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procesal penal test 1

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Título del Test:
procesal penal test 1

Descripción:
procesal penal 1

Fecha de Creación: 2026/05/25

Categoría: Otros

Número Preguntas: 25

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Indique cual es la afirmación correcta: “El proceso penal…”: …es aquél proceso tramitado ante una autoridad judicial, que tiene por objeto el enjuiciamiento de determinadas acciones, a los efectos de determinar si son o no constitutivas de delito o delito leve (tras la L.O. 1/2015 de reforma del Código Penal), procediendo a la condena o absolución de los acusados en un juicio oral. …es aquél proceso tramitado ante una autoridad judicial, que tiene por objeto el enjuiciamiento de determinadas acciones u omisiones, a los efectos de determinar si son o no constitutivas de delito o delito leve (tras la L.O. 1/2015 de reforma del Código Penal), procediendo únicamente a la condena de los acusados en un juicio oral. …es aquél proceso tramitado ante una autoridad judicial, que tiene por objeto el enjuiciamiento de determinadas acciones u omisiones, a los efectos de determinar si son o no constitutivas de delito o delito leve (tras la L.O. 1/2015 de reforma del Código Penal), procediendo a la condena o absolución de los acusados en un juicio oral. Todas las respuestas anteriores son correctas.

El Procedimiento Abreviado: Es el competente para la instrucción y enjuiciamiento de los delitos que superen los nueve años. Se aplica al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera -otras penas de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración. Se aplica a la instrucción y al enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años o con cualquiera otra pena, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años. Procedimiento por delitos cometidos por medio de la imprenta, el grabado u otro medio mecánico de publicación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte. También conocerá la jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho con la concurrencia de determinados requisitos. La a y la b son incorrectas. La a y la b son correctas.

El procedimiento para la ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega y de los procedimientos judiciales de extradición pasiva, sea cual fuere el lugar de residencia o en que hubiese tenido lugar la detención del afectado por el procedimiento compete a: La Audiencia Nacional. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Los Juzgados de Instrucción. La Audiencia Provincial.

Los Juzgados Centrales de lo Penal: Son los competentes para celebrar juicios respecto de los procedimientos que han sido instruidos (tramitados) por los Juzgados Centrales de Instrucción cuya competencia corresponda a estos. Corresponde asimismo a los Juzgados Centrales de lo Penal la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito grave o menos grave por los Juzgados Centrales de Instrucción. Las respuestas a y b son incorrectas. Las respuestas a y b son correctas.

Cual de los siguientes principios corresponden a los límites TERRITORIALES de la jurisdicción penal: Principio de Territorialidad. Principio de Nacionalidad. Principio real o de protección de bienes. Las tres respuestas anteriores son correctas.

La competencia penal es indisponible, por lo que: No pueden suscribirse pactos entre las partes que modifiquen las reglas de competencia. Cabe la posibilidad de suscribir pactos entre las partes que modifiquen las reglas de competencia siempre a petición del Ministerio Fiscal. La falta de competencia se puede poner de manifiesto solo a instancia de parte mediante inhibitoria y declinatoria. La falta de competencia se puede poner de manifiesto solo de oficio.

Si el hecho se puede entender cometido en varios lugares, ¿Cuál de las siguientes son las teorías formuladas al efecto?: Opción A Teoría de la acción, teoría del hecho y teoría de la responsabilidad. Teoría del autor, teoría del cómplice y teoría del encubridor. Teoría del resultado, teoría de la actividad y teoría de la ubicuidad. Teoría de la jurisdicción, teoría sustantiva y teoría normativa.

Los denominados “Fueros subsidiarios”: Son sólo aplicables cuando no se conozca el lugar de comisión del hecho (cuando se conozca, las actuaciones, en el estado en el que se encuentren, se remitirán al órgano del lugar de comisión). Están previstos en el art. 15 LECrim y son, a su vez, subsidiarios unos de otros, pues presuponen una cercanía decreciente al delito y, con ello, una dificultad cada vez mayor para la investigación. Serían, por orden, el lugar en el que se hayan descubierto pruebas materiales del delito, en el que el imputado sea detenido, el de la residencia del imputado o cualquier lugar en el que se hubiese tenido noticia del delito. Las tres respuestas anteriores son correctas.

El Ministerio Fiscal: Es una parte necesaria en los juicios que se celebran únicamente por delitos públicos o semipúblicos, perseguidos de oficio por las autoridades y en los que no haya existido denuncia del ofendido. Es una parte necesaria en los juicios que se celebran por delitos públicos o semipúblicos, perseguidos persiguen de oficio por las autoridades, en los que haya existido denuncia del ofendido, no siendo necesaria su intervención en los delitos privados, sólo los perseguibles a instancia de parte. Es una parte voluntaria en los juicios que se celebran por delitos públicos o semipúblicos, perseguidos persiguen de oficio por las autoridades, en los que haya existido denuncia del ofendido, siendo necesaria su intervención en los delitos privados, sólo los perseguibles a instancia de parte. Las tres respuestas anteriores son incorrectas.

Cual de las siguientes respuestas es la correcta: El acusador popular debe comparecer en la causa por medio de abogado y con procurador con poder especial, sin que en estos casos quepa su nombramiento de oficio, interponer formalmente una querella y prestar la fianza que el Juez determine para asegurar el cumplimiento de las posibles responsabilidades derivadas del pleito. Acusador particular es la persona, distinta al Ministerio Fiscal, que ejercita la acción civil como parte acusadora ante los hechos que revisten los caracteres de delito. Dentro de la figura del acusador particular se incluye tanto al acusador particular en sentido estricto, como a la acusación popular, ejercida únicamente por el ciudadano perjudicado directamente por el delito. El acusador popular debe comparecer en la causa únicamente por medio de abogado con poder especial, si bien cabe su nombramiento de oficio, interponer formalmente una querella y prestar la fianza que el Juez determine para asegurar el cumplimiento de las posibles responsabilidades derivadas del pleito.

Cual de las siguientes respuestas es la correcta con respecto a la figura procesal del denominado “Responsable Civil”: Es la persona frente a la cual se dirige la acción o reclamación civil dentro del proceso penal, esto es, a quien se le reclama la reparación del daño o indemnización por los perjuicios derivados del delito. En caso de ser dos o más los responsables del delito, el juez establecerá la cuota de responsabilidad civil de cada uno de ellos, respondiendo cada uno de ellos en su proporción por sus cuotas e igualmente respecto a las cuotas de los demás responsables. Las entidades aseguradoras responden de forma indirecta frente a los asegurados por los hechos punibles que éstos cometan. El responsable civil no podrá intervenir activamente en el procedimiento ni podrá aportar las pruebas que considere oportunas en defensa de sus intereses.

Cual de los siguientes son principios que inspiran el Estatuto Jurídico de la Víctima (Ley 4/2015 de 27 de abril): Se trata de una norma con vocación integral, no limitada a regular los derechos de la víctima en el seno de un procedimiento penal, sino que trata de ofrecer un estatuto de la víctima tanto desde el punto de vista procesal como extraprocesal. Se parte de un concepto amplio de víctima, ya que se dispone que la norma se aplica tanto a víctimas directas como a las víctimas indirectas. Desde el punto de vista orgánico-administrativo, se establece la creación de una Oficina de Asistencia a las Víctimas, cuya organización competerá al Gobierno o a las Comunidades Autónomas que hayan asumido las competencias en materia de Justicia. Las tres respuestas anteriores son correctas.

En el proceso penal: La acumulación por conexión se realizará en todos los casos. La instrucción conjunta de varios delitos sólo tendrá sentido en la generalidad y a petición del fiscal que asegurará la unificación de criterios. Con esta medida se evitará el colapso de los juzgados por asuntos inabarcables. La acumulación por conexión se realizará en casos tasados. Fuera de ellos, la instrucción conjunta de varios delitos sólo tendrá sentido en situaciones excepcionales y a petición del fiscal que asegurará la unificación de criterios. Con esta medida se evitará el colapso de los juzgados por asuntos inabarcables. La acumulación por conexión se realizará en casos tasados. Fuera de ellos, la instrucción conjunta de varios delitos sólo tendrá sentido en situaciones excepcionales y a petición de las defensas para asegurar la unificación de criterios. Con esta medida se evitará el colapso de los juzgados por asuntos inabarcables. La acumulación por conexión se realizará en casos tasados. Fuera de ellos, la instrucción conjunta de varios delitos sólo tendrá sentido en todas las situaciones y a petición de todas las acusaciones, que asegurarán la unificación de criterios. Con esta medida se evitará el colapso de los juzgados por asuntos inabarcables.

Con respecto a la denominada “Acción Civil ex Delicto”: La acción penal se extingue por renuncia de persona ofendida y la víctima podrá hacer la reserva o renuncia de acciones civiles. Dicha renuncia podrá ser tácita y vinculará al Ministerio Fiscal, quién en caso de renuncia, deberá apartarse de la acción civil. La acción penal no se extingue por renuncia de persona ofendida y la víctima no podrá hacer la reserva o renuncia de acciones civiles. Dicha renuncia deberá ser expresa, y no vinculará al Ministerio Fiscal, quién en caso de renuncia, deberá apartarse de la acción civil. La acción penal no se extingue por renuncia de persona ofendida y la víctima podrá hacer la reserva o renuncia de acciones civiles. Dicha renuncia deberá ser expresa, y vinculará al Ministerio Fiscal, quién en caso de renuncia, deberá apartarse de la acción civil. La acción penal se extingue por renuncia de persona ofendida y la víctima no podrá hacer la reserva o renuncia de acciones civiles. Dicha renuncia deberá ser tácita, y no vinculará al Ministerio Fiscal, quién en caso de renuncia, no podrá apartarse de la acción civil.

En relación a la “Acción civil ex delicto” y a la responsabilidad civil del encausado: La victima puede llegar a un acuerdo con el agresor cuanto a responsabilidad penal, pero no en el ámbito civil. La victima puede llegar a un acuerdo con el agresor cuanto a responsabilidad civil, pero no en el ámbito penal. La víctima no puede llegar a un acuerdo con el agresor ni en cuanto a la responsabilidad civil ni en el ámbito penal. La víctima puede llegar a un acuerdo con el agresor tanto en la responsabilidad civil como en el ámbito penal.

En la entrada y registro en lugar cerrado, como medida limitadora de derechos fundamentales: Es preciso, como exige el artículo 18 CE, resolución judicial por la que se limita el derecho a la inviolabilidad del domicilio para la obtención de intereses constitucionalmente protegidos. Será necesario que existan indicios racionales de responsabilidad criminal aportados por la acusación. Debe estar sometida al principio de proporcionalidad, de tal forma que el Auto que lo autorice sea motivado mediante el correspondiente juicio de necesidad. Las tres respuestas anteriores son correctas.

Con respecto a la entrada y registro en los domicilios de particulares, ¿cuál de los siguientes es un supuesto contemplado por la ley?: Cuando hubiere indicios de encontrarse el procesado o instrumentos del delito o libros papeles u otros objetos que puedan servir para su descubrimiento y comprobación. Puede tener lugar únicamente de día y en este caso siempre con carácter de urgencia, en domicilio de cualquier español o extranjero residente en España. Nuestra norma no contempla casos justificables para la entrada en domicilios particulares, por tratarse de cuestiones que atentan a los derechos fundamentales. Las tres respuestas anteriores son incorrectas.

¿Cuál de los siguientes es un requisito para la intervención de las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas?: La resolución no deberá ser motivada. Habrá de revestir la forma de Auto, en el que habrá de precisarse el objeto de la intervención. Podrá acordarse en el curso de una investigación penal y fuera de ella. No será necesaria justificación de la misma hasta pasadas 48 hs. del Auto que las promueve.

En el denominado “periculum in mora” y para la adopción de medidas de carácter personal, estas se pueden adoptar: Por la sospecha de que el inculpado desaparezca e impida el desarrollo del juicio y con ello la efectividad de la sentencia. Tras la reforma operada por la LO 13/2003, de 24 de octubre, también puede estar constituido, en lo concerniente a la prisión provisional, por la posible ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba. Las respuestas a y b son correctas. Las respuestas a y b son incorrectas.

En cual de los casos siguientes la Autoridad o agente de Policía Judicial tiene la obligación de detener: Al que no haya sido procesado todavía, si la Autoridad tiene motivos para creer que ha participado en la comisión de un hecho que presenta las características de delito. Al que ya haya sido procesado por delito castigado con una pena superior a prisión. Al que se le haya señalado pena inferior a prisión, cuando por los antecedentes de la persona o por las circunstancias del hecho se considere que no va a comparecer cuando sea citado por la Autoridad Judicial. Las tres respuestas anteriores son correctas.

En caso de detención preventiva, ésta no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para aclarar los hechos…: En cualquier caso, en el plazo máximo de 72 horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la Autoridad Judicial. En cualquier caso, en el plazo máximo de 48 horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la Autoridad Judicial. Por plazo ilimitado siempre y cuando tenga constancia la Autoridad Judicial. Las tres respuestas anteriores son incorrectas.

La Prisión Provisional: Únicamente se puede adoptar durante el desarrollo de un proceso penal. Una vez que el detenido es puesto a disposición del Juez o Tribunal, únicamente se podrá ordenar su prisión provisional a solicitud del Ministerio Fiscal. Una vez que el detenido es puesto a disposición del Juez o Tribunal, únicamente se podrá ordenar su prisión provisional a solicitud de la acusación particular. Las tres respuestas anteriores son incorrectas.

La prisión atenuada: Es la situación más habitual y en ella el preso tiene derecho a ser visitado y a comunicarse por correspondencia, entre otros medios. Se establece en aquellos casos en los que el internamiento puede conllevar un empeoramiento del estado de salud del preso y equivale al arresto domiciliario. Conlleva la limitación de ciertos derechos como el de informar de la detención y del lugar en el que se encuentra custodiado, las visitas, la comunicación telefónica, por escrito o por otros medios, la libre designación de abogado. Sólo puede durar el tiempo estrictamente necesario, y como regla general, un máximo de 5 días, aunque se prevén por ley algunas excepciones.

La fianza, como medida cautelar real, se cancelará en los siguientes casos: El procesado ingrese en prisión. Se dicte sentencia absolviendo al inculpado. Si la sentencia es condenatoria, cuando el procesado se presente para cumplir la condena. Por muerte del procesado estando pendiente la causa. Las tres respuestas anteriores son correctas.

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