test presupuestario

7. Según la LO 2/2012, el límite del 60 % del PIB correspondiente al volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas se distribuye: 40 % Administración central, 15 % Comunidades Autónomas y 5 % Corporaciones Locales. 44 % Administración central, 13 % Comunidades Autónomas y 3 % Corporaciones Locales. 45 % Administración central, 12 % Comunidades Autónomas y 3 % Corporaciones Locales. 44 % Administración central, 12 % Comunidades Autónomas y 4 % Corporaciones Locales.

9. Dentro de las medidas coercitivas previstas en la LO 2/2012, si transcurren tres meses desde la constitución del depósito sin que se haya presentado o aprobado el plan o aplicado las medidas correspondientes: El depósito dejará de devengar intereses. El depósito se convertirá automáticamente en multa coercitiva. El depósito se duplicará hasta alcanzar el 0,4 % del PIB nominal. El Gobierno deberá enviar inmediatamente una comisión de expertos.

12. El denominado «dogma del mal necesario» hace referencia al: Principio de gasto público mínimo. Principio de equilibrio presupuestario. Principio de neutralidad impositiva. Principio de especialidad cuantitativa.

14. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento se apoya principalmente en dos pilares. ¿Cuáles son?. El principio de equilibrio financiero y el procedimiento de supervisión presupuestaria nacional. El Semestre Europeo y el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza. La supervisión multilateral de las situaciones presupuestarias y el procedimiento de déficit excesivo. El procedimiento de déficit estructural y el mecanismo europeo de estabilidad.

22. Conforme al principio de sostenibilidad financiera de la LO 2/2012, se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial cuando: El período medio de pago a los proveedores no supera el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad. La deuda comercial no supera el 3 % del PIB. La Administración presenta equilibrio o superávit estructural. Las operaciones financieras no generan déficit durante dos ejercicios consecutivos.

30. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el límite máximo de gasto no financiero es correcta?. Solo debe aprobarlo el Estado, sin que resulte exigible a las Comunidades Autónomas ni a las Corporaciones Locales. Incluye necesariamente las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación autonómica y local. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales deben aprobarlo en sus respectivos ámbitos, y debe ser coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto. Su finalidad es establecer el límite máximo de endeudamiento financiero de cada Administración.

42. Conforme al Real Decreto 206/2024, la Intervención General de la Administración del Estado: Está adscrita directamente al Ministerio de la Presidencia y tiene rango de Dirección General. Depende orgánicamente del Consejo de Ministros y tiene rango de Secretaría de Estado. Está adscrita a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda, con rango de Subsecretaría. Está adscrita a la Subsecretaría de Hacienda, con rango de Dirección General.

43. Los Consejeros de Cuentas del Tribunal de Cuentas son designados: Doce por el Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta, por seis años. Seis por el Congreso y seis por el Senado, por mayoría de tres quintos de cada Cámara y por un período de nueve años. Seis por el Gobierno y seis por las Cortes Generales, por un período de nueve años. Seis por el Congreso y seis por el Senado, por mayoría absoluta y por un período de seis años.

44. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Presidente del Tribunal de Cuentas es correcta?. Es elegido directamente por el Congreso de los Diputados por un período de nueve años. Es nombrado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Pleno, por cinco años. Es nombrado por el Rey, a propuesta de las Cortes Generales, por seis años. Es nombrado de entre los miembros del Tribunal por el Rey, a propuesta del Tribunal en Pleno, por un período de tres años.

51. ¿Sobre cuál de las siguientes entidades se ejerce el control financiero permanente, salvo que su legislación específica disponga lo contrario?. Las sociedades mercantiles estatales. Las fundaciones del sector público estatal. Todas las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, cualquiera que sea su situación. Las autoridades administrativas independientes.

53. Las actuaciones de control financiero permanente que deben efectuarse en cada ejercicio y su alcance específico: Son fijadas anualmente por el Tribunal de Cuentas. Se determinan por cada departamento ministerial respecto de sus propios órganos. Se determinan en el plan anual de control financiero permanente elaborado por la IGAE, que puede modificarse cuando concurran circunstancias que lo justifiquen. Se establecen mediante acuerdo del Consejo de Ministros y no pueden modificarse durante el ejercicio.

54. Cuando el órgano gestor no acepte un reparo formulado y este haya sido emitido por una Intervención Delegada, con carácter general corresponde conocer de la discrepancia: A la Intervención General de la Administración del Estado. Al Consejo de Ministros en todo caso. Al titular del departamento ministerial afectado. Al Tribunal de Cuentas.

55. Si la función interventora era preceptiva y se ha omitido: Podrá reconocerse la obligación, pero no ordenarse el pago hasta que se subsane la omisión. El órgano gestor podrá continuar la tramitación si existe crédito adecuado y suficiente. La omisión se subsana automáticamente mediante la emisión posterior de un informe de fiscalización. No podrá reconocerse la obligación, tramitarse el pago ni intervenir favorablemente las actuaciones hasta que se subsane la omisión en los términos legalmente previstos.

56. El informe que debe emitirse cuando se haya omitido una fiscalización o intervención preceptiva: Tiene naturaleza de fiscalización posterior y convalida el acto realizado. No tiene naturaleza de fiscalización y debe poner de manifiesto, entre otros extremos, la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones pendientes. Únicamente debe pronunciarse sobre las infracciones del ordenamiento jurídico producidas. Tiene carácter potestativo cuando las prestaciones ya hayan sido realizadas.

59. En relación con el Plan anual de auditorías, señale la afirmación correcta: Es elaborado por el Tribunal de Cuentas y ejecutado exclusivamente por la IGAE. No puede ser modificado una vez iniciado el ejercicio presupuestario. Excluye las actuaciones correspondientes a ayudas y subvenciones públicas. Es elaborado anualmente por la IGAE e incluye tanto las actuaciones que desarrolle directamente como las que deban ejecutarse a través de la Intervención General de la Defensa y de la Intervención General de la Seguridad Social.