDAR EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS EN EL CONSENTIMIENTO DEL AFECTADO PARA UNA PLURALIDAD DE FINALIDADES SERÁ PRECISO QUE CONSTE QUE DICHO CONSENTIMIENTO SE OTORGA PARA TODAS ELLAS: a) De manera escrita. b) De manera específica e inequívoca. c) Mediante escrito registrado electrónicamente. d) De manera oral.

LEY 4/2005 ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ES UN PRINCIPIO GENERAL QUE DEBE REGIR Y ORIENTAR LA ACTUACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS VASCOS EN MATERIA DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES?. a) Impulso positivo. b) Colaboración y coordinación. c) Actuación equilibrada. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

LOS PRINCIPIOS GENERALES PREVISTOS EN LA LEY 4/2005 PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES: a) Son sólo de aplicación a la Administración General la Comunidad Autónoma. b) Son de aplicación sólo a la Administración Institucional. c) Son sólo de aplicación a las entidades privadas que suscriban contratos o convenios de colaboración con cualquier administración o sean beneficiarias de ayudas o subvenciones concedidas por aquellas. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

A EFECTOS DE LA LEY 4/2005 SE CONSIDERA QUE EXISTE UNA REPRESENTACIÓN EQUILIBRADA EN LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS PLURIPERSONALES CUANDO LOS DOS SEXOS ESTÁN REPRESENTADOS AL MENOS: a) 40%. b) 45%. c) 50%. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

SEGÚN LA LEY 2/2012, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, QUE TIPO DE PAGOS, PARA CUALQUIER ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, GOZAN DE PRIORIDAD ABSOLUTA FRENTE A CUALQUIER OTRO TIPO DE GASTOS: a) El pago de las retribuciones de sus empleados. b) El pago de las cotizaciones relativas al régimen de previsión social obligatoria del personal. c) El pago de intereses y de capital de la deuda. d) El pago de compromisos adquiridos frente a terceros por contratos debidamente adjudicados formalizados.

DE CONFORMIDAD CON LA LEY 2/2012, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, EL DÉFICIT ESTRUCTURAL DEL CONJUNTO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SE DEBERÁ REDUCIR, AL MENOS, HASTA 2020: a) A un ritmo igual cada año. b) Un 0,8% del PIB nacional en promedio anual. c) A un ritmo igual cada año hasta que el volumen de deuda pública de todas la Administraciones Públicas sea inferior al 60% del PIB nominal. d) Dependerá de los límites que anualmente marque para la deuda pública el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.

LA LEY 2/2012, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, REGULA UNA SERIE DE MEDIDAS CORRECTIVAS EN CASO DE DETERMINADOS INCUMPLIMIENTOS. POR ELLO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA LA ADMINISTRACIÓN INCUMPLIDORA DEBERÁ FORMULAR: a) Un plan de reequilibrio. b) Un plan de ajuste. c) Un plan de tesorería. d) Un plan económico – financiero.

SEGÚN REGULA EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DEL PAÍS VASCO, LOS INGRESOS DE LA HACIENDA GENERAL DEL PAÍS VASCO ESTÁN CONSTITUIDOS, ENTRE OTROS POR: a) Los ingresos procedentes de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). b) Los impuestos potestativos regulados en las Normas Forales de Haciendas Locales. c) Las aportaciones que efectúen las Diputaciones Forales, como expresión de la contribución de los Territorios Históricos a los gastos presupuestarios del País Vasco. d) La recaudación derivada de procedimientos de inspección en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

CORRESPONDE A LAS RESPECTIVAS DIPUTACIONES FORALES, RESPECTO DE LOS TRIBUTOS QUE INTEGRAN SU SISTEMA TRIBUTARIO…. a) Gestionar y liquidar tributos, pero no podrán recaudar, ni revisar. b) Exaccionar, gestionar, liquidar y recaudar tributos, pero no podrán revisar. c) Exaccionar, gestionar, liquidar, recaudar y revisar pero no inspeccionar, ya que las facultades de inspección son exclusivas del Estado. d) Exaccionar, gestionar, liquidar, inspeccionar, revisar y recaudar tributos.

SEGÚN ESTABLECE LA LEY DE TERRITORIOS HISTÓRICOS, LA METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y LA DETERMINACIÓN DE LAS APORTACIONES DE CADA TERRITORIO HISTÓRICO A LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA SERÁ APROBADA POR: a) La Comisión Mixta del Concierto Económico. b) La Comisión Arbitral prevista en el artículo 39 del Estatuto de Autonomía del País Vasco. c) El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. d) El Consejo Vasco de Finanzas Públicas.

LA APORTACIÓN DE LAS DIPUTACIONES FORALES AL SOSTENIMIENTO GENERAL DE LAS CARGAS GENERALES DE LAS INSTITUCIONES COMUNES SE CALCULA APLICANDO A LOS RECURSOS A DISTRIBUIR: a) El índice de imputación del 6,24%. b) El 99% de su coeficiente horizontal. c) El coeficiente de distribución vertical del 70,04%. d) El índice de actualización del Cupo.

SON CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE CONCIERTO ECONÓMICO QUE REGULA LAS RELACIONES TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS ENTRE EL ESTADO Y EL PAÍS VASCO: a) Es un sistema paccionado de riesgo unilateral. b) Es un sistema paccionado de riesgo compartido. c) Es un sistema unilateral de riesgo compartido. d) Ninguna de las anteriores.

LA LEY DEL CONCIERTO ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI REGULA LA PERIODICIDAD Y ACTUALIZACIÓN DEL CUPO AL ESTADO. DE ACUERDO CON ELLA EL CUPO SE ACTUALIZARÁ: a) Anualmente, de conformidad con lo que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. b) Cada tres años mediante ley aprobada por el Parlamento Vaco. c) Cada cinco años, mediante ley votada por las Cortes Generales. d) Cada cinco años mediante ley votada por las Cortes Generales, previo acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico.

LAS RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IRPF POR RENDIMIENTOS DEL TRABAJO SATISFECHOS POR UNA EMPRESA A UNA PERSONA CONTRATADA QUE PRESTA SUS SERVICIOS EXCLUSIVAMENTE EN UN TERRITORIO HISTÓRICO DEL PAÍS VASCO, PERO QUE TIENE SU RESIDENCIA HABITUAL EN TERRITORIO COMÚN, SE EXIGIRÁN: a) Por la Administración del Estado, conforme a la normativa de territorio común. b) Por la Administración del Estado, conforme a la normativa de territorio foral. c) Por la Diputación Foral del Territorio Histórico en que el personal empleado presta sus servicios, conforme a la normativa de territorio común. d) Por la Diputación Foral del Territorio Histórico en que el personal empleado presta sus servicios, conforme a su normativa.

MÁS DEL 75% DE LA RECAUDACIÓN TOTAL DE LAS DIPUTACIONES FORALES POR TRIBUTOS CONCERTADOS EN LOS EJERCICIOS 2017 Y 2018 SE OBTUVO DE DOS IMPUESTOS, HISTÓRICAMENTE LOS DE MAYOR CAPACIDAD RECAUDATORIA: a) El IRPF y el IVA. b) El IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio. c) El IRPF y el Impuesto sobre Sociedades. d) El Impuesto sobre Sociedades y el IVA.

SON IMPUESTOS INDIRECTOS: a) El IRPF y el IVA. b) El IVA y los Impuestos Especiales de Fabricación. c) El IRPF y el Impuesto sobre Sociedades. d) El Impuesto sobre Sociedades y el IVA.

EL PRINCIPIO DE EQUILIBRIO FINANCIERO RECOGIDO EN EL TEXTO REFUNDIDO DEL RÉGIMEN PRESUPUESTARIO DE EUSKADI ESTABLECE QUE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI: a) Estarán equilibrados en todo momento. b) Se presentarán con superávit inicial. c) La totalidad de los ingresos cubrirá el importe total de los gastos. d) Los cobros que se produzcan durante su ejecución serán iguales o mayores que los pagos.

DE LOS INGRESOS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN, ¿CUAL SE CONSIDERA COMO INGRESO DE DERECHO PRIVADO?. a) El obtenido por endeudamiento. b) El producto de multas y demás sanciones impuestas por la Comunidad Autónoma de Euskadi. c) Las adquisiciones a título de herencia, legado o donación. d) Las aportaciones que perciba la Comunidad Autónoma de Euskadi con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

SEGÚN EL TEXTO REFUNDIDO DEL RÉGIMEN PRESUPUESTARIO DE EUSKADI, EL ACTO POR EL CUAL SE ACUERDA LA REALIZACIÓN DE UN GASTO SE CORRESPONDE CON LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DENOMINADA: a) Disposición. b) Reserva de crédito para autorización. c) Autorización. d) Obligación.

LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI SERÁ APROBADA, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTABLECIDO EN EL TEXTO REFUNDIDO DEL RÉGIMEN PRESUPUESTARIO DE EUSKADI, POR: a) El Consejo de Gobierno a propuesta del Departamento Competente en materia de presupuestos. b) El Consejo de Gobierno, que dará cuenta de ella al Parlamento Vasco en la primera sesión que celebre. c) El Parlamento Vasco. d) El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

EL TEXTO REFUNDIDO DEL RÉGIMEN PRESUPUESTARIO DE EUSKADI REGULA EL RÉGIMEN DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO SUJETANDO ÉSTAS A DETERMINAS LIMITACIONES. DE LAS QUE A CONTINUACIÓN SE CITAN, SEÑALE CUÁL NO ES CIERTA: a) No aumentarán los créditos minorados como consecuencia de otras transferencias. b) No minorarán las cuantías asignadas al crédito global. c) Podrán minorar créditos calificados como ampliables con la pérdida de tal calificación. d) No minorarán los créditos de pagos incrementados por otras transferencias o por créditos adicionales.

EL TEXTO REFUNDIDO DEL RÉGIMEN PRESUPUESTARIO DE EUSKADI REGULA EL RÉGIMEN DE HABILITACIONES DE CRÉDITO. DE LOS INGRESOS OBTENIDOS QUE A CONTINUACIÓN SE CITAN, ¿CUAL ES SUSCEPTIBLE DE MODIFICAR EL PRESUPUESTO VÍA HABILITACIÓN DE CRÉDITO?. a) Los reintegros de gastos. b) Los remanentes de tesorería del ejercicio anterior. c) Las operaciones de endeudamiento para la financiación de operaciones corrientes. d) Las enajenaciones de bienes del patrimonio.

SEGÚN LA LEY DE FINANZAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI, DENTRO DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA TESORERÍA GENERAL DEL PAÍS VASCO, DE LOS QUE A CONTINUACIÓN SE CITAN ¿CUÁL NO ES CIERTO?: a) Centralización de la dirección, sin perjuicio de su gestión descentralizada. b) Máxima seguridad en la situación de fondos y valores, y en las operaciones. c) Puntualidad en la satisfacción de obligaciones. d) Máxima rentabilidad para las operaciones de activos, y menor coste para las de pasivos.

SEGÚN LA LEY DE FINANZAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI, SI AL FINALIZAR UN EJERCICIO EL REMANENTE DE TESORERÍA FUESE NEGATIVO ¿QUÉ ACTUACIONES SE DEBERÁN REALIZAR?. a) Declarar la indisponibilidad de determinados créditos presupuestarios por el mismo importe. b) Concertar operaciones de crédito a plazo no superior a un año para financiar ese importe negativo. c) Reducir el Presupuesto del año en curso en la misma cuantía. d) Enajenar los bienes patrimoniales del inmovilizado material no necesarios.

LEY 4/2005 ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES NO ES UN PRINCIPIO GENERAL QUE DEBE REGIR Y ORIENTAR LA ACTUACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS VASCOS EN MATERIA DE IGUALDAD E MUJERES Y HOMBRES?. a) Igualdad de trato. b) Representación equitativa. c) Respeto a la diversidad y a la diferencia. d) Eliminación de roles y estereotipos en función del sexo.

EN EL MODELO DE CRECIMIENTO DE SOLOW: a) A largo plazo, la tasa de ahorro determina el tamaño del *stock* de capital y por tanto el nivel de producción. b) Si la tasa de ahorro aumenta lo suficiente, genera por sí sola un crecimiento económico persistente a largo plazo. c) La tasa de crecimiento de la población no tiene ninguna influencia a largo plazo sobre el nivel de renta per cápita. d) El progreso tecnológico es endógeno, su comportamiento se explica por el propio modelo.

DE CONFORMIDAD CON LA LEY 2/2012, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EL SUPERÁVIT DE LAS LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SE DESTINARÁ: a) A reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento. b) Al incremento de retribuciones de los empleados públicos según las disposiciones que a este respecto se establezcan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. c) A la incorporación de créditos no obligados del ejercicio anterior. d) A la financiación de nuevos gastos en el presupuesto siguiente, siempre que estos gastos sean no financieros.

SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA: a) Las cuentas de la Tesorería General del País Vasco no podrán presentar descubiertos. b) El movimiento de las cuentas de la Tesorería General del País Vasco requiere la firma de, al menos, dos de las personas encargadas de su gestión. c) Son fondos anticipados aquellas provisiones que, sin tener la naturaleza de libramientos provisionales, sirven para hacer frente, de forma descentralizada, a gastos de funcionamiento. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

EL ENDEUDAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI: a) Sólo podrá denominarse en moneda de curso legal en España, no en moneda extranjera. b) Podrá realizarse mediante emisiones de deuda pública o mediante operaciones de crédito o de préstamo. c) Cuando se emita deuda pública requerirá el acuerdo del Consejo de Gobierno, mientras que para las operaciones de crédito o de préstamo bastará con la autorización del Departamento competente en esta materia. d) Cuando sea por plazo superior a un año podrá destinarse tanto a gasto corriente como de inversión.

2. NO TIENE LA CALIFICACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO…. La exclusión de un candidato a un concurso-oposición. Un informe vinculante. La resolución por la que se archiva un expediente. Una instancia presentada por un particular.

3. LA LEY DE ACCESO ELECTRÓNICO DE LOS CIUDADANOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS…. Sólo afecta a las entidades locales. Sólo afecta a la Administración del Estado. Afecta a todas las Administraciones Públicas. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

4. TIENE LA CALIFICACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO…. Un dictamen de un órgano consultivo de la Administración. Un auto del juzgado de lo contencioso-administrativo. La autoliquidación del IVA. La toma de posesión por un funcionario de la plaza que se le ha designado.

6. NO ES CONSIDERADO RECURSO ADMINISTRATIVO…. El recurso extraordinario de revisión. El recurso de alzada. El recurso de reposición. El recurso de casación.

8. EL RECURSO DE REPOSICIÓN FRENTE A UN ACTO DICTADO POR UNA CONSEJERA DEL GOBIERNO VASCO…. Se debería interponer ante el órgano superior del órgano que dictó el acto recurrido, es decir, el Gobierno Vasco. Se debería interponer ante el órgano superior del órgano que dictó el acto recurrido, es decir, el lehendakari. No se podría interponer ya que sólo cabría la posibilidad de acudir a los tribunales. Se debería interponer ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido.

9. EL DAÑO MORAL, A LA HORA DE EXIGIR LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN…. No puede ser alegado ya que no es evaluable económicamente. No puede ser alegado porque la jurisprudencia niega que la Administración pueda infligir ese tipo de perjuicio. Puede ser alegado aunque no sea evaluable económicamente. Puede ser alegado si es efectivo y evaluable económicamente.

10. LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS NO SERÁN RESPONSABLES PATRIMONIALMENTE…. Si la lesión obedece a fuerza mayor. Si la lesión es de cuantía menor. Si la lesión es consecuencia del funcionamiento normal de los servicios públicos. Si la lesión es imputable a la inactividad administrativa.

11. SEGÚN LA LEY DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN, LOS PROCEDIMIENTOS PODRÁN INICIARSE…. En ningún caso a solicitud de persona interesada. En ningún caso de oficio. De oficio, por denuncia. De oficio, pero nunca por denuncia.

12. LOS INFORMES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL…. Nunca son preceptivos. Son preceptivos, pero no vinculantes. Son opiniones técnicas que emiten los órganos administrativos para servir de fundamento a las resoluciones a dictar por el órgano competente. Deben emitirse en el plazo de treinta días, salvo disposición expresa que establezca un plazo diferente.

13. DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE CONTRATOS PÚBLICOS…. Los órganos de contratación no podrán delegar sus competencias y facultades a la hora decontratar. Los órganos de contratación no podrán desconcentrar sus competencias y facultades a la hora de contratar. Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias y facultades a la hora de contratar. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

14. NO PODRÁN CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO…. Quien haya sido condenado mediante sentencia firme por malversación. Quien haya sido condenado mediante sentencia firme por homicidio. Quien haya sido condenado mediante sentencia firme por delitos contra la libertad sexual. Quien haya sido condenado mediante sentencia firme por cualquier delito que conlleve privación de libertad.

15. LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS MENORES…. Se hará a través del diálogo competitivo. Se podrá hacer directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Sólo se puede hacer a través del procedimiento abierto. Sólo se puede hacer a través del procedimiento restringido.

16. ES FALSO QUE TODAS LAS COMUNIDADES AUTONÓMAS…. Asumieran competencias de carácter legislativo. Asumieran competencias en materia de Derecho Civil. Asumieran competencias ejecutivas. Hayan elaborado su propio Estatuto de Autonomía.

17. LAS MATERIAS NO ATRIBUIDAS EXPRESAMENTE AL ESTADO POR LA CONSTITUCIÓN…. En ningún caso podrían ser asumidas por el Estado. Son siempre asumidas por el Estado. Podrán ser asumidas por las Comunidades Autónomas. Pueden ser asumidas por las Entidades Locales.

19. LA FIGURA DE LA CONCESIÓN ESTÁ RELACIONADA DIRECTAMENTE CON …. El contrato de servicios. El contrato de suministro. El contrato de gestión de servicios públicos. Los contratos privados.

20. EL LEHENDAKARI PODRÍA SER SUSPENDIDO EN SUS FUNCIONES. De ninguna forma legal. Por un máximo de seis meses. Si a instancia del Gobierno éste así lo considerara oportuno por acuerdo de las cuatro quintas partes de los miembros del ejecutivo vasco. Si a instancia del Gobierno de la Nación éste así lo considerara oportuno por acuerdo de las tres cuartas partes de los miembros del ejecutivo central.

21. NO ES FUNCIÓN PROPIA DEL LEHENDAKARI…. La conformación del ejecutivo autonómico. El planteamiento de cuestiones de confianza. La elección del Ararteko. La coordinación de la acción del Gobierno vasco.

22. COMO NORMA GENERAL…. La representación del interesado en el procedimiento administrativo exige que éste sea un licenciado en derecho, aunque no es estrictamente necesario que esté colegiado. La representación del interesado en el procedimiento administrativo exige que éste sea un licenciado en derecho que esté colegiado. La representación habrá de acreditarse siempre y en todo caso. La representación se presumirá acreditada para los actos y gestiones de puro trámite.

23. LA INSUFICIENTE ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN. Impedirá en todo caso que se tenga por realizado el acto de que se trate. No impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte la acreditación dentro del plazo concedido al efecto por el órgano administrativo. No impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte la acreditación dentro de un plazo máximo de veinte días. No impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte la acreditación de un plazo máximo de cinco días.

24. SEGÚN LA LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN…. Los interesados tienen derecho a no presentar aquellos documentos de que ya dispone la propia Administración. No se impone a los interesados el deber de proporcionar a la Administración actuante datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido. La comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas públicas es obligatoria, salvo que se prevea lo contrario en una norma con rango de ley. Los interesados en un procedimiento no tienen derecho a obtener copia de los documentos contenidos en los procedimientos que les afecten.

25. LA METODOLOGÍA DE SEÑALAMIENTO DEL CUPO QUE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA DEBE APORTAR AL ESTADO ES DETERMINADA…. Por el Parlamento Vasco. Por cada Junta General. Por las Cortes Generales. Por cada Diputación Foral.

26. LA COMISIÓN MIXTA DEL CONCIERTO ECONÓMICO, ANTES DENOMINADA COMISIÓN MIXTA DEL CUPO TIENE COMO FUNCIÓN. Resolver conforme a Derecho todas las cuestiones relativas a conflictos que puedan plantearse entre la Administración del Estado y las Diputaciones Forales. Resolver conforme a Derecho todas las cuestiones relativas a conflictos que puedan plantearse entre las propias Diputaciones Forales. Realizar estudios que se estimen pertinentes. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

27. EL ARTÍCULO 48 DEL CONCIERTO ESTABLECE ENTRE LOS PRINCIPIOS POR LOS QUE SE RIGEN LAS RELACIONES FINANCIERAS ENTRE EL ESTADO Y EL PAÍS VASCO…. El principio de autonomía fiscal y financiera de las instituciones del País Vasco. El principio de independencia tributaria de las instituciones del País Vasco. El principio de autonomía tributaria de las instituciones del País Vasco. Ninguna de las anteriores opciones es correcta.

28. SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE 1978, LA FORMA POLÍTICA DEL ESTADO ESPAÑOL ES: El Estado de Derecho. La Monarquía Parlamentaria. El Estado Social y Democrático de Derecho. El Estado Social de Derecho.

29. LA CONSTITUCIÓN DE 1978…. Admite la posibilidad de que en el seno del Gobierno haya uno o más vicepresidentes. Recoge que el número de vicepresidentes en ningún caso excederá de tres. Dispone que el Gobierno cuente con al menos un vicepresidente. Afirma que el Vicepresidente del Gobierno es un Ministro sin cartera específica.

30. SE EXCLUYE DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LAS ADMINISTRACIONES DE LA COMUNIDAD AUTONÓNOMA DEL PAÍS VASCO…. La potestad disciplinaria de las Administraciones Públicas respecto de su personal y de quienes estén vinculados a ellas por una relación contractual. A los entes que ejerzan su potestad sancionadora en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en las materias en las que las instituciones comunes de éstas ostenten competencias normativas. A los entes que ejerzan su potestad sancionadora en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco en las que las instituciones comunes de ésta ostenten competencias compartidas con el Estado. A los entes que ejerzan su potestad sancionadora en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en las materias en las que las instituciones comunes de éstas ostenten competencias compartidas con los órganos de los territorios históricos.

32. CUANDO UNA FUNCIONARIA LOCAL PASE A PRESTAR SERVICIOS EN UN DEPARTAMENTO DEL GOBIERNO VASCO, ¿EN QUÉ SITUACIÓN ADMINISTRATIVA QUEDARÁ EN LA ADMINISTRACIÓN DE ORIGEN?. Estará en situación de Comisión de Servicios. Estará a la situación de Servicios Especiales. Se le concederá la excedencia forzosa. Se le puede conceder la excedencia voluntaria, no computándoseles el tiempo a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos.

33. DE ACUERDO CON LA LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA VASCA…. La prestación de servicios en puestos de trabajo de carácter eventual no constituirá mérito para el acceso a la función pública. El personal laboral se clasifica en fijo, interino y temporal. La prestación de servicios en calidad de interino determinará derecho preferente para el acceso a la condición de funcionario. Existe algún caso en que los contratos de trabajo del personal laboral no tienen que celebrarse por escrito.

34. EL ESTADO PODRÁ TRANSFERIR A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS LAS FACULTADES CORRESPONDIENTES A MATERIAS DE TITULARIDAD ESTATAL…. Mediante ley orgánica. Mediante ley autonómica. Mediante ley marco. Esa opción no es posible y ha sido proscrita por el propio Tribunal Constitucional.

35. EL ESTADO PODRÁ DICTAR LEYES QUE ESTABLEZCAN LOS PRINCIPIOS NECESARIOS PARA ARMONIZAR LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS…. En ningún caso. Si las Cortes Generales, por al menos mayoría de tres cuartos en cada cámara, apreciaran su necesidad. Si las Cortes Generales, por al menos mayoría absoluta en cada cámara, apreciaran su necesidad. Si las Cortes Generales, por al menos mayoría de dos tercios en cada cámara, apreciaran su necesidad.

36. ES DE COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, EN CONCRETO, EL DESARROLLO LEGISLATIVO Y LA EJECUCIÓN DENTRO DE SU TERRITORIO DE LA LEGISLACIÓN BÁSICA DEL ESTADO EN LA MATERIA DE…. Propiedad intelectual. Propiedad industrial. Ordenación del sector pesquero. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

37. RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN VASCA. SE CONSIDERARÁ FALTA MUY GRAVE…. El abuso de autoridad en el ejercicio del puesto de trabajo. Las faltas continuadas de asistencia de dos o más días sin causa justificada. El abandono del servicio. Ninguna de las anteriores.

38. LA SIMULACIÓN DE ENFERMEDAD CUANDO COMPORTE AUSENCIA DEL TRABAJO SE CONSIDERARÁ…. Falta grave. Falta muy grave. Falta leve. De ninguna manera puesto que no aparece como tal tipificada en la Ley de Función Pública Vasca.

39. SEGÚN LA LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA VASCA, LOS FUNCIONARIOS NO TIENEN DERECHO…. A la carrera administrativa. A modificar su expediente individual. A conocer su expediente individual. A la formación profesional permanente.

40. SEGÚN LA LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA VASCA, LOS FUNCIONARIOS DEBEN…. Respetar a sus superiores. Ser bilingües. Conocer una lengua extranjera. Ninguna de las anteriores.

41. LA EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR INTERÉS PARTICULAR…. Permite la reserva de puesto de trabajo. Tendrá una duración de cinco años. Tendrá una duración mínima de dos años. No paraliza el cómputo de la antigüedad.

42. SEÑALE LA AFIRMACIÓN INCORRECTA: El personal funcionario tiene derecho a un período de excedencia no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo. El personal funcionario afectado por un proceso de reasignación de efectivos que no haya obtenido plaza en las dos primeras fases es declarado en situación de expectativa de destino. El personal funcionario que sea elegido diputado a las Cortes Generales es declarado en situación de servicios especiales. El personal funcionario en situación de excedencia forzosa no estará obligado a participar en todos los concursos que se convoquen para la provisión de puestos de trabajo propios de su cuerpo.

43. DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VASCAS…. Los concursos podrán ser abiertos o restringidos. Los concursos podrán ser de méritos o concurso oposición. Los concursos podrán ser generales o específicos. Ninguna de las anteriores es correcta.

44. SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE…. La afiliación a la Seguridad Social ha de efectuarse cada vez que el trabajador cambia de empresa. La afiliación a la Seguridad Social ha de efectuarse para cada Régimen de Seguridad Social en que ha de quedar incluido el trabajador. La afiliación es única y general para todos los Regímenes del sistema de la Seguridad Social. Ha de efectuarse cada vez que el trabajador reinicia una actividad laboral o profesional después de haber cesado en ella.

45. SEÑALE LA AFIRMACIÓN INCORRECTA: Las autorizaciones tienen carácter transmisible. Hay actividades que requieren de la concurrencia de diferentes autorizaciones para que puedan finalmente llevarse a cabo. La autorización tiene que ver con la eficacia de la actividad que la precise, no con la validez. Existen autorizaciones discrecionales.

46. LA PUNTUACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LAS BOLSAS DE TRABAJO…. Se incrementará en 0.0003 por día trabajado durante el año anterior. Se incrementará en 0.003 por día trabajado durante el año anterior. Se incrementará en 0.03 por día trabajado durante el año anterior. Se incrementará en 0.005 por día trabajado durante el año anterior.

47. LA GESTIÓN DE LA CALIDAD SE PUEDE ABORDAR DESDE DIFERENTES HERRAMIENTAS, PERO SEA CUAL SEA EL ENFOQUE QUE SE ELIJA ESTARÁ INSPIRADO EN CONCEPTOS BÁSICOS TALES COMO…. Orientación al administrado. Gestión por procesos. Orientación al fin. Ninguna de las anteriores opciones es correcta.

48. EL «PDCA» ES TAMBIÉN CONOCIDO COMO…. Ciclo de gestión. Ciclo de desenvolvimiento. Ciclo de gestión y desarrollo. Ciclo de mejora.

50. ENTRE LOS PRINCIPIOS POLÍTICOS PRESUPUESTARIOS NO ENCONTRAREMOS…. El principio de especificidad. El principio de unidad. El principio de especialidad. El principio de competencia.

53. LA TESORERÍA GENERAL DEL PAÍS VASCO SE RIGE…. Por los principios de exactitud, puntualidad y centralidad. Por los principios de puntualidad, exactitud y centralización. Por los principios de puntualidad, máxima seguridad y centralización de la dirección. Ninguna de las anteriores opciones es correcta.

54. EL ÚNICO IMPUESTO INDIRECTO CUYO INGRESO Y PRESUPUESTO CORRESPONDE A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE EUSKADI ES…. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El Impuesto sobre Juegos en general. El Impuesto sobre la Producción, los Servicios y las Importaciones. El impuesto sobre el juego del Bingo.

55. EL RECARGO EJECUTIVO ES…. Del 5% y se aplica cuando se satisface la deuda antes de la notificación de la providencia de apremio. Del 2% y se aplica cuando se satisface la deuda antes de la notificación de la providencia de apremio. Del 10% y se aplica cuando se satisface la deuda. Del 20% y se aplica cuando se satisface la deuda.

56. LA DOCUMENTACIÓN QUE COMPONE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEBE ELABORARSE, UNA VEZ CERRADO EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO…. Con anterioridad al 31 de Junio del ejercicio siguiente. Con anterioridad al 31 de Julio del ejercicio siguiente. Con anterioridad al 31 de Mayo del ejercicio siguiente. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

57. LA LEY VASCA PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES…. No se aplicaría en la Administración General del Estado. No se aplicaría en el sector privado. No se aplicaría en las Universidades públicas. Se aplica en todas las administraciones públicas.

58. EXISTIRÁ DISCRIMINACIÓN DIRECTA, SEGÚN LA LEY 4/2005 PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES…. Cuando una persona haya sido tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por razón de circunstancias directamente relacionadas con el sexo. Cuando un acto jurídico con apariencia neutral perjudique a una proporción sustancialmente mayor de miembros de un mismo sexo. Cuando un criterio aparentemente neutral perjudique a una proporción sustancialmente mayor de miembros de un mismo sexo. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

59. DE ACUERDO CON LA DEFINICIÓN LEGALMENTE ESTABLECIDA, SE CONSIDERARÍA SUBVENCIÓN…. Aquella disposición dineraria realizada por la administración de las CCAA en que la entrega se realiza en contraprestación directa de los beneficiarios. Aquella disposición dineraria realizada por la administración de las CCAA en que la acción financiada tenga una cuantía superior a 10.000 euros. Aquella disposición dineraria realizada por la administración de las CCAA y de un ente local destinada a financiar globalmente la actividad de cada una en el propio ámbito de sus competencias. Aquella disposición dineraria realizada por la Administración de las CCAA a favor de una persona privada para financiar una conducta de promoción de una finalidad pública.

60. EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES…. Será el directo. Será el público. Será el de méritos. Será el de concurrencia competitiva.

61. «LOS INGRESOS PÚBLICOS QUE CONSISTEN EN PRESTACIONES PECUNIARIAS EXIGIDAS POR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACIÓN DEL SUPUESTO DE HECHO AL QUE LA NORMA VINCULA EL DEBER DE CONTRIBUIR, CON EL FIN PRIMORDIAL DE OBTENER INGRESOS NECESARIOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS GASTOS PÚBLICOS», ES LA DEFINICIÓN LEGALDE. Los tributos. Las tasas. Las contribuciones especiales. Los impuestos.

62. LAS TASAS…. Son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la ampliación de servicios públicos. No son tributos. Son los tributos exigidos sin contraprestación. Ninguna de las definiciones es correcta.

63. NO SERÁ DE APLICACIÓN EN NINGÚN CASO EL REGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS DATOS ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL…. A los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades domésticas. A los ficheros mantenidos por una Entidad Local. A los ficheros mantenidos por la Universidad del País Vasco. A los ficheros de EUDEL.

64. LA LEY DE ACCESO ELECTRÓNICO DE LOS CIUDADANOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS…. Establece que en toda Administración se cree un Defensor del usuario de la administración electrónica. Establece que en la Administración General del Estado se cree la figura del Defensor del usuario de la administración electrónica. Nada dice sobre la creación de la figura del Defensor del usuario de la administración electrónica. Establece que únicamente en la Administración local y autonómica se cree la figura del Defensor del usuario de la administración electrónica.

65. INDIQUE LA AFIRMACIÓN INCORRECTA: Las Administraciones públicas crean registros electrónicos para la recepción y remisión de solicitudes. Las disposiciones de creación de registros electrónicos deben publicarse siempre y en todo caso en el Boletín Oficial del Estado. Se pueden habilitar registros propios para la recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones de la competencia de otra Administración distinta mediante convenios de colaboración entre Administraciones públicas. Los registros electrónicos pueden admitir documentos electrónicos normalizados.

66. LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS…. Permitirán la presentación de solicitudes sólo los días del año que esté abierta la Administración. Permitirán la presentación de solicitudes todos los días del año pero en la franja horaria en la que habitualmente esa Administración esté abierta al público. Permitirán la presentación de comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas. Nunca permitirán la presentación de comunicaciones fuera del horario de atención al público de la Administración que se trate.

67. LAS FACULTADES DE REVISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN…. Podrán ser ejercitadas siempre y en todo lugar. No podrán ser ejercitadas en ningún caso. No podrán ser ejercitadas cuando por otras circunstancias su ejercicio resulte contrario al derecho de los particulares. Podrán ser ejercitadas cuando por otras circunstancias su ejercicio resulte contrario a la ley.

68. EN LA FASE DE INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR EL CUAL SE RECLAMA LA REPARACIÓN DEL DAÑO PRODUCIDO POR UNA ADMINISTRACIÓN…. No es posible alcanzar ningún acuerdo indemnizatorio. Es posible alcanzar un acuerdo indemnizatorio aunque alguna de las partes no esté conforme. Es posible alcanzar un acuerdo indemnizatorio si las partes están conformes. No es ya necesario solicitar informe alguno.

69. EN RELACIÓN A LA LEGISLACIÓN SOBRE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, SEÑALE LA AFIRMACIÓN INCORRECTA: La vigente ley de contratos del sector público es de aplicación a los contratos subvencionados por entes públicos. Las Universidades públicas se ven afectadas a la hora de celebrar contratos de obras por la vigente ley de contratación pública. Toda sociedad mercantil en cuyo capital social participe indirectamente alguna entidad tal como las Universidades públicas o Consorcios dotados de una personalidad jurídica propia en una proporción superior al 25 por ciento está sometida a la vigente ley de contratos del sector público. Las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social están sometidas en materia de contratación a la legislación vigente en materia de contratos del sector público.

70. DE ACUERDO CON EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DEL PAÍS VASCO…. El Parlamento Vasco estará integrado por setenta y cinco parlamentarios. El Parlamento Vasco estará integrado por noventa parlamentarios. El Parlamento Vasco desempeña la función ejecutiva.. El Parlamento Vasco es inviolable..

71. SE CONSIDERA INTERESADO EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO…. Al ciudadano cuyos intereses legítimos individuales o colectivos puedan resultar afectados por la resolución que se dicte y no se persone en el procedimiento. Al ciudadano cuyos intereses legítimos estrictamente individuales puedan resultar afectados por la resolución que se dicte y no se persone en el procedimiento. Al ciudadano cuyos derechos puedan resultar afectados por la decisión que se adopte. Al ciudadano cuyos intereses legítimos colectivos puedan resultar afectados por la resolución que se dicte aunque no se persone en el procedimiento.

72. SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE, LA METODOLOGÍA DE SEÑALAMIENTO DEL CUPO: Será establecida cada cinco años. Será establecida cada diez años. Será establecida cada cuatro años. Será establecida cada vez que el Gobierno de la Nación lo exija.

73. EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DEL PAÍS VASCO…. Fija de forma cerrada la organización provincial. Permite que las Juntas y Diputaciones establezcan otras instituciones aunque éstas no tuvieran antecedentes forales. Permite que las Juntas y Diputaciones establezcan otras instituciones, pero siempre que tuvieran antecedentes forales. No fija la organización provincial en absoluto.

74. SEGÚN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA EL GOBIERNO DE LA NACIÓN SE COMPONE…. Del Presidente, Vicepresidentes, en su caso, Ministros y de los demás miembros que establezca la ley. Del Presidente, Vicepresidentes, Ministros y Secretarios de Estado. De los Ministros. Ninguna de las anteriores opciones es correcta.

75. RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN VASCA SE CONSIDERARÁ FALTA GRAVE…. La falta grave de consideración con los subordinados. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades. El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución. Ninguna de las anteriores.

76. LA EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR AGRUPACIÓN FAMILIAR…. Se concederá de oficio con una duración máxima de diez años. Se concederá a instancia de parte con una duración máxima de diez años. Se concederá tanto de oficio como a instancia de parte con una duración mínima de un año. Se concederá a instancia de parte con una duración mínima de dos años.

1. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES REGÍMENES NO SE RELACIONA DE MANERA EXPRESA COMO MATERIA PROPIA DE LA HACIENDA GENERAL DEL PAÍS VASCO EN EL ARTÍCULO 1 DEL DL 1/1997 QUE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PRINCIPIOS ORDENADORES DE LA HACIENDA GENERAL DEL PAÍS VASCO?: El régimen de patrimonio. El régimen de función pública. El régimen de endeudamiento. El régimen de la contratación.

2. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES NO SE ENCUENTRA ENTRE LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE HACIENDA GENERAL A LOS QUE DEBERÁ SOMETERSE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI?: Principio de legalidad. Principio de unidad de caja. Principio de publicidad. Principio de eficacia.

4. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES FIGURAS FISCALES NO CONSTITUYE TRIBUTO PROPIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI?. Canon del agua. Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas. Contribuciones por la prestación por parte de la Comunidad Autónoma de un servicio público o por la realización por la misma de una actividad que se refiera, afecte o beneficie de manera particular al sujeto pasivo. Impuestos propios de la Comunidad Autónoma.

5. DE ACUERDO CON LA NORMA REGULADORA DEL RÉGIMEN PRESUPUESTARIO DE EUSKADI, DENTRO DE LA PRIMERA SEMANA DE JUNIO, EL GOBIERNO: Aprobará las directrices técnicas para la elaboración de los presupuestos para el próximo ejercicio. Encomendará al departamento competente en materia de presupuestos dar inicio a la elaboración de un anteproyecto de presupuestos. Estudiará las previsiones de ingresos previamente a su aprobación en el Consejo vasco de finanzas. Aprobará las directrices económicas sobre la elaboración de los presupuestos para el próximo ejercicio.

6. EN MATERIA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS SE CONSIDERA QUE LAS OPERACIONES POR INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS: Son modificaciones que no afectan al importe total de los estados de gastos tal como fueron aprobados por Ley de Presupuestos. Son modificaciones que únicamente afectan a los estados de ingresos. Son modificaciones en la cuantía global de los estados de gastos e ingresos iniciales. Ninguna de las anteriores.

8. LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD QUE DE MANERA DELEGADA EJECUTA EL GOBIERNO VASCO EN VIRTUD DEL CORRESPONDIENTE CONVENIO CON EL ESTADO SE SOPORTA EN: Un programa de inversión extraordinaria. Los correspondientes créditos de gestión que deberán figurar en los estados de gastos e ingresos de los presupuestos generales. Un programa de créditos de compromiso. Por incremento de los estados de gastos e ingresos inicialmente aprobados mediante una operación de habilitación de créditos.

9. A CUÁL DE LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS NO SE ACOMODA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 112 DEL DL 1/2011 DE RÉGIMEN PRESUPUESTARIO DE EUSKADI LA REGULACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN SU VERTIENTE DE GASTOS: Principio de control administrativo sucesivo. Principio de competencia. Principio de justificación documental. Principio de constancia escrita del cumplimiento de operaciones por parte de los responsables.

10. LA ESTRUCTURA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD APROBADO POR EL REAL DECRETO 1514/07 ES LA SIGUIENTE: “Principios contables”, “Normas de registro y valoración”, “Cuentas anuales”, y “Definiciones y relaciones contables”. “Marco Conceptual”, “Normas de registro y valoración”, “Cuentas anuales”, “Cuadro de cuentas” y “Definiciones y relaciones contables”. “Marco Conceptual”, “Normas de registro y valoración”, “Cuadro de cuentas” y “Definiciones y relaciones contables”. “Marco Conceptual”, “Normas de registro y valoración”, “Cuentas anuales”, “Cuadro de cuentas”.

11. DE ACUERDO CON EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD APROBADO POR EL REAL DECRETO 1514/07 ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES NO ES UN PRINCIPIO CONTABLE?. Importancia relativa. Correlación de ingresos y gastos. Empresa en funcionamiento. No compensación.

12. LOS BIENES, DERECHOS Y OTROS RECURSOS CONTROLADOS ECONÓMICAMENTE POR LA EMPRESA, RESULTANTES DE SUCESOS PASADOS, DE LOS QUE SE ESPERA QUE LA EMPRESA OBTENGA BENEFICIOS O RENDIMIENTOS ECONÓMICOS EN EL FUTURO SONA. Pasivos. Activos. Patrimonio neto. Gastos.

13. DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN INCLUIDAS EN EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD APROBADO POR EL RD 1514/07, LA EMPRESA RECONOCERA COMO PROVISIONES: Los activos de la empresa, cuyo valor supere un determinado importe fijado al inicio del ejercicio contable. Los activos de la empresa que se prevea van a ser enajenados en el ejercicio. Los pasivos, que resulten indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. Ninguna de las anteriores.

14. LA PERIODIFICACION CONTABLE A APLICAR DURANTE EL EJERCICIO VIENE DETERMINADA POR LA APLICACIÓN DE: El principio de devengo definido como: *”Los efectos de las transacciones o hechos económicos se registrarán cuando ocurran, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran, los gastos y los ingresos que afecten al mismo, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro*”. El principio de prudencia definido como: “*Se deberá ser prudente en las estimaciones y valoraciones a realizar en condiciones de incertidumbre*”. El principio de uniformidad definido como: “*Adoptado un criterio dentro de las alternativas que en su caso se permitan, deberá mantenerse en el tiempo y aplicarse de manera uniforme para transacciones, otros eventos, y condiciones que sean similares, en tanto no se alteren los supuestos que motivaron su elección*”. El principio de devengo definido como: ”*Los efectos de las transacciones o hechos económicos se registrarán cuando ocurran, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran, los cobros y los pago, que afecten al mismo, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro*”.

15. DE ACUERDO CON LA NORMA DE REGISTRO Y VALORACIÓN Nº 18 DEL RD 1514/07, DE 16 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD ¿CUAL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES INCORRECTA?: Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado. Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables recibidos de socios o propietarios, no constituyen ingresos, debiéndose registrar directamente en los fondos propios, independientemente del tipo de subvención, donación o legado. En el caso de empresas pertenecientes al sector público que reciban subvenciones, donaciones o legados de la entidad pública dominante para financiar la realización de actividades de interés público o general, dichas ayudas se contabilizarán inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado. Ninguna de las anteriores es correcta.

16. LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS CUENTAS ANUALES SON: El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo, la memoria y el informe de gestión. El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, y la memoria. El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria.

17. EN LA ELABORACIÓN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, EL CONCEPTO “COBROS DE DIVIDENDOS” FORMA PARTE DE: Los flujos de efectivo de las actividades de explotación. Los flujos de efectivo de las actividades de inversión. Los flujos de efectivo de las actividades de financiación. b) y c).

18. CUENTAS ANUALES ABREVIADAS: Cuando pueda formularse balance abreviado también se formulará cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. Cuando pueda formularse balance, estado de cambios en el patrimonio y memoria en modelo abreviado, el estado de flujos de efectivo también se formulará en modelo abreviado. Cuando pueda formularse balance, estado de cambios en el patrimonio y memoria en modelo abreviado, el estado de flujos de efectivo no será obligatorio. No se pueden formular cuentas anuales abreviadas.

19. DE ACUERDO CON EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD APROBADO POR EL REAL DECRETO 1514/07 LAS CUENTAS ANUALES DEBERÁN SER FORMULADAS POR EL EMPRESARIO O LOS ADMINISTRADORES EN UN PLAZO MÁXIMO DE: 6 meses, a contar desde el cierre del ejercicio. 1 mes, a contar desde el cierre del ejercicio. 3 meses, a contar desde el cierre del ejercicio. 12 meses, a contar desde el cierre del ejercicio.

20. EL FONDO DE MANIOBRA SE CALCULA: Como diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Como diferencia entre los recursos permanentes y el activo no corriente. Ambas son ciertas. Ambas son falsas.

21. PARA QUE EL EFECTO DEL APALANCAMIENTO FINANCIERO DE UNA INVERSIÓN SEA POSITIVO ES NECESARIO QUE: La rentabilidad económica o rentabilidad de la inversión sea menor a la tasa de interés que se paga por los fondos obtenidos en los préstamos. La rentabilidad económica o rentabilidad de la inversión sea igual a la tasa de interés que se paga por los fondos obtenidos en los préstamos. La rentabilidad económica o rentabilidad de la inversión sea superior a la tasa de interés que se paga por los fondos obtenidos en los préstamos. Las 3 afirmaciones anteriores son falsas.

22. EL RATIO DE SOLVENCIA TOTAL MIDE LA CAPACIDAD QUE TIENE LA EMPRESA EN SU CONJUNTO PARA RESPONDER A TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS. SI SU IMPORTE ES INFERIOR A LA UNIDAD IMPLICA: La empresa se encuentra en una situación de máxima estabilidad. La empresa se encuentra en una situación de equilibrio. La empresa se encuentra en situación de insolvencia. Las 3 afirmaciones anteriores son falsas.

23. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES INCORRECTA?. La opinión técnica del auditor de cuentas otorga una mayor confianza en la fiabilidad de las cuentas anuales. El usuario de informes de auditoría no debe asumir que la opinión técnica del auditor de cuentas es una garantía sobre la viabilidad futura de la entidad. El usuario de informes de auditoría debe asumir que la opinión técnica del auditor de cuentas es una garantía sobre la viabilidad futura de la entidad. El auditor de cuentas independiente es responsable de formar y expresar su opinión sobre las cuentas anuales de una entidad.

24. CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CORRECTA?. Los auditores independientes deberán realizar, obligatoriamente, pruebas de cumplimiento durante el trabajo de auditoría para evaluar los sistemas de control interno. Los auditores independientes no podrán realizar las pruebas de cumplimiento durante su trabajo preliminar. Las pruebas de cumplimiento realizadas en el periodo preliminar deben extenderse, de forma obligatoria, hasta la fecha de cierre del ejercicio. Los auditores independientes podrán realizar las pruebas de cumplimiento durante su trabajo preliminar y, cuándo sea el caso, la aplicación de tales pruebas a todo el período restante puede no ser necesaria.

25. DENTRO DE LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA A REALIZAR POR EL AUDITOR SE ENCUENTRAN LAS PRUEBAS SUBSTANTIVAS. LAS NORMAS TÉCNICAS SOBRE EJECUCIÓN DEL TRABAJO INDICAN QUE SE REALIZARÁ MAYOR NÚMERO DE PRUEBAS SUBSTANTIVAS SOBRE LOS DISTINTOS COMPONENTES DE LAS CUENTAS ANUALES: Cuanto mayor sea la confianza obtenida de las pruebas de cumplimiento de control interno. Cuanto menor sea la confianza obtenida de las pruebas de cumplimiento de control interno. El número de pruebas substantivas a realizar es independiente del grado de confianza obtenido de las pruebas de control interno. La realización de pruebas substantivas no es un procedimiento de auditoría.

26. SI SE INVIERTEN 1.000€ A 21 MESES DE PLAZO CON UN TIPO DE INTERÉS TRIMESTRAL DEL 2%, BAJO UN ESQUEMA DE CAPITALIZACIÓN SIMPLE, ¿CUÁL SERÍA EL INTERÉS OBTENIDO AL FINAL DEL PERÍODO?. 120. 140. 160. 100.

27. SELECCIONA LA FÓRMULA, QUE EN UN SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN COMPUESTA, DEFINE EL CAPITAL FINAL AL FINAL DE n PERÍODOS CONSIDERANDO QUE Co = CAPITAL INICIAL, Cn = CAPITAL EN PERÍODO n i=TASA DE INTERÉS Y QUE LA TASA DE INTERÉS Y EL TIEMPO SE REFIEREN AL MISMO PERÍODO: Cn = Co (1+i)-n. Co = Cn (1+i)n. Cn = Co (1+i)n. Cn = Co (1-i)n.

28. EL MÉTODO HAMBURGUÉS DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES EN LAS CUENTAS CORRIENTES SE CARACTERIZA PORQUE: Responde a la realidad de las operaciones figuradas en la cuenta, pues considera que cada capital, acreedor o deudor, devenga intereses durante los días que median desde la fecha de vencimiento hasta el cierre de la cuenta. Opera sobre los saldos de capitales y los días se cuentan de vencimiento a vencimiento. En dicho procedimiento los días se cuentan desde cada vencimiento a una fecha fija denominada época. No existe dicho método.

29. SE CONSIDERA QUE UNA RENTA ES CONSTANTE, PERPETUA Y PREPAGABLE CUANDO: Consta de un número limitado de términos iguales cuyos vencimientos vienen referidos, a partir del primer período, al principio de cada uno. Consta de un número ilimitado de términos diferentes cuyos vencimientos vienen referidos, a partir del primer período, al principio de cada uno. Consta de un número ilimitado de términos iguales cuyos vencimientos vienen referidos, a partir del primer período, al final de cada uno. Consta de un número ilimitado de términos iguales cuyos vencimientos vienen referidos, a partir del primer período, al principio de cada uno.

30. SELECCIONAR EL VALOR ACTUAL DE UNA RENTA CONSTANTE, PERPETUA Y POSPAGABLE DE 100€ A UNA TASA DE INTERÉS DEL 10%. 200€. 10.000€. 1.000€. 110€.

32. SE HA RECIBIDO UN PRÉSTAMO POR IMPORTE DE 1.000€ A UN PLAZO DE 10 AÑOS CON UN TIPO DE INTERÉS DEL 5% Y UN SISTEMA DE AMORTIZACIÓN LINEAL (CUOTA CONSTANTE DE PRINCIPAL). EL PAGO DE INTERESES Y DE AMORTIZACIÓN SE EFECTÚA EN UNA ÚNICA CUOTA ANUAL POR PERÍODOS VENCIDOS. SELECCIONAR EL IMPORTE DE CUOTA QUE CORRESPONDERÍA A LA CUARTA ANUALIDAD. 145. 140. 135. 125.

33. EN MATERIA DE TIPOS DE INTERÉS UNO DE LOS TIPOS DE REFERENCIA MÁS USUAL EN EL MERCADO FINANCIERO ES EL EURIBOR A UN AÑO. ESTE TIPO SE OBTIENE: Se define como una media aritmética simple de los tipos diarios que BBVA y B. Santander cotizan a las once de la mañana, y que publica el Banco de España, para las operaciones de depósito en euros a un año. Se define como una media aritmética simple de los tipos diarios que una serie de bancos catalogados cotizan a las once de la mañana para las operaciones de depósito en euros a un año, que realizan entre sí, y que publica la Federación Bancaria Europea. Es un dato estimado y publicado diariamente por el Banco Central Europeo, para las operaciones de depósito en euros a un año. Ninguna de las anteriores.

34. UNA DE LAS MODALIDADES DE VALORES DE RENTA FIJA MÁS HABITUALES EN LOS MERCADOS DE CAPITALES ES LA RELATIVA A LAS EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA. AQUELLAS QUE SE EMITEN A LARGO PLAZO (SUPERIOR A 5 AÑOS) POR PARTE DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SE DENOMINAN OBLIGACIONES Y EL ESQUEMA MAS COMÚN DE VENCIMIENTOS DE PRINCIPAL Y PAGO DE INTERESES ES: Son títulos que devengan un cupón variable, con liquidación anual y con amortización íntegra de principal a vencimiento. Son títulos que devengan un cupón constante, con liquidación anual y con amortización lineal a lo largo de toda la vida de la emisión. Son títulos que devengan un cupón constante, con liquidación anual y con amortización íntegra de principal a vencimiento. Son títulos que devengan un cupón variable, con liquidación semestral y con amortización íntegra de principal a vencimiento.

35. EL VALOR TEORICO DEL DERECHO DE SUSCRIPCION PREFERENTE REPRESENTA: El precio de emisión de las nuevas acciones tras una ampliación de capital. La pérdida de valor que sufren las acciones antiguas tras una ampliación de capital. El precio de la acción después de la ampliación de capital. El precio de la acción antes de la ampliación de capital.

36. EL CAPITAL SOCIAL DE UNA EMPRESA: Es una fuente de financiación propia. Es una fuente de autofinanciación de mantenimiento. Es una fuente de autofinanciación de enriquecimiento. Es una fuente de autofinanciación de mantenimiento y de enriquecimiento.

37. SELECCIONAR CUÁL DE LAS SIGUIENTES ACTUACIONES NO INCREMENTA LA LIQUIDEZ DE UNA EMPRESA: Efectuar compras a crédito frente a hacerlas al contado. Aplazar el pago a proveedores. Atrasar importes a cobrar de clientes. Descontar efectos comerciales a entidades financieras.

38. SELECCIONAR LA RESPUESTA CORRECTA. MEDIANTE EL CONFIRMING UNA EMPRESA. Obtiene el pago anticipado de sus facturas cediendo el cobro de éstas a cambio de una comisión. Cede el pago de sus facturas a un gestor que, a cambio de un precio y una posible financiación del pago, se compromete bien a pagar a sus acreedores bien a anticiparles el pago. Una entidad financiera anticipa el cobro de algunos derechos de cobro de la empresa frente a clientes por un tipo de interés predeterminado. Ninguna de ellas.

39. SELECCIONAR CUÁL DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS NO DEBE CONTENER NECESARIAMENTE UNA LETRA DE CAMBIO: El nombre de la persona que ha de pagar, denominado librado. Si el pago de la letra de cambio está garantizado mediante aval. La denominación de letra de cambio inserta en el mismo título expresada en el idioma empleado en su redacción. La firma del que emite la letra, denominado librador.

40. EL CRÉDITO DOCUMENTARIO ES: Es el contrato en el que se materializan las condiciones que van a regir las relaciones entre una empresa y un banco en materia de comercio exterior. Es una orden que el exportador da a su banco para que garantice la adquisición a un tipo de cambio predeterminado de divisas para el tráfico internacional de mercancías. Es una orden que el importador da a su banco para que proceda al pago de la operación en el momento en que el banco del exportador le presente la documentación acreditativa de que la mercancía ha sido enviada de la manera convenida. Ninguna de ellas.

41. EL PAY BACK, COMO MÉTODO DE SELECCIÓN DE INVERSIONES: Es un método estático para la evaluación de inversiones y se define como el periodo de tiempo requerido para recuperar el capital inicial de una inversión. Es un método dinámico para la evaluación de inversiones y se define como el periodo de tiempo requerido para recuperar el capital inicial de una inversión. Es un método de valoración de inversiones que tiene en cuenta el distinto valor del dinero en el tiempo. Las 3 afirmaciones anteriores son falsas.

42. SEÑALA LA AFIRMACIÓN CORRECTA: El Valor Actualizado Neto (VAN) es un método de valoración de inversiones que puede definirse como la diferencia entre el valor actualizado de los cobros y de los pagos generados por una inversión. El Valor Actualizado Neto (VAN) es un método de valoración de inversiones que puede definirse como la diferencia entre el valor actualizado de los ingresos y de los gastos generados por una inversión. El Valor Actualizado Neto (VAN) es un método de valoración de inversiones que puede definirse como la diferencia entre el valor actualizado de los ingresos y de los pagos generados por una inversión. El Valor Actualizado Neto (VAN) es un método de valoración de inversiones que puede definirse como la diferencia entre el valor actualizado de los cobros y de los gastos generados por una inversión.

43. SI TODO LO DEMÁS PERMANECE IGUAL, ¿QUÉ OCURRE CON EL VAN DE UN PROYECTO SI LA EMPRESA ESCOGE UN PLAN DE AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MÁS ACELERADO?. Aumenta. Disminuye. Podría subir o bajar. Permanece constante.

44. ¿QUÉ SUCEDE CUANDO LA TASA INTERNA DE RECUPERACIÓN (TIR) DE UN PROYECTO ES IGUAL A SU COSTE DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL?. El VAN será positivo. El proyecto no tiene flujos de entrada de tesorería. El VAN será cero. El proyecto debería rechazarse.

45. PUEDE SER ENTIDAD ASEGURADORA UNA: Sociedad Anónima. Sociedad Colectiva. Sociedad de Responsabilidad Civil Limitada. Sociedad Comanditaria.

46. ¿QUÉ PLAZO TIENE EL ASEGURADOR PARA RESPONDER ANTE UNA NOTIFICACIÓN DE AGRAVACIÓN DEL RIESGO PROPONIENDO UN CAMBIO CONTRACTUAL?. 2 meses. 15 días. 1 mes (mes de gracia). 6 meses.

47. LAS PROVISIONES TÉCNICAS: Son potestad de las entidades aseguradoras para su mejor funcionamiento. Son potestad de la Dirección General de Seguros, DGS, que dispondrá qué entidades deben constituirlas. Solo deben constituirlas las entidades extranjeras. Son obligatorias.

48. LEY 4/2005 PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES. COMO NORMA GENERAL, CUANDO UNA PERSONA SEA TRATADA DE MANERA MENOS FAVORABLE QUE OTRA EN SITUACIÓN ANÁLOGA POR RAZÓN DE CIRCUNSTANCIAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL SEXO, COMO EL EMBARAZO O LA MATERNIDADA. existirá discriminación directa. existirá discriminación indirecta. no se considerará discriminación. sólo se considerará discriminación si la conducta está tipificada como delito.

49. LEY 4/2005 PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES. A LOS EFECTOS DE ESTA LEY, ¿CUÁNDO SE CONSIDERA QUE EXISTE UNA REPRESENTACIÓN EQUILIBRADA EN LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS PLURIPERSONALES?. Cuando los dos sexos están representados al menos al 30%. Cuando los dos sexos están representados al menos al 40%. Cuando los dos sexos están representados al menos al 35%. Cuando los dos sexos están representados al menos al 45%.

50. ASPECTOS BÁSICOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. SEÑALAR LA AFIRMACIÓN INCORRECTA: LAS PERSONAS INTERESADAS A LAS QUE SE SOLICITEN DATOS PERSONALES DEBERÁN SER PREVIAMENTE INFORMADAS DE MODO EXPRESO, PRECISO E INEQUÍVOCO. de la identidad y dirección de los encargados del tratamiento o, en su caso, de su representante. de la finalidad de la recogida de los datos de carácter personal. de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. de la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal.

R51. LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANACIAS SE DIVIDE EN: Resultado de explotación y resultado del ejercicio. Resultado financiero, resultado antes de impuestos y resultado del ejercicio. Resultado de explotación, resultado financiero, resultado antes de impuestos y resultado del ejercicio. Resultado de explotación, resultado antes de impuestos y resultado del ejercicio.

R52. SEÑALA CUAL DE LAS SIGUIENTES ES UNA FUENTE DE RECURSOS INTERNOS: La autofinanciación. La emisión de obligaciones. Los préstamos bancarios. La autofinanciación y la emisión de obligaciones.

R53. LAS RESERVAS SON RECURSOS FINANCIEROS: Externos y propios. Internos y ajenos. Internos y propios. Externos y ajenos.

R54. DETERMINAR SI SE CUMPLEN LAS CONDICIONES DE ACCESO Y EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA CORRESPONDE A: La Diputación Foral. La Junta de Accionistas de la Entidad de Seguros. El Presidente del Consejo de Administración. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

R55. ASPECTOS BÁSICOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. SEGÚN LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, ¿QUÉ NOMBRE RECIBE LA PERSONA FÍSICA TITULAR DE LOS DATOS QUE SEAN OBJETO DEL TRATAMIENTO?. Responsable del tratamiento. Responsable del fichero. Afectado o interesado. Encargado del tratamiento.

1. Según el Estatuto de Autonomía ¿qué competencias corresponden al País Vasco en materia de Seguridad Social?. a) Únicamente la ejecución de la legislación básica del Estado. b) Al País Vasco le corresponde la competencia exclusiva en materia de Seguridad Social. c) Entre otras competencias, le corresponde la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. d) El Estatuto de Autonomía no contiene previsiones sobre las competencias en materia de Seguridad Social.

2. ¿Qué órgano tiene entre sus funciones propias el asesoramiento al Parlamento Vasco en materia económico-financiera?. a) La Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos. b) El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de economía y hacienda. c) El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. d) El Consejo Vasco de Finanzas Públicas.

3. Según la Ley 7/1981, sobre Ley de Gobierno ¿cuáles de los siguientes tienen consideración de Altos Cargos de la Administración?. a) Solamente los Consejeros y Vice-consejeros. b) Vice-consejeros, Directores y personal de confianza. c) Consejeros, Vice-consejeros y personal de confianza. d) Vice-consejeros y Directores.

4. En base a la Ley 7/1981, señalar la afirmación correcta sobre la estructura y organización de los Departamentos del Gobierno Vasco. a) La aprueba cada Consejero mediante Orden. b) La aprueba el Consejo de Gobierno a propuesta del Lehendakari. c) La aprueba cada Consejero mediante Decreto. d) La aprueba el Lehendakari a propuesta del respectivo Consejero.

5. Ley 27/1983. Señalar la afirmación correcta respecto a la distribución de competencias. a) Es competencia de las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma la legislación y ejecución en aquellas materias que, correspondiendo a la Comunidad Autónoma según el Estatuto de Autonomía, no se atribuyan expresamente a los Órganos Forales de los Territorios Históricos. b) Es competencia de los Órganos Forales de los Territorios Históricos. la legislación y ejecución en aquellas materias que, correspondiendo a la Comunidad Autónoma según el Estatuto de Autonomía, no se atribuyan expresamente a las Instituciones Comunes. c) Las normas dictadas por las Instituciones Comunes se aplican siempre con preferencia a cualquier otra. d) Los Territorios Históricos no tienen potestad revisora en vía administrativa en aquellas materias en que les corresponde únicamente la ejecución de las normas emanadas de las Instituciones Comunes.

6. Según la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, ¿cuáles de los siguientes son principios rectores del régimen local de la Comunidad Autónoma de Euskadi?. a) El principio de subsidiariedad y el de suficiencia financiera. b) El principio de pluralismo político y el de imparcialidad. c) El principio de transparencia y el de igualdad entre mujeres y hombres. d) El principio de autoorganización y el de proximidad a la ciudadanía.

7. Según la Ley 2/2016, ¿cómo debe materializarse la transferencia de competencias propias de los Territorios Históricos a las entidades locales territoriales?. a) Mediante Ley. b) Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno. c) Mediante Norma Foral. d) Mediante Decreto Foral.

8. Ley 12/2002 por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Completar con la opción correcta la siguiente frase: La aportación del País Vasco al Estado consistirá en un cupo global, integrado por los correspondientes a cada uno de sus Territorios Históricos …. a) … como compensación por la parte imputable del déficit que presenten los Presupuestos Generales del Estado. b) … como contribución por la parte imputable de los tributos no concertados. c) … como compensación por todos los servicios prestados por la Administración del Estado en la Comunidad Autónoma del País Vasco. d)... como contribución a todas las cargas del Estado que no asuma la Comunidad Autónoma del País Vasco.

9. Ley 12/2002. ¿Cuál de los siguientes factores es relevante para determinar el cupo?. a) La población de los Territorios Históricos. b) La recaudación de los cinco ejercicios anteriores en cada Territorio Histórico. c) La renta de los Territorios Históricos en relación con el Estado. d) El gasto público por habitante en los cinco ejercicios anteriores.

10. Organización institucional de la Comunidad Autónoma del País Vasco. ¿En qué categoría se clasifican las sociedades públicas dependientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi?. a) Administración General. b) Sector Público. c) Administración Institucional. d) No forman parte de la organización institucional de la Comunidad Autónoma.

11. Según lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la misma se aplica al sector público, que comprende: a) La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas. b) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional. c) La Administración General del Estado y el sector público institucional. d) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.

12. A tenor de lo previsto en el artículo 6.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones, deberán ser: a) Plenamente interoperables entre sí. b) Secretos y protegidos contra la interconexión. c) Públicos, sin importar su compatibilidad informática. d) Gratuitos, salvo en los casos en que por Ley se prevea expresamente otra cosa.

13. De acuerdo con el artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los procedimientos se iniciarán de oficio: a) Únicamente por acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa. b) Tan sólo por acuerdo del órgano competente, como consecuencia de orden superior. c) Exclusivamente por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior y a petición razonada de otros órganos. d) Por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.

14. El artículo 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, previene que se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando: a) No existan testigos de los hechos. b) No se haya practicado prueba pericial de ningún tipo. c) No figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. d) Únicamente cuando no exista interesado concreto.

15. Según el artículo 124.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo de reposición será de: a) Dos meses. b) Quince días. c) Veinte días. d) Un mes.

16. De conformidad con lo previsto en el artículo 107.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se producirá la caducidad del procedimiento sin que, desde su iniciación, se hubiera declarado la lesividad de actos anulables transcurrido el plazo de: a) Tres meses. b) Dos meses. c) Un mes. d) Seis meses.

17. En lo no previsto por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, regirá como supletoria la de: a) Enjuiciamiento Civil. b) Enjuiciamiento Criminal. c) Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. d) Protección Jurisdiccional de los Derechos de la Persona.

18. De acuerdo con el artículo 103.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a: a) Las Administraciones Públicas condenadas. b) Las Administraciones Públicas absueltas. c) Los favorecidos por el fallo de las mismas. d) Los Juzgados y Tribunales de este orden jurisdiccional, y su ejercicio compete al que haya conocido el asunto en primera o única instancia.

19. A tenor de lo previsto en el artículo 81.2.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo dictadas en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona: a) No son susceptibles de recurso de apelación. b) Serán siempre susceptibles de apelación. c) Serán apelables si su cuantía excede de 30.000 euros. d) Serán apelables si su cuantía es superior a 18.000 euros.

20. Según el artículo 74.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el recurrente podrá desistir: a) Después de practicada la prueba. b) Una vez la demanda sea contestada. c) En cualquier momento anterior a la sentencia. d) Después de dictada la sentencia.

21. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan: a) En ningún supuesto. b) Únicamente si así lo exige el instructor del procedimiento penal, por estimar que puede producirse infracción del principio non bis in idem. c) Si fuera necesaria la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal para la fijación de responsabilidad patrimonial. d) En todo caso.

22. Señale la respuesta correcta, respecto a la exigencia de responsabilidad patrimonial a las autoridades y personal al servicio de la Administración Pública: a) La administración pública deberá previamente, indemnizar a los lesionados. b) Se producirá de oficio o a instancia de parte. c) Únicamente podrá producirse en supuestos en que las autoridades o el personal de la administración hubieran incurrido en dolo. d) Deberá instarse por la administración correspondiente, siempre que sus autoridades o su personal hubieran incurrido en culpa o negligencia.

23. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por: a) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. b) La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. c) Las legislación penal. d) Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

24. Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de ley corresponda a varias personas conjuntamente, estas personas responderán de las sanciones por infracciones administrativas cometidas al respecto de dicha obligación: a) De forma individualizada, en atención a la culpabilidad de cada responsable. b) De forma individualizada, en atención de participación de cada responsable. c) De forma solidaria cuando la sanción no sea pecuniaria. d) De forma solidaria cuando la sanción sea pecuniaria.

25. Las disposiciones contenidas en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público relativas a los principios de la potestad sancionadora de la Administración no serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de. a) El personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo. b) Las personas jurídicas. c) Las uniones y entidades sin personalidad jurídica a las que una Ley les reconozca capacidad de obrar. d) Quienes estén vinculados a la administración por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público.

26. El plazo de prescripción de las sanciones administrativas comenzará a contarse: a) Desde el día siguiente a aquel en que la infracción se hubiera cometido o, en el caso de infracciones continuadas o permanentes, desde que finalizó la conducta infractora. b) Desde el día siguiente a aquel en que se notificó el inicio del expediente sancionador. c) Desde el día siguiente a aquel en que se impuso la sanción por la infracción cometida. d) Desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción.

27. ¿Cuáles de los siguientes tienen la consideración de convenios?. a) Los acuerdos que se suscriben para expresar la voluntad de las Administraciones y demás partes suscriptoras para actuar con un objetivo común. b) Los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas con sujetos de derecho privado para un fin común. c) Los acuerdos suscritos entre administraciones públicas o entidades dependientes de estas cuyo objeto sean prestaciones propias de los contratos. d) Todos los anteriores son considerados como convenios por la legislación vigente.

28. Señale la respuesta correcta respecto al plazo de vigencia de los convenios: a) En función del interés público al que sirvan, los convenios pueden ser de duración determinada o establecerse para un periodo de tiempo indeterminado, con posibilidad de denuncia por cualquiera de las partes durante su vigencia. b) Los convenios pueden ser objeto de prórroga, por un periodo de hasta cuatro años adicionales. c) Los convenios pueden ser objeto de prórroga, como máximo, por el mismo periodo de años por el que fueron suscritos inicialmente. d) Las prórroga del convenio ha de ser aprobada por mayoría de las partes suscribientes; salvo en el supuesto de convenios con dos únicas partes suscribientes, en el que deberá darse la unanimidad de estas para establecer la prórroga.

29. Señale la respuesta incorrecta respecto a los contratos administrativos: a) No podrán ser objeto del contrato de servicios los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. b) El contrato de servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional. c) El contrato de concesión de servicios tiene por contrapartida para el contratista el derecho a explotar los servicios objeto del contrato, o bien este derecho más el de recibir un precio. d) El contrato de concesión de servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional.

30. Señale la respuesta correcta respecto a los contratos administrativos sujetos a regulación armonizada: a) Son contratos administrativos sujetos a regulación armonizada los celebrados por una administración pública que tengan por objeto la representación y defensa legal de un cliente por un procurador o un abogado. b) El umbral económico para determinar si un contrato administrativo es de regulación armonizada se construye atendiendo al precio del contrato, no a su valor estimado. c) El umbral económico para determinar si un contrato administrativo es de regulación armonizada se construye atendiendo a su valor estimado, no a su precio. d) Únicamente pueden ser contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada los contratos de obras, servicios y los de suministros.

31. Señalar la opción correcta sobre los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: a) En ningún caso tienen competencia de control de las disposiciones de rango de ley. b) No tienen competencia de control de las decisiones de rango de ley, con excepción de decretosleyes y decretos-legislativos, ambos susceptibles de control por la jurisdicción contenciosoadministrativa en todos sus extremos. c) No tienen competencia de control de las decisiones de rango de ley, con excepción de los decretos legislativos, disposiciones de carácter general cuya conformidad a derecho les corresponde en todo caso. d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

32. Señale a continuación la respuesta correcta: a) Los textos articulados dictados en desarrollo de las leyes de bases conforme al art. 82.2 CE han de ser sometidos a debate y votación en el Congreso de los Diputados en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación. b) En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. c) La Constitución reconoce únicamente al Consejo de Ministros la facultad para dictar Decretosleyes, excluyendo expresamente el propio texto constitucional tal potestad en el caso de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas. d) Las leyes de bases que otorgan la delegación legislativa pueden facultar para dictar normas con carácter retroactivo salvo que se trate de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

33. Sólo uno de los siguientes enunciados es correcto. Indíquelo. a) La ilegalidad del reglamento por mero vicio de forma determina su anulabilidad. b) La ley 39/2015 contempla tanto el principio de reserva de ley como de reserva de reglamento. Así, prevé que las leyes no podrán regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de autonomía reconocen de la competencia del Consejo de Ministros o de los Consejos de Gobierno de las Comunidad Autónomas. A su vez, se dispone que los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. c) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, salvo que procedan de un órgano de superior jerarquía al que dictó la disposición general. d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

34. Indique cual de las siguientes respuestas es correcta: a) Las disposiciones reglamentarias son susceptibles de recurso administrativo de alzada y de recurso potestativo de reposición. b) La Ley 39/2015 solo contempla el procedimiento de revisión de oficio respecto a actos administrativos en los que concurran causas de nulidad de pleno derecho, no respecto a las disposiciones administrativas en que concurran esas causas. c) La falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto impiden la ulterior impugnación de los actos de aplicación con fundamento en que tal disposición no es conforme a derecho. d) Todos los enunciados anteriores son incorrectos.

36. Dispone la Ley 40/2015, en materia de competencia, lo siguiente: Señale la respuesta correcta. a) Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde al órgano superior competente. b) Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, únicamente cuando sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas. c) Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante. d) La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia deberán publicarse en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano titular de la competencia, y el ámbito territorial de ésta.

37. ¿Cual de estas previsiones no es correcta a la luz de la Ley 40/2015?. a) La actuación de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. b) Podrá promoverse recusación por los interesados, mediante escrito en el que se expresa la causa en que se funde, en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. c) Corresponde al inmediato superior del recusado resolver sobre la concurrencia de la causa de recusación alegada por los interesados. d) Contra la resolución adoptada en materia de recusación no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento.

38. ¿Cuál de estas previsiones no es correcta a la luz de la Ley 39/2015?. a) En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. b) El silencio tendrá efecto desestimatorio, entre otros supuestos, en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución. c) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. d) Interpuesto recurso administrativo contra un acto, la ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto.

39. Sólo una de estas previsiones es correcta a la luz de la Ley 39/2015: a) Son nulos de pleno derecho los actos que lesionen cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución. b) Son nulos de pleno derecho los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. c) La Administración podrá convalidar los actos nulos de pleno derecho, subsanando los vicios de que adolezcan. d) Son nulos de pleno derecho los actos de la Administración que incurran en desviación de poder.

40. Una de estas previsiones es incorrecta a la luz de la Ley 39/2015: a) No precisan ser motivados los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales. b) Serán motivados los acuerdos de suspensión de actos. c) Deben motivarse los acuerdos de ampliación de plazos. d) La motivación de los actos administrativos debe expresar sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho.

41. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias publicarán. a) Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya iniciativa les corresponda si así lo exigen los dictámenes preceptivos de los Órganos consultivos correspondientes. b) Las respuestas a consultas planteadas por los particulares en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos. c) Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, en los proyectos de reglamentos cuya iniciativa les corresponda, la publicación se producirá previamente a que estos hayan sido solicitados a los organismos consultivos correspondientes. d) Los documentos que tengan un interés público ponderado por el Órgano competente por razón de la materia.

42. En lo que respecta al ejercicio del derecho de acceso a la información pública: a) Las solicitudes relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración serán inadmitidas a trámite. b) La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a la información pública deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes entendiéndose estimada la solicitud en el caso contrario. c) Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública podrán ser recurridas en alzada ante el órgano superior jerárquico. d) El solicitante deberá motivar su solicitud de acceso a la información pública siendo rechazada en caso contrario.

43. Constituyen medidas para promover la igualdad de mujeres y hombres en la normativa y actividad administrativa. a) Que en las normas que regulen los procesos selectivos en el empleo público se incluya una cláusula por la que en el que, en caso de existir igualdad de capacitación, se dé prioridad a las mujeres en aquellos cuerpos y escalas, niveles y categorías de la Administración en los que la representación de estas sea inferior al 20%. b) Que en los tribunales, jurados u órganos afines cada sexo esté representado en al menos el 50% con independencia de los miembros que lo compongan. c) Que en las normas que regulen los procesos selectivos en el empleo público se incluya una cláusula por la que, en caso de existir igualdad de capacitación, se dé prioridad a las mujeres, en cualquier caso. d) Que en los tribunales, jurados u órganos afines de más de cuatro miembros cada sexo esté representado en al menos el 40% de sus miembros.

44. En lo que se refiere a la evaluación previa del impacto en función del género: a) Emakunde-Instituto Vasco de la mujer aprobará las normas o actos administrativos que quedan excluidos de la necesidad de hacer la evaluación. b) La evaluación previa deberá ser efectuada por el Órgano competente en el plazo máximo de un mes. c) Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer propondrá las normas o directrices en las que se indiquen las pautas que se deberán seguir para la realización de la evaluación previa. d) El Órgano administrativo que promueva una norma deberá, una vez elaborada, remitirla al órgano departamental especializado a los efectos de que evalúe el impacto potencial de la propuesta en la situación de las mujeres y en los hombres como colectivo.

45. El deber de confidencialidad en la protección de datos personales: a) Vincula exclusivamente a los responsables y encargados del tratamiento de datos. b) La mencionada obligación podrá, en los casos que se determinen, mantenerse aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. c) El deber de confidencialidad sustituirá a los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable. d) Ninguna de las anteriores es correcta.

46. En lo que concierne a los derechos de las personas recogidos en el Título III de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: a) El ejercicio del derecho de acceso se podrá considerar repetitivo si se ejerce en más de una ocasión durante el plazo de dos años a menos que exista una causa legítima para ello. b) El derecho a la portabilidad se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 del Reglamento (UE) 2005/785. c) Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado, la información básica que le deberá facilitar el responsable del tratamiento deberá contener como mínimo, entre otros aspectos, la finalidad del tratamiento. d) El afectado podré ejercitar el derecho de acceso en el medio que elija sin que tenga que asumir coste adicional alguno con motivo de dicha decisión.

47. Siguiendo lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: a) La designación del personal directivo profesional atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. b) Al personal eventual le es aplicable el régimen general de los funcionarios de carrera y su desempeño podrá ser computado como mérito para el acceso a la función pública. c) El funcionario interino podrá ser nombrado para la ejecución de programas de carácter temporal que no podrán tener una duración superior a un año. d) Las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas podrán ser efectuadas por personal laboral en los supuestos que se recojan en las leyes que dicten las Comunidades Autónomas en desarrollo de la normativa básica.

48. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público dispone que: a) Los funcionarios interinos podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de dos años inmediatamente anteriores. b) Las Comunidades Autónomas que integren a los funcionarios transferidos como funcionarios propios deberá respetar, entre otros derechos, el grupo o subgrupo del cuerpo o escala de procedencia. c) La tramitación de un procedimiento judicial o expediente disciplinario acarrea necesariamente, entre otras consecuencias, la suspensión de funciones con carácter provisional. d) Para que las funcionarias víctimas de violencia de género puedan obtener la excedencia bastará con que hayan prestado servicios efectivos en cualquier de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de un año inmediatamente anterior.

49. En relación con el régimen disciplinario, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, prevé expresamente: a) Que el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad constituye una falta grave que prescribirá a los 2 años. b) La sanción del traslado forzoso, con cambio de localidad de residencia, por un periodo mínimo de seis meses. c) Que el funcionario suspenso provisional no tendrá derecho a percibir durante la suspensión retribución alguna. d) Que el abandono del servicio constituye una falta muy grave que prescribirá a los 3 años.

50. En lo que se refiere a las retribuciones de los funcionarios de las Administraciones Públicas Vascas: a) La cuantía del complemento de destino, correspondiente al nivel del puesto que se desempeñe, se fijará anualmente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma. b) El complemento de destino, el complemento específico, el complemento de productividad, las gratificaciones por servicios extraordinarios y las indemnizaciones forman parte de las retribuciones complementarias de los funcionarios/as públicos/as. c) La cuantía de los trienios de los funcionarios del grupo A no podrá exceder en más de tres veces a la fijada para los del grupo D con las excepciones que se prevén. d) El complemento específico retribuye, entre otros factores, el interés o iniciativa con que el funcionario desempeña su puesto de trabajo.

51. Administración Consultiva. ¿Qué actividad queda excluida del ámbito de actuación de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi?. a) La actividad de la Administración Local. b) La actividad de las instituciones forales de los Territorios Históricos. c) La actividad de la Universidad del País Vasco. d) La actividad de los entes públicos de derecho privado.

52. De acuerdo con el artículo 3.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo: a) La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. b) El recurso contencioso-disciplinario militar. c) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. d) El contrato administrativo.

53. Señale la respuesta correcta respecto a los principios rectores de la adjudicación de contratos administrativos: a) Los órganos de contratación velarán en todo el procedimiento de adjudicación por la salvaguarda de la libre competencia. b) No podrá limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro en la contratación, ni en los contratos reservados para entidades recogidas en la disposición Adicional Cuarta de la Ley de Contratos del Sector Público. c) Son principios rectores de la adjudicación de los contratos administrativos los principios de igualdad, agilidad, transparencia y libre competencia. d) Son principios rectores de la adjudicación de los contratos administrativos los principios de igualdad, austeridad, transparencia y libre competencia.

54. Una de las siguientes previsiones en materia de ejecución forzosa es incorrecta a la luz de la Ley 39/2015: a) Entre los medios de ejecución forzosa que contempla la Ley 39/2015 se halla la entrada en domicilio sin necesidad de que concurra consentimiento de titular ni autorización judicial previa. b) Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que determinen, a costa del obligado. c) La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas. d) No se admitirán a trámite acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.

55. Atendiendo a la redacción de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, sobre las relaciones de puestos de trabajo: a) Incluirán la totalidad de los puestos existentes que se hallen dotados presupuestariamente pudiendo incluir al personal eventual y al laboral en los supuestos que se establezcan. b) La creación, modificación o supresión de puestos de trabajo se realizará en todo caso a través de las relaciones de puestos. c) Incluirán el perfil lingüístico únicamente cuando tenga asignado fecha de preceptividad. d) Los puestos de trabajo reservados a funcionarios, no podrán ser provistos en ningún caso por funcionarios de otras Administraciones Públicas.