Quienes desarrollen la actividad de investigación: podrán recabar las informaciones precisas para el cumplimiento de sus funciones realizar inspecciones requerir la exhibición o el envío de los documentos y datos necesarios todas son correctas.
Cuando fuese necesario el acceso por el personal que desarrolla la actividad de investigación al domicilio constitucionalmente protegido del inspeccionado, será preciso: contar con su consentimiento haber obtenido la correspondiente autorización judicial contar con su consentimiento o haber obtenido la correspondiente autorización judicial contar con su consentimiento y haber obtenido la correspondiente autorización judicial.
Cuando se trate de órganos judiciales u oficinas judiciales el ejercicio de las facultades de inspección se efectuará a través y por mediación de: el Consejo General del Poder Judicial la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos el Ministerio de Hacienda el Secretario de la Agencia Española de Protección de Datos.
Podrá acordar la realización de planes de auditoría preventiva, referidos a los tratamientos de un sector concreto de actividad: el Consejo General del Poder Judicial la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos el Ministerio de Hacienda el Secretario de la Agencia Española de Protección de Datos.
A resultas de los planes de auditoría, la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos podrá dictar para un concreto responsable o encargado de los tratamientos precisas para asegurar la plena adaptación del sector o responsable al Reglamento (UE) 2016/679 y a la presente ley orgánica: únicamente directrices generales únicamente directrices específicas directrices generales o específicas ninguna es correcta.
Las directrices que pueda dictar la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos: serán de obligado cumplimiento para el sector o responsable al que se refiera el plan de auditoría serán de obligado cumplimiento para el sector o responsable al que se refiera el plan de auditoría cuando así lo indiquen las propias directrices serán de cumplimiento voluntario para el sector o responsable al que se refiera el plan de auditoría ninguna es correcta.
La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos podrá dictar disposiciones que fijen los criterios a que responderá la actuación de esta autoridad en la aplicación de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica, que se denominarán: Órdenes de la Agencia Española de Protección de Datos Circulares de la Agencia Española de Protección de Datos Decretos de la Agencia Española de Protección de Datos Disposiciones de la Agencia Española de Protección de Datos.
Las circulares de la Agencia Española de Protección de Datos serán obligatorias desde el momento en que se dicten serán obligatorias una vez publicadas en el Boletín Oficial del Estado serán voluntarias en todo caso solo serán obligatorias si así lo indican las mismas.
La titularidad y el ejercicio de las funciones relacionadas con la acción exterior del Estado en materia de protección de datos corresponde a: la Agencia Española de Protección de Datos el Comité Europeo de Protección de Datos el Ministerio de Asuntos Exteriores el Consejo General del Poder Judicial.
Las autoridades autonómicas de protección de datos personales podrán ejercer, las funciones y potestades establecidas en los artículos 57 y 58 del Reglamento (UE) 2016/679, de acuerdo con la normativa autonómica, cuando se refieran a: tratamientos de los que sean responsables las entidades integrantes del sector público de la correspondiente Comunidad Autónoma tratamientos llevados a cabo por personas físicas o jurídicas para el ejercicio de las funciones públicas en materias que sean competencia de la correspondiente Administración Autonómica o Local tratamientos que se encuentren expresamente previstos, en su caso, en los respectivos Estatutos de Autonomía todas son correctas.
La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos para contribuir a la aplicación coherente del Reglamento (UE) 2016/679 y de la presente ley orgánica convocará a las autoridades autonómicas de protección de datos: por iniciativa propia cuando lo solicite otra autoridad por iniciativa propia o cuando lo solicite otra autoridad ninguna es correcta.
Respecto a la cooperación institucional, en todo caso, se celebrarán: reuniones mensuales de cooperación reuniones trimestrales de cooperación reuniones semestrales de cooperación reuniones anuales de cooperación.
La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos podrán solicitar y deberán intercambiarse mutuamente la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones y, en particular, la relativa a: la actividad del Comité Europeo de Protección de Datos la actividad de la jurisdicción contencioso-administrativa la actividad del Adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos la actividad de la Administración General del Estado.
Cuando la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos considere que un tratamiento llevado a cabo en materias que fueran competencia de las autoridades autonómicas de protección de datos vulnera el Reglamento (UE) 2016/679 podrá requerirlas a que adopten, en el plazo de: 10 días, las medidas necesarias para su cesación un mes, las medidas necesarias para su cesación dos meses, las medidas necesarias para su cesación tres meses, las medidas necesarias para su cesación.
Si la autoridad autonómica no atendiere en plazo el requerimiento o las medidas adoptadas no supusiesen la cesación en el tratamiento ilícito, la Agencia Española de Protección de Datos podrá ejercer las acciones que procedan ante: la jurisdicción civil la jurisdicción contencioso-administrativa la jurisdicción procesal la jurisdicción penal.
Todas las comunicaciones entre el Comité Europeo de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos cuando éstas, como autoridades competentes, deban someter su proyecto de decisión al citado comité o le soliciten el examen de un asunto en virtud de lo establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 64 del Reglamento (UE) 2016/679: se practicarán por conducto del Ministerio de Asuntos Exteriores se practicarán por conducto de la Administración General del Estado se practicarán por conducto de la Agencia Española de Protección de Datos se practicarán por conducto del Consejo General del Poder Judicial.
Son plenamente aplicables en Internet los derechos y libertades: consagrados en la Constitución consagrados en los Tratados Internacionales en que España sea parte consagrados en los Convenios Internacionales en que España sea parte todas son correctas.
Los proveedores de servicios de Internet proporcionarán una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos: sociales o económicos técnicos o económicos técnicos o geográficos personales o sociales.
Todos tienen derecho a acceder a Internet independientemente de su condición: personal, social, económica o geográfica civil, social, económica o militar personal, sexual, económica o política física, social, familiar o geográfica.
El sistema educativo garantizará la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con: la dignidad humana los valores constitucionales y los derechos fundamentales el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales todas son correctas.
Los padres, madres, tutores, curadores o representantes legales procurarán que los menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y de los servicios de la sociedad de la información a fin de: garantizar el adecuado desarrollo de su personalidad preservar su dignidad y sus derechos fundamentales a y b son correctas transmitir valores constitucionales y velar por la seguridad e integridad de su persona.
La utilización o difusión de imágenes o información personal de menores en las redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes que puedan implicar una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales determinará la intervención de: el Ministerio Fiscal la Agencia Española de Protección de Datos los jueces los tribunales.
Según el artículo 85 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: todos tienen derecho a la libertad de expresión en Internet todos los mayores de edad tienen derecho a la libertad de expresión en Internet todos los españoles tienen derecho a la libertad de expresión en Internet todos los españoles mayores de edad tienen derecho a la libertad de expresión en Internet.
Adoptarán protocolos adecuados para posibilitar el ejercicio del derecho de rectificación ante los usuarios que difundan contenidos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal y familiar en Internet y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz: los proveedores de servicios de Internet los responsables de redes sociales y servicios equivalentes las Administraciones Públicas la Agencia Española de Protección de Datos y el Comité Europeo de Protección de Datos.
El empleador: podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales facilitados a los trabajadores a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales facilitados a los trabajadores a los solos efectos de garantizar la integridad de dichos dispositivos a y b son correctas no podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales facilitados a los trabajadores en ningún caso.
Los empleadores deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente. En su elaboración: podrán participar los representantes de los trabajadores podrán participar los trabajadores que lo soliciten deberán participar los representantes de los trabajadores no participarán los representantes de los trabajadores.
Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar: fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, salvo su intimidad personal y familiar dentro y fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, salvo su intimidad personal y familiar dentro y fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.
Se definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática en una política interna dirigida a trabajadores: incluidos los que ocupen puestos directivos que será elaborada por el empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores salvo los que ocupen puestos directivos que será elaborada por el empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores salvo los que ocupen puestos directivos que será elaborada por el empleador, sin audiencia de los representantes de los trabajadores incluidos los que ocupen puestos directivos que será elaborada por el empleador, sin audiencia de los representantes de los trabajadores.
Los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores. Los empleadores: no tendrán obligación alguna de informar siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo habrán de informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de esta medida habrán de informar con carácter posterior, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de esta medida habrán de informar con carácter posterior, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores o los empleados públicos y, en ningún caso, a sus representantes, acerca de esta medida.
La instalación de sistemas de grabación de videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los empleados públicos, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos: se admitirá cuando se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo se admitirá siempre que se haya acordado con los representantes de los trabajadores se admitirá siempre que se haya acordado con los trabajadores no se admitirá en ningún caso.
La utilización de sistemas para la grabación de sonidos en el lugar de trabajo se admitirá únicamente cuando resulten relevantes los riesgos para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados de la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo y siempre respetando: el principio de proporcionalidad el de intervención mínima las garantías previstas todas son correctas.
Respecto al tratamiento de datos obtenidos a través de sistemas de geolocalización para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas: los empleadores podrán tratar estos datos, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo los empleados no están autorizados al tratamiento de estos datos los empleadores no tendrán que informar a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de la existencia y características de estos dispositivos no deberán informar a los trabajadores acerca del posible ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión.
Podrán establecer garantías adicionales de los derechos y libertades relacionados con el tratamiento de los datos personales de los trabajadores y la salvaguarda de derechos digitales en el ámbito laboral: los convenios colectivos los acuerdos de la patronal los acuerdos de los sindicatos todas son correctas.
Garantizarán la protección del interés superior del menor y sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la protección de datos personales, en la publicación o difusión de sus datos personales a través de servicios de la sociedad de la información: los centros educativos cualesquiera personas físicas que desarrollen actividades en las que participen menores de edad cualesquiera personas jurídicas que desarrollen actividades en las que participen menores de edad todas son correctas.
Toda persona tiene derecho a que los motores de búsqueda en Internet eliminen de las listas de resultados que se obtuvieran tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre los enlaces publicados que contuvieran información relativa a esa persona cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta: los fines para los que se recogieron o trataron el tiempo transcurrido la naturaleza e interés público de la información todas son correctas.
Los usuarios de servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes tendrán derecho a: recibir y transmitir los contenidos que hubieran facilitado a los prestadores de dichos servicios que los prestadores transmitan los contenidos a otro prestador designado por el usuario, siempre que sea técnicamente posible a y b son correctas a y b son incorrectas.
Respecto al acceso a contenidos gestionados por prestadores de servicios de la sociedad de la información sobre personas fallecidas, podrán dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información al objeto de acceder a dichos contenidos e impartirles las instrucciones que estimen oportunas sobre su utilización, destino o supresión (señala la incorrecta): cualquier persona cuyos intereses puedan resultar afectados por la utilización de dichos contenidos las personas vinculadas al fallecido por razones familiares las personas vinculadas al fallecido por razones de hecho los herederos del fallecido.
Respecto al acceso a contenidos gestionados por prestadores de servicios de la sociedad de la información sobre personas fallecidas, en caso de personas fallecidas menores de edad, estas facultades podrán ejercerse también por sus representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que: actuará siempre de oficio podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física interesada podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona jurídica interesada podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada.
El Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, elaborará un Plan de Acceso a Internet con los siguientes objetivos: superar las brechas digitales y garantizar el acceso a Internet de colectivos vulnerables mediante, entre otras medidas, un bono social de acceso a Internet impulsar la existencia de espacios de conexión de acceso público fomentar medidas educativas que promuevan la formación en competencias y habilidades digitales básicas a personas y colectivos en riesgo de exclusión digital todas son correctas.
El Gobierno presentará un informe anual en el que se dará cuenta de la evolución de los derechos, garantías y mandatos contemplados en el Título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: ante la comisión parlamentaria correspondiente del Congreso de los Diputados ante la comisión parlamentaria correspondiente del Senado ante la Agencia Española de Protección de Datos ante el Comité Europeo de Protección de Datos.
Estarán obligados a proporcionar a la Agencia Española de Protección de Datos los datos, informes, antecedentes y justificantes necesarios para llevar a cabo su actividad de investigación: las Administraciones Públicas, incluidas las tributarias las Administraciones Públicas, incluidas las de la Seguridad Social los particulares todas son correctas.
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