Principios de Actuación de la Administración Pública y Acto Administrativo

¿Dónde se consagran formalmente los principios constitucionales de actuación de la Administración Pública en el ordenamiento español?. A) En el artículo 103.1 de la Constitución Española de 1978. B) En el artículo 149.1 de la Constitución Española. C) En el Título Preliminar del Código Civil. D) En la Ley Orgánica del Poder Judicial.

¿Qué persigue fundamentalmente el principio de eficacia como directriz de la actividad administrativa?. A) La adecuación entre los medios disponibles y los fines perseguidos, logrando los mejores resultados en la satisfacción de los intereses generales con optimización de recursos. B) La eliminación de cualquier control judicial posterior sobre los actos dictados por el Gobierno. C) La posibilidad de saltarse el procedimiento administrativo común por razones de urgencia política. D) La autofinanciación completa de los organismos públicos mediante actividades mercantiles.

¿Cómo opera el principio de jerarquía dentro de la estructura de las Administraciones Públicas?. A) Ordena verticalmente a los órganos administrativos, de modo que los inferiores se encuentran subordinados a las directrices, instrucciones y control de los superiores, vinculando la validez de los actos al respeto de esta subordinación. B) Suprime la personalidad jurídica de los ayuntamientos frente a las diputaciones provinciales. C) Permite a los órganos inferiores modificar las normas aprobadas por el Consejo de Ministros. D) Establece la supremacía de los sindicatos sobre los directivos profesionales.

¿Qué diferencia conceptual existe entre la descentralización y la desconcentración administrativa?. A) La descentralización traslada competencias entre administraciones públicas distintas (creando entes con personalidad jurídica propia), mientras que la desconcentración transfiere la titularidad y el ejercicio de competencias entre órganos de una misma administración (de órganos superiores a inferiores). B) La desconcentración implica la privatización de los servicios públicos y la descentralización su municipalización. C) No existe ninguna diferencia técnica, utilizándose ambos términos de forma indistinta en la legislación local. D) La descentralización se aplica exclusivamente al poder judicial y la desconcentración al poder legislativo.

¿Qué función cumple el principio de coordinación en el modelo organizativo de las administraciones públicas?. A) Asegurar la coherencia, la unidad de acción y la evitación de duplicidades e interferencias entre las distintas administraciones u órganos públicos que persiguen objetivos afines o comparten competencias concurrentes. B) Obligar a todas las corporaciones locales a fusionarse en una sola provincia. C) Someter los presupuestos autonómicos al visado previo de los ayuntamientos. D) Unificar los salarios de todo el personal laboral del sector privado.

¿Qué otros principios de actuación de la administración se enumeran junto a la eficacia y la jerarquía en el artículo 103.1 de la CE?. A) Descentralización, desconcentración y coordinación. B) Lucro, competencia de mercado y libre concurrencia. C) Rotación, elección popular y temporalidad de los cargos directivos. D) Sometimiento al derecho mercantil y arbitraje privado obligatorio.

¿Cómo se manifiesta el principio de descentralización territorial en el Estado español?. A) A través de la atribución de competencias de autogobierno a las Comunidades Autónomas y de autonomía de gestión a las Entidades Locales (municipios y provincias). B) Mediante la supresión de los ministerios centrales en favor de los tribunales de justicia. C) A través de la concentración de todo el poder decisorio en la capital del Estado. D) Mediante la creación de empresas privadas de titularidad mixta.

¿Qué efectos jurídicos produce la desconcentración de competencias en el órgano que las recibe?. A) El órgano inferior pasa a ser competente para resolver en esa materia, dictando actos imputables a su propia estructura, sin perjuicio de los recursos que procedan y de las facultades de control del órgano superior. B) El órgano superior pierde definitivamente la titularidad de la competencia de forma irrevocable. C) Se requiere la aprobación de una ley orgánica de las Cortes Generales para cada expediente. D) El órgano desconcentrado adquiere personalidad jurídica propia e independiente de la administración matriz.

¿Cómo se relaciona el principio de coordinación con el principio de autonomía local (Artículos 103 y 137 de la CE)?. A) La coordinación actúa como un límite lógico de la autonomía local, orientado a garantizar la coherencia general del Estado, debiendo ser establecida por ley y respetando en todo caso el núcleo esencial de la autonomía municipal o provincial. B) La coordinación anula por completo la autonomía de los ayuntamientos en caso de discrepancia política. C) Son principios incompatibles que no pueden coexistir en el mismo texto constitucional. D) La autonomía local prevalece siempre de forma absoluta sobre cualquier intento de coordinación estatal o autonómica.

¿Qué obligación impone a las administraciones públicas el principio de buena fe y confianza legítima en sus relaciones con los ciudadanos (Ley 39/2015)?. A) Actuar con lealtad institucional, respetando las expectativas razonablemente creadas en los administrados por la propia conducta anterior de la administración, salvo modificación motivada del interés público. B) Conceder subvenciones económicas directas a cualquier ciudadano que lo solicite por escrito. C) Renunciar al cobro de multas y sanciones tributarias cuando el administrado alegue desconocimiento de la norma. D) Modificar los plazos de los procedimientos de forma imprevisible y retroactiva.

¿Cómo se define la posición jurídica de la Administración Pública frente a los ciudadanos en el Estado de Derecho?. A) Como una posición de supremacía o autotutela, derivada de la defensa de los intereses generales, pero estrictamente sometida al principio de legalidad y al control de los tribunales. B) Como una relación de igualdad absoluta idéntica a la de un contrato mercantil entre particulares. C) Como un sometimiento total y pasivo a las decisiones de los tribunales de arbitraje privado. D) Como una inmunidad total frente a cualquier reclamación de responsabilidad patrimonial.

¿Qué se entiende por "privilegios" de la Administración Pública en el marco del derecho administrativo?. A) Conjunto de prerrogativas exorbitantes (como la autotutela, la presunción de legalidad de sus actos, la inembargabilidad de sus bienes o los privilegios de ejecución) concebidas no como beneficio personal, sino como instrumentos necesarios para el cumplimiento eficaz de los fines públicos. B) Exenciones fiscales ilimitadas para los cargos políticos y directivos. C) La facultad de dictar sentencias penales contra los infractores de ordenanzas. D) El derecho a percibir beneficios mercantiles en las sociedades públicas.

¿En qué consiste la presunción de legalidad y ejecutoriedad de los actos administrativos (Artículo 38 de la Ley 39/2015)?. A) Los actos de las administraciones públicas se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, siendo obligatorios y ejecutorios desde ese momento para sus destinatarios. B) Los actos administrativos no pueden ser recurridos ante los tribunales bajo ningún concepto. C) La administración debe esperar la autorización judicial previa antes de notificar cualquier resolución. D) La presunción decae automáticamente si transcurren diez días sin publicación en tablón.

¿Qué diferencia fundamental existe entre la autotutela declarativa y la autotutela ejecutiva de la administración?. A) La autotutela declarativa permite a la administración definir unilateralmente derechos y situaciones jurídicas creando obligaciones, y la autotutela ejecutiva le faculta para compeler materialmente su cumplimiento por la fuerza (ejecución forzosa) sin necesidad de condena judicial previa. B) La autotutela declarativa se aplica a los contratos privados y la ejecutiva a los expedientes de personal. C) La autotutela declarativa requiere siempre sentencia previa de un juez de lo contencioso. D) No existe distinción operativa, ya que ambas se fundan en el derecho civil común.

¿Qué límites experimenta la potestad sancionadora de la administración en comparación con la potestad punitiva de los tribunales penales?. A) Está sujeta estrictamente al principio de legalidad (tipicidad), prohibición de analogía, irretroactividad de disposiciones desfavorables, prohibición de doble sanción por los mismos hechos (ne bis in idem) y subordinación al control judicial pleno. B) Puede imponer penas privativas de libertad de larga duración en centros penitenciarios propios. C) No requiere ningún tipo de procedimiento formal previo ni audiencia al interesado. D) Exime a la administración de motivar las resoluciones sancionadoras de cuantía menor.

¿Cómo se tipifican y clasifican las potestades administrativas según su contenido y finalidad?. A) Potestades innovativas, modificativas, extintivas, de supremacía (general o especial), de planificación, ablatorias (expropiación, limitación de derechos), sancionadoras y reglamentarias. B) Potestades civiles, mercantiles, marítimas y canónicas. C) Potestades parlamentarias, judiciales y diplomáticas. D) Potestades temporales, accidentales y de carácter gratuito.

¿Qué significa que las potestades administrativas son "indisponibles" e "irrenunciables" por parte de la administración?. A) Que la administración titular de la potestad no puede transmitirla, cederla, renunciarla ni modificar su régimen de atribución legal por su mera voluntad o mediante acuerdos con los administrados, debiendo ejercerla siempre que concurran los supuestos de hecho previstos. B) Que los funcionarios pueden negociar libremente la venta de sus competencias en un mercado público. C) Que la administración puede suspender el ejercicio de sus potestades cuando lo decida su consejo de dirección. D) Que las potestades caducan automáticamente cada cuatro años si no se utilizan.

¿Cómo opera el control judicial sobre el uso de las potestades discrecionales de la administración?. A) Los tribunales controlan los elementos reglados de la actuación (competencia, fin, procedimiento, hechos determinantes) y la interdicción de la arbitrariedad, pero no pueden sustituir a la administración en la valoración de la oportunidad cuando la ley ha dejado margen de discrecionalidad. B) Los jueces pueden anular cualquier decisión discrecional basándose exclusivamente en criterios de conveniencia política. C) Las potestades discrecionales están exentas de cualquier tipo de control jurisdiccional. D) El control judicial se limita a verificar si el expediente cuenta con el visto bueno del Defensor del Pueblo.

¿Qué se entiende por "desviación de poder" como límite al ejercicio de las potestades administrativas?. A) El uso de una potestad administrativa legalmente conferida para un fin distinto del que justificó su atribución por el ordenamiento jurídico, constituyendo un vicio que determina la anulabilidad del acto. B) El nombramiento de personal interino sin superar las pruebas selectivas de acceso. C) La usurpación de competencias de la administración general por parte de un ayuntamiento. D) El retraso injustificado en la tramitación de las licencias de obra mayor.

¿Cómo incide el principio de proporcionalidad en el ejercicio de las potestades ablatorias o restrictivas de derechos por parte de la administración?. A) Exige que la medida restrictiva adoptada sea idónea para alcanzar el fin público perseguido, necesaria (que no existan otras medidas menos gravosas igualmente eficaces) y equilibrada (que los sacrificios impuestos no superen los beneficios obtenidos). B) Permite a la administración confiscar bienes privados sin indemnización en cualquier circunstancia. C) Limita la cuantía de las multas a un máximo fijo idéntico para todos los administrados. D) Obliga a compensar económicamente a los ciudadanos por cualquier molestia burocrática.

¿Cómo se define jurídicamente el acto administrativo en el marco del Derecho Administrativo español?. A) Como cualquier declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la Administración Pública en el ejercicio de una potestad administrativa, distinta de los reglamentos, que produce efectos jurídicos individuales. B) Como un contrato bilateral de carácter mercantil firmado entre un ayuntamiento y una empresa privada. C) Como una norma de carácter general aprobada por el Consejo de Ministros con rango inferior a la ley. D) Como una sentencia dictada por un juzgado de lo contencioso-administrativo.

¿Cuáles son los elementos fundamentales que integran la estructura de un acto administrativo?. A) Elementos subjetivos (órgano competente e interesado), elementos objetivos (presupuesto de hecho, contenido y fin) y elementos formales (procedimiento, motivación y forma de emisión). B) Únicamente la firma del alcalde y el sello oficial de la corporación local. C) El presupuesto general de ingresos y gastos de la entidad instrumental. D) El dictamen vinculante del Consejo de Estado en todos los casos.

¿Cómo se clasifican los actos administrativos en función de sus efectos para los administrados?. A) Actos favorables (ampliatorios de derechos, como autorizaciones o subvenciones) y actos desfavorables o de gravamen (restringen derechos o imponen obligaciones, como sanciones o expropiaciones). B) Actos estatales y actos autonómicos según la administración emisora. C) Actos verbales y actos telemáticos según el soporte técnico. D) Actos voluntarios y actos forzosos según la iniciativa del administrado.

¿Qué diferencia existe entre un acto definitivo y un acto de trámite dentro de un procedimiento administrativo?. A) El acto definitivo pone fin al procedimiento decidiendo sobre el fondo del asunto, mientras que el acto de trámite es un momento instrumental intermedio que impulsa el procedimiento sin decidir directamente el fondo, salvo que decida la continuación del procedimiento, produzca indefensión o perjuicio irreparable. B) El acto definitivo se emite siempre por el Consejo de Ministros y el de trámite por los jefes de negociado. C) El acto de trámite es recurrible en todo caso de forma independiente y el definitivo no. D) No existe ninguna distinción en cuanto a su régimen de impugnación ordinaria.

¿Qué se entiende por actos que ponen fin a la vía administrativa (Ley 39/2015)?. A) Aquellos que agotan la vía administrativa por no existir un superior jerárquico ante el que recurrir en alzada (como las resoluciones de los ministros, secretarios de estado, plenos de los ayuntamientos, etc.), abriendo la vía del recurso contencioso-administrativo. B) Los actos que se dictan el último día del año fiscal. C) Las resoluciones provisionales emitidas por los órganos consultivos. D) Los actos que han sido anulados por los tribunales ordinarios.

¿Qué requisito formal exige la ley respecto a la motivación de los actos administrativos (Artículo 35 de la Ley 39/2015)?. A) Deben ser motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos, los que resuelvan recursos, los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes, entre otros supuestos tasados. B) Todos los actos administrativos sin excepción deben motivarse en un documento superior a diez páginas. C) La motivación es un requisito meramente voluntario que queda al arbitrio del instructor del expediente. D) Exclusivamente los actos sancionadores de tráfico requieren motivación escrita.

¿Cómo opera la presunción de validez y ejecutoriedad de los actos administrativos (Artículos 38 y 39 de la Ley 39/2015)?. A) Los actos de las administraciones públicas se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, siendo obligatorios y ejecutorios desde ese momento, salvo que se disponga lo contrario, se suspenda su ejecución o requieran aprobación superior. B) Los actos administrativos no despliegan ningún efecto jurídico hasta que transcurran treinta días desde su notificación. C) La presunción de validez decae de inmediato si el interesado presenta un escrito de alegaciones. D) Los actos son meramente indicativos y no obligatorios para los administrados.

¿Qué se entiende por notificación defectuosa en la práctica de los actos administrativos?. A) Aquélla que no cumple todos los requisitos legales (por ejemplo, omisión del texto íntegro, recursos que proceden, plazos u órganos competentes), surtiendo efectos a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido o interponga recurso procedente. B) La notificación realizada por correo electrónico certificado en días hábiles. C) La que se efectúa mediante comparecencia en la sede electrónica del organismo. D) La anulación automática de la resolución sin posibilidad de subsanación.

¿Qué efectos produce la falta de notificación de una resolución expresa en los plazos previstos (silencio administrativo)?. A) Permite al administrado entender estimada o desestimada su solicitud según los supuestos previstos por la ley (silencio positivo o negativo), constituyendo una ficción jurídica para evitar la indefensión del ciudadano ante la inercia administrativa. B) Paraliza de forma definitiva el expediente sin que pueda dictarse resolución posterior. C) Obliga a la administración a pagar una indemnización automática al solicitante. D) Transfiere la competencia para resolver al Defensor del Pueblo.

¿Cuál es el plazo general para la notificación de las resoluciones en los procedimientos administrativos comunes cuando la norma no fije otro específico (Artículo 21.3 de la Ley 39/2015)?. A) Tres meses, a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la administración competente para tramitarla. B) Diez días hábiles improrrogables en todo caso. C) Seis meses para los procedimientos locales y un mes para los estatales. D) Un año natural desde la apertura del ejercicio presupuestario.

¿Cuál es la regla general sobre la eficacia temporal de los actos administrativos (Artículo 39 de la Ley 39/2015)?. A) La eficacia queda demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté subordinada a su notificación, publicación o aprobación superior, pudiendo otorgarse eficacia retroactiva excepcionalmente en supuestos tasados (actos favorables que no lesionen derechos de terceros y que los supuestos de hecho existieran ya en la fecha retrotraída). B) Todos los actos administrativos tienen siempre carácter retroactivo desde el inicio de la legislatura. C) La eficacia de los actos se retrotrae obligatoriamente al año anterior. D) Los actos administrativos entran en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE.

¿En qué supuestos puede otorgarse carácter retroactivo a la eficacia de un acto administrativo?. A) Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos anulados, y cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia y no lesionen derechos o intereses legítimos de terceros. B) En la imposición de sanciones pecuniarias graves y de gravamen general. C) En cualquier resolución de carácter tributario y fiscal. D) Nunca, ya que la retroactividad está prohibida de forma absoluta para los actos de la administración.

¿Qué régimen jurídico caracteriza a los actos administrativos afectados por nulidad de pleno derecho?. A) Son imprescriptibles, no pueden ser convalidados, vinculan a los tribunales ordinarios que pueden declararlos de oficio o a instancia de parte, y pueden ser declarados nulos por la administración en cualquier momento mediante el procedimiento de revisión de oficio. B) Pueden ser convalidados automáticamente transcurridos cuatro años. C) Producen plenos efectos jurídicos válidos si no se recurren en el plazo de un mes. D) Son convalidables mediante acuerdo del pleno municipal por mayoría simple.

¿Cuáles son las causas de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos (Artículo 47.1 de la Ley 39/2015)?. A) Los lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional; los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio; los que tengan un contenido imposible; los que sean constitutivos de delito; los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido; los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales; y cualquier otro establecido expresamente en una ley. B) Cualquier infracción de carácter meramente formal o de plazos. C) El error aritmético simple en la cuantía de una subvención. D) La falta de firma electrónica reconocida del instructor.

¿Qué se entiende por anulabilidad como categoría general de invalidez de los actos administrativos (Artículo 48 de la Ley 39/2015)?. A) Son anulables los actos de la administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder; sin embargo, el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. B) Equivale a la inexistencia jurídica del acto sin posibilidad de subsanación. C) Se aplica exclusivamente a los reglamentos dictados por los ministros. D) Supone la nulidad absoluta de todo el procedimiento de contratación.

¿Cómo se subsanan los vicios de anulabilidad que afectan a un acto administrativo?. A) Son susceptibles de convalidación por la administración mediante el saneamiento de los vicios de que adolezca, subsanables en el curso del procedimiento antes de que se dicte resolución, o bien mediante la subsanación de defectos de forma. B) Únicamente pueden ser subsanados por sentencia dictada por el Tribunal Supremo. C) No pueden convalidarse bajo ningún concepto y deben anularse judicialmente. D) Se convalidan automáticamente mediante el pago de una tasa administrativa.

¿Qué establece la ley respecto al principio de conservación de los actos y trámites administrativos (Artículo 51 de la Ley 39/2015)?. A) El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. B) La anulación de un trámite arrastra obligatoriamente la destrucción de todo el archivo histórico del organismo. C) La administración debe repetir íntegramente el procedimiento desde el inicio si se detecta un error menor. D) Los actos nulos conservan su eficacia durante un plazo máximo de cinco años.

¿Cómo opera la regla de la intranscendencia de los vicios de forma (Artículo 48.2 de la Ley 39/2015)?. A) La realización extemporánea de actuaciones administrativas solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. B) Cualquier defecto de forma anula automáticamente el acto sin excepciones. C) Los errores tipográficos en las notificaciones determinan la nulidad de pleno derecho. D) La falta de fecha en un documento público lo convierte en inexistente.

¿Qué diferencia fundamental existe en cuanto a la posibilidad de convalidación entre un acto nulo y un acto anulable?. A) El acto nulo de pleno derecho es insanable y no puede ser convalidado, mientras que el acto anulable puede ser convalidado por la administración subsanando los vicios de que adolezca. B) Ambos son perfectamente convalidables mediante acuerdo del órgano superior jerárquico. C) El acto anulable no puede convalidarse y exige siempre la repetición del expediente. D) No existe diferencia, ya que ambos pueden sanarse mediante el transcurso del plazo de un año.

¿Qué responsabilidad se deriva de la emisión de actos administrativos viciados de nulidad o anulabilidad?. A) Puede dar lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria de las autoridades y empleados públicos causantes, así como a la responsabilidad patrimonial de la administración si concurren los requisitos legales y se causan daños indemnizables. B) Exime a la administración de cualquier deber de indemnizar a los perjudicados. C) Conlleva la inhabilitación vitalicia automática para cualquier empleo privado. D) Las consecuencias se limitan al pago de las costas judiciales del recurso.

¿Cómo se define el procedimiento administrativo común en el ordenamiento jurídico español (Ley 39/2015)?. A) Como el cauce formal de la serie en que se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin, garantizando los derechos de los interesados y el sometimiento pleno a la ley y al derecho. B) Como el contrato privado de carácter mercantil celebrado entre los ministerios y los contratistas particulares. C) Como el conjunto de normas procesales aplicables exclusivamente a los juicios penales ante los tribunales ordinarios. D) Como el protocolo interno de seguridad aplicable en las dependencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

¿Qué finalidad esencial persigue la regulación del procedimiento administrativo común?. A) Asegurar la eficacia de la actuación administrativa, garantizar los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas y garantizar el principio de igualdad de trato. B) Aumentar la burocracia y retrasar deliberadamente la resolución de las solicitudes de los administrados. C) Permitir a la administración actuar de forma discrecional y al margen de los tribunales. D) Recaudar tasas extraordinarias mediante la imposición de multas formales.

¿Qué principios generales informan el procedimiento administrativo común según la Ley 39/2015?. A) Principios de celeridad, simplicidad, economía procesal, eficacia, contradicción, igualdad, buena fe y confianza legítima, prohibición de indefensión y servicio efectivo a los ciudadanos. B) Principios de secretismo, discrecionalidad absoluta y supresión del derecho de audiencia. C) Principios de lucro mercantil, competencia desleal y privatización de servicios. D) Principios de jerarquía militar, subordinación sindical y obediencia ciega.

¿Qué alcance tiene la obligación de resolver expresamente los procedimientos (Artículo 21 de la Ley 39/2015)?. A) La administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, sin perjuicio de los supuestos de terminación convencional o de los procedimientos simplificados. B) Es una recomendación de carácter optativo que el instructor puede eludir si hay exceso de trabajo. C) Se aplica exclusivamente a los expedientes sancionadores de tráfico y urbanismo. D) Queda suprimida de forma automática en los ayuntamientos de régimen común.

¿Cómo se regula el cómputo de plazos en el procedimiento administrativo (Artículo 30 de la Ley 39/2015)?. A) Salvo que por ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entienden por días hábiles, excluyéndose los sábados, los domingos y los declarados festivos. B) Se computan siempre por días naturales, incluidos fines de semana y festivos autonómicos o locales. C) Se cuentan únicamente los días laborables de lunes a sábado ambos inclusive. D) El cómputo se realiza por meses naturales sin tener en cuenta los días inhábiles.

¿Qué efectos produce la presentación de un documento en un registro distinto al órgano competente para su tramitación (Artículo 16 de la Ley 39/2015)?. A) Se considerará como fecha de presentación aquella en la que el documento haya sido efectivamente recibido por el órgano competente al que iba dirigido, remitiéndolo este de oficio. B) El documento se tendrá por no presented y se archivará de inmediato sin derecho a subsanación. C) Se considerará válido a todos los efectos desde la fecha de entrega en el registro de origen, debiendo remitirse sin dilación al órgano competente. D) Obliga al interesado a pagar una tasa adicional por reenvío postal.

¿Quiénes tienen la condición de "interesados" en el procedimiento administrativo (Artículo 4 de la Ley 39/2015)?. A) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión; y aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados y se personen en el procedimiento. B) Exclusivamente los funcionarios públicos que tramitan el expediente y el alcalde. C) Cualquier ciudadano de la Unión Europea con independencia de que le afecte o no la resolución. D) Los partidos políticos con representación parlamentaria en la comunidad autónoma.

¿Cómo se regula la lengua de los procedimientos administrativos tramitados ante la Administración General del Estado?. A) El castellano es la lengua oficial del Estado, debiendo utilizarse en todas las actuaciones; si los interesados residen en una Comunidad Autónoma con lengua cooficial, podrán utilizar esta última en los procedimientos tramitados ante los órganos periféricos radicados en su territorio. B) Se puede utilizar cualquier idioma extranjero de la Unión Europea sin necesidad de traducción. C) Las administraciones locales pueden prohibir el uso del castellano en sus plenos. D) Todos los expedientes deben redactarse obligatoriamente en latín jurídico.

¿Qué establece la Ley 39/2015 respecto a la obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas para determinados sujetos?. A) Es obligatoria para las personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados para determinados trámites, empleados públicos y quienes representen a un interesado obligado, entre otros. B) Es una opción totalmente voluntaria para cualquier ciudadano con independencia de su titulación. C) Está prohibida para los ayuntamientos de menos de cinco mil habitantes. D) Se limita exclusivamente a la presentación de declaraciones tributarias anuales.

¿Qué se entiende por "interés legítimo" como requisito para ostentar la condición de interesado en un procedimiento?. A) Una posición jurídica cualificada de ventaja o perjuicio potencial frente al acto administrativo, distinta del mero interés genérico por la legalidad, que permite exigir a la administración una actuación conforme a derecho. B) El derecho subjetivo perfecto protegido por los códigos civiles y mercantiles. C) El deseo personal de cualquier ciudadano de mejorar la estética urbana. D) La titularidad de un cargo político en el gobierno municipal.