PROCESAL

1. La sentencia penal únicamente puede concluir con: a) Condena, absolución o archivo. b) Condena o absolución libre. c) Condena, absolución o sobreseimiento. d) Condena o suspensión del procedimiento.

2. La ejecución penal puede definirse como: a) La actividad administrativa de cumplimiento de penas. b) La fase final del proceso penal contradictorio. c) La actividad sometida a control jurisdiccional para hacer efectivo el fallo. d) La actuación exclusiva de la Administración Penitenciaria.

3. El principio “juzgar y ejecutar lo juzgado” corresponde, en exclusiva, a: a) La Administración Penitenciaria. b) El Ministerio Fiscal. c) La Administración de Justicia. d) Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.

4. La Administración Penitenciaria actúa en la ejecución penal: a) Con plena autonomía decisoria. b) Como órgano jurisdiccional. c) Con carácter subordinado e instrumental. d) Sustituyendo al órgano judicial.

5. Los órganos de Vigilancia Penitenciaria tienen como función principal: a) Dictar sentencias penales. b) Controlar la legalidad del proceso. c) Fiscalizar la ejecución y garantizar derechos de los internos. d) Imponer sanciones disciplinarias penales.

6. Uno de los principios rectores de la ejecución penal es: a) El principio de contradicción. b) El principio de igualdad de armas. c) El principio de legalidad. d) El principio dispositivo.

7. El principio de oficialidad en la ejecución penal implica que: a) La ejecución depende de la voluntad del penado. b) Se inicia de oficio por el órgano judicial. c) Requiere siempre solicitud del Ministerio Fiscal. d) Es facultativa para el juez.

8. La ejecución forzosa es obligatoria en: a) Todas las penas. b) Las penas de multa. c) Las penas privativas de libertad. d) Las penas leves.

9. En relación con la pena de multa: a) Siempre se ejecuta forzosamente. b) Solo cabe ejecución voluntaria. c) No admite ejecución. d) Se ejecuta por la Administración Penitenciaria.

10. El cumplimiento extraprocesal de la condena: a) Está permitido en supuestos excepcionales. b) Es obligatorio. c) Es admisible en penas leves. d) No es admisible en ningún caso.

11. El dies a quo para el cómputo de la pena privativa de libertad se fija: a) En la fecha de comisión del delito. b) En la fecha de la sentencia. c) Según lo dispuesto en el art. 38 CP. d) En la fecha del auto de ejecución.

12. Cuando el penado ya está privado de libertad, el cómputo comienza: a) El día del ingreso en prisión. b) El día de la sentencia. c) El día de la firmeza de la sentencia. d) El día de la ejecución material.

13. La ejecución penal se orienta a la finalidad de: a) Castigo ejemplar. b) Prevención general. c) Reeducación y reinserción social. d) Reparación del daño.

14. El único título habilitante para instar la ejecución penal es: a) El auto de procesamiento. b) El escrito de acusación. c) La sentencia condenatoria. d) El atestado policial.

15. Solo son ejecutables las sentencias condenatorias: a) Provisionales. b) Dictadas en primera instancia. c) Firmes. d) Recurridas en apelación.

16. No son ejecutables las resoluciones pendientes de: a) Recurso de revisión. b) Recurso de queja. c) Recurso de apelación o casación. d) Incidente de nulidad.

17. Conforme al art. 794 LECrim, la ejecución debe iniciarse: a) A instancia de parte. b) Tras solicitud del fiscal. c) De forma inmediata tras la firmeza. d) En el plazo de diez días.

18. La competencia para ejecutar la sentencia corresponde, en general, a: a) El órgano superior. b) El órgano que dictó la sentencia firme. c) El Juzgado de Vigilancia. d) La Administración Penitenciaria.

19. Cuando la sentencia firme procede de casación, la ejecución corresponde a: a) El Tribunal Supremo. b) El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. c) El órgano que dictó la sentencia casada. d) El Juzgado Central de lo Penal.

20. El órgano ejecutor puede auxiliarse de otros órganos judiciales: a) Solo con autorización del fiscal. b) Nunca. c) Conforme al art. 987 LECrim. d) Únicamente en causas civiles.

21. La Sección de Vigilancia Penitenciaria se integra en: a) El Tribunal Supremo. b) La Audiencia Nacional. c) Los Tribunales de Instancia. d) Los Juzgados de Instrucción.

22. Entre las funciones de la Vigilancia Penitenciaria se encuentra: a) La instrucción penal. b) El control disciplinario penitenciario. c) La acusación pública. d) La ejecución civil.

23. El orden de imputación de pagos según el art. 126 CP comienza por: a) La multa. b) Las costas procesales. c) La reparación del daño e indemnización. d) Los gastos del Estado.

24. Los pronunciamientos civiles de la sentencia penal: a) No son ejecutables. b) Solo se ejecutan tras firmeza absoluta. c) Son susceptibles de ejecución provisional. d) Requieren nuevo proceso civil.

25. Para la ejecución civil derivada del delito se aplica supletoriamente: a) La LOPJ. b) El Código Civil. c) La Ley de Enjuiciamiento Civil. d) El Reglamento Penitenciario.

26. El LAJ puede encomendar la investigación patrimonial a: a) El Ministerio Fiscal. b) La Policía Judicial. c) La Agencia Tributaria. d) El Juzgado de Vigilancia.

27. Si la Agencia Tributaria se niega a colaborar: a) Se archiva la ejecución. b) Decide el LAJ definitivamente. c) Se da cuenta al juez o tribunal. d) Interviene el Tribunal Supremo.

28. El reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE se basa en: a) El principio de reciprocidad. b) El principio de soberanía nacional. c) El principio de reconocimiento mutuo. d) El principio acusatorio.

29. La norma básica en España sobre reconocimiento mutuo es: a) La LO 1/1979. b) La Ley 23/2014. c) El Código Penal. d) La LECrim.

30. La transmisión de una sentencia a otro Estado miembro requiere, como regla general: a) Autorización del fiscal. b) Consentimiento del condenado. c) Resolución del Tribunal Supremo. d) Solicitud del Estado de ejecución.

31. El consentimiento del condenado NO es necesario cuando: a) Sea reincidente. b) El delito sea grave. c) El Estado de ejecución sea el de su nacionalidad. d) Exista responsabilidad civil pendiente.

32. Antes de transmitir la resolución, la autoridad judicial puede: a) Suspender la pena. b) Consultar al Estado de ejecución. c) Modificar la condena. d) Ejecutarla parcialmente.

33. El auto de transmisión de la sentencia debe notificarse: a) Solo al Ministerio Fiscal. b) Al Estado de ejecución. c) Personalmente al condenado. d) A la víctima exclusivamente.

34. En España, el reconocimiento de resoluciones europeas corresponde a: a) El Tribunal Supremo. b) La Audiencia Provincial. c) El Juez Central de lo Penal. d) El Juzgado de Vigilancia.

35. Para reconocer una resolución europea en España se exige, entre otros requisitos: a) Que el delito sea leve. b) Que el condenado sea español o resida en España. c) Que exista tratado bilateral. d) Que la pena sea inferior a cinco años.

36. La ejecución penal puede transformarse en supuestos de: a) Absolución. b) Conversión, suspensión o sustitución de penas. c) Archivo del procedimiento. d) Nulidad de actuaciones.

37. La conversión de la multa en privación de libertad procede por: a) Falta de firmeza. b) Insolvencia. c) Recurso pendiente. d) Voluntad del penado.

38. La ejecución penal recae exclusivamente sobre resoluciones: a) Administrativas. b) Civiles. c) Penales españolas. d) Europeas.

39. La ejecución de penas europeas en España persigue facilitar: a) La cooperación judicial. b) La reinserción social del condenado. c) La unificación penal. d) La ejecución inmediata.

40. La finalidad última del sistema de ejecución penal es: a) El castigo ejemplar. b) La seguridad jurídica. c) La reinserción y control judicial del cumplimiento. d) La satisfacción de la víctima.