Procedimiento Administrativo

En relación con la delegación de firma, el artículo 13 de la LRJSP, señale que: En las resoluciones dictadas por delegación se indicará la autoridad de procedencia. Se puede delegar la firma en cualquier órgano aunque no sea jerárquicamente dependiente, siempre que sea del mismo ministerio. El Ministro puede delegar en un Director General la firma de una ley. La delegación de firma tendrá que publicarse en la sede electrónica del órgano delegante.

De conformidad con el artículo 22 de la LPACAP, ¿cómo actuará una AAPP cuando tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias, un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una AAPP distinta y aquélla entienda que dicho acto es ilegal?. Podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la LJCA y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer RCA. Solicitará Dictamen al Consejo de Estado, y de no emitirse éste en el plazo de 2 meses se podrá continuar con el procedimiento, dictando resolución prescindiendo del criterio del acto considerado ilegal. La Administración deberá interponer un Recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que lo dictó, que también será el competente para su resolución. Solicitará Dictamen al Consejo de Estado, quedando suspendido el procedimiento para dictar resolución, hasta que éste sea emitido.

Señale qué consideración tiene la estimación por silencio administrativo: De acto administrativo finalizador del procedimiento sólo si previamente se acredita la obtención del acto presunto. El efecto de permitir a los interesados la interposición del recurso contencioso-administrativo. De acto administrativo finalizador del procedimiento. El efecto de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo pertinente.

Don Fernando ha hecho una solicitud a la Administración, que no ha sido resuelta en plazo y cuya competencia venía atribuida la Dirección General de Costas. El objeto de la solicitud puede dañar el medio ambiente. Don Fernando interpone el recurso que procede y tampoco éste es resuelto. Diga de las siguientes afirmaciones cuál es la correcta: El recurso que procede es alzada y Don Fernando debe entender que le ha sido estimado, pero Don Fernando no tiene plazo para interponer dicho recurso. El recurso que procede es alzada y Don Fernando debe entender que le ha sido desestimado. El recurso que procede es alzada, en el plazo de tres meses y Don Fernando debe entender que le ha sido estimado. El recurso que procede es el potestativo de reposición en el plazo de un mes y Don Fernando debe entender que le ha sido desestimado.

En los casos de estimación de una solicitud por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo: Será nula de pleno derecho. Sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. Se trata de uno de los casos en que la Administración ya no está obligada a resolver. Se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio administrativo.

En los procedimientos iniciados de oficio en los que la Administración ejercite potestades sancionadoras, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, producirá: La caducidad, ordenándose el archivo de las actuaciones. La prescripción. La estimación por silencio administrativo. La desestimación por silencio administrativo dado que el procedimiento se inicia de oficio.

La delegación de competencias en la AGE que se produzca entre órganos relacionados jerárquicamente, deberá ser aprobada previamente: Por los órganos ministeriales de quien dependa el delegante y el delegado. Por la Subsecretaría del Ministerio. Por el órgano ministerial de quien dependa el delegante. Por el órgano ministerial de quien dependa el delegado.

Señale la correcta en relación a la competencia de los órganos administrativos: La delegación de firma alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación. Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, sólo cuando sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas. Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser delegadas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias.

En relación con los procedimientos iniciados a solicitud de interesado: El vencimiento del plazo máximo sin haberse dictado notificación expresa produce la caducidad del procedimiento. Salvo excepciones, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado para entenderla estimada por silencio administrativo. El silencio tendrá efecto estimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, al que se refiere el art 29 CE. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado para entenderla estimada por silencio administrativo en cualquier caso.

Respecto de la forma de los actos administrativos, señale la correcta según la LPACAP: Los actos administrativos como nombramientos, concesiones o licencias no podrán refundirse en un único acto, debiendo individualizarse los efectos para cada interesado en un acto independiente. Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. Cuando los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria se efectuará y firmará por el titular del órgano superior. Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, no pudiendo ejercerse la competencia de forma verbal.

Según el artículo 24 de la LPACAP, señale la correcta respecto de los efectos del silencio administrativo: Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de diez días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. El interesado podrá solicitar dicho certificado en el plazo de 15 días siguientes a la finalización del plazo para resolver y notificar. Su existencia sólo puede ser acreditada mediante el certificado acreditativo del silencio producido.

La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia: Suponen alteración de la titularidad de la competencia, pero no de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. No suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. No suponen alteración de la titularidad de la competencia ni de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. Suponen alteración de la titularidad de la competencia y de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.

La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos, según el artículo 8 de la LRJSP: No podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos. Podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias. Podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes o independientes de aquéllos. Podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente independientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias.

Según el artículo 22 de la LPACAP, relativo a la suspensión del plazo máximo para resolver, indique cuál de los siguientes supuestos constituye un caso de suspensión obligatoria: Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente. Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado. Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada. Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los interesados, hasta que la Administración tenga constancia del mismo, lo que también deberá serles comunicado.

En relación al artículo 24 de la LRJSP que regula la recusación, señale la afirmación correcta: Una vez planteada la recusación, en el plazo de 3 días el recusado manifestara a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. Podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia cabrá recurso administrativo ordinario. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá al día siguiente.

Señale la FALSA: Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. La suplencia no implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación. Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de su competencia, que ostenten, bien por atribución, pero no las que tengan por delegación de competencias, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan. Para la válida constitución del órgano colegiado, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

La ampliación del plazo máximo de resolución y notificación de un procedimiento de acuerdo con el art. 23 de la LPACAP: No podrá ser superior a la mitad del inicialmente concedido. Contra el acuerdo que resuelva la ampliación de plazos, no cabrá recurso alguno. Una vez acordado y notificado a los interesados, cabrá recurso contra el mismo. Sólo puede ser acordado por el órgano competente para resolver.

Según el artículo 36 de la LPACAP, ¿puede el órgano competente, refundir en un solo acto el otorgamiento de doce licencias de caza a favor de distintos interesados?. Sí, requiriéndose únicamente aprobación previa del superior jerárquico. No, la ley sólo permite acumular los procedimientos. Sí, siempre y cuando se especifiquen los interesados u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado. No, lo prohíbe expresamente la ley.

Uno de los siguientes actos administrativos NO tiene que ser obligatoriamente motivado, según el artículo 35 de la LPACAP: Los acuerdos de ampliación de los plazos y de realización de actuaciones complementarias. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Los actos que confirmen el criterio seguido en actuaciones precedentes. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LPACAP), tiene por objeto: Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos. Regular el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas. Regular los principios a los que se ha de justar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Todas son correctas.

A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga: El texto íntegro de la resolución. El texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado. El texto íntegro de la resolución, así como la expresión de los recursos que procedan. El texto íntegro de la resolución, así como la indicación de si pone fin o no a la vía administrativa.

La LPACAP establece los motivos de suspensión de un acto recurrido entre los que no se encuentra: Que pueda causar, de ejecutarse, perjuicios de imposible o difícil reparación. Que incurra en anulabilidad. Que haya sido dictado por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia. Que tenga contenido imposible.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 39/ 015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, en los casos en .que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por: En todo caso por el titular del órgano inferior. Por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente. El titular del órgano superior o funcionario que la reciba oralmente. En todo caso por el titular del órgano superior.

Según lo establecido en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, respecto a la suspensión de la ejecución, señale la respuesta INCORRECTA: Al dictar el acuerdo de· suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado. Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquella sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, en los términos establecidos legalmente. La suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando, habiéndolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud.

De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes resultarán eficaces una vez: Sean inscritos en la Sede del Punto de Acceso General del Registro Electrónico Común y publicados en el Boletín Oficial del Estado. Sean inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicados en el Boletín Oficial del Estado. Sean inscritos en la Sede del Punto de Acceso General del Registro Electrónico Común y publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea. Sean inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Según lo preceptuado en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido: En cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. En última instancia, sentencia firme estimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción· del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. En última instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, aunque no se hubiera alegado la infracción administrativa que ocasionó el daño. En cualquier instancia, sentencia firme estimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, aunque no se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, son órganos colegiados: Aquellos que se creen formalmente y estén integrados por tres o más personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, y que actúen integrados en la Administración General del Estado o alguno de sus Organismos públicos. Aquellos que se creen formalmente y estén integrados por dos o más personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, asesoramiento, seguimiento y control, y que actúen integrados en la Administración General del Estado o alguno de sus Organismos públicos. Aquellos que se creen formalmente y estén integrados por tres o más personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, asesoramiento, seguimiento y control, y que actúen integrados en la Administración General del Estado o alguno de sus Organismos públicos. Aquellos que se creen formalmente y estén integrados por dos o más personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, y que actúen integrados en la Administración General del Estado o alguno de sus Organismos públicos.

Respecto a la notificación electrónica, el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que: Se practicarán preferentemente por entrega directa de un empleado público. El envío de cheques a favor de los interesados se notificará siempre por medios electrónicos. Todos los interesados están obligados a recibir notificaciones electrónicas en los procedimientos iniciados de oficio. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquél, si bien, en el caso de que exista obligación de relacionarse de forma electrónica con la Administración, la notificación será electrónica.

De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, la exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas: Suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, incluso cuando la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, incluso cuando la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. Suspenderá los procedimientos e reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.

Según el artículo 63 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los Subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministerio, dirigen los servicios comunes, ejercen las competencias correspondientes a dichos servicios comunes y, realizar las siguientes funciones: (señala la respuesta INCORRECTA). Apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad del Ministerio, a través del correspondiente asesoramiento técnico. Asistir al Ministro en el control de eficacia del Ministerio y sus Organismos públicos. Establecer los programas de inspección de los servicios del Ministerio, así como determinar las actuaciones precisas para la mejora de los sistemas de, planificación, dirección y organización y para la racionalización y simplificación de los procedimientos y métodos d trabajo, en el marco definido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganos directivos que dependan directamente de él y cuyos actos no agoten la vía administrativa, así como los conflictos de atribuciones que se susciten entre dichos órganos.

Según lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Servicio Exterior del Estado se rige en todo lo concerniente a: Su composición, organización y funciones por lo dispuesto en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y en su normativa de desarrollo y en su integración y personal por lo dispuesto en esta Ley. Su composición, organización, funciones, integración y personal por lo dispuesto en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y en su normativa de desarrollo y, supletoriamente, por lo dispuesto en esta Ley. Su composición, organización, funciones, integración y personal por lo dispuesto en esta Ley y, supletoriamente, por lo dispuesto en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y en su normativa de desarrollo. Su composición, organización y funciones por lo dispuesto en esta Ley y en materia de personal por lo dispuesto en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y en su normativa de desarrollo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en esta Ley: Los documentos electrónicos transmitidos en entornos abiertos de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público o privado. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos abiertos de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público. Los documentos electrónicos transmitidos, en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público o privado.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando se asista a distancia a las sesiones de los órganos colegiados los acuerdos se entenderán adoptados: En el lugar donde esté ubicada la presidencia y, en su defecto, en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado. En el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia. En el lugar dónde esté ubicado el Secretario que da fe de ello y, en su defecto, en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado. En el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y; en su defecto, donde esté ubicado el Secretario que da fe de ello.

Según lo establecido en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los convenios que las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, suscriban con sujetos de derecho público y privado deberán incluir, al menos (señala la respuesta INCORRECTA): Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes. Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes. El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo de la mayoría de los firmantes. Plazo de vigencia del convenio.