Promoción C1 (2026)

Según el artículo 3 de la LOSU la autonomía de las universidades comprende y requiere: La transferencia e intercambio del conocimiento al conjunto de la sociedad a través de la actividad universitaria. La transferencia de la cultura al conjunto de la sociedad a través de la formación permanente. La definición, estructuración y desarrollo de políticas propias que contribuyan a la internacionalización de la Universidad. Ninguna de las respuestas es correcta.

Las agencias de evaluación mencionadas en el artículo 5.4 LOSU deberán contar con un plan de igualdad relativo a su organización en caso de: Contar con más de 50 personas trabajadoras. Contar con más de 100 personas trabajadoras. Contar con más de 150 personas trabajadoras. Contar con más de 250 personas trabajadoras.

En relación con la función docente definida en el artículo 6 LOSU: La docencia es un deber y no un derecho del personal docente e investigador. La docencia es un derecho y no un deber del personal docente e investigador. La docencia es un derecho y un deber del personal docente e investigador. Ninguna es correcta.

Según el artículo 7 LOSU: Tanto los títulos universitarios de carácter oficial como los títulos propios de cada universidad deberán inscribirse en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). Los títulos universitarios de carácter oficial deberán inscribirse en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). Podrán inscribirse en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) otros títulos no oficiales a efectos informativos. Son correctas las respuestas b) y c).

Regular las condiciones de homologación de títulos oficiales extranjeros de educación superior con títulos universitarios oficiales españoles, corresponde, según el artículo 10 LOSU, a: Al Consejo de Gobierno de la respectiva universidad, previo informe del Consejo de Universidades. Al Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades. Al Gobierno, previo informe del Consejo de Gobierno de la respectiva universidad. Al Consejo de Universidades previo informe de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de la agencia de evaluación de la Comunidad Autónoma que corresponda, siempre que conste inscrita en el Registro Europeo de Agencias de Calidad (EQAR).

En relación con la investigación definida en el artículo 11 LOSU: La investigación es un deber y no un derecho del personal docente e investigador. La investigación es un derecho y no un deber del personal docente e investigador. La investigación es un derecho y un deber del personal docente e investigador. Ninguna es correcta.

Según el artículo 12 LOSU: El conocimiento científico tendrá la consideración de patrimonio universal. El conocimiento científico tendrá la consideración de un bien cultural universal. El conocimiento científico tendrá la consideración de “Ciencia Abierta”. El conocimiento científico tendrá la consideración de un bien común.

En relación al desarrollo de proyectos para la investigación, creación y transferencia e intercambio de conocimiento del artículo 13 LOSU: La composición de las comisiones de evaluación y selección de todas estas convocatorias y proyectos se ajustará al principio de composición equilibrada entre hombres y mujeres, y se podrán incluir mecanismos para evitar los sesgos de género. La composición de las comisiones de evaluación y selección de todas estas convocatorias y proyectos se ajustará al principio de composición equilibrada entre hombres y mujeres, y se incluirán mecanismos para evitar los sesgos de género. La composición de las comisiones de evaluación y selección de todas estas convocatorias y proyectos se ajustará al principio de composición equilibrada entre hombres y mujeres, y se incluirán mecanismos para evitar la perspectiva de género. La composición de las comisiones de evaluación y selección de todas estas convocatorias y proyectos se ajustará al principio de composición equilibrada entre hombres y mujeres, y, en la medida de lo posible, se incluirán mecanismos para evitar los sesgos de género.

La Conferencia General de Política Universitaria, sin perjuicio de las funciones atribuidas a los órganos de coordinación universitaria de las Comunidades Autónomas: Es el órgano de cooperación y coordinación de la política universitaria entre las distintas Administraciones Públicas, al que corresponde, entre otras funciones, planificar, informar, consultar y asesorar sobre la programación general y plurianual de la educación universitaria e informar las disposiciones legales y reglamentarias que afecten al conjunto del sistema universitario. Es el órgano de coordinación académica del sistema universitario español, así como de cooperación, consulta y propuesta en materia universitaria, al que corresponde, entre otras funciones, servir de espacio para la colaboración, la cooperación y la coordinación en el ámbito académico entre las universidades e informar las disposiciones legales y reglamentarias que afecten al conjunto del sistema universitario. Es el órgano de participación, deliberación y consulta del estudiantado universitario ante el Ministerio de Universidades al que corresponde, entre otras funciones, informar los criterios de las propuestas del Gobierno en materia de estudiantes universitarios y en aquellas materias para las cuales le sea requerido informe y elevar propuestas al Gobierno en materias relacionadas con la competencia de éste. Ninguna es correcta.

El Consejo de Universidades: Es el órgano de cooperación y coordinación de la política universitaria entre las distintas Administraciones Públicas, al que corresponde, entre otras funciones, planificar, informar, consultar y asesorar sobre la programación general y plurianual de la educación universitaria e informar las disposiciones legales y reglamentarias que afecten al conjunto del sistema universitario. Es el órgano de coordinación académica del sistema universitario español, así como de cooperación, consulta y propuesta en materia universitaria, al que corresponde, entre otras funciones, servir de espacio para la colaboración, la cooperación y la coordinación en el ámbito académico entre las universidades e informar las disposiciones legales y reglamentarias que afecten al conjunto del sistema universitario. Es el órgano de participación, deliberación y consulta del estudiantado universitario ante el Ministerio de Universidades al que corresponde, entre otras funciones, informar los criterios de las propuestas del Gobierno en materia de estudiantes universitarios y en aquellas materias para las cuales le sea requerido informe y elevar propuestas al Gobierno en materias relacionadas con la competencia de éste. Ninguna es correcta.

El Consejo de Estudiantes Universitario del Estado: Es el órgano de cooperación y coordinación de la política universitaria entre las distintas Administraciones Públicas, al que corresponde, entre otras funciones, planificar, informar, consultar y asesorar sobre la programación general y plurianual de la educación universitaria e informar las disposiciones legales y reglamentarias que afecten al conjunto del sistema universitario. Es el órgano de coordinación académica del sistema universitario español, así como de cooperación, consulta y propuesta en materia universitaria, al que corresponde, entre otras funciones, servir de espacio para la colaboración, la cooperación y la coordinación en el ámbito académico entre las universidades e informar las disposiciones legales y reglamentarias que afecten al conjunto del sistema universitario. Es el órgano de participación, deliberación y consulta del estudiantado universitario ante el Ministerio de Universidades al que corresponde, entre otras funciones, informar los criterios de las propuestas del Gobierno en materia de estudiantes universitarios y en aquellas materias para las cuales le sea requerido informe y elevar propuestas al Gobierno en materias relacionadas con la competencia de éste. Ninguna es correcta.

En relación con la movilidad internación de la comunidad universitaria prevista en el artículo 27 LOSU: El Gobierno promoverá programas de movilidad e intercambio del estudiantado, del personal docente e investigador y del personal técnico, de gestión y de administración y servicios, asegurando la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Las Comunidades Autónomas promoverán programas de movilidad e intercambio del estudiantado, del personal docente e investigador y del personal técnico, de gestión y de administración y servicios, asegurando la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Las propias universidades promoverán programas de movilidad e intercambio del estudiantado, del personal docente e investigador y del personal técnico, de gestión y de administración y servicios, asegurando la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Todas son correctas.

La propuesta de creación y supresión de los centros en el extranjero corresponderá, según el artículo 29 LOSU: Al Consejo de Gobierno de la universidad y se aprobará por la Comunidad Autónoma competente, previo informe favorable de los Ministerios de Universidades y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. A la Comunidad Autónoma competente, previo informe favorable de los Ministerios de Universidades y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. A la Comunidad Autónoma competente, previo informe favorable de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Universidades. Al Ministerio de Universidades, previo informe favorable de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Universidades.

Establecer las normas básicas para el acceso del estudiantado a las enseñanzas universitarias oficiales, siempre con respeto de los principios de igualdad, mérito y capacidad y, en todo caso, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como con el resto de normas de carácter básico que le sean de aplicación, corresponde a: A la Comunidad Autónoma competente, previo informe favorable de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Universidades. A la Comunidad Autónoma competente, previo informe favorable del Consejo de Universidades y del Consejo de Estudiantes Universitario. Al Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Estudiantes Universitario. Al Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Universidades.

Según el artículo 33 LOSU, el estudiantado tendrá los siguientes derechos, sin perjuicio de aquellos reconocidos por el estatuto del estudiante universitario aprobado por el Gobierno (señale la incorrecta): A las tutorías y al asesoramiento, a la orientación psicopedagógica y al cuidado de la salud mental y emocional, en los términos dispuestos por la normativa universitaria. A la seguridad de los medios digitales y a la garantía de los derechos fundamentales en Internet. Al paro académico, respetando el derecho a la educación del estudiantado. Las universidades desarrollarán las condiciones para el ejercicio de dicho derecho y el procedimiento de declaración del paro académico, que será efectuada por el órgano de representación del estudiantado. El paro académico podrá ser total o parcial. Participar de forma activa y responsable en las actividades docentes y en las demás actividades universitarias.

Las universidades garantizarán al estudiantado que en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes no será discriminado por razón de: Edad. Enfermedad. Apariencia. Todas son correctas.

Para elaborar el informe de legalidad requerido para la aprobación de los Estatutos de una universidad, la Comunidad autónoma dispondrá de un plazo de: 1 mes. 3 meses. 4 meses. 6 meses.

De acuerdo con el artículo 38 LOSU, una vez aprobados, los Estatutos se publicarán, como norma general: En el Boletín Oficial del Estado. En el Boletín Oficial del Estado y, de forma opcional, en el diario oficial de la Comunidad Autónoma. En el diario oficial de la Comunidad Autónoma y en el Boletín Oficial del Estado. En el diario oficial de la Comunidad Autónoma o en el Boletín Oficial del Estado.

Como caso especial, en el caso de tratarse de universidades de especiales características de las previstas en el artículo 4.1.b) LOSU, una vez aprobados los Estatutos se publicarán: Únicamente en el Boletín Oficial del Estado. Únicamente en el diario oficial de la Comunidad Autónoma en la que la universidad haya establecido su sede. En el diario oficial de la Comunidad Autónoma y en el Boletín Oficial del Estado. Ninguna es correcta, la LOSU no habla en ningún momento de “universidades de especiales características”, sino de universidades privadas.

Entre las funciones fundamentales del Claustro que se detallan en el artículo 45 LOSU no está: Elaborar y aprobar los Estatutos de la universidad y, en su caso, modificarlos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.1, así como el reglamento general de centros y estructuras, y otras normas. Debatir y realizar propuestas de política universitaria para que sean elevadas al Equipo de Gobierno. Cuando estas propuestas puedan tener un carácter normativo se elevarán al Consejo de Gobierno. Elaborar y modificar su reglamento de funcionamiento. Fijar las directrices fundamentales y los procedimientos de aplicación de todas las políticas de la universidad.

Entre las funciones del Consejo de Gobierno de las universidades que se detallan en el artículo 46 LOSU no está: Proponer al Consejo Social para su aprobación el Plan Plurianual de Financiación. Aprobar la oferta y la programación docente de la universidad. Velar por el cumplimiento de los principios éticos y de integridad académica, así como de las directrices antifraude, que deben guiar la función docente y la investigación, en colaboración con los organismos y planes de los que, para estos efectos, disponga cada universidad. Definir y aprobar planes de captación, estabilización y promoción del personal docente e investigador.

Entre las funciones del Consejo Social de las universidades que se detallan en el artículo 47 LOSU no está: Promover la captación de recursos económicos destinados a la financiación de la universidad, procedentes de los diversos ámbitos sociales, empresariales e institucionales locales, nacionales e internacionales. Analizar y valorar el rendimiento de las actividades académicas y proponer acciones de mejora. Analizar y debatir otras temáticas de especial trascendencia. Aprobar las asignaciones de los complementos retributivos.

El Consejo Social de cada universidad debe elaborar, aprobar y evaluar un plan de actuaciones dirigido prioritariamente a fomentar las interrelaciones y cooperación entre la universidad, sus antiguos alumnos y su entorno cultural, profesional, científico, empresarial, social y territorial, así como su desarrollo institucional que será: Un plan anual. Un plan bianual. Un plan trienal. Con la periodicidad que determinen los Estatutos.

Entre las funciones del Consejo de Estudiantes de las universidades que se detallan en el artículo 48 LOSU no está: Informar sobre las normas que regulen el progreso y la permanencia del estudiantado en la universidad. Velar por el cumplimiento y el respeto de sus derechos y deberes. Realizar propuestas a los órganos de gobierno en materias relacionadas con sus competencias para su inclusión en el orden del día. Fomentar el asociacionismo estudiantil y la participación del estudiantado en la vida universitaria.

Según el artículo 56 LOSU, la “Financiación estructural basal”: Deberá ser suficiente para la prestación de un servicio público y de calidad y para cubrir las necesidades plurianuales de gastos de personal, incluyendo los gastos de los planes plurianuales de estabilización de las plantillas, gastos corrientes en bienes y servicios y de inversiones reales, la investigación estructural y las inversiones para garantizar la sostenibilidad medioambiental de las universidades. Se establecerá para determinadas universidades en función de necesidades singulares como la insularidad, la dispersión territorial y presencia en el medio rural de sus centros universitarios, el nivel de especialización de las titulaciones impartidas, la pluralidad lingüística de los programas, incluyendo la promoción de las lenguas oficiales propias de las Comunidades Autónomas, la existencia de infraestructuras singulares, de patrimonio cultural o artístico o el tamaño de las instituciones. Asimismo, de común acuerdo entre las universidades y las Comunidades Autónomas se podrán fijar otras funciones singulares que requieran una financiación específica. Se establecerá en función del cumplimiento de objetivos estratégicos que se hayan fijado en la programación plurianual y que estarán vinculados, entre otros, a la mejora de la docencia, la investigación, incluyendo los programas de Ciencia Abierta y Ciencia Ciudadana, la transferencia e intercambio del conocimiento, la innovación, la formación a lo largo de la vida, la internacionalización, la cooperación interuniversitaria y la participación en proyectos y redes, la tasa de inserción laboral, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la diversidad y la accesibilidad universal. Todas son correctas.

Según el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la misma tiene por objeto: Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones. Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución. Las respuestas a) y b) son correctas. Exclusivamente desarrollar el derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679.

La Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, no será de aplicación supletoria a: Los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas. Los tratamientos realizados al amparo de la legislación orgánica del régimen electoral general. Los tratamientos realizados en el ámbito de instituciones penitenciarias. Los tratamientos derivados del Registro Civil, los Registros de la Propiedad y Mercantiles.

En relación con los datos de personas fallecidas, la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, señale la respuesta correcta: Solo los herederos de la persona fallecida podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su rectificación o supresión. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares no podrán acceder a los datos del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando así lo establezca una norma reglamentaria. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus herederos podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su rectificación o supresión. Las personas o instituciones a las que el fallecido hubiese designado de forma expresa o tácita, podrán solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los datos.

En relación a la exactitud de los datos, según el artículo 4 de la Ley 3/2018, Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, señale la respuesta correcta: Será imputable al responsable del tratamiento la inexactitud de los datos personales, con respecto a los fines para los que se tratan. La inexactitud de los datos personales no será imputable al responsable del tratamiento, siempre que este haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos inexactos hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado. La inexactitud de los datos personales no será imputable al responsable del tratamiento, siempre que este haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos inexactos fuesen obtenidos de un registro público por el responsable. Las respuestas b) y c) son correctas.

En relación con el deber de confidencialidad establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, ¿Qué afirmación no es correcta?. Los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este, estarán sujetas al deber de confidencialidad. La obligación del deber de confidencialidad será complementaria de los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable. La obligación del deber de confidencialidad se mantendrá aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. La obligación del deber de confidencialidad finalizará una vez haya finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.

Se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca: Por la que este acepta, necesariamente mediante una declaración, el tratamiento de datos personales que le conciernen. Por la que este acepta el tratamiento de datos personales que le concierne, mediante cualquier acto, sea expreso o tácito, que implique voluntad afirmativa. Por la que este acepta, mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. Por la que este acepta el tratamiento de datos personales que le concierne, mediante cualquier acto que implique voluntad afirmativa incluido el consentimiento tácito.

Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga: Para todas ellas. Por un periodo de tiempo limitado. De manera irrevocable. Debido a un interés público.