Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan pero si no fija el plazo en ninguna ley , las infracciones muy graves prescribirán A los 3 años. A los 2 años. A los 6 meses. Al año.
Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan pero si no fija el plazo en ninguna ley , las infracciones graves prescribirán A los 3 años. A los 2 años. A los 6 meses. Al año.
Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan pero si no fija el plazo en ninguna ley, las infracciones leves prescribirán A los 3 años. A los 2 años. A los 6 meses. Al año.
Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan pero si no fija el plazo en ninguna ley, las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán A los 3 años. A los 2 años. A los 6 meses. Al año.
Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan pero si no fija el plazo en ninguna ley, las sanciones impuestas por faltas graves prescribirán A los 3 años. A los 2 años. A los 6 meses. Al año.
Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan pero si no fija el plazo en ninguna ley, las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán A los 3 años. A los 2 años. A los 6 meses. Al año.
La concurrencia de sanciones "non bis in idem" , está regulada en El artículo 31 de la Ley 40/2015 El artículo 30 de la Ley 40/2015 El artículo 32 de la Ley 40/2015 El artículo 33 de la Ley 40/2015.
La prescripción la encontraremos en El artículo 30 de la Ley 40/2015 El artículo 31 de la Ley 40/2015 El artículo 32 de la Ley 40/2015 El artículo 33 de la Ley 40/2015.
Supone que no pueden sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento. ¿A qué principio nos estamos refiriendo? Principio de proporcionalidad. Principio de concurrencia de sanciones. ("non bis in idem"). Principio de irretroactividad. Principio de tipicidad.
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse Desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Desde el día siguiente en que la infracción se hubiera cometido. Las dos pueden ser correctas según el caso. Ninguna es correcta.
El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse Desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. Desde el día a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. Las dos son ciertas. Ninguna es cierta.
Interrumpirá la prescripción de la sanción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante Más de 1 mes por causa no imputable al infractor. Más de 2 meses por causa no imputable al infractor. Más de 3 meses por causa no imputable al infractor. Más de 4 meses por causa no imputable al infractor.
Las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia tributaria y aduanera, en el orden social, en materia de tráfico y seguridad vial
y en materia de extranjería se regirán por su normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en la Ley 39/2015. Esto viene establecido en La Disposición Adicional Primera de la Ley 39/2015 La Disposición Adicional Segunda de la Ley 39/2015 La Disposición Adicional Tercera de la Ley 39/2015 La Disposición Adicional Cuarta de la Ley 39/2015.
Iniciación de procedimiento sancionador, período de información y actuaciones previas. Artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En cuanto a las especialidades en el inicio del procedimiento sancionador Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente. Los procedimientos de naturaleza sancionadora establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento ni tampoco se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo. Todas son correctas.
Si iniciado un procedimiento sancionador el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición
de la sanción que corresponda. Establecido en El artículo 85 de la Ley 39/2015. El artículo 86 de la Ley 39/2015. El artículo 87 de la Ley 39/2015. El artículo 88 de la Ley 39/2015.
¿Qué artículo de la ley 39/2015 establece lo que deberá contener el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador? 64.2 64.1 64.3 Ninguna es correcta.
El acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador deberá contener La identificación de la persona o personas presuntamente responsables. Los hechos que motivan la incoación del procedimiento. La posible calificación de los hechos y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción. Todas las mencionadas, entre otras maś, son correctas.
El acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador deberá contener Identificación del instructor del procedimiento. Identificación del secretario del procedimiento, en su caso. La expresa indicación del régimen de recusación del instructor y el secretario del procedimiento Todas las mencionadas, entre otras más, son correctas.
El acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador deberá contener Órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le atribuya tal competencia. Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador. Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio Todas las mencionadas, entre otras más, son correctas.
La terminación en los procedimientos sancionadores la encontramos regulada en El artículo 85 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El artículo 86 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El artículo 87 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El artículo 88 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de Al menos, el 20% sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Al menos, el 20% sobre el importe de la sanción propuesta, no siendo éstos acumulables entre sí. Al menos, el 30% sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Al menos, el 30% sobre el importe de la sanción propuesta, no siendo éstos acumulables entre sí.
El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento sancionador, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción del procedimiento se ponga de manifiesto que concurre La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción o cuando lo hechos no resulten acreditados. Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa o cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o bien aparezcan exentos de responsabilidad. Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción. Todas las mencionadas son ciertas.
En el caso de procedimientos de carácter sancionador, una vez concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados y que deberá indicar La puesta de manifiesto del procedimiento El plazo para formular alegaciones El plazo para presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes. Todo ello deberá indicar la propuesta de resolución.
Propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador. Artículo 89 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Artículo 87 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Según el artículo 89.3 de la Ley 39/2015 en la propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador se fijarán de forma motivada Los hechos que se consideren probados y su exacta calificación jurídica así como la infracción que, en su caso, los hechos constituyan. La persona o personas responsables así como la sanción que se proponga. La valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión así como las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado. Todas son correctas.
Cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la pro-
puesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de 15 días. 30 días. 20 días. 10 días.
En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora se puede adoptar la tramitación simplificada del procedimiento de conformidad con
lo establecido en El artículo 96.5 de la Ley 39/2015. El artículo 96.6 de la Ley 39/2015. El artículo 96.3 de la Ley 39/2015. El artículo 96.2 de la Ley 39/2015.
En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora se puede adoptar la tramitación simplificada cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que Existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado. Existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como grave, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado. Existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, pudiendo interponerse oposición expresa por parte del interesado. Ninguna es correcta.
Para conocer los principios generales de la responsabilidad patrimonial, debemos acudir a su regulación en La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en cuanto que atañen a aspectos más orgánicos que procedimentales. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuanto que atañen a aspectos más procedimentales que orgánicos. La Ley 40/2015 y la Ley 39/2015, en cuanto que atañen a aspectos orgánicos y procedimentales. Ninguna es correcta.
¿En qué artículo de la Ley 40/2015 encontramos regulados los principios de la responsabilidad patrimonial? 32 33 34 35.
¿En cuál de estos supuestos podrá surgir la responsabilidad patrimonial del estado legislador? Lesiones que sufran los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos que tengan el deber jurídico de soportar. *Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional. *Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea. Las respuestas marcadas con * son correctas.
Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización En todo caso. Siempre que el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. Siempre que el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme estimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. Siempre que el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que no se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.
Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea ¿qué requisito deberá cumplirse para que proceda su indemnización? La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares. El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado. Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares. Todas son correctas.
Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización En todo caso. Cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme estimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que no se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada.
La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ninguna es correcta.
El importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte
interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad será fijado por El Consejo de Ministros y tramitado por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado. El Ministerio de Economía y Hacienda y tramitado por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado. El Presidente del Gobierno y tramitado por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado. Ninguna es correcta.
La Ley de de Contratos del Sector Público es La Ley 9/2017, de 8 de noviembre La Ley 11/2017, de 10 de noviembre La Ley 10/2018, de 9 de noviembre La Ley 11/2017, de 7 de noviembre.
Se seguirá el procedimiento previsto en la ley 39/2015 para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos Cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Contratos del Sector Público. De los vicios del proyecto elaborado por los Administración sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Contratos del Sector Público. Ninguna es correcta. Las dos son correctas.
Cuando las Administraciones Públicas actúen a través de una entidad de derecho privado su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto sobre la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas Artículo 35 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Artículo 36 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Artículo 35 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Artículo 36 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones intervinientes
responderán frente al particular, en todo caso, De forma solidaria. De forma recíproca. De forma independiente. De forma discrepante.
Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la Administración Pública competente deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que En el plazo de 15 días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente. En el plazo de 30 días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente. En el plazo de 10 días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente. En el plazo de 5 días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente.
Con respecto a la responsabilidad concurrente, cuando esta no sea solidaria ¿qué criterios se atenderán? Se atenderán criterios de competencia. Se atenderán criterios de interés público tutelado. Se atenderán criterios de intensidad de la intervención Todas son correctas.
¿En qué artículo de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público viene recogida la regulación sobre la indemnización en el procedimiento de responsabilidad patrimonial? 34 35 36 38.
En los casos de responsabilidad patrimonial en los que la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional o de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de Los 5 años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. Los 10 años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. Los 3 años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. Los 5 años posteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa.
En cuanto al cálculo de las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial Se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social. Se ponderará, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. Todas son correctas.
La cuantía de la indemnización se calculará Con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad. Con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada. Los intereses que procedan por demora se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas. Todas las mencionadas son correctas.
Indica cuáles son las fases del procedimiento de responsabilidad partrimonial Fase de Iniciación (de oficio o a solicitud del interesado), fase de instrucción (solicitud de informes y dictámenes, trámite de audiencia) y fase de finalización. Fase de iniciación, y fase de finalización. Fase de iniciación, fase de ordenación, fase de instrucción y fase de finalización. Ninguna es correcta.
Las especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial vienen recogidas en El artículo 65 de la Ley 39/2015. El artículo 66 de la Ley 39/2015. El artículo 67 de la Ley 39/2015. El artículo 65 de la Ley 40/2015.
El acuerdo de iniciación del procedimiento de responsabilidad patrimonial de oficio se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de 10 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. 20 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. 30 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. 5 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo.
En el supuesto de procedimientos de responsabilidad patrimonial iniciados por petición razonada de otros órganos, la petición deberá individualizar La lesión producida en una persona o grupo de personas. La relación de causalidad que presenta la lesión con respecto al funcionamiento del servicio público. La evaluación económica si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo. Todas son correctas.
Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar ... ¿en qué artículo de la ley 39/2015 viene recogido esto? 67 66 68 69.
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