PRIMERAS PREGUNTAS

Según el artículo 1 de la Constitución, España se constituye como: Un Estado liberal y democrático. Un Estado social y democrático de Derecho. Un Estado federal y social. Una monarquía absoluta.

El primer artículo dedicado a la Corona, el 56, actúa, como un "artículo marco" o definitorio de los rasgos caracterizadores de la Monarquía. No se atribuyen funciones específicas a la institución. Se califica al Rey como Jefe del Estado y se le atribuyen las tres grandes funciones de la institución. Se acuña un término para definir la peculiar estructura del Estado español, para romper con la Constitución de 1931. Se inclina por caracterizar la organización como Monarquía representativa.

En relación a las diferentes Constituciones, en España podemos observar con facilidad que: La totalidad de las constituciones optaba por un sistema bicameral. Han sido más frecuentes y más duraderas aquellas constituciones que optaron por un sistema bicameral. Han sido más frecuentes y más duraderas aquellas constituciones que optaron por un sistema unicameral. La totalidad de las constituciones optaba por un sistema unicameral.

Partiendo de la subordinación de la riqueza del país al interés general, el texto constitucional diseña: La Hacienda Pública en su concepción clásica, es decir la capacidad para imponer tributos y la capacidad para gastar y controlar ese gasto público. Un código rígido para implementar una economía mixta con preponderancia pública. La posibilidad de la transferencia competencial de los Estados miembros a la Unión para la definición de una política económica común. Un sistema que eludió la reserva al sector público de recursos o servicios esenciales, para evitar la tensión con el artículo 38 que consagra la libertad de empresa en una economía de mercado.

Según el artículo 150, el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación: a. Mediante la oportuna ley de bases de delegación. b. Mediante el pertinente acuerdo del Consejo de Ministros y dictamen favorable del Consejo de Estado. c. Mediante la oportuna ley orgánica. d. Mediante real decreto y dictamen preceptivo del Consejo de Estado.

El proceso autonómico andaluz discurrió: a. Por la vía del artículo 143 de la Constitución. b. Según el diseño plasmado en los Acuerdos Autonómicos de 1981. c. Por la vía del artículo 151 de la Constitución. d. Las dos últimas opciones son correctas.

La Junta de Andalucía es la institución en la que se organiza políticamente: a) La Administración del Estado en Andalucía. b) El gobierno local andaluz. c) El autogobierno de la Comunidad Autónoma. d) El Poder Judicial en Andalucía.

El procedimiento administrativo expresa que la Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Así se recoge inicialmente en: a. El artículo 103 de la Constitución. b. El artículo 149.1.18 de la Constitución. c. La Ley de Procedimiento Administrativo de 1957. d. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En relación a las administraciones locales, la Constitución: No permite la articulación de una vía para la defensa específica de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional. Reconoce a los Municipios personalidad jurídica plena. Reconoce a los Municipios exclusivamente como entidades político-administrativas. No contiene una cláusula genérica de atribución competencial a los entes locales.

A la Comunidad Autónoma de Andalucía le corresponde, en lo no afectado por el artículo 149.1.18. de la Constitución, la competencia exclusiva sobre Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, de acuerdo con el artículo 36 de la Constitución y con la legislación del Estado. Su regulación se contiene en: La Ley 10/2011, de 5 de diciembre. La Ley 6/1995, de 29 de diciembre. La Ley 10/2003, de 6 de noviembre. La Ley 15/2007, de 3 de julio.

La eficacia directa de la directiva permite: Obligar a la derogación de una ley interna vigente y contraria a la norma del DUE. La derogación “de facto” de la norma interna contraria al DUE o insuficiente. Considerar a la directiva contraria a la disposición interna como una disposición derogatoria inmediata. Excluir la aplicación de una norma interna contraria al DUE o insuficiente, también se puede sustituir con la directiva la ausencia de norma de Derecho interno pertinente.

Las implicaciones de la cooperación normativa de los Estados en la aplicación del DUE pueden exigir: La derogación o no adopción de normas internas contrarias al DUE y la adopción de las medidas necesarias para la transposición de directivas y decisiones en los plazos prescritos. La publicación de los actos jurídicos elaborados por la UE. La potestad sancionadora por el incumplimiento del DUE a los particulares si está prevista en el DUE. La aplicación e interpretación del Derecho Comunitario por los órganos jurisdiccionales españoles.

Según la Ley 19/2013, la transparencia se articula a través de: a) Publicidad institucional. b) Datos abiertos. c) Publicidad activa, derecho de acceso y buen gobierno. d) Registros administrativos.

Según el RGPD, se considera dato personal cualquier información que: a) Permita únicamente un análisis estadístico o agregación anónima, sin que sea posible, ni siquiera con medios adicionales razonables, identificar a una persona física. b) Corresponda exclusivamente a entidades jurídicas y se refiera a su estructura organizativa, actividad económica o información fiscal corporativa. c) Haga posible directa o indirectamente la identificación de una persona física, ya sea por referencia a un identificador o a uno o varios elementos propios de su identidad física, fisiológica, genética, económica, cultural o social. d) Consista en códigos internos, claves operativas o identificadores técnicos cuyo diseño no esté vinculado expresamente a la identidad del sujeto afectado.

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, la validez de la base jurídica del tratamiento únicamente puede considerarse acreditada cuando el responsable: a) Fundamenta el tratamiento en alguna de las condiciones habilitantes del art. 6 RGPD, motivándola y documentándola en el análisis de licitud, evidenciando adecuación, necesidad y proporcionalidad respecto de la finalidad. b) Presume la existencia de consentimiento a partir de conductas pasivas, de la inacción del interesado o de la ausencia de oposición expresa. c) Invoca un interés empresarial propio sin necesidad de ponderar los derechos y libertades del interesado. d) Comunica al interesado la finalidad del tratamiento una vez iniciado este, considerando que esta información es necesaria para satisface materialmente las exigencias del principio de transparencia.

¿Cuál es el objeto principal de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?. A) Regular los contratos de trabajo. B) Promover la seguridad y salud de los trabajadores. C) Sancionar a las empresas. D) Controlar el desempleo.

¿Cuál es el objeto principal de la Ley 12/2007?. a) Regular el empleo público. b) Garantizar la igualdad real entre mujeres y hombres. c) Proteger la familia tradicional. d) Regular la educación obligatoria.

La ley andaluza de referencia en materia de violencia de género es: a) Ley Orgánica 1/2004. b) Ley 7/2018, de Andalucía. c) Ley 13/2007, de 26 de noviembre. d) Estatuto de Autonomía de Andalucía.