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Principios Generales del Procedimiento Administrativo

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Título del Test:
Principios Generales del Procedimiento Administrativo

Descripción:
REPASO LEGISLACION TRIBUTARIA - M4

Fecha de Creación: 2026/06/27

Categoría: Otros

Número Preguntas: 20

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¿Cuál es el objetivo principal de los principios generales de la Ley de Procedimiento Administrativo?. Garantizar los derechos de los administrados frente a las acciones del Estado. Acelerar los trámites administrativos. Reducir la burocracia estatal. Facilitar la recaudación de impuestos.

¿Qué ley fundamental rige el procedimiento administrativo en todo el territorio nacional?. Ley 11.683. Ley 19.549. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Constitución Nacional.

El Artículo 116 de la Ley 11.683 establece la aplicación supletoria de otras legislaciones. ¿Cuáles son?. El Código Penal y el Código Civil. La Ley de Procedimiento Administrativo y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El Código de Comercio y la Ley de Sociedades. La Constitución Nacional y las leyes provinciales.

¿Qué principio general establece que la Administración debe realizar las actividades necesarias para satisfacer el interés público, independientemente de la actitud del administrado?. Principio de informalismo. Principio de oficialidad. Principio de celeridad. Principio de gratuidad.

Según el principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia, ¿cuándo un procedimiento es eficaz?. Cuando se resuelve rápidamente, sin importar los derechos del administrado. Cuando se satisfacen el interés general y los derechos del administrado de forma rápida y sencilla. Cuando se utiliza la menor cantidad de pasos, independientemente del tiempo empleado. Cuando se cumplen todos los requisitos formales, aunque el proceso sea engorroso.

¿A qué tiende el principio de informalismo a favor del administrado?. A que la Administración deba cumplir estrictamente con todas las formalidades. A que el administrado pueda realizar sus actos sin que las formalidades le obsten la eficacia. A eliminar por completo las formalidades en el procedimiento administrativo. A que el administrado deba presentar todos los documentos por triplicado.

¿Qué garantiza el principio de contradicción al administrado?. El derecho a no ser oído. El derecho a no presentar pruebas. El goce del debido proceso adjetivo. La imposibilidad de apelar resoluciones.

¿Qué implica el derecho a obtener una decisión fundada?. Que la Administración puede resolver sin expresar razones. Que la decisión debe basarse en el marco fáctico y las normas aplicables, atendiendo los argumentos del administrado. Que la decisión solo debe considerar las pruebas presentadas por la Administración. Que la decisión puede ser tomada de forma unilateral sin justificación.

En oposición al procedimiento judicial, ¿a qué se ajusta el órgano administrativo según el principio de verdad material?. Únicamente a las afirmaciones y pruebas aportadas por el administrado. A la verdad objetiva y material, con prescindencia de lo alegado y probado por el administrado. A las interpretaciones subjetivas del funcionario. A la conveniencia política del momento.

¿A qué está relacionado el principio de gratuidad?. Al cobro de tasas por cada actuación administrativa. A la posibilidad de que el administrado acceda al procedimiento sin obstáculos económicos. A la obligación de pagar costas en todos los casos. A la necesidad de presentar un garante para iniciar el trámite.

¿Qué tipo de días se computan para los plazos administrativos según la Ley 11.683?. Días corridos. Días hábiles administrativos. Días calendario. Solo días laborables.

Según el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ¿cuándo empiezan a correr los plazos?. Desde el día siguiente a la notificación. Desde el día de la notificación, sin contar ese día ni los días inhábiles. Una vez que el administrado se entera de la notificación. A partir de la publicación en el boletín oficial.

¿Qué son los plazos perentorios?. Son plazos que pueden ser prorrogados a petición de parte. Son plazos fijados por el juez o tribunal. Son plazos cuya duración está establecida por la ley y no son prorrogables. Son plazos que las partes pueden fijar de común acuerdo.

¿Qué es el plazo de gracia en materia administrativa?. Un período adicional para presentar recursos. Dos horas posteriores al vencimiento del plazo hábil para presentar escritos. Un día extra para contestar notificaciones. Un lapso para subsanar errores formales sin sanción.

¿Cuál es el objetivo del acto de notificar?. Informar al administrado sobre el estado de su expediente. Dar con propósito cierto, noticia de algo, comunicando formalmente una resolución. Asegurar que el administrado conozca todas las leyes aplicables. Exigir al administrado la presentación de documentación adicional.

¿Qué ley regula las formas de notificación aplicables en el procedimiento fiscal?. Ley 19.549. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Ley 11.683. Constitución Nacional.

¿Qué medio de notificación implica la publicación de edictos?. Notificación personal. Notificación por cédula. Notificación por telegrama. Notificación en el caso de no conocerse el domicilio del contribuyente.

¿Cuándo se considera perfeccionada la notificación por comunicación informática?. Cuando se envía el correo electrónico. Mediante la puesta a disposición del archivo o registro en el domicilio fiscal electrónico, si el responsable ejerció la opción de registrarlo. Al día siguiente de enviado el mensaje. Cuando el destinatario confirma la recepción.

¿Las notificaciones realizadas en días inhábiles son nulas en materia tributaria?. Sí, siempre son nulas. No, no constituyen causal de nulidad, pero sus efectos se trasladan al primer día hábil siguiente. Solo son nulas si el administrado no las ve. Depende de la decisión del funcionario.

¿Qué es el secreto fiscal?. La obligación de la AFIP de informar sobre las deudas de los contribuyentes. La obligación de la AFIP de mantener la más absoluta reserva sobre la información que obtiene en sus funciones. El derecho del contribuyente a ocultar información a la AFIP. La prohibición de utilizar datos fiscales en juicios.

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