Procedimiento Administrativo Común y Régimen Jurídico del Sector Público

Según la Ley 39/2015, los actos de instrucción en los que intervengan los interesados deberán realizarse: Con asistencia obligatoria de abogado. En la forma más conveniente para los interesados, compatible con sus obligaciones personales, laborales o profesionales. Exclusivamente por medios electrónicos.

El responsable directo de la tramitación de los procedimientos administrativos es: El órgano competente para resolver. El órgano instructor o el titular de la unidad administrativa encargada de la tramitación. El superior jerárquico.

Con carácter general, el plazo para subsanar una solicitud es de: Cinco días. Diez días. Veinte días.

Si el interesado no subsana la solicitud en plazo: Se archiva automáticamente el expediente. Se le tendrá por desistido de su solicitud. Se entenderá estimada por silencio administrativo.

Los plazos para realizar trámites durante el procedimiento administrativo: No pueden ampliarse. Pueden ampliarse, pero ello no amplía el plazo máximo para resolver y notificar. Siempre amplían el plazo máximo para resolver.

La resolución administrativa debe ser: Congruente con las peticiones formuladas por los interesados. Idéntica a la propuesta de resolución. Siempre favorable al interesado.

Como regla general, el silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado es: Desestimatorio. Estimatorio. Caducidad.

En un procedimiento sancionador iniciado de oficio, si vence el plazo máximo sin resolución expresa: Se produce silencio positivo. Se produce la caducidad del procedimiento. Se entiende desestimado.

Como regla general, la interposición de un recurso administrativo: Suspende automáticamente la ejecución del acto. No suspende la ejecución del acto. Anula provisionalmente el acto.

Frente a un acto que no pone fin a la vía administrativa procede: Recurso de reposición. Recurso de alzada. Recurso contencioso-administrativo.

La recusación: Puede promoverla cualquier ciudadano. La promueve el interesado cuando concurre una causa legal. La acuerda libremente el superior jerárquico.

La acumulación de procedimientos procede cuando: Los expedientes guarden identidad sustancial o íntima conexión. Todos hayan sido iniciados de oficio. Lo soliciten los interesados.

La declaración de lesividad tiene como finalidad: Anular directamente el acto administrativo. Permitir a la Administración impugnar judicialmente un acto favorable anulable. Suspender automáticamente el acto.

Los actos de trámite: Siempre son recurribles. Nunca son recurribles. Solo son recurribles en los casos previstos por la ley.

Una notificación defectuosa puede producir efectos cuando: Nunca. El interesado realiza actuaciones que demuestran que conoce el contenido del acto. Han transcurrido diez días.

El Pleno del Ayuntamiento aprueba: Ordenanzas y reglamentos. Bandos. Decretos del alcalde.

El padrón municipal: Es voluntario. Deben inscribirse todas las personas que residan habitualmente en un municipio. Solo es obligatorio para los españoles.

La provincia es: Una agrupación de municipios con personalidad jurídica propia. Una agrupación de comarcas. Un órgano de la Comunidad Autónoma.

El alcalde puede plantear cuestión de confianza al Pleno: Nunca. En los casos previstos legalmente. Siempre que lo estime oportuno.

La autonomía financiera de las entidades locales implica: Capacidad para decidir el destino de sus fondos. Plena disponibilidad de cualquier ingreso público. Que el Estado aprueba su presupuesto.

El principio de jerarquía normativa significa que: Todas las normas tienen el mismo rango. El ordenamiento está integrado por normas de diferente rango. Solo existe entre normas estatales.

El artículo 9.3 de la Constitución garantiza, entre otros: La seguridad jurídica. El derecho de asociación. El derecho al trabajo.

La Administración General del Estado: Es una persona jurídica. Es un conjunto de órganos sin personalidad jurídica. Comparte personalidad jurídica con las Comunidades Autónomas.

Según la Ley 40/2015 forman parte del sector público institucional: Solo los ministerios. Los organismos públicos vinculados o dependientes de una Administración Pública. Exclusivamente las entidades locales.

En la potestad discrecional: La Administración actúa libremente sin límites. El ordenamiento autoriza al órgano a valorar el interés público dentro de los límites legales. La consecuencia jurídica viene fijada automáticamente por la ley.

Frente a un acto que no pone fin a la vía administrativa procede: Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso extraordinario de revisión.

La revisión de oficio de los actos nulos: Solo puede realizarse dentro del plazo de un año. Puede realizarse en cualquier momento. Requiere autorización judicial previa.

Cuando una notificación en papel resulta infructuosa: Debe intentarse una tercera vez. Debe publicarse mediante anuncio en el BOE en los casos previstos por la ley. Debe notificarse por correo ordinario.

El Delegado del Gobierno: Dirige la Administración General del Estado en la Comunidad Autónoma. Es elegido por el Parlamento autonómico. Solo existe en las Comunidades Autónomas pluriprovinciales.

Los principios constitucionales: Solo vinculan a los jueces. Solo vinculan al legislador. Vinculan a todos los poderes públicos.

El principio de publicidad de las normas exige: Que sean aprobadas por el Parlamento. Que sean publicadas oficialmente antes de producir efectos. Que sean comunicadas personalmente.

El principio de irretroactividad reconocido en el artículo 9.3 CE se refiere a: Todas las leyes. Las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Solo las leyes penales.

La autonomía local garantiza: La participación de las entidades locales en la gestión de sus intereses. La independencia absoluta frente al Estado. La potestad legislativa municipal.

Como regla general, el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado es: Desestimatorio. Estimatorio. Caducidad.

La conversión de un acto administrativo viciado: Solo produce efectos respecto de actos anulables. Solo produce efectos respecto de actos nulos. Puede producir efectos respecto de actos nulos y anulables cuando concurran los requisitos legales.

La potestad sancionadora de las entidades locales exige: Que la ley establezca los criterios mínimos y las clases de sanciones. Que las ordenanzas puedan tipificar libremente cualquier infracción. Que no exista reserva de ley.

La provincia es: Una agrupación de municipios con personalidad jurídica propia. Una agrupación de comarcas. Un órgano autonómico.

El principio de oficialidad significa que: Todo procedimiento se inicia siempre de oficio. El órgano instructor impulsa el procedimiento hasta su resolución. El interesado impulsa siempre el procedimiento.

La caducidad por causa imputable al interesado requiere: Cualquier inactividad. La paralización del procedimiento por no realizar un trámite indispensable. La falta de comparecencia a una notificación.

La declaración de lesividad permite: Anular directamente el acto. Impugnar judicialmente un acto favorable anulable. Suspender automáticamente el acto.

La revisión de oficio puede recaer sobre: Actos nulos de pleno derecho. Actos anulables. Cualquier acto administrativo.

El recurso de alzada se interpone contra: Actos que ponen fin a la vía administrativa. Actos que no ponen fin a la vía administrativa. Disposiciones generales.

La motivación de la resolución administrativa debe contener: Solo fundamentos de derecho. Referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho. Solo los hechos.

La alteración de los límites provinciales requiere: Ley ordinaria. Ley Orgánica. Reforma constitucional.

El padrón municipal acredita: La residencia y el domicilio habitual. La nacionalidad. El derecho de sufragio.

Los bandos corresponden: Al Pleno. Al alcalde. A la Junta de Gobierno Local.

La seguridad jurídica está reconocida expresamente en: El artículo 9.3 de la Constitución. El artículo 14. El artículo 103.

El principio de competencia sirve para: Determinar qué órgano o Administración debe ejercer una potestad. Establecer la jerarquía entre normas. Resolver únicamente conflictos entre leyes estatales.

La Administración General del Estado: Tiene personalidad jurídica. Carece de personalidad jurídica. Solo la tiene en determinados supuestos.

La autonomía institucional de las entidades locales implica: Que otras Administraciones pueden ejercer controles de oportunidad. Que no pueden ejercerse controles de oportunidad sobre sus decisiones. Que el Estado puede sustituir libremente sus decisiones.

Según la Ley 40/2015, la competencia es: Renunciable con carácter general. Irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida. Delegable en cualquier caso.

La abstención de una autoridad o empleado público: Es voluntaria en todos los casos. Procede cuando concurre alguna de las causas previstas legalmente. Solo puede acordarla un juez.

El recurso extraordinario de revisión procede contra: Actos de trámite. Actos firmes en vía administrativa en los casos previstos por la ley. Reglamentos.

El principio de eficacia de la Administración se recoge expresamente en: El artículo 103 de la Constitución. El artículo 9.3 de la Constitución. El artículo 14 de la Constitución.

La potestad reglamentaria de las entidades locales se ejerce mediante: Bandos. Ordenanzas y reglamentos. Decretos del alcalde.

La recusación puede promoverla: Cualquier ciudadano. El interesado cuando concurra una causa legal de abstención. El órgano superior sin causa.

El principio de legalidad implica que la Administración: Puede actuar aunque la ley no la habilite. Debe actuar con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Solo está sometida a la Constitución.

El silencio administrativo negativo: Exime a la Administración de resolver. Permite al interesado entender desestimada su solicitud, pero la Administración sigue obligada a resolver. Produce la caducidad.

El municipio tiene personalidad jurídica: Sí, plena. No. Solo en municipios de gran población.

Las ordenanzas municipales entran en vigor: El mismo día de su aprobación. Tras su publicación y una vez transcurrido el plazo legal. Cuando lo acuerde el alcalde.

Según el artículo 103 de la Constitución, la Administración Pública sirve con objetividad: A los intereses de los funcionarios. A los intereses generales. A los intereses del Gobierno.

La delegación de competencias: Está prohibida con carácter general. Está permitida en los casos previstos por la ley. Supone la pérdida de la titularidad de la competencia.

La avocación consiste en: Delegar una competencia en un órgano inferior. Que un órgano superior asuma para sí el conocimiento de un asunto atribuido a un órgano dependiente. Sustituir a un funcionario por recusación.

La competencia es irrenunciable porque así lo establece: La Ley 39/2015. La Ley 40/2015. La Constitución.

Las ordenanzas municipales son aprobadas por: El alcalde. El Pleno. La Junta de Gobierno Local.

La recusación: Puede plantearse mientras no haya resolución definitiva. Solo puede plantearse al inicio del procedimiento. Solo procede contra jueces.

El recurso de reposición tiene carácter: Obligatorio. Potestativo. Extraordinario.

La revisión de oficio de un acto nulo requiere, con carácter general: Dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente. Autorización judicial. Acuerdo del interesado.

La potestad reglamentaria de las entidades locales se manifiesta mediante: Bandos. Ordenanzas y reglamentos. Resoluciones.

Los reglamentos son: Normas con rango de ley. Disposiciones administrativas de carácter general subordinadas a la ley. Actos administrativos singulares.

Según la Ley 40/2015, la delegación de competencias: Supone la transmisión de la titularidad. No altera la titularidad de la competencia. Solo puede hacerse entre Administraciones distintas.

La avocación: Debe motivarse. Nunca necesita motivación. Solo puede acordarla el Consejo de Ministros.

El recurso extraordinario de revisión puede interponerse contra: Actos firmes en vía administrativa. Actos de trámite. Reglamentos.

La eficacia de los actos administrativos se produce, con carácter general: Desde que se dictan. Desde su notificación o publicación cuando sea exigible. Tras su inscripción en un registro público.

El principio de inderogabilidad singular de los reglamentos significa que: Un acto administrativo no puede dejar sin efecto un reglamento para un caso concreto. Los reglamentos nunca pueden modificarse. Los reglamentos tienen rango de ley.

El municipio ejerce sus competencias: Con autonomía y bajo su responsabilidad. Solo por delegación del Estado. Exclusivamente mediante autorización de la Comunidad Autónoma.

La potestad reglamentaria corresponde: Solo al Gobierno de la Nación. A las Administraciones Públicas en los casos previstos por el ordenamiento jurídico. Exclusivamente a las Cortes Generales.

La desviación de poder consiste en: Ejercer una potestad administrativa para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico. Dictar un acto fuera de plazo. Incumplir una sentencia judicial.

El principio de descentralización implica: Que todas las competencias pertenecen al Estado. Que la organización administrativa distribuye competencias entre distintos entes públicos. Que los ayuntamientos dependen jerárquicamente de las comunidades autónomas.

La Administración actúa con sometimiento pleno: Solo a la ley. A la Constitución, a la ley y al Derecho. Exclusivamente a los reglamentos.

Un acto administrativo nulo de pleno derecho: Puede ser convalidado. Puede revisarse de oficio y no produce los efectos propios de un acto válido. Solo puede ser anulado por los tribunales.

La anulabilidad de un acto administrativo: Es la regla general cuando existe un vicio no constitutivo de nulidad de pleno derecho. Produce siempre la inexistencia del acto. No admite convalidación.

La motivación es obligatoria: Solo en los actos sancionadores. En los supuestos previstos por la ley, entre ellos cuando el acto limite derechos o intereses legítimos. En todos los actos administrativos sin excepción.

El recurso de reposición se interpone: Ante el mismo órgano que dictó el acto. Ante el órgano superior jerárquico. Directamente ante el órgano judicial.

El recurso de alzada debe resolverse, con carácter general, en el plazo máximo de: Un mes. Tres meses. Seis meses.

El municipio tiene: Personalidad jurídica plena y capacidad para el cumplimiento de sus fines. Personalidad jurídica limitada. Personalidad jurídica únicamente cuando supera los 20.000 habitantes.

Las ordenanzas municipales son: Actos administrativos. Disposiciones administrativas de carácter general. Resoluciones del alcalde.

La provincia es: Una entidad local determinada por la agrupación de municipios. Un órgano de la Comunidad Autónoma. Una agrupación voluntaria de municipios.

La potestad sancionadora de la Administración exige, entre otros, el respeto al principio de: Tipicidad. Libre apreciación. Oportunidad política.

Según la Constitución, la Administración Pública actúa de acuerdo con los principios de: Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Exclusivamente legalidad y eficacia. Jerarquía y autonomía.

La competencia administrativa es: Renunciable cuando lo acuerde el superior jerárquico. Irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida. Delegable en todos los casos.

La convalidación de un acto administrativo procede respecto de: Actos anulables. Actos nulos de pleno derecho. Cualquier acto administrativo.

La falta de resolución expresa en un procedimiento iniciado a solicitud del interesado produce, como regla general: Caducidad. Silencio administrativo estimatorio. Silencio administrativo desestimatorio.

Los reglamentos: Tienen el mismo rango que la ley. Son disposiciones administrativas subordinadas a la ley. Solo pueden ser aprobados por las Cortes Generales.

La moción de censura al alcalde debe ser: Constructiva. Aprobada por el alcalde. Ratificada por la Comunidad Autónoma.

El principio de seguridad jurídica está reconocido expresamente en: El artículo 9.3 de la Constitución. El artículo 14 de la Constitución. El artículo 103 de la Constitución.

El recurso de reposición: Es obligatorio antes de acudir a la vía contencioso-administrativa. Es potestativo. Solo procede contra reglamentos.

El alcalde tiene atribuida la competencia para: Aprobar las ordenanzas municipales. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. Aprobar los reglamentos orgánicos.

El municipio es: La entidad local básica de la organización territorial del Estado. Un órgano de la Comunidad Autónomas. Una Administración sin personalidad jurídica.

La Administración Pública sirve con objetividad: A los intereses generales. A los intereses del Gobierno. A los intereses de los ciudadanos que lo soliciten.