La provincia. Ordenanzas y reglamentos locales

Según el artículo 31.1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), ¿qué característica principal diferencia a la provincia de otros entes territoriales menores como el municipio?. La provincia es un ente local básico que participa en las peculiaridades propias de los municipios. La provincia posee personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. La provincia tiene carácter básico y es necesaria de acuerdo con el artículo 137 de la Constitución Española. La provincia se distingue de las entidades de ámbito territorial inferior porque su jurisdicción se extiende solo a los municipios de su territorio.

De acuerdo con el artículo 137 de la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la existencia de la provincia?. La provincia es un ente de carácter básico, constituyendo el único sujeto intermedio entre el municipio y las Comunidades Autónomas. La provincia no es un ente necesario y puede ser suprimida mediante ley orgánica, conforme a la voluntad del legislador. La provincia tiene una existencia necesaria, constituyendo un sujeto intermedio entre el municipio y las Comunidades Autónomas o el Estado. La provincia es un ente local opcional, cuya existencia depende de la división administrativa establecida por las Comunidades Autónomas.

(Ley Orgánica del Régimen Electoral General - LOREG) Según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), ¿cuántos Diputados provinciales corresponden a una provincia con una población de 750.000 residentes?. 25 Diputados. 27 Diputados. 31 Diputados. 51 Diputados.

(Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril) De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 781/1986, ¿qué órganos básicos componen la organización provincial de las Diputaciones?. El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno. El Presidente, la Comisión de Gobierno, la Junta de Gobierno y el Pleno. El Presidente, la Comisión Informativa, la Junta de Gobierno y el Pleno. El Presidente, los Vicepresidentes, la Comisión de Gobierno y el Pleno.

(LOREG y preceptos provinciales) En relación con la distribución de Diputados provinciales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta según la normativa vigente?. Ningún partido judicial puede contar con más de tres quintos del número de Diputados provinciales. Todos los partidos judiciales deben contar, como mínimo, con un Diputado. El número de Diputados se determina exclusivamente por el número de municipios en la provincia. Las Juntas Electorales Provinciales distribuyen proporcionalmente los Diputados atendiendo al número de residentes y al partido judicial.

(Artículo 137 de la Constitución Española) ¿Cuál es la función principal de la provincia según se deriva del artículo 137 de la Constitución Española y del contexto de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)?. La provincia tiene la función de supervisar las actividades de los municipios y actuar como intermediario exclusivo entre los municipios y el Estado. La provincia tiene la función de coordinar y prestar servicios locales, constituyendo un sujeto intermedio necesario entre el municipio y las Comunidades Autónomas o el Estado. La provincia tiene la función de actuar únicamente como un ente de representación política en las elecciones provinciales. La provincia tiene la función de regular la gestión administrativa de los municipios, asumiendo todas sus competencias locales.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el reparto de Diputados provinciales es correcta según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG)?. El número de Diputados se asigna en función del número de municipios en cada partido judicial, sin considerar la población residente. Las provincias con una población superior a 3.500.000 residentes tienen derecho a 51 Diputados provinciales. Ningún partido judicial puede contar con más de la mitad del total de Diputados provinciales asignados. Las Juntas Electorales Provinciales tienen la facultad de ajustar el número de Diputados por provincia dependiendo de las necesidades económicas.

(Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril) ¿Qué papel juega el Pleno en la organización provincial según el Real Decreto Legislativo 781/1986?. El Pleno tiene funciones exclusivamente consultivas en la gestión de la Diputación Provincial. El Pleno es el órgano encargado de tomar las decisiones finales sobre las competencias del Presidente y la Junta de Gobierno. El Pleno solo tiene la función de aprobar los presupuestos de la Diputación, sin intervención en otras áreas. El Pleno no tiene competencias de control sobre los órganos delegados de la Diputación Provincial.

(Artículo 31.1 LRBRL) ¿Cuál es la relación entre la provincia y el municipio en cuanto a la prestación de servicios estatales según la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)?. La provincia asume todas las competencias de prestación de servicios que no pueden ser gestionadas por los municipios, sin intervención del Estado. La provincia solo presta servicios estatales en municipios que no tienen capacidad administrativa para gestionarlos. La provincia y el municipio colaboran en la prestación de servicios estatales, estando la provincia subordinada a las decisiones municipales. La provincia presta servicios estatales a todos los municipios bajo su jurisdicción, siendo su territorio definido por la división general del territorio nacional.

(Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril) En caso de que la legislación autonómica establezca una organización provincial diferente a la prevista en la LRBRL, ¿qué principio se aplica según el Real Decreto Legislativo 781/1986?. La legislación autonómica siempre tiene prioridad y la organización provincial prevista en la LRBRL queda sin efecto. La legislación autonómica debe ser complementaria a la LRBRL y solo puede modificar aspectos menores de la organización provincial. La nueva organización autonómica se acepta sin perjuicio de las competencias del Pleno de la Diputación Provincial. La organización provincial solo puede ser modificada por ley estatal, no por legislación autonómica.

Según el artículo 36 de la Ley de Bases del Régimen Local (LBRRL), una de las competencias propias de la Diputación es la coordinación de los servicios municipales para garantizar la prestación integral y adecuada de ciertos servicios. ¿Cuáles son los servicios a los que hace referencia esta competencia?. La prestación de servicios de limpieza viaria, alumbrado público y recogida de residuos sólidos en municipios con menos de 20.000 habitantes. Los servicios referidos en el artículo 31.2.a) de la LBRRL, que incluyen seguridad pública, educación, y transporte urbano. La prestación de servicios de secretaría e intervención en municipios con menos de 1.000 habitantes. Los servicios de gestión de la recaudación tributaria y apoyo a la gestión financiera de municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

De acuerdo con el artículo 36 de la LBRRL, ¿en qué supuesto la Diputación o entidad equivalente está obligada a garantizar la prestación de los servicios de secretaría e intervención?. En todos los municipios de la provincia, independientemente de su población. En municipios con una población inferior a 1.000 habitantes. Solo en municipios que tengan dificultades económicas para financiar estos servicios. Únicamente en municipios que no dispongan de personal cualificado para desempeñar estas funciones.

¿Cuál es el rol de la Diputación en relación con la gestión de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su provincia, según lo dispuesto en el texto proporcionado?. La Diputación tiene la obligación de reducir todos los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios, sin excepción. La Diputación solo interviene en la gestión de costes cuando detecta que estos son superiores a los servicios coordinados o prestados por ella. La Diputación debe asumir directamente los servicios cuya gestión no sea eficiente por parte de los municipios. La Diputación no tiene competencias sobre la gestión de costes efectivos de los servicios municipales.

Conforme a lo estipulado en el artículo 116 bis de la LBRRL, ¿qué función de coordinación es atribuida a la Diputación o entidad equivalente?. La coordinación de las funciones de recaudación tributaria en todos los municipios de la provincia. La coordinación en la prestación de servicios de salud pública en municipios de menos de 5.000 habitantes. El ejercicio de funciones de coordinación en los casos previstos específicamente en dicho artículo. La coordinación de todos los servicios de gestión financiera en municipios de menos de 20.000 habitantes.

¿Cuál es la función de la Diputación respecto a la prestación de servicios de administración electrónica y contratación centralizada, según lo establecido en el texto?. La Diputación debe prestar estos servicios en todos los municipios de la provincia sin importar el tamaño de la población. La Diputación solo presta estos servicios en los municipios con menos de 5.000 habitantes. La Diputación tiene la competencia de prestar estos servicios exclusivamente en municipios con población inferior a 20.000 habitantes. La Diputación puede prestar estos servicios en cualquier municipio de su provincia, siempre que lo solicite el Ayuntamiento correspondiente.

¿Cuál es el número máximo de Diputados que puede elegir una provincia con una población de 2.500.000 habitantes según el artículo 33 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG)?. 25 Diputados. 27 Diputados. 31 Diputados. 51 Diputados.

(Artículo 34 de la LRBRL) De acuerdo con el artículo 34 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), ¿cuál de las siguientes atribuciones corresponde exclusivamente al Presidente de la Diputación?. Aprobar los presupuestos de la provincia. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras cuya titularidad o ejercicio corresponda a la Diputación provincial. Nombrar a los Diputados delegados. Aprobar la modificación del reglamento orgánico de la Diputación.

(Artículo 119 del ROFEL) Según el artículo 119 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales (ROFEL), ¿cuál de los siguientes NO se considera un órgano complementario de la Diputación?. Los Diputados delegados. La Junta de Gobierno. La Comisión Especial de Cuentas. Los Consejos sectoriales.

(Artículo 34 de la LRBRL) ¿En qué casos puede el Pleno de la Diputación proceder a la destitución del Presidente según el artículo 34 de la LRBRL?. Por la pérdida de confianza tras la reprobación en una moción de censura. Por decisión directa de la Junta de Gobierno. Por la votación mayoritaria de los Diputados provinciales sin necesidad de justificación. Tras la presentación de una cuestión de confianza vinculada a la aprobación del reglamento orgánico.

(Artículo 33 de la LOREG) Según el artículo 33 de la LOREG, ¿qué condición se debe cumplir para que un partido judicial pueda obtener más de tres quintos del total de Diputados provinciales?. Debe tener más del 50% de la población total de la provincia. No es posible que un partido judicial tenga más de tres quintos del total de Diputados provinciales. Debe presentarse una moción en el Pleno para autorizar esta representación. Debe incluir en su circunscripción a la capital de la provincia.

(Artículo 34 de la LRBRL) ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde al Presidente de la Diputación según el artículo 34 de la LRBRL?. Convocar y presidir las sesiones del Pleno. Aprobar la relación de puestos de trabajo de la Diputación. Fiscalizar la gestión económica de la Diputación. Ordenar la publicación de los acuerdos adoptados por la Diputación.

(Artículo 119 del ROFEL) ¿Cuál es el carácter de los dictámenes emitidos por las Comisiones Informativas según el artículo 119 del ROFEL?. Son preceptivos y vinculantes. Son preceptivos pero no vinculantes. Son opcionales y vinculantes. Son opcionales y no vinculantes.

(Artículo 34 de la LRBRL) ¿Cuál es la mayoría necesaria para constituir la Junta de Gobierno de la Diputación, según el artículo 34 de la LRBRL?. Mayoría simple de sus miembros. Mayoría absoluta de sus miembros. Dos tercios de sus miembros. Todos los miembros deben estar presentes.

Según el artículo 141 de la Constitución Española, la provincia es una entidad local: Con personalidad jurídica plena, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de actividades del Estado, cuyo gobierno y administración autónoma están encomendados a las Diputaciones. Con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de actividades del Estado, cuyo gobierno y administración autónoma están encomendados a las Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. Con personalidad jurídica compartida con el Estado, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de actividades del Estado, cuyo gobierno y administración autónoma están encomendados exclusivamente al Estado. Con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de actividades del Estado, cuyo gobierno y administración autónoma están encomendados a las comunidades autónomas.

Según el artículo 31 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, uno de los fines propios y específicos de la provincia es: Garantizar los principios de igualdad y equidad entre los municipios, promoviendo la autonomía fiscal de cada uno de ellos. Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal y participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado. Promover la centralización de servicios para reducir costes y mejorar la eficiencia, dejando a las comunidades autónomas la supervisión de la prestación de servicios municipales. Coordinar exclusivamente los servicios de infraestructura y obras públicas en los municipios que forman parte de la provincia, excluyendo otras competencias municipales.

De acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, ¿qué órgano de la Diputación Provincial tiene la competencia para aprobar el presupuesto anual y dirigir la administración económica de acuerdo con dicho presupuesto? (Artículo 32 de la LBRL). El Pleno, como órgano máximo de la Diputación Provincial, es el único competente para aprobar el presupuesto anual y dirigir la administración económica. El Presidente de la Diputación Provincial, con la asistencia de la Junta de Gobierno Provincial, es el competente para aprobar el presupuesto y dirigir la administración económica. El Pleno aprueba el presupuesto anual, mientras que el Presidente dirige la administración económica de acuerdo con dicho presupuesto. La Junta de Gobierno Provincial es la encargada de aprobar el presupuesto anual y de dirigir la administración económica de acuerdo con dicho presupuesto, bajo la supervisión del Presidente.

¿Cuál de las siguientes competencias no corresponde al Pleno de la Diputación Provincial según el artículo 33 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local?. La aprobación y modificación de los presupuestos, la disposición de gastos dentro de los límites de su competencia y la aprobación provisional de las cuentas. La dirección, inspección e impulso de los servicios y obras cuya titularidad o ejercicio corresponde a la Diputación Provincial. La organización de la Diputación y la aprobación de las ordenanzas. El planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y demás administraciones públicas.

Según el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, una de las competencias propias de la Diputación Provincial es: La gestión exclusiva de los servicios de educación y sanidad en los municipios de menos de 20.000 habitantes. La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal, como la prevención y extinción de incendios en municipios de menos de 20.000 habitantes, cuando estos no procedan a su prestación. La coordinación de los servicios municipales únicamente en municipios de menos de 5.000 habitantes. La supervisión directa de todos los servicios municipales en los municipios de la provincia, sin excepción.

Según lo establecido en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) en su artículo 41, ¿cuál es la función principal de los Cabildos Insulares en Canarias y los Consejos Insulares en Baleares?. Actuar como órganos representativos de las Diputaciones Provinciales, ejerciendo competencias ejecutivas y legislativas en las islas. Asumir las competencias y funciones de las Diputaciones Provinciales en las islas, con plena capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines, sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía. Ejecutar las decisiones del Parlamento Autonómico, sin asumir competencias de las Diputaciones Provinciales. Fungir como órganos consultivos del Gobierno de la Comunidad Autónoma, sin capacidad ejecutiva en materias propias de la Administración Local.

De acuerdo con la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, ¿cuáles son los órganos principales que forman parte del régimen foral especial de Navarra? (Art. 39 LRBRL). El Parlamento o Cortes de Navarra, el Gobierno de Navarra y la Diputación Provincial de Navarra. Las Juntas Generales de Navarra, el Presidente de la Diputación Foral y el Tribunal Superior de Navarra. El Parlamento o Cortes de Navarra, el Gobierno de Navarra y la Diputación Foral de Navarra. Las Juntas Generales de Navarra, el Gobierno de Navarra y la Diputación Foral de Navarra.

Según lo dispuesto en el artículo 38 de la LRBRL, ¿qué función desempeñan los órganos forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya dentro del marco del Estatuto de Autonomía del País Vasco?. Conservan un régimen común, similar al de las Diputaciones Provinciales en otras Comunidades Autónomas Uniprovinciales, y asumen competencias en materia fiscal y administrativa. Asumen competencias ejecutivas y legislativas, reemplazando completamente a las Diputaciones Provinciales en las funciones relacionadas con la administración autonómica. Mantienen su régimen peculiar en el marco del Estatuto de Autonomía del País Vasco, con funciones que coinciden con las de las Diputaciones Provinciales en sus respectivos territorios. Ejecutan únicamente funciones consultivas en relación con las decisiones tomadas por el Gobierno Vasco, sin capacidad administrativa propia.

¿Qué sucede con la Diputación Provincial en las Comunidades Autónomas Uniprovinciales una vez que se establecen sus respectivos órganos de representación y gobierno, según el artículo 40 de la LRBRL?. La Diputación Provincial se mantiene, pero sus funciones son transferidas al Gobierno Autonómico. La Diputación Provincial queda disuelta de pleno derecho, y sus órganos políticos quedan integrados en la Administración Autonómica. La Diputación Provincial se convierte en un órgano consultivo del Gobierno Autonómico. La Diputación Provincial asume nuevas competencias, pero mantiene su independencia respecto al Gobierno Autonómico.

Según la LRBRL y la Constitución Española, ¿qué carácter adquieren las Comunidades Autónomas Uniprovinciales en términos de representatividad? (Art. 141.2 Constitución Española). Se convierten en Diputaciones Provinciales con carácter ordinario, asumiendo competencias autonómicas y provinciales de manera indistinta. Mantienen su carácter de Diputaciones Provinciales, pero adquieren competencias adicionales en materias autonómicas. Adquieren el carácter de Corporaciones representativas según el artículo 141.2 de la Constitución Española, disolviendo la Diputación Provincial. Se transforman en entidades locales de carácter autónomo, desvinculándose completamente de las competencias provinciales.

Según el artículo 42 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRRL), ¿qué condiciones deben cumplirse para la creación de una comarca en una Comunidad Autónoma?. La iniciativa debe partir de la Comunidad Autónoma, y la comarca debe incluir al menos un tercio de los municipios del territorio autonómico. La iniciativa debe partir de los propios municipios interesados, y al menos las dos quintas partes de los municipios deben representar la mitad del censo electoral del territorio correspondiente. La iniciativa debe partir de los municipios y ser aprobada por el gobierno central, y los municipios involucrados deben representar un cuarto del censo electoral del territorio correspondiente. La creación de la comarca debe ser aprobada por las diputaciones provinciales implicadas y no requiere consulta a los municipios.

Según el artículo 24 bis de la LBRRL, introducido por la Ley 27/2013, ¿qué tipo de entidades de ámbito inferior al municipio carecerán de personalidad jurídica y bajo qué condiciones se pueden crear?. Las comarcas y áreas metropolitanas, y su creación debe basarse en una opción más eficiente para la administración centralizada. Las diputaciones provinciales, y su creación debe estar justificada por criterios de eficiencia en la administración regional. Los núcleos de población separados, y su creación debe basarse en una opción más eficiente para la administración descentralizada, de acuerdo con principios de estabilidad presupuestaria. Los barrios y aldeas, y su creación debe ser aprobada por la comunidad autónoma correspondiente sin necesidad de justificación adicional.

De acuerdo con el artículo 3 de la LBRRL, ¿cuáles son las entidades territoriales básicas reconocidas por la legislación estatal?. Municipios, provincias, islas y comarcas. Municipios, provincias y áreas metropolitanas. Municipios, provincias y las islas en los archipiélagos balear y canario. Municipios, provincias y mancomunidades de municipios.

¿Qué función cumple la Ley de las Comunidades Autónomas en la determinación del ámbito territorial y la organización de las comarcas, según la LBRRL?. Define las competencias exclusivas de las comarcas, limitando la intervención del gobierno central. Establece las normas fiscales aplicables a las comarcas y su estructura económica. Determina el ámbito territorial y la organización interna de las comarcas, así como las competencias que les corresponden, en función de criterios geográficos, económicos y sociales. Garantiza la independencia financiera de las comarcas, regulando su financiación a través de impuestos locales.

De acuerdo con el artículo 42 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la creación de comarcas es correcta?. Las Comunidades Autónomas pueden crear comarcas en su territorio siempre y cuando los municipios interesados representen al menos el 50% del censo electoral del territorio correspondiente. La creación de una comarca debe ser aprobada por la totalidad de los municipios de la comunidad autónoma, independientemente de su tamaño o representación. La creación de comarcas no requiere la solicitud de los municipios, ya que puede ser una decisión unilateral de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma. Las Diputaciones Provinciales deben aprobar la creación de una comarca si esta agrupa municipios de más de una provincia, sin necesidad de informe favorable.

Según el artículo 3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), ¿cuáles de las siguientes entidades territoriales son consideradas "otras entidades locales"?. Municipios, provincias e islas. Áreas metropolitanas, mancomunidades de municipios y entidades territoriales de ámbito inframunicipal. Comarcas, áreas metropolitanas y mancomunidades de municipios. Comarcas, municipios y provincias.

De acuerdo con la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), ¿qué condición debe cumplirse para que una comarca se extienda a municipios de más de una provincia?. La Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma debe aprobarlo por mayoría simple. Las Diputaciones Provinciales implicadas deben emitir un informe favorable. Se requiere la aprobación por referéndum de los ciudadanos de los municipios implicados. La comarca debe ser aprobada por el 75% de los municipios involucrados, independientemente de su censo electoral.

En base al artículo 42 de la LRBRL, ¿cuál de los siguientes aspectos es fundamental para la creación de una comarca por parte de una Comunidad Autónoma?. La iniciativa debe partir exclusivamente de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma. Los municipios interesados deben representar al menos un tercio del censo electoral del territorio correspondiente. Las comarcas pueden ser creadas unilateralmente por el gobierno de la Comunidad Autónoma sin necesidad de consulta a los municipios. La iniciativa para la creación de una comarca puede partir de los municipios interesados, siempre que representen al menos el 50% del censo electoral.

Según el artículo 141.1 de la Constitución Española, mencionado en la LRBRL, ¿qué posibilidad ofrece esta norma respecto a la creación de comarcas?. Se podrán crear comarcas siempre que así lo decida unilateralmente el gobierno autonómico. Las comarcas pueden crearse mediante la agrupación de municipios diferentes de la provincia, respetando siempre los límites provinciales. Las comarcas pueden crearse únicamente en territorios insulares, respetando los límites insulares. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia, sin necesidad de que estos límites sean respetados.

Según el artículo 44 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre las Mancomunidades de Municipios es incorrecta?. Las Mancomunidades de Municipios están formadas por entidades municipales que pueden no pertenecer a la misma provincia, siempre y cuando sus objetivos sean comunes. Las Mancomunidades de Municipios son entidades municipales que, a diferencia de las Comarcas, no tienen un carácter voluntario. Las Mancomunidades de Municipios pueden incluir municipios que no pertenezcan a la misma Comunidad Autónoma, siempre que lo permitan las normativas autonómicas respectivas. Las Mancomunidades de Municipios son asociaciones de municipios creadas para el desarrollo de obras, servicios y otros fines propios, y no es necesario que haya continuidad territorial entre ellos, salvo que sea necesario para los fines de la asociación.

De acuerdo con el artículo 83 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio), ¿quién tiene la competencia para la creación, modificación y supresión del régimen jurídico de las veguerías?. El Gobierno de Cataluña, mediante Decreto del Consejo de Gobierno. El Parlamento de Cataluña, mediante Ley. El Presidente de la Generalitat, mediante Orden Presidencial. Los Consejos de Veguería, mediante acuerdo en sesión extraordinaria.

¿Cuál es la principal función de las Áreas Metropolitanas según lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL)?. Coordinar los servicios de transporte urbano colectivo dentro de la ciudad central. Planificar y coordinar las actuaciones de los municipios integrados en la aglomeración urbana, en particular en lo relativo a obras y servicios públicos. Desarrollar un órgano de gobierno común para la gestión de la seguridad pública en las áreas metropolitanas. Integrar a los municipios de una provincia en un único órgano de administración centralizada.

Según lo establecido en el artículo 141.3 de la Constitución Española, en relación con las Áreas Metropolitanas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?. La Constitución permite la creación de agrupaciones de municipios de diferentes provincias, siempre que haya una ley que lo regule. Las Áreas Metropolitanas deben estar formadas exclusivamente por municipios de la misma provincia. Las Comunidades Autónomas tienen competencia para crear, modificar o suprimir Áreas Metropolitanas, previa audiencia de los Ayuntamientos y Diputaciones afectados. Las Áreas Metropolitanas son necesarias para la planificación conjunta y la coordinación de servicios y obras en aglomeraciones urbanas.

Según el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en materia de Régimen Local, las entidades locales tienen la potestad para aprobar Ordenanzas y Reglamentos, con la condición de que: Estas normas no contengan disposiciones contrarias a las leyes y siempre estén aprobadas por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento. Estas normas no contengan preceptos opuestos a las leyes y estén dentro del ámbito de competencias de las entidades locales. Estas normas contengan preceptos opuestos a las leyes, pero justificados por razones de urgencia. Estas normas estén sometidas a la aprobación previa de la Comunidad Autónoma correspondiente.

De acuerdo con el artículo 21.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿qué tipo de ordenanzas pueden dictarse en situaciones de emergencia?. Ordenanzas generales, aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento con mayoría absoluta. Ordenanzas fiscales, aprobadas por el Alcalde, que entran en vigor inmediatamente. Ordenanzas de necesidad, dictadas directamente por el Alcalde en función de la urgencia de la situación. Ordenanzas urbanísticas, que deben ser ratificadas por el Pleno del Ayuntamiento en la siguiente sesión.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la diferencia entre Ordenanzas y Reglamentos, según el texto proporcionado?. Las Ordenanzas regulan relaciones internas dentro de la administración local, mientras que los Reglamentos se aplican exclusivamente a los administrados. Los Reglamentos tienen un carácter de normativa de autoorganización, mientras que las Ordenanzas tienen un carácter puramente fiscal. Las Ordenanzas se dirigen a regular las relaciones entre las Entidades Locales y los administrados, mientras que los Reglamentos suelen referirse a normas internas o de organización. No existe diferencia significativa entre Ordenanzas y Reglamentos, ya que ambos términos son sinónimos y se utilizan indistintamente en la legislación local.

En relación con la planificación normativa según el artículo 132 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPA), ¿qué característica debe cumplir el Plan Normativo que elaboran anualmente las Entidades Locales?. Debe incluir únicamente las iniciativas regulatorias que se aprobarán en los primeros seis meses del año. Debe ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento antes de finalizar el año y publicarse en el Portal de Transparencia de la Entidad Local. Debe ser aprobado por el Alcalde y ratificado por la Comunidad Autónoma correspondiente. Debe incluir solo las iniciativas que no requieren consulta pública previa.

¿Qué establece el artículo 106.1 de la Constitución Española en relación con el control de la legalidad de los Reglamentos y Ordenanzas locales?. Que dicho control corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional. Que dicho control es ejercido por los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad Autónoma. Que el control es competencia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, sin posibilidad de recurso. Que dicho control debe ser realizado por la Comunidad Autónoma correspondiente antes de la entrada en vigor de las normas.

En el contexto del procedimiento de elaboración de Ordenanzas y Reglamentos locales, ¿qué establece el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPA), sobre la consulta pública previa?. La consulta pública previa es opcional y depende de la decisión del Pleno del Ayuntamiento. La consulta pública previa es obligatoria antes de la elaboración del proyecto normativo, salvo en casos excepcionales. La consulta pública previa solo es necesaria si la norma impone obligaciones fiscales a los ciudadanos. La consulta pública previa debe realizarse después de la aprobación inicial del proyecto por el Pleno.

Conforme al artículo 111 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), ¿cuál es el procedimiento para la entrada en vigor de las ordenanzas fiscales?. Las ordenanzas fiscales entran en vigor inmediatamente después de su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, sin necesidad de publicación. Las ordenanzas fiscales entran en vigor después de ser aprobadas y publicadas en el Boletín Oficial correspondiente, sin necesidad de esperar ningún plazo adicional. Las ordenanzas fiscales entran en vigor una vez aprobadas, publicadas y transcurrido el plazo establecido en el artículo 70.2 LBRL, siempre que se haya recibido la comunicación de la norma por parte del órgano competente de la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas. Las ordenanzas fiscales entran en vigor después de ser aprobadas y publicadas en el Boletín Oficial del Estado, y no requieren comunicación adicional ni cumplimiento de plazos.

De acuerdo con el artículo 133 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común (LPA), ¿en qué momento se debe realizar la consulta previa en el proceso de elaboración de una ordenanza o reglamento?. La consulta previa se realiza después de la elaboración del proyecto, antes de su aprobación inicial por el Pleno. La consulta previa se realiza simultáneamente con el trámite de información pública, permitiendo a los interesados presentar alegaciones. La consulta previa se lleva a cabo antes de la elaboración del proyecto de reglamento, ordenanza o disposición general, y debe incluir la participación de los potenciales destinatarios de la norma. La consulta previa se realiza únicamente si la Entidad Local lo considera necesario, pudiendo ser omitida en casos urgentes o de especial interés público.

¿Qué tipo de actos se incluyen en el proceso de instrucción y aprobación de una ordenanza fiscal conforme a los artículos 49 y 70 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL)?. Informe jurídico del Jefe de la Dependencia, dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, y aprobación inicial por el Pleno, con mayoría simple en todos los casos. Informe jurídico del Jefe de la Dependencia, informe del Interventor, dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, aprobación inicial por el Pleno, e informe final del Secretario de la Corporación. Informe jurídico del Jefe de la Dependencia y del Secretario de la Corporación, informe del Interventor si procede, dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, aprobación inicial por el Pleno y trámite de información pública. Informe del Interventor, dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, aprobación inicial por el Pleno por mayoría absoluta, y aprobación definitiva tras la publicación en el Boletín Oficial.

Según el artículo 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), ¿cuándo entran en vigor los reglamentos locales una vez aprobados?. Inmediatamente después de su aprobación por el Pleno, sin necesidad de publicación. Después de su publicación completa en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y tras haberse transcurrido 15 días desde su inserción íntegra en el mismo. Inmediatamente después de su aprobación y notificación al órgano competente de la Comunidad Autónoma. Una vez aprobados, entran en vigor al día siguiente de su publicación en cualquier medio oficial de la Entidad Local correspondiente.

De acuerdo con el artículo 129.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común (LPA), ¿cuál es uno de los principios fundamentales que debe guiar la elaboración de una normativa local?. La normativa debe basarse en la discrecionalidad administrativa, permitiendo a la Entidad Local modificarla según el interés del gobierno en el momento. La normativa debe estar justificada por razones de interés general y orientada a lograr un objetivo claramente identificado, asegurando que no existen otras medidas más proporcionadas para conseguirlo. La normativa debe elaborarse de forma rápida y eficiente, sin necesidad de estudios previos o justificaciones detalladas, para garantizar su inmediata implementación. La normativa debe centrarse en la flexibilidad administrativa, permitiendo ajustes continuos durante su aplicación para adaptarse a las necesidades emergentes.

Según el artículo 139 de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL), ¿qué tipo de infracciones pueden establecer las Entidades Locales en sus normativas sectoriales específicas para la ordenación de la convivencia y uso de servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos?. Las Entidades Locales pueden establecer únicamente infracciones graves, debido a que son las que afectan de manera directa al ejercicio de derechos legítimos de los ciudadanos. Las Entidades Locales pueden establecer infracciones muy graves, graves y leves, según la intensidad de la perturbación de la convivencia, los daños ocasionados a la salubridad u ornato públicos, y los daños a las personas o equipamientos. Las Entidades Locales deben limitarse a aplicar las infracciones y sanciones establecidas por la legislación estatal, sin poder crear categorías propias de infracciones en sus ordenanzas. Las Entidades Locales pueden establecer infracciones graves y muy graves, pero no infracciones leves, ya que estas últimas no son consideradas de interés local.

De acuerdo con el artículo 141 de la LBRL y el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 781/1986, ¿cuál es el límite máximo de las sanciones por infracciones de ordenanzas en un municipio con una población de 60.000 habitantes?. 1.803,04 euros, ya que es un municipio de más de 50.000 habitantes, y por lo tanto aplica el límite máximo para los municipios de gran tamaño. 901,52 euros, dado que es un municipio con una población entre 50.001 y 250.000 habitantes, según lo establecido en el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 781/1986. 450,76 euros, ya que la ley establece este límite para todos los municipios con más de 50.000 habitantes. 3.000 euros, ya que este es el límite máximo permitido por la LBRL para las infracciones muy graves en cualquier tipo de municipio.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 781/1986, ¿qué responsabilidad recae sobre una autoridad o funcionario público que, por negligencia, adopta una resolución que infringe disposiciones legales?. La autoridad o funcionario no tiene responsabilidad, ya que el error administrativo no se considera una infracción legal a menos que haya dolo comprobado. La autoridad o funcionario estará obligado a indemnizar a la Corporación Local por los daños y perjuicios causados, además de enfrentar la responsabilidad penal o disciplinaria que corresponda. La autoridad o funcionario solo responderá disciplinariamente, sin obligación de indemnizar, ya que la responsabilidad civil no aplica en casos de negligencia sin dolo. La autoridad o funcionario será sancionado exclusivamente con una multa administrativa, independientemente de los daños causados.

¿Qué procedimiento debe seguirse para la elaboración de ordenanzas locales según lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre?. Las ordenanzas deben ser aprobadas directamente por el Alcalde, sin necesidad de consulta ni aprobación del Pleno municipal, conforme a los principios de la Ley 39/2015. La elaboración de ordenanzas debe seguir un procedimiento que incluye la consulta pública, la aprobación por el Pleno de la Corporación y la posterior publicación en el Boletín Oficial correspondiente, conforme a la Ley 39/2015. Las ordenanzas pueden ser aprobadas sin seguir un procedimiento específico, siempre que cuenten con la aprobación de la mayoría simple de los concejales presentes en la sesión plenaria. La elaboración de ordenanzas se rige únicamente por las normas establecidas en el Reglamento Orgánico de cada municipio, sin que sea necesaria la aplicación de la Ley 39/2015.

Según lo establecido en el artículo 141 de la LBRL, ¿cuál es la cuantía máxima de la sanción que puede imponerse por una infracción muy grave en cualquier municipio, salvo que exista una previsión legal distinta?. 3.000 euros, que es el límite máximo para las infracciones muy graves, independientemente del tamaño del municipio. 1.803,04 euros, que es la cantidad máxima en municipios con más de 250.000 habitantes, según lo establece el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 781/1986. 901,52 euros, ya que la cuantía de las sanciones depende del tamaño del municipio, y esta es la máxima para los municipios medianos según la legislación aplicable. 750 euros, porque esta es la cantidad máxima que se puede imponer para infracciones leves, y no se permite aplicar una cuantía mayor.

Según lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a las decisiones adoptadas por los órganos colegiados de los Ayuntamientos?. Las decisiones adoptadas por los órganos colegiados de los Ayuntamientos no requieren seguir un procedimiento legal específico siempre y cuando sean aprobadas por unanimidad. Las decisiones adoptadas por los órganos colegiados de los Ayuntamientos deben seguir un procedimiento legalmente establecido, y si se dictan prescindiendo de este procedimiento, son nulas de pleno derecho. Las decisiones adoptadas por los órganos colegiados de los Ayuntamientos pueden ser válidas sin seguir el procedimiento establecido si cuentan con el respaldo del Alcalde. Las decisiones adoptadas por los órganos colegiados de los Ayuntamientos solo serán nulas si no se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta sobre la convocatoria de sesiones extraordinarias del Pleno? (Art. 77 y ss. del Real Decreto 2568/1986). Las sesiones extraordinarias del Pleno deben ser convocadas con al menos diez días de antelación y no requieren justificación. Las sesiones extraordinarias del Pleno pueden ser convocadas por el Alcalde sin necesidad de respetar ningún tipo de antelación, en casos de extrema urgencia. Las sesiones extraordinarias del Pleno deben ser convocadas con un mínimo de 48 horas de antelación, salvo que exista acuerdo por mayoría absoluta para reducir dicho plazo. Las sesiones extraordinarias del Pleno pueden ser convocadas por el Alcalde en cualquier momento, pero su urgencia debe ser ratificada por el Pleno antes de iniciar la sesión.

En relación con la constitución válida del Pleno del Ayuntamiento, conforme al artículo 47 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. Para la constitución válida del Pleno se requiere la asistencia de la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, nunca inferior a la mitad más uno de los concejales. El Pleno se constituirá válidamente con la asistencia de un tercio del número legal de miembros de la Corporación, que nunca podrá ser inferior a tres, y si no hay quórum, se procederá a una segunda convocatoria. Para la constitución válida del Pleno, se requiere la asistencia de al menos la mitad de los miembros más uno, y en caso de falta de quórum, la sesión se cancela definitivamente. El Pleno podrá constituirse válidamente con cualquier número de miembros siempre y cuando esté presente el Alcalde y el Secretario de la Corporación.

Respecto al principio de unidad de acto en las sesiones del Pleno, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. El principio de unidad de acto establece que todas las sesiones deben concluir en el mismo día en que comenzaron, sin excepción alguna. Si una sesión no puede concluir en el mismo día debido a que no se han tratado todos los puntos del orden del día, se debe cancelar y convocar una nueva sesión con un nuevo orden del día. Si no se pueden tratar todos los asuntos del orden del día en la misma sesión, el Presidente puede levantar la sesión y los puntos pendientes se incluirán en la sesión siguiente. El principio de unidad de acto no se aplica en sesiones extraordinarias urgentes, que pueden extenderse hasta el siguiente día laboral.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la publicidad de las sesiones del Pleno, conforme a lo dispuesto en la LRBRL y en la Constitución Española?. Todas las sesiones del Pleno son públicas, y no se puede declarar el secreto del debate bajo ninguna circunstancia. Las sesiones del Pleno son públicas, pero se puede declarar el secreto del debate y la votación por acuerdo de mayoría absoluta si se afecta al derecho fundamental de los ciudadanos según el artículo 18.1 de la Constitución Española. Las sesiones del Pleno son siempre privadas, a menos que el Alcalde decida hacerlas públicas. Las sesiones del Pleno deben ser privadas si lo solicitan al menos la mitad de los miembros de la Corporación.

Según la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL), ¿quién tiene la competencia para fijar el orden del día en las sesiones del Pleno?. El Secretario de la Corporación, con la supervisión del Alcalde o Presidente. El Alcalde o Presidente, asistido por la Secretaría General y consultando a los portavoces de los grupos existentes en la Corporación. El Portavoz del grupo político mayoritario en la Corporación, con la aprobación del Alcalde o Presidente. La Junta de Gobierno Local, en ausencia del Alcalde o Presidente.

De acuerdo con el artículo 3.3 del Real Decreto 2568/1986, ¿en qué orden se desarrollan las intervenciones durante el debate en el Pleno?. Primero los miembros del colectivo que suscriban la proposición o moción, luego el Alcalde o Presidente, y finalmente los portavoces de los grupos municipales. Primero el Alcalde o Presidente, seguido por los portavoces de los grupos municipales, y finalmente los miembros de la Corporación que soliciten intervenir. Primero el Alcalde o Presidente, después los miembros de la Comisión Informativa y, por último, los portavoces de los grupos municipales. Primero el Alcalde o Presidente, luego los miembros de la Corporación que suscriban la proposición o moción, y finalmente el colectivo o grupo municipal que defienda la misma.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la "Llamada al orden" es incorrecta, según el Real Decreto 2568/1986?. El Alcalde o Presidente puede llamar al orden a un miembro de la Corporación si profiere palabras ofensivas hacia la Corporación o sus miembros. Un miembro de la Corporación puede recibir tres llamadas al orden en una misma sesión sin que ello implique consecuencias adicionales. Tras tres llamadas al orden, el Alcalde o Presidente puede ordenar la expulsión del miembro de la Corporación de la sesión. Las interrupciones injustificadas de cualquier forma durante las sesiones pueden ser motivo de llamada al orden.

Según el Real Decreto 2568/1986, cuando se convoca una sesión extraordinaria del Pleno a instancia de miembros de la Corporación, ¿en qué plazo debe celebrarse dicha sesión?. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la petición. Dentro de los quince días hábiles siguientes a la petición. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la petición. Dentro de los dos meses siguientes a la petición.

¿Cuál es el procedimiento correcto para solicitar la retirada de un expediente del orden del día, de acuerdo con el Real Decreto 2568/1986?. El expediente puede ser retirado en cualquier momento del debate por cualquier miembro de la Corporación sin necesidad de justificación. La retirada del expediente debe solicitarse antes del inicio de la sesión y debe estar debidamente motivada. Un concejal puede solicitar la retirada del expediente en cualquier momento del orden del día, justificando la solicitud en la inclusión de documentos adicionales o nuevas circunstancias relevantes. La retirada solo puede ser solicitada por el Presidente del Pleno antes del inicio de la sesión.

Según el artículo 43 de la Ley del Procedimiento Administrativo (LPA), ¿en qué momento se entenderá practicada una notificación por medios electrónicos cuando la notificación sea obligatoria?. En el momento en que la Administración envía la notificación al correo electrónico del interesado. En el momento en que se accede al contenido de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante. En el momento en que el interesado recibe el aviso de la notificación a través de un mensaje SMS. En el momento en que transcurren cinco días desde la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica, sin que el interesado haya accedido a su contenido.

De acuerdo con el artículo 194 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROFEL), ¿en qué plazo deberá ser cursada una notificación desde la fecha en que el acto ha sido dictado?. Dentro del plazo de cinco días hábiles. Dentro del plazo de quince días naturales. Dentro del plazo de diez días naturales. Dentro del plazo de un mes desde la fecha en que el acto fue dictado.

En relación con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), ¿qué se considera cuando los documentos electrónicos se transmiten en entornos cerrados de comunicación entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público?. Se consideran documentos no válidos y deben ser autenticados nuevamente. Se consideran documentos válidos y eficaces, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la ley. Se consideran documentos válidos, pero requieren de un sello digital adicional. Se consideran documentos válidos solo si se transmiten por medios electrónicos no cerrados.

Según lo establecido en el artículo 42 de la Ley del Procedimiento Administrativo (LPA), si una notificación se intenta practicar en el domicilio del interesado, pero este no se encuentra, ¿qué procedimiento debe seguirse?. La notificación deberá repetirse indefinidamente hasta que el interesado se encuentre en el domicilio. La notificación se dejará en el buzón del interesado con la fecha y hora en la que se intentó entregar. La notificación podrá entregarse a cualquier persona mayor de 14 años presente en el domicilio, dejando constancia de la hora y fecha en que se realizó la entrega. La notificación se cancelará y se deberá realizar por medios electrónicos obligatoriamente.

En el contexto de las publicaciones de los acuerdos de los actos administrativos, según lo dispuesto en la normativa aplicable, ¿qué requisitos deben cumplir los acuerdos adoptados por el Pleno y la Junta de Gobierno Local?. Publicarse únicamente en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. Publicarse en la forma prevista por la Ley, incluyendo los requisitos de la Resolución del Alcalde o Presidente de la Corporación. Publicarse en el diario de mayor tirada de la localidad, con una copia enviada a todos los interesados por correo ordinario. Publicarse solo si afectan a un número superior a 100 personas.

De acuerdo con lo que dispone el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROFEL), ¿qué información debe constar en el contenido de las actas de las sesiones del Pleno?. Solo el lugar, fecha y hora en que se celebró la sesión. La lista de asistentes, los temas tratados y las votaciones, con un resumen de los debates, hora en que el presidente levante la sesión. El lugar, fecha, lista de asistentes, carácter de la sesión, votaciones, parte dispositiva y hora de finalización. El lugar, lista de asistentes y los temas tratados, asuntos que examinen, carácter ordinario o extraordinario de la sesión, sin necesidad de incluir las votaciones.

(Artículo 46 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local): ¿Cuál es el plazo máximo para que el Presidente de una Corporación Local convoque un Pleno extraordinario solicitado por al menos una cuarta parte de los concejales, sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres anualmente?. 15 días hábiles desde que fuera solicitada la convocatoria. 10 días hábiles desde que fuera solicitada la convocatoria. 10 días hábiles desde que fuera solicitada la convocatoria. 10 días naturales desde que fuera solicitada la convocatoria.

(Artículo 47 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local): ¿Cuál de las siguientes materias requiere la aprobación por mayoría absoluta del número legal de miembros de las Corporaciones Locales?. Adopción de acuerdos de alteración del nombre del municipio. Creación de una mancomunidad. Aprobación de la delimitación del término municipal. Todas las opciones anteriores son correctas.

(Artículo 46 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local): Según el artículo 46, ¿cuál es el quórum mínimo para que el Pleno de una Corporación Local se constituya válidamente en un municipio de hasta 100 residentes?. Un tercio del número legal de miembros, que nunca podrá ser inferior a dos. La mitad del número legal de miembros, que nunca podrá ser inferior a tres. Un tercio del número legal de miembros, que nunca podrá ser inferior a tres. La totalidad del número legal de miembros, que nunca podrá ser inferior a dos.

(Artículo 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local): ¿Cuál es el procedimiento establecido para la aprobación de las Ordenanzas locales según el artículo 49?. Aprobación inicial por el Pleno, información pública por un plazo mínimo de 15 días, y aprobación definitiva por la Junta de Gobierno Local. Aprobación inicial por el Pleno, audiencia a los interesados por un plazo mínimo de 30 días, y aprobación definitiva por el Pleno. Aprobación inicial por la Junta de Gobierno Local, información pública por un plazo mínimo de 30 días, y aprobación definitiva por el Pleno. Aprobación inicial por el Pleno, información pública por un plazo mínimo de 30 días, y aprobación definitiva por el Pleno.

(Artículo 52 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local): ¿Cuáles de los siguientes actos ponen fin a la vía administrativa según lo dispuesto en el artículo 52?. Resoluciones del Pleno y de los Alcaldes, salvo en casos excepcionales en que una ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del Estado. Resoluciones de cualquier autoridad u órgano inferior en casos que resuelvan por delegación de otra autoridad. Resoluciones de Juntas de Gobierno, salvo que por ley se imponga un recurso ante la Comunidad Autónoma. Todas las opciones anteriores son correctas.