PRUEBA 2

360.- Según dispone el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, ¿cuáles son las Entidades Locales territoriales?. a) El Municipio y la Provincia. b) El Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario. c) El Municipio, la Provincia, las Áreas Metropolitanas y las Mancomunidades de Municipios. d) Las Comarcas, las Áreas Metropolitanas y Las Mancomunidades de Municipios.

361.- El artículo 5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece que las Entidades Locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para una serie de potestades, entre las que se encuentran: a) Participar en celebración de contratos privados en sus ámbitos territoriales. b) Adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes. c) Únicamente adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes. d) Con carácter excepcional podrán adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes.

362.- En la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, dispone que las Entidades Locales, en su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas, una serie de potestades, regulándose las mismas en el artículo: a) 4. b) 5. c) 6. d) 2.1.

363.- En todos los Ayuntamientos ha de existir el siguiente órgano: a) La Junta de Gobierno. b) Las Juntas Municipales de Distrito. c) La Comisión Especial de Cuentas. d) Los Concejales que ostentes delegaciones.

364.- En relación a los Vicepresidentes de la Diputación, según dispone la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local: a) Son nombrados por el Pleno al comienzo de su mandato. b) Son como mucho dos. b) Son como mucho dos. c) Son designados libremente por el presidente de entre todos los Diputados.

365.- ¿En qué norma se recoge la posibilidad de crear agrupaciones de municipios distintos de la provincia?. a) Esa posibilidad es inconstitucional, ya que se prohíbe expresamente en la Constitución Española. b) Se regula únicamente en el Ley 7/1985, de 2 de abril. c) Se reconoce expresamente en la Constitución en el artículo 141. d) Se reconoce esa posibilidad en la Constitución Española en el artículo 142.

366.- Conforme al artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, ¿qué constituye el conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal?. a) Los vecinos del municipio. b) La población del municipio. c) Término municipal. d) Ciudadanos municipales.

367.- ¿Qué dispone el artículo 19 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, sobre el Gobierno y la administración municipal?. a) El Gobierno y la administración municipal corresponde al Ayuntamiento, integrado por el alcalde y los Concejales. b) El Gobierno y la administración municipal corresponde al Ayuntamiento y a la Junta de Gobierno Local. c) El Gobierno y administración municipal corresponde al Pleno. d) El Gobierno y administración municipal corresponde únicamente al Alcalde.

368.- El artículo 137 de la Constitución Española reconoce la autonomía para la gestión de sus respectivos intereses: a) A las Comunidades Autónomas que se constituyan. b) A los Municipios, Provincias e Islas. c) A los Municipios, provincias y Comunidades Autónomas que se constituyan. d) A los Municipios, Provincias, Islas y Comunidades Autónomas que se constituyan.

369.- ¿A quién corresponde la jefatura superior del personal de la Diputación según establece la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local?. a) Al Pleno en todo caso. b) Al Presidente en todo caso. c) Al Diputado-Delegado de personal. d) Al Presidente o al Diputado Provincial.

370.- ¿Cómo está constituido el Pleno de la Diputación según el artículo 33.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local?. a) Por el Presidente y los Diputados. b) Los miembros que disponga cada Reglamento Orgánico. c) Los Diputados Provinciales. d) El Presidente, el Secretario y los Diputados.

371.- Respecto a las potestades que se le reconocen en el artículo 4 a los Municipios, Provincias e Islas, ¿cómo será de aplicación para las entidades territoriales de ámbito inferior al municipal, a las comarcas, áreas metropolitanas y demás entidades locales?. a) Será la Constitución Española la que determine cuáles de esas potestades les serán de aplicación a dichas Entidades. b) Serán sus propios Estatutos reguladores los que determinen dicha aplicación. c) Las entidades territoriales de ámbito inferior no tienen posibilidad de ejercer dichas potestades. d) Serán las Leyes de las Comunidades Autónomas las que concreten cuales de aquellas potestades serán de aplicación.

372.- Entre los órganos necesarios de la Diputación se encuentra, según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local: a) Los Tenientes de Alcalde. b) Los Diputados Delegados. c) La Junta de Gobierno. d) Las Juntas de distrito.

373.- Las Áreas Metropolitanas, según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local: a) Son de preceptiva creación en los términos fijados en la misma. b) Son entidades locales. c) Carecen de la consideración de entidad local. d) Equivalen a las Mancomunidades allí donde no existen.

374.- La alteración de los límites provinciales: a) Habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica. b) Se encuentra expresamente prohibido en la Constitución Española. c) Se atribuye a las Comunidades Autónomas a las que afecte, mediante Ley de su Parlamento. d) Corresponde a las comunidades Autónomas, previo informe preceptivo.

375.- ¿Qué consideración tiene la Provincia según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local?. a) Una Entidad local básica. b) Una Entidad local territorial. c) El órgano de administración de las Diputaciones. d) Una entidad integrante en la Comunidad Autónoma.

376.- Entre los elementos del municipio de encuentra: a) El Ayuntamiento. b) La autonomía. c) El territorio. d) La Junta de Gobierno Local.

377.- ¿En qué Ley se recoge expresamente la competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Régimen Local?. a) En el artículo 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. b) En el artículo 137 de la Constitución Española. c) En el artículo 60 del Estatuto de Autonomía de Andalucía aprobado por la Ley Orgánica 2/2007. d) No se recoge expresamente.

378.- Según el artículo 141 de la Constitución, la entidad local que constituye la división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado es: a) La Provincia. b) El Municipio. c) La Diputación Provincial. d) La Mancomunidad de Municipios.

379.- En relación a las Mancomunidades de Municipios, el artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, establece que: a) Son entidades Locales formadas por la asociación de Municipios. b) Son Entidades Locales formadas por la asociación de Municipios, pertenecientes a una misma o varias provincias, para la ejecución en común de obras o la prestación de servicios de su competencia. c) No tienen personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines específicos. d) La elaboración de sus estatutos y el procedimiento de aprobación de los mismos se determinará por las estipulaciones fijadas en la legislación básica estatal.

380.- Según el artículo 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, las Entidades Locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con: a) Los principios de eficacia, sostenibilidad, descentralización y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. b) Los principios de transparencia, eficacia y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. c) Los principios de eficacia, descentralización y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. d) Los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

381.- ¿Qué son las Áreas Metropolitanas según el artículo 43 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local?. a) Son Entidades Locales creadas por acuerdo del Consejo de Ministros que están integradas por Municipios de grandes aglomeraciones urbanas. b) Son Entidades Locales creadas por las Comunidades Autónomas que están integradas por Municipios de grandes aglomeraciones urbanas. c) Son Entidades Locales creadas por las Diputaciones Provinciales que están integradas por Municipios de grandes aglomeraciones urbanas. d) Son Entidades Locales creadas por las Comunidades autónomas, que están integradas por Ayuntamientos y Corporaciones de grandes aglomeraciones urbanas.

382.- Según el artículo 10 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Administración Local y las demás Administraciones Públicas: a) Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. b) Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, transparencia y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. c) Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, eficacia, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. d) Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de lealtad institucional, información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.

383.- En relación con la creación o supresión de municipios o su alteración, dispone el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que requerirán: a) Informe de la Administración que ejerza la tutela financiera. b) Audiencia de los municipios interesados en todo caso y dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma concernida. c) Únicamente audiencia de los municipios interesados. d) Audiencia de los municipios interesados en todo caso y dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma concernida, y el Informe de la Administración que ejerza la tutela financiera.

384.- Según el artículo 43 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la característica de los núcleos que se integran en Áreas Metropolitanas: a) Suponen que entre sus núcleos de población hay algún municipio de más de 20.000 por lo que se hace necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras. b) Suponen que entre sus núcleos de población existe algún municipio declarado zona de intervención preferente, que hace necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras. c) Suponen que entre sus núcleos de población existen vinculaciones económicas y sociales que hacen necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras. d) Suponen que entre sus núcleos de población existen desequilibrios estructurales que hacen necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras.

385.- ¿Cómo deberá efectuarse el nombramiento del personal directivo que, en su caso, hubiera en las Diputaciones, según el artículo 32 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local?. a) De acuerdo a los criterios de competencia profesional, igualdad, y experiencia entre funcionarios de carrera que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1 o A2. b) De acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional. c) Entre funcionarios de carrera o interinos del subgrupo A1 o A2. d) Lo nombrará el Presidente de la diputación, en todo caso.

386.- ¿A quién corresponde la competencia para alterar los límites provinciales?. a) A las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica. b) A las Comunidades Autónomas, cuando lo dispongan sus Estatutos expresamente. c) A los Parlamentos Autonómicos. d) Lo deciden los vecinos de los municipios que pudieran verse afectados.

387.- Señale la respuesta correcta respecto a la organización provincial, de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local: a) El Presidente y los Vicepresidentes son los únicos que existen en todas las Diputaciones. b) Existirán en todas las Diputaciones órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión de la Junta de Gobierno. c) Los órganos complementarios serán regulados por el Reglamento de la Diputación. d) El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las Diputaciones.

388.- Definición de la Provincia según el artículo 31 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local: a) Entidad Local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. b) Entidad local territorial. c) Entidad local básica con personalidad jurídica. d) Entidad Local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica plena y propia capacidad para el cumplimiento de sus objetivos.

389.- Según el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Municipio ostenta competencias en materia de: a) Protección de medio ambiente urbano. b) Transporte interurbano de viajeros. c) Ordenación del tráfico en vías interurbanas. d) Protección de carreteras.

390.- ¿Qué regula el artículo 142 de la Constitución Española?. a) Las Haciendas Locales. b) El Municipio. c) La elección de los Alcaldes. d) Las Comunidades Autónomas.

391.- ¿En qué materias el Municipio ejercerá como competencias propias, en todo caso, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, según el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local?. a) Protección civil. b) Transporte colectivo urbano de viajeros. c) Prevención y extinción de incendios. d) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.

392.- ¿Quiénes son los vecinos de un municipio según establece la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local?. a) Las personas residentes en el Municipio. b) Las personas inscritas en el Padrón Municipal. c) Los españoles y extranjeros mayores de edad residentes en el Municipio. d) Las personas inscritas en el Padrón, con una antigüedad de 3 meses de dicha inscripción.

393.- ¿Cómo se nutrirán fundamentalmente las Haciendas Locales según la Constitución Española?. a) De los tributos impuestos por las Comunidades Autónomas. b) De tributos propios y participación en los del Estado y las Comunidades Autónomas. c) De los tributos propios, principalmente. d) De la participación en los tributos del Estado y de tributos cedidos.

394.- ¿Cómo es elegido el Alcalde, de acuerdo a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local?. a) Por los Concejales del Ayuntamiento. b) Por los Concejales o por los vecinos. c) Por sufragio universal, libre, y secreto, en todos los supuestos. d) Por los vecinos en todo caso.

395.- ¿A quién le corresponde aprobar la oferta de empleo público en el ámbito municipal, según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local?. a) Al Pleno. b) A la Junta de Gobierno. c) Al Alcalde. d) Al Alcalde de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobados por la Junta de Gobierno.

396.- Los Tenientes de Alcalde, según el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local: a) Son nombrados por el Pleno al comienzo de su mandato. b) No pueden exceder, en su número, de tres. c) Han de ser nombrados de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local, donde ésta exista. d) Pueden ser cesados por el Pleno.

397.- ¿Qué Municipios funcionan en Concejo Abierto, según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local?. a) Los Municipios de menos de 300 habitantes que así lo acuerden. b) Los Municipios de menos de 100 habitantes. c) Los Municipios de menos de 500 habitantes. d) Los Municipios que tradicional y voluntariamente cuenten con ese singular régimen de gobierno y administración.

398.- ¿Qué nombre recibe la administración propia de las islas en los archipiélagos balear y canario, según se dispone en el artículo 141.4 de la Constitución Española?. a) Comunidades Autónomas. b) Mancomunidades de Municipios. c) Diputaciones Insulares. d) Los Consejos y Cabildos.

399.- Las Diputaciones Provinciales se mencionan expresamente en la Constitución Española de 1978, en el artículo: b) 142.1. a) 137. c) 141.1. d) 141.2.

18. De acuerdo al artículo 43.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la creación de las áreas metropolitanas se efectuará mediante: a. Ley de las Cortes Generales. b. Decreto Ley del Gobierno. c. Ley de la Asamblea legislativa de la Comunidad Autónoma. d. Acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de los plenos de los municipios que conforman el área metropolitana.

19. Según lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: a. La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 habitantes. b. La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 4.000 habitantes. c. La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 3.000 habitantes. d. La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 10.000 habitantes.

20. El artículo 17.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que el Consejo de Empadronamiento, será presidido por: a. El Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública. b. El Presidente del Instituto Nacional de Estadística. c. El Presidente de la Oficina del Censo Electoral. El Subsecretario de Estado de Política Territorial y Función Pública.

21. Según el artículo 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, las entidades locales, entre otros requisitos, solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando: a. No se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal. b. Se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. c. Sea autorizada por el gobierno de su Comunidad Autónoma. d. Se garanticen los ingresos necesarios.

22. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que el régimen retributivo de los órganos directivos en un municipio de gran población es competencia de: a. Concejal de Recursos Humanos. b. Presidente de la Corporación. c. Pleno. d. Junta de Gobierno Local.

23. El artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que se celebraran sesiones ordinarias: a. Como máximo una al mes en un municipio de más de 20.000 habitantes y en las diputaciones. b. Como mínimo cada tres meses en un municipio de 10.000 habitantes. c. Como mínimo cada dos meses en un municipio de 5.000 habitantes. d. Como mínimo cada tres meses en un municipio de 3.000 habitantes.

28. Indique cuál de las siguientes normas jurídicas no se refiere al Régimen Local: a. Ley 5/2010, de 11 de junio. b. Real Decreto Legislativo 791/1986, de 18 de abril. c. Real Decreto 861/1986, de 25 de abril. d. Decreto de 17 de junio de 1955.

29. Señale la incorrecta. El artículo 4.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que corresponde en todo caso a los municipios, las provincias y las islas: a Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora. b. La potestad legislativa y de autoorganización. c. La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. d. Las potestades tributaria y financiera.

30. De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. a. El Padrón municipal es el censo donde constan los vecinos de un municipio Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos. b. El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos. C. El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos no constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento privado y fehaciente para todos los efectos administrativos. d. El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y de domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos.

31. El artículo 17 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en su apartado 1, recoge lo siguiente: a. La formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. b. La formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación de desarrollo de las Comunidades Autónomas. c. La formación, mantenimiento, revisión y Custodia del Padrón municipal corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca su reglamento orgánico. d. Ninguna es correcta.

32. Según el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: a. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno, la Junta de Gobierno Local y la Comisión Especial de Cuentas existen en todos los municipios. b. Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los municipios. Además de la Comisión Especial de Cuentas en los municipios de más de 5.000 habitantes. c. Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno, la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones y la Comisión Especial de Cuentas existen en todos los municipios. d. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno, la Junta de Gobierno Local, la Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones y la Comisión de Cuentas existen en los municipios señalados en el título X de esta misma ley.

34. De acuerdo con el artículo 130 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: a. Son órganos superiores el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno Local. b. Son órganos directivos, entre otros: el titular de la asesoría jurídica, los coordinadores generales de cada área o concejalía y los Tenientes de Alcalde. c. Son órganos superiores el Alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno Local. d. Son órganos superiores el Alcalde, los coordinadores generales de cada área o concejalía y los miembros de la Junta de Gobierno Local.

35. De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Junta de Gobierno se integra por: a. El Presidente y un número de Diputados no superior al quinto del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. b. El Presidente y un número de Diputados no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. c. El Presidente y un número de Diputados no superior al cuarto del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. d. Ninguna es correcta.

58. Según el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, no es competencia de la Junta de Gobierno Local: a. La aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales. b. La aprobación del proyecto de presupuesto y la aprobación de los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística cuya aprobación definitiva o provisional corresponda al Pleno. c. La concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro órgano. d. Todas son correctas.

59. Señale la incorrecta. El artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local dispone que son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes: a. La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31. b. La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. c. Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 50.000 habitantes. d. La coordinación mediante convenio, con la Comunidad Autónoma respectiva, de la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población inferior a 5.000 habitantes.

60. De acuerdo con el artículo 32.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: a. El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las Diputaciones. b. El Presidente, los Tenientes de Presidente, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las Diputaciones. c. El Presidente, la Junta de Gobierno Local y el Pleno existen en todas las Diputaciones. d. El Presidente, los Vicepresidentes y la Junta de Gobierno existen en todas las Diputaciones.

64. Corresponde al Pleno de una Diputación, según el artículo 33 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: a. Aprobar la oferta de empleo público. b. La declaración de lesividad de los actos de los municipios menores de 20.000 habitantes. c. La aprobación de los proyectos de obras y servicios, en todo caso. d. La aprobación de los planes de carácter provincial.

2. Según el artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1985), los municipios pueden intervenir en las siguientes materias: a) Comercio exterior, educación universitaria y medio ambiente. b) Urbanismo, promoción de la cultura y ordenación del tráfico. c) Defensa nacional, infraestructuras y administración de justicia. d) Policía autonómica, promoción industrial y turismo.

3. Según el artículo 7 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1985), las competencias locales son: a) Exclusivas del municipio, sin posibilidad de delegación a las Comunidades Autónomas. b) Delegadas por el Estado, salvo aquellas vinculadas a la gestión directa de recursos propios. c) Propias o atribuidas por delegación. d) Transferidas exclusivamente por las Comunidades Autónomas según su normativa.

4. Según el artículo 14 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1985), el cambio de denominación de un municipio requiere: a) La aprobación por mayoría absoluta del Pleno municipal y posterior inscripción en el Registro Civil. b) La autorización del Consejo de Ministros y publicación en el Boletín Oficial del Estado. c) Ser anotada en el Registro creado por la Administración del Estado para la inscripción de todas las entidades a que se refiere la presente Ley y que se publiquen en el Boletín Oficial del Estado. d) La propuesta de un tercio de los vecinos censados y la aprobación del Pleno municipal.

5. Según el artículo 16 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1985), el Padrón Municipal es: a) Un registro voluntario de los residentes habituales en un municipio. b) Un registro administrativo que constituye prueba de la residencia y del domicilio habitual. c) Un censo de votantes gestionado exclusivamente por la Junta Electoral Central. d) Un archivo de datos personales controlado por el Ministerio del Interior.

6. Según el artículo 13 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1985): a) La alteración de términos municipales no podrá suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales. b) La alteración de términos municipales no podrá suponer la modificación de los límites provinciales, salvo que así se apruebe por el Consejo de Ministros. c) La alteración de términos municipales podrá suponer la modificación de los límites provinciales, previo dictamen del Consejo de Estado. d) La alteración de términos municipales no podrá suponer la modificación de los límites provinciales, salvo que así se apruebe por la Comunidad Autónoma a la que pertenezca.

7. Según el artículo 22 de la Ley 7/1985, el Pleno municipal está compuesto por: a) Todos los concejales, el alcalde y los directores de área. b) Todos los concejales y el alcalde como presidente. c) Los concejales, el alcalde y los representantes de las asociaciones vecinales. d) Exclusivamente los concejales con responsabilidad ejecutiva.

8. Según el artículo 21 de la Ley 7/1985, corresponde al Alcalde, entre otras competencias: a) Aprobar el presupuesto municipal sin necesidad de ratificación del Pleno. b) Convocar y presidir las sesiones del Pleno y la Junta de Gobierno Local. c) Aprobar la plantilla de personal. d) Elaborar los planes de desarrollo urbanístico sin intervención del Pleno.

9. Según el artículo 26 de la Ley 7/1985, los municipios con más de 50.000 habitantes tienen la obligación de prestar: a) Servicios de biblioteca pública, seguridad ciudadana y transporte urbano. b) Servicios de transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. c) Servicios de cementerio, alumbrado público y asistencia sanitaria. d) Servicios de tratamiento de aguas residuales, hospitales y universidades públicas.

10. El órgano a que se refiere el artículo 137 de la Ley 7/1985 en municipios de gran población se encarga de: a) Resolver conflictos entre vecinos y el Ayuntamiento. b) Emitir informes sobre el presupuesto municipal. c) Resolver reclamaciones económico-administrativas en materia tributaria local. d) Fiscalizar la gestión económica del Pleno municipal.

11. Según el artículo 31 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la provincia está definida como: a) Una división administrativa del Estado para la gestión territorial. b) Una entidad local determinada por la agrupación de municipios. c) Un territorio autónomo con competencias plenas en urbanismo. d) Una circunscripción electoral sin personalidad jurídica propia.

12. Según el artículo 31 de la Ley 7/1985, son fines propios y específicos de la Provincia: a) La ejecución de políticas educativas en su territorio. b) El fomento del desarrollo económico en áreas rurales. c) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal. d) Coordinar los servicios de transporte público.

13. Según el artículo 36 de la Ley 7/1985, una de las competencias propias de las Diputaciones Provinciales es: a) La recaudación de tributos estatales y autonómicos. b) El fomento del empleo público en todas las entidades locales. c) La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. d) La gestión del transporte interurbano de pasajeros.

15. Según el artículo 32 de la Ley 7/1985, la Comisión de Gobierno: a) Existe en las Diputaciones que engloben a más de 50 municipios. b) Existe en todas las Diputaciones. c) No existe en las Diputaciones. d) Existe en las Diputaciones que engloben a más de 75 municipios.

40. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como 7 de la Ley de Haciendas Locales, las entidades locales podrán delegar las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaria: a) En ningún caso. b) En el Estado. c) En cualquier otra entidad local. d) En la Comunidad Autónoma.

14.- Un municipio está obligado a prestar determinados servicios, ¿en qué artículo se establece?. a) Artículo 26.1 de la LBRL. b) Artículo 128.2 de la Constitución. c) Artículo 85.1 de LBRL. d) Artículo 96 del TRRL.

15.- De acuerdo a la ley 7/1985, de 2 de abril, las relaciones interadministrativas en la legislación de régimen local, está regulado en el Capítulo II, del Título: a) Título I. b) Título II. c) Título IV. d) Título V.

16.- De acuerdo a la ley 7/1985, de 2 de abril, ¿A quién corresponde el gobierno y administración autónoma de la Provincia?. a) Al Ayuntamiento. b) A la Diputación. c) A la Diputación u otras Corporaciones de carácter representativo. d) A la Diputación en coordinación con la Comunidad Autónoma.

17.- ¿En qué artículo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se ocupa de las reglas de la organización provincial?. a) En el art. 30. b) En el art. 31. c) En el art. 32. d) En el art. 33.

25.- De conformidad con el artículo 70 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las Ordenanzas, salvo las fiscales, se publicarán en el “Boletín Oficial” de la Provincia y entrarán en vigor: a) Desde el día siguiente a la publicación completa de su texto. b) A los quince días hábiles desde la publicación completa de su texto. c) El mismo día de la publicación completa de su texto. d) Ningunas de las anteriores respuestas es correcta.

26.- En relación al procedimiento de aprobación de las Ordenanzas locales, el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece lo siguiente (señale la respuesta correcta): a) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 1 mes para la presentación de reclamaciones y sugerencias. b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de quince días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. c) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de veinte días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. d) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

43.- De conformidad con el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, son atribuciones del Pleno Municipal en los Ayuntamientos: a) Aprobación de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. b) Aprobación de la oferta de empleo público. c) Fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias no fijas y periódicas de los funcionarios. d) Aprobación de la plantilla de personal.

57.- El Alcalde podrá plantear al Pleno una cuestión de confianza, vinculada a la aprobación o modificación de cualquiera de los siguientes asuntos: a) La aprobación que ponga fin a la tramitación de los instrumentos de planeamiento general de ámbito municipal. b) El plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal. c) Sólo a los presupuestos anuales. d) Sólo a las ordenanzas fiscales.

5- Según el artículo 121 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las normas contenidas en el Título X serán de aplicación a: a. A los municipios cuya población supere los 150.000 habitantes. b. A los municipios capitales de provincia cuya población sea inferior a los 175.000 habitantes. c. A los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas. d. Asimismo, a los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o políticas especiales.

6- Los servicios públicos municipales podrán gestionarse de manera directa, según el artículo 85 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, mediante: a. Gestión por la propia Entidad Local. b. Organismo autónomo provincial. c. Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad privada. d. Entidad pública empresarial supramunicipal.

47- Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la atribución de aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales corresponde a: a. El Alcalde. b. El Pleno. c. La Junta de Gobierno Local. d. El Secretario.

61- Los municipios deberán prestar en todo caso el servicio de: a. Biblioteca Pública. b. Pavimentación de vías públicas. c. Prevención y extinción de incendios. d. Crematorio público.

62- Según el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, ¿cuál de las siguientes atribuciones no ostenta el Alcalde?. a. Aprobar la oferta de empleo público. b. La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización. c. El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado. d. Disponer gastos dentro de los límites de su competencia.

64- De acuerdo con la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la: a. Tercera parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres anualmente. b. Cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres anualmente. c. Cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de dos anualmente. d. Tercera parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de dos anualmente.

65- De acuerdo con el artículo 46.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, los órganos colegiados de las Entidades Locales podrán celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos: a. En cualquier momento. b. Cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales. c. Cuando lo acuerde el Presidente del órgano colegiado. d. Cuando lo soliciten dos tercios de sus miembros.

66- De acuerdo con la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con: a. Dos días naturales de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por el Pleno. b. Dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por el Pleno. c. Cinco días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por el Pleno. d. Cinco días naturales de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por el Pleno.

68- Si el Presidente no convocase el Pleno Extraordinario solicitado por el número de miembros indicado dentro del plazo de 15 días hábiles desde que fuera solicitada, automáticamente quedará convocado para el: a. Quinto día hábil siguiente. b. Quinto día siguiente. c. Décimo día siguiente. d. Décimo día hábil siguiente.

69- La aprobación de la liquidación del presupuesto general de una entidad local corresponde a: a. El Pleno de la entidad local. b. El Pleno de la entidad local, previo informe de la Intervención. c. El Presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención. d. El Secretario de la entidad local, previo informe de la Intervención.

70- Si un miembro de la Corporación se ausenta mientras se está celebrando la deliberación de un acuerdo se entenderá que: a. Se abstiene. b. Vota en contra. c. Vota a favor. d. Vota en blanco.

28. Tal y como establece la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, son órganos necesarios en las Diputaciones Provinciales entre otros los siguientes: a. El Presidente. b. Adjuntos a la Presidencia. c. La Junta de Gobierno y el Pleno. d. A y C son correctas.

29. Según el art. 36 de la Ley 7/1985 Reguladora de Las Bases de Régimen Local, son competencias propias de la diputación o entidad equivalente las que les atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes. a. La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. En todo caso garantizará en los municipios de menos de 2.000 habitantes la prestación de los servicios de Secretaría e Intervención. b. Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 10.000 habitantes. c. La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. d. Todas las anteriores son correctas.

45. Cuando dos municipios colindantes dentro de la misma provincia acuerden su fusión mediante un convenio de fusión, ¿Qué plazo debe transcurrir para que el nuevo municipio resultante pueda segregarse?. a. Cinco años desde la adopción del convenio de fusión. b. Diez años desde la adopción del convenio de fusión. c. Dos años desde la adopción del convenio de fusión. d. Un año desde la adopción del convenio de fusión.

46. Según lo establecido en el artículo 22 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de las siguientes atribuciones que corresponden al Pleno Municipal de los Ayuntamientos, ¿cuál no puede delegar en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local?. a. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria. b. La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos. c. La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. d. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.

47. Señale de las siguientes opciones aquella que no se recoge como órgano directivo en el artículo 130 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. a. El titular de la tesorería municipal. b. El Interventor general municipal. c. El titular de la asesoría jurídica. d. El Secretario general del Pleno.

48. De conformidad con el artículo 128 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los Ayuntamientos deberán crear distritos, como divisiones territoriales propias dotadas de: a. Órganos de gestión delegada. b. Órganos de gestión descentralizada. c. Órganos de gestión desconcentrada. d. Órganos de gestión autónomos.

56. En virtud del artículo 85.bis.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los organismos autónomos locales deberá existir: a. Un consejo rector, cuya composición se determinará en sus estatutos. b. Una comisión delegada del Pleno, cuya composición será determinada por éste. c. Un consejo rector, cuya composición se determinará por el Alcalde-Presidente de la Corporación. d. Una comisión delegada del Pleno, cuya composición se determinará en sus estatutos.

65. La Junta de Gobierno Local se integra por. a. Un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. b. El Alcalde y un número de concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta el Pleno. c. El Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados por el Pleno dando cuenta al Alcalde. d. Ninguna respuesta es correcta.

66. ¿A qué órgano corresponde la aprobación de los proyectos de ordenanzas y reglamentos, en los municipios de gran población?. a. Al Alcalde. b. Al Pleno. c. A la Junta de Gobierno Local. d. A las Comisiones Informativas.

67. En un municipio de gran población, los procedimientos de participación ciudadana deben regularse mediante: a. Las leyes que dicte el Parlamento Andaluz. b. Un Decreto del Alcalde. c. Reglamento orgánico. d. Ordenanza.

21. A una provincia con un número de residentes entre 500.001 a 1.000.000 le corresponde un número de: a) 27 Diputados. b) 51 Diputados. c) 31 Diputados. d) 25 Diputados.

34. En los municipios de gran población, el dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales corresponderá a: a) Un órgano de gestión tributaria. c) Un órgano de gestión económica-financiera. b) Una Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones. d) Un órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas.

25.- Según establece el art. 19 de la Ley de Bases de Régimen Local, el gobierno y la administración municipal…. a) En todo caso corresponde al Ayuntamiento. b) En todo caso corresponde al titular de la Alcaldía. c) Corresponde al Pleno Municipal del Ayuntamiento. d) Corresponden siempre al Ayuntamiento salvo en aquellos municipios que funcionen en régimen de Concejo Abierto.

27.- De acuerdo con el art. 32 de la Ley de Bases de Régimen Local, ¿cuál de estos Órganos no se recoge como que deban existir en todas las Diputaciones?. a) Presidente. b) Vicepresidente. c) Junta de Gobierno Local. d) Todos los órganos citados anteriormente se recogen en el mencionado artículo.

28.- Según lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local, las competencias propias de los entes locales: a) Se determinan por la propia entidad, ya que gozan de potestad de auto-organización. b) Sólo pueden ser determinadas por ley. c) Pueden ser determinadas, indistintamente, por Ley o por Reglamento. d) Solo puede ser determinadas mediante Ley Estatal.

41.- Para la válida celebración de una sesión de la Junta de Gobierno Local de un Ayuntamiento, en primera convocatoria, se requiere: La asistencia de la mayoría absoluta de sus componentes. La asistencia de la tercera parte de sus miembros y, en todo caso, un número no inferior a tres. La asistencia de las 2/3 partes de sus componentes. La asistencia de la mayoría de los presentes.

42.- Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, son órganos necesarios del Ayuntamiento, en todos los municipios: El /La Alcalde/sa, el Pleno y la Junta de Gobierno Local. El /La Alcalde/sa, el Pleno y los Tenientes de Alcalde. El /La Alcalde/sa, el Pleno y los/las Concejales/as. El /La Alcalde/sa, el Pleno y las Comisiones Informativas.

44.- Según el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y referente a la convocatoria de las sesiones plenarias, cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta: Corresponde al Alcalde/sa su convocatoria. La convocatoria de las sesiones extraordinarias habrá de ser motivada. Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de cuarenta y ocho horas, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias y urgentes. La convocatoria para una sesión, ordinaria o extraordinaria, dará lugar a la apertura del correspondiente expediente. A la convocatoria de las sesiones se acompañará el orden del día comprensivo de los asuntos a tratar con suficiente detalle, y los borradores de las actas de sesiones anteriores que deban ser aprobados.

45.- ¿Cuál de las siguientes, de conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, es una competencia atribuida al Pleno de los Ayuntamientos e indelegable?. La aprobación del Reglamento Orgánico y las Ordenanzas. La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y de la defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria. Todas las respuestas anteriores son correctas.

46.- De conformidad con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los municipios de más de 250 habitantes, en la elección de Alcalde/sa, si ningún candidato obtiene mayoría absoluta de los votos de los Concejales, se proclama electo: El que haya obtenido mayor número de votos de entre los Concejales. Resulte de un sorteo entre los candidatos. El Concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares. Al que los vecinos elegirán directamente por sistema mayoritario.

47.- Los acuerdos adoptados por el Pleno de las Corporaciones Locales en sesiones extraordinarias sobre asuntos no comprendidos en su convocatoria son: Anulables. Nulos. Válidos si se convalidan. Válidos si se han debatido.

25.- Según lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 7/1987, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), ¿en qué caso procederá la coordinación de las competencias de las Entidades Locales con las de otras Administraciones?: a) Cuando se trate de materias de política exterior. b) Cuando las actividades o servicios locales trasciendan el interés propio o no sean concurrentes o complementarios. c) Siempre que intervengan tres o más Comunidades Autónomas. d) Cuando las actividades o servicios locales trasciendan el interés propio o sean concurrentes o complementarios.

26.- De conformidad con el art. 16 LRBRL en relación con los datos consignados en el Padrón Municipal, ¿en qué casos podrán cederse los datos obligatorios del mismo Municipal sin consentimiento del afectado?. a) Cuando así lo apruebe el Pleno del Ayuntamiento. b) Solo cuando exista una orden judicial motivada. c) Cuando las Administraciones públicas los necesiten para el ejercicio de sus competencias y la residencia o el domicilio sean datos relevantes. d) En ningún caso, salvo autorización expresa del afectado.

27.- Según lo dispuesto en el art. 18 LRBRL, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a los extranjeros inscritos en el padrón?: a) La inscripción constituye prueba suficiente de residencia legal. b) La inscripción otorga automáticamente derecho a voto en municipales. c) La inscripción conlleva acceso pleno a todos los servicios municipales. d) La inscripción no acredita residencia legal ni otorga derechos no reconocidos por la legislación vigente.

28.- En virtud del art. 25 LRBRL sobre las competencias municipales, la evaluación de la conveniencia de la implantación de servicios locales se debe hacer conforme a los principios de: a) Universalidad, descentralización, libre mercado y suficiencia. b) Solidaridad interterritorial, eficacia, descentralización y control fiscal. c) Descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. d) Equidad, transparencia, eficacia y sostenibilidad financiera.

29.- En virtud de lo dispuesto en el art. 127 LRBRL, ¿qué órgano municipal ejerce la potestad sancionadora salvo atribución legal expresa a otro?: a) El Pleno. b) La Junta de Gobierno Local. c) El Alcalde. d) La Comisión de Hacienda.

30.- Conforme al art. 127 LRBRL, corresponde a la Junta de Gobierno Local: a) La aprobación de los proyectos de ordenanzas y de los reglamentos, incluidas las normas reguladoras del Pleno y sus comisiones. b) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general atribuidas expresamente al Pleno, así como de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. c) La concesión de cualquier tipo de licencia, incluidas las que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro órgano. d) El desarrollo de la gestión económica, autorizar y disponer gastos en materia de su competencia, disponer gastos previamente autorizados por el Pleno, y la gestión del personal.

31.- En virtud del art. 47.2 LRBRL, ¿qué quorum será necesario para aprobar el Reglamento Orgánico?: a) mayoría absoluta. b) Mayoría simple. c) Dos tercios. d) Ninguna es correcta.

32.- A tenor de lo que expresa el art. 49 LRBRL, el plazo de información al público al cual se someterán las Ordenanzas será de: a) Un máximo de 30 días. b) Un mínimo de 30 días. c) Treinta días. d) Un mes.

33.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 49 LRBRL, cuando una Ordenanza local, una vez sometida a información pública, no ha sido objeto de reclamación alguna: a) Se dará audiencia a las Administraciones públicas interesadas. b) En la inmediata sesión que el Pleno celebre será sometida a su aprobación. c) Se aprobará definitivamente bastando su ratificación por la Junta de Gobierno. d) Se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

34.- El libro de actas, según el artículo 198 del ROF, deberá contener: a) Todas sus hojas foliadas, con la rúbrica del Secretario General. b) Todas sus hojas foliadas, con la rúbrica del Alcalde y sello de la Corporación. c) Todas sus hojas foliadas, con la rúbrica del Secretario y el sello de la Corporación. d) Todas sus hojas foliadas, con la rúbrica del funcionario encargado del registro.

35.- Conforme al artículo 97.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), el voto particular podrá formularlo: a) Cualquier miembro de la Corporación. b) Un miembro de la Comisión Informativa que haya planteado el dictamen. c) Un miembro de cualquier Comisión Informativa. d) Todas las respuestas son correctas.

36.- En virtud del artículo 83 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), los acuerdos adoptados en sesión extraordinaria sobre asuntos no incluidos en su convocatoria son: a) Nulos. b) Anulables. c) Inexistentes. d) Válidos.

7. De acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal en los municipios de gran población es: a. La Junta de Gobierno Local. b. El Pleno, formado por el Alcalde y los Concejales. c. El Consejo Social de la Ciudad. d. Las Juntas Municipales de Distrito.

8. De acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, gozan asimismo de la condición de Entidades Locales: a. Las Áreas metropolitanas. b. Los Ayuntamientos. c. Las Juntas de Gobierno Local. d. Las Diputaciones Provinciales.

9. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece los principios conforme a los que actúan las entidades locales. Señale el que NO proceda: a. Eficacia. b. Descentralización. c. Concentración. d. Sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

11. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, recoge en el artículo 26 los servicios que se deben prestar en todos los municipios independientemente de su población, estos son: a. Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, parque público, acceso a los núcleos de población. b. Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. c. Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, parque público, protección civil, acceso a los núcleos de población. d. Alumbrado público, cementerio, biblioteca, parque público, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, parque público, acceso a los núcleos de población.

12. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿qué sucede si durante el periodo de información pública y audiencia a los interesados de una Ordenanza local no se presentan reclamaciones o alegaciones?. a. El expediente debe archivarse. b. Se requiere nueva exposición pública. c. Se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. d. El Pleno debe someter de nuevo a votación el acuerdo de aprobación inicial.

13. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿cuál de las siguientes materias tendrá en todo caso naturaleza orgánica?. a. La gestión del padrón municipal. b. La regulación del Consejo Social de la ciudad. c. La recaudación tributaria voluntaria. d. La contratación de servicios públicos.

58. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿cuál de los siguientes supuestos NO constituye una Entidad Local Territorial?. a. El Municipio. b. La Provincia. c. La Isla en los archipiélagos balear y canario. d. El Distrito.

10. Las Ordenanzas Municipales: a) Solo se comunican. b) Se publican. c) Según los casos, se notifican o se publican. d) Se notifican.

11. La elección de un Alcalde, tras unas elecciones locales, se efectúa: a) Directamente en las elecciones locales. b) Por los vecinos exclusivamente. c) En la sesión constitutiva de la Corporación. d) En sesión extraordinaria al efecto.

23. Las interrupciones en las sesiones del Pleno: a) Las señala discrecionalmente el Presidente de la sesión. c) Están prohibidas. b) Se realizan siempre antes de votar, para deliberar. d) Solo se dan para que pueda informar un particular sobre un asunto concreto.

25. La sesiones de la Junta de Gobierno Local son: a) No públicas siempre. b) A puerta cerrada, salvo votación por mayoría absoluta. c) Solo deliberantes. d) Públicas.

26. Si no hay quórum en la constitución de una sesión del Pleno se: a) Convoca a la misma hora dos días después. b) Celebra con carácter deliberante. c) Celebra media hora después. d) Entiende automáticamente convocada, a la misma hora, dos días después.

30. Los ruegos y preguntas se incluyen en las sesiones de pleno: a) Extraordinarias. b) Urgentes. c) Ordinarias. d) De todo tipo.

34. Los nombramientos de funcionarios en los Ayuntamientos de Municipios de régimen común corresponden al/a la: a) Pleno. b) Alcalde/Presidente. c) Delegado de Personal. d) Junta de Gobierno Local.

38. La representación del Ayuntamiento compete al/a la/a los: a) Tenientes de Alcalde en su ámbito competencial respectivo. b) Alcalde. c) Pleno. d) Junta de Gobierno Local.

42. La formación del Proyecto de Presupuesto en un municipio de régimen común, es competencia del: a) Presidente de la misma. b) Pleno de la Corporación. c) Tesorero. d) Interventor General de Fondos.

43. Deben comunicarse a la Alcaldía las ausencias del término municipal de un Concejal que exceden de: a) Dos días. b) No es necesario hacerlo. c) Ocho días. d) Un día.

51. El Municipio no ejercerá como competencia propia: a) Cementerios y actividades funerarias. b) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. c) Abastecimiento de agua potable a domicilio. d) Administración de Justicia.

52. Señala cuál de los siguientes no es un servicio que se deba prestar en todos los Municipios: a) Limpieza viaria. b) Pavimentación de las vías públicas. c) Biblioteca pública. d) Abastecimiento domiciliario de agua potable.

9. Cada cuanto tiempo se debe celebrar obligatoriamente un Pleno Ordinario en un municipio de 26.000 habitantes: a. Mínimo doce al año. b. Mínimo dos al mes. c. Como máximo dos al mes.

10. Las Corporaciones Locales tienen legalmente atribuida competencia para intervenir la actividad desarrollada por los ciudadanos. La actividad de intervención debe ajustarse, en todo caso, a una serie de principios, entre los que no se encuentra: a. Igualdad de trato. b. Proporcionalidad. c. Publicidad.

42. Anualmente, un Concejal puede solicitar: a. Dos Sesiones Extraordinarias del Pleno. b. Una Sesión Extraordinaria del Pleno. c. Tres Sesiones Extraordinarias del Pleno.

47. ¿Qué artículo de la ley reguladora de las bases del régimen local establece el proceso de aprobación del presupuesto municipal?. a. Art. 112. b. Art. 113. c. Art. 114.

1. El órgano complementario que se constituye con y sin miembros de la corporación para tratar colegiadamente asuntos que afectan a materias concretas de la actividad y competencia de un municipio se llama: a. Comisión informativa. b. Consejo sectorial. c. Junta municipal de distrito.

2. El servicio de limpieza viaria es servicio mínimo en municipios de: a. Más de 5.000 habitantes. b. Más de 10.000 habitantes. c. Cualquier municipio con independencia del número de habitantes.

5.- Según el artículo 56 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los actos y acuerdos de las Entidades Locales: a) Se deben remitir preceptivamente a la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma, en los plazos y forma que reglamentariamente se determinen. b) Se deben remitir preceptivamente a la Administración General del Estado y, potestativamente, a la de Comunidad Autónoma. c) Se deben remitir únicamente a la Administración de la Comunidad Autónoma, para que ésta dé traslado a la Administración General del Estado. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta, porque dicho control de legalidad va contra el principio de autonomía local recogido en la Constitución Española de 1978.

9.- Según el art. 33 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, corresponde al Pleno de la Diputación (señale la INCORRECTA): a) La organización de la Diputación. b) La aprobación de las ordenanzas. c) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto. d) La aprobación y modificación de los Presupuestos, la disposición de gastos dentro de los límites de su competencia y la aprobación provisional de las cuentas.

19.- Según el artículo 89 de La ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local el personal al servicio de las Entidades Locales estará integrado por: a) Funcionarios de carrera y contratados en régimen de derecho laboral. b) Funcionarios de carrera y contratados en régimen de derecho laboral y miembros de la Corporación Local. c) Funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral, personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial y personal que presta sus servicios en las empresas concesionarias de la Entidad Local. d) Funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial.

39.- Según el artículo 38 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la periodicidad de las sesiones del Pleno del Ayuntamiento se fija: a) En la sesión constitutiva de la corporación, constituida el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones. b) En sesión extraordinaria del Pleno, convocado dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva. c) Por decreto de alcaldía que deberá ser ratificado en la primera sesión del Pleno que se celebre. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

49.- Según el art. 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, actúan de acuerdo a los principios: a) Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. b) Eficacia, autonomía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. c) Las respuestas A) y B) son correctas. d) Ninguna es correcta.

36. De acuerdo con el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en su apartado 2 dispone para el personal eventual (señale la incorrecta): a) El nombramiento y cese de estos funcionarios es libre y corresponde al Alcalde o al Presidente de la entidad local correspondiente. b) El nombramiento y cese de estos funcionarios es libre y corresponde al Pleno de la entidad local correspondiente. c) Cesan automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten su función de confianza o asesoramiento.

37. De acuerdo con el apartado 1 del Artículo 146 de Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. a) Las faltas cometidas por los funcionarios de la Administración local en el ejercicio de sus cargos serán calificadas de leves, graves y muy graves. b) Las faltas cometidas por los funcionarios de la Administración local en el ejercicio de sus cargos serán calificadas de leves, graves y extremadamente graves. c) Las faltas cometidas por los funcionarios de la Administración local en el ejercicio de sus cargos serán calificadas de graves y muy graves.

38. De acuerdo con el artículo 150.4 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, la tramitación de los expedientes disciplinarios. a) Se ajustará a lo que establezca el Reglamento disciplinario de los funcionarios de la Administración Civil del Estado y supletoriamente por la legislación de la Comunidad Autónoma respectiva. b) Se ajustará a lo que establezca la legislación que establezca la propia Entidad Local respectiva y supletoriamente el Reglamento disciplinario de los funcionarios de la Administración Civil del Estado. c) Se ajustará a lo que establezca la legislación de la Comunidad Autónoma respectiva y supletoriamente el Reglamento disciplinario de los funcionarios de la Administración Civil del Estado.

39. Según el artículo 154.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. a) La Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año fijará los límites al incremento de las retribuciones o gastos de personal de las Corporaciones locales. b) La Ley de Presupuesto General de la Comunidad Autónoma respectiva para cada año fijará los límites al incremento de las retribuciones o gastos de personal de las Corporaciones locales. c) Los Presupuestos Generales de la respectiva Corporación Local para cada año fijará los límites al incremento de las retribuciones o gastos de personal de las Corporaciones locales.

44. En el funcionamiento de las Comisiones informativas se aplica con carácter supletorio: a) Las disposiciones sobre funcionamiento de Consejos sectoriales. b) Las disposiciones sobre funcionamiento del Pleno. c) Las disposiciones sobre funcionamiento de Juntas de Distrito.

45. De acuerdo con el artículo 104.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en su apartado 4 dispone para el personal eventual. a) Sólo excepcionalmente podrá asignarse a los servicios generales de las Entidades Locales en cuya plantilla aparezca consignado. b) Sólo excepcionalmente podrá asignarse, con carácter funcional, a servicios o departamentos distintos de los Servicios Generales de la Entidad Local, si así lo reflejare expresamente su reglamento orgánico. c) Ninguna de las anteriores es correcta.

47. La Junta de Gobierno Local se constituye y celebra sesión válidamente con la asistencia: a) De la mayoría absoluta de sus componentes en primera convocatoria. b) De la cuarta parte del número legal de miembros, en segunda convocatoria. c) De un tercio del número legal, que nunca podrá ser inferior a 3, si bien no será obligatorio que se mantenga este quórum durante toda la sesión.

48. De conformidad con la Ley 7/1985, la celebración de una sesión extraordinaria a petición de los Concejales no podrá demorarse: Por más de 15 días hábiles desde que fuera convocada. Por más de 15 días naturales desde que fuera solicitada. Por más de 15 días hábiles desde que fuera solicitada.

49. Los miembros de la Corporación que se hubieren ausentado de la sesión plenaria, una vez iniciada la deliberación de un asunto y no estuvieran presentes en el momento de la votación se consideran: Que votan en contra. Que no se cuenta su voto. Que se abstienen.

50. Pueden impugnar los acuerdos de los órganos colegiados de la Corporación, según el art. 63.1.b) Ley 7/1985, 2 de abril, los miembros que: Se hayan abstenido en la votación del acuerdo que se pretende impugnar. Hayan votado en contra del acuerdo que se pretende impugnar. No hayan asistido a la sesión en la que se acordó el acto que se pretende impugnar.

3.- Cuál de los siguientes no es un contenido propio del Reglamento Orgánico Municipal: La fijación de los asuntos que deben ser objeto de debate y aprobación en Pleno y Junta de Gobierno Local. La fijación de la periodicidad de las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local. La constitución y funcionamiento de los grupos políticos. La determinación del número mínimo para constituir grupo político.

26.- Según lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local se integra por …. Por un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos. Por un número de Concejales no superior a la mitad del número legal de los mismos. Por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos. Por el Alcalde y un número de Concejales no superior a la mitad del número legal de los mismos.

18.- De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local son elementos del municipio: ⁠a) El territorio. b) La población. c) La organización. d) Todas son correctas.

20.- En relación con los municipios de régimen común, señale lo incorrecto: a) Los Concejales son elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población inferior a 5.000 habitantes. c) El Alcalde es elegido por los Concejales o por los vecinos; todo ello en los términos que establezca la legislación electoral general. d) El Alcalde es el Presidente de la Corporación.

21.- En los municipios de régimen común, la concertación de operaciones de crédito corresponderá a: b) Al Pleno, en todo caso. a) Al Alcalde, en todo caso. c) Al Pleno, cuando su cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto. d) Ninguna es correcta.

25.- Según lo dispuesto en el art.22 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la alteración de la capitalidad del municipio corresponde a: a) El Alcalde. b) El Pleno. c) Los Vecinos. d) La capitalidad no se puede alterar.

43.- Son Entidades Locales Territoriales: a) El Municipio y la Provincia. b) El Ayuntamiento y la Diputación Provincial. c) El Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario. d) El Municipio, la Provincia, la mancomunidad de municipios y la Isla en los archipiélagos balear y canario.

45.- Según el artículo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, los municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. d) Todas son correctas.

47.- De acuerdo con lo señalado en el artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos: a) Como consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes. b) Como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes. c) Como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos o de la incorrecta actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes. d) Esta materia no se regula en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

42.- De conformidad con el artículo 43 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Alcalde podrá realizar delegaciones especiales, para cometidos especiales, a favor de: a) Un empleado público municipal. b) Cualquier Concejal. c) Sólo en los miembros de la Junta de Gobierno Local. d) Sólo en un Teniente de Alcalde.

24.- ¿Qué plazo tiene la Comunidad Autónoma para requerir a una entidad local a fin de que anule un acto que infrinja el ordenamiento jurídico?. a) Un mes, a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo. b) Diez días naturales, a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo. c) Quince días hábiles, a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo. d) Quince días naturales, a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo.

33. El artículo 88 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales nos dice que: a. Las sesiones del Pleno serán públicas en todo caso. b. Las sesiones del Pleno serán públicas, pudiendo ser secreto el debate pero no la votación en aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución Española, cuando así se acuerde por mayoría absoluta. c. Las sesiones del Pleno serán públicas, pudiendo ser secreto el debate y la votación en aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución Española, cuando así se acuerde por mayoría absoluta. d. Las sesiones del Pleno serán públicas, debiendo ser secreto el debate y la votación en aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución Española, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.

12. De acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿cuál de los siguientes órganos ha de existir en todos los ayuntamientos?. a) Tenientes de alcalde. b) Comisión de Tributos. c) Comisión de Sugerencias y Reclamaciones. d) Junta de Gobierno Local.

1. Según el artículo 11 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, son elementos del municipio: a) El territorio, la población y el ayuntamiento. b) El territorio, la población y la organización. c) El término municipal, los habitantes y los órganos de gobierno. d) El término municipal, los habitantes y la organización.

28. Según la Ley Reguladora de las Bases del Régimen local, ¿cuál de los siguientes servicios NO es de prestación obligatoria en cualquier municipio, con independencia del número de habitantes?. a) Alumbrado público. b) Cementerio. c) Alcantarillado. d) Parque público.

4. Señale la respuesta correcta en cuanto a la organización municipal según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos. b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 2.000 habitantes y en los de menos cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. c) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en todos los municipios y estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la corporación. d) La Comisión Especial de Cuentas existe en los municipios de gran población, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico.

46. El libro de actas deberá contener, según el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. a) Todas las respuestas son correctas. b) Todas las hojas foliadas y rubricadas por el Secretario General. c) Todas sus hojas foliadas con la rúbrica del Alcalde o Presidente y el sello de la Corporación. d) Todas sus hojas foliadas con la rúbrica del funcionario encargado del registro.

42. Los libros o soporte documental del Registro, no podrán salir bajo ningún pretexto de la Casa Consistorial. ¿En qué artículo del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se encuentra este texto?. a) Artículo 151. b) Artículo 152. c) Artículo 154. d) Artículo 153.

8. ¿Qué mayoría se requiere del órgano competente para la aprobación del Reglamento Orgánico de la Corporación municipal?: a) Mayoría de dos tercios. b) Mayoría de tres quintos. c) Mayoría absoluta. d) Mayoría simple.

5.- Según el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la aprobación inicial de las Ordenanzas locales corresponderá a: a) EL Alcalde o Presidente de ella Diputación. b) Comisión de Gobierno. c) El Pleno. d) Comisión de Hacienda.

11.- El artículo 52.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales establece que: a) El número de concejales a los que el Alcalde puede nombrar miembros de la Comisión de Gobierno, podrá ser superior a un quinto del número legal de miembros de la Corporación. b) El número de concejales a los que el Alcalde puede nombrar miembros de la Comisión de Gobierno, podrá ser superior a un sexto del número legal de miembros de la Corporación. c) El número de concejales a los que el Alcalde puede nombrar miembros de la Comisión de Gobierno, podrá ser superior a un cuarto del número legal de miembros de la Corporación. d) El número de Concejales a los que el Alcalde puede nombrar miembros de la Comisión de Gobierno, no podrá ser superior al tercio del número legal de miembros de la Corporación.

12.- El artículo 79 de la Ley 7/85, Ley de Bases de Régimen Local establece que: a) Las Entidades Locales no tiene patrimonio propio. b) El patrimonio de las entidades locales está constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenezcan. c) El patrimonio de las entidades locales está constituido por el conjunto de bienes físicos existentes en el municipio. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correctas.

18.- ¿Qué tipo de órgano es el Pleno del Ayuntamiento?. a) Complementario. b) Especial. c) Necesario. d) Asesor de Alcaldía.

29.- En una sesión extraordinaria convocada por decisión del Presidente, se pueden tratar asuntos no incluidos en el orden del día siempre que: a) Sean de carácter urgente y así se acuerde por mayoría absoluta. b) Sean de carácter urgente, estén presentes todos los miembros y se acuerde por mayoría absoluta. c) Sean de carácter urgente, estén presentes todos los miembros y se acuerde por unanimidad. d) Se autorice expresamente por el Presidente.

5.- De acuerdo con el art.20 de la Ley de Bases del Régimen Local, la Comisión Especial de Cuentas existe: a) en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. b) en todos los municipios. c) en todos los municipios con población superior a 1.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento. d) ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

1. ¿En qué municipios existirá obligatoriamente Junta de Gobierno Local?. a) En los de menos de 5.000 habitantes. b) En los de más de 5.000 habitantes, y en los de menos, cuando lo prevea el reglamento orgánico y lo acuerde el Pleno. c) Es obligatorio siempre.

3. Son entidades locales. a) El Municipio, La Provincia, y la isla en los archipiélagos balear y canario. b) El Municipio, La Provincia, y la isla en los archipiélagos balear y canario, Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con la LBRL y los correspondientes Estatutos de Autonomía, las Áreas Metropolitanas, las Mancomunidades de Municipios. c) El Municipio, La Provincia, y la isla en los archipiélagos balear y canario, Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con la LBRL y los correspondientes Estatutos de Autonomía.

6. Son fines propios y específicos de las provincias: a) Realizar los servicios de competencia municipal. b) Garantizar los principios de solidaridad y autonomía intermunicipales. c) Garantizar el principio de equilibrio intermunicipal.

11. ¿Cuál de los siguientes no es un medio de intervención en la actividad de los ciudadanos por parte de las Corporaciones Locales?. a) Los Bandos de Alcaldía. b) Las subvenciones. c) a y b no son ciertas.

12. Los miembros del órgano colegiado deberán recibir la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones, con una antelación mínima de: a) Dos días. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en un plazo superior. b) Tres días. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en un plazo superior. c) Dos días. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en un plazo igual.

28. La aprobación de los planes de carácter provincial es: a) una función delegable del Presidente de la Diputación. b) una función delegable del Pleno de la Diputación. c) una función no delegable del Pleno de la Diputación.

32. La Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece que las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados, y actúan de acuerdo con los principios de: a) eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación. b) descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. c) eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

34. Según el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales respecto al contenido de las actas establece que de cada sesión el Secretario extenderá acta en la que habrá de constar: a) Asistencia del funcionario, o de quien legalmente le sustituya, y presencia del funcionario responsable de la Intervención, cuando concurra. b) Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que cada miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el número de votos afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. Se hará constar nominalmente el sentido del voto cuando así lo pidan los interesados. c) Parte reglamentaria de los acuerdos que se adopten.

37. Para que proceda la disolución de los órganos de las corporaciones locales según lo previsto en el artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local es necesario que ... a) Estemos ante una gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. b) Estemos ante una gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones legales. c) Estemos ante una gestión lesiva para los intereses generales aun cuando no suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales o legales.

38. La estructura administrativa interna de los Entes locales: a) se regulará por Ley de la Comunidad Autónoma. b) se regula en el Estatuto interno de cada Municipio. c) debe respetar lo establecido en la Ley 7/1985 de 2 de Abril.

46. De los servicios siguientes, cuáles se consideran obligatorios para los municipios con población superior a 20.000 habitantes (Art. 26 Ley Reguladora Bases Régimen Local): a) protección civil. b) transporte colectivo urbano de viajeros. c) medio ambiente urbano.

51. La creación o supresión de Municipios, así como la alteración de términos municipales: a) Se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local. b) Se regularán por la legislación estatal básica sobre régimen local. c) Se regularán por la legislación estatal básica sobre régimen local, y supletoriamente por la legislación de las Comunidades Autónomas.

57. Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes. a) Da soporte a los Ayuntamientos para la tramitación de procedimientos administrativos y realización de actividades materiales y de organización urbanística, asumiéndolas cuando aquéllos se las encomienden. b) Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. c) La coordinación mediante convenio, con la Comunidad Autónoma respectiva, de la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población inferior a 50.000 habitantes.

64. El conjunto de bienes, derechos y acciones que pertenecen a las Entidades Locales constituye su ... a) Presupuesto. b) Hacienda. c) Patrimonio.

77. En un municipio de gran población, la concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro órgano le corresponde: a) a la Junta de Gobierno Local. b) al Alcalde. c) al Pleno.

78. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local establece las dotaciones de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual en los Ayuntamientos, con límites y normas. En relación con esto, los Ayuntamientos de Municipios de población superior a 50.000 y no superior a 75.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número: a) Que no podrá exceder de la mitad de concejales de la Corporación local. b) Un número que no podrá exceder de siete. c) Un número que no podrá exceder de nueve.

79. El municipio y la provincia: a) Tienen personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. b) No tienen personalidad jurídica, pero si capacidad para el cumplimiento de sus fines. c) Tienen personalidad jurídica y necesitan supervisión de la autorizada autonómica para el cumplimiento de sus fines.

80. Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta: a) El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. b) Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. c) Todas son ciertas.

89. Son competencias propias de la Diputación las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso: a) La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. En todo caso garantizará en los municipios de menos de 5.000 habitantes la prestación de los servicios de Secretaría e Intervención. b) La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. En todo caso garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de los servicios de administración y auditoría. c) La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. En todo caso garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de los servicios de Secretaría e Intervención.

96. Según el Art. 26 de la Ley de Bases del Régimen Local, el servicio público de tratamiento de residuos deberá prestarse: a) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes. b) En todos los Municipios. c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes.

2. El artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que las Diputaciones, en todo caso, garantizarán la prestación de los servicios de secretaría e intervención: a) En los municipios de menos de 1.000 habitantes. b) En los municipios de menos de 5.000 habitantes. c) En los municipios de menos de 10.000 habitantes.

12. El plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal a que se refiere el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: a) Se aprueba anualmente y en su elaboración deben participar los municipios de la Provincia. b) Se aprueba cada dos años y en su elaboración deben participar los municipios afectados. c) Se aprueban cada dos años y solo se podrán financiar por medios propios.

18. ¿Qué criterios señala el artículo 32 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local se deberán respetar en el nombramiento del personal directivo de las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares?. a) Mérito y capacidad. b) Competencia profesional y experiencia. c) Experiencia profesional y capacidad de gestión.

23. Según el artículo 33 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno de la Diputación puede delegar, entre otras, el ejercicio de: a) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. b) La aprobación del número y régimen del personal eventual. c) El planteamiento de conflictos de competencia a otras Entidades locales y demás Administraciones públicas.

31. Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local los cambios de denominación de los municipios solo tendrán carácter oficial cuando: a) Se apruebe por el pleno de la corporación y se inscriban en el registro de Entidades Locales de la comunidad autónoma. b) Sean anotados en un registro creado por la Administración del Estado para la inscripción de todas las Entidades a que se refiere la citada ley, y su publicación en el Boletín Oficial del Estado. c) Se apruebe por el pleno de la corporación, se publique en el Boletín Oficial del Estado y se de información a la Comunidad Autónoma y al Estado para su conocimiento.

35. Se recoge en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: a) Las entidades locales tendrán autonomía para establecer y exigir tributos de acuerdo con lo previsto en las Ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente previstos en ellas. b) La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se ejercerá a través de Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios y de Ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección. c) Las Corporaciones locales no podrán emanar ni disposiciones interpretativas ni aclaratorias de las Ordenanzas fiscales.

39. De conformidad con el artículo 17 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las personas inscritas en el Padrón de españoles residentes en el extranjero se considerarán,. a) Vecinos del municipio español que figura en los datos de su inscripción, con los mismos derechos que estos. b) Vecinos del municipio español que figura en los datos de su inscripción, únicamente a efectos del derecho de sufragio. c) No se considerarán vecinos.

48. RESERVA 2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las entidades territoriales de ámbito inferior al municipal: a) Son entidades locales territoriales. b) Gozan de la condición de entidad local. c) Las respuestas a) y b) no son correctas.

5. Según el artículo 79 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, son bienes de dominio público: a) Los destinados a un uso o servicio público. b) Los adquiridos por una Administración Pública. c) Todos los que sean propiedad de una Administración Pública.

17. RESERVA 5. Según el artículo 84 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 84 de dicha norma, con carácter general, el ejercicio de actividades: a) Se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo. b) No se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo. c) Se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo a criterio del interesado.

36. Conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: a) El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes en los Ayuntamientos de municipios de más de 10.000 habitantes. b) El Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres anualmente. c) En caso de solicitud de sesión extraordinaria del Pleno, la celebración del mismo no podrá demorarse por más de diez días hábiles desde que fuera solicitada, salvo que el Presidente decida incorporar el asunto al orden del día de un Pleno ordinario o de otro extraordinario con más asuntos y lo comunique expresamente a los solicitantes de la convocatoria.

43. Conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: a) Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por el Pleno. b) En caso de Pleno extraordinario solicitado por el número de concejales exigido por la ley y dentro del plazo señalado, quedará automáticamente convocado para el noveno día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las once horas. c) En las sesiones del Pleno extraordinarias y urgentes no será necesario que la documentación integra de los asuntos incluidos en el orden del día que deba servir de base al debate y, en su caso, votación, figure a disposición de los concejales o diputados, desde el mismo día de la convocatoria, en la Secretaría de la Corporación.

51. De conformidad con el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones, entre otras, para la adopción de acuerdos en las siguientes materias: a) Creación y supresión de municipios y alteración de términos municipales. b) Concesión de bienes o servicios por más de diez años, siempre que su cuantía exceda del 30 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto. c) Alteración de la calificación jurídica de los bienes patrimoniales o de propios.

53. De conformidad con el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. a) Los acuerdos de las corporaciones locales se adoptan, como regla general, por mayoría simple de los miembros presentes. b) Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son la mitad más uno de los asistentes. c) Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la aprobación de los proyectos de ordenanzas y de los reglamentos.

8. De acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se consideran órganos superiores en un municipio de gran población: a. El titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al concejal-secretario de la misma. b. Los directores generales u órganos similares que culminen la organización administrativa dentro de cada una de las grandes áreas o concejalías. c. El Secretario general del Pleno. d. Los miembros de la Junta de Gobierno Local.

9. De acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con los municipios de gran población, indique la respuesta INCORRECTA: a. El Alcalde ostenta la máxima representación del municipio. b. El Alcalde es responsable de su gestión política ante el Pleno. c. Es competencia del Alcalde la determinación de los recursos propios de carácter tributario. d. Corresponde al Alcalde ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos de los órganos ejecutivos del Ayuntamiento.

10. De acuerdo con el artículo 128 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con los municipios de gran población, los Distritos son: a. Divisiones territoriales propias, dotadas de órganos de gestión desconcentrada, para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. b. Divisiones territoriales propias, dotadas de órganos de gestión descentralizada, para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. c. Divisiones territoriales propias, dotadas de órganos de gestión descentralizada, para impulsar y desarrollar la participación política en la gestión de los asuntos municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. d. Divisiones territoriales propias, dotadas de órganos de gestión desconcentrada, para impulsar y desarrollar la participación de las entidades privadas y públicas en la gestión de los asuntos municipales, provinciales y autonómicos.

10. Para la válida constitución del Pleno se requiere la asistencia: a. De un tercio del número legal de miembros de la Corporación, que nunca podrá ser inferior a tres. En todo caso se requiere la asistencia del Presidente y del secretario de la Corporación o de quienes legalmente les sustituyan. b. De un tercio del número legal de miembros de la Corporación, que nunca podrá ser inferior a cinco. En todo caso se requiere la asistencia del Presidente y del secretario de la c Corporación o de quienes legalmente les sustituyan. c. De un quinto del número legal de miembros de la Corporación, que nunca podrá ser inferior a tres. En todo caso se requiere la asistencia del Presidente. d. De un quinto del número legal de miembros de la Corporación, que nunca podrá ser inferior a tres. En todo caso se requiere la asistencia del secretario de la Corporación.

¿Cómo debe adoptarse el acuerdo de participación del Ayuntamiento en la Mancomunidad de Municipios Portuarios?. a. Por mayoría simple de los miembros presentes. b. Por mayoría simple del número legal de miembros de la corporación. c. Por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. d. Por mayoría de dos tercios de los miembros presentes.

12. El Alcalde, al fijar el orden del día de la sesión extraordinaria solicitada, decide incluir en el mismo la tramitación del primer expediente de modificación de créditos del presupuesto vigente, cuyo proyecto ha sido recientemente aprobado. ¿Qué órgano ha debido aprobar dicho proyecto?. a. El Alcalde. b. La Junta de Gobierno Local. c. El Pleno. d. El Teniente de Alcalde Delegado en materia de economía.

¿Cómo pueden realizarse las votaciones de cada uno de los dos asuntos incluidos en el orden del día?. a. Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales y secretas. b. Las votaciones sólo pueden ser ordinarias. c. Las votaciones pueden ser ordinarias o nominales si así lo ha solicitado un grupo municipal y ha sido aprobado por el Pleno por mayoría simple en votación ordinaria. d. Las votaciones sólo pueden ser nominales.

24. ¿Quién puede solicitar un turno de explicación de voto una vez proclamados los acuerdos sobre los asuntos debatidos?. a. Los grupos que no hubieren intervenido en el debate. b. Los grupos que tras el debate hubieren cambiado el sentido de su voto. c. Secretario General del Pleno. d. La a y la b) son correctas.

¿Podrán certificarse los acuerdos adoptados por el pleno, antes de ser aprobada el acta correspondiente?. a. Si, siempre que se haga la advertencia o salvedad en este sentido y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente. b. Si, sin necesidad de salvedad alguna. c. Si, siempre que se comuniqué la emisión del citado certificado en el siguiente pleno que se celebre. d. No, solo podrá expedirse una diligencia.

7. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde en todo caso al Pleno de la Diputación, entre otras, las siguientes competencias: a) La aprobación de la oferta de empleo público. b) Distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. c) Acordar las sanciones de todo el personal. d) La aprobación de los planes de carácter provincial.

8. El Alcalde en un municipio de régimen común tiene atribuida la competencia para la aprobación: a) De la relación de puestos de trabajo. b) De las bases de las pruebas para la selección del personal. c) Inicial del planeamiento general. d) De los expedientes de municipalización.

9. De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, son derechos y deberes de los vecinos, entre otros: a) Pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley. b) Ejercer la iniciativa popular en los términos previstos en el artículo 70 bis. c) Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral. d) Todas las anteriores son correctas.

17. Según el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los Municipios con población superior a 20.000 habitantes deberán prestar, en todo caso, y entre otros: a) Medio ambiente urbano. b) Limpieza viaria. c) Transporte colectivo urbano de viajeros. d) Todas las anteriores son correctas.

18. Según el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su calidad de Administraciones Públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas; señale la correcta: a) Las potestades reglamentarias y de autoorganización. b) Las potestades expropiatorias y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes. c) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora. d) Todas las anteriores son correctas.

35. De acuerdo a lo previsto en el RD 2568/1986, de 28 de noviembre, los expedientes y los documentos originales podrán salir de las dependencias municipales: a) En ningún caso los documentos originales podrán salir antes de su resolución del expediente. b) Siempre y cuando lo autoriza el Secretario municipal con el visto bueno del Presidente de la Entidad. c) Cuando lo soliciten quienes lo hayan presentado en cualquier momento previo a la resolución. d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

40. Los Tenientes de Alcalde, en los municipios en régimen de gran población, podrán ser nombrados: a) Por el Alcalde, entre cualquiera de los concejales electos. b) Por el Pleno, entre concejales miembros de la Junta de Gobierno Local. c) Por el Alcalde, entre los concejales que formen parte de la Junta de Gobierno Local. d) Ninguna de las anteriores es correcta.

41. El número de miembros que integran la Junta de Gobierno Local en los municipios de gran población: a) No podrá exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno, además del Alcalde. b) No podrá exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno, incluyendo al Alcalde. c) No podrá exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno. d) Podrá exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno, además del Alcalde.

42. Son órganos superiores municipales en municipios de gran población: a) Los miembros de la Junta de Gobierno Local. b) El secretario General del Pleno. c) El titular de la Asesoría Jurídica. d) El Interventor general Municipal.

43. En los municipios de régimen de gran población, las competencias como órgano de contratación corresponden a: a) La Junta de Gobierno Local. b) El Alcalde o el Pleno, según el importe y duración del contrato. c) El Pleno. d) El Alcalde, el Pleno o la Junta de Gobierno Local, según el importe del contrato.

47. A los efectos del desarrollo de las sesiones del Pleno de las Corporaciones Locales, la propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno se denomina: a) Propuesta. b) Acuerdo. c) Proposición. d) Moción.

1. La alteración de términos municipales: a. Se regulará por la legislación de las Comunidades Autónomas. b. En ningún caso puede suponer modificación de los límites provinciales. c. Requerirá, en todo caso, audiencia de los municipios interesados. d. Todas son correctas.

2. Podrán crearse nuevos municipios: a. Sobre la base de núcleos de población de al menos 4.000 habitantes. b. Sobre la base de núcleos de población de al menos 5.000 habitantes. c. Siempre que sean financieramente sostenibles, con independencia de su población. d. Si se autoriza por la Administración que ejerza la tutela financiera, con independencia de su población.

4. El Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en adelante (LRBRL) es de aplicación: a. A los municipios capitales de provincia de población superior a 50.000 habitantes. b. A los municipios capitales autonómicas de población superior 100.000 habitantes. c. A los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes. d. A cualquier municipio que lo solicite y así lo decida la Asamblea Legislativa correspondiente.

5. En los municipios de gran población corresponde a la Junta de Gobierno Local. a. La aprobación inicial de ordenanzas y reglamentos. b. La aprobación de ordenanzas fiscales. c. La aprobación de las normas reguladoras de las comisiones. d. La aprobación de los proyectos de ordenanzas y reglamentos.

6. La Comisión Especial de Cuentas existe: a. Sólo en los municipios señalados en el Título X de la LRBRL. b. Sólo en los municipios en que el Pleno así lo acuerde por el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la corporación. c. En todos los municipios. d. Sólo en los municipios de más de 5.000 habitantes.

7. En los municipios de gran población son órganos superiores: a. El Alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno Local. b. El Alcalde y los Tenientes de Alcalde. c. El Alcalde y los Concejales Delegados. d. El Alcalde y el concejal-secretario de la Junta de Gobierno Local.

8. ¿Cómo se regula el Consejo Social de la ciudad?. a. Mediante reglamento orgánico aprobado por mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno. b. Mediante reglamento aprobado por el Pleno por mayoría simple de los miembros presentes. c. Mediante Resolución del Alcalde, previo dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. d. Mediante reglamento orgánico aprobado por la Junta de Gobierno Local, previa consulta pública a las asociaciones de participación ciudadana.

32. Conforme al art. 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, (LRBRL) ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y autoridades: a. Las del Pleno, los Alcaldes o Presidentes y las Juntas de Gobierno, salvo en los casos excepcionales en que una ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del Estado o de la comunidad autónoma, o cuando proceda recurso ante éstas en los supuestos del artículo 27.2. b. Las de autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por delegación del Alcalde, del Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa. c. Las de cualquier otra autoridad u órgano cuando así lo establezca una disposición legal. d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

34. ¿En qué artículo de la LRBRL se reconoce la potestad reglamentaria de las Entidades Locales?. a. Art. 1. b. Art. 4. c. Art. 15. d. Art. 17.

28. La Ley Reguladoras de las Bases del Régimen Local consta de: a) 9 Títulos. b) 11 Títulos. c) 10 Títulos. d) 12 Títulos.

30. Según el art. 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando: a) No se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. b) Se demuestre que se pueden realizar de manera más sostenible por la propia Entidad Local. c) No se ejerzan simultáneamente, o se tutelen por la Diputación Provincial u órgano asimilado. d) Ninguna de las anteriores.

31. Señale cuál de las siguientes no es competencia municipal, según el art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: a) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante. b) Protección de la salubridad pública. c) Cementerios y actividades funerarias. d) La realización de políticas activas de empleo entre los vecinos.

33. ¿Cuál de los siguientes datos no es obligatorio de declarar en el Padrón de habitantes?. a) Domicilio habitual. b) Nacionalidad. c) Lugar y fecha de nacimiento. d) Teléfono.

34. La alteración de la denominación y capitalidad de las Provincias necesitará: a) RD del Gobierno de la Nación. b) Ley Ordinaria aprobada por las Cortes Generales. C) Ley Orgánica aprobada por las Cortes Generales. d) Ley Autonómica.

51.De acuerdo con lo establecido en el artículo 85 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en relación a la gestión directa de servicios públicos de competencia local mediante un organismo autónomo local: a) El titular del máximo órgano de dirección de los mismos deberá ser un funcionario de carrera o laboral de las Administraciones públicas o un profesional del sector privado, titulados superiores en ambos casos, y con más de cinco años de ejercicio profesional en el segundo. En los municipios señalados en el título X, tendrá la consideración de órgano directivo. b) Deberá existir un consejo rector, cuya composición se determinará mediante resolución de su titular. c) La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal directivo como del resto del personal, deberán ajustarse en todo caso a las normas que al respecto apruebe el consejo rector. d) Todas las anteriores son correctas.

23. Es un servicio que debe prestar todo municipio: a) Protección Civil. b) Biblioteca Pública. c) Alcantarillado. d) Parque público.

24. El Alcalde puede ser destituido de su cargo mediante moción de censura propuesta por: a) Mayoría simple. b) Mayoría de 3/5 del número legal de concejales. c) Mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. d) Mayoría de 2/3 de los concejales.

25. No es una atribución del Pleno del Ayuntamiento: a) La aprobación inicial del planeamiento general. b) La aprobación de los expedientes de municipalización. c) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio privado. d) Todas son atribuciones del Pleno.

26. No es cierto, respecto de las sesiones del Pleno, que: a) Habrán de respetar el principio de unidad de acto. b) Siempre serán públicas. c) El Presidente podrá acordar interrupciones a su prudente arbitrio. d) El público asistente no podrá intervenir en las mismas.

27. La celebración de sesión extraordinaria del Pleno, a instancia de los miembros de la Corporación Local, no podrá demorarse: a) Más de 20 días hábiles desde que fuera solicitada. b) Más de 15 días hábiles desde que fuera solicitada. c) Más de 25 días hábiles desde que fuera solicitada. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

28. Los Tenientes de Alcalde: a) Son nombrados mediante resolución del Alcalde. b) Son nombrados y separados libremente por el Alcalde. c) Su número no podrá exceder del número de miembros de la Junta de Gobierno Local. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

29. Se incluirá siempre en el orden del día el punto de ruegos y preguntas, cuando se trate de sesiones: a) Ordinarias. b) Extraordinarias. c) Extraordinarias urgentes. d) Todas las respuestas son correctas.

12. ¿Cuál de los siguientes no se considera un ente local territorial según el art.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril?. a) la isla. b) el municipio. c) la provincia. d) las áreas metropolitanas.

14. ¿En qué padrón municipal deben inscribirse quien resida en varios municipios a la vez?. a) En cualquiera de ellos. b) En el que tenga su residencia habitual. c) En el que resida mayor tiempo al año. d) No existe obligación de inscribirse en ninguno de ellos.

15. ¿Cuál de los siguientes entes locales tienen su gobierno y administración sometidos a un régimen especial?. a) El concejo abierto. b) El municipio. c) La provincia. d) El ayuntamiento.

16.- El artículo 31 de la LRBRL establece que la provincia es una Entidad Local: a) Determinada por la agrupación de Municipios. b) Con personalidad jurídica propia. c) Con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

29.- Entre la convocatoria y celebración de las sesiones de plenos y juntas de gobierno ordinarias, respectivamente, no podrán transcurrir: a) Más de 2 días hábiles para el pleno y más de 24 horas para la Junta de gobierno. b) Más de 5 días hábiles para el pleno y más de 24 horas para la Junta de gobierno. c) Menos de 2 días hábiles para el pleno y menos de 24 horas para la junta de gobierno. d) Más de 3 días hábiles para el pleno y más de 48 horas para la Junta de gobierno.

41.- ¿Dónde se publica el cambio de denominación del municipio?. a) En el Boletín Oficial del Estado. b) En el boletín oficial de la provincia. c) En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. d) En todos los boletines oficiales.

43.- La consulta de los libros de actas y los libros de resoluciones del Presidente deberá efectuarse en: a) El archivo o en la Secretaría General, tal como establece el artículo 16 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. b) En las dependencias municipales, tal como establece el artículo 17 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. c) Según determine en cada momento el alcalde-presidente, a propuesta del solicitante, según establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. d) En la casa consistorial, según determina el artículo 18 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

45.- Son órganos colegiados locales: a) El pleno, la junta de gobierno, la secretaría y la intervención municipal. b) El alcalde-presidente, los tenientes de alcalde y el secretario municipal. c) Las comisiones informativas, el pleno, la Junta de gobierno local. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

3- Un dictamen es (señálese la respuesta correcta): a. La propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos de gobierno municipal. b. La propuesta sometida al Pleno tras el estudio del expediente por la Comisión informativa. c. La propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno.

7- Conforme al artículo 21 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, al Alcalde de un Ayuntamiento no le corresponde la siguiente competencia: a. Dictar bandos. b. Aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo. c. Aprobar la plantilla del personal del Ayuntamiento.

14.- Según el artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la inscripción en el Padrón Municipal, cuando se trate de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, deberá ser objeto de renovación periódica: a) Cada año. b) Cada dos años. c) Cada tres años.

20. De acuerdo con lo establecido en el Titulo X de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que regula el régimen de organización de los municipios de gran población, las normas previstas en el mismo serán de aplicación: a) A los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes. b) A los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes. c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

65.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de aplicación a los municipios de gran población, señalar cuál de las siguientes atribuciones del Alcalde sólo serán delegables en la Junta de Gobierno Local: a) Ejercer la superior dirección del personal al servicio de la Administración municipal. b) Establecer directrices generales de la acción de gobierno municipal y asegurar su continuidad. c) Representar al ayuntamiento.

67.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 137 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de aplicación a los municipios de gran población, al regular la existencia de un Órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas, establece que: a) Estará constituido por un número impar de miembros, con un mínimo de cinco. b) Su titular será nombrado entre funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. c) Sus miembros serán designados por el Pleno, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que legalmente lo integren.

72.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en el ámbito de sus competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad local infringe el ordenamiento jurídico, en qué plazo podrá requerirla para que anule dicho acto: a) En el plazo de quince días hábiles. b) En el plazo máximo de un mes. c) En el plazo de quince días naturales.

16.- Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, no ponen fin a la vía administrativa los siguientes actos administrativos de la Administración Local: a) Los acuerdos del Pleno. b) Las resoluciones de la Alcaldía. c) Los acuerdos de las Juntas de Gobierno. d) Los dictámenes de las Comisiones Informativas.

17.- ¿Cuándo se constituyen las Corporaciones municipales?. a) El vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones. b) El siguiente sábado posterior a la celebración de las elecciones. c) El día fijado en el propio Decreto de la convocatoria de las elecciones. d) El décimo día posterior a la celebración de las elecciones.

18.- Señale la incorrecta. Las Comisiones informativas: a) Están integradas exclusivamente por miembros de la Corporación. b) Son órganos con atribuciones resolutorias. c) Pueden ser permanentes y especiales. d) Sus dictámenes tienen carácter preceptivo y no vinculante.

19.- ¿Qué requisitos se establecen para la moción de censura de un Alcalde?. a) La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía, pudiendo serlo cualquier Concejal cuya aceptación expresa conste en el escrito de proposición de la moción. b) La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía, pudiendo serlo cualquier Concejal que encabezará la lista electoral correspondiente. c) La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía, pudiendo serlo cualquier Concejal cuya aceptación expresa conste en el escrito de proposición de la moción. d) La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por los dos tercios del número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía, pudiendo serlo cualquier Concejal cuya aceptación expresa conste en el escrito de proposición de la moción.

24.- Los Ayuntamientos podrán delegar competencias en sus Entidades Locales Menores. Dicha delegación: a) Deberá acordarse por el Pleno municipal y deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, que no podrá ser inferior a cinco años. b) Deberá acordarse por el Pleno o por Resolución de la Alcaldía y deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, que no podrá ser inferior a cinco años. c) Deberá acordarse por el Pleno o por la Junta de Gobierno Municipal y deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, que no podrá ser inferior a cuatro años. d) Deberá acordarse por el Pleno municipal, deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, que no podrá ser superior a cuatro años.

25.- La Inscripción en el padrón municipal deberá ser objeto de renovación periódica: a) Anualmente cuando se trate de la inscripción de extranjeros comunitarios sin autorización de residencia permanente. b) Cada 2 años cuando se trate de extranjeros comunitarios. c) Cada 2 años cuando se trate de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente. d) Anualmente cuando se trate de la inscripción de extranjeros no comunitarios.

39.- En los municipios de más de 20.000 habitantes deben prestarse los siguientes servicios: a) agua y alumbrado público. b) Protección Civil y prevención y extinción de incendios. c) Instalaciones deportivas de uso público. d) Todas son correctas.

40.- Dentro de la organización municipal: a) El alcalde, los tenientes de alcalde y Pleno existen en todos los Ayuntamientos. b) La Junta de Gobierno Local debe existir en todos los Ayuntamientos obligatoriamente. c) La Comisión especial de cuentas existen todos los municipios, de acuerdo con la estructura del artículo 116 de la Ley 7/85. d) La a) y la c) son correctas.

41.- El municipio: a) Es una entidad local básica de la organización territorial del Estado. b) Sus elementos son territorio y población. c) Dispone de potestad legislativa en determinados supuestos especiales. d) Todas son incorrectas.

42.- En el Padrón municipal: a) Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio del municipio que resida habitualmente. b) Los inscritos en el padrón serán los vecinos. c) La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de la inscripción en el padrón. d) Todas son correctas.

43.- La formación, mantenimiento, revisión y custodia del padrón habitantes corresponde: a) Al Ayuntamiento. b) Al Ayuntamiento de Política territorial. c) Al Ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. d) En todo caso el Gobierno Regional por Decreto.

4.- El pleno de la Corporación Local tiene atribuciones de conformidad con el artículo 22 de la Ley 7/85 en: a) Aprobación de Reglamentos y ordenanzas. b) Ejerce la jefatura de todo el personal. c) Dirige e impulsa los servicios municipales. d) Nombra a los tenientes de alcalde.

4. Las disposiciones de carácter general en el ámbito municipal pueden revestir la forma de: a) Reglamentos, ordenanzas y bandos. b) Reglamentos, ordenanzas, bandos y apercibimientos. c) Únicamente reglamentos y ordenanzas. d) Únicamente reglamentos y apercibimientos.

36. ¿En qué artículos de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local consultaría los modos de gestión directa de los servicios públicos?. a) En los artículos 113 y 114. b) En los artículos 85 y 113. c) En el artículo 85. d) En el artículo 138.

41. ¿Cuál de los siguientes no es un medio de intervención en la actividad de los ciudadanos por parte de las Corporaciones Locales?. a) Las ordenanzas. b) Las subvenciones. c) Los bandos. d) El sometimiento a previa licencia.

43. Los consorcios: a) Podrán utilizarse para la gestión de los Servicios Públicos Locales en el marco de los convenios de cooperación transfronteriza en que participen las entidades locales españolas. b) Podrán establecerse con empresas privadas con ánimo de lucro, si así se autoriza en el Reglamento Orgánico del Pleno. c) Sólo pueden establecerse con autorización del Ministerio de Administraciones Públicas. d) Ninguna de las anteriores es correcta.

46. Los municipios podrán promover planes generales estructurales mancomunados siempre que: a) Abarquen dos o más términos municipales completos. b) Abarquen tres o más términos municipales concretos. c) En ningún caso. d) Todas las anteriores respuestas son falsas.

62. La transferencia de competencias entre Entes Públicos se denomina: a) Descentralización. b) Desconcentración. c) Delegación. d) Cualquiera de las tres anteriores.

64. La alteración de términos municipales requerirá en todo caso: a) Autorización de la Administración del Estado. b) Autorización de la Comunidad Autónoma respectiva. c) Audiencia de la Diputación Provincial y de los Ayuntamientos interesados. d) Dictamen favorable del Tribunal Constitucional.

10. La gestión del Padrón municipal puede llevarse a cabo: a) Por los Ayuntamientos respectivos. b) Por las Diputaciones. c) Por la Comunidad Autónoma. d) Son correctas la a) y la b).

6.- Conforme al artículo 21 de la Ley 7/1985, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, al Alcalde de un Ayuntamiento no le corresponde la siguiente atribución: a) Representar al Ayuntamiento. b) Dictar bandos. c) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía. d) Aprobar la plantilla del personal del Ayuntamiento.

7.- Los cambios de denominación de los municipios solo tendrán carácter oficial cuando se publiquen: a) Boletín Oficial del Estado. b) Boletín Oficial de la Provincia. c) Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. d) Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y del Estado.

8.- En relación con la declaración de lesividad de un acto anulable, si el mismo proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de lesividad, se adoptará por: a) La Junta de Gobierno Local. b) El Pleno. c) El Alcalde. d) Ninguno de los anteriores.

21.- Cuál de las siguientes afirmaciones es inexacta: a) El Padrón Municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos del municipio. b) Sus datos constituyen prueba de residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. c) Todo ciudadano español está obligado a inscribirse en el Padrón del municipio en que resida habitualmente. d) Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año.

22.- Las certificaciones de los datos del Padrón Municipal se expiden por: a) Secretario del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue. b) El Alcalde del Municipio. c) El Concejal Delegado del área funcional. d) Cualquiera de las anteriores.

30.- Corresponde al Pleno del ayuntamiento una de las siguientes competencias: a) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. b) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto ni en cualquier caso los seis millones de euros. c) Otorgar las licencias. d) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización.

1.- El municipio tiene según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local: a) Personalidad jurídica y propia capacidad para el cumplimiento de sus fines. b) Personalidad jurídica y capacidad para el cumplimiento de sus fines. c) Personalidad y capacidad para el cumplimiento de sus fines. d) Personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

4.- Los españoles inscritos en el Padrón de españoles residentes en el extranjero: a) Tienen la condición de vecinos del municipio en el que están inscritos, a todos los efectos. b) No tienen la condición de vecinos en el municipio español. Serán vecinos del municipio extranjero donde vivan. c) No tienen la condición de vecinos, pero si la de residentes. d) Tienen la condición de vecinos del municipio donde están inscritos, pero solo a efectos del ejercicio del derecho de sufragio.

5.- ¿A quién corresponde el nombramiento y el cese del personal eventual?. a) A cada uno de los grupos políticos a los que prestará apoyo. b) A la Junta de Gobierno Local. c) Al Alcalde. d) Al Pleno del Ayuntamiento.

29.- Según el artículo 89 de La ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local el personal al servicio de las Entidades Locales estará integrado por: a) Funcionarios de carrera y contratados en régimen de derecho laboral. b) Funcionarios de carrera y contratados en régimen de derecho laboral y miembros de la Corporación Local. c) Funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral, personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial y personal que presta sus servicios en las empresas concesionarias de la Entidad Local. d) Funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial.

43.- Los datos del Padrón Municipal tendrán el carácter de: a) Confidenciales y su acceso se regirá por la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. b) Es un registro totalmente público y de acceso libre. c) Solo se puede acceder a él mediante petición expresa al Ayuntamiento. d) Confidencial y su acceso se regirá por Reglamento Municipal.

48.- Corresponde al Pleno del Ayuntamiento una de las siguientes competencias: a) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. b) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto ni en cualquier caso los seis millones de euros. c) Otorgar las licencias. d) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo.

59. Régimen y organización de los municipios de gran población. Gestión económico-financiera. En este tipo de municipios: a) Debe de crearse y existir un órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas. b) Debe crearse ese órgano solo si lo exige al Ayuntamiento el Tribunal Superior de Justicia de la respectiva comunidad autónoma, y en función de la litigiosidad existente en el territorio. c) Su creación es potestativa para este tipo de municipios. Existirá un órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas solo si lo decide la administración municipal, en función del volumen de recursos que se interponga. d) No existe ese tipo de órgano en los municipios ni siquiera en los de gran población, solo ante el Estado y las CCAA se presentan reclamaciones económico-administrativas.

60. Régimen y organización de los municipios de gran población. Gestión económico-financiera. En este tipo de municipios: a) No existirá separación de las funciones de contabilidad y fiscalización de la gestión económico-financiera. b) Existirá separación de las funciones de contabilidad y fiscalización de la gestión económico-financiera. c) Existirá separación de las funciones de contabilidad y fiscalización de la gestión económico-financiera en el supuesto de que el presupuesto municipal supere los 100 millones de euros. d) Existirá separación de las funciones de contabilidad y fiscalización de la gestión económico-financiera en el supuesto de que el presupuesto municipal supere los 200 millones de euros.

61. Régimen y organización de los municipios de gran población. Gestión económico-financiera. La Intervención general municipal ejercerá sus funciones: a) Con plena autonomía respecto de los órganos y entidades municipales y cargos directivos cuya gestión fiscalice. b) Con autonomía limitada a la fiscalización de aquellos órganos y cargos cuyo control le encargue la Junta de Gobierno Local. c) Con autonomía limitada a sus fines, respecto de los órganos y entidades municipales y cargos directivos cuya gestión fiscalice. d) Sin autonomía respecto de los órganos y entidades municipales y cargos directivos cuya gestión fiscalice. Depende orgánicamente de ellos.

62. Ordenanzas locales. Procedimiento de aprobación: a) No requiere información pública y audiencia a los interesados para la presentación de reclamaciones y sugerencias tras la aprobación inicial. b) Requiere información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias tras la aprobación inicial. c) Requiere información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de quince días para la presentación de reclamaciones y sugerencias tras la aprobación inicial. d) Requiere información pública y audiencia para la presentación de reclamaciones, pero tras la aprobación definitiva, a solicitud de los interesados y en preparación de los recursos contra la disposición.

63. Ordenanzas locales. Clases. Los Ayuntamientos ejercen su potestad reglamentaria para (dentro de su competencia) desarrollar las materias relativas a la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales, a través de: a) Decretos. b) Bandos. c) Ordenanzas Fiscales. d) Reglamentos orgánicos.

75. La actividad de intervención de las Entidades locales según la Ley de Bases de Régimen Local se ajustará, en todo caso a los principios de: b) Eficacia, eficiencia y coordinación. a) Igualdad de trato, objetividad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue. c) Igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue. d) Todas son incorrectas.

Según el artículo 85 de la Ley de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases Régimen Local, los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación (señale la opción incorrecta): A) Gestión por la propia Entidad Local. B) Agencia Administrativa local. C) Entidad pública empresarial local.

Según el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, las Entidades Locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los siguientes medios (señale la respuesta correcta). A) Reglamentos de licencia previa. B) Sometimiento a licencia y otros actos de control. C) Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable.

Según la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, ¿Cuál es el régimen de funcionamiento de las sesiones de los órganos colegiados de las entidades locales?. Sesiones ordinarias de periodicidad preestablecida, extraordinarias y extraordinarias urgentes. Sesiones ordinarias mensuales, extraordinarias y urgentes. Sesiones ordinarias de periodicidad preestablecida, extraordinarias y urgentes.

Según el art. 78.3 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre, la convocatoria de una sesión extraordinaria a instancia de miembros de la Corporación deberá efectuarse dentro de: Los dos días hábiles siguientes a la petición y no podrá demorarse su celebración por más de dos meses desde que el escrito tuviera entrada en el Registro General. Los cuatro días siguientes a la petición y no podrá demorarse su celebración por más de dos meses desde que el escrito tuviera entrada en el Registro General. Los cinco días siguientes a la petición y no podrá demorarse su celebración por más de dos meses desde que el escrito tuviera entrada en el Registro General.

Según el art. 33 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, es una competencia del pleno de la Diputación. EI ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Diputación en las materias de su competencia. La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto. La disposición de gastos dentro de los límites de su competencia y la aprobación provisional de las cuentas.

¿A qué órgano corresponde la atribución de la aprobación del reglamento orgánico del Ayuntamiento?. A) Es competencia del Alcalde. B) Es competencia del Pleno. C) Es competencia de la Junta de Gobierno Local.

Según el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ¿se pueden dictar resoluciones administrativas que corresponda al Alcalde por delegación?. Sí, aunque no se haga constar la resolución que otorga dicha delegación. Sí, y se hará constar expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por la autoridad que la haya conferido. No, las resoluciones que correspondan al Alcalde no son delegables.

Según el art. 90 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre para la válida constitución del Pleno se requiere. A) La asistencia de un tercio del número legal de miembros de la Corporación, que nunca podrá ser inferior a tres. B) La asistencia de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, que nunca podrá ser inferior a tres. C) La asistencia de las dos terceras partes del número legal de miembros de la Corporación, que nunca podrá ser inferior a tres.

Según el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ¿Qué carácter tienen los dictámenes de las Comisiones Informativas en los Ayuntamientos de régimen común?. A) Ninguno puesto que son órganos meramente deliberantes. B) Carácter preceptivo y no vinculante. C) Carácter potestativo, orientativo y vinculante.

El pleno de la Diputación provincial puede delegar en el presidente y en la Junta de Gobierno local la siguiente competencia según el art. 33 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local: A) La aprobación de los planes de carácter provincial. B) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. C) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades locales y demás Administraciones públicas.

18. La Ley 7/1985 del 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen local en su artículo 12 define el término municipal como: a. El territorio del municipio. b. El territorio en que reside la población del municipio. c. El territorio en el que el Ayuntamiento ejerce sus funciones. d. El territorio en que el Ayuntamiento ejerce sus potestades.

El Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así lo solicite. a. La mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. b. Un tercio, al menos, del número legal de miembros de la Corporación. c. La mitad, al menos, del número legal de miembros de la Corporación. d. Una cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación.

Las certificaciones de todos los actos, resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno de la entidad. Se expedirán por el Presidente, salvo norma que disponga otra cosa. Se expedirán por el Concejal Delegado, salvo norma que disponga otra cosa. Se expedirán por el órgano de gobierno que hubiera dictado el acto, salvo norma que disponga otra cosa. Se expedirán siempre por el Secretario, salvo precepto expreso que disponga otra.

Conforme al artículo 21 de la Ley 7/1985 reguladora do las Bases de Régimen Local, al Alcalde de un Ayuntamiento, no le corresponde la siguiente competencia: A) Representar al Ayuntamiento. B) Dictar Bandos. C) Aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal. D) Aprobar la plantilla del personal del Ayuntamiento.

Una de las atribuciones del Alcalde conforme al art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril es: El control y fiscalización de los órganos de gobierno. La aprobación de las ordenanzas. La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo. Representar al Ayuntamiento.

En base a lo establecido en la Ley de Bases del Régimen local, las entidades locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento de: a) El objetivo de estabilidad financiera y sostenibilidad presupuestaria del ejercicio de sus competencias. b) La responsabilidad, eficacia y eficiencia en el ejercicio de sus competencias. c) El objetivo de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias.

En relación al Pleno, en los municipios de gran población, señale la respuesta incorrecta: a) El Reglamento tendrá naturaleza de orgánico. b) Contará con Comisiones sólo si así lo decide el Alcalde. c) El Pleno se dotará de su propio Reglamento.

¿A quién le corresponde confeccionar un Padrón de españoles residentes en el extranjero, al que será de aplicación las normas de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que regulan el Padrón municipal?. a) A las Comunidades Autónomas en colaboración con los Ayuntamientos. b) A los Ayuntamientos en colaboración con las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado. c) A la Administración General del Estado, en colaboración con los Ayuntamientos y Administraciones de las Comunidades Autónomas.

La Diputación, en su sesión constitutiva, elegirá al Presidente de entre sus miembros mediante mayoría que en primera votación se requiere sea: a) Simple. b) 3/5. c) Absoluta.

En las Diputaciones Provinciales, no corresponde en todo caso al Pleno: a) La aprobación de las ordenanzas. b) El control y fiscalización de los órganos de gobierno. c) Representar a la Diputación.

La alteración del nombre y de la capitalidad de un municipio requiere: a) El voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros. b) El voto favorable de la mayoría simple del número legal de miembros. c) A y B son correctas según las circunstancias.

¿Cuándo entra en vigor una Ordenanza Municipal?. a) Una vez se publica íntegramente en el BOP y transcurra eI plazo de treinta días desde que eI Estado o la Comunidad autónoma reciban la comunicación del acuerdo de aprobación. b) Una vez se publica íntegramente en el BOP y transcurra eI plazo de quince días desde que el Estado o la Comunidad autónoma reciban la comunicación del acuerdo de aprobación. c) Una vez se publica íntegramente en eI BOJA y transcurra el plazo de veinte días desde que el Estado o la Comunidad autónoma reciban la comunicación del acuerdo de aprobación.

Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente, las que le atribuyan en este concepto las Leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes: a) Da soporte a los Ayuntamientos para la tramitación de procedimientos administrativos y realización de actividades materiales y de organización urbanística, asumiéndolas cuando aquéllos se las encomienden. b) Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributarla, en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. c) La coordinación mediante convenlo, con la Comunidad Autónoma respectiva, de la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población inferior a 50.000 habitantes.

Conforme establece el art. 49 de la LBRL, la aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento: a) Aprobación inicial por el Pleno, información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. b) Aprobación provisional por el Pleno, exposición pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Resolución de todas las alegaciones dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. c) Aprobación provisional por el Pleno, exposición pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de un mes para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación por el Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Respecto a las competencias de las provincias, indique la incorrecta: a) Aprueba anualmente un plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, en cuya elaboración deben participar los Municipios de la Provincia. b) El plan, que deberá contener una memoria justificativa de sus objetivos y de los criterios de distribución de los fondos, criterios que en todo caso han de ser objetivos y equitativos y entre los que estará el análisis de los costes efectivos de los servicios de los municipios. c) Sólo podrá financiarse con medios propios de la Diputación o entidad equivalente, las aportaciones municipales y las subvenciones que acuerden la Comunidad Autónoma y el Estado con cargo a sus respectivos presupuestos.

Corresponderá al secretario general del Pleno en los municipios de Gran población: a) La redacción y custodia de las actas, así como la supervisión y autorización de las mismas, con el visto bueno del Presidente del Pleno. b) La confección, con el visto bueno del Alcalde, de las certificaciones de los actos y acuerdos que se adopten. c) La comunicación al Presidente del Pleno para asegurar la convocatoria de las sesiones, el orden del día y la correcta celebración de las elecciones, así como la colaboración en el normal desarrollo de los trabajos del Pleno y de las comisiones.

54. La pertenencia de un Municipio a dos provincias: a) Se admite excepcionalmente. b) Está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico. c) Ha de estar prevista en norma con rango de ley.

Dictar bandos es una atribución que la LRBRL confiere a: a) Los presidentes de las Corporaciones Locales. b) A los Ayuntamientos, Diputaciones y Cabildos. c) Exclusivamente a los Acaldes.

¿Cuál de los siguientes datos es obligatorio que conste en el Padrón Municipal de acuerdo con el artículo 16 de la LRBL?. a) Estado Civil. b) El certificado o título escolar o académico que posea. c) Número de teléfono.

90. Según establece la Ley Reguladora de las Bases de Régimen local entre los servicios que deben prestar los municipios, el servicio de instalaciones deportivas de uso público será obligatorio: a) En todos los municipios. b) En los municipios con población superior a 5.000 habitantes. c) En los municipios con población superior a 20.000 habitantes.

¿Las Ordenanzas y Bandos son una forma de intervención de las Entidades Locales en la actividad de los ciudadanos?. Si. No. Sólo las Ordenanzas.

La Norma local aprobada por el Pleno que regula las relaciones entre el Ente Local que la dicta y los ciudadanos a los que se dirige. Ordenanza. Reglamento. Real Decreto.

El otorgamiento de las licencias de obras: Corresponde al Concejal de Urbanismo. Corresponde al Pleno. Corresponde al Alcalde, salvo que las Leyes sectoriales le atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local.

Las funciones de ordenación de pagos en una Entidad local competen: a) El Tesorero de la Entidad local. b) El Presidente de la Entidad local. c) El Concejal del Área competente.

10. Los Órganos complementarios de las entidades locales vienen señalados en: a. En el artículo 20 de la Ley de 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. b. En el artículo 35.2 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. c. En el art. 119 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

11. ¿Cuál de las siguientes atribuciones del Alcalde no es delegable?: a. Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. b. Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento. c. Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la Plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que sean fijas y periódicas.

El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, fue aprobado por él: a) Real Decreto 2578/1986, de 25 de noviembre. b) Real Decreto 2658/1986, de 27 de noviembre. c) Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Según el artículo 7.4 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local: a) Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración pública. b) La respuesta a) y además a estos efectos, serán necesarios, pero no vinculantes los Informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias,. c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta,.

Según el Art.10.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local: a) En especial, la cooperación de las Entidades Locales tendrá por objeto asegurar el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaría y sostenibilidad financiera. b) En especial, la colaboración de las Entidades Locales tendrá por objeto asegurar el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. c) En especial, la coordinación de las Entidades Locales tendrá por objeto asegurar el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

¿Qué atribuciones le corresponde a la Junta de Gobierno Local respecto de las ordenanzas y reglamentos en los Municipios de gran población, regulados en la LBRL?. La aprobación de los proyectos de ordenanzas y reglamentos, con excepción de las normas reguladoras del Pleno y sus comisiones. La aprobación de los proyectos de ordenanzas y reglamentos, incluidos los orgánicos, incluidas las normas reguladoras del Pleno y sus comisiones. Únicamente le corresponde aprobar la propuesta de los proyectos de ordenanzas y reglamentos. La aprobación de los proyectos de ordenanzas y reglamentos, incluidos los orgánicos, con excepción de las normas reguladoras del Pleno y sus comisiones.

Conforme al artículo 42 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, no podrá crearse una comarca si a ello se oponen expresamente: a) Las dos quintas partes de los municipios que debieran agruparse en ella, siempre que en este caso tales municipios representen al menos, la mitad del censo electoral del territorio correspondiente. b) Las dos terceras partes de los municipios que debieran formarla siempre que tales municipios representen, al menos, la mitad del censo electoral del territorio correspondiente. c) Las tres quintas partes de los municipios que debieran formarla siempre que tales municipios representen, al menos, las dos terceras partes del censo electoral del territorio correspondiente. d) Las tres quintas partes de los municipios que debieran formarla siempre que tales municipios representen, al menos, las dos quintas partes del censo electoral del territorio correspondiente.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la a Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales: a) El Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente, previo acuerdo favorable de su Parlamento, podrá proceder, mediante decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales. b) El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante real decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales. c) El presidente del Gobierno, a iniciativa del Consejo de Ministros y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente y, en caso necesario, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder a la disolución de los órganos de las corporaciones [ocales. d) El Consejo de Ministros, a iniciativa del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente, previo acuerdo favorable del Senado, deberá proceder, mediante real decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el municipio ejercerá, en todo caso la gestión de los residuos sólidos urbanos como competencia: a) Delegada. b) Propia. c) Compartida. d) Las respuestas a), b) y c) son incorrectas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 84.1 de la ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local, las entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de: a) Reglamentos únicamente. b) Sometimiento a licencia y otros actos de control preventivo. No obstante, cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de mercado, se estará a lo dispuesto en la misma. c) Sometimiento a control anterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma. d) Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el otorgamiento de licencias: a) Es competencia del Pleno, salvo que las Leyes sectoriales lo atribuyan expresamente a la Junta de Gobierno Local. b) Es competencia de la Junta de Gobierno Local en todos los municipios. c) Es competencia del alcalde en los municipios de gran población. d) Es competencia del alcalde, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local, y en los municipios de gran población en tos que corresponde a la Junta de Gobierno Local, siendo una competencia delegable.

En relación con los organismos autónomos de carácter local y conforme a lo dispuesto en el artículo 85 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, no es correcto que: a) Deberá existir un consejo rector cuya composición se determinará en sus estatutos. b) El titular del máximo órgano de dirección debe ser un funcionario de carrera o laboral de las Administraciones públicas o un profesional del sector privado, titulados superiores en ambos casos, y con más de cinco años de ejercicio profesional en el segundo. c) La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal directivo como del resto del personal, deberán ajustarse en todo caso a las normas que al respecto aprueben el Pleno o la Junta de Gobierno, según corresponda. d) Deberá existir un Consejo de Administración, cuya composición se determinará en sus Estatutos. El secretario del Consejo de Administración, debe ser un funcionario público al que se le exija para su ingreso titulación superior.

Las ordenanzas entrarán en vigor: a. Cuando se haya publicado el anuncio de su aprobación definitiva. b. Cuando se publique su texto íntegro en el boletín oficial de la provincia. c. Cuando se haya publicado completamente su texto y transcurrido el plazo de quince días hábiles desde la recepción del acuerdo por la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma. d. Cuando se haya publicado completamente su texto y transcurrido el plazo de un mes desde la recepción del acuerdo por la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma.

En los municipios de gran población corresponde a la Junta de Gobierno Local: a. La aprobación inicial de ordenanzas y reglamentos. b. La aprobación de las ordenanzas fiscales. c. La aprobación de las normas reguladoras de las comisiones. d. La aprobación de los proyectos de ordenanzas y reglamentos.

¿Cómo se establece la periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno?. a. Por acuerdo del Alcalde dictado dentro de los treinta días siguientes al de su toma de posesión. b. Por acuerdo del propio Pleno en la primera sesión ordinaria que se celebre dentro del plazo de un mes desde su constitución. c. Por acuerdo del Alcalde ratificado por el propio Pleno en la primera sesión que celebre. d. Por acuerdo del propio Pleno adoptado en sesión extraordinaria, que habrá de convocar el Alcalde o Presidente dentro de los treinta días siguientes al de su constitución.

Las entidades locales, conforme al artículo 6.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, actúan de acuerdo con los principios de: Eficacia, jerarquía y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Coordinación, eficacia y jerarquía. Eficacia y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Gozan, asimismo, de la condición de Entidades Locales: Las Áreas Metropolitanas. Los Ayuntamientos. Las Juntas de Gobierno Local. Las Diputaciones Provinciales.

Los municipios, con independencia de su población colindantes dentro de la misma provincia, podrán acordar su fusión mediante un convenio de fusión, sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica. EI nuevo municipio resultante de la fusión no podrá segregarse hasta transcurridos: 25 años desde su publicación en eI BOP. 10 años desde la adopción del convenio de fusión. 20 años desde la publicación del convenio en el BOE. 15 años desde que es ratificado por la Diputación Provincial.

Según el artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponderá al Pleno: EI control y fiscalización de los órganos de gobierno. La aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales. EI planteamiento de conflictos de competencia a otras entidades locales y otras Administraciones públicas. Todas son correctas.

Son competencias propias de la Diputación: La asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria de los municipios con población superior a 20.000 habitantes. La coordinación mediante convenio, con la Comunidad Autónoma respectiva, de la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población superior a 5.000 habitantes. La convocatoria de elecciones municipales. La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

¿Pueden las Comunidades Autónomas delegar competencias en las Diputaciones?. No, solamente eI Estado puede delegar competencias en las Diputaciones. Sí, las Comunidades Autónomas podrán delegar competencias en las Diputaciones. Solamente en aquellos casos en que las Diputaciones lo autoricen. Ni el Estado, ni las Comunidades Autónomas pueden delegar competencias en las Diputaciones.

El Pleno celebrará sesión ordinaria cada dos meses: A) En Ayuntamientos de municipios de una población entre 10.001 y 50.000 habitantes. B) En Municipios de hasta 5.000 habitantes. C) En Ayuntamientos de municipios de una población entre 5.001 y 20.000 habitantes.

El Pleno celebrará sesión ordinaria cada tres meses: A) En Municipios de hasta 5.000 habitantes. B) En Ayuntamientos de municipios de una población entre 5.001 y 20.000 habitantes. C) En Municipios de hasta 250 habitantes.

4. ¿Cuál de las siguientes no forma parte de las competencias propias de los municipios, establecidas en el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local?. a) Promoción del deporte. b) Protección del medio natural. c) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

8. En cuanto a la fusión de municipios, cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta: a) Queda dispensado de prestar nuevos servicios mínimos de los previstos en el artículo 26 que le correspondan por razón de su aumento poblacional. b) Su financiación mínima será la suma de las financiaciones medias que tuviera cada municipio por separado antes de la fusión. c) Durante los cinco primeros años desde la adopción del convenio de fusión, tendrá preferencia en la asignación de planes de cooperación local.

55. En los municipios de gran población a que se refiere el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, ¿el órgano de contratación es?: a) El Pleno Municipal, quien podrá nombrar una Junta de Contratación que actúe como órgano de contratación. b) Cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del mismo, la Junta de Gobierno Local. c) La Junta de Gobierno Local, cuando el importe del contrato no exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios de la Entidad.

12. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.3 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, las competencias municipales propias, se determinarán por Ley, debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de: a) Descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. b) Desconcentración, eficacia, estabilidad y sostenibilidad financiera. c) Estabilidad y sostenibilidad financiera. d) Estabilidad, sostenibilidad financiera y eficacia.

16. De conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales la Junta o Comisión de Gobierno celebrará sesión constitutiva a convocatoria del Alcalde o presidente dentro: a) De los cinco días siguientes a aquél en que éste haya designado los miembros que la integran. b) De los diez días siguientes a aquél en que éste haya designado los miembros que la integran. c) De los quince días siguientes a aquél en que éste haya designado los miembros que la integran. d) De los veinte días siguientes a aquél en que éste haya designado los miembros que la integran.

17. Conforme recoge la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local no se consideran Órganos directivos: a) Los Coordinadores Generales de cada Área o Concejalía. b) El titular de la Asesoría Jurídica. c) En Interventor General Municipal. d) Los miembros de la Junta de Gobierno Local.

19. Conforme dispone el artículo 126 de Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local responde políticamente ante el Pleno de su gestión de forma: a) Conjunta. b) Coordinada. c) Solidaria. d) Mancomunada.

¿Cuál de las siguientes competencias de la alcaldía no es delegable: a) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en eI presupuesto. b) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento. c) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía. d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.

En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes no será obligatorio prestar el servicio de: Tratamiento de residuos. Biblioteca pública. Prevención y extinción de incendios. Alumbrado público.

Según el art. 13.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril: a) Los municipios con más de 5.000 habitantes, colindantes dentro de la misma provincia podrán acordar su fusión mediante un convenio de fusión, sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica. El nuevo municipio resultante de la fusión no podrá segregarse hasta transcurridos diez años desde la adopción del convenio de fusión. b) Los municipios con independencia de su población, colindantes dentro de la misma provincia podrán acordar su fusión mediante un convenio de fusión, sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica. El nuevo municipio resultante de la fusión no podrá segregarse hasta transcurridos diez años desde la adopción del convenio de fusión. c) Los municipios con más de 3.000 habitantes, colindantes dentro de la misma provincia podrán acordar su fusión mediante un convenio de fusión, sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica. El nuevo municipio resultante de la fusión no podrá segregarse hasta transcurridos diez años desde la adopción del convenio de fusión. d) Los municipios con más de 10.000 habitantes, colindantes dentro de la misma provincia podrán acordar su fusión mediante un convenio de fusión, sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica. El nuevo municipio resultante de la fusión no podrá segregarse hasta transcurridos diez años desde la adopción del convenio de fusión.

¿A qué órgano atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local la competencia para el otorgamiento de las licencias en los municipios de régimen común?. a) Al alcalde, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta Gobierno Local, siendo una competencia delegable. b) Al alcalde, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local, siendo una competencia indelegable. c) A Pleno, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al alcalde o a la Junta de Gobierno Local, siendo una competencia delegable. d) A Pleno, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al alcalde o a la Junta de Gobierno Local, siendo una competencia indelegable.

¿Cuál de las siguientes competencias de la alcaldía no es delegable: a) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto. b) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento. c) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía. d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.

49. Una de las siguientes formas de gestión de los servicios públicos locales no es de gestión directa según la Ley 7/1985, de 2 de abril: a) Entidad pública empresarial local. b) Organismo autónomo local. c) Sociedad local de economía mixta. d) Sociedad mercantil local cuyo capital social sea de titularidad municipal.

54. En relación con la organización municipal, la distribución de competencias se asienta en el reconocimiento de los siguientes ámbitos normativos con el siguiente orden de prelación: a) La legislación básica del Estado (art. 149.1.18 CE), la legislación de desarrollo de las Comunidades Autónomas, y la legislación de desarrollo del Estado. b) La legislación básica del Estado (art. 149.1.18 CE), la legislación de desarrollo del Estado, supletoriamente la legislación de desarrollo de las Comunidades Autónomas, según los respectivos Estatutos, y por último la potestad reglamentaria de los municipios. c) La legislación básica del Estado (art. 149.1.18 CE), la legislación de desarrollo de las Comunidades Autónomas, según los respectivos Estatutos, la potestad reglamentaria de los municipios y la normativa de desarrollo del Estado. d) La legislación básica del Estado (art. 149.1.18 CE), la potestad reglamentaria de los municipios, y supletoriamente la legislación de desarrollo de las Comunidades Autónomas.

56. Según el artículo 177 de la LOREG, sin perjuicio de lo dispuesto en el cap. II Título I de esta Ley, son elegibles en las elecciones municipales: a) Todas las personas residentes en España que, sin haber adquirido la nacionalidad española, tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea, o bien, sean nacionales de países con tratados internacionales de reciprocidad, respecto al derecho de sufragio activo y pasivo en sus elecciones municipales, sin que requieran ningún otro requisito. b) Todas las personas residentes en España que, sin haber adquirido la nacionalidad española, tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea, o bien, sean nacionales de países con tratados internacionales de reciprocidad, respecto al derecho de sufragio activo en sus elecciones municipales sin que se requiera de ningún otro requisito. c) Únicamente las personas residentes en España que, sin haber adquirido la nacionalidad española, tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea, y reúnan los requisitos para ser elegibles exigidos en Ley electoral de sus países de origen y no hayan sido desposeídos del derecho de sufragio pasivo en su Estado de origen. d) Todas las personas residentes en España que, sin haber adquirido la nacionalidad española, tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea, o bien, sean nacionales de países con tratados internacionales de reciprocidad, respecto al derecho de sufragio pasivo en sus elecciones municipales y reúnan los requisitos para ser elegibles exigidos en esta Ley para los españoles y no hayan sido desposeídos del derecho de sufragio pasivo en su Estado de origen.

57. Según establece el artículo 182 de la LOREG, en caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un concejal, el escaño se atribuirá al candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocación. No obstante, en el caso de que, de acuerdo con el procedimiento anterior, no quedasen posibles candidatos o suplentes a nombrar: a) Las vacantes serán cubiertas por cualquier ciudadano mayor de edad sin que se exija ningún otro requisito. Estos suplentes serán designados por el partido, coalición, federación o agrupación de electores cuyos concejales hubiesen de ser sustituidos. b) Las vacantes serán cubiertas por cualquier ciudadano mayor de edad que no esté incurso en causa de inelegibilidad. Estos suplentes serán designados por el partido, coalición, federación o agrupación de electores cuyos concejales hubiesen de ser sustituidos. c) Las vacantes serán cubiertas por cualquier ciudadano mayor de edad sin que se exija ningún otro requisito. Estos suplentes serán designados por el grupo político municipal cuyos concejales hubiesen de ser sustituidos. d) Las vacantes serán cubiertas por cualquier ciudadano mayor de edad que no esté incurso en causa de inelegibilidad. Estos suplentes serán designados por el grupo político municipal cuyos concejales hubiesen de ser sustituidos.

58. El artículo 197 Bis de la LOREG respecto a la votación de la cuestión de confianza se: a) Requerirá para la adopción de los acuerdos sometidos a la cuestión de confianza mayoría absoluta del número legal de los miembros que lo integran, y la votación se efectuará, en todo caso, por sistema ordinario. b) Requiriéndose para la adopción de dichos acuerdos el quórum de votación exigido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, para cada uno de ellos. La votación se efectuará, en todo caso, mediante el sistema nominal de llamamiento público. c) Requerirá para la adopción de acuerdo mayoría simple, y la votación se efectuará, en todo caso, por sistema ordinario, salvo que la mayoría de los miembros solicitase el sistema nominal de llamamiento público. d) Ninguna es cierta.

59. Según el artículo 195 de la LOREG, las Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso-electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyo supuesto se constituyen el cuadragésimo día posterior a las elecciones. Constituida Mesa de edad, ésta declara constituida la Corporación: a) Si concurre la mayoría absoluta de los Concejales Electos. b) Si concurre 2/3 partes de los concejales electos. c) Independientemente del número de concejales que haya concurrido. d) Si concurre 1/3 partes de los concejales electos.

61. Respecto a las competencias propias de los entes locales, según establece el artículo 25.4 de la LBRL, la ley que regule la competencia propia local debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las Entidades Locales. a) En todo caso, sin que esta regulación competencial pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto para la Administración local. b) En todo caso, sin que esta regulación competencial pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas. c) Excepcionalmente, esta regulación competencial pueda conllevar, un mayor gasto de la Administración local. d) Excepcionalmente, esta regulación competencial pueda conllevar, un mayor gasto de las Administraciones Públicas.

62. El artículo 13 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, establece que los municipios, con independencia de su población, colindantes dentro de la misma provincia podrán acordar su fusión mediante un convenio de fusión, sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica. a) El convenio de fusión deberá ser aprobado por mayoría de 2/3 del número legal de cada uno de los plenos de los municipios fusionados. b) El convenio de fusión deberá ser aprobado por mayoría absoluta de cada uno de los plenos de los municipios fusionados. c) El convenio de fusión deberá ser aprobado por mayoría simple de cada uno de los plenos de los municipios fusionados. d) Ninguna es cierta.

67. Organización municipal. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe: a) Sólo en los municipios señalados en el título X, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de dos tercios del número legal de sus miembros. b) Sólo en los municipios señalados en el título X, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría del número legal de sus miembros. c) En los municipios señalados en el título X, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de dos tercios del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico. d) En los municipios señalados en el título X, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico.

68. En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, existirán: a) Órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión de los otros órganos de gobierno, si su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa. b) Órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión de los otros órganos de gobierno, sin perjuicio de lo que disponga la legislación autonómica en este ámbito organizativo. c) Órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión de los otros órganos de gobierno, si la legislación estatal supletoria no prevé en este ámbito otra forma organizativa. d) Todas son falsas.

69. Según establece el artículo 44 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, el procedimiento de aprobación de los estatutos de las mancomunidades se determinará por la legislación de las comunidades autónomas y se ajustará, en todo caso, entre otras, a la siguiente regla: a) La elaboración corresponderá a los concejales de la totalidad de los municipios promotores de la mancomunidad, constituidos en asamblea. b) La Diputación o Diputaciones provinciales interesadas aprobarán el proyecto de estatutos. c) Las Juntas de Gobierno local de todos los ayuntamientos aprobarán los estatutos. d) Todas son falsas.

71. La creación, modificación y supresión de las áreas metropolitanas será: a) Por decreto del órgano colegiado de gobierno autonómico. b) Por decreto de la Presidencia de la Comunidad Autónoma. c) Por Ley autonómica, de acuerdo con lo previsto en los estatutos. d) Por ley estatal.

74. Cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en el ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad local infringe el ordenamiento jurídico, podrá: a) Requerirla para que anule dicho acto en el plazo máximo de un mes. b) Requerirla de forma motivada expresando la normativa vulnerada, en el plazo de quince días hábiles desde la recepción del acuerdo, para que anule dicho acto en el plazo máximo de un mes. c) Requerirla de forma motivada expresando la normativa vulnerada, en el plazo de un mes desde la recepción del acuerdo, para que anule dicho acto en el plazo quince días hábiles. d) Requerirla e interponer el recurso contencioso-administrativo del art. 44 Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, en el plazo de un mes.

77. En relación a la intervención de los entes locales en el ejercicio de actividades, indica cuál es la afirmación correcta: a) Con carácter general el ejercicio de actividades se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo. b) Podrá exigirse declaración responsable u otro medio de control preventivo. c) La licencia se exige cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente. d) La licencia puede sustituirse por la declaración responsable por razones de interés público.

R4. En los municipios de gran población, regulados en el Título X de la Ley 7/1985 de 2 de abril en la redacción dada por la Ley 53/2003, la Secretaría de la Junta de Gobierno Local corresponderá: a) A un concejal que forme parte del citado órgano, designado por el Alcalde. b) A un concejal que no forme parte del citado órgano, designado por el Alcalde. c) A un funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional, titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local. d) A un director general, designado por el Alcalde.

10. Por el Pleno de la Corporación se aprobarán inicialmente las Ordenanzas y Reglamentos, como regla general por: a) Mayoría de los miembros del Pleno de la Corporación. b) Mayoría absoluta y con el voto favorable del Presidente de la Corporación. c) Basta con el voto favorable del Presidente de la Corporación. d) La Junta de Gobierno, por delegación del Pleno.

27. La oferta de empleo público de una corporación local en un municipio de régimen ordinario: a) Se aprueba anualmente junto al presupuesto municipal. b) Se aprueba por el Alcalde de la Corporación. c) Se aprueba junto con la relación de puestos de trabajo.

2. Las Ordenanzas Fiscales en los municipios de régimen ordinario, se aprueban por: a) La Junta de Gobierno Local. b) El Alcalde. c) El Pleno por mayoría simple.

25.- Según lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las atribuciones del Pleno son las siguientes: a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno, la aprobación provisional del planeamiento. b) La modificación, alteración o suspensión de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo. c) La aprobación del reglamento orgánico, la aprobación de ordenanzas municipales, la aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión (según la DA 2ª de la Ley de Contratos del Sector Público) y la determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y modificación de los presupuestos. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

45.- De acuerdo con el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, la potestad reglamentaria de un ayuntamiento se manifiesta a través de la aprobación de: a) Decretos, reglamentos y ordenanzas. b) Ordenanzas y reglamentos. c) Decretos, Reglamento Orgánico y Ordenanzas Fiscales. d) Decretos y acuerdos plenarios.

41. Entre la Convocatoria y la celebración de la Junta de Gobierno Local no podrán transcurrir menos de: a) Cuarenta y ocho horas. b) Veinticuatro horas. c) Veinticuatro horas, salvo en el caso de sesiones extraordinarias. d) Veinticuatro horas, salvo en el caso de sesiones extraordinarias urgentes.

82. Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias: a) Los acuerdos que corresponda adoptar a la corporación en la tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística. b) Concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantia exceda del 40 por ciento de losrecursos ordinarios del presupuesto. c) El acuerdo sobre la aprobación del presupuesto municipal. d) Alteración del nombre de las calles del municipio.

16.- ¿Qué diferencias se aprecian en la Administración Local entre una ordenanza y un reglamento?. a) La ordenanza tiene carácter organizativo o “ad intra” y el reglamento regula las relaciones “ad extra”. b) La ordenanza regula las relaciones “ad extra” y el reglamento tiene carácter organizativo o “ad intra”. c) La ordenanza regula las relaciones “ad intra” u organizativas y se aprueba por mayoría absoluta y el reglamento regula las relaciones “ad extra” y se aprueba por mayoría simple. d) La ordenanza regula las relaciones “ad extra” y se aprueba por mayoría simple y el reglamento tiene carácter organizativo o “ad intra” y se aprueba por mayoría absoluta.

25. Señalar la afirmación correcta: a) Los acuerdos de las Corporaciones Locales se adoptan con carácter general por mayoría absoluta de sus miembros. b) Los acuerdos de las Corporaciones Locales son inmediatamente ejecutivos, salvo que una disposición legal establezca lo contrario. c) Contra los acuerdos y actos de los Ayuntamientos que pongan fin a la vía administrativa no se podrá interponer recurso administrativo. d) Las entidades locales no responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia de la actuación de un funcionario.

32. Según el artículo 126 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: a) El Alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas que no ostenten la condición de concejales, siempre que su número no supere la mitad de sus miembros, excluido el Alcalde. b) La Junta de Gobierno Local responde políticamente ante el Pleno de su gestión de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus miembros por su gestión. c) Para la válida constitución de la Junta de Gobierno Local se requiere que el número de miembros de la Junta de Gobierno Local que no ostentan la condición de concejales presentes sea superior al número de aquellos miembros presentes que ostentan dicha condición. d) Corresponde al Alcalde nombrar y separar libremente a los miembros de la Junta de Gobierno Local, cuyo número no podrá exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno, incluido el Alcalde.

64. En atención a lo reconocido en el artículo 9 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales , ¿cuál de estas causas NO es motivo de pérdida de la condición de Concejal/a?: a) Por pérdida de la nacionalidad española. b) Por pérdida de una moción de censura. c) Cuando un órgano jurisdiccional mediante sentencia firme anule la proclamación. d) Por renuncia.

65. Conforme establece la ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local: (SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA). a) La Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas deberán facilitar el acceso de los representantes legales de las entidades locales a los instrumentos de planificación, programación y gestión de obras y servicios que les afecten directamente. b) El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante real decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. c) Para la efectiva coordinación y eficacia administrativa, la Administración General del Estado, así como las Administraciones autonómica y local, de acuerdo con el principio de lealtad institucional, deberán en sus relaciones recíprocas: *Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias y las consecuencias que del mismo se deriven para las propias. *Ponderar, en la actuación de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a otras Administraciones. *Valorar el impacto que sus actuaciones, en materia urbanística, pudieran provocar en el resto de Administraciones Públicas. *Facilitar a las otras Administraciones la información sobre la propia gestión que sea relevante para el adecuado desarrollo por éstas de sus cometidos. *Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas. d) La constitución de un consorcio solo podrá tener lugar cuando la cooperación no pueda formalizarse a través de un convenio y siempre que, en términos de eficiencia económica, aquélla permita una asignación más eficiente de los recursos económicos. En todo caso, habrá de verificarse que la constitución del consorcio no pondrá en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda de la Entidad Local de que se trate, así como del propio consorcio, que no podrá demandar más recursos de los inicialmente previstos.

15. Según el artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local LRBRL, ¿cuál de las siguientes atribuciones corresponde al Pleno?: a) La determinación de las formas de gestión de los servicios, así como el acuerdo de creación de organismos autónomos, de entidades públicas empresariales y de sociedades mercantiles para la gestión de los servicios de competencia municipal, y la aprobación de los expedientes de municipalización. b) La aprobación de los proyectos de ordenanzas y de los reglamentos. c) La aprobación de la relación de puestos de trabajo, las retribuciones del personal de acuerdo con el presupuesto, las bases de las convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo, el número y régimen del personal eventual. d) La aprobación del proyecto de presupuesto.

32. ¿A cuál de estos municipios NO se le aplica el régimen de organización de los municipios de gran población, previsto en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local? : a) A los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas. b) A los municipios capitales de provincia cuya población sea igual o superior a los 150.000 habitantes. c) A los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales. d) A los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes.

38. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, en relación con las Áreas Metropolitanas y las Mancomunidades de Municipios: (SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA). a) Las Áreas Metropolitanas son entidades locales que se crean para la planificación conjunta de determinados servicios y obras. b) Los Estatutos de una Mancomunidad de Municipios son aprobados por la Comunidad Autónoma. c) Las Mancomunidades de Municipio tienen como objeto la ejecución en común de obras y servicios determinados de competencias de los municipios asociados en ella. d) Las Áreas Metropolitanas son creadas por las Comunidades Autónomas.

44. Según el artículo 12.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ¿puede un Concejal/a asusentarse fuera de su término municipal?: a) Sí, salvo el día que se convoque el Pleno de la Corporación. b) Sí, pero siempre con autorización expresa del Presidente de la Corporación. c) No, salvo en el periodo de disfrute de sus vacaciones anuales. d) Sí, pero debiéndolo poner en conocimiento del Alcalde si la ausencia excediese de ocho días.

62. De conformidad con el artículo 4.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su calidad de Administraciones Públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden, entre otras y en todo caso, a los municipios, las provincias y las islas: (Señalar la respuesta INCORRECTA). a) Las potestades tributaria y financiera. b) Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación a instancia de parte de sus bienes. c) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora. d) La potestad de programación o planificación.

63. Según el artículo 18 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, señale cuál de las siguientes respuestas NO se incluye entre los derechos y obligaciones de los/las vecinos/as: a) Pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley. b) Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución. c) Asistir a las sesiones declaradas de carácter público de la Junta de Gobierno Local. d) Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la realización de las competencias municipales.

5 .- ¿Podrá el Alcalde renunciar a su cargo sin perder su condición de concejal? (art 40 R.O.F.). a .- Si. b .- No. c .- Sólo como consecuencia de una moción de censura.

17. ¿Ante quién debe tomar posesión el Alcalde?. a .- Ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma. b .- Ante el Pleno. c .- Ante el Alcalde saliente.

25. Según el artículo 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, salvo previsión legal distinta, las multas por infracción de Ordenanzas locales deberán respetar las siguientes cuantías: a) Infracciones muy graves: hasta 3.501 euros. b) Infracciones graves: hasta 3.000 euros. c) Infracciones graves: hasta 1.500 euros. d) Infracciones muy leves: hasta 750 euros.

27. Según el artículo 97 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la enmienda es: a) La propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno al amparo de lo prevenido en el artículo 91.4 de este Reglamento. b) La propuesta sometida al Pleno tras el estudio del expediente por la Comisión Informativa. c) La propuesta de modificación de un dictamen o proposición presentada por cualquier miembro, mediante escrito presentado al Presidente antes de iniciarse la deliberación del asunto. d) La formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos de gobierno municipal.

28. Según el artículo 102.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales: a) La votación nominal requerirá la solicitud de un grupo municipal aprobada por el Pleno por una mayoría simple en votación ordinaria. b) La votación nominal requerirá la solicitud de un grupo municipal aprobada por el Pleno por una mayoría absoluta en votación ordinaria. c) El sistema normal de votación será la votación nominal. d) La votación nominal sólo podrá utilizarse para elección o destitución de personas.

29. Según el artículo 93 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico delas Entidades Locales: a) La consideración de cada punto incluido en el orden del día comenzará con la lectura, integra o en extracto, por el Secretario, de la proposición formulada por la Comisión Informativa correspondiente o, si se trata de un asunto urgente, no dictaminado por la misma, del dictamen que se somete al Pleno. b) La consideración de cada punto incluido en el orden del día comenzará con la lectura, integra o en extracto, por el Secretario, de la proposición formulada por la Comisión Informativa correspondiente o, si se trata de un asunto urgente, no dictaminado por la misma, del dictamen que se somete al Presidente. c) La consideración de cada punto incluido en el orden del día comenzará con la lectura, integra o en extracto, por el Secretario, del dictamen formulado por la Comisión Informativa correspondiente o, si se trata de un asunto urgente, no dictaminado por la misma, de la proposición que se somete al Pleno. d) La consideración de cada punto incluido en el orden del día comenzará con la lectura, integra o en extracto, por el Secretario, de las mociones formuladas por la Comisión Informativa.

30. Según el artículo 110.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales: a) El acta, una vez aprobada por el Alcalde o Presidente, se transcribirá en el Libro de Actas, autorizándola con las firmas de los miembros de la Corporación y del Secretario. b) El acta, una vez aprobada por el Pleno, se transcribirá en el Libro de Actas, autorizándola con las firmas del Alcalde o Presidente y del Secretario. c) El acta, una vez aprobada por el Secretario, se transcribirá en el Libro de Actas, autorizándola con las firmas del Alcalde o Presidente y de los miembros de la Corporación. d) El acta, una vez aprobada por el Alcalde o Presidente, se transcribirá en el Libro de Actas, autorizándola con las firmas del Alcalde o Presidente y del Secretario.

14. EL articulo 112.1 de la Ley 7/85, Ley de Bases de Régimen Local establece que: a) Las entidades locales aprueban anualmente un presupuesto único que constituye la expresión de las obligaciones que, máximo, pueden reconocer. b) Las entidades locales aprueban anualmente un presupuesto único que constituye la expresión cifrada de los derechos con vencimiento o que se prevean realizar durante el correspondiente ejercicio económico. c) Las entidades locales aprueban anualmente un presupuesto único que constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer, y de los derechos con vencimiento o que se prevean realizar durante el correspondiente ejercicio económico. d) Las entidades locales aprueban plurianualmente un presupuesto único que constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer, y de los derechos con vencimiento o que se prevean realizar durante el correspondiente ejercicio económico.

15 .- El artículo 116 de la ley 7/85, establece que: a) Las cuentas anuales se someterán antes del 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local. b) Las cuentas anuales se someterán antes del 1 de octubre a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la Comunidad Autónoma. c) Las cuentas anuales se someterán antes del 1 de diciembre a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local. d) Las cuentas anuales se someterán antes del 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la Comunidad Autónoma.

72. Los tributos que establezcan las entidades locales al amparo de lo dispuesto en el artículo 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, respetarán, en todo caso, los siguientes principios: a) No someter a gravamen bienes, actividades, rendimientos ni ingresos realizados fuera del territorio de la respectiva entidad. b) No gravar, como tales, negocios, actos o hechos celebrados o realizados fuera del territorio de la Entidad impositora, ni el ejercicio o la transmisión de bienes, derechos u obligaciones que no hayan nacido ni hubieran de cumplirse en dicho territorio. c) No implicar obstáculo alguno para la libre circulación de personas, animales, mercancías o servicios y capitales, ni afectar de manera efectiva a la fijación de la residencia de las personas o la ubicación de empresas y capitales dentro del territorio español, sin que ello obste para que las entidades locales puedan instrumentar la ordenación urbanística de su territorio.

88. Los tributos que establezcan las Entidades Locales se harán al amparo del artículo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: a) 106.1. b) 106.2. c) Según el artículo 106 de la LRHL, los tributos se establecen al amparo del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

4. En relación con las mancomunidades de municipios, el artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que: a) El procedimiento de aprobación de los estatutos de las mancomunidades se determinará por la legislación básica estatal. b) Los órganos de gobierno no serán representativos de los ayuntamientos mancomunados. c) No tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines específicos. d) Podrán integrarse en la misma mancomunidad municipios pertenecientes a distintas comunidades autónomas, siempre que lo permitan las normativas de las comunidades autónomas afectadas.

24. ¿A quién corresponde la selección de los funcionarios según el artículo 100 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local?. a) Al Presidente de la Corporación local respectiva. b) A la Corporación local respectiva. c) A la Administración del Estado, en todo caso. d) A la Corporación local respectiva, con la excepción de los funcionarios con habilitación de carácter nacional.

4 .- El Consejo de Empadronamiento está adscrito al/a la: Presidencia del Gobierno. Ministerio del Interior. Ministerio de Economía y Hacienda. Ministerio de Administraciones Públicas.

2. ¿Para la adopción de qué acuerdos se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones según dispone el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local?. a) Aprobación de los presupuestos. b) Aprobación de las ordenanzas fiscales. c) Adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo.

8. La forma de gestión del servicio público local mediante concesión. a) Es una forma de gestión directa. b) Es una forma de gestión indirecta. c) Es una forma de gestión subsidiaria.

69. Conforme al art. 100 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en el caso de votaciones con resultado de empate: a) Se efectuará una nueva votación, retirándose el asunto si no hay desempate. b) Decidirá el voto de calidad del Presidente. c) Primero se realiza una nueva votación y si no hay desempate, decide el voto de calidad del Alcalde.

71. Conforme al art. 90 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para la válida constitución del Pleno se requiere la asistencia de: a) Una cuarta parte del número legal de miembros de la Corporación. b) Un tercio del número legal de miembros de la Corporación. c) Al menos la mitad del número legal de miembros de la corporación.

73. Conforme al art. 78 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, son sesiones ordinarias del pleno corporativo: a) Aquellas convocadas con dos días de antelación a la celebración la sesión. b) Aquellas cuya periodicidad esta preestablecida. c) Aquellas en las que no pueden tratarse más asuntos que los incorporados en el orden del día.

75. Conforme al art. 46 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en municipios de más de 50.000 habitantes: a) Los Tenientes de Alcalde serán libremente nombrados y cesados por el Alcalde de entre los concejales. b) Los Tenientes de Alcalde serán libremente nombrados y cesados por el Alcalde de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local. c) Los Tenientes de Alcalde serán libremente nombrados y cesados por el Alcalde de entre los miembros de su partido en el Gobierno.

62.- La Administración del Estado podrá delegar en los municipios competencias que afecten a sus intereses propios, pero para la efectividad de la delegación se requiere: a) La existencia de Ley votada en Cortes, por la que se aprueba la delegación. b) Acuerdo del Consejo de Ministros, aprobado por Real Decreto. c) La aceptación por el propio Municipio. d) Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas.

31. Señale la opción correcta. De acuerdo con el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local el municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: a. Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género. b. Asistencia en materia de igualdad y en materia relacionada con la violencia de género. c. Asistencia en situaciones de violencia doméstica. d. Ayudas sociales para mujeres víctimas de violencia de género y promoción de la igualdad de oportunidades.

Conforme al artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿cuál de las siguientes (no) es una competencia del Ayuntamiento de Málaga?: Comercio ambulante. Hospitales. Promoción de la Cultura. Cementerios.

28. En virtud del artículo 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿quién ejerce el control de legalidad de los acuerdos y actos de las entidades locales?. a. El Pleno. b. La Subdelegación del Gobierno. c. La Junta de Gobierno Local. d. Los Tribunales.

31. Según el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local ¿qué competencias ng ejerce la Junta de Gobierno Local?. a. Las atribuciones que otro órgano municipal le delegue. b. Las atribuciones que el Alcalde le delegue. c. La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. d. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.

32. En qué artículo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local se regulan las competencias del Pleno de un Municipio de régimen común: a. 22. b. 20. c. 21. d. 19.

35. Conforme al artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿a quién le corresponde la atribución del despido del personal laboral ?: a. Al Pleno. b. Al Alcalde. c. A la Junta de Gobierno Local. d. Al Presidente de la Corporación.

39. Según el artículo 129 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿por quién es nombrado y separado el titular de la asesoría jurídica?: a. Por el Pleno. b. Por la Junta de Gobierno Local. c. Por el Alcalde. d. Por los Directores Generales.

14 .- Corresponde al Pleno del Ayuntamiento: a) Determinar los recursos tributarios propios, aprobar y modificar los presupuestos municipales, y las cuentas anuales. b) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. c) Aprobar la oferta de empleo público. d) Ostentar la máxima representación de la corporación municipal.

17 .- A efectos del desarrollo de las sesiones del pleno, se entiende por dictamen: a) La propuesta sometida al Pleno tras el estudio del expediente por la Comisión Informativa. Contiene una parte expositiva y un acuerdo a adoptar. b) Es la propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno. c) Es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del Pleno. d) Es un informe formal sobre un asunto específico una vez se plantee en el pleno del ayuntamiento.

109.- En relación a los Vicepresidentes de la Diputación, según dispone la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local: a) Son nombrados por el Pleno al comienzo de su mandato. b) Son como mucho dos. c) Son designados libremente por el presidente de entre todos los Diputados. d) Sustituyen al Presidente en caso de enfermedad por el orden de su nombramiento.

110.- ¿En qué norma se recoge la posibilidad de crear agrupaciones de municipios distintos de la provincia?. a) Esa posibilidad es inconstitucional, ya que se prohíbe expresamente en la Constitución Española. b) Se regula únicamente en el Ley 7/1985, de 2 de abril. c) Se reconoce expresamente en la Constitución en el artículo 141. d) Se reconoce esa posibilidad en la Constitución Española en el artículo 142.

116.- Respecto a las potestades que se le reconocen en el artículo 4 a los Municipios, Provincias e Islas, ¿cómo será de aplicación para las entidades territoriales de ámbito inferior al municipal, a las comarcas, áreas metropolitanas y demás entidades locales?. a) Será la Constitución Española la que determine cuáles de esas potestades les serán de aplicación a dichas Entidades. b) Serán sus propios Estatutos reguladores los que determinen dicha aplicación. c) Las entidades territoriales de ámbito inferior no tienen posibilidad de ejercer dichas potestades. d) Serán las Leyes de las Comunidades Autónomas las que concreten cuales de aquellas potestades serán de aplicación.

21- La aprobación de las Ordenanzas Municipales, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, requiere: a) Mayoría simple. b) Mayoría absoluta. c) Mayoría cualificada.

6.- Según la literalidad del art. 13.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril: a) La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. b) La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 4.500 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. c) La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 4.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. d) La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de 4.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados.

7.- Conforme al tenor literal del art. 15 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, la condición de vecino se adquiere: a) al presentar declaración responsable con la documentación exigida. b) en el mismo momento de solicitar su inscripción en el Padrón. c) en el momento de su declaración como residente. d) en el mismo momento de su inscripción en el Padrón.

8.- El art. 20.1 d) de la Ley 7/1985 de 2 de abril establece literalmente: a) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios señalados en el título XII, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico. b) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios señalados en el título X, y superen los 20.000 habitantes, siempre que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico. c) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios señalados en el título X, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico. d) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios señalados en el título X, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría de votos afirmativos, o así lo disponga su Reglamento orgánico.

9.- Señale la respuesta correcta acorde al tenor literal del apartado 2 del art. 24 de la Ley 7/1985 de 2 de abril: a) En los municipios señalados en el artículo 120 será de aplicación el régimen de gestión desconcentrada establecido en el artículo 128. b) En los municipios señalados en el artículo 121 será de aplicación el régimen de gestión desconcentrada establecido en el artículo 128. c) En los municipios señalados en el artículo 121 será de aplicación el régimen de gestión desconcentrada establecido en el artículo 127. d) En los municipios señalados en el artículo 121 será de aplicación el régimen de gestión desconcentrada establecido en el artículo 126.

10.- ¿Qué establece el art. 23.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de forma literal?. a) Los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y removidos por éste de entre los miembros de la Comisión municipal de Gobierno y, donde ésta no exista, de entre los Concejales. b) Los Concejales sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y removidos por éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, de entre los Concejales. c) Los Concejales sustituyen, en función de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y removidos por éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, de entre los Concejales. d) Los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y removidos por éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, de entre los Concejales.

11.- ¿Según el art. 123 de la Ley 7/85, reguladora de las Bases del Régimen Local, la aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales es una competencia delegable?. a) Solo son delegables la aprobación y modificación de las ordenanzas. b) No. c) Es delegable sólo en el Alcalde. d) Sí.

51.- ¿En qué letra del art. 18.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril se recoge, dentro de los derechos y deberes de los vecinos, el de ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral?. a) b. b) a. c) c. d) h.

18. Conforme al artículo 82.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ¿quién fija el orden del día de las sesiones del Pleno?. El Alcalde o Presidente asistido de la Secretaría. La Secretaría de la Corporación, una vez escuchado al Alcalde o Presidente. La Junta de Gobierno Local. La Junta de Portavoces.

19.De conformidad con el artículo 195.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, las Corporaciones Municipales, salvo que se hubiera presentado recurso contencioso-electoral contra la proclamación de los Concejales electos, se constituyen en sesión pública: a. El vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones. b. El cuadragésimo día posterior a la celebración de las elecciones. c. El vigésimo día posterior a la elección del Alcalde. d. El cuadragésimo día posterior a la elección del Alcalde.

20. El artículo 102.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establece que la votación secreta podrá utilizarse: Cuando lo solicite, al menos, un tercio del numero legal de miembros de la Corporación. Siempre que así lo decida el Presidente de la Corporación. Solo para aquellos supuestos establecidos reglamentariamente por la propia Corporación. d. Solo para la elección o destitución de personas.

21. El artículo 203 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, determina que la custodia de los Libros de Actas corresponde a: El Alcalde o Presidente de la Corporación. El Concejal electo de menor edad. El Interventor. El Secretario.

31. De acuerdo con el art. 104 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por: La Junta de Gobierno Local. El Pleno de cada Corporación. La Comisión de Personal. El Alcalde.

59. Según el artículo 28 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local podrán establecerse sistemas de gestión colaborativa para garantizar una prestación de calidad, financieramente sostenible, de los servicios públicos mínimos obligatorios, en municipios determinados: De menos de 35.000 habitantes. De menos de 40.000 habitantes. De menos de 20.000 habitantes. De menos de 25.000 habitantes.

8. De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 7/1978, ¿en qué supuesto se produce de forma "automática" la alteración de la calificación jurídica de un bien local?. a) Siempre que el Alcalde dicte una providencia de urgencia por interés social. b) Por la adscripción de bienes patrimoniales durante más de veinticinco años a un uso o servicio público. c) Únicamente mediante la aprobación del Inventario de Bienes por el Pleno. d) Cuando el valor del bien sea inferior al 10% de los recursos ordinarios del presupuesto.

27. Según el artículo 22 de la Ley 7/1985, ¿cuál es una atribución que corresponde en todo caso al Pleno municipal?. a) El ejercicio de la jefatura de la Policía Municipal. b) El otorgamiento de las licencias de obras mayores. c) Dictar bandos, decretos e instrucciones de carácter general. d) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.

29. De acuerdo con las reglas de funcionamiento provincial, y según el artículo 33.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿cuál de las siguientes atribuciones corresponde al Pleno de la Diputación y no puede ser delegada en el Presidente ni en la Junta de Gobierno?. a) La aprobación de los proyectos de obra y de servicios cuando ya estén previstos en los presupuestos. b) La aprobación de las ordenanzas provinciales. c) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materias de competencia del Pleno. d) La dirección, inspección e impulso de los servicios y obras cuya titularidad corresponde a la Diputación.

48. ¿Cuándo tendrán carácter de secreto las sesiones del Pleno según lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre?. a) Siempre y en todo caso, las sesiones serán públicas. b) Podrá ser secreto el debate y votación de aquellos asuntos que así acuerden por mayoría absoluta los miembros del Pleno. c) Podrá ser secreto el debate y votación de aquellos asuntos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución Española, cuando así se acuerde por unanimidad. d) Podrá ser secreto el debate y votación de aquellos asuntos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución Española, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.

¿A qué órgano corresponde, en todo caso, el control y la fiscalización de los órganos de gobierno municipal?. a) A la Junta de Gobierno Local. b) Al Alcalde como máxima autoridad. c) Al Pleno municipal. d) Al Tribunal de Cuentas exclusivamente.

10. En un municipio con 20.000 habitantes serán elegidos el siguiente número de concejales: a) 17. b) 13. c) 11. d) 9.

13. ¿Qué competencias de las enunciadas son delegables en la Junta de Gobierno?. a) La enajenación del patrimonio, dentro de los límites legales. b) La concesión de licencias. c) Disponer de gastos. d) Todas las respuestas son válidas.

14. ¿Cuál es la competencia fundamental de la Junta de Gobierno, según la Ley de Bases de Régimen Local?. a) Coadyuvar al funcionamiento de los servicios. b) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus funciones. c) Seleccionar las formas de gestión. d) El control y fiscalización de los órganos de gobierno.

16. ¿Una comisión informativa puede adoptar acuerdos?. a) Sí. b) Sólo en casos de delegación. c) Sólo en casos de urgencia. d) No.

18. ¿Para la delegación de competencias es preceptivo que el Concejal sea Teniente de Alcalde o pertenezca a la Junta de gobierno?. a) Sí. b) No. c) Debe ser teniente de Alcalde en todo caso. d) Debe pertenecer a la Junta de Gobierno en todo caso.

51. Las entidades locales que agrupan varios municipios de grandes aglomeraciones urbanas y que pueden crear las Comunidades Autónomas, se denominan: a) Áreas metropolitanas. b) Comarcas. c) Mancomunidades. d) Ninguna es correcta.

2 .- Señale la opción correcta respecto a los Municipios, en base a lo estipulado en el Art. 140 de la Constitución Española: a) Gozan de personalidad jurídica plena, y su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos u otras corporaciones de carácter representativo, integradas por el Alcalde y los Concejales. b) Gozan de personalidad jurídica plena, y su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por el Alcalde y los Concejales. c) Gozan de personalidad jurídica propia, y su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos u otras corporaciones de carácter representativo, integradas por el Alcalde y los Concejales. d) Gozan de personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, y su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por el Alcalde y los Concejales.

4 .- Señale la opción correcta respecto a la Provincia, en base a lo estipulado en el Art. 141 de la Constitución Española: a) La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. b) La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del estado. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones. d) La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del estado. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. c) La provincia es una entidad local con personalidad jurídica plena, determinada por la agrupación de municipios. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.

6.- Conforme a lo estipulado en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la entidad básica de la organización territorial del estado y cauce inmediato de participación ciudadana en los servicios públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses de las correspondientes colectividades, es: a) EI Municipio. b) La Provincia. c) El Ayuntamiento. d) La Diputación.

7.- Conforme a lo estipulado en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el gobierno y administración municipal: Corresponde al Ayuntamiento. Corresponde al Ayuntamiento u otras corporaciones de carácter representativo. Corresponde al Ayuntamiento, salvo en aquellos municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto. Corresponde en todo caso al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales.

8.- De conformidad con el Art. 29 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, los municipios que tradicional y voluntariamente cuenten con ese singular régimen de gobierno y administración: a) Podrán continuar con ese régimen especial de gobierno y administración si, tras la sesión constitutiva de la Corporación, convocada la Asamblea Vecinal, así lo acordaran por unanimidad los tres miembros electos y la mayoría de los vecinos, y la posterior aprobación por la Comunidad Autónoma. b) Podrán continuar con ese régimen especial de gobierno y administración a petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y aprobación por la Comunidad Autónoma. c) Podrán continuar con ese régimen especial de gobierno y administración a petición de la mayoría de los vecinos y decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento. d) Podrán continuar con ese régimen especial de gobierno y administración si, tras la sesión constitutiva de la Corporación, convocada la Asamblea Vecinal, así lo acordaran por unanimidad los tres miembros electos y la mayoría de los vecinos.

9.- De conformidad con el Art. 29 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, los municipios que por su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias hagan aconsejable eI Régimen de Concejo Abierto: a) Podrán constituirse en ese régimen especial de gobierno y administración si, tras la celebración de elecciones municipales, convocada la Asamblea Vecinal, así lo acordaran por unanimidad los tres miembros electos y la mayoría de los vecinos, y la posterior aprobación por la Comunidad Autónoma. b) Podrán constituirse en ese régimen especial de gobierno y administración a petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y aprobación por la Comunidad Autónoma. c) Podrán constituirse en ese régimen especial de gobierno y administración a petición de la mayoría de los vecinos y decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento. d) Podrán constituirse en ese régimen especial de gobierno y administración si, tras la celebración de elecciones municipales, convocada la Asamblea Vecinal, así lo acordaran por unanimidad los tres miembros electos y la mayoría de los vecinos.

11.- De conformidad con el Art. 20 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, las Comisiones Informativas: a) Son de existencia preceptiva en todos los Ayuntamientos. b) Son de existencia preceptiva en todos los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, salvo que la legislación de la Comunidad Autónoma en materia de Régimen Local establezca otra forma de organización, y, en los de menos, cuando así lo disponga su Reglamento Orgánico o lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento. c) Son de existencia preceptiva en todos los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, salvo que la legislación de la Comunidad Autónoma en materia de Régimen Local establezca otra forma de organización, y, en los de menos, cuando así lo disponga su Reglamento Orgánico. d) Es de existencia preceptiva en todos los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, salvo que la legislación de la Comunidad Autónoma en materia de Régimen Local establezca otra forma de organización, y, en los de menos, cuando así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento por Mayoría Absoluta.

12.- De conformidad con el Art. 20 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones: a) Son de existencia preceptiva en todos los Ayuntamientos. b) Son de existencia preceptiva en todos los Ayuntamientos de Gran Población, salvo que la legislación de la Comunidad Autónoma en materia de Régimen Local establezca otra forma de organización, y, en los de menos, cuando así lo disponga su Reglamento Orgánico lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento. c) Son de existencia preceptiva en todos los Ayuntamientos de Gran Población, y, en los de menos, cuando así lo disponga su Reglamento Orgánico o lo acuerde el Pleno por Mayoría Absoluta. d) Es de existencia preceptiva en todos los Ayuntamientos de Gran Población, y, en los de menos, cuando así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento por Mayoría Absoluta.

13.- De conformidad con lo estipulado en el Art. 20 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y respecto de los órganos complementarios de los Ayuntamientos, señale la opción correcta: Los propios municipios, en los reglamentos orgánicos, podrán establecer y regular otros órganos complementarios, de conformidad con lo previsto en este artículo y en las leyes de las comunidades autónomas a las que se refiere el número anterior, las cuales podrán establecer una organización complementaria distinta. Los propios municipios, en los reglamentos orgánicos o por el Pleno, podrán establecer y regular otros órganos complementarios, de conformidad con lo previsto en este artículo y en las leyes de las comunidades autónomas a las que se refiere el número anterior, las cuales podrán establecer una organización complementaria distinta. Los propios municipios, en los reglamentos orgánicos o por el Pleno, podrán establecer y regular otros órganos complementarios, de conformidad con lo previsto en este artículo. Los propios municipios, podrán establecer y regular otros órganos complementarios, de conformidad con lo previsto en este artículo y en las leyes de las comunidades autónomas a las que se refiere el número anterior, las cuales podrán establecer una organización complementaria distinta.

14.- De conformidad con lo estipulado en el Art. 32 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, las Comisiones Informativas en las Diputaciones Provinciales: a) Son de existencia preceptiva. b) Son de existencia preceptiva en todas las Diputaciones, salvo que la legislación de la Comunidad Autónoma en materia de Régimen Local establezca otra forma de organización, o cuando así lo disponga su Reglamento Orgánico o lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento. c) Son de existencia preceptiva, salvo que la legislación de la Comunidad Autónoma en materia de Régimen Local establezca otra forma de organización, y sin perjuicio de las competencias del Pleno. d) Son de existencia preceptiva, salvo que la legislación de la Comunidad Autónoma en materia de Régimen Local establezca otra forma de organización, y, sin perjuicio de las competencias del Pleno o lo que se establezca en el Reglamento Orgánico.

15.- De conformidad con lo estipulado en el Art. 2 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la Entidad Local, a: Las Entidades Locales Territoriales. Los Municipios, las Provincias y las islas. Las Entidades Locales. Los Municipios y las Provincias.

17.- En relación con las mancomunidades y respecto a las potestades del citado Art. 4, las mancomunidades: a) Podrán ejercerlas en todo caso. b) Podrán ejercerlas de conformidad con lo establezcan las Leyes de las Comunidades Autónomas sobre Régimen Local. c) Podrán ejercerlas para la prestación de los servicios o la ejecución de las obras de su competencia, las potestades citadas que determinen sus Estatutos. En defecto de previsión estatutaria, les corresponderán todas las potestades enumeradas en dicho apartado, siempre que sean precisas para el cumplimiento de su finalidad, y de acuerdo con la legislación aplicable a cada una de dichas potestades, en ambos casos. d) Podrán ejercerlas para la prestación de los servicios o la ejecución de las obras de su competencia, las potestades citadas que determinen sus Estatutos. En defecto de previsión estatutaria, les corresponderán todas las potestades enumeradas en dicho apartado, siempre que así se establezcan en la correspondiente legislación de la comunidad autónoma sobre régimen local.

18.- Señale la opción correcta en relación con el Art. 5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las Entidades locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes. Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las Entidades locales, tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes. en las leyes. Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las Entidades locales territoriales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes. Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las Entidades locales territoriales, tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes.

19.- Señale la opción correcta en relación con eI Art. 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: Las Entidades locales territoriales, sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Las Entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Las Entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Las Entidades locales territoriales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

20.- De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General, respecto a la convocatoria de las elecciones municipales, señale la opción correcta: EI decreto de convocatoria se expide el día quincuagésimo cuatro antes del cuarto domingo de mayo del año que corresponda y se publican al día siguiente en el "Boletín Oficial del Estado". Entra en vigor el mismo día de su publicación. EI decreto de convocatoria se expide el día quincuagésimo quinto antes del cuarto domingo de mayo del año que corresponda y se publican al día siguiente en el "Boletín Oficial del Estado". Entra en vigor al día siguiente de su publicación. EI decreto de convocatoria se expide el día quincuagésimo quinto antes del cuarto domingo de mayo del año que corresponda y se publican al día siguiente en el "Boletín Oficial del Estado". Entra en vigor el mismo día de su publicación. EI decreto de convocatoria se expide el día quincuagésimo cuarto antes del cuarto domingo de mayo del año que corresponda y se publican el mismo día en el "Boletín Oficial del Estado". Entra en vigor al día siguiente de su publicación.

21.- De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General, ¿Cuál de las siguientes no es una causa de inelegibilidad en las elecciones municipales?: a) Los Directores generales o asimilados de las Cajas de Ahorros Provinciales y Locales que actúen en el término municipal. b) Ser funcionario del propio ayuntamiento en activo o en cualquier situación administrativa. c) Ser Director de Servicios del citado ayuntamiento. d) Los Abogados y Procuradores que dirijan o representen a partes en procedimientos judiciales o administrativos contra la Corporación, con excepción de las acciones a que se refiere el artículo 63.1.b) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

22.- De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General, si el municipio de Jaén capital tiene una población de 116.000 habitantes, el Pleno de su Ayuntamiento estará formado por: a) 25 concejales. b) 26 concejales. c) 27 concejales además del Alcalde. d) 27 concejales incluido el Alcalde.

23.- La Escala de Concejales establecida en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General: a) Es de aplicación a todos los municipios de España. b) Es de aplicación a todos los municipios de España, excepto a los de Gran Población. c) Es de aplicación a todos los municipios de España, excepto a los de Régimen de Concejo Abierto. d) Las respuestas b y c son correctas.

24.- Dentro del sistema electoral y a la hora de determinar los partidos que han obtenido algún concejal en el Pleno de correspondiente Ayuntamiento, de conformidad con la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General: a) No serán tenidas en cuenta las candidaturas que no obtengan, por lo menos, el 5 por 100 de los votos válidos emitidos en la circunscripción. b) No serán tenidas en cuenta las candidaturas que no obtengan, por lo menos, el 10 por 100 de los votos válidos emitidos en la circunscripción. c) No serán tenidas en cuenta las candidaturas que no obtengan, por lo menos, el 15 por 100 de los votos válidos emitidos en la circunscripción. d) No serán tenidas en cuenta las candidaturas que no obtengan, por lo menos, el 20 por 100 de los votos válidos emitidos en la circunscripción.

25.- De conformidad con la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General: a) EI Pleno celebra la sesión constitutiva el vigésimo día posterior a la proclamación de los concejales electos, salvo que se haya interpuesto recurso Contencioso electoral, en cuyo caso será el cuadragésimo. b) EI Pleno celebra la sesión constitutiva el vigésimo quinto día posterior a la proclamación de los concejales electos, salvo que se haya interpuesto recurso Contencioso electoral, en cuyo caso será el cuadragésimo. c) EI Pleno celebra la sesión constitutiva el trigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se haya interpuesto recurso Contencioso electoral, en cuyo caso será el cuadragésimo. d) EI Pleno celebra la sesión constitutiva el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se haya interpuesto recurso Contencioso electoral, en cuyo caso será el cuadragésimo.

27.- De conformidad con el Art. 38 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, Dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva, el Alcalde convocará la sesión o sesiones extraordinarias del Pleno de la Corporación que sean precisas, a fin de resolver sobre los siguientes puntos (Señale la opción incorrecta): a) Conocimiento de las resoluciones del Alcalde en materia de nombramientos de Tenientes de Alcalde, miembros de la Junta de Gobierno Local, si debe existir, y Presidentes de las Comisiones informativas, así como de las delegaciones que la Alcaldía estime oportuno conferir. b) Nombramiento de representantes de la Corporación en toda clase de órganos colegiados en que deba estar representada. c) Creación y composición de las Comisiones informativas permanentes y no permanentes. d) Todas las anteriores son opciones correctas.

28.- De conformidad con la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los Ayuntamientos de población inferior a 250 habitantes y no sometidos a Régimen de Concejo Abierto, y respecto a las elecciones municipales, señale la opción correcta: a) Cada partido, coalición, federación o agrupación podrá presentar una lista como máximo de dos nombres si el municipio tiene hasta 100 residentes o de cuatro nombres si tiene entre 101 y 250 residentes. b) Cada elector podrá dar su voto a un máximo de dos entre los candidatos proclamados en el distrito en caso de municipios de hasta 100 residentes o a un máximo de cuatro en los municipios entre 101 y 250 residentes. c) Se efectuará el recuento de votos obtenidos por cada partido, coalición, federación o agrupación en el distrito, ordenándose en una columna las cantidades representativas de mayor a menor. d) En caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un concejal, la vacante será atribuida al candidato siguiente de la misma candidatura.

30.- De conformidad con el Art. 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿Cuál de las siguientes materias no requiere mayoría absoluta del Pleno?: a) Cesión por cualquier título del aprovechamiento de los bienes comunales. b) Creación, modificación o disolución de mancomunidades u otras organizaciones asociativas, así como la adhesión a las mismas y la aprobación y modificación de sus estatutos. c) Concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto. d) Todas las anteriores requieren mayoría absoluta del Pleno.

31.- De conformidad con el Art. 196 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y en relación con la elección del Alcalde, señale la opción correcta: a) En los municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes pueden ser candidatos a Alcalde todos los Concejales; si alguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es proclamado electo; si ninguno obtuviese dicha mayoría, será proclamado Alcalde el Concejal que hubiere obtenido más votos populares en las elecciones de Concejales. b) En los municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes pueden ser candidatos a Alcalde todos los Concejales que encabecen las listas; si alguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es proclamado electo; si ninguno obtuviese dicha mayoría, será proclamado Alcalde el Concejal que hubiere obtenido más votos populares en las elecciones de Concejales. c) En los municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes pueden ser candidatos a Alcalde todos los Concejales; si alguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es proclamado electo; si ninguno obtuviese dicha mayoría, será proclamado Alcalde el Concejal que encabece la lista que hubiere obtenido más votos populares en las elecciones de Concejales. d) Ninguna de las anteriores es correcta.

32.- De conformidad con el Art. 42.3 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General, el mandato de los concejales y del Alcalde termina: a) EI día anterior a la sesión constitutiva del nuevo Ayuntamiento. b) EI tercer día anterior a la sesión constitutiva del nuevo Ayuntamiento. c) EI día anterior a la celebración de las elecciones municipales. d) EI tercer día anterior a la celebración de las elecciones municipales.

33.- De conformidad con el Art. 40 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en caso de renuncia del Alcalde: a) Se celebra sesión extraordinaria para la elección de nuevo Alcalde dentro de los diez días siguientes a la aceptación de la renuncia por el Pleno. b) Se celebra sesión ordinaria para la elección de nuevo Alcalde dentro de los diez días siguientes a la aceptación de la renuncia por el Pleno. c) Se celebra sesión extraordinaria para la elección de nuevo Alcalde dentro de los diez días siguientes a la renuncia. d) Se celebra sesión ordinaria para la elección de nuevo Alcalde dentro de los diez días siguientes a la renuncia.

34.- De conformidad con el Art. 197 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General, señale la opción correcta respecto a la moción de censura al Alcalde: a) La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría del número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía, pudiendo serlo cualquier Concejal cuya aceptación expresa conste en el escrito de proposición de la moción. b) La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía, pudiendo serlo cualquier Concejal cuya aceptación expresa conste en el escrito de proposición de la moción. c) La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía, pudiendo serlo cualquier cabeza de lista, cuya aceptación expresa conste en el escrito de proposición de la moción. d) La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la décima parte del número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía, pudiendo serlo cualquier cabeza de lista, cuya aceptación expresa conste en el escrito de proposición de la moción.

35.- De conformidad con el Art. 197 de la Ley Orgánica 5/ 1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General, señale la opción correcta respecto a la moción de censura al Alcalde: a) EI Secretario se limitará a dar lectura a la moción de censura, constatando para poder seguir con su tramitación que en ese mismo momento se mantienen los requisitos exigidos en los tres párrafos del apartado a), dando la palabra, en su caso, durante un breve tiempo, si estuvieren presentes, al candidato a la Alcaldía, al Alcalde y al resto de miembros de los grupos municipales, y a someter a votación la moción de censura. b) La Mesa se limitará a dar lectura a la moción de censura, constatando para poder seguir con su tramitación que en ese mismo momento se mantienen los requisitos exigidos en los tres párrafos del apartado a), dando la palabra, en su caso, durante un breve tiempo, si estuvieren presentes, al Alcalde, al candidato a la Alcaldía, y al resto de miembros de los grupos municipales, y a someter a votación la moción de censura. c) EI Secretario se limitará a dar lectura a la moción de censura, constatando para poder seguir con su tramitación que en ese mismo momento se mantienen los requisitos exigidos en los tres párrafos del apartado a), dando la palabra, en su caso, durante un breve tiempo, si estuvieren presentes, al Alcalde, al candidato a la Alcaldía, y a los Portavoces de los grupos municipales, y a someter a votación la moción de censura. d) La Mesa se limitará a dar lectura a la moción de censura, constatando para poder seguir con su tramitación que en ese mismo momento se mantienen los requisitos exigidos en los tres párrafos del apartado a), dando la palabra, en su caso, durante un breve tiempo, si estuvieren presentes, al candidato a la Alcaldía, al Alcalde y a los Portavoces de los grupos municipales, y a someter a votación la moción de censura.

36.- En base a lo recogido actualmente en el Art. 197 bis de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General, señale la opción incorrecta respecto a los instrumentos a los que puede vincular un Alcalde su cuestión de confianza: A la aprobación del Presupuesto de la Corporación. A la aprobación del Reglamento Orgánico. A la aprobación de una ordenanza municipal. A todos los anteriores puede vincularla.

37.- En base a lo estipulado en la legislación vigente, ¿Qué mayoría es necesaria para aprobar una cuestión de confianza al Alcalde?: Mayoría simple. Mayoría absoluta. Mayoría simple o absoluta según el instrumento al que vaya vinculada. No se establece una mayoría concreta.

38.- En base a lo recogido actualmente en el Art. 197 bis de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General, señale la opción correcta: Los concejales que votasen a favor de la aprobación de un asunto al que se hubiese vinculado una cuestión de confianza no podrán firmar una moción de censura contra el Alcalde, ni emitir un voto contrario en tal asunto, hasta que no transcurra un plazo de seis meses a partir de la votación del mismo. Los concejales que votasen a favor de la aprobación de un asunto al que se hubiese vinculado una cuestión de confianza no podrán firmar una moción de censura o una cuestión de confianza contra el Alcalde, ni emitir un voto contrario en tal asunto, hasta que no transcurra un plazo de seis meses a partir de la votación del mismo. Los concejales que votasen a favor de la aprobación de un asunto al que se hubiese vinculado una cuestión de confianza no podrán firmar una moción de censura ni una cuestión de confianza contra el Alcalde, ni emitir un voto contrario en tal asunto, hasta que no transcurra un plazo de tres meses a partir de la votación del mismo. Los concejales que votasen a favor de la aprobación de un asunto al que se hubiese vinculado una cuestión de confianza no podrán firmar una moción de censura contra el Alcalde, ni emitir un voto contrario en tal asunto, hasta que no transcurra un plazo de cinco meses a partir de la votación del mismo.

42.- De conformidad con el Art. 43 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, las delegaciones que se refieren a una o varias áreas o materias determinadas, y podrán abarcar tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, son denominadas: a) Delegaciones Genéricas. b) Delegaciones Especiales. c) Delegaciones Especiales relativas a un determinado servicio. d) Delegaciones Especiales relativas a un proyecto o asunto determinado.

43.- De conformidad con el Art. 43 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, las delegaciones para la dirección y gestión de asuntos determinados incluidos en las áreas del Ayuntamiento, son denominadas: a) Delegaciones Genéricas. b) Delegaciones Especiales. c) Delegaciones Especiales relativas a un determinado servicio. d) Delegaciones Especiales relativas a un proyecto o asunto determinado.

44.- De conformidad con el Art. 43 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, las delegaciones para la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes, pero no podrá incluir la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, son denominadas. a) Delegaciones Genéricas. b) Delegaciones Especiales. c) Delegaciones Especiales relativas a un determinado servicio. d) Delegaciones Especiales relativas a un proyecto o asunto determinado.

45.- De conformidad con el Art. 44 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales: a) La delegación de atribuciones del Alcalde se realizan por Decreto o Resolución del Alcalde y surtirá efecto desde el día siguiente al de la fecha del Decreto, salvo que en ella se disponga otra cosa, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el municipal, si existiere. b) La delegación de atribuciones del Alcalde se realizan por Decreto y surtirá efecto desde el mismo día al de la fecha de su preceptiva publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el municipal, si existiere. c) La delegación de atribuciones del Alcalde se realizan por Decreto o Resolución del Alcalde y surtirá efecto desde el día siguiente al de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el municipal, si existiere. d) La delegación de atribuciones del Alcalde se realizan por Decreto del Alcalde y surtirá efecto desde el día siguiente al de la fecha del Decreto, salvo que en ella se disponga otra cosa, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el municipal, si existiere.

47.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 46 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, señale la opción correcta: a) Los nombramientos y los ceses se harán mediante Decreto del Alcalde de la que se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose, además, personalmente a los designados, y se publicarán en el «Boletín Oficial» de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente a dicha publicación, si en ella no se dispusiera otra cosa. b) Los nombramientos y los ceses se harán mediante Decreto o resolución del Alcalde de la que se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose, además, personalmente a los designados, y se publicarán en el «Boletín Oficial» de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el mismo día de la firma de la resolución por el Alcalde, si en ella no se dispusiera otra cosa. c) Los nombramientos y los ceses se harán mediante resolución del Alcalde de la que se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose, además, personalmente a los designados, y se publicarán en el «Boletín Oficial» de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de dicha publicación, si en ella no se dispusiera otra cosa. d) Los nombramientos y los ceses se harán mediante resolución del Alcalde de la que se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose, además, personalmente a los designados, y se publicarán en el «Boletín Oficial» de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde, si en ella no se dispusiera otra cosa.

48 .- En base a lo estipulado en el Art. 46 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en un Ayuntamiento con un Pleno formado por 11 concejales, el numero de Tenientes de Alcalde no podrá ser superior a: a) 4. b) 3. c) 3,6. d) En este Ayuntamiento no existirán Tenientes de Alcalde por no superar los 5.000 habitantes.

49.- En base a lo estipulado en los artículos 43.3 y 120.2.c del del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la delegaciones genéricas se podrán efectuar: a) En cualquier concejal. b) En los concejales que tengan la condición de miembro de la Junta de Gobierno Local. c) En los concejales que tengan la condición de miembro de la Junta de Gobierno Local, y donde esta no exista, de Tenientes de Alcalde. d) En cualquier concejal tanto las genéricas como especiales.

50.- En base a lo estipulado la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, señale la opción correcta respecto a las Comisiones Informativas: a) Son órganos sin atribuciones resolutorias, salvo cuando actúen por delegación del Pleno o de la Junta de Gobierno Local. Sus dictámenes son preceptivos y no vinculantes. b) Son órganos sin atribuciones resolutorias, salvo cuando actúen por delegación del Pleno o de la Junta de Gobierno Local. Sus dictámenes son preceptivos y vinculantes. c) Son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno Local cuando ésta actúe con competencias delegadas por el Pleno. Sus dictámenes son potestativos y no vinculantes. d) Son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno Local cuando ésta actúe con competencias delegadas por el Pleno. Sus dictámenes son preceptivos y no vinculantes.

1.- En base a lo estipulado en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, señale la opción correcta respecto a las Comisiones Informativas Permanentes: a) Su número y denominación Iniciales, así como cualquier variación de las mismas durante el mandato corporativo, se decidirá mediante acuerdo adoptado por el Pleno a propuesta del Alcalde o Presidente. b) Su número y denominación iniciales, así como cualquier variación de las mismas durante el mandato corporativo, se decidirá mediante acuerdo adoptado por el Pleno. c) Su número y denominación iniciales, así como cualquier variación de las mismas durante el mandato corporativo, se decidirá mediante acuerdo adoptado por el Alcalde o Presidente de la Corporación. d) Su número y denominación Iniciales, así como cualquier variación de las mismas durante el mandato se decidirá mediante acuerdo adoptado por el Pleno a propuesta del Alcalde o Presidente, procurando, en lo posible, su correspondencia con el número y denominación de las concejalías delegadas en las que se estructure la Corporación.

2.- Conforme a lo estipulado en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, señale la opción correcta respecto a la composición de las Comisiones Informativas Permanentes: a) Se determinará por el Alcalde o Presidente la composición concreta de las mismas, dentro de los límites fijados en el acuerdo plenario de creación. b) La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban formar parte de la misma en representación de cada grupo, se realizará mediante escrito del portavoz del mismo dirigido al Alcalde o Presidente, y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse, de igual forma, un suplente por cada titular. c) EI Alcalde o Presidente de la Corporación, es el Presidente nato de todas ellas; sin embargo, la Presidencia efectiva podrá delegarla en cualquier miembro de la Corporación, a propuesta de la propia Comisión, tras la correspondiente elección efectuada entre cualquier miembro de la Corporación. d) Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos concejales que componen el Pleno.

4.- Conforme a lo estipulado en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, señale la opción correcta respecto a los Consejos Sectoriales: a) Los Consejos Sectoriales desarrollarán exclusivamente funciones de informe y, en su caso, propuesta, en relación con las iniciativas municipales relativas al sector de actividad al que corresponda cada Consejo. b) Los Consejos Sectoriales desarrollarán exclusivamente funciones de Informe en relación con las iniciativas municipales relativas al sector de actividad al que corresponda cada Consejo. c) En todo caso, cada Consejo estará presidido por un miembro de la Corporación, nombrado y separado en el acuerdo plenario de creación del Consejo, que actuará como enlace entre aquélla y el Consejo. d) En todo caso, cada Consejo estará presidido por un miembro de la Corporación, nombrado y separado en el acuerdo plenario de creación del Consejo, a propuesta del Alcalde o Presidente, que actuará como enlace entre aquélla y el Consejo.

5.- Conforme a lo estipulado en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, señale la opción correcta respecto a las Juntas Municipales de Distrito: EI Pleno del Ayuntamiento podrá acordar la creación de Juntas Municipales de Distrito, que tendrán el carácter de órganos territoriales de gestión descentralizada y cuya finalidad será la mejor gestión de los asuntos de la competencia municipal y facilitar la participación ciudadana en el respectivo ámbito territorial. La composición, organización y ámbito territorial de las Juntas serán establecidas en el correspondiente acuerdo plenario de creación de las mimas. La composición, organización y ámbito territorial de las Juntas serán establecidas en el correspondiente Reglamento regulador aprobado por el Pleno. EI acuerdo plenario de creación de las Juntas determinará asimismo las funciones administrativas que, en relación a las competencias municipales, se deleguen o puedan ser delegadas en las mismas, dejando a salvo la unidad de gestión del Municipio.

6 .- Conforme a lo estipulado en el Art. 7 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, señale la opción correcta: a) Las competencias propias y atribuidas por delegación a las Entidades Locales Territoriales, sólo pueden ser efectuadas por Ley. b) Las competencias propias o atribuidas por delegación de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás Entidades Locales territoriales solo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas. c) Las competencias propias de las Entidades Locales, solo pueden ser efectuadas por Ley, y las atribuidas por delegación, mediante disposición o acuerdo de la Administración delegante. d) Las entidades locales no pueden ejercer otras competencias que las propias o atribuidas por delegación.

7.- Conforme a lo estipulado en el Art. 25 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, ¿Cuál de las siguientes no se encuentran entre las competencias propias de los municipios?: Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o secundarla. Todas las anteriores son competencias propias de los municipios.

8.- De conformidad con eI mismo artículo de la pregunta anterior, las competencias municipales en las materias enunciadas en dicho artículo se determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de: a) Descentralización, eficacia, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. b) Descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. c) Descentralización, desconcentración, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. d) Descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.

12.- Conforme al mismo artículo de la pregunta anterior, una delegación en un municipio no podrá tener una duración: a) Superior a 10 años. b) Inferior a 10 años. c) Superior a 5 años. d) Inferior a 5 años.

13.- De conformidad con lo estipulado en el citado Art. 27 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, ¿Cuál de las siguientes materias no se encuentran relacionadas con las que pueden ser delegadas en los municipios?: Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas Infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de educación infantil. Inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los registros administrativos de la Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado. Inspección y sanción de establecimientos y actividades mercantiles. Todas las anteriores son materias objeto de delegación.

14.- De conformidad con lo estipulado en el Art. 204 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en una Provincia de 500.001 habitantes, el Pleno de la Diputación estará compuesto por: a) 25 Diputados. b) 27 Diputados. c) 31 Diputados. d) 51 Diputados.

15.- De conformidad con lo estipulado en el Art. 204 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, señale la opción correcta: a) Las Juntas Electorales Provinciales reparten, proporcionalmente y atendiendo al número de residentes, los puestos correspondientes a cada partido judicial, en el décimo día posterior a la convocatoria de elecciones. b) Las Juntas Electorales de Zona reparten, proporcionalmente y atendiendo al número de residentes, los puestos correspondientes a cada partido judicial, en el décimo día posterior a la convocatoria de elecciones. c) Las Juntas Electorales Provinciales reparten, proporcionalmente y atendiendo al número de residentes, los puestos correspondientes a cada partido judicial, en el décimo día posterior a la celebración de elecciones. d) Las Juntas Electorales de Zona reparten, proporcionalmente y atendiendo al número de residentes, los puestos correspondientes a cada partido judicial, en el décimo día posterior a la celebración de elecciones.

16. De conformidad con lo estipulado en el Art. 204 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, a la hora del reparto de Diputados Provinciales entre cada Partido Judicial, señale cuál de las siguientes reglas no es correcta: a) Ningún partido judicial puede contar con más de tres quintos del número total de Diputados Provinciales. b) Las fracciones iguales o superiores a 0,50 que resulten del reparto proporcional se corrigen por exceso y las inferiores por defecto. c) Si como consecuencia de las operaciones anteriores resultase un número total que no coincida, por exceso, con el número de Diputados correspondientes a la provincia, se sustraen los puestos necesarios a los partidos judiciales cuyo número de residentes por Diputado sea mayo. SI, por el contrario, el número no coincide por defecto se añaden puestos a los partidos judiciales cuyo número de residentes por Diputado sea menor. d) Todas las anteriores reglas son correctas.

17.- De conformidad con lo estipulado en el Art. 205 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, señale la opción correcta: a) Constituidos todos los Ayuntamientos de la respectiva provincia, la Junta Electoral de Zona procede inmediatamente a formar una relación de todos los partidos políticos, coaliciones, federaciones y de cada una de las agrupaciones de electores que hayan obtenido algún Concejal dentro de cada partido judicial, y convocará a los Concejales para que elijan a los Diputados provinciales de entre las listas de candidatos, avaladas al menos por un tercio de dichos Concejales. Se elegirán además, tres suplentes. b) Constituidos todos los Ayuntamientos de la respectiva provincia, la Junta Electoral Provincial procede inmediatamente a formar una relación de todos los partidos políticos, coaliciones, federaciones y de cada una de las agrupaciones de electores que hayan obtenido algún Concejal dentro de cada partido judicial, y convocará a los Concejales para que elijan a los Diputados provinciales de entre las listas de candidatos, avaladas al menos por dos tercios de dichos Concejales. Se elegirán además, tres suplentes. c) Constituidos todos los Ayuntamientos de la respectiva provincia, la Junta Electoral Provincial procede inmediatamente a formar una relación de todos los partidos políticos, coaliciones, federaciones y de cada una de las agrupaciones de electores que hayan obtenido algún Concejal dentro de cada partido judicial, y convocará a los Concejales para que elijan a los Diputados provinciales de entre las listas de candidatos, avaladas al menos por un tercio de dichos Concejales. Se elegirán además, dos suplentes. d) Constituidos todos los Ayuntamientos de la respectiva provincia, la Junta Electoral de Zona procede inmediatamente a formar una relación de todos los partidos políticos, coaliciones, federaciones y de cada una de las agrupaciones de electores que hayan obtenido algún Concejal dentro de cada partido judicial, y convocará a los Concejales para que elijan a los Diputados provinciales de entre las listas de candidatos, avaladas al menos por dos tercios de dichos Concejales. Se elegirán además, cuatro suplentes.

19.- De conformidad con lo estipulado en el Art. 207 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, señale la opción correcta en cuanto a la elección del Presidente de la Diputación: Para la elección de Presidente, puede ser candidato sólo los cabeza de lista y debe obtener mayoría absoluta en la primera votación y simple en la segunda. Para la elección de Presidente, el candidato debe obtener mayoría absoluta en la primera votación y simple en la segunda. Para la elección de Presidente, puede ser candidato sólo los cabeza de lista y debe obtener mayoría absoluta en la primera votación y en caso de empato se resuelve por sorteo. Para la elección de Presidente, el candidato debe obtener mayoría absoluta en la primera votación y en caso de empate se resuelve por sorteo.

20.- De conformidad con lo estipulado en el Art. 207 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, señale a la aprobación o modificación de cuál de los siguientes instrumentos el Presidente de la Diputación no puede aparejar una cuestión de confianza: Al Presupuesto de la Corporación. Al Reglamento Orgánico. A las Ordenanzas Fiscales. EI plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal.

**Para que el candidato a la Alcaldía, presentado en una moción de censura, quede elegido, será necesario el voto favorable de: La mayoría simple del número de concejales presentes en la moción. Todas las respuestas son falsas. La mayoría simple del número legal de concejales que legalmente componen la Corporación. La mayoría absoluta del número de concejales presentes en la moción.

**En base a lo establecido en el artículo 183 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General la disolución de una corporación local por gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, corresponde: A la Diputación Provincial correspondiente. A la respectiva Comunidad Autónoma. Al Consejo de Ministros. A las Cortes Generales.

**De acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1985, ¿qué competencias de los Alcaldes de municipios de gran población solo podrán ser delegables en la Junta de Gobierno Local?: Establecer directrices generales de la acción de gobierno municipal y asegurar su continuidad. Dirigir la política, el gobierno y la administración municipal. Nombrar y cesar a los Tenientes de Alcalde y a los Presidentes de los Distritos. Convocar y presidir las sesiones del Pleno y las de la Junta de Gobierno Local y decidir los empates con voto de calidad.

**De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 7/1985, las Comunidades Autónomas uniprovinciales y la Foral de Navarra asumen las competencias, medios y recursos que corresponden en el régimen ordinario a las Diputaciones Provinciales exceptuando: La Comunidad Autónoma de La Rioja. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. La Comunidad Autónoma de Murcia. Las otras respuestas son correctas.

Si el número de Diputados que integran una Diputación provincial es 31, ¿cuántos miembros como máximo formarán la Junta de Gobierno incluyendo al Presidente de la Diputación? : 15. 11. 10. 9.

Al Pleno de la Diputación Provincial le corresponderá la concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada en el ejercicio económico exceda del 5 % de los recursos ordinarios, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando: EI importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 25% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio. EI importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio. EI importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 10% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio. Al Pleno no le corresponderá esta atribución cuando la cuantía acumulada en el ejercicio económico exceda del 5% de los recursos ordinarios.

**Para la elección de Alcalde serán candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes listas de manera que: Todas las respuestas son falsas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría simple de los votos de los Concejales es proclamado electo. Será proclamado electo el que obtenga la mayoría de dos tercios de los votos de los Concejales. En realidad pueden ser candidatos todos los concejales de las listas con representación en el ayuntamiento.

**Al Pleno de un Ayuntamiento le corresponde: EI planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y demás Administraciones públicas. La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo. Todas las respuestas son correctas. La fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual.

**Los conflictos de atribuciones que afecten a órganos colegiados de las Corporaciones locales serán resueltos por: EI Alcalde o Presidente. EI Pleno. EI Alcalde o la Junta de Gobierno Local. Todas las respuestas son falsas.

**Si conforme con el artículo artículo 183 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, la disolución de una corporación local se produce porque los órganos de gobierno de la corporación local lleven a cabo alguna de las actuaciones previstas en el artículo 61.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la diputación provincial o, en su caso, el órgano. Hasta la finalización del correspondiente mandato, no pudiendo adoptar acuerdos para los que se requiera una mayoría cualificada. Hasta la elección, en el plazo de un año, de una nueva corporación, no pudiendo adoptar acuerdos para los que se requiera una mayoría cualificada. Hasta la finalización del correspondiente mandato, solo pudiendo adoptar acuerdos para los que se requiera una mayoría cualificada. Hasta la elección, en el plazo de seis meses, de una nueva corporación, solo pudiendo adoptar acuerdos para los que se requiera una mayoría cualificada.

EI Consejo de Distrito municipal: a) Es un órgano territorial de gestión desconcentrada para la prestación de servicios y el acercamiento del Ayuntamiento a los ciudadanos. b) Es un órgano territorial específico para la gestión de los Distritos y Barrios Rurales en el que, mediante la participación vecinal, se realiza la gestión desconcentrada de los asuntos que afectan al territorio. c) Es un órgano de gestión desconcentrada de carácter permanente para llevar a cabo estudios y actividades por encargo de los órganos de gobierno.

55. Las Entidades Locales podrán intervenir en la actividad de los ciudadanos a través de los siguientes medios: a) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo, ordenanzas, órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo y sometimiento a comunicación previa y declaración responsable. b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo, ordenanzas y bandos, órdenes individuales constitutivas de mandato, sometimiento a comunicación previa y declaración responsable y a través de reglamentos. c) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo, ordenanzas y bandos, órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo, sometimiento a comunicación previa y declaración responsable y sometimiento a control posterior al inicio de la actividad a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma.

70.- En un municipio de gran población ¿qué órgano es el competente para aprobar el proyecto de Reglamento Orgánico ?: a) EI Pleno del Ayuntamiento tras la aprobación del dictamen por la Comisión Plenaria. b) EI Alcalde. c) La Junta de Gobierno Local.

74.- ¿Qué órgano es el competente en un Ayuntamiento de gran población para el reconocimiento de compatibilidad de un empleado?: a) La Junta de Gobierno Local. b) EI Alcalde. c) EI Pleno.

15. De acuerdo con el artículo 21.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de Bases de régimen local, el Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo: a) Las de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a, e, j, k, l y m del apartado 1 del artículo 21 de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de bases de régimen local. b) Las de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a, e, j, k, l y m del apartado 1 del artículo 21 de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de bases de régimen local. c) Las de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad y la concertación de operaciones de crédito. d) Las de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos j, k, l y m del apartado 1 del artículo 21 de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de bases de régimen local.

17. La fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios en un Ayuntamiento corresponde a: a) El Pleno. b) La Junta de Gobierno Local. c) El Alcalde. d) La Comisión Informativa de Hacienda.

18. Una vez aprobada la Plantilla de personal por el Pleno de un Ayuntamiento deberá publicar: a) En el Boletín Oficial del Estado. b) En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. c) En el Boletín Oficial de la Provincia. d) En el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

¿Para la adopción de qué tipo de acuerdos se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones según el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local? (Señale la opción incorrecta). Cesión por cualquier título del aprovechamiento de los bienes comunales. Enajenación de bienes, cuando su cuantía exceda del 30 por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto. Cesión gratuita de bienes a otras Administraciones o instituciones públicas. Alteración de la calificación jurídica de los bienes demaniales o comunales.

**¿Cuándo deberá efectuarse la convocatoria de la sesión extraordinaria a instancia de miembros de la Corporación? (Artículo 78 Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre). Dentro de los cinco días siguientes a la petición y no podrá demorarse su celebración por más de tres meses desde que el escrito tuviera entrada en el Registro General. A los cuatros días siguientes a la petición y no podrá demorarse su celebración por más de tres meses desde que el escrito tuviera entrada en el Registro General. Dentro de los cinco días siguientes a la petición y no podrá demorarse su celebración por más de dos meses desde que el escrito tuviera entrada en el Registro General. Dentro de los cuatros días siguientes a la petición y no podrá demorarse su celebración por más de dos meses desde que el escrito tuviera entrada en el Registro General.

**De los siguientes, ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir EI Libro de Actas? (Según dispone el artículo 198 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre). Ha de estar previamente foliado y encuadernado, legalizada cada hoja con la rúbrica del Alcalde o Presidente y el sello de la Corporación, y expresará en su primera página, mediante diligencia de apertura firmada por el Secretario, el número de folios y la fecha en que se inicia la transcripción de los acuerdos. Ha de estar previamente foliado y encuadernado y legalizada cada hoja con la rúbrica del Alcalde o Presidente. Ha de estar previamente foliado y encuadernado, legalizada cada hoja con la rúbrica del Alcalde o Presidente y el sello de la Corporación, y expresará en su primera página, mediante diligencia de apertura firmada por el Alcalde, el número de folios y la fecha en que se inicia la transcripción de los acuerdos. Además, habrá de utilizarse en todo caso, el papel timbrado del Estado. Ha de estar previamente foliado y encuadernado, legalizada cada hoja con la rúbrica del Alcalde o Presidente y el sello de la Corporación, y expresará en su primera página, mediante diligencia de apertura firmada por el Secretario, el número de folios y la fecha en que se inicia la transcripción de los acuerdos. Además, habrá de utilizarse en todo caso, el papel timbrado del Estado.

**¿Cuál de las siguientes definiciones se refiere a "proposición" tal y como se recoge en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre?. Es la propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno. Podrá formularse por escrito u oralmente. Es la propuesta que se somete al Pleno relativa a un asunto incluido en el orden del día, que acompaña a la convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 82.3 de este Reglamento. Contendrá una parte expositiva o justificación y un acuerdo, asimismo, a adoptar. Es la propuesta de modificación de un dictamen formulada por un miembro que forma parte de la Comisión Informativa. Es la propuesta sometida al pleno tras el estudio del expediente por la Comisión Informativa. Contiene una parte expositiva y un acuerdo a adoptar.

**¿Qué condición impone el artículo 79 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, respecto a las sesiones extraordinarias urgentes?. Debe incluirse como primer punto del orden del día el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia. Si ésta no resulta apreciada por el Pleno, se levantará acto seguido la sesión. No existen ese tipo de sesiones. Deben ser convocadas por el Alcalde y por los miembros de la Corporación. Tienen que celebrarse al día siguiente de su convocatoria.

**Según el artículo 77 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, existen tres tipos de sesiones del Pleno que son: Ordinarias, extraordinarias y de carácter urgente. Ordinarias, urgentes y extraordinarias. Ordinarias, extraordinarias y extraordinarias de carácter urgente. Ordinarias, especiales y extraordinarias de carácter urgente.

**Señale la respuesta correcta según lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre: Siempre se redactarán los acuerdos en la lengua cooficial en la Comunidad autónoma a la que pertenezca la Corporación. Las convocatorias de las sesiones, los órdenes del día, mociones, votos particulares, propuestas de acuerdo y dictámenes de las Comisiones informativas se redactarán en lengua castellana o en la lengua cooficial en la Comunidad Autónoma a la que pertenezca la entidad. Cuando lo exija la Corporación, se redactarán los acuerdos en la lengua oficial en la Comunidad Autónoma. En los debates se tendrá que fijar con anterioridad el uso de la lengua castellana.

**¿Qué acuerdos se considerarán nulos según se recoge en el artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre?. Los acuerdos adoptados en sesiones ordinarias sobre asuntos no comprendidos en su convocatoria. Los acuerdos adoptados sobre asuntos no comprendidos en su convocatoria. Los acuerdos adoptados en sesiones ordinarias sobre materias no incluidas en el respectivo orden del día, salvo especial y previa declaración de urgencia hecha por el Órgano correspondiente. Todos los acuerdos que no hayan sido objeto de debate.

** La siguiente definición: Es la propuesta de modificación de un dictamen o proposición presentada por cualquier miembro, mediante escrito presentado al Presidente antes de iniciarse la deliberación del asunto." ¿Con cuál de las siguientes se corresponde?: Enmienda (artículo 97.5 del ROF). Ruego (artículo 97.6 del ROF). Dictamen (Artículo 97.1 del ROF). Moción (artículo 97.3 del ROF).

**¿Qué se consideran como medios electrónicos válidos para poder celebrar sesiones, según dispone el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril?. Las audio conferencias, videoconferencias u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten. Las audio conferencias y videoconferencias que garanticen la seguridad tecnológica y la protección de datos de carácter personal. Las audio conferencias, videoconferencias u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, y la protección de datos de carácter personal, la efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten. Las audio conferencias y videoconferencias que garanticen la seguridad tecnológica.

**Respecto a los debates en las sesiones del Pleno, señale la opción incorrecta, según viene establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre: Será de aplicación a las mociones de censura, lo regulado en dicho artículo respecto a su tramitación, debate y votación. Todos los asuntos se debatirán y votarán por el orden en que estuviesen relacionados en el orden del día, salvo que el Alcalde o Presidente alteren el mismo. No será de aplicación a las mociones de censura, lo regulado en dicho artículo respecto a su tramitación, debate y votación. Todos los asuntos se debatirán y votarán por el orden en que estuviesen relacionados en el orden del día.

**¿Qué puntos tienen que constar en el acta que extienda el Secretario de cada sesión, según dispone el artículo 109 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre?. Día, mes y año; Hora de inicio; Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros presentes, ausentes y ausentes sin excusa; Carácter de la sesión; Asistencia del Secretario; Asuntos a examinar; Votaciones; Parte dispositiva de los acuerdos y hora en que el Presidente levante la sesión. Lugar; Día, mes y año; Hora de inicio; Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros presentes, ausentes y ausentes sin excusa; Carácter de la sesión; Asuntos a examinar; Votaciones; Parte dispositiva de los acuerdos y hora en que el Presidente levante la sesión. Lugar; Día, mes y año; Hora de inicio; Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros presentes, ausentes y ausentes sin excusa; Carácter de la sesión; Asistencia del Secretario; Asuntos a examinar; Votaciones; Parte dispositiva de los acuerdos y hora en que el Presidente levante la sesión. Lugar; Día, mes y año; Hora de inicio; Carácter de la sesión; Asuntos a examinar; Votaciones; Parte dispositiva de los acuerdos y hora de fin de la sesión.

**¿Cómo se lleva a cabo el control y fiscalización por el Pleno de la actuación de los demás órganos de gobierno según lo dispuesto en el artículo 104 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre?. EI Reglamento Orgánico Municipal no podrá establecer otros medios de control y fiscalización de los órganos de gobierno. EI Reglamento Orgánico Municipal podrá establecer otros medios de control y fiscalización de los órganos de gobierno. Sólo existe la posibilidad de llevarlo a cabo a través de la Moción de censura al Alcalde o Presidente. A través del Requerimiento de presencia e información de miembros corporativos que ostenten delegación o a través del debate sobre la actuación de la Comisión de Gobierno.

**¿A quién corresponde fijar la periodicidad de las sesiones ordinarias según se recoge en el Artículo 78.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre? : Por acuerdo del Alcalde o Presidente dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva de la Corporación. Por acuerdo del Pleno en sesión extraordinaria, que habrá de convocar el Alcalde o Presidente dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva de la Corporación. Por acuerdo del Pleno en sesión extraordinaria, que habrá de convocar el Alcalde o Presidente dentro de los veinte días siguientes al de la sesión constitutiva de la Corporación. Por acuerdo del alcalde o Presidente en sesión ordinaria dentro de los veinte días siguientes al de la sesión constitutiva de la Corporación.

**EI Artículo 78.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, hace referencia a las sesiones extraordinarias; según el cual, ¿Quién y cómo se convocan las mismas?. Son aquellas que convoque el Alcalde o Presidente con tal carácter, por iniciativa propia o a solicitud de la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación. Tal solicitud habrá de hacerse por escrito en el que se razón el asunto o asuntos que la motiven, firmado personalmente por todos los que la suscriben. Son aquellas que convoque el Alcalde o Presidente con tal carácter, por iniciativa propia o a solicitud de la tercera parte del número legal de miembros de la Corporación. Tal solicitud habrá de hacerse por escrito en el que se razón el asunto o asuntos que la motiven, firmado personalmente por todos los que la suscriben. Son aquellas que convoca el Alcalde o Presidente con tal carácter, a solicitud de la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación. Tal solicitud no es obligatoria hacerla por escrito. Son aquellas que convoque el Alcalde o Presidente con tal carácter, por iniciativa propia, y habrá de hacerse por escrito obligatoriamente.

**Señale la respuesta correcta en relación a los Libros de Actas que se regula en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre: EI Alcalde custodiará los Libros de Actas, bajo su responsabilidad, en la Casa Consistorial. Todos los Libros de Actas deberán ser redactadas en todos los idiomas que puedan requerirse para su buen uso y entendimiento. Tanto el Alcalde como el Secretario son responsables del custodio de los Libros de Actas. EI Secretario estará obligado a expedir certificaciones o testimonios de los acuerdos que dicho Libro contenga cuando así lo reclamen de oficio las autoridades competentes.

**Respecto a la publicidad de los actos y acuerdos regulada en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, señale la opción falsa: EI Alcalde o Presidente de la Corporación y, de forma inmediata, el Secretario de la Corporación, serán responsables del cumplimiento de remitir copia o extracto comprensivo de las resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno municipales. En el plazo de siete días posteriores a la adopción de los actos y acuerdos, se remitirán al Gobernador civil o Delegado del Gobierno, en su caso, y a la Administración autonómica, copia o, en su caso, extracto comprensivo de las resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno municipales. Los acuerdos que adopten el Pleno y la Comisión de Gobierno, cuando tengan carácter decisorio, se publican y notifican en la forma prevista por la Ley. Las Resoluciones del Alcalde o Presidente de la Corporación se publican y notifican en la forma prevista en la Ley.

**¿Cuándo se considera abstención en la votación tal y como se regula en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre?. Cuando los miembros de la Corporación se hubieran ausentado del Salón de Sesiones antes de iniciada la deliberación del asunto y no estuvieren presentes en el momento de la votación. En el supuesto de abandono del Salón de sesiones, no podrán reintegrarse para poder votar los miembros de la Corporación. En ningún caso puede abstenerse un miembro de la Corporación de votar. Cuando los miembros de la Corporación se hubieran ausentado del Salón de Sesiones una vez iniciada la deliberación del asunto y no estuvieren presentes en el momento de la votación.

**Según regula el artículo 197 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre: ¿con qué frecuencia se publicará un boletín de información municipal o provincial donde se inserte un extracto de todos los acuerdos y resoluciones?. Al menos una vez al año. Al menos una vez cada cuatro meses. Al menos una vez cada seis meses. Al menos una vez al trimestre.

**Existe mayoría simple en un órgano colegiado local, según el artículo 99.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, cuando: Los votos afirmativos son la mitad más uno que el de votos negativos. Los votos afirmativos son más que los negativos. Los votos afirmativos no superan a los negativos. Los votos afirmativos son más de la mitad del número legal de miembros de la Corporación.

**¿De qué manera puede acordarse la celebración de sesión extraordinaria cuyo objeto sea someter a debate la gestión de la Comisión de Gobierno, según regula el artículo 106 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre?. EI Pleno, a propuesta del alcalde o Presidente o mediante solicitud de la tercera parte, al menos, del número legal de miembros corporativos, podrá acordar dicha celebración. EI Pleno, a propuesta del alcalde o Presidente o mediante solicitud de la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros corporativos, podrá acordar dicha celebración. Sólo podrá acordarse dicha celebración cuando lo soliciten la cuarta parte de los miembros corporativos. Sólo podrá acordarse dicha celebración cuando lo soliciten todos los miembros corporativos.

**Sobre el desarrollo de las sesiones, ¿Qué establece el artículo 87 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre?. Si la sesión terminase sin que se hubiesen debatido y resuelto todos los asuntos incluidos en el orden del día, el Presidente no podrá levantar la sesión hasta que no se fije la próxima fecha de celebración. Toda sesión, ordinaria o extraordinaria, habrá de respetar el principio de unidad de acto y se procurará que termine en el mismo día de su comienzo. Durante el transcurso de la sesión, el Presidente podrá denegar interrupciones a su prudente arbitrio. Durante el transcurso de la sesión, el Presidente podrá acordar interrupciones a su prudente arbitrio, únicamente para descanso en los debates.

**Respecto a los asuntos incluidos en el escrito de solicitud de una sesión extraordinaria, ¿pueden ser modificados según dispone el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre?. La relación de asuntos incluidos en el escrito no enerva la faculta de los miembros que hayan presentado la solicitud de convocatoria para determinar los puntos del Orden del día, si bien la exclusión de éstos de alguno de los asuntos propuestos deberá ser motivada y aceptada por el Alcalde. La relación de asuntos incluidos en el escrito no enerva la faculta del Alcalde o Presidente para determinar los puntos del Orden del día, si bien la exclusión de éste de alguno de los asuntos propuestos deberá ser motivada. La relación de asuntos incluidos en el escrito no enerva la faculta de los miembros que hayan presentado la solicitud de convocatoria para determinar los puntos del Orden del día, si bien la exclusión de éstos de alguno de los asuntos propuestos deberá ser motivada. La relación de asuntos incluidos en el escrito no enerva la faculta del Alcalde o Presidente para determinar los puntos del Orden del día, si bien la exclusión de éste de alguno de los asuntos propuestos deberá ser motivada y votada por los miembros que hayan presentado la solicitud de la convocatoria.

**Respecto a las preguntas que se pueden realizar en el seno del Pleno, señale la opción correcta según se regula en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre: Sólo pueden plantear preguntas los miembros de la Corporación. Las preguntas formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación, serán contestadas ordinariamente en la sesión o, por causas debidamente motivadas, en la siguiente. Las preguntas formuladas por escrito podrán ser contestadas por escrito o verbalmente en la sesión siguiente. Pregunta es la formulación de cualquier cuestión dirigida a alguno de los órganos de gobierno municipal.

**¿Quiénes tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de los órganos de gobierno y administración de las entidades locales, así como a consultar los archivos y registros? (Artículo 207 Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre). Todos los que tengan la condición de vecino del ámbito territorial. Todos los ciudadanos. Todos los residentes en territorio español. Todos los españoles.

**De todos los siguientes, ¿Qué no deberá constar en el expediente de la convocatoria de una sesión, ordinaria o extraordinaria, según dispone el artículo 81 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre?. Las copias de las notificaciones cursadas a los miembros de la Corporación. Publicación de acuerdos en el tablón de edictos. La relación de expedientes preparatorios de la sesión realizados por la Secretaría con un representación de los miembros de la Corporación. La fijación del Orden del día por el Alcalde o Presidente.

**Señale el quórum necesario para la válida constitución del Pleno según el artículo 90 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre: Si en primera convocatoria no existe el quórum necesario, se entenderá convocada la sesión automáticamente a la misma hora, tres días después. Un tercio del número legal de miembros de la Corporación, que nunca podrá ser inferior a tres. Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. Se requiere en todo caso la asistencia del Presidente y Secretario o de quienes legalmente les sustituyan. La mitad del número legal de miembros y con la asistencia del Presidente y Secretario. Si en segunda convocatoria no se alcanzase tampoco el quórum necesario, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el orden del día para la sesión que se celebre con posterioridad, dentro de los dos meses siguientes, sea ordinaria o extraordinaria.

**¿Cuál se considera el sistema normal de votación en la sesiones del Pleno, según se dispone en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre?. EI sistema normal de votación es indistintamente ordinaria y nominal. Para que el sistema de votación nominal sea el normal, requerirá la solicitud de un grupo municipal aprobada por el Pleno por una mayoría simple en votación ordinaria. EI sistema normal será la votación secreta. EI sistema normal será la votación ordinaria.

**¿Quién cursará la solicitud en los asuntos en que sea preceptivo el dictamen del Consejo de Estado, según el artículo 48 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local?. Cuando deba ser solicitado conjuntamente por Entidades pertenecientes al ámbito territorial de distintas Comunidades Autónomas, la solicitud se cursará por conducto de todos los Presidentes de las Comunidades afectadas. Cuando deba ser solicitado conjuntamente por Entidades pertenecientes al ámbito territorial de distintas Comunidades Autónomas, la solicitud se cursará por conducto del Ministerio de Administraciones Públicas a petición de la Entidad de mayor población. Por el Presidente de la Comunidad Autónoma a solicitud del alcalde respectivo. Cuando deba ser solicitado conjuntamente por Entidades pertenecientes al ámbito territorial de distintas Comunidades Autónomas, la solicitud se cursará por conducto del Ministerio de Administraciones Públicas a petición de cualquiera de las Entidades.

**Señale la respuesta incorrecta respecto a la convocatoria de las sesiones del Pleno regulada en el artículo 80 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre: A la convocatoria de las sesiones se acompañará el orden del día comprensivo de los asuntos a tratar con el suficiente detalle, y los borradores de actas de sesiones anteriores que deban ser aprobados en la sesión. Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de tres días hábiles, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias urgentes. Corresponde al Alcalde o Presidente convocar todas las sesiones del Pleno. La convocatoria de las sesiones extraordinarias habrá de ser motivada. La convocatoria, orden del día y borradores de actas deberán ser notificados a los Concejales o Diputados en su domicilio.

**Elige la incorrecta. Reglas relativas al orden de las intervenciones, en el caso de promoverse debate según dispone el artículo 94 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre: Sólo podrá hacerse uso de la palabra previa autorización de Alcalde o Presidente. Podrán admitirse otras interrupciones que así estime el Presidente como necesarias para el buen fin del debate. Si lo solicitara algún grupo, se procederá a un segundo turno. Quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar del Alcalde o Presidente que se conceda un turno por alusiones, que será breve y conciso.

**Según dispone el artículo 136 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, cuando un miembro de la Comisión disiente del dictamen aprobado por la mayoría. ¿Qué herramienta legal tiene para defender su postura en el Pleno?. Impugnar el acta de la sesión ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Interponer un recurso de alzada ante el Alcalde. Formular un voto particular. Presentar una enmienda a la totalidad en el registro 24 horas antes.

**¿Qué medios pueden utilizarse para la fiscalización de la actuación de la Comisión de Gobierno según dispone el artículo 104 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre?. Solo mociones de censura al Alcalde o Presidente. Debate en el Pleno, mociones de censura y requerimientos de información. Comparecencias públicas de la Comisión de Gobierno.

**Según dispone el artículo 112 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, ¿Cuándo se celebran sesiones urgentes de la Comisión de Gobierno?. Cuando lo establezca la propia Comisión. Cuando lo establezca el Pleno. Cuando lo establezca el Alcalde. Cuando lo establezca el Pleno de acuerdo con el Alcalde.

**Según dispone el artículo 112 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, ¿Dónde celebra sus sesiones la Comisión de Gobierno?. En la Casa Consistorial, Palacio Provincial o edificio que sea sede de la entidad, salvo en los supuestos de fuerza mayor. En cualquier lugar habilitado al efecto. En la Casa Consistorial, Palacio Provincial o edificio que sea sede de la entidad, en cualquier caso. En cualquier sede del Ayuntamiento.

**De conformidad con el artículo 39 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, señale la respuesta correcta: Una vez finalizado su mandato, los miembros de las Corporaciones cesantes continuarán sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores, y únicamente podrán adoptar acuerdos urgentes para los que legalmente se requiere una mayoría cualificada. Ninguna respuesta es correcta. Una vez finalizado su mandato, los miembros de las Corporaciones cesantes suspenderán todas sus funciones hasta la toma de posesión de sus sucesores, y en ningún caso podrán adoptar acuerdos para los que legalmente se requiere una mayoría cualificada. Una vez finalizado su mandato, los miembros de las Corporaciones cesantes continuarán sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores, y en ningún caso podrán adoptar acuerdos para los que legalmente se requiere una mayoría cualificada.

**De conformidad con el R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, los concejales cesantes del Pleno se reunirán en sesión convocada al solo efecto de aprobar el acta de la última sesión celebrada: EI día anterior al señalado por la legislación electoral para la sesión constitutiva de los Ayuntamientos. EI tercer día anterior al señalado por la legislación electoral para la sesión constitutiva de los Ayuntamientos. EI quinto día anterior al señalado por la legislación electoral para la sesión constitutiva de los Ayuntamientos.

**Según dispone el artículo 112 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, ¿Cada cuánto tiempo como mínimo celebra sesión ordinaria la Comisión de Gobierno?. c. Una vez al mes. d. Una vez cada tres semanas. b. Cada quince días. a. Cada semana.

**Según dispone el artículo 98 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, ¿Puede interrumpirse una votación durante su celebración?. No, por ningún motivo. Sí, en cualquier momento. Sí, mediante acuerdo del Pleno. Sí, por el Alcalde o Presidente.

**Según el Real Decreto 2568/1986, respecto al régimen general de las delegaciones entre los órganos necesarios: Todas son correctas. La delegación de atribuciones se entenderá que es por término indefinido, salvo que la resolución o acuerdo de la delegación disponga otra cosa, o la temporalidad de la misma se derive de la propia naturaleza de la delegación. EI órgano delegante podrá avocar en cualquier momento la competencia delegada con arreglo a la legislación vigente sobre procedimiento administrativo común. Ningún órgano podrá delegar en un tercero las atribuciones o potestades recibidas por delegación de otro órgano.

**Según el Real Decreto 2568/1986, ¿Qué tipo de mayoría es necesaria para adoptar un acuerdo en una Asamblea Vecinal?. b. Simple. c. De dos tercios. a. Absoluta. d. Unanimidad.

**Según el Real Decreto 2568/1986, ¿Cuál de los siguientes extremos no debe constar en el expediente que se abre en la convocatoria de una sesión del Pleno?. La fijación del orden del día. La relación nominal de concejales. Las copias de las notificaciones cursadas a los miembros de la Corporación. La minuta del acta.

**Según dispone el artículo 111 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, ¿Cada cuánto tiempo se debe reunir una Asamblea Vecinal?. Una vez cada dos meses. Una vez cada seis meses. Una vez al trimestre. Una vez al mes.

**Según el Real Decreto 2568/1986, ¿Cuándo puede ordenarse a un concejal que abandone la sesión del Pleno?. A la cuarta llamada al orden. A la segunda llamada al orden. A la quinta llamada al orden. . A la tercera llamada al orden.

**Según el Real Decreto 2568/1986, ¿Qué carácter tiene el voto de los concejales?. b. Impersonal e indelegable. a. Personal y delegable. d. Impersonal y delegable. c. Personal e indelegable.

**Según el Real Decreto 2568/1986, una vez aprobada el acta por el Pleno, se transcribirá en el Libro de Actas. ¿Quién la autorizará con su firma?. EI Alcalde. EI Secretario. EI Alcalde y el Secretario. EI Alcalde o el Secretario.

**Según el artículo 82 del Real Decreto 2568/1986, el orden del día de las sesiones del Pleno del Ayuntamiento: b) EI Alcalde, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces, asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva Comisión Informativa, pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día. d) Todas son correctas. a) En el orden del día sólo pueden incluirse los asuntos que hayan sido previamente dictaminados, informados o sometidos a consulta de la Comisión Informativa que corresponda. c) En el orden del día de las sesiones ordinarias se incluirá siempre el punto de ruegos y preguntas.

**EI Reglamento de Organización. Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en su art. 1.1 determina que son entidades locales territoriales: b) EI municipio, la provincia, la isla y las comarcas. a) EI municipio, la provincia y la isla en los archipiélagos balear y canario. c) EI municipio, la provincia, la isla y las mancomunidades. d) EI municipio, la provincia, las comarcas y las mancomunidades.

**Según el Real Decreto 2568/1986, ¿Dónde celebra sus sesiones el Pleno?. En la Casa Consistorial, Palacio Provincial o edificio que sea sede de la entidad, salvo en los supuestos de fuerza mayor. En cualquier lugar habilitado al efecto. En la Casa Consistorial, Palacio Provincial o edificio que sea sede de la entidad, en cualquier caso. En cualquier sede del Ayuntamiento.

**Según el artículo 82 del Real Decreto 2568/1986, a los efectos del desarrollo de las sesiones y para definir el carácter de las intervenciones de los miembros de la Corporación, se utilizará la siguiente terminología (Señale la respuesta correcta) : a) Proposición, es la propuesta sometida al Pleno tras el estudio del expediente por la Comisión Informativa. b) Moción, es la propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno al amparo de lo prevenido en el artículo 91.4 de este Reglamento. c) Voto particular, es la propuesta de modificación de un dictamen o proposición presentada por cualquier miembro, mediante escrito presentado al Presidente antes de iniciarse la deliberación del asunto. d) Pregunta, es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos de gobierno municipal.

**45. De conformidad con el Real Decreto 2586/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, señale qué respuesta es correcta: c. Un Dictamen es una propuesta que se somete al Pleno sobre un asunto no incluido en el Orden del Día. a. Un Dictamen es una propuesta que se somete al Pleno sobre un asunto incluido en el Orden del Día sin haber pasado por la Comisión Informativa. b. Un Dictamen es una propuesta sometida al Pleno tras el estudio del expediente por la Comisión Informativa.

**48. En los Municipios que funcionen en régimen de Concejo Abierto, las atribuciones de la asamblea y del Alcalde se regirán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por: Los usos, costumbres y tradiciones autonómicas. La economía, usos y costumbres autonómicas. Los usos, costumbres y tradiciones locales.

**Según el artículo 115 del Real Decreto 2568/1986, si no se dispone otra cosa, el órgano delegante conservará las siguientes facultades en relación con la competencia delegada: b) La de ser informado previamente a la adopción de decisiones de trascendencia. d) Todas son correctas. a) La de recibir información detallada de la gestión de la competencia delegada y de los actos o disposiciones emanados en virtud de la delegación. c) Los actos dictados por el órgano delegado en el ejercicio de las atribuciones delegadas se entienden dictados por el órgano delegante, correspondiendo, en consecuencia, a éste la resolución de los recursos de reposición que puedan interponerse, salvo que en el Decreto o acuerdo de delegación expresamente se confiera la resolución de los recursos de reposición contra los actos dictados por el órgano delegado.

**11. EI Reglamento de Organización. Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en su art. 35.2 determina que son órganos necesarios del Ayuntamiento: d) Alcalde, teniente alcalde, pleno, concejales delegados y Comisión de Gobierno en los Municipios con población de derecho superior a 5.000 habitantes y, en los de menos, cuando así lo disponga su Reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento. c) Alcalde, teniente alcalde, pleno y comisión de gobierno en los municipios con población de derecho superior a 5.000 habitantes y, en los de menos, cuando así lo disponga su Reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento. a) Alcalde, teniente alcalde y pleno. b) Alcalde, teniente alcalde, vicepresidentes, pleno y Comisión de Gobierno en los Municipios con población de derecho superior a 5.000 habitantes y, en los de menos, cuando así lo disponga su Reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento.

**Según el artículo 114 del Real Decreto 2568/1986, respecto al régimen general de las delegaciones entre los órganos necesarios (Señale la respuesta correcta): a) La delegación de atribuciones requerirá, para ser eficaz, su aceptación por parte del Delegado. La delegación se entenderá aceptada tácitamente si en el término de cinco días hábiles contados desde la notificación del acuerdo el miembro u órgano destinatario de la delegación no hace manifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepta la delegación. b) Las delegaciones del Pleno en el Alcalde o Presidente o en la Comisión de Gobierno y las del Alcalde o Presidente en esta última, como órgano colegiado, quedarán revocadas en todo caso al producirse un cambio en la titularidad de la Alcaldía o Presidencia o en la composición concreta de la Comisión de Gobierno. d) Ninguna es correcta. c) La revocación o modificación de las delegaciones habrá de adoptarse con las mismas formalidades que las exigidas para su otorgamiento.

** Aquellos Concejales que ostentan algunas de las delegaciones de atribuciones del Alcalde, según el artículo 120 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, son: b) Los Concejales Sectoriales. d) Las Juntas Municipales de Distrito. c) Los representantes personales del Alcalde en los poblados y barriadas. a) Los Concejales delegados.

**20. Según el artículo 113 del Real Decreto 2568/1986, las sesiones de la Comisión de Gobierno se ajustarán a lo establecido para las sesiones del Pleno, con las modificaciones siguientes (Señale la respuesta correcta): b) Las sesiones de la Comisión de Gobierno serán públicas. a) Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de cuarenta y ocho horas, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias y urgentes en las que, antes de entrar a conocer los asuntos incluidos en el orden del día, deberá ser declarada la urgencia por acuerdo favorable de la mayoría de los miembros. d) La Comisión de Gobierno en sus reuniones deliberantes no podrá adoptar ningún acuerdo, formalizándose el resultado de las deliberaciones, en su caso, en forma de dictámenes. c) Para la válida constitución de la Comisión de Gobierno se requiere la asistencia de la mayoría absoluta de sus componentes. Si no existiera quórum, se constituirá en segunda convocatoria, dos horas después de la señalada para la primera, siendo suficiente la asistencia de la tercera parte de sus miembros y, en todo caso, un número no inferior a tres.

** Según el artículo 46.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la condición de Teniente Alcalde se pierde por: d) Por cese, por renuncia expresa y por pérdida de la condición de miembro de la Comisión de Gobierno. b) Por renuncia expresa exclusivamente. a) Únicamente por cese. c) Sólo por pérdida de la condición de miembro de la Comisión de Gobierno.

**Según el artículo 109 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ¿Cuál de los siguientes datos no debe constar en el contenido del acta de una sesión del Pleno?. EI sentido de los votos de cada miembro en las votaciones ordinarias. La parte dispositiva de los acuerdos que se adopten. La hora en que comienza. EI carácter ordinario o extraordinario de la sesión.

**Según el Real Decreto 2568/1986, respecto del funcionamiento de los debates de las sesiones del Pleno del Ayuntamiento: c) Quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar del Secretario que se conceda un turno por alusiones, que será breve y conciso. a) No habrá lugar a votar la propuesta de acuerdo si la mayoría simple votase a favor de la petición de un Concejal de la retirada de algún expediente incluido en el orden de día y que quede sobre la mesa, aplazándose su discusión para la siguiente sesión. b) La consideración de cada punto incluido en el orden del día comenzará con la lectura, íntegra o en extracto, por el Alcalde, del dictamen formulado por la Comisión Informativa correspondiente o, si se trata de un asunto urgente, no dictaminado por la misma, de la proposición que se somete al Pleno. d) En los supuestos en que algún miembro de la Corporación deba abstenerse de participar en la deliberación y votación, deberá abandonar el Salón mientras se discuta y vote el asunto, en todo caso.

**Según el Real Decreto 2568/1986, ¿Quién puede llamar al orden a los asistentes a una sesión del Pleno?. EI concejal de mayor edad. EI Alcalde. EI Secretario de la Corporación. EI grupo político con mayor número de concejales.

**De conformidad con el R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, ¿cuándo se constituyen en sesión pública las Corporaciones municipales?. a. Las Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el cuadragésimo día posterior a la celebración de las elecciones. b. Las Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública siempre el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones. c. Las Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso electoral contra la proclamación de los Concejales electos, en cuyo supuesto se constituye el cuadragésimo día posterior a las elecciones.

**De conformidad con el R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, ¿Cuándo se celebra el turno de mociones de urgencia?. Después del turno de ruegos y preguntas. Antes de leer el orden del día. Antes del turno de ruegos y preguntas. Antes del examen de los asuntos.

**De conformidad con el R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, ¿Quién debe fijar el día y la hora de celebración de las sesiones de la Comisión de Gobierno?. Se fija por la normativa vigente. EI Alcalde. EI Pleno. La propia Comisión.

**Según el artículo 51 del Real Decreto 2568/1986, por el que se regula las delegaciones del Pleno del Ayuntamiento: a) EI acuerdo plenario por el que se produzca la delegación se adoptará por mayoría absoluta. d) Todas son correctas. b) EI acuerdo plenario por el que se produzca la delegación surtirá efectos desde el día siguiente al de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial» de la Provincia. c) Las delegaciones del Pleno en materia de gestión financiera solo podrán conferirse a través de las bases de ejecución del Presupuesto.

** Según el artículo 107 del Real Decreto 2568/1986, entre la presentación en el Registro General de la Corporación Municipal de la moción de censura al Alcalde y la celebración de la sesión extraordinaria deberán transcurrir: Al menos 10 días. Al menos 5 días. Al menos 7 días.

**Según el artículo 112 del Real Decreto 2568/1986, ¿Qué instrumento normativo se utiliza para establecer la periodicidad de las sesiones de la Comisión de Gobierno?. c. Bando. d. Orden. a. Decreto. b. Ordenanza.

** Según el artículo 133 del Real Decreto 2568/1986, el establecimiento de los órganos y entes desconcentrados y descentralizados para la gestión de los servicios se rige, en su caso, por 10 dispuesto en la legislación de Régimen Local relativa a las formas de gestión de servicios, y en todo caso, se inspirará en: d) el principio de economía organizativa, de manera que su número sea el mayor posible en atención a la correcta prestación de los mismos. a) el principio de eficacia organizativa, de manera que su número sea el menos posible en atención a la correcta prestación de los mismos. b) el principio de eficacia organizativa, de manera que su número sea el mayor posible en atención a la correcta prestación de los mismos. c) el principio de economía organizativa, de manera que su número sea el menos posible en atención a la correcta prestación de los mismos.

**Según el artículo 101 del Real Decreto 2568/1986. ¿Cómo se denominan las votaciones que se realizan mediante signos convencionales de asentimiento, disentimiento o abstención?. Ordinarias. Secretas. Nominales. Comunes.

** Según el artículo 38 del Real Decreto 2568/1986, dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva, el Alcalde convocará la sesión o sesiones extraordinarias del Pleno de la Corporación que sean precisas, a fin de resolver sobre los siguientes puntos (Señale la respuesta correcta): a) Periodicidad de sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno. b) Creación y composición de las Comisiones informativas especiales. c) Nombramientos de representantes de la Corporación en órganos colegiados, en todo caso. d) Conocimiento de las resoluciones del Alcalde en materia de nombramientos de Tenientes de Alcalde, miembros de la Comisión de Gobierno, si debe existir, y Presidentes de las Comisiones informativas, así como de las delegaciones que la Alcaldía estime oportuno conferir.

**Según el artículo 135 del Real Decreto 2568/1986, ¿por qué tipo de mayoría se aprueban los dictámenes de las Comisiones Informativas?. Por mayoría simple, generalmente. Por mayoría absoluta, generalmente. Por mayoría simple, siempre. Por mayoría absoluta, siempre.

251.- Señale cuál de los siguientes no es un principio general de la acción preventiva: a) Evitar los riesgos. b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. c) Tener en cuenta la evolución de la técnica. d) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.

252.- ¿Cuál es la definición legal de accidente de trabajo?. a) Toda lesión corporal que sufre un trabajador. b) Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión, o a consecuencia, del trabajo que ejecute por cuenta ajena. c) Toda enfermedad contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena. d) Toda enfermedad que sufra el trabajador mientras trabaja.

253.- ¿Quién debe facilitar el Libro de Incidencias?. a) La Inspección de Trabajo a solicitud del Coordinador de Seguridad y Salud. b) El colegio profesional del técnico que haya aprobado el Plan. c) El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. d) Cualquier persona que está en la obra.

254.- Señale, de las cuatro siguientes, cual es la norma legal más importante sobre seguridad y salud en el trabajo es: a) Reglamento de los Servicios de Prevención. b) Ley General de la Seguridad Social. c) Ley General de Sanidad. d) Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

255.- ¿Qué órgano de la Administración vigila el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en las empresas españolas?. a) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. b) Inspección de Industria. c) Inspección de Trabajo y Seguridad Social. d) Autoridades sanitarias.

256.- ¿Cuál de los siguientes órganos de la Administración puede ordenar la paralización de los trabajos en los que exista riesgo grave o inminente?. a) Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. b) Inspección de Trabajo y Seguridad Social. c) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. d) Autoridades sanitarias.

273.- ¿Qué entendemos como “Peligro” desde la prevención de riesgos?. a) Agente biológico que pueda causar daño para la salud. b) Agente físico que pueda causar daño para la salud. c) Agente químico que pueda causar daño para la salud. d) Agente biológico, químico o físico que pueda causar un daño para la salud.

46. Según el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá como «condición de trabajo»: a. La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. b. Cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. c. Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. d. El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

47. Conforme al artículo 13 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, es el órgano colegiado asesor de las Administraciones públicas en la formulación de las políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo: a. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. b. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. c. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. d. Ninguna es correcta.

48. Según el artículo 2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de: a. Derecho necesario máximo indisponible. b. Derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos. c. Derecho necesario mínimo indisponible, no pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos. d. Ninguna es correcta.

32. Indica el artículo 6.1 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, que los procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores se regularán por el Gobierno…. a) Mediante Ley. b) Mediante Ley, previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. c) Mediante normas reglamentarias, previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. d) Mediante reglamentos.

33. El órgano colegiado asesor de las Administraciones públicas en la formulación de las políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo es, según el artículo 13 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales…. a) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. b) Las Administraciones públicas competentes en materia laboral. c) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. d) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

34. Forma parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz frente a los riesgos laborales, según el artículo 14 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales…. a) La formación en materia preventiva. b) El derecho de información, consulta y participación. c) La paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente. d) Todas son correctas.

35. Indica el artículo 19 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales que el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación como cuando se produzcan, entre otras circunstancias, cambios en las funciones que desempeñe. Ello supone el cumplimiento de: a) El deber de prevención. b) El deber de protección. c) El deber de información y actualización. d) El deber de evaluación del puesto.

36. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrolle actividades trabajadoras de dos o más empresas, éstas deben cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención. A ello lo denomina del artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales: a) Coordinación de actividad preventiva. b) Coordinación de actividades empresariales. c) Cooperación en actividades preventivas. d) Cooperación interadministrativa en materia de seguridad y salud.

37. Según el artículo 31.4 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, la formación, especialidad, dedicación y número de componentes de los servicios de prevención (entre otros), vendrá determinado por: a) El número de trabajadores de la empresa, según los tramos que señala el artículo. b) Los tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores. c) El sector empresarial en el que se desempeñe la actividad, según lo establecido en el propio artículo. d) Todas son correctas.

38. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Según el artículo 35.2 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en una empresa de 501 a 1.000 trabajadores serán: a) 4. b) 5. c) 6. d) 7.

39. ¿Cómo denomina el artículo 38 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales al órgano paritario y colegido de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos?. a) Comisión de Seguridad e Higiene. b) Comisión de Seguridad y Riesgos. c) Comité de Seguridad y Salud. d) Comité de Seguridad y Seguimiento.

49. ¿Cuál es el objeto de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en virtud de su artículo 2?. a. Promover la seguridad y la salud del conjunto de los ciudadanos mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. b. Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. c. Promover la seguridad e higiene de los trabajadores mediante el estudio de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. d. Promover la seguridad de los trabajadores mediante la aplicación de medidas correctoras para reducir la siniestralidad laboral.

50. ¿Cómo se denomina el órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo y mejora de las mismas?. a. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. b. Consejo Nacional de Prevención de Riesgos Laborales. c. Instituto Nacional de Seguridad y Salud de los Trabajadores. d. Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral.

35- Según el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿qué se entiende por “prevención”?. a. El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. b. El conjunto de actividades o medidas adoptadas para corregir los riesgos laborales una vez que estos se han manifestado en la empresa. c. El conjunto de actividades enfocadas únicamente en la formación y capacitación de los empleados sobre riesgos laborales, independientemente de las fases de la actividad empresarial. d. Las actividades o medidas adoptadas con carácter previo la actividad de la empresa para minimizar los riesgos laborales.

36- Según el artículo 38.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿qué empresas tienen obligación de contar con un Comité de Seguridad y Salud?. a. Las que tengan 30 o más trabajadores. b. Las que tengan 50 o más trabajadores. c. Las que tengan 40 o más trabajadores. d. Ninguna es correcta.

37- Según el artículo 35.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en las empresas de hasta 30 trabajadores: a. El empresario asumirá la posición del delegado de prevención. b. El delegado de prevención será designado por el propio empresario. c. El delegado de prevención será el delegado de personal. d. No será preciso delegado de prevención.

33. Conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales en cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales el empresario: a. Según las circunstancias de la empresa podrá asumir personalmente las funciones de prevención de riesgos laborales o concertar dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. b. Según las circunstancias de la empresa podrá asumir personalmente las funciones de prevención de riesgos laborales, designar uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituir un servicio de prevención o concertar dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. c. Según las circunstancias de la empresa podrá asumir personalmente las funciones de prevención de riesgos laborales o constituir un servicio de prevención.

15. Corresponde a los Delegados de Personal la representación de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo que tenga: a) Menos de 50 y más de 10 trabajadores. b) Menos de 50 y más de 6 trabajadores. c) Menos de 50 y más de 8 trabajadores.

71. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funcines públicas.. Señala la respuesta incorrecta. a) policía y seguridad. b) servicios operativos de protección civil y peritaje forense en cualquier caso. c) fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil.

105. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, entiende por riesgo laboral grave e inminente: a) aquél que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. b) aquél que resulte cierto racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. c) las dos respuestas anteriores son correctas.

22. Según el artículo 2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales, entre otros, establecidos en dicha Ley son: a) Los de promover la seguridad y salud de los trabajadores. b) Los relativos a la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la citada norma. c) Los de promover la mejora de las condiciones de trabajo dirigidas a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.

26. Conforme al artículo 3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, cuando en dicha ley se hace referencia a trabajadores y empresarios, se entenderán también comprendidos en dichos términos, respectivamente,. a) Los trabajadores autónomos, los exportadores y los suministradores en los términos expresados en la disposición adicional cuarta de dicha Ley. b) De una parte, el personal con relación de carácter administrativo o estatutario y la Administración pública para la que presta servicios, en los términos expresados en la disposición adicional tercera de dicha Ley y, de otra, los socios de las cooperativas a que se refiere el párrafo anterior y las sociedades cooperativas para las que prestan sus servicios. c) El personal eventual y la Administración para la prestan sus servicios en los términos expresados en la disposición adicional cuarta de dicha Ley.

46. Según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá por "prevención": a) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en aquellas fases de actividad más peligrosas de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. b) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. c) El conjunto de procesos adoptados o previstos anticipadamente en algunas de las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

38. En una entidad con 503 empleados públicos existirán: a. 3 Delegados de Prevención. b. 4 Delegados de Prevención. c. 5 Delegados de Prevención.

45. Cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador, se conoce como: a. Riesgo laboral. b. Incidente. c. Condición de trabajo.

46. Se entiende como Riesgo Laboral: a. Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo y que provoque peligro para la vida del trabajador. b. La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. c. Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

39.- ¿Qué órgano fomenta la participación de los trabajadores/as en prevención?. a) La Mesa general de negociación. b) El Comité de Seguridad y Salud. c) La Junta de Gobierno Local. d) El Servicio de Recursos Humanos.

40.- ¿Qué se entiende por accidente de trabajo?. a) La posibilidad de que un trabajador/a sufra un determinado daño derivado del trabajo. b) Toda lesión corporal que el trabajador/a sufre con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. c) Características del trabajo que pueden incrementar la posibilidad de que se produzca accidentes o afecciones para la salud de los trabajadores/as. d) Todo incidente que ocurre en el trabajo con daños materiales.

41.- ¿Qué se considera accidente "in itinere"?. a) El ocurrido en el centro de trabajo. b) El sufrido en desplazamientos laborales. c) El sufrido entre el domicilio y el trabajo. d) El causado por imprudencia.

42.- ¿Qué debe garantizar el empresario según el artículo 22 de la Ley 31/19952. a) Formación continua. b) Vigilancia de la salud. c) Evaluación de riesgos. d) Equipos de protección.

45.- ¿Qué artículo de la Ley regula la formación de los trabajadores/as?. a) Artículo 38. b) Artículo 15. c) Artículo 22. d) Artículo 19.

43. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece los principios de la acción preventiva. Señale cuál de los siguientes es falso: a. Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva. b. Evitar los riesgos. c. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. d. Adaptar el trabajo a la persona.

44. La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece que se entiende por Riesgo laboral: a. El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. b. La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. c. Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. d. Todas son correctas.

3. Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los Delegados de Prevención serán: a. Designados por y entre los representantes del personal. b. Nombrados entre los trabajadores con titulación de técnico básico en prevención de riesgos laborales. c. Elegidos por la empresa para dicho cargo. d. Serán trabajadores fijos de la empresa.

6. ¿Cómo define la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, un "riesgo laboral grave e inminente"?. a. Cualquier daño para la salud que se manifieste de forma inmediata, sin importar la probabilidad. b. Un riesgo que afecte a la productividad de la empresa en un futuro previsible. c. Aquel que puede materializarse a largo plazo si no se toman medidas adecuadas. d. Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.

34. Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales: a) No se aplica a las administraciones públicas. b) Sólo se aplica al personal laboral de las administraciones públicas. c) No se aplica a la policía local. d) Se aplica a todo el personal laboral y estatutario de las administraciones públicas.

27. Conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la función de la vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales corresponde a: a. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. b. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. c. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. d. El Comité de Seguridad y Salud.

28. En una empresa con 2.500 trabajadores se elegirán: a. Dos Delegados de Prevención. b. Cinco Delegados de Prevención. c. Seis Delegados de Prevención. d. Siete Delegados de Prevención.

46. Se entiende por riesgo laboral grave e inminente: a) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. b) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. c) En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de los trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave e inminente cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando éstos no se manifiesten de forma inmediata. d) Las opciones b y c son correctas.

47. ¿Qué se entiende por prevención de riesgos laborales?. a) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. b) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de eliminar los riesgos derivados del trabajo. c) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en determinadas fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. d) Ninguna es correcta.

2. Señale cuales de las siguientes son obligaciones de los trabajadores en materia de prevención riesgos laborales. a) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. c) Velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. d) Todas las anteriores son correctas.

35. A efectos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, se entiende como «riesgo laboral grave e inminente»: a) La posibilidad de que un trabajador sufra un daño grave derivado del trabajo. b) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato o pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. c) La posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo. d) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer u daño grave para la salud de los trabajadores.

36. El artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, establece que: a) Los trabajadores tienen derecho a una protección opcional en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio. b) Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección no constituye un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio. c) Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio. d) Los trabajadores tienen derecho a una protección opcional en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho no supone la existencia de un deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este derecho sí constituye un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio.

46. Según el artículo 3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, esta Ley será de aplicación: a) En el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo. b) En el ámbito de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, sin excepción. c) En los centros y establecimientos militares, con las particularidades previstas en su normativa específica. d) Todas las anteriores son correctas.

21.- El trabajador está obligado a: a) Poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad existentes en los medios relacionados en su actividad. b) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por los partidos políticos con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores. c) Cooperar con la Delegación de Prevención de Riesgos Laborales de su provincia para que esta pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras. d) Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.

44.- El Plan de Prevención de Riesgos Laborales deberá incluir: a) La estructura organizativa. b) Los procesos y recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa. c) Las prácticas para realizar la prevención de riesgos en la empresa. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá como «riesgo laboral». a. La posibilidad de que un trabajador sufra un accidente o incidente derivado del trabajo. b. La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. c. La probabilidad de que un trabajador sufra un daño corporal derivado del trabajo. d. Cualquier lesión que sufra un trabajador derivado del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.

76. Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿cuántos delegados de prevención deberán ser nombrados en un Ayuntamiento con una plantilla anual de 500 empleados municipales?. 2. 3. 4. No es obligatorio nombrar a ningún delegado de prevención, al tratarse de una Administración Pública.

25. Según el artículo 13 de la Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, el órgano colegiado asesor de las Administraciones Públicas en la formulación de las políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud con el trabajo es: a) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. b) EI Consejo Nacional de Políticas de Prevención. c) EI Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

46. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos con el trabajo y serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación provistos en las normas de aplicación, con arreglo a la siguiente escala: a) De 50 a 80 trabajadores: 2 Delegados de Prevención. b) De 4.001 en adelante: 8 Delegados de Prevención. c) En las empresas de hasta cuarenta trabajadores el Delegado de Prevención será eI Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.

76. En las empresas de 31 a 49 trabajadores, según la Ley 31/4995 de 8 do noviembre, habrá: a) Un delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal. b) Dos delegados de Prevención que serán elegidos por y entre los Delegados de Personal. c) En estas empresas el Delegado de Prevención es cualquiera de los trabajadores elegidos directamente por los otros trabajadores.

28.- Ley de prevención de Riesgos Laborales, tiene por objeto: a) Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. b) Potenciar el trabajo y los trabajadores. c)Desarrollar las prohibiciones de prevención de riesgos.

29.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, el plan de prevención de riesgos laborales de una empresa, deberá incluir: a). La estructura organizativa, las responsabilidades y las funciones. b). Las prácticas, los procedimientos y los procesos. c). Todas las respuestas anteriores son correctas.

30.- Ante un accidente, la actitud correcta es: a). Llamar al 112 y socorrer a los lesionados. b). Activar el sistema de emergencias PAS: Proteger, Avisar, Socorrer. c). Pedir ayuda, llamar al 112 y socorrer a los accidentados.

8.- Conforme a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, el Comité de Seguridad y Salud: a) Se constituirá en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. b) Se constituirá en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 500 o más trabajadores. c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

71.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, ¿qué son los Delegados de Prevención?: a) Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. b) Son representantes de los sindicatos con formación en prevención de riesgos laborales. c) Son funcionarios de las unidades de recursos humanos con formación en Prevención de Riesgos Laborales.

El artículo 2 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, dice que esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para: La protección de la seguridad y la salud. La eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo. La información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva. Todas son correctas.

Cuál es el Órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado, que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo: Agencia Científico Técnica de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Sociedad Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Instituto Científico Técnico de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

6. Según el artículo 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo se denominan: a) Consejeros de prevención. b) Delegados de prevención. c) Representantes de prevención. d) Asistentes de prevención.

34. Según lo establecido en el art. 22. Vigilancia de la salud, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales, indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. El acceso a la información médica de carácter personal se facilitará íntegramente al empresario y mandos intermedios, sin necesidad de que el trabajador preste su consentimiento, en cumplimiento de su deber de vigilancia. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio, la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

50. De conformidad con lo establecido en el art. 4 de la Ley 31/1995, ¿qué se entiende por "prevención"?. Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de intensificar los riesgos derivados del trabajo.

38. El derecho básico reconocido a los trabajadores por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, es: a) La vigilancia de su estado de salud. b) Una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. c) La formación en materia preventiva. d) La información, consulta y participación.

39. Entre las obligaciones de los trabajadores recogidas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, no figura: a) Informar directamente al empresario de cualquier situación que entrañe riesgo para la seguridad o salud de los trabajadores. b) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. c) Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. d) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.

54.- Una empresa dispone de un único centro de trabajo y cuenta con 2 Delegados de Prevención. Por lo tanto, aplicando el contenido del art. 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, su plantilla tiene que ser de: a) 70 trabajadores. b) 199 trabajadores. c) 140 trabajadores. d) 200 trabajadores.

36.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas deberá adoptar: a) Las medidas de emergencia. b) Las correspondientes medidas de prevención de riesgos laborales. c) El estudio de seguridad de las instalaciones. d) La formación e información que necesariamente ha de facilitar a sus trabajadores.

21. El Comité de Seguridad y Salud de conformidad con el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 25 o más trabajadores. El Comité estará formado por los delegados de Prevención. Es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. El Comité estará formado por los delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa.

13.- El artículo 3 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales regula el ámbito de aplicación. En el ámbito concreto de las Administraciones públicas, para llevar a cabo la implantación de la prevención de riesgos laborales. ¿Cuál de los siguientes objetivos en materia de política de PRL, ha de ser tenido en cuenta?. a) La elaboración de la política preventiva se llevará a cabo con la participación de los empresarios y de los trabajadores a través de sus organizaciones empresariales y sindicales más representativas. b) La política en materia de prevención de riesgos laborales deberá promover la integración eficaz de la prevención de riesgos laborales en el sistema de gestión de la empresa. c) Las Administraciones públicas promoverán la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, (…) en materia de prevención de riesgos laborales, con el objetivo de detectar y prevenir posibles situaciones en las que los daños derivados del trabajo puedan aparecer vinculados con el sexo de los trabajadores. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

22. Según con lo reconocido en el artículo 26.2 de Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo ……………………………….., en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. (RESPONDER LA FRASE A INCLUIR EN LA LÍNEA DE PUNTOS). a) Certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o cualquier Servicio Médico Privado. b) Certifique la Sección de Prevención de la empresa de la trabajadora. c) Certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas. d) Certifiquen las Mutuas o un Servicio Médico Privado.

9. En relación con lo reconocido en el artículo 20 de Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, el/la empresario/a, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de: a) Primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los/las trabajadores/as. b) Primeros auxilios, reorganización de los/las empleados/as y evacuación de estos/as. c) Reorganización de los/las empleados/as, evacuación de estos/as, primeros auxilios e higienización de las zonas de trabajo. d) Ninguna respuesta es correcta.

54.- Según el tenor literal del artículo 4 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿qué se entiende por prevención?. a) Se entenderá por «prevención» el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. b) Se entenderá por «prevención» el conjunto de actividades previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. c) Se entenderá por «prevención» el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas, protocolos de actuación, en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. d) Se entenderá por «prevención» el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas para evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

Prevención de Riesgos Laborales, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo: a) Es un órgano colegiado asesor de las Administraciones Públicas en la formulación de las políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo. b) Estará integrada por un Presidente, un representante de cada una de las Comunidades Autónomas, un representante de la Administración General del Estado y por representantes de los sindicatos. c) Estará integrada por un representante de cada una de las Comunidades Autónomas y por igual número de representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

25.- ¿ Según lo previsto en el artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que se entiende por Equipo de Protección Individual?. a) Cualquier característica del trabajo que pueda tener influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador. b) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. c) Conjunto de medios y actividades, o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

26.- De conformidad con lo señalado en el artículo 36 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, en las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél serán ejercidas: a) Los Delegados Sindicales. b) Los Técnicos de Prevención. c) Los Delegados de Prevención.

32. Dentro de los principios de la acción preventiva, según el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿qué criterio debe seguir el empresario respecto a las medidas de protección?. a) Debe anteponer siempre la protección individual del trabajador a la protección colectiva. b) Debe evaluar únicamente los riesgos que no se puedan evitar de ninguna forma. c) Debe adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. d) Debe sustituir lo peligroso por cualquier otra alternativa, aunque esta última sea desconocida o no probada.

33. De acuerdo con la escala establecida en el artículo 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿cuántos Delegados de Prevención corresponden a una empresa que tiene entre 50 y 100 trabajadores?. a) 1 Delegado de Prevención. b) 2 Delegados de Prevención. c) 3 Delegados de Prevención. d) 4 Delegados de Prevención.

43.- Según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, respecto al derecho a la protección frente a los riesgos laborales: a) Los empresarios tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. b) El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo podrá recaer sobre los trabajadores. c) El empresario no está obligado a realizar una actividad preventiva en la empresa. d) El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

27. El artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es fundamental para conocer: a) Los derechos de los trabajadores. b) Las obligaciones de los trabajadores. c) Las responsabilidades de los delegados de prevención. d) Las competencias y facultades de los miembros de los Comités de Seguridad y Salud.

Conforme al artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorará conjuntamente: a. Las condiciones del centro de trabajo. b. Las condiciones personales del trabajador. c. La probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. d. La existencia de actividades, procesos, equipos o productos potencialmente peligrosos y las medidas preventivas adoptadas.

Según el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿cuál de los siguientes no es un principio de la acción preventiva?: Evitar los riesgos. Evitar los ruidos. Combatir los riesgos en su origen. Tener en cuenta la evolución de la técnica.

Según el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿qué deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa?: Plan de evacuación. Plan de protección contra incendios. Plan de prevención de riesgos laborales. Plan de prevención de enfermedades laborales.

56. El Comité de Seguridad y Salud es un órgano: a) Constituido en todas las empresa o centros de trabajo que realicen su actividad en España con independencia del número de trabajadores contratados. b) Dependiente del Ministerio de Trabajo. Está formado por personal de la empresa y por personal funcionario. c) Que se constituye en situaciones de emergencia (riesgo inminente). d) De participación colegiado, paritario y consultivo.

8.- El art. 28.1 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, establece que un trabajador contratado por empresas de trabajo temporal: a) Deberá disfrutar del mismo nivel de protección sólo en materia de seguridad que los restantes trabajadores. b) Deberá disfrutar del mismo nivel de protección sólo en materia de salud que los restantes trabajadores. c) Deberá disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores. d) Deberá disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad o salud, a su criterio.

43.- De entre los principios de la acción preventiva regulados en el art. 15 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. (SEÑALE LA INCORRECTA). a) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. b) El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo, no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores. c) Evitar los riesgos. d) Tener en cuenta la evolución de la técnica.

41.- El órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo es: a) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. b) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. c) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

42.- En las empresas de hasta 30 trabajadores el Delegado de Prevención será: a) El Delegado de Personal. b) El Comité de Seguridad y Salud. c) El empresario si está capacitado.

43.- No proporcionar la formación o los medios adecuados para el desarrollo de sus funciones a los trabajadores designados para las actividades de prevención y a los delegados de prevención es una infracción: a) Grave. b) Leve. c) Muy grave.

44.- La probabilidad racional de que el riesgo se materialice en un futuro inmediato se denomina: a) Riesgo laboral. b) Prevención. c) Riesgo laboral grave.

80.- La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales: a) Constituye legislación laboral dictada al amparo del artículo 149.1.7 de la Constitución Española. b) Constituye legislación laboral dictada al amparo del artículo 149.1.22 de la Constitución Española. c) Constituye legislación laboral dictada al amparo del artículo 149.1.16 de la Constitución Española.

34.- Según el artículo 4.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se entiende por "equipo de trabajo": Los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo. Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo. Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. El grupo de trabajadores que desarrollan conjunta o simultáneamente un mismo proceso.

41.- Según el artículo 8.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas es. a) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. b) El Instituto Nacional de Prevención de Riesgos Laborales e Higiene en el Trabajo. c) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. d) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

44.- Según el artículo 2.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de: Derecho que debe ser incluido obligatoriamente en acuerdos y convenios colectivos. Derecho orientativo para ser cumplido si es posible. Derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos. Derecho informativo pudiendo ser incluidas en los acuerdos o convenios colectivos.

59.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación con el derecho a la protección frente a los riesgos laborales es la correcta?: Los trabajadores tienen derecho a una protección básica en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye igualmente un deber de las Administraciones Públicas respecto a la población en general. Los trabajadores tienen derecho a ser atendidos en materia de seguridad y salud en el trabajo.

29.- Según el artículo 8 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo tiene la siguiente función: a) Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las demandas deducidas ante los mismos en los procedimientos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. b) Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los servicios de prevención establecidos en la Ley. c) Apoyo técnico especializado en materia de certificación, ensayo y acreditación. d) Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, así como de las normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en materia de prevención.

47.- Según el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, se entenderá por «equipo de protección individual»: a) Aquel que, en ausencia de aparatos preventivos específicas, den protección a la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan. b) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. c) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. d) Los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo.

65.- Según el artículo 21 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo el empresario estará obligado a: a) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. b) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. c) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. d) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo o, en su caso, servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

15.- ¿En qué casos no es de aplicación la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?. a) La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es de aplicación en todas y cada una de las relaciones laborales. b) Resguardo aduanero. c) Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. d) Personal Interino.

16.- ¿Qué se entiende por riesgo laboral?. a) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. b) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa. c) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. d) Ninguna de las anteriores.

17) Según el artículo 38 de la Ley 31/1955, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, el Comité de Seguridad y Salud se reunirá: a) Trimestralmente. b) Mensualmente. c) Quincenalmente. d) Anualmente.

26) Tal y como indica el artículo 18 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, cuál de las siguientes informaciones debe recibir directamente cada trabajador, incluso existiendo representantes de los trabajadores: a) Las medidas generales de emergencia de la empresa. b) Los riesgos específicos de su puesto y las medidas preventivas aplicables. c) Todas las decisiones del empresario en materia preventiva. d) Las propuestas realizadas por los órganos de representación.

21) Los delegados de prevención, según el artículo 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, serán designados por y entre los representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala: a) De 50 a 100 trabajadores: 2 delegados. b) De 1000 a 2000 Trabajadores: 5 delegados. c) De 4.000 en adelante: 8 delegados. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

3.- En cuanto al derecho a la limitación del tratamiento, de acuerdo con el artículo 18 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), el interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes: El tratamiento sea lícito y el interesado no se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso. El interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos que no será superior a un mes, prorrogable por otro mes más. El interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21, apartado 1, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado. Todas las opciones son correctas.

48.- ¿Cuál es la normativa vigente que regula la Protección de datos Personales y garantías de los derechos digitales?. Ley 1/2014, de 24 de junio. La Ley Orgánica 16/1999, de 13 de diciembre. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. Ley Orgánica 5/2018, de 3 de diciembre.

49.- De acuerdo con el art. 13.3 de la normativa reguladora de la Protección de datos Personales y garantías de los derechos digitales, ¿cuándo se podrá considerar como repetitivo el ejercicio del derecho de acceso?. En todo caso, cuando sea solicitado en más de una ocasión durante el plazo de seis meses. Cuando sea solicitado en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello. Cuando sea solicitado en más de una ocasión durante el plazo de doce meses, a menos que exista causa legítima para ello. En todo caso, cuando sea solicitado en más de una ocasión durante el plazo de doce meses.

55. Según lo establecido en el artículo 70 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, están sujetos al régimen sancionador establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica: Señale la incorrecta. a) Los responsables de los tratamientos. b) Los encargados de los tratamientos. c) Los representantes de los responsables o encargados de los tratamientos no establecidos en el territorio de la Unión Europea. d) El delegado de protección de datos.

56. Según lo establecido en el artículo 76.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado: a) Será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado la información que identifique al infractor, la infracción cometida y el importe de la sanción impuesta cuando la autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos, la sanción fuese superior a un millón de euros y el infractor sea una persona jurídica. b) Será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado la información que identifique al infractor, la infracción cometida y el importe de la sanción impuesta cuando la autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos, la infracción fuese superior a un millón de euros y el infractor sea una persona jurídica. c) Será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado la información que identifique al infractor, la infracción cometida y el importe de la sanción impuesta cuando la autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos, la sanción fuese inferior a un millón de euros y el infractor sea una persona jurídica. d) Ninguna respuesta es correcta.

49. El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales dispone que la presente ley orgánica tiene por objeto: a. Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.3 de la Constitución. b. Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución. c. Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 19 de la Constitución. d. Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.1 de la Constitución.

50. Según el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Agencia Española de Protección de Datos es: a. Una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, de las previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. b. Una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, de las previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. c. Una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, de las previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. d. Una autoridad administrativa dependiente de ámbito estatal, de las previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones.

51. Según el artículo 78 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, las sanciones impuestas en aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 y de esta ley orgánica prescriben en los siguientes plazos: a. Las sanciones por un importe superior a 300.000 euros prescriben a los dos años. b. Las sanciones por importe comprendido entre 40.001 y 300.000 euros prescriben a los seis meses. c. Las sanciones por importe comprendido entre 40.001 y 300.000 euros prescriben a los tres años. d. Las sanciones por importe comprendido entre 40.001 y 300.000 euros prescriben a los dos años.

30- La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en su Título III, contempla los derechos de: a. Derechos de acceso, rectificación, consentimiento y derecho de olvido. b. Derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, consentimiento y derecho a la transparencia en el tratamiento. c. Derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, derecho a la limitación del tratamiento y a la portabilidad. d. Derechos de acceso, no rectificación, consentimiento, y derecho al olvido.

5- Según dispone el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, tiene por objeto garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en: a. El artículo 17.4 de la Constitución Española de 1978. b. El artículo 16.4 de la Constitución Española de 1978. c. El artículo 15.4 de la Constitución Española de 1978. d. El artículo 18.4 de la Constitución Española de 1978.

30. Respecto a la Protección de Datos de Carácter Personal, corresponde ejercer la potestad sancionadora a: a) El Ministerio de Justicia. b) La Agencia Española de Protección de Datos. c) El Ministerio Fiscal.

45. Contra las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos: a) procederá el recurso contencioso-administrativo. b) procederá el recurso de alzada. c) procederá el recurso potestativo de reposición.

48. Tienen la consideración de datos de carácter personal: a) Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables. b) Cualquier información concerniente a personas jurídicas identificadas o identificables. c) Todas son correctas.

76. Están obligados a guardar secreto respecto de los datos de carácter personal: a) El encargado del tratamiento de los datos. b) El responsable y, en su caso, el encargado. c) El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento.

24. ¿En qué plazo desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales, el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de ley dirigido específicamente a garantizar los derechos de los menores ante el impacto de Internet?. a. 6 meses. b. 1 año. c. 2 años. d. 3 años.

31. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales, el acceso a contenidos gestionados por prestadores de servicios de la sociedad de la información sobre personas fallecidas se regirá por las siguientes reglas: a. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos podrán dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información al objeto de acceder a dichos contenidos e impartirles las instrucciones que estimen oportunas sobre su utilización, destino o supresión. b. En caso de personas fallecidas menores de edad, estas facultades podrán ejercerse también por sus representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada. c. En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades podrán ejercerse también, además de por quienes señala la letra anterior, por quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo si tales facultades se entendieran comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado. d. Todas las anteriores son correctas.

45. Conforme a Ley de Protección de Datos, ¿puede facilitarse la información al interesado de forma verbal?. a) No, en ningún caso. b) Sí, cuando lo solicite el interesado y se pueda demostrar su identidad por otros medios. c) Sí, en cualquier caso, siempre que se demuestre la identidad del interesado por otros medios. d) Sí, siempre que lo solicite el interesado.

24. El Delegado de Protección de Datos tendrá las siguientes funciones: a) Realiza las auditorías en materia de protección de datos. b) Informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento. c) Define las responsabilidades de cada perfil en Sistemas. d) Es responsable del cumplimiento del Reglamento.

41. ¿En virtud de qué principio previsto por el Reglamento General de Protección de Datos, los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados?. a) Principio de exactitud. b) Principio de limitación de la finalidad. c) Principio de minimización de datos. d) Principio de responsabilidad proactiva.

39. Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos personales serán: a. Obtenidos por el responsable directamente del afectado. b. Íntegros y secretos. c. Adecuados y pertinentes. d. Exactos y, si fuere necesario, actualizados.

42. Según lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantida de derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento: a. Cuando sea mayor de 11 años. b. Cuando sea menor de 9 años. c. Cuando sea mayor de 12 años. d. Cuando sea mayor de 14 años.

14. De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos será nombrada por: a) El Congreso de los Diputados, a propuesta del Presidente del Gobierno. b) El Gobierno, a propuesta del Congreso de los Diputados. c) El Congreso de los Diputados, por mayoría de 3/5. d) El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia.

18. ¿Cuál de estos derechos NO se encuentra entre los reconocidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales?. a) Derecho a la limitación del tratamiento. b) Derecho de rectificación. c) Derecho a la portabilidad. d) Derecho de reposición.

2. Según el artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los actos y disposiciones dictados por la Presidencia de la Agencia Española de Protección de datos son recurribles ante: a) Tribunal Supremo. b) Tribunal Constitucional. c) Audiencia Nacional. d) Juzgado de lo contencioso-administrativo.

14. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿pueden los herederos solicitar al responsable o encargado del tratamiento de datos el acceso a los de carácter personal de la persona fallecida?. a) No, porque el tratamiento de los datos personales de personas fallecidas no entran dentro del ámbito de aplicación de la citada Ley Orgánica. b) Únicamente puede accederse a los datos y solicitar la rectificación o supresión, en su caso, si el fallecido fuese una persona discapacitada o menor de edad. c) Solo pueden dirigirse al encargado del tratamiento de los datos para acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. d) Sí, salvo que el fallecido lo hubiere prohibido expresamente o así lo establezca una ley.

Según Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, ¿resulta obligatoria la designación de un Delegado de Protección de Datos en las Administraciones Públicas?. a) No. b) Sí. c) El nombramiento es obligatorio sólo en el supuesto de tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales. d) Su nombramiento es de carácter voluntario.

11. Según Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, denominado Reglamento General de Protección de Datos, cuando el tratamiento de datos de carácter personal se base en el consentimiento del interesado: a) El interesado no podrá revocar su consentimiento al responsable del tratamiento. b) El interesado deberá ser capaz de demostrar que consintió el tratamiento de sus datos personales. c) El responsable deberá ser capaz de demostrar que el interesado consistió el tratamiento de sus datos personales. d) El responsable y el interesado deberán enviar en todo caso al servicio jurídico una prueba por escrito del consentimiento formulado por ambas partes para el tratamiento de los datos personales.

20. Indique según el título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cual de los siguientes NO es un derecho digital: a) Derecho al testamento digital. b) Derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes. c) Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. d) Derecho a la igualdad y a la no discriminación en el entorno digital.

19. Según Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, el tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones: a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para cualquier fin. b) El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física. c) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o privado o en el ejercicio de poderes públicos o privados conferidos al responsable del tratamiento. d) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de cualquier obligación aplicable al responsable del tratamiento.

20. Conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, la función de actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones relativas al tratamiento de datos personales, le corresponde: a) Al responsable del tratamiento. b) Al encargado del tratamiento. c) Al delegado de protección de datos. d) Al Supervisor Europeo de Protección de Datos.

18. Según el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, el plazo máximo para notificar a la autoridad de control una violación de seguridad de los datos personales que constituya un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas es de: a) 24 horas. b) 48 horas. c) 72 horas. d) 12 horas.

19. La Agencia Española de Protección de Datos se relaciona con el Gobierno: a) A través del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. b) A través del Ministerio de Justicia. c) Es una autoridad independiente, se relaciona con el Gobierno directamente. d) Es una autoridad independiente, no se relaciona con el Gobierno.

21. A los efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, denominado Reglamento General de Protección de Datos, se entiende por "datos personales": a) Toda información sobre una persona física identificada o identificable, incluida toda aquella información que directa o indirectamente identifique a una persona. b) Únicamente pueden considerarse datos de carácter personal el nombre y apellidos de una persona. c) Solamente aquella información que directamente haga identificable a una persona. d) Toda información que haga referencia a una persona física y jurídica identificada o identificable.

22. En relación con las obligaciones generales del responsable del tratamiento, el Reglamento General de Protección de Datos establece que: a) Sólo las empresas que empleen a más de 350 trabajadores estarán obligadas a mantener un registro de actividades de tratamiento. b) El responsable del tratamiento deberá mantener un registro de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad que deberá estar a disposición de la autoridad de control que lo solicite. c) Las empresas que empleen a menos de 250 trabajadores estarán siempre exentas de la obligación de mantener un registro de actividades de tratamiento. d) Sólo las Administraciones públicas están obligadas a mantener un registro de actividades de tratamientos de datos que efectúen bajo su responsabilidad.

5.- El artículo 33 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), regula la notificación de una violación de la seguridad de los datos personales a la autoridad de control. Señale la opción correcta: A) En caso de violación de la seguridad de los datos personales, el responsable del tratamiento la notificará a la autoridad de control competente de conformidad con el artículo 55 sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 48 horas después de que haya tenido constancia de ella, a menos que sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. B) En caso de violación de la seguridad de los datos personales, el responsable del tratamiento la notificará a la autoridad de control competente de conformidad con el artículo 55 sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 48 horas después de que haya tenido constancia de ella en todo caso. C) En caso de violación de la seguridad de los datos personales, el responsable del tratamiento la notificará a la autoridad de control competente de conformidad con el artículo 55 sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de ella en todo caso. D) En caso de violación de la seguridad de los datos personales, el responsable del tratamiento la notificará a la autoridad de control competente de conformidad con el artículo 55 sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de ella, a menos que sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas.

39.- La Agencia Española de Protección de Datos es: a) Una autoridad administrativa de ámbito estatal, con personalidad jurídica y plena capacidad pública. b) Una autoridad judicial de ámbito estatal, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada. c) Una autoridad administrativa de ámbito estatal, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada. d) No existe la Agencia Española de Protección de Datos pero sí el Comité Español de Protección de Datos.

40. ¿Cuándo entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos?. a) A los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. b) Se empezó a aplicar a partir del 25 de mayo de 2018. c) El 27 de abril de 2016. d) Las respuestas a y b son correctas.

41.- No es un derecho de la persona en materia de Protección de Datos Personales: a) El derecho de rectificación. b) El derecho de oposición. c) El derecho de portabilidad. d) El derecho de confidencialidad.

42.- ¿Cuál de estas normas regula la Protección de Datos Personales?. a) La Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. b) La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. c) Ley 19/2014, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. d) Ley 19/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

9. Indique cuál de los siguientes NO es uno de “los derechos de las personas” previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: a) Transmisión. b) Rectificación. c) Oposición. d) Supresión.

53. Según dispone el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, esta Ley tiene por objeto garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo: a) 18.4 de la Constitución Española. b) 30.2 de la Constitución Española. c) 54 de la Constitución Española. d) 17.4 de la Constitución Española.

90. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad. a) Únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de dieciséis años. b) Únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años. c) Únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de dieciocho años. d) Únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de quince años.

91.Conforme al artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el derecho de acceso se entenderá otorgado: a) Si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso electrónico y directo a los datos personales que garantice, el acceso a su totalidad. A tales efectos, la efectiva notificación por el responsable al afectado bastará para tener por atendida la solicitud de ejercicio del derecho. b) Si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. A tales efectos, la comunicación por el responsable al afectado del modo en que este podrá acceder a dicho sistema bastará para tener por atendida la solicitud de ejercicio del derecho. c) Si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso directo y seguro a los datos personales que garantice el acceso a su totalidad. A tales efectos, la comunicación por el responsable al afectado del modo en que este podrá acceder bastará para tener por atendida la solicitud de ejercicio del derecho. d) Si el responsable del tratamiento notifica al afectado un sistema de acceso remoto a los datos personales que garantice el acceso a su totalidad. A tales efectos, la notificación por el responsable bastará para tener por atendida la solicitud de ejercicio del derecho.

92. La Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, de las previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. a) Con personalidad jurídica y plena capacidad pública, que actúa con independencia e inamovilidad en el ejercicio de sus funciones. b) Con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. c) Con personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que actúa con independencia funcional de los poderes públicos. d) Con personalidad jurídica plena, que actúa con independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones.

34. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679: a) Únicamente los responsables del tratamiento de datos. b) Todas las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos. c) Sólo los encargados del tratamiento de datos. d) Únicamente los responsables y los encargados del tratamiento de datos.

22.- Según establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de: a) Doce años. b) Trece años. c) Catorce años. d) Quince años.

30. Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿a partir de qué edad se puede fundar el tratamiento de los datos personales de un menor de edad en su consentimiento?. A) Únicamente cuando sea mayor de dieciséis años. B) Únicamente cuando sea mayor de catorce años. C) Únicamente cuando sea mayor de doce años.

78. El deber de Confidencialidad regulado en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre: a. No se mantendrá cuando hubiesen finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. b. Se mantendrá aún cuando hubiesen finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. c. Sólo se mantendrá cuando el obligado tuviese la condición de funcionario. d. Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

79. Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018. de 5 de diciembre, se entiende por consentimiento del afectado: a. toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que éste acepta ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa. el tratamiento de datos personales que le conciernen. b. toda manifestación de voluntad libre, general, informada e inequívoca por la que éste no acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa. el tratamiento de datos personales que le conciernen. c. toda manifestación de voluntad libre, general, informada e inequívoca por la que éste acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción negativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.

9. La Agencia Española de Protección de Datos es: a) Una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal. b) Una autoridad administrativa independiente de ámbito autonómico. c) Una autoridad administrativa independiente de ámbito local.

15. Según el art. 48 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, los actos y disposiciones dictados por la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos Personales: a) No ponen fin a la vía administrativa con las excepciones previstas en esta Ley, siendo recurribles ante el Ministro de Justicia. b) Ponen fin a la vía administrativa, siendo recurribles, directamente, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. c) Ponen fin a la vía administrativa, siendo recurribles, directamente, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

75. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco: a) De las consecuencias de los datos. b) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos. c) De las consecuencias de la negativa a suministrarlos.

18- La Agencia Española de Protección de Datos: a. Es un ente de derecho privado. b. Tiene personalidad jurídica propia. c. Actúa con sujeción a las instrucciones del Ministerio de Justicia.

21.- El régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en la LOPDCP no será de aplicación a los ficheros mantenidos por : a) Personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales. b) Personas físicas o jurídicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas. c) Personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas.

22.- A los efectos de la LOPDCP se entenderá por "Datos de carácter personal": a) Cualquier información concerniente a personas físicas o jurídicas. b) Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas. c) Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables.

23.- Cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados del interesado, éste deberá ser informado de forma expresa, precisa e inequívoca: a) Por el responsable del fichero. b) Por el representante del responsable del fichero. c) Por el responsable del fichero o su representante.

32.- La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales indica lo siguiente respecto a las disposiciones generales sobre el ejercicio de los derechos: A) La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el afectado recaerá sobre el responsable. B) El encargado podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos únicamente si así lo ordena la Agencia de Protección de Datos. C) El responsable del tratamiento no está obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. D) Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, únicamente podrán ejercerse por el afectado.

33.- Según el artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales: A) A los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de doce meses, a menos que exista causa legítima para ello. B) A los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de tres meses, a menos que exista causa legítima para ello. C) A los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello. D) A los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de nueve meses, a menos que exista causa legítima para ello.

56. La Agencia Española de Protección de Datos tendrá la condición de: a. Representante común de las autoridades de protección de datos del Reino de España en el Comité Europeo de Protección de Datos. b. Representante particular de las autoridades españolas de protección de datos en la Agencia Europea para la Protección de Datos Personales. c. Representante particular de las autoridades españolas de protección de datos en el Comité Europeo de Protección de Datos Personales. d. Ninguna es correcta.

57. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de: a. 12 años. b. 13 años. c. 14 años. d. 15 años.

30.- El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será lícito. a) Si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela. b) Si consta declaración jurada de ambos progenitores. c) Si consta el consentimiento de ambos progenitores. d) Si consta el de los titulares de la patria potestad.

81. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la captura de imágenes en la vía pública se suprimirá: a) En el plazo máximo de un mes desde su captación. b) En el plazo máximo de un año desde su captación. c) En el plazo máximo de tres meses desde su captación. d) En el plazo máximo de seis meses desde su captación.

59. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la información básica del tratamiento de datos personales deberá contener, al menos: a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso. b) La finalidad del tratamiento. c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679. d) Todas las anteriores.

60. En el contexto de la Ley Orgánica 3/2018, los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles, podrán ser ejercitados por los titulares de la patria potestad en nombre y representación de: a) Los menores de 16 años. b) Los menores de 18 años. c) Los menores de 14 años. d) Los menores de 10 años.

32.- Según la Disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando se trate de la notificación por medio de anuncios, particularmente en los supuestos a los que se refiere el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se identificará al afectado: a) Mediante su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente. Cuando la publicación se refiera a una pluralidad de afectados estas cifras aleatorias deberán alternarse. b) Siempre, mediante su nombre y apellidos. c) Mediante el número completo de su documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente. d) Mediante su nombre y apellidos, añadiendo el número completo de su documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.

40. Conforme al RGPD, la información al interesado sobre la base de una solicitud será facilitada por el responsable del tratamiento en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes, dicho plazo será prorrogado: a) 15 días más. b) Un mes más. c) Otros dos meses. d) Otros tres meses.

1. Conforme al artículo 16 del RGPD, teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante: a) Levantamiento de acta. b) Certificación de modificación. c) Una declaración adicional. d) Elaboración de anexos.

6. A los efectos de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de derechos digitales, no será imputable al responsable del tratamiento, siempre que este haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los datos personales, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos inexactos: Fuesen obtenidos de un registro por el responsable. Hubiesen sido obtenidos por el responsable indirectamente del afectado. Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad. Ninguna es correcta.

19. En caso de fallecimiento de menores, el acceso a sus datos personales y, en su caso, su rectificación o supresión, podrá ejercerse por: Sus representantes legales. El Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio. El Ministerio fiscal, que podrá actuar a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada. Todas son correctas.

20. En relación con la protección de datos, se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta: necesariamente mediante una declaración el tratamiento de datos personales que le conciernen. mediante una probable acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. mediante una declaración o una probable acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.

43.- Según el artículo 78 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales las sanciones por importe comprendido entre 40.001 y 300.000 euros prescriben: a) Al año. b) A los seis meses. c) A los dos años. d) A los tres años.

10. ¿A qué tipo de personas va dirigido el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal?. A las personas jurídicas. A las personas físicas identificadas o identificables. Tanto a las personas físicas como jurídicas.

11.- Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿en qué casos será lícito el tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento?. a) En los casos en los que así lo establezca una ley. b) Solo si consta el consentimiento del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela. c) En ningún caso. Un menor de catorce años no podrá prestar su consentimiento. d) En todos los casos en los que el consentimiento sea explícito e inequívoco.

12.- Según Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. La información básica deberá contener, al menos: a) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. b) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso. c) La finalidad del tratamiento. d) Todas son correctas.

61.- A los efectos previstos en el artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679, no será imputable al responsable del tratamiento, siempre que este haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los datos personales, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos inexactos: a) Todas son correctas. b) Hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario en caso de que las normas aplicables al sector de actividad al que pertenezca el responsable del tratamiento establecieran la posibilidad de intervención de un intermediario o mediador que recoja en nombre propio los datos de los afectados para su transmisión al responsable. El mediador o intermediario asumirá las responsabilidades que pudieran derivarse en el supuesto de comunicación al responsable de datos que no se correspondan con los facilitados por el afectado. c) Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad conforme al artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679 y lo previsto en esta ley orgánica. d) Fuesen obtenidos de un registro público por el responsable.

62—Conforme a la Disposición Adicional Séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando sea necesaria la publicación de un acto administrativo que contuviese datos personales del afectado: A) Se identificará al mismo mediante su número completo del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente. B) Se identificará al mismo mediante su nombre y apellidos, añadiendo las primeras 4 cifras numéricas del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente. C) Se identificará al mismo mediante su nombre y apellidos, añadiendo 4 cifras numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente. D) Se identificará al mismo mediante su nombre y apellidos, añadiendo las últimas 4 cifras del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.

64. Según el artículo 44 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Agencia Española de Protección de Datos: A) Es una autoridad administrativa dependiente del ámbito estatal, con personalidad jurídica y con capacidad pública, de conformidad a lo establecido con el artículo 114.7 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. B) Tendrá la condición de representante común de las autoridades autonómicas en el Comité Europeo de Derechos Digitales. C) Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio del Interior. D) Su denominación oficial será "Agencia Española de Protección de Datos, Autoridad Administrativa Independiente", de conformidad a lo establecido con el artículo 109.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

82. Según el artículo 73 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en función de lo que establece el artículo 83.4 del Reglamento (UE) 2016/679, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad sin recabar su consentimiento, cuando tenga capacidad para ello, será considerado: A) Infracción muy grave y prescribirá a los 2 años. B) Infracción muy grave y prescribirá a los 3 años. C) Infracción grave y prescribirá a los 3 años. D) Infracción grave y prescribirá a los 2 años.

85. En virtud de lo establecido en el artículo 76.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, será objeto de publicación en el Boletín del Estado, la información que identifique al infractor, la infracción cometida y el importe de la sanción: A) Cuando la autoridad competente sea el Consejo Rector de Protección de Datos, la sanción fuese superior a 300.000 euros y el infractor sea una persona jurídica. B) Cuando la autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos, la sanción fuese superior a 40.000 euros y el infractor sea una persona física. C) Cuando la autoridad competente sea la Agencia Estatal de Protección de Datos, la sanción fuese superior a 500.000 euros y el infractor sea una persona jurídica. D) Cuando la autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos, la sanción fuese superior a un millón de euros y el infractor sea una persona jurídica.

24. EI artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, establece que el derecho de supresión no se aplicará cuando el tratamiento sea necesario: A) Para que el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de conformidad. B) Para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información. C) Si los datos personales ya no son necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos. D) Si los datos personales se han obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información.

56. EI artículo 44 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, establece que la Agencia de Española de Protección de Datos: A) Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. B) Tendrá la condición de representante de las autoridades de protección de datos del Reino de España en el Parlamento Europeo. C) Su denominación oficial, será "Agencia de Protección de Datos del Gobierno de España". D) Actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones.

99. Conforme al artículo 70 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, NO están sujetos al régimen sancionador: A) Los responsables de los tratamientos. B) Las entidades de certificación. C) Las entidades acreditadas de supervisión de los códigos de conducta. D) Los delegados de protección de datos.

57. Conforme el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de éste estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679, que se mantendrá: A) Aún cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. B) Durante los cuatro años siguientes a la intervención en el tratamiento de datos que corresponda. C) Durante los cinco años siguientes a la intervención en el tratamiento de datos que corresponda. D) Sólo si coexiste con el deber de secreto profesional de conformidad.

58. EI artículo 78 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, establece que las sanciones impuestas prescriben en los siguientes plazos: A) A los dos años, las sanciones por importe comprendido entre 40.001 y 300.000 euros. B) A los dos años, las sanciones por importe comprendido entre 30.001 y 40.000 euros. C) Al año, las sanciones por importe comprendido entre 40.001 y 300.000 euros. D) A los tres años, las sanciones por importe comprendido entre 100.001 y 300.000 euros.

1. En virtud del derecho de acceso al que se refiere el artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE: a) El interesado tendrá derecho a conocer si sus datos de carácter personal están siendo tratados, qué datos son objeto de dicho tratamiento, la finalidad del mismo, el origen de los citados datos y si se han comunicado o se van a comunicar a un tercero. b) El interesado, previo pago de un canon, tendrá derecho a obtener información sobre sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento. c) El interesado tiene derecho a conocer el nombre y apellido de las personas que han accedido a sus datos. d) El interesado tendrá derecho a obtener información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, pero no de las comunicaciones que se prevean hacer de ellos.

3. Según el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, la designación del delegado de Protección de datos: a) Sólo se aplicará a las empresas privadas cuando su actividad principal consista en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos personales. b) Sólo resulta obligatoria en las Administraciones Públicas. c) Resulta obligatoria en empresas y Administraciones públicas de más de 250 trabajadores o empleados públicos, en su caso. d) Deberá comunicarse a la Agencia Española de Protección de datos, como autoridad de control, por parte del responsable o del encargado del tratamiento.

1. A los efectos del presente Reglamento, ¿qué se entenderá por toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»)?. Información personal. Datos personales. Perfil personal. Información esencial.

2. A los efectos del presente Reglamento, ¿qué se entenderá por toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona?. Particular identificable. Persona identificable. Persona física identificable. Interesado.

3. A los efectos del presente Reglamento, ¿qué se entenderá por cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción;. Fichero. Datos personales. Tratamiento. Elaboración de perfiles.

4. A los efectos del presente Reglamento, ¿qué se entenderá por el marcado de los datos de carácter personal conservados con el fin de limitar su tratamiento en el futuro?. Reconocimiento del tratamiento. Validación del tratamiento. Minimización del tratamiento. Limitación del tratamiento.

5. A los efectos del presente Reglamento, ¿qué se entenderá por toda forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de dicha persona física?. Elaboración de perfiles de personas físicas. Elaboración de perfiles. Seudonimización. Tratamiento.

6. A los efectos del presente Reglamento, ¿qué se entenderá por el tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable?. Seudonimización. Elaboración de perfiles. Tratamiento. Fichero.

7. A los efectos del presente Reglamento, ¿qué se entenderá por todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado repartido de forma funcional o geográfica?. Tratamiento. Limitación del tratamiento. Fichero. Elaboración de perfiles.

8. A los efectos del presente Reglamento, ¿qué se entenderá por la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento; si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión o de los Estados miembros?. Encargado de tratamiento o encargado. Responsable del tratamiento o responsable. Delegado del tratamiento o delegado. Personal del tratamiento o personal.

9. A los efectos del presente Reglamento, ¿qué se entenderá por la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento?. Encargado del tratamiento o encargado. Responsable del tratamiento o responsable. Delegado del tratamiento delegado. Personal del tratamiento o personal.

10. A los efectos del presente Reglamento, ¿qué se entenderá por la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero y que, no obstante, no se considerarán como tales las autoridades públicas que puedan recibir datos personales en el marco de una investigación concreta de conformidad con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros; el tratamiento de tales datos por dichas autoridades públicas será conforme con las normas en materia de protección de datos aplicables a los fines del tratamiento?. Destinatario. Encargado del tratamiento. Responsable del tratamiento. Interesado.

11. A los efectos del presente Reglamento, ¿qué se entenderá por la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo distinto del interesado, del responsable del tratamiento, del encargado del tratamiento y de las personas autorizadas para tratar los datos personales bajo la autoridad directa del responsable o del encargado?. Encargado del tratamiento. Responsable del tratamiento. Interesado. Tercero.

12. A los efectos del presente Reglamento, ¿qué se entenderá por toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen?. Permiso del interesado. Consentimiento del interesado. Consentimiento de persona física. Audiencia del interesado.

13. A los efectos del presente Reglamento, ¿qué se entenderá por toda violación de la seguridad que ocasiona la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos?. Incumplimiento de la seguridad de los datos personales. Quebrantamiento de la seguridad de los datos personales. Violación de la seguridad de los datos personales. Inobservancia de la seguridad de los datos personales.

14. A los efectos del presente Reglamento, ¿qué se entenderá por los datos personales relativos a las características genéticas heredadas o adquiridas de una persona física que proporcionen una información única sobre la fisiología o la salud de esa persona, obtenidos en particular del análisis de una muestra biológica de tal persona?. Datos biométricos. Datos hereditarios. Datos biológicos. Datos genéticos.

15. A los efectos del presente Reglamento, ¿qué se entenderá por los datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos?. Datos biométricos. Datos hereditarios. Datos biológicos. Datos genéticos.

1.- El Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) entró en vigor: a) A los veinte días de su publicación en el DOUE. b) El mismo día de su publicación en el DOUE. c) El 25 de mayo de 2018. d) Son incorrectas las tres respuestas anteriores.

2.- La relación entre el RGPD y la LOPDGDD. a) Es de jerarquía normativa del RGPD en relación con la LOPDGDD. b) Es de competencia entre el RGPD y la LOPDGDD. c) Es de primacía aplicativa del RGPD en caso de colisión con la LOPDGDD. d) El RGPD es supletorio de la regulación contenida en la LOPGDD.

3.- ¿Qué ámbito de los descritos no tiene la consideración de categoría especial de datos personales según el artículo 9 del RGPD?. a) Los datos relativos a la orientación sexual. b) Los datos genéticos y biométricos. c) Las convicciones filosóficas. d) Los datos de menores.

4.- La existencia de una violación de la seguridad de datos personales, según el RGPD, se ha de notificar o comunicar (Artículo 34): a) Al interesado o interesados. b) A la autoridad de control y, salvo excepciones tasadas, a los interesados o afectados. c) La autoridad de control, a los interesados y a los órganos políticos competentes. d) A la autoridad de control y, en todo caso, a los interesados o afectados.

5.- En qué casos, según el RGPD, se requerirá necesariamente una Evaluación de impacto relativa a la protección de datos, de conformidad con el artículo 35.3 RGPD: a) Cuando se lleva a cabo una observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público. b) Cuando se traten a gran escala categorías especiales de datos. c) Cuando se lleve a cabo una evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales de personas físicas que se base en un tratamiento automatizado. d) Las tres preguntas anteriores son correctas.

6.- EL DPD (artículo 38) según el RGP y lo que prevé la LOPDGDD: a) Puede ser sancionado por el responsable del tratamiento o por el encargado del tratamiento. b) No puede ser nunca sancionado por el responsable o encargado del tratamiento. c) Solo puede ser sancionado por el encargado del tratamiento. d) Puede ser sancionado por el responsable o encargado del tratamiento en casos de dolo o negligencia grave en el ejercicio de sus funciones.

7.- El derecho fundamental a la protección de datos personales está regulado actualmente de forma primaria: a) En la Constitución y en la LOPDGDD. b) En la Constitución, en el RGPD y, complementariamente, en la LOPDGDD. c) En la LOPDGDD exclusivamente, pues es desarrollo de un derecho constitucional. d) Solo en el RGPD.

8.- Según el RGPD, el tratamiento de datos para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, cuando derive de una competencia, se deberá atribuir por: a) Una norma de Derecho de la UE o una norma con rango de Ley. b) Una norma del Derecho de la UE o en una disposición legal o reglamentarias. c) Una disposición normativa reglamentaria. d) Una norma con rango de Ley.

9.- En los tratamientos con fines de videovigilancia, por regla general los datos deberán ser suprimidos, en el plazo máximo de (artículo 22 LOPDGDD): a) Un mes. b) Quince días. c) Tres meses. d) Dos meses.

2. Según el artículo 1 del Reglamento (UE) 2016/679, la libre circulación de los datos personales en la Unión: a) No podrá ser restringida pero sí prohibida por motivos relacionados con la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. b) Podrá ser restringida pero no prohibida por motivos relacionados con la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. c) Podrá ser restringida y prohibida por motivos relacionados con la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. d) No podrá ser restringida ni prohibida por motivos relacionados con la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales.

5. Según el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, el responsable del tratamiento facilitará la información indicada en los apartados 1 y 2, cuando los datos personales no se hayan obtenidos del interesado y para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente respecto del interesado: a) Dentro de un plazo razonable, una vez obtenidos los datos personales, y a más tardar dentro de 2 meses, habida cuenta de las circunstancias específicas en las que se traten dichos datos. b) Si los datos personales se van a utilizar para comunicación exclusivamente con el interesado, en cualquier momento desde la obtención de los datos. c) Si está previsto comunicarlos a otros destinatarios cualesquiera no se comunicará esta circunstancia al interesado. d) Todas las anteriores son incorrectas.

1.- Según el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas física en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se entiende prestado el consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales: Mediante la inacción. De forma presunta. Mediante una declaración o una clara acción negativa. Mediante una declaración o una clara acción afirmativa.

8.- Conforme al artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679 los datos serán: Exactos y, si fuere necesario, actualizados. Aproximados y, en ningún caso, actualizados. Exactos y, en ningún caso, actualizados. Aproximados.

9.- EL REGLAMENTO (UE) 2016/679 SE APLICA: Al tratamiento totalmente automatizado de datos personales. Al tratamiento parcialmente automatizado de datos personales. Al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos en un fichero. Todas las respuestas anteriores son correctas.

10.- EL REGLAMENTO (UE) 2016/679 NO SE APLICA: Al tratamiento de datos personales efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas. Al tratamiento de datos personales efectuado en el ejercicio de una actividad comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. Al tratamiento no automatizado de datos personales destinados a ser incluidos en un fichero. Al tratamiento de datos personales efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades profesionales.

1. ¿Qué es la responsabilidad proactiva y a quién se refiere en cuanto a los principios relativos al tratamiento?. El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de los principios relativos al tratamiento y capaz de demostrarlo. El delegado del tratamiento será responsable del cumplimiento de los principios relativos al tratamiento y capaz de demostrarlo. El encargado del tratamiento será responsable del cumplimiento de los principios relativos al tratamiento y capaz de demostrarlo. La autoridad de control del tratamiento será responsable del cumplimiento de los principios relativos al tratamiento y capaz de demostrarlo.

4. Dentro del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DELPARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas física en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en su artículo 4 se desarrollan unas definiciones. ¿Cuál de las siguientes corresponde al Tratamiento?. Cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción. El marcado de los datos de carácter personal conservados con el fin de limitar su tratamiento en el futuro;. Todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica. Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.

6. El responsable del tratamiento aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el presente Reglamento. ¿Cuáles de las siguientes serán medidas para tal fin?. Políticas de protección de datos. Seudonimización. Minimización de datos. Todas las respuestas son correctas.

7. En qué momento según el Reglamento (UE) 2016/679 la libre circulación de los datos personales podrá ser prohibida o restringida en la Unión. Elige la correcta. La libre circulación de los datos personales en la Unión no podrá ser restringida ni prohibida por motivos relacionados con la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. La libre circulación de los datos personales en la Unión podrá ser restringida o prohibida por motivos relacionados con la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. La libre circulación de los datos personales en la Unión no podrá ser restringida ni prohibida en ningún caso. La libre circulación de los datos personales en la Unión podrá ser restringida o prohibida previa solicitud de los interesados a gran escala.

9. Dentro del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DELPARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas física en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en su artículo 4 se desarrollan unas definiciones. ¿Cuál de las siguientes corresponde al Responsable del Tratamiento?. La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento. La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero. La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. Será designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos especializados del Derecho y la práctica en materia de protección de datos y a su capacidad para desempeñar las funciones indicadas en el artículo 39.

10. Condiciones para el consentimiento. Cuando el tratamiento se base en el consentimiento del interesado: (elige la correcta). El responsable deberá ser capaz de demostrar que aquél consintió el tratamiento de sus datos. El encargado deberá ser capaz de demostrar que aquel consintió el tratamiento de sus datos. El delegado deberá ser capaz de demostrar que aquél consintió el tratamiento de sus datos. La autoridad de control deberá ser capaz de demostrar que aquél consintió el tratamiento de sus datos.

13. ¿En qué plazo adoptará el Comité un Dictamen? Elige la correcta. Se adoptará en el plazo de ocho semanas por mayoría simple de los miembros del Comité. Dicho plazo podrá prorrogarse seis semanas más, teniendo en cuenta la complejidad del asunto. Se adoptará en el plazo de ocho semanas por mayoría simple de los miembros del Comité. Dicho plazo podrá prorrogarse ocho semanas más, teniendo en cuenta la complejidad del asunto. Se adoptará en el plazo de seis semanas por mayoría simple de los miembros del Comité. Dicho plazo podrá prorrogarse seis semanas más, teniendo en cuenta la complejidad del asunto. Se adoptará en el plazo de seis semanas por mayoría simple de los miembros del Comité. Dicho plazo podrá prorrogarse ocho semanas más, teniendo en cuenta la complejidad del asunto.

14. En el Estado español quién es la autoridad de control. El Ministerio de la Presidencia. La Agencia Española de Protección de Datos. INCIBE Instituto Nacional de Ciberseguridad. Consejo de Transparencia y Protección de Datos.

15. Dentro del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DELPARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas física en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al Interesado?. Persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero. La autoridad pública independiente establecida por un Estado. Persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo distinto del interesado, del responsable del tratamiento, del encargado del tratamiento y de las personas autorizadas para tratar los datos personales bajo la autoridad directa del responsable o del encargado.

16. El tratamiento de los datos solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones, Según el Reglamento (EU) 2016/679: (elige la correcta). Si el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física. Si el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Si el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño. Todas las respuestas son correctas.

19. Cuando sea probable una violación de la seguridad de los datos personales entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento la notificará a la autoridad de control competente en un plazo. Elige la correcta. Sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de ella. Sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 3 días después de que haya tenido constancia de ella. Sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 48 horas después de que haya tenido constancia de ella. Sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 24 horas después de que haya tenido constancia de ella.

20. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando: (elige la incorrecta). El tratamiento sea lícito. El interesado impugne la exactitud de los datos. El responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento. El interesado se haya opuesto al tratamiento.

1. ¿Cuál de las siguientes frases no forma parte del objeto del Reglamento (UE) 2016/679?. Establece las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y las normas relativas a la libre circulación de tales datos. Protege los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales. La libre circulación de los datos personales en la Unión no podrá ser restringida ni prohibida por motivos relacionados con la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. Se aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.

29. Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física, salvo cuando concurra: El tratamiento es necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o cuando los tribunales actúen en ejercicio de su función judicial. El tratamiento es necesario para el interés público. El tratamiento es necesario para mejorar los servicios públicos. Ninguna respuesta es correcta.

30. Según el Reglamento (EU) 2016/679, el tratamiento de los datos solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones: (elige la correcta). El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos. Si el tratamiento es para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales. Si el tratamiento es para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Todas las respuestas son correctas.

1. ¿Quién realizará la evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales?. El responsable del tratamiento. El encargado del tratamiento. El delegado de protección de dato. La autoridad de control.

32. Dentro del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DELPARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas física en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al Delegado?. Será designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos especializados del Derecho y la práctica en materia de protección de datos y a su capacidad para desempeñar las funciones indicadas en el artículo 39. Persona física o jurídica establecida en la Unión que, habiendo sido designada por escrito por el responsable o el encargado del tratamiento con arreglo al artículo 27, represente al responsable o al encargado en lo que respecta a sus respectivas obligaciones en virtud del presente Reglamento. La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento. La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.

33. ¿Cuál de los siguientes son principios relativos al tratamiento de datos dentro del Reglamento (UE)2016/679. EXACTITUD. LIMITACIÓN DEL PLAZO DECONSERVACIÓN. INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD. Todas la repuestas son correctas.

34. Los Estados miembros podrán establecer por ley una edad inferior para el tratamiento de datos personales sea lícita. Elige la correcta. Siempre que esta no sea inferior a 13 años. Siempre que esta no sea inferior a 14 años. Siempre que esta no sea inferior a 12 años. Siempre que esta no sea inferior a 10 años.

37. El derecho a la supresión o derecho al olvido no se aplicará (escoge a correcta): Cuando el tratamiento sea necesario para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información. Cuando el interesado haya dado su consentimiento explicito. Cuando el interesado lo ha hecho manifiestamente públicos. Todas son incorrectas.

38. En cuanto al ámbito de aplicación material de REGLAMENTO (UE) 2016/679. Señala la correcta. Se aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. Es de aplicación al tratamiento de datos de carácter personal por parte de las instituciones, órganos y organismos de la Unión. a) y b) son correctas. a) y b) son incorrectas.

39. ¿Cuál de las siguientes respuestas es la correcta al referirse al principio relativo al tratamiento con respecto a la integridad y confidencialidad?. los datos personales serán tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas. los datos personales serán exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifique sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan. Los datos personales serán tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado. ninguna es correcta.

40. Las obligaciones del encargado del tratamiento, en cuanto registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de un responsable, no se aplicarán a ninguna empresa ni organización que: Que emplee a menos de 200 personas, a menos que el tratamiento que realice pueda entrañar un riesgo para los derechos y libertades de los interesados, no sea ocasional, o incluya categorías especiales de datos personales o datos personales relativos a condenas e infracciones penales. Que emplee a menos de 250 personas, a menos que el tratamiento que realice pueda entrañar un riesgo para los derechos y libertades de los interesados, no sea ocasional, o incluya categorías especiales de datos personales o datos personales relativos a condenas e infracciones penales. Que emplee al menos de 500 personas, a menos que el tratamiento que realice pueda entrañar un riesgo para los derechos y libertades de los interesados, no sea ocasional, o incluya categorías especiales de datos personales o datos personales relativos a condenas e infracciones penales. Que emplee a menos de 750 personas, a menos que el tratamiento que realice pueda entrañar un riesgo para los derechos y libertades de los interesados, no sea ocasional, o incluya categorías especiales de datos personales o datos personales relativos a condenas e infracciones penales.

1. Cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado, dichos datos solo podrán ser objeto de tratamiento: (elige la opción correcta). Para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Para la protección de los derechos de otra persona física o jurídica. Por razones de interés público importante de la unión o de un determinado estado miembro. Todas son correctas.

42. Si la notificación de la violación de la seguridad de los datos por parte del responsable a la autoridad de control supera el plazo establecido en el artículo 33. Elige la respuesta correcta. Deberá ir acompañada de indicación de los motivos de la dilación. Deberá ir acompañada del dictamen del comité. Deberá ir acompañada del dictamen de la comisión. Ninguna respuesta es correcta.

43. Cuando la autoridad de control considere que el tratamiento previsto infringue el presente Reglamento: la autoridad de control deberá, en un plazo de ocho semanas desde la solicitud de la consulta, asesorar por escrito al responsable, y en su caso al encargado. Dicho plazo podrá prorrogarse seis semanas, en función de la complejidad del tratamiento previsto. la autoridad de control deberá, en un plazo de ocho semanas desde la solicitud de la consulta, asesorar por escrito al responsable, y en su caso al encargado. No podrá prorrogarse dicho plazo. la autoridad de control deberá, en un plazo de ocho semanas desde la solicitud de la consulta, asesorar por escrito al responsable, y en su caso al encargado. Dicho plazo podrá prorrogarse ocho semanas, en función de la complejidad del tratamiento previsto. la autoridad de control deberá, en un plazo de seis semanas desde la solicitud de la consulta, asesorar por escrito al responsable, y en su caso al encargado. Dicho plazo podrá prorrogarse seis semanas, en función de la complejidad del tratamiento previsto.

44. El derecho a la supresión o derecho al olvido no se aplicará cuando el tratamiento sea necesario (escoge la correcta): Por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, así como, con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos. Para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable. Todas son correctas.

1. ¿A quién consultará el responsable antes de proceder al tratamiento cuando una evaluación de impacto relativa a la protección de los datos en virtud del artículo 35 muestre que el tratamiento entrañaría un alto riesgo?. A la autoridad de control. al delegado de protección de datos. al encargado del tratamiento. al delegado de prevención.

46. Cuando sea probable una violación de la seguridad de los datos personales entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento la comunicará al interesado en un plazo. Elige la correcta. Sin dilación indebida. A más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de ella. En un plazo de 3 días. En un plazo inferior a 5 días.

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no corresponden al delegado de protección de datos?. El responsable o el encargado del tratamiento publicarán los datos de contacto del delegado de protección de datos y los comunicarán a la autoridad de control. Rendirá cuentas directamente al más alto nivel jerárquico del responsable o encargado. No será destituido ni sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones. No podrá desempeñar otras funciones y cometidos.

1. Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física, salvo cuando concurra: a. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social, en la medida en que así lo autorice el Derecho de la Unión o de los Estados miembros. b. El tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros. c. a y b son correctas. Solo si el interesado da su consentimiento o lo ha hecho manifiestamente público.

54. El tratamiento de los datos solo será lícito: (escoge la respuesta correcta). Si se cumple al menos con una de las condiciones establecidas en artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679. Si se cumple al menos con dos de las condiciones establecidas en artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679. Si se cumple con todas las condiciones establecidas en artículo 6 del Reglamento (UE)2016/679. Ninguna respuesta es correcta.

55. El responsable del tratamiento facilitará al interesado información relativa a sus actuaciones sobre la base de una solicitud en el plazo. Elige la correcta. Sin dilación indebida y, en cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Sin dilación indebida, en cualquier caso, en el plazo de 20 días a partir de la recepción de la solicitud. Sin dilación indebida y, en cualquier caso, en el plazo de dos meses a partir de la recepción de la solicitud. Sin dilación indebida y, en cualquier caso, en el plazo de 30 días a partir de la recepción de la solicitud.

1. El responsable o el encargado del tratamiento podrá limitar, a través de medidas legislativas, el alcance de las obligaciones y de los derechos cuando sea una medida. Escoge la correcta. Necesaria y proporcionada. Necesaria y justificada. Objetiva y proporcionada. Justificada y objetiva.

57. El responsable y el encargado del tratamiento designarán un delegado de protección de datos siempre que. El tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público. Las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones de tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación habitual y sistemática de interesados. Las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el tratamiento de categorías especiales de datos. Todas las repuestas son correctas.

1. Dentro del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DELPARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas física en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en su artículo 4 se desarrollan unas definiciones. ¿Cuál de las siguientes corresponde al Encargado del Tratamiento?. La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento. La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero. Será designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos especializados del derecho y la práctica en materia de protección de datos y a su capacidad para desempeñar las funciones indicadas en el artículo 39.

59. El responsable o el encargado del tratamiento podrá limitar, a través de medidas legislativas, el alcance de las obligaciones y de los derechos para. Escoge la incorrecta. La ejecución de demandas civiles. La prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales, incluida la protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención. La protección de la independencia judicial y de los procedimientos judiciales. La formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

60. Según el Reglamento (UE) 2016/679 son derechos del interesado (selecciona la correcta). Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y objetividad. Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición. Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, información y portabilidad. Acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y objetividad.

62. Dentro del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DELPARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas física en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en su artículo 4 se desarrollan unas definiciones. ¿Cuál de las siguientes corresponde al Fichero?. Todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica. Toda información sobre una persona física identificada o identificable. Cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción. El marcado de los datos de carácter personal conservados con el fin de limitar su tratamiento en el futuro.

63. ¿Cuándo podrá el responsable del tratamiento negarse a actuar respecto de la solicitud? Elige la respuesta correcta. Cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo. El responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar al interesado toda información relativa al tratamiento. Cuando el interesado solicite la información verbalmente. Todas las respuestas son correctas.

66. El responsable informará al interesado de cualquier prórroga en contestar a la solicitud de información relativa al tratamiento. Elige la correcta. En el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, indicando los motivos de la dilación. En el plazo de 30 días a partir de la recepción de la solicitud, indicando los motivos de la dilación. En el plazo de 20 días a partir de la recepción de la solicitud, indicando los motivos de la dilación. No puede prorrogar los plazos.

68. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al encargado del tratamiento?. El encargado del tratamiento no recurrirá a otro encargado sin la autorización previa por escrito, específica o general, del responsable. Cada encargado y, en su caso, el representante del encargado, llevará un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de un responsable. El responsable o el encargado del tratamiento y, en su caso, el representante del responsable o del encargado pondrán el registro a disposición de la autoridad de control que lo solicite. Todas las respuestas son correctas.

69. ¿Cuál de los siguientes son principios relativos al tratamiento de datos dentro del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DELPARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016?. Licitud, lealtad y transparencia. Licitud, objetividad y transparencia. Objetividad, lealtad y transparencia. Licitud, objetividad y claridad.

70. Si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del interesado. Elige la correcta. Le informará sin dilación, y a más tardar transcurrido un mes de la recepción de la solicitud, de las razones de su no actuación y de la posibilidad de presentar una reclamación ante una autoridad de control y de ejercitar acciones judiciales. El responsable del tratamiento está obligado a dar curso a la solicitud del interesado. Dos meses desde la recepción de la solicitud, de las razones de su no actuación y de la posibilidad de presentar una reclamación ante una autoridad de control y de ejercitar acciones judiciales. Le informará sin dilación, y a más tardar transcurrido en treinta días de la recepción de la solicitud, de las razones de su no actuación y de la posibilidad de presentar una reclamación ante una autoridad de control y de ejercitar acciones judiciales.

71. El responsable o el encargado del tratamiento no establecido en la Unión, designará por escrito un representante en la Unión, cuando las actividades de tratamiento estén relacionadas con: La oferta de bienes o servicios a dichos interesados en la Unión, independientemente de si a estos se les requiere su pago. El control de su comportamiento, en la medida en que este tenga lugar en la Unión. Las respuestas anteriores son correctas. Ninguna respuesta es correcta.

72. Según los principios relativos al tratamiento, la limitación de los plazos de conservación de los datos personales, ¿durante cuánto tiempo serán mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados?. a) Durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales. b) Podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos. A) y b) son correctas. c) Durante 5 años.

73. Dentro del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DELPARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas física en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en su artículo 4 se desarrollan unas definiciones. ¿Cuál de las siguientes corresponde al Destinatario?. A persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero. La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. Persona física o jurídica establecida en la unión que, habiendo sido designada por escrito por el responsable o el encargado del tratamiento con arreglo al artículo 27, represente al responsable o al encargado en lo que respecta a sus respectivas obligaciones en virtud del presente reglamento. Será designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos especializados del derecho y la práctica en materia de protección de datos y a su capacidad para desempeñarlas funciones indicadas en el artículo 39.

75. ¿Según el Reglamento (UE) 2016/679, si el niño es menor de 16 años, el tratamiento de sus datos únicamente se considerará lícito?. A. Solo si el niño es mayor de 16 años. B. Si el consentimiento lo dio o autorizó el titular de la patria potestad o tutela sobre el niño, y solo en la medida en que se dio o autorizó. C. A) y b) son correctas. D. Ninguna respuesta es correcta.

76. Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física, salvo cuando concurra: El interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos personales con uno o más de los fines especificados. El tratamiento se refiere a datos personales que el interesado ha hecho manifiestamente públicos. El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física, en el supuesto de que el interesado no esté capacitado, física o jurídicamente, para dar su consentimiento;. Todas las respuestas son correctas.

77. ¿Dónde se establecerá el representante del responsable o encargado no establecido en la Unión?. El representante estará establecido en uno de los Estados miembros en que estén los interesados cuyos datos personales se traten en el contexto de una oferta de bienes o servicios, o cuyo comportamiento esté siendo controlado. El representante estará establecido en cualquiera de los Estados miembros. El representante estará establecido en uno o más de los Estados miembros en que estén los interesados cuyos datos personales se traten en el contexto de una oferta de bienes o servicios, o cuyo comportamiento esté siendo controlado. Ninguna respuesta es correcta.

79. Será necesario el delegado de protección de datos cuando las actividades principales del responsable o del encargado consistan en: En operaciones de tratamiento que requieran una observación habitual y sistemática de interesados. En el tratamiento de categorías especiales de datos. El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales. Todas las repuestas son correctas.

80. ¿A cuántos encargados podrá elegir el responsable del tratamiento?. Elegirá únicamente un encargado que ofrezca garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas. Elegirá exclusivamente un encargado que ofrezca garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas. Elegirá entre uno a tres siempre que ofrezca garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas. Tantos encargados como responsables haya.

81. ¿Cuál de las siguientes respuestas es la correcta al referirse al principio relativo al tratamiento con respecto a la minimización de datos?. los datos personales serán tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado. Los datos personales serán recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible condichos fines. Los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados. Los datos personales serán exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifique sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan.

82. El responsable o el encargado del tratamiento podrá limitar, a través de medidas legislativas, el alcance de las obligaciones y de los derechos cuando. Escoge la correcta. Para salvaguardar la seguridad y defensa del Estado; y la seguridad pública. La prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones de normas deontológicas en las profesiones reguladas. La protección del interesado o de los derechos y libertades de otros. Todas son correctas.

¿Quién designa al delegado de protección de datos?. El responsable y el encargado. El responsable. El encargado. El Consejo.

83. ¿Según el Reglamento (UE) 2016/679, cuándo se considera lícito el tratamiento de los datos personales de un niño?. Cuando tenga como mínimo 16. Cuando tenga como mínimo 13. Cuando tenga como mínimo 12. Cuando tenga como mínimo 14.

84. ¿Cuál de las siguientes no es una función del delegado de prevención?. Informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los empleados que se ocupen del tratamiento. Actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones relativas al tratamiento, incluida la consulta previa. Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente reglamento, de otras disposiciones de protección de datos de la unión o de los estados miembros y de las políticas del responsable o del encargado del tratamiento en materia de protección de datos personales. Llevará un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de un responsable.

85. ¿Cuál de las siguientes definiciones se refiere a seudonimización?. El tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable. Toda violación de la seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos. Medida necesaria y proporcionada en una sociedad democrática para salvaguardar la seguridad de los Estados miembros. Ninguna respuesta es correcta.

86. ¿Cuál de los siguientes no es un principio relativo al tratamiento de datos personales?. LICITUD, LEALTAD Y TRANSPARENCIA. LIMITACIÓN DE LA FINALIDAD. MINIMIZACIÓN DE DATOS. PROTECCIÓN.

87. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponden a la designación de un delegado de protección de datos?. Será designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos especializados del Derecho y la práctica en materia de protección de datos y a su capacidad para desempeñar las funciones. Por formar parte de la plantilla del responsable o del encargado del tratamiento o desempeñar sus funciones en el marco de un contrato de servicios. Estará obligado a mantener el secreto o la confidencialidad en lo que respecta al desempeño de sus funciones. todas las respuestas son correctas.

88. Dentro del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DELPARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas física en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en su artículo 4 se desarrollan unas definiciones. ¿Cuál de las siguientes corresponde al Representante?. Persona física o jurídica establecida en la Unión que, habiendo sido designada por escrito por el responsable o el encargado del tratamiento con arreglo al artículo 27, represente al responsable o al encargado en lo que respecta a sus respectivas obligaciones en virtud del presente Reglamento. Persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo distinto del interesado, del responsable del tratamiento, del encargado del tratamiento y de las personas autorizadas para tratar los datos personales bajo la autoridad directa del responsable o del encargado. La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero. La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.

89. ¿cuándo una autoridad de control podrá adoptar inmediatamente medidas provisionales destinadas a producir efectos jurídicos en su propio territorio?. Cuando considere que es urgente intervenir para proteger los derechos y las libertades de interesados. No podrá adoptar medidas provisionales sin el dictamen del comité. Cuando vaya a adoptar una lista de las operaciones de tratamiento supeditadas al requisito de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos. Cuando proyecte la aprobación de normas corporativas vinculantes.

91. El responsable del tratamiento facilitará al interesado información relativa a sus actuaciones sobre la base de una solicitud en el plazo que puede prorrogarse. Elige la correcta. Otros dos meses teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. Otro mes teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. Otros dos 20 días teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. Otros 30 días teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes.

92. Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera univoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física, salvo cuando concurra: El tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros. El tratamiento es necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud, o para garantizar elevados niveles de calidad y de seguridad de la asistencia sanitaria y de los medicamentos o productos sanitarios, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros. Ambas respuestas son correctas. Ambas repuestas son incorrectas.

94. Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física, salvo cuando concurra: El tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social, en la medida en que así lo autorice el Derecho de la Unión o de los Estados miembro. El tratamiento es efectuado, en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías, por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro. a) y b) son correctas. Ninguna respuesta es correcta.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el encargado del tratamiento podrá conservar: A. Debidamente tramitados, los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del tratamiento. B. Debidamente bloqueados, los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del tratamiento. C. Debidamente justificados, los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del tratamiento. D. Debidamente separados, los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del tratamiento.

En el supuesto establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, respecto de un responsable o encargado no establecido en la Unión Europea cuyo tratamiento se refiera a afectados que se hallen en España, ¿cuál es órgano encargado de imponer las medidas establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 al representante, solidariamente con el responsable o encargado del tratamiento de datos?. A El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. B El Delegado de Protección de Datos. C El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. D La Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, las autoridades autonómicas de protección de datos.

Conforme al artículo 32 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, señale quién es la autoridad competente para fijar las excepciones a la obligación de bloqueo de datos: A El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. B El Delegado Estatal de Protección de Datos. C El Ministerio de Transformación Digital. D La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos, dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

La nueva Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: A Tienen carácter de ley ordinaria. B Tienen carácter de ley orgánica. C Tienen carácter de ley ordinaria con las excepciones previstas en la Disposición Final Primera. D Tienen carácter de ley orgánica con las excepciones previstas en la Disposición Final Primera.

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales exige que los datos sean: A Públicos. B Exactos. C Permanentes. D Todas son correctas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el derecho de acceso a los datos del afectado se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento le facilita: A Un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo provisional, el acceso a los datos requeridos. B Un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo urgente, el acceso a los datos requeridos. C Un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. D Un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo provisional, el acceso a su totalidad.

Respecto al derecho de rectificación de datos inexactos que le conciernen al interesado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y del artículo 16 del Reglamento (UE) 2016/679, señale la respuesta incorrecta: A El afectado deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse. B Deberá acompañar a la solicitud, en todo caso, la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento. C El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. D El interesado tendrá derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.

Según el art. 3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en caso de fallecimiento de una persona ¿quién podrá dirigirse al responsable o encargado del tratamiento con el objeto de solicitar el acceso a sus datos personales?. A Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares y sus herederos. B Sus herederos pero, salvo autorización, sólo podrán acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. C Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares y sus herederos pero, salvo autorización, sólo podrán acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. D Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus herederos.

Según el art. 13 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando el afectado, para el ejercicio del derecho de acceso, elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado: A La solicitud será considerada excesiva, por lo que el responsable del tratamiento podrá cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos afrontados para facilitar la información o negarse a actuar respecto de la solicitud. B La solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte, siendo solo exigible al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho sin dilaciones indebidas. C La solicitud será considerada excesiva, por lo que el responsable del tratamiento podrá negarse a actuar respecto de la solicitud. D La solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte, no siéndole exigible al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho sin dilaciones indebidas.

De acuerdo con el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, cuando derive de una competencia atribuida por: A Una disposición reglamentaria. B Una norma con rango de ley. C Una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley. D Una Orden Ministerial.

Los responsables y encargados en los términos del artículo 28 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, adoptarán medidas técnicas y organizativas apropiadas que deben aplicarse a fin de garantizar y acreditar el tratamiento de datos. A la vista de esto, ¿en qué supuestos podrían producirse los mayores riesgos? (señale la respuesta incorrecta): A Cuando el tratamiento pudiese privar a los afectados de sus derechos y libertades o pudiera impedirles el ejercicio del control sobre sus datos personales. B Cuando se lleve a cabo el tratamiento de datos de grupos de afectados en situación de especial vulnerabilidad y, en particular, de menores de edad y personas con discapacidad. C Cuando los datos personales fuesen a ser objeto de transferencia, de manera excepcional, a terceros Estados u organizaciones internacionales respecto de los que no se hubiese declarado un nivel adecuado de protección. D Cuando el tratamiento pudiera generar situaciones de discriminación.

Según el art. 9 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar la ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico de una persona: A Será necesario el consentimiento explícito del interesado. B No bastará con el consentimiento del afectado. C Será necesario el consentimiento del interesado, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa. D Solo será posible en los supuestos del apartado segundo del art. 9 del Reglamento (UE) 2016/679.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, señale la respuesta correcta respecto de la designación de un delegado de protección de datos: A Los responsables y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos cuando se trate de prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando elaboren a pequeña escala perfiles de los usuarios del servicio. B La lista actualizada de delegados de protección de datos, que será accesible por medios electrónicos, será mantenida por la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos, en el ámbito de sus respectivas competencias. C El plazo para comunicar las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de datos será de 15 días. D Los responsables y encargados del tratamiento podrán establecer, con carácter exclusivo, la dedicación completa del delegado, entre otros criterios, en función del volumen de los tratamientos.

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales no será aplicable: A A los tratamientos de datos de personas fallecidas. B A los tratamientos de datos de personas menores de edad. C A los tratamientos de datos de personas discapacitadas. D B y C son correctas.

De acuerdo con el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la misma será de aplicación a los tratamientos: A De los datos personales de un menor de edad. B De datos de personas fallecidas, con carácter general. C Sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas. D Excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2016/679.

En el supuesto establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, respecto de un responsable o encargado no establecido en la Unión Europea cuyo tratamiento se refiera a afectados que se hallen en España, ¿cuál es órgano encargado de imponer las medidas establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 al representante, solidariamente con el responsable o encargado del tratamiento de datos?. A El Delegado de Protección de Datos. B El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. C El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. D La Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, las autoridades autonómicas de protección de datos.

De acuerdo con el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos de los menores de 14 años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si: A Lo aprueba el Ministerio Fiscal. B Consta el consentimiento del titular de la patria potestad o tutela. C Se deja constancia ante notario. D Se realiza audiencia ante un Juez.

En lo que respecta a los datos sobre las personas físicas fallecidas a que se refiere el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos de Carácter Personal, señale la opción correcta: A Los herederos podrán acceder a los datos de carácter patrimonial del causante en todo caso. B Sólo podrán acceder a los datos personales los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. C Los herederos sólo podrán ejercitar el derecho de cancelación. D Los familiares no podrán acceder a los datos personales cuando lo prohíba una norma reglamentaria.

Conforme a la LO 3/2018, el tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales: A Exige el consentimiento del afectado. B Requiere la autorización del juez o tribunal que esté conociendo del asunto. C Está prohibido. D Solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal.

De conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos de Carácter Personal, señale en cuál de los siguientes supuestos será imputable la inexactitud de los datos al responsable del tratamiento: A Cuando hayan sido obtenidos de un Registro Público. B Cuando se hayan recibido de otro responsable habiendo ejercido derecho a la portabilidad. C Cuando hayan sido obtenidos de una materia clasificada. D Cuando hayan sido obtenidos directamente del afectado.

Señale la opción incorrecta. Según la LO 3/2018 de Protección de Datos, no será imputable al responsable del tratamiento, siempre que este haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los datos personales, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos inexactos: A Fuesen obtenidos de un registro público por el responsable. B Hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado. C Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad. D Hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario en todo caso.

Al amparo del artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, tendrán en todo caso acceso a los datos de carácter patrimonial del causante: A Los acreedores. B Los parientes por consanguinidad o afinidad que hayan convivido con el causante durante el año anterior al fallecimiento. C Los herederos. D Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

Los medios que se pongan a disposición del afectado para ejercer sus derechos en materia de protección de datos, según el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, deberán ser: A Medios razonables en cuanto a tecnología disponible y costes de aplicación. B Medios electrónicos gratuitos. C Fácilmente accesibles para el afectado. D Medios técnicos específicos que permitan la identificación o la autenticación unívocas de una persona física.

Indique en virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, qué tipo de responsabilidad podrá imponer la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, las autoridades autonómicas de protección de datos a los responsables, encargados y representantes del tratamiento de datos: A Responsabilidad solidaria. B Responsabilidad mancomunada. C Responsabilidad subsidiaria. D Las respuestas a) y c) son correctas según el caso que sea aplicable.

De conformidad con el articulo 4 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos de Carácter Personal, señale en cual de los siguientes supuestos será imputable la inexactitud de los datos al responsable del tratamiento: A Cuando hayan sido obtenidos de un Registro Publico. B Cuando se hayan recibido de otro responsable habiendo ejercido la portabilidad. C Cuando hayan sido obtenidos de una materia clasificada. D Cuando hayan sido obtenidos directamente del afectado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, respecto al bloqueo de datos, se procederá a un copiado seguro de la información de modo que conste evidencia digital, o de otra naturaleza, que permita: A Acreditar la autenticidad de la información. B La fecha del bloqueo de datos. C La no manipulación de los datos durante el bloqueo de datos. D Todas las respuestas anteriores son correctas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, fuera de los supuestos señalados en los apartados 1 y 2 de dicho artículo 10, los tratamientos de datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por: A Los propios órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su competencia. B El propio interesado. C Los Abogados y procuradores, y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones. D El Ministerio Fiscal, en el ejercicio de sus funciones.

Según el art. 3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en caso de fallecimiento de una persona ¿quién podrá dirigirse al responsable o encargado del tratamiento con el objeto de solicitar el acceso a sus datos personales?. A Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares y sus herederos. B Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares y sus herederos pero, salvo autorización, sólo podrán acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. C Sus herederos pero, salvo autorización, sólo podrán acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. D Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus herederos.

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los derechos que reconoce el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, podrán ejercerse: A Por medio de representante legal o voluntario. B Directamente. C Directamente y por medio de representante legal, únicamente. D Las respuestas a) y b) son correctas.

Según el art. 11 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando los datos personales se han obtenidos del afectado, el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información básica, que deberá contener, al menos: A La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso. B La finalidad del tratamiento. C La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. D Todas las respuestas anteriores son correctas.

A la vista de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, señale la respuesta incorrecta en relación con el consentimiento del afectado: A Debe ser inequívoco. B Ha de ser una manifestación de voluntad específica. C Se hará constar por escrito. D Puede hacerse mediante una clara acción afirmativa.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos bloqueados podrán ponerse a disposición de los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes, en particular de las autoridades de protección de datos, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento, ¿por qué plazo?. A Por el plazo de 1 mes desde las posibles responsabilidades derivadas del tratamiento de datos. B Por el plazo de 3 meses desde las posibles responsabilidades derivadas del tratamiento de datos. C Por el plazo de prescripción de las posibles responsabilidades derivadas del tratamiento de datos. D Por el plazo de 6 meses desde las posibles responsabilidades derivadas del tratamiento de datos.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 3 de la LO 3/2018, las personas a las que el fallecido hubiese designado expresamente para ello podrán solicitar el acceso a sus datos personales y su rectificación. El establecimiento de los requisitos y condiciones para acreditar la validez y vigencia de dichos mandatos se realizará: A Mediante Real Decreto. B Mediante Ley Orgánica. C Mediante Ley ordinaria. D Mediante Decreto-Ley.

¿Qué característica relativa a los datos personales se recoge tanto en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales como en el artículo 5.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016?. A Los datos personales serán tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado. B Los datos serán exactos y, si fuera necesario, actualizados. C Los datos serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados. D Los datos serán recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos.

De acuerdo con el artículo 16 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el hecho de que el tratamiento de datos personales esté limitado: A Debe constar claramente en los sistemas de información del responsable. B Requiere de previo acuerdo entre el encargado del tratamiento de los datos y el afectado. C Debe notificarse al afectado. D Requiere previo consentimiento del interesado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la determinación de las corresponsabilidades a las que se refiere el artículo 26.1 del Reglamento (UE) 2016/679 se realizará atendiendo. A A las actividades que efectivamente desarrolle cada uno de los corresponsables del tratamiento. B A las actividades, en el seno de sus competencias, que ocasionalmente desarrolle cada uno de los corresponsables del tratamiento o su representantes. C A las actividades, en el seno de sus competencias, que ocasionalmente desarrollen conjuntamente los corresponsables del tratamiento o sus representantes. D A las actividades que desarrollen conjuntamente los corresponsables del tratamiento.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los responsables y encargados del tratamiento de datos deberán designar un delegado de protección de datos, en todo caso, cuando se trate de alguna de las siguientes entidades (señale la respuesta incorrecta): A Las entidades aseguradoras y reaseguradoras. B Las entidades que desarrollen actividades de publicidad y prospección comercial. C Las federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad. D Las empresas de seguridad pública.

El derecho fundamental reconocido en el artículo 18.4 de la Constitución Española se ejercerá con arreglo a lo establecido en: A La Ley Orgánica 3/2016, de 9 de diciembre, de Protección de Datos Personales y el honor de la ciudadanía. B La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. C La Ley Orgánica 12/2005, de 3 de diciembre, de Protección del Derecho a la Intimidad y Seguridad Digital. D La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Señale la respuesta correcta respecto al bloqueo de datos que se establece en el artículo 32 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: A Transcurrido el plazo de prescripción de las posibles responsabilidades derivadas del tratamiento, deberá procederse a la destrucción de los datos. B Las excepciones a la obligación de bloqueo de datos las podrá fijar el Delegado Estatal de Protección de Datos. C El obligado a bloquear los datos cuando proceda su rectificación o supresión será el encargado del tratamiento. D El bloqueo de los datos consiste en la identificación y reserva de los mismos, adoptando medidas técnicas y organizativas, para impedir su tratamiento, excluyendo su visualización.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el encargado del tratamiento de datos podrá tramitar las solicitudes de ejercicio de los derechos de los afectados: A Por cuenta del responsable. B A solicitud de los afectados. C Si se establece en el contrato o acto jurídico que les vincule. D Todas las respuestas anteriores son correctas.

Señale la INCORRECTA. En virtud de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿en cuál de los siguientes supuestos los responsables y encargados del tratamiento de datos tendrán en cuenta, en particular, los mayores riesgos que podrían producirse a la hora de garantizar y acreditar dicho tratamiento de datos?. A Cuando los datos personales fuesen a ser objeto de transferencia, con carácter habitual, a terceros Estados u organizaciones internacionales respecto de los que no se hubiese declarado un nivel adecuado de protección. B Cuando se produzca un tratamiento masivo que implique a un gran número de afectados o conlleve la recogida de una gran cantidad de datos personales. C Cuando el tratamiento pudiese privar a los afectados de sus derechos y libertades salvo en lo relativo al ejercicio del control sobre sus datos personales. D Cuando el tratamiento implicase una evaluación de aspectos personales de los afectados con el fin de crear o utilizar perfiles personales de los mismos.

El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá en nuestro país con arreglo a lo establecido: A En el Reglamento (UE) 2016/679 y en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. B En la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. C En el Reglamento (UE) 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. D En el Reglamento (UE) 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando el afectado del tratamiento presente una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de datos, aquellas podrán remitir la reclamación al delegado de protección de datos a fin de que éste responda en el plazo máximo de: A Seis meses a contar desde la recepción de la reclamación. B Veinte días a contar desde la recepción de la reclamación. C Un mes a contar desde la recepción de la reclamación. D Dos meses a contar desde la recepción de la reclamación.

Según la legislación española, en materia de protección de datos NO es un derecho de los ciudadanos: A El derecho a la portabilidad. B El derecho a la limitación de tratamiento. C El derecho de supresión. D Todos son derechos de los ciudadanos en materia de protección de datos.

En relación a lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que regula el tratamiento datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos, indique la respuesta incorrecta: A La norma que prevea el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable en la que se funde el tratamiento de datos personales podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento. B El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley. C El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable cuando así lo prevea una norma nacional o de Derecho de la Unión Europea. D El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley.

En los términos de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando el tratamiento de datos personales sea necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, o en virtud de un contrato con un profesional sanitario, deberán estar amparados por: A Su desarrollo reglamentario. B Una Ley de Bases. C Una Orden Ministerial. D Una norma con Rango de Ley.

Según el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los Títulos I a IX y los artículos 89 a 94 de la ley orgánica se aplican: Al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, y al no automatizado de datos de personas físicas contenidos en un fichero. Únicamente al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, quedando excluido todo tratamiento no automatizado. Al tratamiento no automatizado de datos personales que no estén destinados a formar parte de un fichero, y a tratamientos automatizados. Solo a tratamientos automatizados que afecten a datos sensibles o especialmente protegidos.

Según el apartado 2 del artículo 2 e la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, no será de aplicación: A los tratamientos excluidos por el artículo 2.2 del RGPD, a los datos de personas fallecidas y a los sometidos a la normativa sobre materias clasificadas. A los tratamientos sometidos a la normativa electoral, penitenciaria y registral, salvo que afecten a ficheros automatizados. A los tratamientos no automatizados, a los relativos a personas fallecidas y a los regulados específicamente por la Unión Europea. A los tratamientos de datos realizados por la Oficina Judicial, salvo que resulten aplicables normas procesales específicas.

Según el artículo 2.3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando el Reglamento (UE) 2016/679 no sea directamente aplicable por afectar a actividades fuera del Derecho de la Unión Europea, los tratamientos se regirán: Por su legislación específica si la hubiere, y supletoriamente por el RGPD y la ley orgánica. Exclusivamente por la ley orgánica, con exclusión total del RGPD. Por el RGPD de forma directa, sin perjuicio de la ley orgánica, que actúa como norma preferente. Únicamente por la normativa interna de materias clasificadas o procesales, según corresponda.

Según el artículo 2.3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, entre los tratamientos que se encuentran en la situación mencionada (no directamente aplicables al RGPD por no estar en el ámbito del Derecho de la Unión Europea), se incluyen, entre otros: Los realizados al amparo de la legislación electoral general, en instituciones penitenciarias y en el Registro Civil, de la Propiedad y Mercantiles. Los efectuados exclusivamente por autoridades fiscales, notariales y mercantiles. Los relativos a la actividad policial y de seguridad pública en todos sus ámbitos, sin excepción alguna. Los derivados de registros municipales, catastros y padrones de habitantes, exclusivamente.

Según el artículo 2.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina Judicial, se regirá: Por el RGPD y la ley orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial que sean aplicables. Exclusivamente por la Ley Orgánica del Poder Judicial, quedando excluido el RGPD. Prioritariamente por la Ley Orgánica del Poder Judicial, aplicándose supletoriamente el RGPD y la ley orgánica solo en ausencia de regulación específica. Por normativa procesal ordinaria, con carácter preferente respecto al RGPD y la ley orgánica.

Según el artículo 2.5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de datos llevado a cabo por el Ministerio Fiscal con ocasión de los procesos de los que sea competente, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina Fiscal, se regirá: Por el RGPD y la Ley Orgánica, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 50/1981 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la Ley Orgánica del Poder Judicial y las normas procesales aplicables. Únicamente por la Ley 50/1981 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, quedando excluido el RGPD y la ley orgánica. Por normativa procesal específica de carácter supletorio, aplicándose el RGPD solo en ausencia de regulación interna del Ministerio Fiscal. Exclusivamente por el RGPD, sin que resulte aplicable la ley orgánica ni ninguna otra normativa procesal o estatutaria.

Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿cuál derecho permite al afectado conocer los datos personales que se están tratando sobre él, incluyendo la posibilidad de acceder a un sistema remoto o directo que garantice la totalidad de sus datos, y que puede ser considerado repetitivo o excesivo en determinadas condiciones?. Derecho de rectificación. Derecho de acceso. Derecho de supresión. Derecho a la portabilidad.

Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿Cuál derecho permite al afectado solicitar la corrección de sus datos personales inexactos o incompletos, debiendo indicar a qué datos se refiere y aportar, si es necesario, documentación justificativa?. Derecho de supresión. Derecho de rectificación. Derecho de limitación del tratamiento. Derecho de oposición.

Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿Cuál derecho permite al afectado solicitar que sus datos personales sean eliminados, salvo que exista una causa legítima para conservar ciertos datos identificativos, por ejemplo, para impedir tratamientos futuros de mercadotecnia directa?. Derecho de supresión. Derecho de acceso. Derecho de portabilidad. Derecho de rectificación.

Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿Cuál derecho permite al afectado restringir temporalmente el tratamiento de sus datos personales, debiendo constar claramente en los sistemas de información que dicho tratamiento está limitado?. Derecho de rectificación. Derecho de limitación del tratamiento. Derecho de supresión. Derecho de oposición.

Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿Cuál derecho permite al afectado recibir sus datos personales en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y trasladarlos a otro responsable del tratamiento sin impedimentos?. Derecho de portabilidad. Derecho de rectificación. Derecho de acceso. Derecho de oposición.

Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿Cuál derecho permite al afectado oponerse al tratamiento de sus datos personales, incluyendo la realización de perfiles y decisiones individuales automatizadas?. Derecho de oposición. Derecho de supresión. Derecho de acceso. Derecho a la portabilidad.

Permite al afectado conocer los datos personales que se tratan sobre él, acceder a un sistema seguro, remoto o directo que garantice la totalidad de sus datos, y puede considerarse repetitivo o excesivo en determinadas condiciones. Derecho de supresión. Derecho de acceso. Derecho de portabilidad. Derecho de oposición.

Permite al afectado solicitar la corrección de datos personales inexactos o incompletos, indicando a qué datos se refiere y, cuando sea preciso, aportando documentación justificativa. Derecho de rectificación. Derecho de limitación del tratamiento. Derecho de acceso. Derecho de supresión.

Permite al afectado solicitar la eliminación de sus datos personales, salvo que exista causa legítima para conservar ciertos datos identificativos, por ejemplo, para impedir futuros tratamientos de mercadotecnia directa. Derecho de supresión. Derecho de rectificación. Derecho de oposición. Derecho de portabilidad.

Permite restringir temporalmente el tratamiento de los datos personales, debiendo constar claramente en los sistemas de información del responsable que dicho tratamiento está limitado. Derecho de limitación del tratamiento. Derecho de portabilidad. Derecho de acceso. Derecho de supresión.

Permite al afectado recibir sus datos personales en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y trasladarlos a otro responsable del tratamiento sin impedimentos. Derecho de portabilidad. Derecho de rectificación. Derecho de acceso. Derecho de oposición.

Permite al afectado oponerse al tratamiento de sus datos personales, incluyendo la realización de perfiles y decisiones individuales automatizadas. Derecho de oposición. Derecho de limitación del tratamiento. Derecho de supresión. Derecho de portabilidad.

Se entiende por este término toda información sobre una persona física identificada o identificable, incluyendo identificadores como nombre, número de identificación, datos de localización o cualquier elemento de su identidad física, genética, económica o social. Encargado del tratamiento. Datos personales. Consentimiento del interesado. Responsable del tratamiento.

Cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales, ya sea automatizado o no, incluyendo recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación, modificación, consulta, utilización, difusión o supresión. Tratamiento. Limitación del tratamiento. Fichero. Destinatario.

El marcado de los datos personales conservados con el fin de limitar su tratamiento en el futuro. Elaboración de perfiles. Limitación del tratamiento. Derecho de supresión. Seudonimización.

Tratamiento automatizado de datos personales para evaluar aspectos personales de una persona física, como rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos. Elaboración de perfiles. Datos biométricos. Fichero. Consentimiento del interesado.

Tratamiento de datos personales de forma que ya no puedan atribuirse a una persona identificada sin utilizar información adicional, siempre que esta esté separada y protegida mediante medidas técnicas y organizativas. Seudonimización. Fichero. Limitación del tratamiento. Encargado del tratamiento.

Persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determina los fines y medios del tratamiento de los datos personales. Responsable del tratamiento. Encargado del tratamiento. Destinatario. Tercero.

Persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo que trata datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. Encargado del tratamiento. Responsable del tratamiento. Destinatario. Tercero.

Persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo al que se comunican datos personales, se trate o no de un tercero. Destinatario. Tercero. Responsable del tratamiento. Encargado del tratamiento.

Persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo distinto del interesado, del responsable, del encargado y de las personas autorizadas a tratar los datos bajo su autoridad directa. Tercero. Destinatario. Responsable del tratamiento. Encargado del tratamiento.

Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, mediante declaración o acción afirmativa clara, el tratamiento de sus datos personales. Consentimiento del interesado. Datos personales. Responsable del tratamiento. Encargado del tratamiento.

Toda violación de la seguridad que ocasione destrucción, pérdida, alteración accidental o ilícita de datos personales, o comunicación/acceso no autorizado a dichos datos. Violación de la seguridad de los datos personales. Limitación del tratamiento. Elaboración de perfiles. Seudonimización.

Datos personales relativos a las características genéticas heredadas o adquiridas de una persona física, que proporcionan información única sobre su fisiología o salud, obtenidos del análisis de una muestra biológica. Datos biométricos. Datos genéticos. Datos de salud. Datos personales.

Datos personales obtenidos mediante un tratamiento técnico específico, relativos a características físicas, fisiológicas o conductuales, que permiten o confirman la identificación única de una persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos. Datos biométricos. Datos genéticos. Datos de salud. Elaboración de perfiles.

Datos personales sobre la salud física o mental de una persona, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de salud. Datos relativos a la salud. Datos biométricos. Datos genéticos. Tratamiento.

Persona física o jurídica establecida en la Unión Europea, designada por escrito por el responsable o encargado del tratamiento, que representa al responsable o encargado respecto a sus obligaciones en virtud del Reglamento. Representante. Encargado del tratamiento. Destinatario. Responsable del tratamiento.

Una organización internacional y sus entes subordinados de Derecho internacional público, o cualquier organismo creado mediante acuerdo entre dos o más países o en virtud de tal acuerdo. Organización internacional. Representante. Tercero. Responsable del tratamiento.

¿A qué principio pertenece la siguiente definición?: Los datos personales serán tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado. Principio de licitud, lealtad y transparencia. Principio de minimización de datos. Principio de limitación de la finalidad. Principio de exactitud. Principio de limitación del plazo de conservación. Principio de integridad y confidencialidad. Responsabilidad proactiva.

¿A qué principio pertenece la siguiente definición?: Los datos personales serán recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines. Principio de licitud, lealtad y transparencia. Principio de minimización de datos. Principio de limitación de la finalidad. Principio de exactitud. Principio de limitación del plazo de conservación. Principio de integridad y confidencialidad. Responsabilidad proactiva.

¿A qué principio pertenece la siguiente definición?: Los datos personales serán tratados de manera adecuada, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para lo que son tratados. Principio de licitud, lealtad y transparencia. Principio de minimización de datos. Principio de limitación de la finalidad. Principio de exactitud. Principio de limitación del plazo de conservación. Principio de integridad y confidencialidad. Responsabilidad proactiva.

¿A qué principio pertenece la siguiente definición?: Los datos personales serán exactos, y si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos son respecto a los fines para lo que se tratan. Principio de licitud, lealtad y transparencia. Principio de minimización de datos. Principio de limitación de la finalidad. Principio de exactitud. Principio de limitación del plazo de conservación. Principio de integridad y confidencialidad. Responsabilidad proactiva.

¿A qué principio pertenece la siguiente definición?: Los datos personales serán mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales. Principio de licitud, lealtad y transparencia. Principio de minimización de datos. Principio de limitación de la finalidad. Principio de exactitud. Principio de limitación del plazo de conservación. Principio de integridad y confidencialidad. Responsabilidad proactiva.

¿A qué principio pertenece la siguiente definición?: Los datos personales serán tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas. Principio de licitud, lealtad y transparencia. Principio de minimización de datos. Principio de limitación de la finalidad. Principio de exactitud. Principio de limitación del plazo de conservación. Principio de integridad y confidencialidad. Responsabilidad proactiva.

¿A qué principio pertenece la siguiente definición?: El responsable del tratamiento será el responsable del cumplimiento de los dispuesto en el apartado 1 del reglamento, y capaz de demostrarlo. Principio de licitud, lealtad y transparencia. Principio de minimización de datos. Principio de limitación de la finalidad. Principio de exactitud. Principio de limitación del plazo de conservación. Principio de integridad y confidencialidad. Responsabilidad proactiva.

34.- En relación a la igualdad de género, señale la respuesta correcta: A) Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. B) Ley Orgánica 4/2008, de 7 de julio, de igualdad de género. C) Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. D) Ley Orgánica 13/2007, de 1 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

36.- En la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el art. 8 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, se aprobará un Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género en Andalucía: A) Cada dos años por el Consejo de Gobierno. B) Cada cuatro años por el Consejo de Gobierno. C) Cada cinco años por el Consejo de Gobierno. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

59.- Según el artículo 4 de la LO 3/2007, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres: a) Es una fuente formal del Derecho. b) Es un objetivo fundamental del procedimiento administrativo. c) Es un deber de las Administraciones Públicas. d) Es un principio informador del ordenamiento jurídico.

60.- Conforme al artículo 21 de la LO 3/2007, la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas cooperarán para integrar el derecho de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus respectivas competencias y, en especial, en sus actuaciones de: a) Regulación. b) Dirección. c) Planificación. d) Supervisión.

65.- Según el artículo 39 de la LO 3/2007, las Administraciones Públicas promoverán, para contribuir al cumplimiento de la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres, la adopción por parte de los medios de comunicación de: a) Planes de Igualdad. b) Libros de Estilo de Lenguaje no sexista. c) Acuerdos de Autorregulación. d) Planes Estratégicos de Igualdad de Oportunidades.

52. Según el artículo 10 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán: a. Anulables. b. Nulos. c. Discriminatorios. d. Inconstitucionales.

53. Conforme al artículo 30 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer remitirá al Gobierno y a las Comunidades Autónomas un informe sobre la evolución de la violencia ejercida sobre la mujer con periodicidad: a. Trimestral. b. Anual. C. Semestral. d. Mensual.

54. Según el artículo 16 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud estará compuesta por: a. Representantes de todas las Administraciones Públicas con competencia en la materia. b. Representantes de todas las entidades locales con competencia en la materia. c. Representantes de todas las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. d. Ninguna es correcta.

55. Según el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género se considerarán: a. No justificadas y serán remuneradas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad. b. No justificadas y no serán remuneradas. c. Justificadas y serán remuneradas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad. d. Justificadas y serán remuneradas, cuando así lo determine la trabajadora, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad.

70. El artículo 7 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, establece que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, con la participación de las Entidades Locales, formulará y aprobará, un Plan Estratégico para la igualdad de mujeres y hombre en Andalucía, con una periodicidad: a. Anual. b. Cada dos años. c. Que no será inferior a cuatro años. d. Que no será superior a cuatro años.

71. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en su artículo 21, establece que a las trabajadoras por cuenta propia, víctimas de violencia de género que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección, se les suspenderá la obligación de cotización, pero con efectos de cotización efectiva para las prestaciones de la Seguridad Social, durante un periodo de: a. Tres meses. b. Seis meses. c. Nueve meses. d. Un año.

75. La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable, se denomina: a. Discriminación indirecta por razón de sexo. b. Discriminación directa por razón de sexo. c. Interseccionalidad. d. Acoso sexual.

22. Según el artículo 76 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el órgano colegiado responsable de la coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los Ministerios con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y promover su efectividad es: a) El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. b) El Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. c) La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres. d) El Consejo de Participación de la Mujer.

23. La Ley Orgánica 3/2007 dispone que cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo es: a) Discriminación directa. b) Discriminación indirecta. c) Acoso sexual. d) Acoso por razón de sexo.

35. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece los siguientes tres derechos específicos para las funcionarias víctimas de violencia de género: a) La reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, la movilidad geográfica de centro de trabajo y la excedencia por este motivo. b) La movilidad geográfica de centro de trabajo, la excedencia por este motivo y la reserva de un 3% de las plazas en los procesos de promoción interna. c) La reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, la movilidad geográfica y la reserva de un 3% de las plazas en los procesos de promoción interna. d) La excedencia por este motivo, la reserva de un 2% de las plazas en los procesos de promoción interna y la movilidad geográfica de centro de trabajo.

11. Conforme el artículo 49 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, para impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad, el Gobierno establecerá: a) Medidas de acción positiva, especialmente dirigidas a las pequeñas y las medianas empresas. b) Medidas de fomento, especialmente dirigidas a las empresas de 50 o más trabajadores. c) Medidas de fomento, especialmente dirigidas a las pequeñas y las medianas empresas. d) Medidas de acción positiva, dirigidas a cualquier empresa, sea de capital público o privado.

20. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género creó los siguientes órganos: a) El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. b) La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, los Juzgados de Violencia contra la Mujer y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. c) El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. d) La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

3. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, estarán obligadas a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad las empresas que cuenten con: a) 50 o más trabajadores. b) 150 o más trabajadores. c) 100 o más trabajadores. d) 250 o más trabajadores.

14. De conformidad con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿a quién corresponde formular las políticas públicas en relación con la violencia de género a desarrollar por el Gobierno?. a) A la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. b) Al Consejo Asesor para la Violencia de Género. c) Al Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. d) A la Agencia Estatal contra la Violencia de Género.

14. De acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, las candidaturas que se presenten para las elecciones de diputados al Congreso deberán tener una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan como mínimo: a) El veinte por ciento. b) El treinta por ciento. c) El cuarenta por ciento. d) El cincuenta por ciento.

31- Por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres se contempla, específicamente, el deber de negociar planes de igualdad en las empresas de: a. 20 o más trabajadores. b. 30 o más trabajadores. c. 40 o más trabajadores. d. 50 o más trabajadores.

32- ¿En qué Título de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres se recoge el principio de igualdad en el empleo público?. a. En el Título IV. b. En el Título VI. c. En el Título V. d. En el Título VII.

33- Según dispone el artículo 15 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará la actuación de todos los Poderes Públicos con carácter: a. Primordial. b. Ejemplar. c. Transversal y ejemplar. d. Transversal.

34- Según la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en la composición equilibrada, las personas de cada sexo no pueden superar: a. El 70%. b. El 50%. c. El 30%. d. El 60%.

26. A los efectos de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, se entiende por violencia de género aquella que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por el hecho de serlo, concretamente se considera violencia de género: a) La violencia física, psicológica y sexual. b) No existe violencia económica. c) La violencia física, psicológica, económica y sexual.

58. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece que gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo: a) toda persona, física o jurídica. b) las mujeres y los hombres. c) todas las personas.

11. Según el artículo 3.3.b) de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, los actos de violencia de género podrán responder a la tipología de violencia psicológica, que incluye: a) Conductas verbales o no verbales, que produzcan en la mujer desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, control, insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad, así como las ejercidas en su entorno familiar, laboral o personal como forma de agresión a la mujer. b) Cualquier acto, incluso accidental, que implique el uso de la palabra del hombre contra la mujer. c) Cualquier acto de naturaleza verbal no consentida por la mujer abarcando la imposición del mismo mediante la intimidación.

15. El artículo 27 de la Ley 13/2007 de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, dispone que las Administraciones públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, deberán garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a: a) La atención social especializada, la acogida en centros de la Administración Local y la asistencia sanitaria y psicológica integral. b) La atención social integral, la acogida en centros especializados dependientes de la Junta de Andalucía, la asistencia sanitaria y psicológica especializada y la asistencia jurídica especializada. c) La atención integral, la acogida en centros de la Junta de Andalucía, y la asistencia técnica especializada ofrecida por el Ministerio de Justicia.

41. Conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía: a) Las Administraciones públicas de Andalucía garantizarán un uso no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario en los contenidos e imágenes que utilicen en el desarrollo de sus políticas, en todos los documentos, titulaciones académicas y soportes que produzcan directamente o bien a través de personas o entidades. b) Las Administraciones públicas de Andalucía impulsarán el uso no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario en los contenidos que utilicen en el desarrollo de sus políticas, en todos los documentos y soportes que produzcan directamente. c) Las Administraciones públicas de Andalucía promoverán el uso no sexista en los contenidos que utilicen en el desarrollo de sus políticas, en todos los documentos y soportes que produzcan a través de personas o entidades.

42. Según el artículo 30 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, la acreditación de la violencia de género se realizará, entre otros, a través de los siguientes medios: a) Certificación o informe de los servicios de atención a víctimas de la Administración Pública competente. Resoluciones judiciales por violencia de género: documento acreditativo de la orden de protección, medidas cautelares o sentencia condenatoria por violencia de género. b) Informe de los delegados de Prevención de Riesgos laborales en los casos de acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral. c) Las respuestas a) y b) son incorrectas.

50. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, la Comisión de Impacto de género en los Presupuestos emitirá sobre el anteproyecto de Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de cada ejercicio: a) El informe sobre el impacto en las mujeres de la Comunidad de Andalucía de medidas contempladas en dicho anteproyecto. b) El informe sobre el cumplimiento de la perspectiva de género de los estados de ingresos y gastos de las diversas Consejerías. c) El informe de evaluación de impacto de género.

52. Conforme a lo dispuesto en el artículo 1bis de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, se considerarán víctimas de violencia de género: a) La mujer que, por el hecho de serlo, según su edad, orientación o identidad sexual, origen, etnia, religión, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, sufra un daño o perjuicio sobre su persona. A estos efectos, el término "mujer" no incluye a las menores de edad que puedan sufrir violencia de género. b) Las personas menores de edad, las personas mayores, las personas con discapacidad o en situación de dependencia, que estén sujetas a la tutela o guarda y custodia de la mujer víctima de violencia de género y que convivan en el entorno violento. c) Las madres que sufran la violencia económica a la que están sometidas sus hijas e hijos.

12. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que en otra situación equiparable se entiende como. A. Discriminación directa. b. Discriminación indirecta. c. Acoso sexual. d. Ninguna es correcta.

13. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, constituye acoso sexual: a. Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. b. Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. c. Cualquier comportamiento de naturaleza sexual que pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro. d. Ninguna es correcta.

14. La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, atribuye a la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos competencia para. a. Fiscalizar el cumplimiento de la perspectiva de género en el informe sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma. b. La elaboración del informe de evaluación de impacto de género sobre el anteproyecto de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio. c. La elaboración del anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma como elemento activo en la consecución de forma efectiva del objetivo de igualdad entre hombres y mujeres. d. Todas son correctas.

32. El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres viene recogido en su artículo: a. Art. 17. b. Art. 43. c. Art. 26.

27. Según el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres: a) Es un objetivo fundamental del procedimiento administrativo. b) Es una fuente formal del Derecho. c) Es un principio informador del ordenamiento jurídico. d) Es un deber de las Administraciones Públicas.

43.- ¿Qué se entiende por "igualdad de trato" en el ámbito laboral?. a) Mismo salario para todos. b) Igual número de hombres y mujeres. c) Ausencia de discriminación por razón de sexo. d) Acceso igualitario a formación.

44. ¿Qué se considera discriminación directa en el trabajo?. a) Trato desfavorable por razón de sexo. b) Trato diferente por razones objetivas. c) Asignación de tareas por nivel de formación. d) Diferencias salariales por antigüedad.

38. De conformidad con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los actos y cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se consideraran: a. Nulos y sin efecto. b. Anulables, pero con efecto. c. Inválidos y sin efecto. d. Irregulares, pero con efecto.

40. Según el artículo 6, de conformidad con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿qué se entiende por discriminación directa por razón de sexo?. a. La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro. b. La situación en la que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. c. Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona. d. Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

41. Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, se define como: a. Agresión sexual. b. Acoso sexual. c. Violencia sexual. d. Abuso sexual.

4. Según la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, por la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿qué se entiende por "composición equilibrada"?: a. La presencia de mujeres y hombres en una proporción del cincuenta por ciento cada uno. b. Que las personas de cada sexo no superen el setenta por ciento ni sean menos del treinta por ciento. c. La presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento. d. Que la representación de un sexo sea, al menos, del veinticinco por ciento.

5. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, por la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿Qué concepto describe la integración activa y sistemática del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en la adopción y ejecución de disposiciones normativas y políticas públicas por parte de todos los Poderes Públicos?. a. Acción positiva. b. Coordinación interministerial. c. Transversalidad del principio de igualdad. d. Coeducación.

42. Según la Ley 3/2007, de 22 de marzo, con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y hombres, las corporaciones locales podrán establecer. a) Planes estratégicos de igualdad de oportunidades. b) Planes Municipales de organización del tiempo de la ciudad. c) Todas son correctas. d) Planes Locales de cooperación para la igualdad y oportunidades.

43. De acuerdo con el tenor literal del artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombre, es un criterio general de actuación de los poderes públicos: a) La colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas, con el objetivo de segregar y evitar aquellas situaciones en la aplicación del principio de igualdad de trato, no discriminación e igualdad de oportunidades. b) La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de implementar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así como potenciar el crecimiento del empresariado femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto de políticas y el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico. c) La colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas, con el objetivo de segregar y evitar aquellas situaciones en la aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades. d) Ninguna es correcta.

44. La Ley orgánica 1/2004 establece para las mujeres víctimas de violencia de género la atención multidisciplinar en la que no estará especialmente incluida: a) Apoyo a la formación e inserción laboral. b) Todas son correctas. c) Apoyo económico. d) Apoyo educativo a la unidad familiar.

45. En la Ley orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 1/2004, en concreto en su artículo 19, estable los principios básicos de los servicios de asistencia social a las mujeres víctimas de violencia de género, entre las que se encuentra: a) Todas son correctas. b) Atención urgente. c) Unidisciplinariedad profesional. d) Especialización de prestaciones.

46. En la Ley Orgánica 1/2004, en concreto en su artículo 27.3 establece que en la tramitación de las ayudas sociales a las que tienen derecho las mujeres víctimas violencia de género deberá incorporarse informe de: a) El Ministerio Fiscal. b) Ninguna es correcta. c) Asuntos Sociales. d) La respuesta a y c son correctas.

47. De acuerdo con artículo 15.4 de la Ley Orgánica 1/2004, las Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, en el ámbito sanitario, los planes Nacionales de Salud contemplarán un apartado de: a) Ninguna es correcta. b) Previsión e intervención integral en violencia de género. c) Intervención y previsión integral en violencia de género. d) La respuesta b y c son correctas.

48. La Ley orgánica 1/2004, en su artículo 19.2, establece que en la atención multidisciplinar para la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, quedará especialmente incluido: a) Apoyo facultativo a la unidad familiar. b) Atención primaria. c) Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer. d) Todas son correctas.

49. Según lo establecido en la Ley 13/2007, se considerarán víctimas de violencia de género y tendrán reconocidos los derechos de esta norma con necesidad de interposición de denuncia, tanto si se trata de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual o violencia económica: a) La mujer que, por el hecho de serlo, independientemente de su edad, orientación o identidad sexual, origen, etnia, religión, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, sufra un daño o perjuicio sobre su persona. A estos efectos, el término “mujer” incluye a las menores de edad que puedan sufrir violencia de género. b) Las hijas que tengan reconocido el sufragio pasivo. c) Solo las personas mayores, las personas con discapacidad o en situación de dependencia, que estén sujetas a la tutela o guarda y custodia de la mujer víctima de violencia de género y que convivan en el entorno violento. d) Ninguna es correcta.

51. Según la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía será un elemento activo en la consecución de forma efectiva del objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres; a tal fin, la Consejería competente en materia de presupuestos: a) En coordinación con el conjunto de las Consejerías, con participación del Observatorio Andaluz de Igualdad de Género, emitirá el informe de evaluación de impacto de género sobre el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de cada ejercicio. b) En coordinación con el conjunto de las Consejerías, con participación del Instituto Andaluz de la Mujer, emitirá el informe de evaluación de impacto de género sobre el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de cada ejercicio. c) En coordinación con el conjunto de las Consejerías, con participación del Centro Municipal de Información a la Mujer, emitirá el informe de evaluación de impacto de género sobre el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de cada ejercicio. d) Ninguna es correcta.

52. Entre los criterios generales de actuación de los Poderes Públicos, regulados en el artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, no se encuentra: a) El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres. b) La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así como potenciar el crecimiento del empresariado femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto de políticas y el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico. c) La implantación de un lenguaje sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. d) Todas las respuestas son correctas.

53. Según lo establecido en el artículo 9 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía: a) Las Administraciones públicas de Andalucía garantizarán un uso no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario en los contenidos e imágenes que utilicen en el desarrollo de sus políticas, en todos los documentos, titulaciones académicas y soportes que produzcan indirectamente o bien a través de personas o entidades. Todas las publicaciones y emisiones en las que la Junta de Andalucía participe garantizarán un tratamiento inclusivo y no discriminatorio de las mujeres. b) Las Administraciones públicas de Andalucía garantizarán un uso no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario en los contenidos e imágenes que utilicen en el desarrollo de sus políticas, en todos los documentos, titulaciones académicas y soportes que produzcan directamente o bien a través de personas o entidades. Todas las publicaciones y emisiones en las que la Junta de Andalucía participe garantizarán un tratamiento inclusivo y no discriminatorio de las mujeres. c) Las Administraciones públicas de Andalucía garantizarán un uso no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario en los contenidos e imágenes que utilicen en el desarrollo de sus políticas, en todos los documentos, titulaciones académicas y soportes que produzcan indirectamente o bien a través de personas o entidades. Todas las publicaciones y emisiones en las que la Junta de Andalucía participe reconocerán un tratamiento inclusivo y no discriminatorio de las mujeres. d) Ninguna de las respuestas es correcta.

54. Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: a) Constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o psíquico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. b) Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. c) Las respuestas a y b son correctas. d) El artículo 7 no regula tal definición.

19. Según el artículo 7 la Ley 12/2007, de 26 noviembre, para la Promoción de la Igualdad de género en Andalucía, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, con la participación de las entidades locales, formulará y aprobará un Plan Estratégico para la Igualdad de mujeres y Hombres en Andalucía con una periodicidad que: a. No será inferior a 5 años. b. No será inferior a 4 años. c. No será inferior a 3 años. d. No será inferior a 6 años.

20. Conforme a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Consejo de Participación de la Mujer, se crea: a. Como órgano colegiado de información y asesoramiento. b. Como órgano colegiado de consulta y asesoramiento:. c. Como órgano colegiado de consulta e información. d. Como órgano colegiado de consulta y registro.

21. Conforme a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Gobierno aprobará, un Plan para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella: a. Con carácter anual. b. Cada 2 años. c. Al inicio de cada legislatura. d. Cada 4 años.

57. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en los procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad a: a) La persona demandante. b) La persona demandada. c) Al órgano judicial. d) Al Ministerio Fiscal.

7. A tenor del art. 22 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y hombres, las corporaciones locales podrán: a) Promover políticas de conciliación de la vida personal y familiar. b) Establecer Planes Municipales de organización del tiempo de la ciudad. c) Establecer un plan de igualdad en el Municipio. d) Todas son correctas.

8. Según la exposición de motivos de la ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, se cita un artículo de la Constitución Española de 1978 que reconoce el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo ¿Cuál es?. a) El art. 16. b) El art. 18. c) El art. 14. d) Ninguna de las anteriores.

9. El art. 6 de la Ley 3/2007 de 22 de marzo nos habla de un tipo de discriminación, señale cual es. a) Discriminación por razón de embarazo. b) Discriminación directa e indirecta. c) Discriminación por razón de acceso al empleo. d) Ninguna de las anteriores.

48. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de Género en Andalucía se entiende por discriminación directa por razón de sexo: a) La situación en que se encuentra una mujer que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que un hombre en situación equiparable. b) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación equiparable. c) La situación en que se encuentra un hombre que sea, haya sido o pudiera ser tratado, en atención a su sexo, de manera menos favorable que una mujer en situación equiparable. d) Ninguna de las anteriores es correcta.

49. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de Género en Andalucía se entiende por transversalidad: a) El instrumento para integrar la perspectiva de género en el ejercicio de las competencias de las distintas políticas y acciones públicas, desde la consideración sistemática de la igualdad de género. b) El instrumento para integrar la perspectiva de igualdad en el ejercicio de las competencias de las distintas políticas y acciones públicas, desde la consideración sistemática de la igualdad de oportunidades. c) La situación de discriminación múltiple en que una persona padece formas agravadas y específicas de discriminación por razón de clase, etnia, religión, orientación o identidad sexual, o discapacidad. d) La situación de discriminación múltiple en que una mujer padece formas agravadas y específicas de discriminación por razón de clase, etnia, religión, orientación o identidad sexual, o discapacidad.

50. ¿Con qué periodicidad se formulará y aprobará por parte del Consejo de Gobierno de la Junta Andalucía el Plan estratégico para la igualdad de los hombres y mujeres?. a) Con una periodicidad que no será inferior a cuatro años. b) Con una periodicidad que no será inferior a tres años. c) Con una periodicidad que no será inferior a dos años. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

37. A los fines de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, no serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos: a) La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. b) El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, evitando la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia. c) El fomento de la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre particulares. d) El fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas Administraciones públicas y los agentes sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades privadas.

38. De acuerdo con el artículo 16 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: a) Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos sin responsabilidad que les correspondan. b) Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que no les correspondan. c) Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres salvo en los nombramientos y designaciones de los cargos sin responsabilidad que les correspondan. d) Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan.

39. De acuerdo con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se entiende por representación equilibrada aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a que se refiera cada sexo: a) Ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento. b) Ni supere el setenta por ciento ni sea menos del treinta por ciento. c) Supere el cincuenta por ciento y no sea más del setenta por ciento. d) No varíe del cincuenta por ciento en ningún caso.

24.- La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados se denomina. a) Discriminación directa por razón de sexo. b) Discriminación por razón de sexo. c) Discriminación indirecta por razón de sexo. d) Discriminación conexa por razón de sexo.

25.- El principio de igualdad de trato y oportunidad entre mujeres y hombres informará la actuación de todos los poderes públicos con carácter: a) Exclusivo. b) Preferente. c) Universal. d) Transversal.

27.- El ámbito de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género abarca: a) Aspectos preventivos en relación a la violencia de género. b) Aspecto educativos en relación a la violencia de género. c) Aspectos sociales en relación a la violencia de género. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

27. Según el artículo 10 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. ¿Qué publicidad se considera ilícita?. A) No está regulado esta materia en esta Ley. B) La publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter sexista. C) La publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio.

32. Conforme a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad electiva de mujeres y hombres, la situación en que una disposición, criterio o practica aparentemente neutros pone a las personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, se considera: a. Acoso sexual. b. Acoso por razón de sexo. c. Discriminación directa por razón de sexo. d. Discriminación indirecta por razón de sexo.

33. De acuerdo con el Art. 3 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, el acoso referido a comportamientos que tengan como causa o están vinculados con su condición de mujer y tengan como propósito o produzcan el efecto de atentar contra la dignidad de las mujeres y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, cualquiera que sea el ámbito en el que se produzca, incluido el laboral, es: a. Acoso por razón de sexo. b. Acoso sexual. c. Discriminación directa por razón de sexo. d. Discriminación indirecta por razón de sexo.

34. Conforme a la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y demás entidades instrumentales elaborarán planes de igualdad en el empleo: a. Cada cinco años. b. Cada cuatro años. c. Cada tres años. d. Ninguna es correcta.

17.- En relación con la violencia psicológica no es cierto que: a) Incluye toda conducta verbal o no verbal, que produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones. b) Incluye exigencia de obediencia o sumisión. c) Incluye insultos. d) Incluye cualquier acto violento en el ámbito familiar y no en el laboral.

21. La protección integral de los hijos y su igualdad ante la Ley con independencia de su filiación, se contempla en la Constitución como: a) Uno de los principios rectores de la política social y económica. b) Uno de los derechos y deberes de los ciudadanos de la Sección 2ª del Capítulo 2º del Título I. c) Uno de los derechos fundamentales de la Sección 1ª del Capítulo 2º del Título I. d) Uno de los derechos que no se contempla expresamente en la Constitución.

46. Según recoge la Ley de promoción de igualdad de género en Andalucía, se entiende por representación equilibrada: a) Cuando hay presencia de mujeres y hombres al 50%. b) Cuando hay presencia de mujeres y hombres entre 45% y 55%. c) Cuando hay presencia de mujeres y hombres entre 40% y 60%. d) Cuando hay presencia de mujeres y hombres entre 35% y 65%.

57. De Acuerdo con el artículo 53 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, las candidaturas para las elecciones al Parlamento de Andalucía garantizarán: a) La presencia equilibrada de mujeres y hombres. b) El trato igualitario a las mujeres. c) La paridad de mujeres y hombres. d) La presencia de mujeres al menos de un 30%.

35. En el proceso de tramitación de todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Gobierno deberá emitirse un informe de evaluación del impacto de género del contenido de los mismos. La emisión de dicho informe, salvo en el caso del anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, corresponde: A) al centro directivo competente para la iniciación del procedimiento de elaboración de la disposición de que se trate. B) a la correspondiente Unidad de igualdad de Género. C) a la Consejería competente en materia de igualdad. D) al Instituto Andaluz de la Mujer.

36. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, el órgano colegiado, de composición interdepartamental, con participación administrativa y social y funciones asesoras y de evaluación de las políticas y medidas incluidas en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, procediendo a su análisis y difusión es: A) la Comisión Institucional de Andalucía de coordinación y seguimiento de acciones para la erradicación de la violencia de género. B) el Observatorio Andaluz de la Igualdad de Género. C) la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres. D) el Observatorio Andaluz de la Violencia de Género.

37. El Consejo de Gobierno aprobará un Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género en Andalucía, coordinado por la Consejería competente en materia de violencia de género y con la participación de las Consejerías que resulten implicadas. ¿Cada cuántos años se aprobará este Plan?. A) Cuatro años. B) Seis años. C) Dos años. D) Cinco años.

38. Según el art. 12 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 marzo, para la igualdad defectiva de mujeres y hombres, establece que podrá recabar la tutela judicial del derecho a la igualdad entre hombres y mujeres ante los tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad: A) cualquier persona. B) la mujer en situación de desigualdad. C) las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, determinadas en las leyes reguladoras de estos procesos. D) la fiscalía de violencia de género.

39. Las Unidades de Igualdad de Género de la Junta de Andalucía se encuentran en: A) en cada uno de los ocho Centros Provinciales de la Mujer. B) en cada una de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía. C) en cada una de las Consejerías de la Junta de Andalucía. D) en cada una de las Delegaciones Provinciales o Territoriales con competencia en materia de igualdad de género.

35. ¿Qué rango tiene la vigente ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres publicada en el BOE en 2007?. A) Ley ordinaria. B) Ley orgánica. C) Ley de bases. D) Real Decreto-Ley.

36. La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación equiparable; ¿a qué concepto de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, corresponde esta definición?. A) Acto de discriminación por razón de sexo. B) Acoso por razón de sexo. C) Discriminación directa por razón de sexo. D) Discriminación indirecta por razón de sexo.

37. La Administración de la Junta de Andalucía, con la finalidad de conocer la situación real sobre la violencia de género: A) Fomentará la realización de estudios e investigaciones que permitan conocer la realidad de la misma. B) Impulsará y mantendrá un sistema de indicadores que permita obtener y prestar datos estadísticos detallados desagregados, sobre todas las formas de violencia incluidas en la Ley de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. C) Evaluará el resultado e impacto de las políticas que se desarrollen para la erradicación de la violencia de género y de las acciones que se implementen para garantizar la atención integral a las víctimas que la hayan padecido. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

38. La Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y demás entidades instrumentales elaborarán, periódicamente, planes de igualdad en el empleo que serán evaluados y establecerán medidas correctoras, en su caso, cada: A) Dos años. B) Tres años. C) Cuatro años. D) Cinco años.

39. ¿Cómo se denomina el órgano colegiado para el seguimiento de las acciones y actuaciones de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de igualdad de género, que será presidida por la persona titular de la Consejería competente en materia de igualdad?. A) Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres. B) Unidad de Igualdad de Género de la Junta de Andalucía. C) Observatorio Andaluz de la Igualdad de Género. D) Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres.

69. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres dispone en su artículo 8 que todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad constituye: A) Discriminación directa por razón de sexo. B) Discriminación indirecta por razón de sexo. C) Acoso sexual. D) Acoso por razón de sexo.

70. Según el artículo 30.2 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer: A) Se constituirá como órgano colegiado adscrito al Ministerio de Justicia. B) Remitirá al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, con periodicidad anual, un informe sobre la evolución de la violencia ejercida sobre la mujer. C) Seguirá las directrices del Código de conducta mundial para recabar y usar la información sobre la violencia sexual sistemática relacionada con los conflictos (Código Murad). D) Definirá los indicadores necesarios para el análisis de la violencia de género teniendo en cuenta la información estadística y cartográfica generada por el Instituto Nacional de Estadística.

71. De acuerdo con el artículo 9.1 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, ¿quiénes garantizarán un uso no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario en los contenidos e imágenes que utilicen en el desarrollo de sus políticas?: A) Los colegios profesionales y las corporaciones de derecho público. B) Las Delegaciones del Gobierno del Estado en Andalucía. C) Las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. D) Las Administraciones públicas de Andalucía.

72. Conforme al artículo 3.5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, el instrumento para integrar la perspectiva de género en el ejercicio de las competencias de las distintas políticas y acciones públicas es la: A) Coeducación. B) Transversalidad. C) Evaluación del impacto de género. D) Representación equilibrada de mujeres y hombres.

17. Los tipos de violencia recogidos en la Ley de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género son: a) La violencia física, psicológica, sexual y laboral. b) La violencia física, psicológica, ambiental y sexual. c) La violencia física, sexual, psicológica, instrumental. d) La violencia física, sexual, psicológica y económica.

43. De Acuerdo con el artículo 8 de la Ley de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, el Consejo de Gobierno aprobará un Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género en Andalucía cada: a) 3 años. b) 4 años. c) 5 años. d) 6 años.

21. A los efectos de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, se entiende por violencia de género aquella que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por el hecho de serlo, concretamente se considera violencia de género: a) La violencia física, psicológica y sexual. b) La violencia física, psicológica, económica y sexual. c) No existe la violencia económica.

61. - Según el artículo 3 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, se considera "violencia de género": a) Aquella que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por el hecho de serlo. b) La violencia de género es aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones de afectividad. c) Todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.

75. Según la Ley Orgánica 3/2007, ¿qué tipo de discriminación por razón de sexo constituye todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad?: a) Discriminación indirecta. b) Discriminación directa. c) No hay discriminación.

17. La Disposición Adicional Primera de la LO 3/2007, determina que se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto al que se refiera, las personas de cada sexo: a. No superen el 55% ni sean menos del 45%. b. No superen el 60% ni sean menos del 45%. c. No superen el 60% ni sean menos del 40%.

18. Las Políticas públicas para la igualdad, en que Titulo de la LO 3/2007 están recogidas: a. Título I. b. Título II. c. Título III.

19. ¿Qué artículos de la Constitución Española desarrolla la LO 3/2007?. a. Los artículos 9 y 14. b. Los Artículos 9.1 y 14. c. Los artículos 9.2 y 14.

20. ¿Qué es discriminación directa según el artículo 6 de la LO 3/2007?. a. Se considera discriminación directa por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. b. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. c. Se considera discriminación directa por razón de sexo cualquier situación en que se encuentre una persona por su estado de embarazo o maternidad.

30. Según del Art. 7.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, constituye acoso por razón de sexo: a) Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. b) Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. c) Cualquier comportamiento realizado contra una mujer, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

51.- ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias por razón de sexo de los actos administrativos, a tenor de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres?: a) Serán anulables, solo cuando supongan una discriminación directa. b) Se considerarán nulos. c) Se considerarán anulables.

59. Según el artículo 22 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía: a. La Administración de la Junta de Andalucía, promoverá las medidas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades. b. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá las medidas de acción destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades. c. La Administración de la Junta de Andalucía observará las medidas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades. d. La Administración de la Junta de Andalucía desarrollará las medidas de acción positiva destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades.

60. La funcionaria víctima de violencia de género tendrá, en los términos que se determinen en su legislación específica, derecho a: a. La reducción y a la reordenación de su tiempo de trabajo. b. La reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo. c. La reordenación y a la reducción de su tiempo de trabajo hasta un 33%. d. La reordenación o a la reducción de su tiempo de trabajo hasta un 33%.

7. Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta Ley constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, se define como: a) Acoso sexual. b) Agresión sexual. c) Violencia sexual. d) Intimidación sexual.

55. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación (art. 2): a) A las personas físicas, pero no jurídicas, que se encuentren o actúen en el territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. b) A toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. c) A toda persona, física o jurídica, con domicilio o residencia en España, cualquiera que fuese su nacionalidad. d) A las personas físicas, pero no jurídicas, que tengan domicilio o residencia en España, cualquiera que fuese su nacionalidad.

56. Señale la respuesta correcta, según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: a) El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación directa por razón de sexo, y especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. b) Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. c) Constituye discriminación indirecta por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. d) De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a las persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. Esto no será de aplicación a los procesos penales.

57. Según el artículo 10 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán: Nulos y sin efecto. Anulables. Constitutivos de delito o falta. Revisables.

45. - La redacción, coordinación, supervisión y seguimiento de las medidas acordadas en el II Plan Municipal de Igualdad serán objeto de: A.- La Comisión Interdepartamental de Igualdad. B.- La Comisión Permanente de Igualdad. C.- El Departamento de Coordinación Institucional en materia de Igualdad. D.- La Comisión Negociadora del Plan de Igualdad.

2. ¿Qué Título de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, trata sobre el principio de igualdad en el empleo público?. a) Título II. b) Título IV. c) Título V. d) Título VI.

3. Según su artículo 1, la LO 3/2007 tiene por objeto hacer efectivo el derecho de: a) Conciliación de la vida laboral y familiar de mujeres y hombres. b) Igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. c) Participación en los asuntos públicos en igualdad de condiciones. d) No discriminación por razón de sexo.

48.- Según su artículo 1, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, tiene por objeto hacer efectivo el derecho de: a) Conciliación de la vida laboral y familiar de mujeres y hombres. b) Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. c) Participación en los asuntos públicos en igualdad de condiciones. d) No discriminación por razón de sexo.

49.- El art. 69.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, dispone que serán admisibles las diferencias de trato en el acceso a bienes y servicios cuando estén justificadas por un propósito legítimo y los medios para lograrlo son: a) Pactados y formalizados por escrito. b) Adecuados y necesarios. c) Temporales y transparentes. d) Imprescindibles e inevitables.

14. Señale la respuesta correcta: Las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tiene como ámbito de aplicación: Solamente a las Administraciones públicas. Solamente a las Administraciones públicas y a los sujetos privados con residencia en España. Solamente a las Administraciones públicas y a los sujetos privados con nacionalidad española. Solamente a la persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en el territorio español.

15. Señale la respuesta correcta: La discriminación por embarazo, de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, constituye: Una discriminación directa por razón de género. Una discriminación indirecta por razón de género. Una discriminación directa por razón de sexo. Una discriminación indirecta por razón de sexo.

8.- Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, señale a qué concepto corresponde la siguiente definición “se considera por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados”. a) Acoso por razón de sexo. b) Discriminación directa. c) Discriminación indirecta. d) Conducta discriminatoria.

45. De qué fecha es la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres?. a) 8 de Marzo de 2007. b) 18 de Febrero de 2007. c) 22 de Marzo de 2007.

4. A nivel estatal la normativa reguladora de las Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género es: a) La Ley Orgánica 1/2004, de 15 de diciembre. b) El Real Decreto Legislativo 1/2004, de 15 de diciembre. c) Real Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre. d) La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.

10. Según la Ley 3/2007, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, se considera discriminación directa por razón de sexo. a) La situación en que una práctica aparentemente neutra pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro. b) La situación en que una práctica aparentemente neutra pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del mismo o del sexo contrario. c) Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. d) La situación en que se encuentra una persona que haya sido o pudiera ser tratada en atención a su sexo de manera más favorable que otra en situación comparable.

31. La Ley 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, dispone en su artículo 1.2 que por esta Ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia: a) A los hombres y mujeres víctimas de violencia de género. b) A las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de violencia de género. c) Sólo a las mujeres víctimas de violencia de género. d) A los hombres y mujeres, así como a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de violencia de género.

47. La integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres en la política de educación según la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres: A) Sólo se refiere a infantil y primaria. B) Se refiere a todas las etapas educativas, en relación al alumnado y al profesorado. C) No afecta al currículo escolar. D) La Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres no regula las políticas públicas en materia de educación y género.

48. La discriminación por razón de sexo puede ser según la Ley 3/2007 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres: Directa. Indirecta. Directa o indirecta. Directa, indirecta o circunstancial.

58. En materia de igualdad, según la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, respecto de las políticas de salud, se establecerán las medidas que garanticen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, la integridad física y psíquica: a. De la población, impidiendo la realización de prácticas médicas o quirúrgicas que atenten contra dicha integridad a excepción de manifestación expresa en sentido positivo o aleguen motivos de religión. b. De las mujeres y niñas, impidiendo la realización de prácticas médicas o quirúrgicas que atenten contra dicha integridad. c. De la población, especialmente de los menores de edad, impidiendo la realización de prácticas médicas o quirúrgicas que atente contra dicha integridad. d. De la población, especialmente de los más vulnerables impidiendo la realización de prácticas médicas o quirúrgicas que atente contra dicha integridad a excepción de manifestación expresa en sentido positivo o aleguen motivos de religión.

89. Conforme al artículo 4 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, serán principios rectores de actuación de los poderes públicos: a) La publicidad no sexista. b) Las medidas concretas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. c) Las garantías de igualdad de retribuciones por trabajo de igual valor. d) Ninguna respuesta es correcta.

90. Según el artículo 15 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, la Administración educativa, a través de programas de sensibilización con un enfoque de género, abordará los contenidos relacionados con: a) EI respeto a los derechos reconocidos del personal docente. b) Las enfermedades de transmisión sexual. c) La participación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos directivos. d) La presencia equilibrada de mujeres y hombres en el ámbito de la investigación, la ciencia y la tecnología.

91. Según el artículo 3 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, el instrumento para integrar la perspectiva de género en el ejercicio de las competencias de las distintas políticas y acciones públicas, desde la consideración sistemática de la igualdad de género, se entiende por: a) Integración lineal. b) Integración vertical. c) Transversalidad. d) Integración horizontal.

92. Según el artículo 3 de la Ley 12/2007, de 26 noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se entiende por representación equilibrada aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a que se refiera, cada sexo: a) Ni supere el cincuenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento. b) Ni supere el cincuenta por ciento ni sea menos del cincuenta por ciento. c) Ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cincuenta por ciento. d) Ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento.

93. Según el artículo 59 de la Ley 12/2007, de 26 noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, en la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres estarán representadas: a) Todas las Consejerías de la Junta de Andalucía. b) La Consejería competente en materia de igualdad y la Consejería de Justicia y Administración Pública. c) La Consejería de Igualdad y Bienestar Social, la Consejería de Presidencia y la Consejería de Educación. d) La Consejería de Igualdad y Bienestar Social, la Consejería de Presidencia, la Consejería de Educación y la Consejería Justicia y Administración Pública.

94. Según el artículo 40 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, la Administración de la Junta de Andalucía establecerá un permiso de paternidad, de hasta cinco semanas, individual y no transferible a favor de todo su personal en los casos de nacimiento de hija o hijo, adopción o acogimiento permanente de menores de: a) Hasta 6 años. b) Hasta 5 años. c) Hasta 2 años. d) Hasta 1 año.

95. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 12/2007, de 26 noviembre, el Plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres se aprobará: a) Cada dos años. b) Cada tres años. c) Cada cuatro años. d) Cada cinco años.

96. A quién corresponde, según el artículo 23 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, garantizar que en la elaboración de los Planes de Actuación de la Inspección de Trabajo se recoja como objetivo prioritario la actuación contra la discriminación laboral directa e indirecta: Al Servicio Andaluz de Empleo. A la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. A la Junta de Andalucía, en el marco de la legislación del Estado y del Estatuto de Autonomía para Andalucía. A la Consejería de la Presidencia junto con eI Instituto Andaluz de la Mujer.

97. De conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, se crean en todas las Consejerías de la Junta de Andalucía para impulsar, coordinar e implementar la perspectiva de género en la planificación, gestión y evaluación en sus respectivas políticas: a) Comités de Igualdad de Género. b) Observatorios de Igualdad de Género. c) Unidades de Igualdad de Género. d) Gabinetes de Igualdad de Género.

98. ¿Cuál de los siguientes derechos deberá garantizar las Administraciones Públicas de Andalucía a las mujeres víctimas de la violencia de género, según el artículo 27 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre?. a) EI de separación legal de su cónyuge. b) La asistencia sanitaria y psicológica especializada. c) La escolta policial en supuestos de amenazas. d) La protección de sus hijos.

99. Según eI artículo 37 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, la Consejería que ostente las competencias en materia de Administración de Justicia organizará, las unidades de valoración integral de la violencia de género a través de: a) EI Instituto Andaluz de la Mujer. b) EI Instituto Andaluz de la Administración Pública. c) EI Instituto de Medicina Legal. d) La Consejería de Bienestar Social.

100. De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, las candidaturas para las elecciones al Parlamento de Andalucía garantizarán: a) La presencia de mujeres al menos de un 30%. b) La presencia equilibrada de mujeres y hombres. c) EI trato igualitario a las mujeres. d) La paridad de mujeres y hombres.

24. De acuerdo con lo establecido en la Ley 12/2007 para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, la Administración educativa de Andalucía organizará periódicamente actividades formativas dirigidas a los servicios de inspección educativa, sobre educación para la igualdad entre mujeres y hombres, inspirada en los principios de: Pluralismo e igualdad de oportunidades. Pluralismo y transversalidad. Pluralismo y diversidad. Pluralismo y gestión pública.

26. Según la Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía y en relación a las estadísticas con perspectiva de género, los poderes públicos de Andalucía, para garantizar de modo efectivo la integración de la perspectiva de género en su ámbito de actuación, deberán: a) Incorporar personal especializado en estadística en todos sus procesos. b) Eliminar datos que no sean adecuados a la perspectiva de género, en sus estudios estadísticos. c) Incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que realicen. d) Valorar y ponderar el diseño de indicadores de género en sus planes y programas de actuación.

28. La Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, en relación a las políticas de empleo, establece que: a) Las Administraciones Públicas de Andalucía impulsarán la transversalidad de género en los casos en que desarrollen políticas dirigidas exclusivamente a mujeres. b) Los centros que imparten formación para el empleo deberán incorporar en sus programas acciones específicas para mujeres del ámbito rural. c) Las empresas de trabajo temporal no tienen obligación de considerar la igualdad en sus ofertas de empleo. d) EI Servicio Andaluz de Empleo no podrá tramitar ninguna oferta de empleo discriminatoria por razón de sexo.

30. De acuerdo con la Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía y en relación con la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta?: a) Los poderes públicos de Andalucía incorporarán la evaluación del impacto de género en el desarrollo de sus competencias, para garantizar la integración del principio de igualdad entre hombres y mujeres. b) EI Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía será un elemento activo en la consecución de forma efectiva del objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres. c) La Administración de la Junta de Andalucía garantizará un uso no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario en los contenidos e imágenes que utilicen para promocionar y difundir los resultados de sus políticas, salvo excepcionalmente cuando la naturaleza de los medios de comunicación no lo permitan. d) La Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos impulsará y fomentará la preparación de anteproyectos con perspectiva de género en las diversas Consejerías y la realización de auditorías de género en las Consejerías, empresas y organismos de la Junta de Andalucía.

17.-A los efectos de la ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, no se considera violencia de género según el artículo 3: Violencia física. Violencia en el ámbito familiar. Violencia económica. Violencia sexual y abusos sexuales.

24.-Conforme al artículo 3 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de promoción de la igualdad de género en Andalucía, la situación en que se produce un comportamiento relacionado con el sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, se entiende que es: Un acto discriminatorio por razón de sexo. Acoso sexual. Acoso por razón de sexo. Transversalidad.

64.-La discriminación indirecta se define en: La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. La Ley 11/2009, de 22 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Andalucía.

73. Según el artículo 8 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, ¿a quién corresponde el impulso y fomento de la preparación de anteproyectos con perspectiva de género en las diversas Consejerías y la realización de auditorías de género en las Consejerías, empresas y organismos de la Junta de Andalucía?. A la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos. Al Comité para la Igualdad de Género en Andalucía. A la Comisión interadministrativa para la igualdad de género en Andalucía. A la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan de Igualdad.

87-El Observatorio Andaluz de la Violencia de Género, creado mediante el Decreto 298/2010, de 25 de mayo: Está adscrita orgánicamente a la Consejería de Justicia e Interior y funcionalmente a la de Igualdad y Políticas Sociales. Es un órgano colegiado de composición interdepartamental con participación administrativa y social y funciones asesoras de investigación en materia de violencia de género en Andalucía. Funciona en Pleno, Grupos de Trabajo y Equipos de Familia. Redactará trimestralmente una memoria sobre las actividades realizadas, en la que se incluirán las recomendaciones que considere oportunas sobre las actuaciones a desarrollar en el futuro.

91.-Según el artículo 61 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de promoción de la igualdad de género en Andalucía, el Observatorio de la Igualdad de Género es: Un órgano asesor. Un órgano ejecutivo. Un órgano consultivo. Un órgano de control.

26. En el artículo 10 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, en relación a las estadísticas e investigaciones con perspectiva de género, se establece que los poderes públicos de Andalucía para garantizar de modo efectivo la integración de la perspectiva de género en su ámbito de actuación, deberán: A) Analizar los resultados desde la dimensión de género. B) Incluir la variable sexo en los estudios que realicen. C) Incorporar indicadores de género en las encuestas y recogida de datos que confeccionen. D) Cuantificar las diferencias en los valores, roles, aspiraciones y necesidades de hombres y mujeres.

44. Conforme establece eI artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad, se considera: A) Acoso sexual. B) Discriminación directa por razón de sexo. C) Discriminación por razón de género. D) Acoso por razón de sexo.

51. Conforme se establece en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, el reconocimiento de los derechos de movilidad geográfica del centro de trabajo debido a situaciones de violencia de género ejercidas sobre las funcionarias deberá acreditarse mediante: A) Denuncia formulada ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. B) Sentencia condenatoria por un delito de violencia de género. C) Parte de lesiones graves emitido por un funcionario competente y adscrito al Instituto de Medicina Legal. D) Parte médico de baja que acredite la incapacidad laboral por violencia sobre la mujer.

55. La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para promoción de la igualdad de género en Andalucía, regula en su artículo 32 los planes de igualdad en el empleo en la Administración Pública, que serán evaluados cada: A) 10 años. B) 5 años. C) 4 años. D) 2 años.

78. El artículo 3 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de promoción de la igualdad de género en Andalucía, define la transversalidad como el instrumento: A) Para la adopción de medidas específicas destinadas a eliminar las desigualdades de hecho por razón de sexo, en el ejercicio de las competencias de las distintas políticas públicas y acciones públicas, desde la consideración sistemática de la igualdad de género. B) Para integrar la perspectiva de género en el ejercicio de las competencias de las distintas políticas públicas y acciones públicas, desde la consideración sistemática de la igualdad de género. C) Para integrar la igualdad de género en el ejercicio de las competencias de las distintas administraciones y acciones públicas, desde la consideración sistemática de la perspectiva de género. D) De adopción de las medidas necesarias en la eliminación de la discriminación, en el ejercicio de las competencias de las distintas políticas públicas y acciones públicas, desde la consideración sistemática de la igualdad de género.

31. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, la violencia ejercida sobre los hijos e hijas, que incluye toda conducta ejercida por el agresor que sea utilizada como instrumento para dañar a la mujer, se considera: A) Violencia psicológica. B) Violencia en la pareja. C) Violencia vicaria. D) Violencia física.

58. Según la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, en su artículo 57, ¿a quién le corresponde promover la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de los hombres y de las mujeres en todos los medios de información y comunicación, conforme a los principios y valores de nuestro ordenamiento jurídico y las normas específicas que les sean de aplicación?. A) A los poderes públicos de Andalucía. B) Al Defensor del Pueblo Andaluz. C) A la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA). D) Al Consejo Audiovisual de Andalucía.

66. Las administraciones públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, deberán garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección integral contra la Violencia de Genero, el derecho a: A) Obtener asesoramiento a su situación personal. B) Recibir información sobre los servicios de atención existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía. C) La atención social integral. D) La privacidad de los datos personales de los que pudiera deducirse su localización.

75. EI artículo 10 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece que de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, se considerará ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter: A) Sexista. B) Discriminatorio. C) Público. D) Comercial.

12. Conforme al artículo 3 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, se entiende por discriminación indirecta por razón de sexo: A) La situación en que la aplicación de una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a las personas de un sexo en desventaja particular con respecto a las personas del otro, salvo que la aplicación de dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse subjetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. B) La situación en que la aplicación de una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a las personas de un sexo en desventaja particular con respecto a las personas del otro, salvo que la aplicación de dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. C) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación equiparable. D) Aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a que se refiera cada sexo ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento.

13. Conforme al artículo 3 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, NO se considera violencia de género: A) La violencia física y psicológica. B) La violencia física, sexual y económica. C) La violencia económica. D) La violencia transversal.

17. ¿Qué se entiende por transversalidad en materia de género conforme al artículo 3 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía?: A) EI instrumento para integrar la perspectiva de género en el ejercicio de las competencias de las distintas políticas y acciones públicas, desde la consideración sistemática de la igualdad de género. B) Una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan, no sólo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. C) La incorporación del enfoque de género en la producción normativa de las Administraciones Públicas. D) EI instrumento para integrar la perspectiva de género en el ejercicio de los poderes y acciones públicas, desde la consideración analítica de la igualdad de género.

18. Según refiere el artículo 6 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, la transversalidad en el procedimiento de elaboración normativa se traduce en la necesidad de elaborar: A) Un informe estadístico desagregado por sexo. B) Un informe anual de contribución de la norma al principio de igualdad entre hombres y mujeres. C) Un informe de evaluación del impacto de género con carácter previo a la aprobación de la norma. D) Un informe de evaluación del impacto de género con carácter posterior a la aprobación de la norma, con objeto de evaluar el impacto de la misma en la sociedad.

19. Conforme al artículo 8 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, ¿cuál es el órgano encargado de emitir el informe de evaluación de impacto de género en el anteproyecto de Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía en cada ejercicio?: A) La Unidad de género de la Consejería con competencias en materia de Hacienda. B) La Comisión de Impacto de género. C) La Comisión para el Enfoque de género. D) La Comisión de Igualdad.

La Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tiene por objeto conforme a su artículo 1: Hacer efectivo eI derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Promover las condiciones para la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran. EI pleno reconocimiento de la igualdad ante la ley. La igualdad y protección de las mujeres embarazadas.

EI artículo 1 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres tiene por objeto la eliminación de la discriminación de la mujer, en las esferas: Natural y artificial. Política y laboral. Política, religiosa, laboral, económica, social y cultural. Política, civil, laboral, económica, social cultural.

EI artículo 1 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres;. Establece principios de actuación de los Poderes Públicos, regula derechos y deberes sólo de las personas físicas. Prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público y privado, toda forma de discriminación por razón de sexo. Establece principios de actuación de los Poderes Públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas públicas. Prevé medidas destinadas a los sectores público y privado, para evitar toda forma de discriminación.

De acuerdo con lo establecido en el art. 29 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género: Se encuentra adscrita al Ministerio de Asuntos Sociales e Inmigración. Se encuentra adscrita al Ministerio de Igualdad o al departamento con competencias en la materia. Es una autoridad independiente. Es una autoridad independiente vinculada al Congreso de los Diputados.

1. A través de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo: 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 2013/23/UE y 2013/24/UE, de 26 de febrero de 2013. 2016/23/UE y 2016/24/UE, de 26 de febrero de 2016. 2015/23/UE y 2015/24/UE, de 26 de febrero de 2015.

2. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, entra en vigor: A los 4 meses de su publicación en el BOE, salvo las excepciones previstas en su disposición final 16. A los 9 meses de su publicación en el BOE, salvo las excepciones previstas en su disposición final 16. A los 6 meses de su publicación en el BOE, salvo las excepciones previstas en su disposición final 16. A los 8 meses de su publicación en el BOE, salvo las excepciones previstas en su disposición final 16.

3. La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de: Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. Publicidad, transparencia, eficacia y eficiencia en la contratación pública. No discriminación e igualdad de trato entre los licitadores y coordinación entre las Administraciones. Eficacia y eficiencia en la contratación.

4. Según el artículo 9 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señale cuál de los siguientes es un contrato excluido de su ámbito de aplicación: Contrato de arrendamiento de inmuebles. Contrato de suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos. Contrato de concesión de obras. Contrato de suministros.

5. Los plazos establecidos en la Ley 9/2017, se entienden referidos a: Días naturales, salvo que se indique expresamente que solo deben computarse los días hábiles. Días hábiles, en todo caso. Días hábiles, salvo que se indique expresamente que solo deben computarse los días naturales. Días naturales, en todo caso.

6. ¿Cuál de los siguientes tipos de contratos están excluidos del ámbito de la Ley 9/2017?. Contrato relativo a servicios de arbitraje y conciliación. Contrato concesión de obras. Contrato de servicios. Contrato de suministros.

7. Según el artículo 12 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no se califica como contrato del Sector Público: La prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general. Contrato de concesión de servicios. Contrato de concesión de obras. Contrato de servicios.

8. ¿Cuál de los siguientes contratos no está incluido en los tipos contractuales del artículo 12 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público?. Contrato de gestión de servicio público. Contrato de concesión de servicios. Contrato de obras. Contrato de concesión de obras.

9. A los efectos del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Publico, las fundaciones públicas tienen la consideración de: Poderes adjudicadores. Entes del sector público sin el carácter de poder adjudicador. Entes del sector público con carácter de Administración pública. Administraciones Públicas.

10. Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, el contrato en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas la gestión de un servicio público cuya prestación sea de su titularidad o competencia y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio, se denomina: Contrato de concesión de servicios. Contrato de gestión de servicios públicos. Contrato de servicios. Contrato de concesión de obra.

11. Según el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el contrato que tenga por objeto el arrendamiento de productos o bienes muebles: Se denomina contrato de suministro. Es un contrato mixto. Se denomina contrato de servicios. Está excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público.

12. ¿A qué tipo de contrato corresponde la siguiente definición? “Tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles". Contrato de obras. Contrato de concesión de servicios. Contrato de servicios. Contrato de suministros.

13. De acuerdo con la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, los contratos que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, a excepción de los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida tienen la consideración de: Contrato de suministros. Contrato de obra. Contrato de servicios. Contrato de gestión de servicios públicos.

14. No son contratos típicos regulados por la Ley de contratos del Sector Público: Los contratos de servicios. Los contratos de suministro. Los contratos de concesión de servicios. Los contratos de compraventa.

15. De acuerdo con la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, son contratos de obras aquellos que tienen por objeto: La realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I de la Ley. La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto. La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de obra. Todas las respuestas anteriores son correctas.

16. El artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que la adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida se considera, en todo caso: Contrato de servicios. Contrato de suministro. Contrato de consultoría y asistencia. Contrato de obra.

17. Según el artículo 25.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tendrán carácter privado, con carácter general, los siguientes contratos: Contratos de servicios. Contratos de obras que tengan por objeto actividades de ingeniería civil. Suscripción de revistas, publicaciones periódicas y bases de datos. Todas las respuestas son correctas.

18. Según la Ley 9/2017, los contratos que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles se denominan: De servicios. De arrendamiento. De suministro. De concesión de servicios.

19. De acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, en la Universidad de Granada están sujetos a regulación armonizada los contratos de suministro cuyo valor estimado sea igual o superior a: 750.000 euros. 216.000 euros. 221.000 euros. 140.000 euros.

20. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, están sujetos a regulación armonizada: Los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.538.000 euros. Los contratos de suministro cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros. Los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 243.000 euros cuando hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado. Todos los contratos cuyo valor estimado sea igual o superior a 143.000 euros.

21. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿cuál de los siguientes contratos de servicios están sujetos a regulación armonizada según su umbral?. 140.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 143.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por entidades del sector público distintas a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 750.000 euros en todos los casos. 216.000 euros, cuando hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

22. Atendiendo a lo dispuesto en el TRLCSP, la suscripción a revistas es un: Contrato privado. Contrato administrativo de suministros. Contrato administrativo de servicios. Contrato administrativo especial.

23. De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, los contratos privados que celebren las administraciones públicas, se regirán por el derecho privado, en cuanto a: Su preparación y adjudicación. Sus efectos, modificación y extinción. Su preparación, adjudicación y extinción. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta ya que se regirán, en defecto de normas específicas, por la presente ley.

24. Para determinar si un contrato se encuentra o no sujeto a regulación armonizada debe atenderse a: El IVA. Su valor estimado. Su objeto, siempre que este sea determinado. Su precio anual.

25. Según el artículo 16 de la Ley 9/2017, el contrato por el que el empresario se obliga a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato se denomina: De suministro. De servicios. De gestión. De asistencia.

1. ¿Cuál de los siguientes contratos está excluido del ámbito de la Ley 9/07, de contratos del sector público?. Contrato de espectáculos. Contrato de compraventa de bienes inmuebles. Contrato de concesión de obras. Contrato de concesión de servicios.

2. Según la Ley de Contratos del Sector Público, en las Comunidades Autónomas están sujetos a regulación armonizada los contratos de suministros que superen el umbral económico de: En ningún caso están sujetos a regulación armonizada. 140.000 euros. 216.000 euros. 750.000 euros.

3. Según la Ley de Contratos del Sector Público, aquellos contratos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos son: Contratos privados. Contratos administrativos cuando se realicen por una Administración Pública. Contratos de suministros. Contratos susceptibles de procedimiento negociado sin publicidad.

4. Se encuentra excluido de aplicación de acuerdo con la Ley 9/07, el siguiente contrato. Contrato relativo a servicio de arbitraje. Contrato de suministros. Contrato de obras. Contrato de concesión de obras.

5. ¿Qué tipo de contrato son los contratos de compraventa, donación, permuta y arrendamiento sobrevalores negociables?. Contratos privados. Contratos de servicios. Contratos de suministros. Contratos administrativos.

6. La clasificación de los contratos que recoge la Ley9/07 de Contratos del Sector Público en su artículo, es la siguiente: Contratos de obras, de suministro, de servicios, de concesión y mixtos. Contratos de obras, contrato de concesión de obras, de suministro y de servicios. Contratos de obras, de suministro y servicios. Contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios.

7. Tendrán carácter administrativo los contratos siguientes, siempre que se celebren por una Administración Pública: Típicos: obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministros y servicios. Especiales: aquellos otros de objeto distinto a los expresados en la letra anterior, pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquella. Legales: Los contratos declarados así expresamente por una Ley. Todas las respuestas anteriores son correctas.

8. A tenor de lo dispuesto en el artículo, quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 9/07, de 8de noviembre, de Contratos del Sector Público, entre otros, los siguientes negocios o contratos: La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral. Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación. Todos los anteriores quedan excluidos de la aplicación de esta ley. Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general.

9. ¿Qué calificación jurídica reciben las entidades públicas empresariales a efectos de la aplicación de la Ley 9/07, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público?. Están excluidas del ámbito de aplicación de la LCSP. Poder adjudicador. Sector público. Administración pública.

10. ¿Qué naturaleza jurídica tienen los contratos de espectáculos celebrados por la Administración pública?. Contratos privados. Contratos administrativos. Contratos tipo. Ninguna de las respuestas es correcta.

11. Según la Ley 9/07 de Contratos del sector Público, se entenderá por contrato mixto: Aquel que contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase. Aquel que se realice con la colaboración de distintas entidades del sector público. Aquel que sea financiado por distintas Administraciones Públicas. Aquel que sea financiado por una administración pública y gestionado por una entidad privada.

12. Según el artículo 27 de la Ley 9/07, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el orden jurisdiccional civil será competente para resolver las cuestiones: Relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. Que se susciten en relación con la adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas. Relativas a la preparación de los contratos administrativos. Referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.

13. Según la Ley 9/07, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, no se consideran Administraciones públicas: La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la Administración Local. Las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco en lo que respecta a su actividad de contratación. Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social. Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

14. Se excluyen de la Ley de Contratos: Las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público. Los contratos relativos a los servicios de arbitraje y conciliación. La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral. Todos los anteriores negocios y contratos están excluidos de la Ley de Contratos.

15. Según la Ley 9/07, de Contratos del sector Público, las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social: No tendrán la consideración de Administraciones Públicas, pero sí de Poderes Adjudicadores. Tendrán la consideración de Administraciones Públicas. No tendrán la consideración de Poderes Adjudicadores. Se considera que no forman parte del sector público.

16. De conformidad con el artículo 6 de la Ley 9/07, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, no tienen la consideración de contratos de suministro: Los contratos relativos a propiedades incorporales o valores negociables. Los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente. Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada.

17. En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva: Criterios sociales y medioambientales siempre que guarden relación con el objeto del contrato. Criterios sociales y medioambientales, aunque no guarde relación con el objeto del contrato. Criterios éticos y de transparencia, aunque no guarde relación con el objeto del contrato. Criterios éticos y de transparencia siempre que guarde relación con el objeto del contrato.

18. Se considerarán poderes adjudicadores, a efectos de esta Ley (señala la incorrecta): Las fundaciones públicas. Las Administraciones Públicas. Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Las entidades sin personalidad jurídica propia.

19. Según el artículo 3 de la Ley 9/07, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, se considerarán poderes adjudicadores, a los efectos de esta ley: Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Cualquier asociación inscrita en un registro público. Las corporaciones de derecho público, en todos los casos. Las entidades con personalidad jurídica propia que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general con carácter industrial o mercantil.

20. Según el artículo 6 de la Ley 9/07, del 8 de noviembre, de contratos del sector público, los contratos que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada son: Contratos de suministro. Contratos de servicios. Contratos de concesión de servicios. Contratos excluidos.

21. Según el artículo 6 de la Ley 9/07, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, ¿cuál de los siguientes no se considera un contrato de suministro?. Los contratos de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun cuando esta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos. Los contratos que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada. Los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida. Los contratos que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, en cualquiera de sus modalidades de puesta a disposición.

22. Los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos: Podrán ser objeto de contrato de concesión de servicios. Podrán ser objeto de contrato de servicios. No podrán ser objeto de contrato de servicios, ni de contrato de concesión de servicios. Podrán ser objeto de contrato de servicios, pero no de contrato de concesión de servicios.

23. Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad dirigidas a la obtención de: Un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. Un resultado de obra o suministro, salvo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. Un resultado distinto de una obra o suministro, salvo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. Un resultado de obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario.

24. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a: 5.538.000 euros. 2.548.000 euros. 5.404.000 euros. 5.382.000 euros.

25. Para determinar las normas que regirán la adjudicación de los contratos mixtos, cuando éste comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de obras, suministros o servicios se atenderá a: El carácter de la prestación que elija el adjudicatario. El carácter de la prestación secundaria. El carácter de la prestación principal. El carácter de la prestación que tenga mayor valor estimado.

46. Según lo dispuesto en la Disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en los contratos que tengan por objeto la adquisición de bienes inmuebles, el importe de la adquisición podrá ser objeto de un aplazamiento de: a) Hasta cinco años. b) Hasta cuatro años. c) Hasta tres años. d) La adquisición podrá ser objeto de aplazamiento.

51. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, están sujetos a regulación armonizada los contratos de suministro cuyo: a) Valor estimado sea igual a 221.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por las entidades locales. b) Valor estimado sea igual a 142.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado. c) Valor estimado sea igual a 143.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por las entidades locales. d) Valor estimado sea igual a 216.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración autonómica.

52. De acuerdo con la Disposición adicional tercera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en los municipios de gran población, la coordinación de las obligaciones de publicidad e información que se establecen en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, corresponderá: a) Al Secretario General municipal. b) Al titular de la Asesoría Jurídica. c) Al órgano de contratación. d) Al titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno.

53. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas generales en los municipios de gran población corresponde al siguiente órgano: a) El Interventor General municipal. b) El Pleno. c) El Alcalde. d) LA Junta de Gobierno Local.

54. Según el artículo 27 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿Cuál es el orden jurisdiccional competente para las cuestiones relacionadas con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas?. a) Orden jurisdiccional contencioso-administrativo. b) Orden jurisdiccional civil. c) Orden jurisdiccional penal. d) Orden jurisdiccional social.

55. De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos administrativos se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción: a) Por esta ley; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho público y, en su defecto, las normas de derecho privado. b) Por las disposiciones de desarrollo de esta ley; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho público. c) Por esta ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. d) Las normas de derecho privado que les resulten de aplicación.

62. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional cuando: a) No esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. b) Esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. c) No esté garantizado que, en condiciones excepcionales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. d) Ninguna respuesta es correcta.

1. Como regla general, de acuerdo con la Ley 9/07, de Contratos del Sector Público, el plazo máximo de duración, incluyendo las prórrogas del contrato de suministro es de: 0 años. 3 años. 5 años. 4 años.

2. Según el artículo 29 de la Ley 9/07, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos de arrendamiento de bienes muebles no podrán tener una duración superior a: Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. Cinco años, excluyendo las posibles prórrogas que acuerde el órgano de contratación. Cuatro años, incluyendo las posibles prórrogas que acuerde el órgano de contratación. Seis años, excluyendo las posibles prórrogas que acuerde el órgano de contratación.

3. Según la Ley 9/07, la duración de los contratos menores no podrá ser superior a: Seis meses, con posibilidad de prórroga. Un año, sin posibilidad de prórroga. Seis meses, sin ser objeto de prórroga. Un año, con posibilidad de prórroga.

4. ¿Cuál es la duración máxima de un contrato de concesión de servicios que comprenda la explotación de un servicio cuyo objeto consista en la prestación de servicios sanitarios?. Diez años. Treinta años. Veinte años. Cinco años.

5. Atendiendo a lo dispuesto en la LCSP, los contratos del sector público se entenderán celebrados: Salvo que se indique otra cosa en su clausulado, en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación. En la plataforma donde se encuentre alojado el perfil del contratante. En el lugar donde se encuentre la sede social del contratista. En todo caso, en el lugar donde se encuentre el domicilio de la dirección del ente público contratante.

6. La Ley 9/07, de Contratos del Sector Publico, establece que la contratación de forma verbal: Está permitida solamente cuando los contratos tengan carácter de emergencia. Es obligatoria con carácter general. Solamente podrá utilizarse en contratos de suministro. Está prohibida en todos los supuestos.

7. De acuerdo con el artículo 63 de la LCSP, la publicación en el perfil del contratante de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos: Trimestralmente. Semestralmente. Anualmente. Mensualmente.

9. El principio de “libertad de pactos” significa que: En los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración. En los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos sean o no contrarios al ordenamiento jurídico. La legislación de contratos del sector público tiene carácter dispositivo, por lo que solo rige en defecto de pactos entre las partes. No existe tal principio propio del Derecho civil.

10. ¿Puede producirse la prórroga del plazo de duración de los contratos del sector público por el consentimiento tácito de las partes?. Sí, por venir expresamente previsto en el artículo 45de la Ley 9/07, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. No, en ningún caso. Sí, si así lo prevé el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. No, salvo que obre en expediente informe favorable del responsable del contrato.

11. De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Publico no podrán contratar con el sector público las personas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias: No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de la Seguridad Social. Haber sido imputadas por delitos de tráfico de influencias. Tener varios contratos de la misma naturaleza adjudicados por el órgano de contratación. Tener varios contratos adjudicados por el órgano de contratación.

12. Identifique cuál de las siguientes afirmaciones relativas al plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación, reguladas en el artículo 29 de la Ley 9/07, de Contratos del Sector Público, NO es correcta: La prórroga se acordará por el órgano de contratación será potestativa para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor. Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 8 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga. En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes. El contrato de servicios de mantenimiento que se concierte conjuntamente con el de la compra del bien a mantener, cuando dicho mantenimiento solo puede ser prestado por razones de exclusividad por la empresa que suministró dicho bien, podrá tener como plazo de duración el de la vida útil del producto adquirido.

13. De acuerdo con el artículo 50 de la Ley 9/07, de Contratos del Sector Público, el procedimiento de recurso especial en materia de contratación se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de: Quince días hábiles. Diez días hábiles. Veinte días hábiles. Treinta días hábiles.

14. Conforme a la Ley 9/07 de 8 noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 04/3/UE y 04/4/UE, de 6 de febrero de 04, en los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por: El Jefe de Obra. El Director Facultativo. El encargado. El Jefe de Equipo.

15. En aplicación del artículo 44 de la Ley 9/07, de Contratos del Sector Público, podrán ser objeto de recurso especial en materia de contratación, entre otras, las siguientes actuaciones: Los acuerdos de adjudicación de los contratos de obras, siempre que su valor estimado sea superior a 5.404.000 euros. Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación de los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia. Las modificaciones basadas en el incumplimiento delo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación, cualquiera que sea el precio estimado de la licitación. Los acuerdos de rescate de concesiones de obras cuyo valor estimado supere los tres millones de euros.

16. Según la Ley 9/07 de 8 noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 04/3/UE y 04/4/UE, en su artículo 64, salvo los exceptuados, la publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse: Anualmente. Semestralmente. Al menos trimestralmente. Al menos semestralmente.

17. Señale la respuesta incorrecta: según el artículo 63 de la de la Ley 9/07, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, el perfil del contratante: La publicidad en él sustituye a la que deba en cada caso insertarse en los correspondientes diarios y boletines oficiales. La forma de acceso al perfil de contratante deberá hacerse constar en los pliegos y documentos equivalentes, así como en los anuncios de licitación. Es una medida de publicidad que agrupa la información y documentos relativos a la actividad contractual de cada ente del sector público. Su finalidad es asegurar la transparencia y el acceso público a los contratos promovidos, adjudicados, formalizados, modificados o resueltos.

18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.8 de la Ley 9/07, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, los contratos menores: No podrán tener una duración superior a un año, pero si ser objeto de una única prórroga por idéntico periodo que el contrato inicial. Podrán tener una duración superior a un año siempre que su valor estimado sea inferior a lo dispuesto en el artículo 29.8 del mismo texto legal. No podrán tener una duración superior a un año, pero si ser objeto de prorroga indefinidamente. No podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.

19. Podrán ser susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos y decisiones relacionados en el apartado del artículo 44 de la Ley 9/07, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público, cuando se refieran a los siguientes contratos: Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a un millón de euros, y de suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a noventa mil euros. Los contratos administrativos especiales cuando su valor estimado sea superior a noventa mil euros. Concesiones de obras o concesiones de servicios cuyo valor estimado supere los tres millones de euros. Los contratos subvencionables a que se refiere el artículo 3, y los encargos cuando, atendida su duración total más las prórrogas su valor estimado sea superior a noventa mil euros.

20. Serán objeto de publicación en el perfil de contratante: Los procedimientos anulados, la composición de las mesas de contratación que asistan a los órganos de contratación, así como la designación de los miembros del comité de expertos o de los organismos técnicos especializados para la aplicación de criterios de adjudicación que dependan de un juicio de valor en los procedimientos en los que sean necesarios. La formalización de los encargos a medios propios cuyo importe fuera superior a novena mil euros, IVA excluido. La publicación de la información relativa a los contratos menores que deberá realizarse al menos semestralmente. Aquellos contratos menores cuyo valor estimado fuera inferior a tres mil euros, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores.

21. Las prórrogas de los contratos del sector público que serán acordadas por el órgano de contratación, serán obligatorias para el empresario: En los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva serán obligatorias para el empresario las prórrogas acordadas por el órgano de contratación hasta un plazo máximo de duración de cuatro años respetando las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias que sean aplicables al ente contratante. En los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público, serán obligatorias para el empresario las prórrogas con una duración máxima de un año. Siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor, quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses. En ningún caso serán obligatorias para el empresario las prórrogas de los contratos celebrados con la Administración Pública.

22. En el contrato de suministros y de servicios, el plazo máximo de duración es de: Cinco años, incluyendo las posibles prórrogas. Cuatro años, incluyendo las posibles prórrogas. Tres años, incluyendo las posibles prórrogas. Seis años, incluyendo las posibles prórrogas.

23. De conformidad con la LCSP, los contratos basados en un acuerdo marco se perfeccionarán: Con su formalización. Con la publicación del anuncio de formalización. Con su adjudicación. Con la aprobación del expediente de contratación.

24. Según la LCSP los contratos que celebren los poderes adjudicadores, con carácter general, ¿cómo se perfeccionan?. Por su formalización. Por concurrir en ellos todos los requisitos exigidos para su validez. Por el consentimiento. Por su elevación a público.

25. Según la Ley 9/07, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, serán nulos de pleno derecho los contratos celebrados por los poderes adjudicadores en los casos en los que concurran alguna de las causas siguientes: La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/003, de 6 de noviembre, General Presupuestaria, o en las normas presupuestarias de las restantes Administraciones Publicas sujetas a esta Ley, salvo los supuestos de emergencia. Los encargos que acuerden los poderes adjudicadores para la ejecución directa de prestaciones a través de medios propios, cuando no observen alguno de los requisitos relativos a la condición de medio propio. Cuando existan disposiciones, resoluciones, clausulas o actos emanados de cualquier poder adjudicador que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración. El incumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos para la modificación de los contratos.

26. La Ley 9/07, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece que la contratación verbal: Solo se permite cuando el contrato tenga carácter de emergencia. Es obligatoria con carácter general. Se utiliza en los contratos de suministro. Está prohibida en todo caso.

27. Con carácter general, ¿cuál de los siguientes contratos públicos podrá tener una duración superior a cinco años?. Los contratos de concesión de servicios. Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva. Los contratos menores. Los contratos de arrendamiento de bienes muebles.

28. Señale el plazo para la formalización de un contrato administrativo susceptible de recurso especial en materia de contratación celebrado por un órgano de la Administración Pública: La formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Trascurrido este plazo se requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. La formalización se realizará en el plazo máximo de un mes desde la notificación a los licitadores y candidatos. La formalización se deberá efectuar no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se remita el requerimiento para su firma. La formalización podrá efectuarse en los quince días siguientes a la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Se requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

29. ¿Cuándo se perfeccionan los contratos administrativos de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público de 07?. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con su formalización. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con la liquidación del contrato tras su finalización. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con su ejecución. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con la adjudicación realizada por el órgano de contratación competente cualquiera que sea el procedimiento o la forma de adjudicación.

30. En cualquier caso, la duración de los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios, no podrá exceder, incluyendo las posibles prórrogas, de: Diez años para los contratos de concesión de obras, y de concesión de servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio. Cuarenta años para los contratos de concesión de obras, y de concesión de servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio. Veinticinco años para los contratos de concesión de obras, y de concesión de servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio. Cuarenta años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios.

31. El artículo 82 de la LCSP establece que para la conservación de la clasificación de las empresas: Deberá justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada tres años, el de la solvencia técnica y profesional. No deberá justificarse nada, la clasificación de las empresas tendrá una vigencia indefinida. Deberá justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia técnica y profesional y, cada tres años, el de la solvencia económica y financiera. Deberá justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada dos años, el de la solvencia técnica y profesional.

32. De acuerdo con la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público la clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de los poderes adjudicadores será requisito indispensable: En los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros. Tanto en los contratos de obras como en los de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros. En los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros. En los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 50.000 euros.

33. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, la solvencia técnica en contratos de obras debe ser acreditada en relación a las obras ejecutadas en los: 3 últimos años, avalada por certificados de buena ejecución. 2 últimos años, avalada por certificados de buena ejecución. 10 últimos años, avalada por certificados de buena ejecución. 5 últimos años, avalada por certificados de buena ejecución.

34. Según el artículo 90 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿cuál de los siguientes no es un medio válido a la hora de determinarla solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios?. Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar. En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los cinco últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.

35. De acuerdo con el artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación: Siempre que por su cuantía no tenga que ser autorizada por el Consejo de Ministros. Salvo que por su cuantía tenga que ser autorizado por el Consejo de Ministros. Excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. Incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

36. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el cálculo del valor estimado de los contratos deberán tenerse en cuenta, como mínimo, entre otros: Los gastos generales de estructura, excluido el beneficio industrial. Los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales, solo en el supuesto de contratos de servicios. Las multas que pudieran imponerse al contratista durante la ejecución del contrato. Cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato.

37. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, el valor estimado en los contratos de obras, suministros y servicios será determinado del siguiente modo: El órgano de contratación tomara el importe total, incluyendo el Impuesto sobre el valor Añadido, pagadero según sus estimaciones. El poder de adjudicación tomará el importe total, incluyendo el Impuesto sobre el valor Añadido, pagadero según sus estimaciones. El órgano de contratación tomara el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el valor Añadido, pagadero según sus estimaciones. El poder adjudicador tomara el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el valor Añadido, pagadero según las estimaciones del contratista.

38. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en relación al cálculo del valor estimado de los contratos, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: No se tendrán en cuenta las primas que se hayan previsto abonar a los candidatos o licitadores. Se considerará valor estimado del contrato el importe máximo que este puede alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones previstas. No se tendrán en cuenta las eventuales prórrogas del contrato. Vendrá determinado por el importe total, incluyendo el Impuesto del Valor Añadido, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación.

39. Según la Ley 9/2017, las Uniones Temporales de Empresarios que concurran a una adjudicación, deben formalizar su constitución en escritura pública en todo caso: Antes de licitación o en plazo de subsanación. Cuando resulten adjudicatarias. Antes de la finalización del plazo de licitación. No es necesaria la formalización en escritura pública, en ningún caso.

40. ¿Para qué tipo de contratos será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores?. En la nueva Ley 9/2017, de Contratos del sector Público, no es exigible clasificación del empresario en ningún tipo de contrato. Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 200.000 euros. Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros. Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 300.000 euros.

41. De acuerdo con el artículo 71 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, se considera como una prohibición para contratar: En el caso de las empresas de menos de 250 trabajadores, no cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. Haber sido condenado mediante sentencia firme por cualquier delito. No acreditar un volumen de negocio superior a 50.000 euros durante el ejercicio anterior. Haber solicitado la declaración de concurso voluntario.

42. ¿En cuál de los siguientes contratos públicos no es posible que el órgano de contratación exima al licitador que presente la mejor oferta de constituir garantía definitiva?. En los contratos de suministros. En los contratos de obras. No existe limitación alguna, el órgano de contratación siempre puede eximir de la garantía definitiva al licitador justificándolo adecuadamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En los contratos de concesión de servicios.

43. Según lo establecido en el artículo 106 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público, en los casos en que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de garantía provisional, el importe de la misma: No podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. No podrá ser superior a un 10 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. No podrá ser superior a un 1 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el impuesto sobre el Valor Añadido. No podrá ser superior a un 5 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el impuesto sobre el Valor Añadido.

44. El precio en los contratos del sector público, podrá formularse: En precios unitarios, referidos a los distintos componentes de la prestación o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten. En términos de precios aplicables a tanto alzado a la totalidad o a parte de las prestaciones del contrato. En precios provisionales, en circunstancias excepcionales. Todas las respuestas anteriores son correctas.

45. Será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores: Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros. Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 300.000 euros. Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 350.000 euros. Para los contratos de obras cuyo presupuesto base de licitación, sea igual o superior a 500.000 euros.

46. Según lo dispuesto en la LCSP, podrán ser objeto de recurso especial en materia de contratación: Las concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado supere los 3 millones de euros. Los contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a 5 millones de euros, y de suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a100.000 euros. Los encargos cuando su importe, atendida su duración total más las prórrogas, sea igual o inferior al establecido para los contratos de servicios. Los contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a 500.000 euros, y de suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a 50.000 euros.

47. Según el art.101 de la Ley 9/2017, el valor estimado de los contratos vendrá determinado por el importe total del mismo: Sin incluir las posibles modificaciones previstas. Sin incluir las eventuales prórrogas. Sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido. Incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido.

48. El recurso especial en materia de contratación: Es potestativo y cabe contra actos de trámite que impidan continuar el procedimiento. No se puede interponer contra actos de la mesa de contratación que decide sobre la inadmisión de candidatos. Se puede interponer en los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia. Es obligatorio y gratuito.

49. Con arreglo al artículo 100 de la ley 9/2017, de contratos del sector público, el presupuesto base de licitación es: El mejor precio ofertado por los licitadores, excluido el IVA. El límite máximo del gasto que en virtud de un contrato puede comprometer el órgano de contratación, excluido el IVA, salvo disposición en contrario. El límite máximo del gasto que en virtud de un contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el IVA, salvo disposición en contrario. El mejor precio ofertado por los licitadores, incluido el IVA.

50. El artículo 79 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece que la clasificación de las empresas se hará en función: De su solvencia. De su liquidez. De su rentabilidad. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

51. La clasificación concedida para contratar: Tiene una vigencia de cinco años prorrogable por otros cinco. Se concede por tres años prorrogable por anualidades. Se concede por un período de dos años. Tiene vigencia indefinida.

52. ¿Sobre quién recae la competencia para adoptar los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas con eficacia general frente a todos los órganos de contratación de la Administración?. Sobre la Junta Administrativa de Contratación. Sobre las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Sobre la Comisión de Contratación del Ministerio de Hacienda. Sobre las Comisiones Consultivas de contratación Administrativa.

53. Conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en un contrato administrativo, la exigencia de la garantía provisional por el órgano de contratación: Es potestativa, y su exigencia deberá justificarse motivadamente en el expediente. Es obligatoria y su importe máximo será del 3% del presupuesto de licitación, excluido el impuesto de Valor Añadido. Es obligatoria y su importe será del 3% del valor estimado del contrato. Es potestativa y su importe será del 2% del valor estimado del contrato.

55. La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para contratar: Siempre podrá realizarse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea. Podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos. Solo podrá realizarse mediante testimonio judicial. Siempre podrá realizarse por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado cuando se trate de empresas españolas.

56. Se va a licitar un contrato por un presupuesto base de 1.000.000 € IVA excluido y el órgano de contratación acuerda la exigencia de garantía provisional. ¿Cuál será la cantidad máxima que en forma de garantía provisional podrá exigirse a las empresas licitadoras de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público?. 50.000 euros. 20.000 euros. 100.000 euros. 30.000 euros.

57. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, dispone que para la conservación de la clasificación: Deberá justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada cinco años, el de la solvencia técnica y profesional. Deberá justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada tres años, el de la solvencia técnica y profesional. Deberá justificarse cada tres años el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada cinco años, el de la solvencia técnica y profesional. Deberá justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia técnica y profesional y, cada tres años, el de la solvencia económica y financiera.

58. La garantía complementaria regulada en la Ley9/2017 de Contratos del Sector Público, se prestará hasta: Un 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador que presentó la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, excluido el IVA, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por 100 del citado precio. Un 10 por 100 del precio final ofertado por el licitador que presentó la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, excluido el IVA, pudiendo alcanzar la garantía total un 15 por 100 del citado precio. Un 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador que presentó la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, excluido el IVA, pudiendo alcanzar la garantía total un 15 por 100 del citado precio. Un 10 por 100 del precio final ofertado por el licitador que presentó la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, excluido el IVA, pudiendo alcanzar la garantía total un 20 por 100 del citado precio.

59. De acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, no podrán ser objeto del recurso especial en materia de contratación los siguientes actos: Los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores. Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos no decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, no determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o no produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación. Los anuncios de licitación.

60. Serán objeto de recurso especial en materia de contratación: Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación. Los actos de los órganos de contratación dictados en relación con las modificaciones contractuales no previstas en el pliego, en todo caso. Los contratos de gestión de servicios públicos en los que el presupuesto de gastos del primer establecimiento, excluido el IVA, sea superior a 1.000.000 de euros. Los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia.

61. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, es correcto afirmar, respecto a las consultas preliminares del mercado, que: En todo caso, el órgano de contratación al elaborar los pliegos deberá introducir los resultados de las consultas realizadas. De las consultas realizadas deberá resultar un objeto contractual concreto y delimitado que se ajuste a las características técnicas de uno de los consultados. En ningún caso, durante el proceso de consultas preliminares, el órgano de contratación podrá revelar a los participantes en el mismo las soluciones propuestas por los otros participantes. La participación en la consulta impide la posterior intervención en el procedimiento de contratación que en su caso se tramite.

62. Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico, se consideran contratos menores: Los contratos que tengan por objeto obras de conservación necesarias para enmendar el menoscabo producido en el tiempo por el natural uso del bien y sin que afecten a su estructura. Los contratos de valor estimado inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. Aquellos para cuyo objeto no se requiera la acreditación de la clasificación empresarial por parte del contratista. Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

63. ¿Cuál de los siguientes contratos tiene la consideración de contrato menor?. Un contrato de servicios cuyo valor estimado sea 15.000 €. Un contrato de suministros cuyo valor estimado sea 18.000 €. Un contrato de obras cuyo valor estimado sea 18.000€. Un contrato de obras cuyo valor estimado sea 60.000€.

64. Según el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Publico, en los contratos menores: Para la tramitación del expediente no se exigirá el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. Se deberá incluir en el expediente la declaración de la urgencia de la actuación motivándose por el órgano de contratación la elección del procedimiento de contratación menor. La tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. En ningún caso será necesario solicitar el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo 235 de la Ley de Contratos del sector Público.

65. La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente que: Se iniciará por el órgano de contratación sin necesidad de motivar el contrato y deberá ser publicado en la Plataforma de contratación de la que sea titular. Se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y deberá ser publicado en el perfil de contratante. Se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y deberá ser publicado en la Plataforma de contratación de la que sea titular. Se iniciará por el órgano de contratación sin necesidad de motivar el contrato y deberá ser publicado en el perfil de contratante.

66. Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no podrán tener una duración superior a: Un año ni ser objeto de prórroga. Cinco años ni ser objeto de prórroga. Dos años ni ser objeto de prórroga. Un año con posibilidad de prórroga.

67. Atendiendo a lo dispuesto en la LCSP, se consideran contratos menores de concesión de obras los contratos adjudicados por las AA.PP, cuyo valor estimado sea inferior a: 15.000 euros. 40.000 euros. 50.000 euros. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

68. La aprobación de un Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) con estipulaciones contrarias a un Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (PCAG): Requiere informe previo del Servicio Jurídico correspondiente. Requiere la aprobación de tales cláusulas por el órgano que aprobó el PCAG. Requiere informe previo de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. No podrá darse en ningún caso.

69. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) no será exigible: En los contratos que se adjudiquen utilizando el procedimiento negociado. Nunca es exigible, quedando a criterio del órgano de contratación. Siempre es exigible, sin excepción. En los contratos menores.

70. De acuerdo con la LCSP, ¿podrán las prescripciones técnicas hacer referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los productos o servicios ofrecidos por un empresario determinado?. Nunca podrán realizar tal referencia. Solo se admiten referencias al rendimiento o exigencias funcionales. Se admite tal referencia, con carácter excepcional, en el caso en que no sea posible hacer una descripción lo bastante precisa e inteligible del objeto del contrato, en cuyo caso irá acompañada de la mención “o equivalente”. Tal referencia se autorizará, con carácter general, por los Pliegos de Cláusulas Administrativas Generales.

71. En relación a la tramitación de emergencia, el órgano de contratación podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida o contratar libremente su objeto, en todo o en parte: Previa tramitación del expediente administrativo, sujetándose a los requisitos formales establecidos en la Ley, excepto el de la existencia de crédito suficiente. Previa tramitación del expediente administrativo, sujetándose a los requisitos formales establecidos en la Ley, incluido el de la existencia de crédito suficiente. Sin obligación de tramitar el expediente administrativo, ni sujetarse a los requisitos formales establecidos en la Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente. Sin obligación de tramitar el expediente administrativo, ni sujetarse a los requisitos formales establecidos en la Ley, salvo el de la existencia de crédito suficiente.

72. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse: Conjuntamente con el informe del Servicio Jurídico. Conjuntamente con la licitación del contrato. Posteriormente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella. Previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella.

73. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos públicos: Solo deberán ser informados previamente por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado cuando incluyan estipulaciones contrarias a los correspondientes pliegos generales. Deberán ser siempre informados previamente por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Solo deberán ser informados previamente por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado si lo requiere el órgano de contratación correspondiente. Deberán ser siempre informados previamente por el Ministerio de Hacienda.

74. Señale la respuesta correcta respecto a la tramitación anticipada de expedientes de contratación: Podrá ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, siempre que su ejecución se inicie en el mismo ejercicio que se tramita. La adjudicación del contrato se realizará en el ejercicio siguiente al que se ha iniciado el expediente, por quedar pendiente de la existencia de crédito adecuado y suficiente en ese ejercicio. Podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. Este tipo de tramitación se encuentra exceptuada de los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley general Presupuestaria para la adquisición de compromisos de carácter plurianual.

75. De acuerdo con el artículo 116 de la Ley 9/2017, el expediente de contratación se inicia: Con la convocatoria de la licitación. Con la aprobación del pliego. Motivando la necesidad de realizar el contrato. Con la aprobación del gasto.

76. ¿En qué supuestos la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, no obliga al órgano de contratación a tramitar el expediente de contratación?. En la tramitación de urgencia. En la tramitación de emergencia. En la tramitación plurianual. En la tramitación excepcional.

77. Según la Ley de Contratos del Sector Público, la tramitación de emergencia tendrá lugar cuando la Administración tenga que actuar de forma inmediata a causa de (señale la respuesta incorrecta): Una necesidad inaplazable. Situaciones que supongan grave peligro. Necesidades que afecten a la defensa nacional. Acontecimientos catastróficos.

78. Según la Ley 9/2017, los expedientes de tramitación urgentes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos órganos que intervengan en la tramitación los cuales: Dispondrán de un plazo de 5 días para emitir sus informes o cumplimentar trámites. Por causas justificadas dicho plazo quedará prorrogado hasta 10 días, previa comunicación al órgano de contratación. Dispondrán de un plazo de 10 días para emitir sus informes o cumplimentar trámites. Por causas justificadas dicho plazo quedará prorrogado hasta 10 días, previa comunicación al órgano de contratación. Dispondrán de un plazo de 5 días para emitir sus informes o cumplimentar trámites. Dicho plazo no admitirá prórroga. Dispondrán de un plazo de 10 días para emitir sus informes o cumplimentar trámites. Dicho plazo no admitirá prórroga.

79. En el expediente se justificará adecuadamente (señala la incorrecta): La existencia de mesa de contratación. La elección del procedimiento de licitación. Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera. La clasificación que se exija a los participantes.

80. En los contratos del sector público: La aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares corresponderá al órgano que solicita la celebración del contrato. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares pueden ser sustituidos por los pliegos de prescripciones técnicas. Es necesario aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares antes de la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación. Los contratos que finalmente se celebren pueden modificar los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

81. No es una característica propia de la tramitación urgente de los expedientes de contratación: Los órganos que intervienen en su tramitación dispondrán de un plazo de 5 días para emitir informes o cumplimentar trámites. Acordada la apertura del procedimiento de adjudicación, los plazos establecidos para la licitación, adjudicación y formalización del contrato se reducirá a la mitad. El plazo para emitir informes o cumplimentar trámites podrá ser prorrogado hasta 10 días en atención a la complejidad del expediente o cualquier otra causa igualmente justificada. El plazo de inicio de la ejecución no podrá ser superior a 30 días, contados desde la formalización.

82. En el expediente se justificará adecuadamente: La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratación de las prestaciones correspondientes. En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios. La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso. Todas las respuestas anteriores son correctas.

83. Completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura de: El plazo de formalización del contrato. El procedimiento de adjudicación. El trámite de información pública. El plazo de interposición del recurso especial en materia de contratación.

84. Completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación que, con carácter general, implicará: La acreditación de la solvencia económica y financiera. El establecimiento de la garantía definitiva. La aprobación del gasto. El compromiso del gasto.

85. Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a: Situaciones que supongan grave peligro. Necesidades que afecten a la defensa nacional. Una necesidad inaplazable. Acontecimientos catastróficos.

86. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse: Siempre antes de la declaración responsable, o de no existir esta, antes del establecimiento de la garantía provisional. Siempre antes del establecimiento de la garantía provisional, o de no existir esta, antes de la declaración responsable. Siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación. Siempre antes de la adjudicación del contrato, o de no existir esta, antes de su licitación.

87. La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares corresponderá a: El contratista. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. El Consejo de Ministros. El órgano de contratación.

88. Podrá establecer los pliegos de prescripciones técnicas generales a que hayan de ajustarse la Administración General del Estado: El Ministro correspondiente, previo informe del Consejo de Ministros, a propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. El Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, a propuesta del Ministro correspondiente. El Consejo de Ministros, a iniciativa de los Ministerios interesados, a propuesta del Ministro de Hacienda, y previo dictamen del Consejo de Estado. El Ministro correspondiente, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, a propuesta del Consejo de Ministros.

89. Los pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la prestación serán aprobados por: La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. La Administración General del Estado. El Consejo de Estado. El órgano de contratación.

90. Respecto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, señale la respuesta correcta: Los contratos se ajustarán a su contenido, cuyas cláusulas no se consideran parte integrante de los mismos. Los pliegos deberán mencionar expresamente la obligación del futuro contratista de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos. No podrán establecer penalidades. Deberán aprobarse necesariamente con carácter previo a la autorización del gasto.

91. En los contratos celebrados por la Administración General del Estado, o por las entidades vinculadas a la misma que gocen de la naturaleza de Administraciones Públicas, no será necesario, con carácter general, publicar el anuncio de licitación en: El perfil de contratante. En el Boletín Oficial del Estado. En el Diario Oficial de la Unión Europea. El anuncio de licitación habrá de publicarse necesariamente en todos los lugares señalados.

93. Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el órgano de contratación, los servicios de este requerirán al licitador propuesto para que presente la documentación a que se refieren las letras a) y c) del apartado 1º del artículo 140 de la LCSP en el plazo de: 10 días hábiles. 15 días naturales. 15 días hábiles. 10 días naturales.

94. La adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente: Utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido. Utilizando el procedimiento restringido o el diálogo competitivo. Utilizando el procedimiento negociado o el diálogo competitivo. Utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento Negociado.

95. Los anuncios de información previa se publicarán: En todo caso, en el perfil de contratante del órgano de contratación. En todo caso, en el Diario Oficial de la Unión Europea. A elección del órgano de contratación, en el Diario Oficial de la Unión Europea o en el perfil del contratante del órgano de contratación. A elección del contratista, en el Diario Oficial de la Unión Europea o en el perfil de contratante del órgano de contratación.

96. Señala cuáles son los procedimientos de adjudicación de acuerdo con la Ley 9/2017: El procedimiento abierto, el procedimiento restringido, los procedimientos negociados, el diálogo competitivo y la asociación para la innovación. El procedimiento abierto, el procedimiento restringido, el procedimiento negociado y el diálogo competitivo. La subasta, el procedimiento restringido y el procedimiento abreviado. La subasta, el concurso y el diálogo competitivo.

97. El anuncio de licitación deberá publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea: En todos los contratos. En los procedimientos negociados sin publicidad. Cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada. En los contratos celebrados por la Administración general del Estado, o por las entidades vinculadas a la misma que gocen de la naturaleza de Administraciones Públicas.

98. Un empresario presenta individualmente una proposición en una licitación y además suscribe otra en unión temporal con otros empresarios. Señale la respuesta correcta de conformidad con la Ley 9/2017, de8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: El empresario incurrirá en una prohibición de contratar. No se admitirá ninguna de las propuestas suscritas por dicho empresario. Solo se admitirá la propuesta que haya presentado individualmente. Se le otorgará un plazo de subsanación de 10 días para que señale en documento público con qué propuesta quiere concurrir a la licitación.

99. El artículo 145.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, establece sobre la adjudicación de los contratos que: Se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. Se realizará con arreglo a criterios basados en un planteamiento que atienda a la mejor relación coste-eficacia, sin necesidad de justificarlo en el expediente. Se realizará atendiendo a la oferta económica más ventajosa, sin necesidad de justificarlo en el expediente. Se realizará atendiendo exclusivamente a criterios cualitativos.

100. Respecto a las proposiciones de los interesados, sin perjuicio de lo dispuesto sobre admisibilidad de variantes y sobre presentación de nuevos precios o valores en el seno de una subasta electrónica: Cada licitador podrá presentar dos proposiciones. Cada licitador podrá presentar proposiciones sin límite. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Cada licitador podrá presentar tres proposiciones.

101. En general, en el caso de tramitación urgente del expediente, acordada la apertura del procedimiento de adjudicación, los plazos establecidos en la LCSP para la licitación, adjudicación y formalización del contrato se reducirán a: Un tercio. La mitad. 10 días. 15 días.

102. El plazo de inicio de la ejecución del contrato que haya sido objeto de tramitación urgente no podrá exceder, contado desde la formalización, de: 30 días. 15 días. Un mes. 10 días.

103. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado, sus organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de Seguridad Social o entidades públicas estatales: Se dará cuenta de dichos acuerdos al Consejo de Ministros en el plazo máximo de un mes. Se dará cuenta de dichos acuerdos al Consejo de Ministros en el plazo máximo de 30 días. Se dará cuenta de dichos acuerdos al Congreso de los Diputados en el plazo máximo de 45 días. Se dará cuenta de dichos acuerdos al Congreso de los Diputados en el plazo máximo de 30 días.

104. Respecto a la tramitación de emergencia, el plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones, contado desde la adopción del acuerdo correspondiente por el órgano de contratación: No podrá ser superior a un mes. No podrá ser superior a 15 días. No podrá ser superior a 10 días. No podrá ser superior a 30 días.

105. Los pliegos de cláusulas administrativas generales serán aprobados por: El Consejo de Estado, a iniciativa del Ministro de Hacienda, a propuesta de los Ministerios interesados, y previo dictamen del Consejo de Ministros. El Consejo de Estado, a iniciativa de los Ministerios interesados, a propuesta del Ministro de Hacienda, y previo dictamen del Consejo de Ministros. El Ministro de Hacienda, a iniciativa de los Ministerios interesados, a propuesta del Consejo de Ministros, previo dictamen del Consejo de Estado. El Consejo de Ministros, a iniciativa de los Ministerios interesados, a propuesta del Ministro de Hacienda, y previo dictamen del Consejo de Estado.

106. Según el artículo 152 de la Ley de Contratos del Sector Público, la Administración puede desistir del procedimiento de adjudicación: Siempre que lo estime conveniente indemnizando al adjudicatario. No puede desistir una vez realizada la adjudicación. Por razones de interés público debidamente motivadas. Por una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.

107 ¿Cuándo se puede utilizar el procedimiento abierto simplificado, regulado en la Ley 9/2017, de 8 noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014?. En todos los contratos de suministros. En los contratos de servicios cuyo valor estimado sea inferior a 143.000 euros. En los contratos de obras cuyo importe de licitación sea igual a 2.000.000 euros. En los contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a 2.000.000 euros.

108. En los contratos de obras que celebren las Administraciones Públicas por procedimiento abierto y tramitación ordinaria y que no estén sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones será: Como mínimo de veinte días, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante. Como mínimo de veintiséis días, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante. Como mínimo de quince días, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante. No será inferior a quince días, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante.

109. En contratos de suministros de valor estimado inferior a 60.000 euros, de acuerdo con lo previsto en el artículo 159.6 de la LCSP, el procedimiento abierto supersimplificado podrá tener la siguiente especialidad: Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional. Se exigirá la constitución de una garantía definitiva del 2% del importe de adjudicación del contrato. Se exigirá a los licitadores el requisito de la clasificación. La oferta se entregará en un único sobre o archivo electrónico y se evaluará, en todo caso, con arreglo a criterios de adjudicación cuantificables mediante un juicio de valor.

110. De acuerdo con el art. 159 de la Ley 9/2017, que regula el procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras, suministros y servicios, señale la respuesta correcta: Como regla general, el plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a 10 días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación, con la excepción del contrato de obras que el plazo será como mínimo de veinte días. Los contratos de obra de valor estimado inferior a 80.000 euros y los contratos de suministros y servicios de valor estimado inferior a 60.000 euros, podrán seguir una tramitación más simplificada. Para poder utilizar el procedimiento abierto simplificado el valor estimado debe ser igual o inferior a 1.000.000 de euros en el caso de contratos de obras, y en el caso de contratos de suministro y servicios, igual o inferior a 140.000 euros. Entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no podrá figurar ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no podrá superar el quince por ciento del total.

111. Según la LCSP, los contratos que celebren los poderes adjudicadores, con carácter general, ¿Cómo se perfeccionan?. Por su formalización. Por concurrir en ellos todos los requisitos exigidos para su validez. Por su elevación a público. Por el consentimiento.

112. ¿Cuál es el plazo para la adjudicación de un contrato en un procedimiento abierto una vez recepcionada la documentación requerida al licitador que haya presentado mejor oferta?. 5 días naturales. 15 días hábiles. 10 días hábiles. 5 días hábiles.

113. En los contratos basados en un acuerdo marco o en los contratos específicos dentro de un sistema dinámico de adquisición: Solo es necesaria cuando los contratos rebasen la cuantía del contrato menor. Es necesaria la formalización en todo caso. No resulta necesaria la formalización del contrato. Su formalización será potestativa para el adjudicatario.

114. En el procedimiento abierto simplificado el plazo para presentar ofertas no podrá ser inferior a: 15 días en los contratos de obras y 20 en los contratos de servicios y suministros. 15 días para todo tipo de contratos. 15 días en los contratos de obras y 10 en los contratos de servicios y suministros. 20 días en los contratos de obras y 15 en los contratos de servicios y suministros.

115. En el procedimiento abierto supersimplificado el plazo de presentación de proposiciones no podrá ser inferior a: 5 días hábiles desde la publicación del anuncio el perfil del contratante y cuando se trate de compra de bienes disponibles el mercado el plazo será de 10 días hábiles. 10 días hábiles desde la publicación del anuncio el perfil del contratante, y cuando se trate de compra de bienes disponibles en el mercado, el plazo será de 5 días hábiles. 10 días hábiles desde la publicación del anuncio el perfil del contratante, sin excepción. 5 días hábiles desde la publicación del anuncio el perfil del contratante, sin excepción.

116. En el procedimiento abierto supersimplificado: Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional. Los licitadores siempre han de acreditar la solvencia económica y financiera, técnica o profesional. Los licitadores solo han de acreditar la solvencia económica o financiera. Los licitadores solo han de acreditar la solvencia técnica o profesional.

117. Señale la respuesta correcta en relación con el procedimiento abierto simplificado: No procederá la constitución de garantía provisional por parte de los licitadores. El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a diez días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación. El anuncio de licitación del contrato no será objeto de publicación. Todas las respuestas son correctas.

118. En los contratos del sector público, ¿en qué plazo deberá el licitador acreditar la constitución de la garantía definitiva del contrato?. En el plazo de 10 días hábiles desde la adjudicación definitiva. En el plazo de 5 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. En el plazo de 5 días hábiles desde la adjudicación definitiva. En el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

119. Indique la respuesta correcta en relación con la formalización de los contratos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 153 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público: Cuando por causas imputables a la Administración no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo establecido, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos de urgencia y emergencia. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo establecido, la Administración acordará la incautación de la garantía provisional que hubiese exigido. Deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste a las condiciones de la licitación, pudiendo incluirse cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

120. ¿En cuál de los siguientes contratos públicos no es posible que el órgano de contratación exima al licitador que presente la mejor oferta de constituir garantía definitiva?. En los contratos de concesión de servicios. No existe limitación alguna, el órgano de contratación siempre puede eximir de la garantía definitiva al licitador justificándolo adecuadamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En los contratos de suministros. En los contratos de obras.

121. De acuerdo con el art. 159.6 de la LCSP, se podrá adjudicar un contrato de obras a través de un procedimiento abierto simplificado sumario cuando su valor estimado sea inferior a: 50.000 €. 60.000 €. 100.000 €. 80.000 €.

122. Según el artículo 159 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, sobre el procedimiento abierto simplificado, señale la respuesta correcta en el caso de un contrato de servicios: No procederá la constitución de garantía provisional por parte de los licitadores. El plazo de presentación de proposiciones no podrá ser inferior a veinte días desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. Podrá acordarse en aquellos de valor estimado igual o inferior a 200.000 euros cuando no haya criterios adjudicación evaluables mediante juicio de valor. No procederá la constitución de garantía definitiva por parte de los licitadores.

123. El desistimiento del procedimiento, según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público: Podrá acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización del contrato. No podrá acordarse por el órgano de contratación una vez haya sido adjudicado el contrato. No podrá realizarse, salvo caso de fuerza mayor. Impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de contratación.

124. Según se recoge en el artículo 153.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público, ¿en cuál de los siguientes casos no resulta necesaria la formalización de los contratos?. En los contratos basados en un acuerdo marco o en los contratos específicos dentro de un sistema dinámico de adquisición. En los contratos adjudicados a través de los procedimientos abiertos simplificados. En los contratos adjudicados a través de los procedimientos abiertos simplificados que sigan la tramitación prevista en el artículo 159.6. En los contratos no sujetos a regulación armonizada.

125. La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de: 20 días. 15 días. 5 días. 10 días.

126. Indique la respuesta correcta en relación con la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato: No impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación. No procederá en ningún caso compensación a los candidatos. Deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. Solo podrá adoptarse por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente.

127. Indique la respuesta correcta en relación con la formalización de un contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación: No podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. No podrá efectuarse antes de que transcurran cinco días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. No podrá efectuarse antes de que transcurran quince días desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.

128. Indique cuál de las siguientes NO es una característica de los procedimientos abiertos, según los artículos 156 y siguientes de la LCSP: Quedará excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, los licitadores deberán presentar la proposición en dos sobres o archivos electrónicos. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la mesa de contratación. Todo empresario interesado podrá presentar una proposición.

129. De acuerdo con la LCSP, cuando se utilice un único criterio de adjudicación: Ha de ser obligatoriamente el precio. En los contratos de las Administraciones Públicas no puede haber un único criterio de adjudicación. Puede ser un criterio de rentabilidad, como el coste del ciclo de vida. Deberá estar relacionado con la calidad.

130. ¿En cuál de los siguientes contratos no puede utilizarse el procedimiento abierto simplificado?. En un contrato de servicios con un valor estimado de 90.000€. En un contrato de obras con un valor estimado de 800.000€. En un contrato de suministros con un valor estimado de 139.000€. En un contrato de concesión de servicios con un valor estimado de 175.000€.

131. Conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, no es un supuesto de aplicación del procedimiento negociado contemplado en el artículo 167: Cuando la prestación objeto del contrato incluya un proyecto o soluciones innovadoras. Cuando el órgano de contratación no pueda establecer con la suficiente precisión las especificaciones técnicas. Cuando se trate de contratos de servicios sociales personalísimos. Cuando no pueda establecerse un valor estimado del contrato a precios de mercado.

132. De acuerdo con la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, los aspectos económicos y técnicos que hayan de ser objeto de negociación con las empresas en un procedimiento con negociación se determinarán en: La convocatoria de licitaciones. El pliego de cláusulas administrativas particulares. Las proposiciones de los interesados. El anuncio previo de la licitación.

133. De conformidad con el artículo 160 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en el procedimiento restringido: Se permite, en ciertos casos, la negociación de los términos del contrato con los solicitantes o candidatos. Cualquier empresa interesada podrá presentar una solicitud de participación en respuesta a una convocatoria de licitación. Es un procedimiento poco adecuado cuando se trata de servicios intelectuales de especial complejidad. Todo empresario interesado podrá presentar una proposición.

134. Siempre que ello sea posible, para la realización del objeto del contrato, de acuerdo con la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, en el procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al menos: A tres empresas. A diez empresas. A cinco empresas. A cuatro empresas.

135. Constituye característica propia del procedimiento restringido: a) La adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras negociar las condiciones del contrato con uno o varios candidatos. b) Cualquier empresa interesada podrá presentar solicitud de participación en respuesta a una convocatoria de licitación. c) Solo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación. d) b y c son correctas.

136. Según la Ley de Contratos del Sector Público, el procedimiento restringido de adjudicación de contratos públicos es especialmente adecuado: Cuando se trata de contratos de obras de grandes dimensiones o que impliquen una ocupación permanente del espacio público. Cuando se trate de contratos que superen los dos millones de euros. Cuando se trata de servicios periódicos o permanentes que requieren una especial relación de confianza con la administración. Cuando se trata de servicios intelectuales de especial complejidad, como es el caso de algunos servicios de consultoría, de arquitectura o de ingeniería.

137. ¿En qué procedimiento de adjudicación todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores?. Procedimiento abierto. Procedimiento restringido. Procedimiento abierto simplificado. Procedimiento ordinario.

138. Según la LCPS, los contratos de las Administraciones públicas podrán modificarse durante su vigencia, siempre que: Dicha posibilidad se recoja en los pliegos, y la modificación no supere el 20 % del precio inicial del contrato. Dicha posibilidad se recoja en los pliegos, y la modificación no supere el 30 % del precio inicial del contrato. La modificación no supere el 10 % del precio inicial del contrato, para el caso de que los pliegos no prevean expresamente la posibilidad de modificación. La modificación no supere el 15 % del precio inicial del contrato en el caso de que los pliegos no prevean expresamente la posibilidad de modificación.

139. De conformidad con el artículo 192 de la LCSP, la cuantía de cada una de las penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, NO podrá ser superior a: El 10% del precio del contrato, IVA incluido. El 50% del precio del contrato, IVA excluido. El 10% del precio del contrato, IVA excluido. El 20% del precio del contrato, IVA incluido.

140. De conformidad con el artículo 193 de la LCSP, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del contrato o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades, cada vez que las penalidades alcancen la siguiente cantidad: Un múltiplo del 20% del precio del contrato, IVA excluido. Un múltiplo del 5% del precio del contrato, IVA excluido. Un múltiplo del 10% del precio del contrato, IVA excluido. Un múltiplo del 15% del precio del contrato, IVA excluido.

141. Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico, si la Administración se demorase 5 meses en el pago del precio de un contrato administrativo: El contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, previa comunicación a la Administración con un mes de antelación. El contratista tiene derecho a resolver el contrato y a una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Se produce automáticamente la suspensión del contrato. La Administración podrá optar por acordar la resolución del contrato o su suspensión.

142. En los contratos de las Administraciones Públicas, ¿es posible efectuar un pago aplazado del precio del contrato?. Con carácter general el pago aplazado está prohibido, excepto en los supuestos en que el sistema de pago se establezca mediante bonos del estado o arrendamiento sin opción de compra, así como en los casos en que la ley lo autorice expresamente. Con carácter general el pago aplazado está prohibido, excepto en los contratos de concesión de servicios públicos. Con carácter general el pago aplazado está prohibido, excepto en los supuestos en que el sistema de pago se establezca mediante la modalidad de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra, así como en los casos en que la ley lo autorice expresamente. Sí, siempre que el órgano de contratación lo considere oportuno en base al precio a abonar y a la naturaleza de las prestaciones objeto del contrato.

143. De acuerdo con el contenido del artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, desde la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acreditan la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, ¿de qué plazo dispone con carácter general la Administración para abonar el precio?. 1 mes. 10 días. 30 días. 3 meses.

144. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente LCSP, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de: Modificar los contratos administrativos por razones de interés público. Resolver las dudas que ofrezca el cumplimiento de los contratos privados y administrativos. Resolver los contratos privados. Modificar los plazos de abono del precio.

145. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de (señale la respuesta incorrecta): Inspeccionar toda instalación, oficina y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades. Declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato administrativo. Resolver las dudas que ofrezca el cumplimiento de los contratos administrativos. Interpretar los contratos administrativos.

146. En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas de la Administración Pública en los contratos administrativos: Los acuerdos que adopte el órgano de contratación no pondrán fin a la vía administrativa, aunque serán inmediatamente ejecutivos. Será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. Deberá darse audiencia al contratista. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa, aunque no serán inmediatamente ejecutivos.

147. Los pliegos o el documento descriptivo podrán prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas: No podrán ser superiores al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 60% del precio del contrato. No podrán ser superiores al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50% del precio del contrato. No podrán ser superiores al 20% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50% del precio del contrato. No podrán ser superiores al 20% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50% del precio del contrato.

148. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de: 0,80 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA incluido. 0,60 euros por cada 500 euros del precio del contrato, IVA incluido. 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. 0,80 euros por cada 500 euros del precio del contrato, IVA excluido.

149. El órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del contrato o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades cada vez que las penalidades por demora alcancen: Un múltiplo del 5% del precio del contrato, IVA excluido. Un múltiplo del 10% del precio del contrato, IVA excluido. Un múltiplo del 10% del precio del contrato, IVA incluido. Un múltiplo del 5% del precio del contrato, IVA incluido.

150. Señale en cuál de los supuestos que se indican a continuación, en relación con los contratos administrativos, no será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma: La declaración de nulidad de los contratos, cuando se formule oposición por parte del contratista. La modificación de los contratos, cuando se formule oposición por parte del contratista. La interpretación de los contratos, cuando se formule oposición por parte del contratista. La resolución de los contratos, cuando se formule oposición por parte del contratista.

151. En el supuesto de demora en la ejecución, si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será: Por lo menos, la mitad del tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. Por lo menos, la mitad del tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro mayor. Por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. Por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro mayor.

152. Como regla general, indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, será obligación de: El Consejo de Estado. El órgano de contratación. El contratista. La Administración contratante.

153. Cuando los daños y perjuicios que se causen a terceros hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración o como consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de obras, será responsable de los daños: El Consejo de Estado. El contratista. La Administración. El consorcio de seguros.

154. Sin perjuicio de lo establecido para el contrato de obras en el artículo 239, la ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de: El contratista y subsidiariamente el contratante. El contratante. El contratista y el contratante solidariamente. El contratista.

155. El contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato si la demora en el pago fuese superior a: 2 meses. 3 meses. 6 meses. 4 meses.

156. El contratista tendrá derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen si la demora de la Administración fuese superior a: 4 meses. 6 meses. 3 meses. 2 meses.

157. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que: Sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en los pliegos. Estén vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del artículo 145. No sean directa o indirectamente discriminatorias. Concurran todos los requisitos señalados en las opciones de respuesta anteriores.

158. Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley respecto a la sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, los contratos administrativos solo podrán ser modificados: Por razones de interés privado. Por razones de urgencia. Por decisión del contratista. Por razones de interés público.

159. Cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo de: El 15% del precio inicial. El 50% del precio inicial. El 20% del precio inicial. El 10% del precio inicial.

160. En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 206, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen: Aisladamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 10 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. Aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. Aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA incluido. Conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 10 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

161. Según el art. 197 LCSP, la ejecución del contrato se realizará: A riesgo y ventura del órgano de contratación, sin perjuicio de lo establecido en el contrato de concesión de obras. A riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido para el contrato de obras. A riesgo y ventura del órgano de contratación, sin perjuicio de lo establecido en el contrato de obras. A riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de los establecido para los contratos de concesiones.

162. Según el art. 202 LCSP, los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que: Su objeto sea mejorar aspectos ambientales o sociales del contrato. Estén vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del artículo 145, no sean directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el Derecho de la Unión Europea y se indiquen en el anuncio licitación y en los pliegos. No sean directa o indirectamente discriminatorias y sean compatibles con el Derecho de la Unión europea, con independencia de que estén vinculadas o no al objeto del contrato. No sean directa o indirectamente discriminatorias, obliguen a respetar los salarios pactados o a adoptar medidas de protección del medio ambiente, aunque no se encuentren vinculadas al objeto contractual.

163. En el supuesto de resolución del contrato por ejecución defectuosa del contrato, ¿cuándo establece la Ley Contratos Sector Público que será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva?. No es preceptivo. Será preceptivo en todo caso. Será preceptivo en atención a la cuantía de los contratos y a las características del mismo. Será preceptivo si media oposición del contratista.

164. Será preceptivo el informe del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de modificaciones del contrato cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y: Su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 4.000.000 euros. Su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 15 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 5.000.000 euros. Su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 euros. Su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 25 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 3.000.000 euros.

166. De acuerdo con el artículo 192 de la LCSP, cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato: La Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo. La Administración deberá proceder a la resolución del contrato. La Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. La Administración deberá proceder a la imposición de las penalidades.

167. Los abonos a cuenta que procedan por la ejecución del contrato, solo podrán ser embargados en los siguientes supuestos (señale la respuesta incorrecta): Para el pago de los salarios devengados por el personal del contratista en la ejecución del contrato. Para el pago de las cuotas sindicales del personal del contratista adscrito a la ejecución del contrato. Para el pago de las obligaciones contraídas por el contratista con los suministradores referidas a la ejecución del contrato. Para el pago de las obligaciones contraídas por el contratista con los subcontratistas referidas a la ejecución del contrato.

168. De acuerdo con lo previsto en el artículo 205 de la LCSP, las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los inicialmente contratados, podrán implicar, como máximo, una alteración en el precio del contrato que no exceda: El 50% del precio inicial, IVA excluido. El 30% del precio inicial, IVA excluido. El 20% del precio inicial, IVA excluido. El 10% del precio inicial, IVA excluido.

169. De acuerdo con el artículo 194 de la LCSP, las penalidades que se impongan por acuerdo del órgano de contratación serán inmediatamente ejecutivas, y se harán efectivas, en primer lugar: Sobre la garantía definitiva que, en su caso, se hubiese constituido. Sobre la garantía provisional que, en su caso, se hubiese constituido. Mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista. Sobre la garantía complementaria que, en su caso, se hubiese constituido.

170. De acuerdo con el artículo 193 LCSP, en relación con la demora en la ejecución del contrato, es correcto afirmar que: El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en el pliego de cláusulas administrativas particulares de unas penalidades distintas a las previstas en la LCSP. Cuando el contratista, por causas no imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato. No cabrá en ningún caso la imposición de penalidades por el incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales. La constitución en mora del contratista precisará intimación previa por parte de la Administración.

171. La constatación del cumplimiento del contrato exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad: Dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características. Dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas generales. Dentro de los dos meses siguientes a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas generales. Dentro de los dos meses siguientes a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características.

172. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la LCSP, los contratos se extinguirán: Por resolución o por rescisión. Por su cumplimiento, por resolución o por rescisión. Por su cumplimiento o por resolución. Por su cumplimiento o por rescisión.

173. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración: La totalidad de la prestación. Una parte de la prestación. La mitad de la prestación. La mayor parte de la prestación.

174. En los contratos se fijará un plazo de garantía, transcurrido el cual, sin objeciones por parte de la Administración, salvo los supuestos en que se establezca otro plazo en esta Ley o en otras normas, quedará extinguida la responsabilidad del contratista. Dicho plazo de garantía se contará desde: La fecha de la liquidación del contrato. La fecha de recepción o conformidad. La fecha de la certificación final. La fecha de finalización de la prestación.

175. Excepto en los contratos de obras, deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija, y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato, y abonársele, en su caso, el saldo resultante, dentro del plazo de: 15 días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad. 20 días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad. 10 días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad. 30 días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad.

176. Son causas de resolución del contrato (señale la respuesta incorrecta): La declaración de concurso o la declaración de insolvencia únicamente cuando suceda en el mismo procedimiento. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.

177. Es causa de resolución del contrato, de acuerdo con el artículo 211 de la LCSP: El incumplimiento de cualquier obligación del contrato. El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma. La modificación del contrato conforme a los artículos 204 y 205. La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior a 4 meses.

178. En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a: La que suponga una situación más ventajosa para la Administración. La que haya aparecido con posterioridad en el tiempo. La que haya aparecido con prioridad en el tiempo. La que suponga una situación más ventajosa para el contratista.

179. La resolución del contrato se acordará por: El contratista, de oficio o a instancia del órgano de contratación. El contratista, de oficio. El órgano de contratación, de oficio. El órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.

180. De acuerdo con el artículo 213 de la LCSP, cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, la Administración: No podrá acordar la continuación del contrato con sus herederos o sucesores. Podrá acordar la continuación del contrato con sus herederos o sucesores. Podrá acordar la continuación del contrato con sus herederos o sucesores cuando la causa de resolución sea una incapacidad sobrevenida del contratista individual pero no cuando se produzca su muerte. Podrá acordar la continuación del contrato con sus herederos o sucesores cuando la causa de resolución sea la muerte, pero no cuando se deba a una incapacidad sobrevenida del contratista individual.

181. La resolución por mutuo acuerdo solo podrá tener lugar: a. Cuando no concurra otra causa de resolución que sea imputable al contratista. b. Siempre que razones de interés público hagan necesaria o conveniente la permanencia del contrato. Las respuestas a y b son correctas. Las respuestas a y b son incorrectas.

182. Los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo de: 6 meses. 8 meses. 3 meses. 1 mes.

183. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista: Le será incautada la garantía y no estará obligado a indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. Le será devuelta la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía devuelta. Le será devuelta la garantía y no estará obligado a indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. Le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.

184. Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, los pliegos deberán contemplar, como mínimo, la exigencia de los siguientes requisitos (señala la incorrecta): Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente. Que el órgano de contratación autorice, de forma previa, expresa o tácitamente, la cesión. Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato o, cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, que haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato.

185. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, el cesionario: No quedará subrogado en los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente. Quedará subrogado únicamente en las obligaciones que corresponderían al cedente. Quedará subrogado únicamente en los derechos que correspondería al cedente. Quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.

186. De acuerdo con en el artículo 215 LCSP, en relación con la subcontratación, el contratista: Podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación siempre que esta haya de ser ejecutada directamente por el contratista. Podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo que dispongan los pliegos salvo que la prestación haya de ser ejecutada directamente por el contratista. Podrá, en todo caso, concertar con terceros la realización parcial de la prestación sin sujeción a lo que dispongan los pliegos. No podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación.

187. El órgano de contratación del sistema estatal de contratación centralizada es: El que determine la Administración respectiva. La Junta de Contratación Centralizada. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa. La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

188. Para racionalizar y ordenar la adjudicación de contratos las Administraciones Públicas podrán: Concluir acuerdos marco. Articular sistemas dinámicos. Centralizar la contratación de obras, servicios y suministros en servicios especializados. Todas las respuestas anteriores son correctas.

189. Con el fin de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos que pretendan adjudicar durante un período determinado, uno o varios órganos de contratación del sector público podrán celebrar con una o varias empresas: Contratos específicos. Centrales de compras. Acuerdos marcos. Contratos basados.

190. La duración de un acuerdo marco no podrá exceder de: 5 años, en ningún caso. 5 años, salvo en casos excepcionales, debidamente justificados. 4 años, salvo en casos excepcionales, debidamente justificados. 4 años, en ningún caso.

191. La duración de los contratos basados en un acuerdo marco: Será superior a la duración del acuerdo marco. Será inferior a la duración del acuerdo marco. Será la misma que la duración del acuerdo marco. Será independiente de la duración del acuerdo marco.

192. Los contratos basados en un acuerdo marco: Solo podrán adjudicarse durante la vigencia del acuerdo marco. Podrán adjudicarse hasta 6 meses después de la vigencia del acuerdo marco. Podrán adjudicarse hasta 1 año después de la vigencia del acuerdo marco. Podrán adjudicarse hasta 2 años después de la vigencia del acuerdo marco.

193. El sistema dinámico de adquisición es un proceso: Parcialmente electrónico, con una duración ilimitada. Totalmente electrónico, con una duración ilimitada. Parcialmente electrónico, con una duración limitada y determinada en los pliegos. Totalmente electrónico, con una duración limitada y determinada en los pliegos.

194. Podrá declarar de contratación centralizada los suministros, obras y servicios que se contraten de forma general y con características esencialmente homogéneas determinando las condiciones en las que se producirá el proceso de centralización: El Ministro de Interior. El Consejo de Ministros. El Ministro de Hacienda. La Junta Consultiva de Contratación.

195. Las centrales de contratación actuarán (señale la respuesta incorrecta): Adjudicando contratos a otros entes del sector público. Celebrando acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición para la realización de obras, suministros o servicios destinados a otros entes del sector público. Celebrando pactos privados con otros entes del sector público. Adquiriendo suministros y servicios para otros entes del sector público.

196. De acuerdo con la Ley 9/2017, cuando una obra de reparación afecte a la estructura resistente de un inmueble tendrá la calificación de: Restauración funcional. Reparación estructural. Gran reparación. Reconstrucción estructural.

197. Señale la afirmación incorrecta en relación con el replanteo del proyecto: Se comprobará la realidad geométrica de la obra. Se efectuará después de la aprobación del proyecto y de la aprobación del expediente de contratación de la obra. Una vez realizado el replanteo se incorporará el proyecto al expediente de contratación. Se comprobará la disponibilidad de los terrenos precisos para la normal ejecución de la obra.

198. No es una causa de resolución del contrato de obras, según lo establecido en el artículo 245 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: El desistimiento. La demora injustificada en la comprobación del replanteo. La suspensión de las obras por plazo superior a seis meses por parte de la Administración. La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses.

199. En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión de la iniciación de las mismas por parte de la Administración por plazo superior a cuatro meses, el contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos: Una indemnización del 5 por cien del precio de adjudicación, IVA excluido. Una indemnización del 3 por cien del precio de adjudicación, IVA excluido. Una indemnización del 4 por cien del precio de adjudicación, IVA excluido. Una indemnización del 2 por cien del precio de adjudicación, IVA excluido.

200. A los efectos de elaboración de los proyectos se clasifican las obras, según su objeto y naturaleza, en los grupos siguientes (señale la respuesta incorrecta): Obras de sustitución. Obras de demolición. Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación. Obras de conservación y mantenimiento.

201. Son obras de primer establecimiento las quedan lugar a: Las necesarias para enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble. La creación de un bien inmueble. La reparación de una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad. La creación de un bien mueble o inmueble.

202. El concepto general de reforma abarca el conjunto de obras de (señale la respuesta incorrecta): Adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente. Mejora y modernización de un bien inmueble ya existente. Enmienda de menoscabos producidos en un bien inmueble. Ampliación de un bien inmueble ya existente.

203. Se consideran como obras de reparación: Aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad. Aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y dotándola de una nueva funcionalidad que sea compatible con los elementos y valores originales del inmueble. Las necesarias para enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales. Las que tengan por objeto el derribo o la destrucción de un bien inmueble.

204. Son obras de restauración: Las que tengan por objeto el derribo o la destrucción de un bien inmueble. Aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y dotándola de una nueva funcionalidad que sea compatible con los elementos y valores originales del inmueble. Aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad. Las necesarias para enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales.

205. Son obras de demolición: Aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y dotándola de una nueva funcionalidad. Las que tengan por objeto el derribo o la destrucción de un bien inmueble. Las necesarias para enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales. Aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad.

206. Respecto a la contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras correspondientes, el artículo 234 de la LCSP señala que: No podrá efectuarse cuando motivos de orden técnico obliguen necesariamente a vincular al empresario a los estudios de las obras. Tendrá carácter excepcional. La licitación de este tipo de contrato no requerirá la redacción previa por la Administración o entidad contratante del correspondiente anteproyecto o documento similar. No podrá efectuarse cuando se trate de obras cuya dimensión excepcional o dificultades técnicas singulares, requieran soluciones aportadas con medios y capacidad técnica propias de las empresas.

207. Respecto a la presentación del proyecto por el empresario, de acuerdo con el artículo 234 de la LCSP, el contratista presentará el proyecto al órgano de contratación para su (señale la respuesta incorrecta): Elaboración. Supervisión. Replanteo. Aprobación.

208. Antes de la aprobación del proyecto, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión, cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea: Igual o superior a 200.000 euros, IVA incluido. Igual o superior a 500.000 euros, IVA incluido. Igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido. Igual o superior a 200.000 euros, IVA excluido.

209. Aprobado el proyecto y previamente a la aprobación del expediente de contratación de la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, el cual consistirá en: Comprobar la realidad económica de la misma y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución. Comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución. Comprobar la realidad geométrica de la misma y la adecuación técnica para su normal ejecución. Comprobar la realidad económica de la misma y la adecuación técnica para su normal ejecución.

210. La ejecución del contrato de obras comenzará con: El acta de replanteo. La incorporación del proyecto al expediente de contratación. El informe de supervisión. El acta de comprobación del replanteo.

211. Respecto a la ejecución de las obras y responsabilidad del contratista cuando las instrucciones fueren de carácter verbal: Tendrán plena validez, sin perjuicio de que puedan ser ratificadas por escrito. Deberán ser ratificadas por escrito en el plazo de tres días, para que sean vinculantes para las partes. Tendrán plena validez y no podrán ser ratificadas por escrito. Deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

212. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía será responsable de todos los defectos que en la construcción puedan advertirse: El órgano de contratación. El contratista. El contratista y el órgano de contratación conjuntamente. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

213. El contratista tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios, que se le hubieren producido en la ejecución del contrato: En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista. En casos de fuerza mayor, independientemente de la actuación del contratista. En ningún caso. En todo caso.

214. Tendrán la consideración de caso de fuerza mayor, de acuerdo con el artículo 239 de la LCSP (señale la respuesta incorrecta): Los fenómenos naturales de efectos catastróficos. La ruina ocasionada por defectos de la obra ejecutada en situaciones de emergencia. Los destrozos ocasionados violentamente en robos tumultuosos. Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

215. A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto: En los primeros 5 días anteriores al mes al que correspondan. En los primeros 10 días siguientes al mes al que correspondan. En los primeros 5 días siguientes al mes al que correspondan. En los últimos 10 días anteriores al mes al que correspondan.

216. A la recepción de las obras a su terminación concurrirá: Un facultativo designado por la Administración representante de esta. El facultativo encargado de la dirección de las obras. El contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. Todas las respuestas anteriores son correctas.

217. El órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas dentro del plazo de: Seis meses contados a partir de la recepción. Tres meses contados a partir de la recepción. Dos meses contados a partir de la recepción. Un mes contado a partir de la recepción.

218. Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas (señale la respuesta incorrecta): El funcionario técnico designado por la Administración contratante las dará por recibidas. Comenzará el plazo de garantía. Se levantará la correspondiente acta. Se procederá a la devolución de la garantía definitiva.

219. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas (señale la respuesta incorrecta): Declarará resuelto el contrato de manera inmediata. Se hará constar así en el acta. Detallará instrucciones precisas para remediar los defectos. El Director de las mismas señalará los defectos observados.

220. Respecto al cumplimiento de las obras, el plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a su naturaleza y complejidad y no podrá ser inferior a: Un año, en ningún caso. Un año, salvo casos especiales. Dos años, salvo casos especiales. Dos años, en ningún caso.

221. Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá este de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de: 20 años a contar desde la recepción. 15 años a contar desde la recepción. 5 años a contar desde la recepción. 10 años a contar desde la recepción.

222. Es causa de resolución del contrato de obras, además de las generales de la Ley, las siguientes: La suspensión de las obras por plazo superior a seis meses por parte de la Administración. La demora justificada en la comprobación del replanteo. La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a tres meses. El desistimiento.

223. Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a la resolución del contrato, el contratista solo tendrá derecho por todos los conceptos a una indemnización equivalente al: 2% del precio de adjudicación, IVA incluido. 2% del precio de adjudicación, IVA excluido. 3% del precio de adjudicación, IVA incluido. 3% del precio de adjudicación, IVA excluido.

224. En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión de la iniciación de las mismas por parte de la Administración por plazo superior a cuatro meses, el contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización del: 2% del precio de adjudicación, IVA incluido. 3% del precio de adjudicación, IVA incluido. 3% del precio de adjudicación, IVA excluido. 2% del precio de adjudicación, IVA excluido.

225. Señale la alternativa correcta. En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a: 5 meses, el contratista tendrá derecho por todos los conceptos al 6% del precio de adjudicación del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido. 8 meses, el contratista tendrá derecho por todos los conceptos al 3% del precio de adjudicación del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido. 5 meses, el contratista tendrá derecho por todos los conceptos al 3% del precio de adjudicación del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido. 8 meses, el contratista tendrá derecho por todos los conceptos al 6% del precio de adjudicación del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido.

226. El órgano que corresponda de la Administración concedente acordará la realización de un estudio de viabilidad de las mismas: Con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión unas obras. Solo cuando las obras afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. Simultáneamente a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión unas obras. Con carácter posterior a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión unas obras.

227. La Administración concedente someterá el estudio de viabilidad a información pública por plazo de: Un mes, prorrogable por idéntico plazo en razón de la complejidad del mismo. Dos meses, prorrogable por la mitad de dicho plazo en razón de la complejidad del mismo. Un mes, prorrogable por la mitad de dicho plazo en razón de la complejidad del mismo. Dos meses, prorrogable por idéntico plazo en razón de la complejidad del mismo.

228. El concesionario tendrá derecho a percibir de los usuarios o de la Administración una retribución por la utilización de las obras en la forma prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares y de conformidad con lo establecido en este artículo, que se denominará: Tarifa y tendrá la naturaleza de prestación patrimonial de carácter público no tributario. Precio y tendrá la naturaleza de prestación patrimonial de carácter público tributario. Tarifa y tendrá la naturaleza de prestación patrimonial de carácter público tributario. Precio y tendrá la naturaleza de prestación patrimonial de carácter público no tributario.

229. Las tarifas que abonen los usuarios por la utilización de las obras serán fijadas por el órgano de contratación en el acuerdo de adjudicación y: Tendrán el carácter de máximas y los concesionarios podrán aplicar tarifas superiores cuando así lo estimen conveniente. Tendrán el carácter de mínimas y los concesionarios podrán aplicar tarifas superiores cuando así lo estimen conveniente. Tendrán el carácter de máximas y los concesionarios podrán aplicar tarifas inferiores cuando así lo estimen conveniente. Tendrán el carácter de mínimas y los concesionarios podrán aplicar tarifas inferiores cuando así lo estimen conveniente.

230. Son causas de resolución del contrato de concesión de obras las siguientes (señala la incorrecta): La demora superior a 3 meses por parte del órgano de contratación en la entrega al concesionario de la contraprestación, de los terrenos o de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato. El rescate de la explotación de las obras por el órgano de contratación. La supresión de la explotación de las obras por razones de interés público. La ejecución hipotecaria declarada desierta.

231. De acuerdo con lo previsto en el artículo 283 de la LCSP, respecto al destino de las obras a la extinción de la concesión, es cierto que: Los bienes afectos a la concesión que vayan a revertir a la Administración podrán ser objeto de embargo. El concesionario quedará obligado a hacer entrega a la Administración concedente, en buen estado de conservación y uso, de las obras incluidas en la concesión. Los pliegos no podrán establecer que, a la extinción de la concesión, estas obras, bienes e instalaciones deban ser demolidos por el concesionario. El concesionario quedará obligado a negociar con la Administración concedente la transferencia de la titularidad sobre las obras incluidas en la concesión.

232. La Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato de concesión de servicios: Los servicios que no sean de su titularidad o competencia siempre que sean susceptibles de explotación económica por particulares. Los servicios de su titularidad o competencia que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. Los servicios de su titularidad o competencia siempre que sean susceptibles de explotación económica por particulares. Los servicios de su titularidad o competencia siempre que no sean susceptibles de explotación económica por particulares.

233. Los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos: Excepcionalmente podrán prestarse mediante concesión de servicios. Deberán gestionarse indirectamente, mediante contrato de concesión de servicios. Con carácter general, podrán prestarse mediante concesión de servicios. En ningún caso podrán prestarse mediante concesión de servicios.

234. En los contratos de concesión de servicios la tramitación del expediente irá precedida de la realización y aprobación de un estudio de viabilidad de los mismos o en su caso, de un estudio de viabilidad económico-financiera, que: No tendrán carácter vinculante en ningún caso. Tendrán carácter vinculante en todo caso. Tendrán carácter vinculante en los supuestos en que concluyan en la inviabilidad del proyecto. Tendrán carácter vinculante en los supuestos en que concluyan en la viabilidad del proyecto.

235. El concesionario tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en el contrato, entre las que se incluirá, para hacer efectivo su derecho a la explotación del servicio, una retribución fijada en función de su utilización que se percibirá: Directamente de los usuarios o de la propia Administración. Directamente de los usuarios. Mediante canon. De la propia Administración.

236. Son causas de resolución del contrato de concesión de servicios las siguientes (señala la incorrecta): La demora superior a seis meses por parte de la Administración en la entrega al concesionario de la contraprestación. La ejecución hipotecaria declarada desierta. La imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de acuerdos adoptados por la Administración con posterioridad al contrato. El rescate del servicio por la Administración para su gestión indirecta por razones de interés público.

237. Es causa de resolución del contrato de concesión de servicios la demora por parte de la Administración en la entrega al concesionario de la contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato: Superior a 1 mes. Superior a 2 meses. Superior a 6 meses. Superior a 3 meses.

238. Según dispone el artículo 298 de la LCSP, en el contrato de arrendamiento, durante el plazo de vigencia del contrato, la obligación del mantenimiento del objeto del mismo será asumida por: La Administración. El arrendador o empresario. El arrendatario. El órgano de contratación.

239. De acuerdo con el artículo 300 de la LCSP, el contratista estará obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el tiempo y lugar fijados en: El contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas. El contrato y de conformidad con los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación. El acto de adjudicación y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas. El acto de adjudicación y de conformidad con los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación.

240. El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración: Cualquiera que sea el tipo de suministro, salvo que esta hubiere incurrido en mora al recibirlos. Salvo que se trate de suministro de bienes arrendados. Cualquiera que sea el tipo de suministro, aun cuando esta hubiere incurrido en mora al recibirlos. Salvo en el caso de suministro de bienes o productos perecederos.

241. Respecto a la ejecución del contrato de suministro, cuando el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las condiciones del pliego, sea posterior a su entrega, será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra: El suministrador. La Administración. El contratista. El arrendador.

242. Respecto a la ejecución del contrato de suministro, una vez recibidos de conformidad por la Administración bienes o productos perecederos, será: La Administración responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad del suministrador por los vicios o defectos ocultos de los mismos. El suministrador responsable de su gestión, uso o caducidad, así como de la responsabilidad por los vicios o defectos ocultos de los mismos. El suministrador responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la Administración por los vicios o defectos ocultos de los mismos. La Administración responsable de su gestión, uso o caducidad, así como de la responsabilidad por los vicios o defectos ocultos de los mismos.

243. Señale la respuesta correcta en relación con los gastos de entrega y recepción del contrato de suministro: En todo caso, los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido serán por cuenta de la Administración. Salvo pacto en contrario, los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido serán por cuenta del contratista. En todo caso, los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido serán por cuenta del contratista. Salvo pacto en contrario, los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido serán por cuenta de la Administración.

244. Es causa de resolución del contrato, el desistimiento antes de la iniciación del suministro o la suspensión de la iniciación del suministro por causa imputable a la Administración por: Plazo superior a 2 meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega salvo que en el pliego se señale otro mayor. Plazo superior a 4 meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega salvo que en el pliego se señale otro menor. Plazo superior a 2 meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega salvo que en el pliego se señale otro menor. Plazo superior a 4 meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega salvo que en el pliego se señale otro mayor.

245. Es causa de resolución del contrato el desistimiento una vez iniciada la ejecución del suministro la suspensión del suministro por un: Plazo superior a 6 meses acordada por la Administración, salvo que en el pliego se señale otro menor. Plazo superior a 4 meses acordada por la Administración, salvo que en el pliego se señale otro menor. Plazo superior a 8 meses acordada por la Administración, salvo que en el pliego se señale otro menor. Plazo superior a 2 meses acordada por la Administración, salvo que en el pliego se señale otro menor.

246. Cuando se resuelva un contrato de suministro por la suspensión de la iniciación del suministro por causa imputable a la Administración por un plazo superior a cuatro meses, el contratista solo tener derecho a percibir, por todos los conceptos, una indemnización del: 6 por ciento del precio de la adjudicación del contrato, IVA excluido. 3 por ciento del precio de la adjudicación del contrato, IVA incluido. 6 por ciento del precio de la adjudicación del contrato, IVA incluido. 3 por ciento del precio de la adjudicación del contrato, IVA excluido.

247. En caso de desistimiento antes de la iniciación del suministro solo tendrá derecho el contratista apercibir, por todos los conceptos, una indemnización de: El 6% del precio de la adjudicación del contrato, IVA excluido. El 3% del precio de la adjudicación del contrato, IVA excluido. El 6% del precio de la adjudicación del contrato, IVA incluido. El 3% del precio de la adjudicación del contrato, IVA incluido.

248. En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución del suministro, el contratista tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos: El 6% del precio de adjudicación del contrato de los suministros dejados de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA incluido. El 6% del precio de adjudicación del contrato de los suministros dejados de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido. El 3% del precio de adjudicación del contrato de los suministros dejados de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA incluido. El 3% del precio de adjudicación del contrato de los suministros dejados de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido.

249. Respecto al contrato de servicios, en ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través del contrato de servicios: Salvo casos de fuerza mayor. Salvo los que por razón de la cuantía se tramite como contratos menores. Incluidos los que por razón de la cuantía se tramite como contratos menores. Salvo los que tengan carácter de emergencia.

250. Indique la afirmación incorrecta en relación con el contrato de servicios, según lo establecido en la LCSP: La entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través del contrato de servicios. No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. Salvo que se disponga otra cosa en los PCAP, los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de este a la Administración contratante. A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad contratante.

251. En los contratos que tengan por objeto la prestación de actividades docentes en centros del sector público desarrolladas en forma de cursos de formación o perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración, las disposiciones de esta Ley: Serán de aplicación a la preparación y adjudicación del contrato. No serán de aplicación a la preparación y adjudicación del contrato. No serán de aplicación a la preparación, pero sí lo serán a la adjudicación del contrato. Serán de aplicación a la preparación, pero no a la adjudicación del contrato.

252. Es causa de resolución de los contratos de servicios el desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por causa imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por: Plazo superior a 2 meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor. Plazo superior a 4 meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor. Plazo superior a 8 meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor. Plazo superior a 6 meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor.

253. Es causa de resolución de los contratos de servicios el desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato por: Plazo superior a 6 meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el pliego se señale otro menor. Plazo superior a 8 meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el pliego se señale otro menor. Plazo superior a 2 meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el pliego se señale otro menor. Plazo superior a 4 meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el pliego se señale otro menor.

254. Cuando se resuelva un contrato de servicios por el desistimiento antes de iniciar la prestación por causa imputable al órgano de contratación, el contratista solo tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos, una indemnización del: 7 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido. 6 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido. 5 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA incluido. 3 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido.

255. Son causas de resolución de los contratos de servicios, además de las generales, las siguientes (señale la incorrecta): La suspensión por causa imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a tres meses a partir de la fecha señalada en el contrato para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor. Los contratos complementarios quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el contrato principal. El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato por plazo superior a ocho meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el pliego se señale otro menor. El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por causa imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo por plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el contrato para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor.

256. De acuerdo con el artículo 323 de la LCSP, son los órganos de contratación de la Administración General del Estado y, en consecuencia, están facultados para celebrar en su nombre los contratos en el ámbito de su competencia: Únicamente los Ministros. Únicamente los Secretarios de Estado. Los Ministros, los Secretarios de Estado y los Subsecretarios de Estado. Los Ministros y los Secretarios de Estado.

257. En los departamentos ministeriales en los que existan varios órganos de contratación, la competencia para celebrar los contratos de suministro y de servicios que afecten al ámbito de más de uno de ellos corresponderá: Al Ministro, salvo en los casos en que la misma se atribuye a la Junta de Contratación. En todo caso al Secretario de Estado. En todo caso al Ministro. Al Secretario de Estado, salvo en los casos en que la misma se atribuya a la Junta de Contratación.

258. Los órganos de contratación de las entidades del sector público estatal que tengan la consideración de poder adjudicador necesitarán la autorización del Consejo de Ministros para celebrar contratos cuando el valor estimado del contrato, calculado conforme a lo señalado en el artículo 101, sea: Igual o superior a 12 millones de euros. Superior a 12 millones de euros. Igual o superior a 10 millones de euros. Superior a 10 millones de euros.

259. Los órganos de contratación de las entidades del sector público estatal que tengan la consideración de poder adjudicador necesitarán la autorización del Consejo de Ministros para celebrar contratos cuando el pago de los contratos se concierte mediante el sistema de arrendamiento financiero o mediante el sistema de arrendamiento con opción de compra y el número de anualidades supere: 5 años. 3 años. 4 años. 2 años.

260. La mesa de contratación, de acuerdo con el artículo 326 de la LCSP, estará constituida por: Un Presidente, un Vicepresidente y dos vocales. Un Presidente, un Secretario y un Subsecretario. Un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. Un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente, y un Secretario.

261. Señale la respuesta incorrecta en relación con la mesa de contratación, de acuerdo con lo dispuesto en la LCSP: En ningún caso podrán formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de valoración de las ofertas los cargos públicos representativos ni el personal eventual. La composición de la mesa se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación correspondiente. En los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la mesa será obligatoria para el órgano de contratación. Los miembros de la mesa serán nombrados por el órgano de contratación.

262. Para asistir al órgano de contratación en los procedimientos de diálogo competitivo o de asociación para la innovación, se constituirá una mesa a la que se incorporarán personas especialmente cualificadas en la materia. El número de estas personas será igual o superior a: La mitad de los componentes de la Mesa y participarán en las deliberaciones con voz y voto. Un tercio de los componentes de la Mesa y participarán en las deliberaciones con voz, pero sin voto. Un tercio de los componentes de la Mesa y participarán en las deliberaciones con voz y voto. La mitad de los componentes de la Mesa y participarán en las deliberaciones con voz, pero sin voto.

263. El órgano específico de regulación y consulta en materia de contratación pública del sector público estatales: El Comité de cooperación en materia de contratación pública. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. La Intervención General de la Administración del Estado.

264. Con la finalidad de velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades, en relación con la contratación pública se crea: La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. El Comité de cooperación en materia de contratación pública. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

265. A efectos puramente organizativos y presupuestarios, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación se adscribe a: El Ministerio de Hacienda y Función Pública. El Ministerio de Industria. El Ministerio de Presidencia. El Ministerio de Interior.

266. La Estrategia Nacional de Contratación Pública tendrá un horizonte temporal de: Dos años. Tres años. Un año. Cuatro años.

267. En los casos previstos en el artículo 335 de la LCSP, para el ejercicio de la función fiscalizadora, deberá remitirse al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado el contrato: Dentro de los seis meses siguientes a la formalización del contrato. Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato. Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato. Dentro de los dos meses siguientes a la formalización del contrato.

268. Tiene por objeto la inscripción de los datos y circunstancias que resulten relevantes para acreditar las condiciones de aptitud de los empresarios para contratar con las Administraciones Públicas y demás organismos y entidades del sector público, incluidas las facultades de sus representantes y apoderados, así como la acreditación de todo ello ante cualquier órgano de contratación del sector público: El Comité de cooperación en materia de contratación pública. La Oficina Independiente de Regulación y supervisión de la Contratación. El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. La Oficina Nacional de Evaluación.

269. El Ministerio de Hacienda y Función Pública mantendrá un Registro de Contratos, en el que se inscribirán: Todos los datos de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas y demás entidades del sector público sujetas a esta Ley. Los datos básicos de los contratos adjudicados por la Administración General del Estado y demás entidades del sector público que se adhieran de forma voluntaria. Los datos básicos de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas y demás entidades del sector público sujetas a esta Ley. Todos los datos de los contratos adjudicados por la Administración General del Estado y demás entidades del sector público que se adhieran de forma voluntaria.

270. Constituye el sistema oficial central de información sobre la contratación pública en España: La Plataforma de Contratación del Sector Público. El Registro de Contratos del Sector Público. La estrategia de contratación pública. El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

271. ¿Sobre quién recae la competencia para adoptar los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas con eficacia general para todos los órganos de contratación de la Administración?. Sobre la Comisión de Contratación del Ministerio de Hacienda. Sobre la Junta Administrativa de Contratación. Sobre las Comisiones Consultivas de contratación Administrativa. Sobre las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

272. Las Mesas de Contratación son, de acuerdo con el artículo 326 de la LCSP: Órganos de asistencia técnica especializada. Órganos consultivos. Órganos de contratación. Órganos decisorios.

273. ¿A quién le corresponde aprobar la Estrategia Nacional de Contratación Pública?. A la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Al Ministerio de Economía y Empresa. A la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. Al Comité de cooperación en materia de contratación pública.

274. Tras la formalización del contrato, para el ejercicio de la función fiscalizadora se remitirá al Tribunal de Cuentas una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente del que se derive, siempre que el precio de adjudicación del contrato exceda de: 200.000 euros, tratándose de servicios y de contratos administrativos especiales. 150.000 euros, tratándose de suministros. 600.000 euros, tratándose de concesiones de servicios. 450.000 euros, tratándose de obras.

275. Tras la formalización del contrato, para el ejercicio de la función fiscalizadora se remitirá al Tribunal de Cuentas una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente del que se derive, siempre que el precio de adjudicación del contrato exceda de: 150.000 euros, tratándose de suministros. 150.000 euros, tratándose de contratos administrativos especiales. 450.000 euros, tratándose de obras. 450.000 euros, tratándose de concesiones de obras.

276. Señale la afirmación correcta en relación con las mesas de Contratación del artículo 326 de LCSP: Podrán emitir informes de valoración de las ofertas los cargos públicos representativos. Podrá formar parte de las Juntas de Contratación el personal que haya participado en la redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate. Podrá formar parte de las Juntas de Contratación el personal eventual. Debe figurar entre sus vocales un funcionario que tenga atribuido, legal o reglamentariamente, el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor.

277. ¿A qué Ministerio se encuentra adscrita la junta Consultiva de Contratación Pública del Estado?. Al Ministerio de Hacienda. Al Ministerio del Interior. Al Ministerio de Fomento. Al Ministerio de Justicia.

278. Los órganos de contratación de las entidades del sector público estatal que tengan la consideración de poder adjudicador, necesitarán la autorización del Consejo de Ministros para celebrar contratos públicos: Cuando el presupuesto de licitación sea igual o superior a doce millones de euros. En los acuerdos marco cuyo valor estimado sea igualo superior a diez millones de euros. Cuando el pago de los contratos se concierte mediante el sistema de arrendamiento financiero o mediante el sistema de arrendamiento con opción de Compra y el número de anualidades supere cuatro años. Todas las respuestas son correctas.

279. El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público depende: Del Ministerio de Política Territorial. Del Ministerio de Hacienda. Del Ministerio de Asuntos Económicos y Competitividad. Del Ministerio de Administraciones Públicas.

280. ¿A quién corresponden las funciones de órgano de contratación del sistema estatal de contratación centralizada?. Al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Junta de Contratación Centralizada. A los Secretarios de Estado. Al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de los Secretarios de Estado. Al Presidente del Gobierno, a través de la Junta de Contratación Centralizada.

281. Señale cuál de los siguientes no tiene la consideración de órgano de contratación estatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 323 de la LCSP: Los Secretarios de Estado. Los Directores generales de las distintas entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. Los Presidentes o Directores de los organismos autónomos. El Consejo de Ministros.

282. Señale cuál de las siguientes respuestas es incorrecta, en relación con la autorización del Consejo de Ministros para celebrar contratos a que se refiere el artículo 324 de la LCSP: Será necesaria en los acuerdos marco cuyo valor estimado sea igual o superior a doce millones de euros. Será necesaria cuando el valor estimado del contrato, calculado conforme a lo señalado en el artículo 101, sea igual o superior a doce millones de euros. La autorización del Consejo de Ministros deberá obtenerse antes de la aprobación del expediente. Con carácter previo a la obtención de la autorización del Consejo de Ministros, al órgano de contratación le corresponderá la aprobación del expediente y la aprobación del gasto.

283. Señale cuál de las siguientes respuestas es correcta, en relación con la autorización del Consejo de Ministros para celebrar contratos a que se refiere el artículo 324 de la LCSP: La autorización del Consejo de Ministros implicará la aprobación del gasto. La autorización del Consejo de Ministros implicará la aprobación del expediente. La autorización del Consejo de Ministros deberá obtenerse previa o simultáneamente a la aprobación del expediente. El Consejo de Ministros podrá reclamar discrecionalmente el conocimiento y autorización de cualquier contrato.

284. Los perfiles de contratante de los órganos de contratación de todas las entidades del sector público estatal deberán alojarse de manera obligatoria en: La Plataforma de Contratación del Sector Público. El Registro de Contratos del Sector Público. El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. La Plataforma de Licitación del Estado.

285. En el ámbito del Sector Público Estatal, antes de celebrar un contrato de concesión de obras o de concesión de servicios, será preceptivo y vinculante uniforme del Ministerio de Hacienda y Función Pública, para contratos cuyo valor estimado sea igual o superior a: Diez millones de euros. Seis millones de euros. Tres millones de euros. Doce millones de euros.

2.- Señale la opción correcta, de acuerdo con el art. 157.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación al procedimiento abierto: La propuesta de adjudicación del contrato crea derecho a favor del licitador propuesto. Si se utilizan dos o más criterios de adjudicación, los licitadores deberán presentar la proposición en dos sobres o archivos electrónicos: uno para valorar en los criterios de juicio de valor y otro para valorar criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. Si se utilizan dos o más criterios de adjudicación, los licitadores deberán presentar la proposición en dos sobres o archivos electrónicos, uno para valorar en los criterios y otro con la documentación justificativa. Existen dos opciones correctas.

10.- Según el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el contrato de servicios se define como: Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. Son aquellos cuyo objeto contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase. Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto consiste en explotar un servicio a cambio de un precio. Ninguna es correcta.

38.- De acuerdo con la D.A. 2ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, relativa a las competencias en materia de contratación de las entidades locales, señale la respuesta INCORRECTA: La Mesa de contratación será presidida por un miembro de la Corporación. La Mesa de contratación será presidida por un funcionario de la Corporación. Será secretario de la Mesa de Contratación el que lo sea de la Corporación. El personal laboral al servicio de la Corporación o los miembros electos de la misma podrán formar parte de la Mesa de Contratación.

29.- Se pueden contratar verbalmente: Nunca. Sí, siempre que quede registrado posteriormente en documento escrito. Sólo si el contrato tiene carácter de emergencia. Sólo si el contrato tiene carácter de urgencia.

Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean: necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. justificados previamente en un informe de viabilidad. propuestos por el comité económico. aprobados por su comité ejecutivo.

La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación cuando se adjudique por un: procedimiento abierto, negociado sin publicidad o diálogo competitivo. procedimiento abierto, restringido o negociado con publicidad. procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad. procedimiento abierto, negociado con publicidad o o diálogo competitivo.

Sin perjuicio de las normas especiales aplicables a determinados contratos, la duración de los contratos del sector público deberá establecerse teniendo en cuenta: la naturaleza de las prestaciones. las características de su financiación. la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas. todas son correctas.

Sin perjuicio de las modificaciones que se puedan introducir y siempre que sus características permanezcan inalterables durante el período de duración de estas, el contrato: no podrá prever prórrogas. podrá prever una prórroga. podrá prever una o varias prórrogas. ninguna es correcta.

La prórroga del contrato se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor y siempre que su preaviso se produzca al menos con: un mes de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato. dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato. tres meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato. cuatro meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.

Quedan exceptuados de la obligación de preaviso de la prórroga los contratos cuya duración fuera inferior a: un mes. dos meses. seis meses. un año.

Tendrán un plazo de duración limitado, el cual se calculará en función de las obras y de los servicios que constituyan su objeto y se hará constar en el pliego de cláusulas administrativas particulares: a. los contratos de concesión de obras. b. los contratos de concesión de servicios. c. los contratos de servicios de mantenimiento. d. a y b son correctas.

La duración de los contratos de concesión de obras, y de concesión de servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio no podrá exceder, incluyendo las posibles prórrogas, de: 10 años. 15 años. 25 años. 40 años.

La duración de los contratos de arrendamiento de bienes muebles no podrá exceder, incluyendo las posibles prórrogas que acuerde el órgano de contratación, de: un año. dos años. tres años. cinco años.

La duración de los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios no podrá exceder, incluyendo las posibles prórrogas, de: 10 años. 15 años. 25 años. 40 años.

Cuando un procedimiento de contratación se desarrolle en su totalidad de forma conjunta en nombre y por cuenta de varias entidades: a. estas tendrán la responsabilidad conjunta del cumplimiento de sus obligaciones. b. estas solo tendrán la responsabilidad conjunta por aquellas partes que se hayan llevado a cabo conjuntamente. c. a y b son correctas. d. ninguna es correcta.

Los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades del sector público, salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, deberán incluir, necesariamente (señala la incorrecta): la identificación de las partes, salvo en el caso de contratos menores que bastará con la identificación de la parte contratante. la acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato. definición del objeto y tipo del contrato. referencia a la legislación aplicable al contrato.

Los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades del sector público, salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, deberán incluir, necesariamente (señala la incorrecta): las condiciones de pago. los supuestos en que procede la modificación, en su caso. las indemnizaciones previstas por incumplimiento de contrato. la extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga al contratista.

Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 3 del artículo 36, se perfeccionan: con su formalización. con su adjudicación. de conformidad con la legislación por la que se rijan. ninguna es correcta.

La representación de las entidades del sector público en materia contractual corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre en virtud de: norma legal. norma reglamentaria. disposición estatutaria. todas son correctas.

El responsable del contrato: deberá ser una persona jurídica, vinculada a la entidad contratante. deberá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante. deberá ser una persona jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él. podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.

Se define como elemento que agrupa la información y documentos relativos a su actividad contractual al objeto de asegurar la transparencia y el acceso público a los mismos: perfil de contratante. pliegos particulares. anuncio de licitación. expediente de resolución.

Los órganos de contratación difundirán su perfil de contratante: en la sede del órgano de contratación y a través de Internet. exclusivamente a través de Internet. exclusivamente en la sede del órgano de contratación. ninguna es correcta.

Para el acceso a la información del perfil de contratante: se requerirá identificación previa en todo caso. no se requerirá identificación previa en ningún caso. podrá requerirse identificación previa para el acceso a servicios como suscripciones. ninguna es correcta.

Sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante solicitudes de información, toda la información contenida en los perfiles de contratante permanecerá accesible al público durante un periodo de tiempo no inferior a: 1 año. 2 años. 5 años. 10 años.

Solo podrán contratar con el sector público: personas naturales o jurídicas, españolas. personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras. personas jurídicas, españolas o extranjeras. personas naturales, españolas o extranjeras.

Para contratar con el sector público es necesario: tener plena capacidad de obrar. no estar incurso en alguna prohibición de contratar. acreditar la solvencia económica y financiera y técnica o profesional o encontrarse debidamente clasificado. todas son correctas.

Las personas jurídicas: podrán ser adjudicatarias de cualquier tipo de contratos sin limitaciones. solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. solo podrán ser adjudicatarias de los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios. solo podrán ser adjudicatarias de contratos sujetos a una regulación armonizada.

Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso: a. las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. b. las empresas de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. c. las empresas del Pacto Iberoamericano que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. d. a y b son correctas.

Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto: siempre que se formalicen en escritura pública con anterioridad a la adjudicación del contrato a su favor. sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública en ningún momento. ninguna es correcta.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales: quedarán obligados solidariamente. quedarán obligados subsidiariamente. quedarán obligados patrimonialmente. no quedarán obligados en modo alguno.

La duración de las uniones temporales de empresarios: tendrá que ser superior a la del contrato hasta su extinción. será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción. podrá ser inferior a la del contrato, sin necesidad de llegar a su extinción. ninguna es correcta.

No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la presente Ley las personas que: hayan sido condenadas mediante sentencia firme por delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo. hayan solicitado la declaración de concurso voluntario. hayan sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento. todas son correctas.

Para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por: el órgano de contratación. el sector público. la ley. el propio empresario.

Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la documentación requerida para acreditar los mismos: se indicarán en el anuncio de licitación y se especificarán en el pliego del contrato. se indicarán en el pliego del contrato y se especificarán en el anuncio de licitación. se indicarán en el acto de adjudicación y se especificarán en el expediente de contratación. se indicarán en el expediente de contratación y se especificarán en el pliego del contrato.

EI artículo 145 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público menciona expresamente los contratos para los que se debe aplicar más de un criterio de adjudicación, siendo literalmente uno de ellos: Cuando el órgano de contratación considere que la definición de la prestación no es susceptible de ser mejorada por otras soluciones técnicas o por ampliaciones en su plazo de ejecución. Aquellos que requieran el empleo de tecnología especialmente avanzada o cuya ejecución sea particularmente compleja. Contratos de suministros donde el precio el único factor determinante de la adjudicación. Contratos cuya ejecución no tenga un impacto significativo en el medio ambiente.

EI artículo 169 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, trata sobre la tramitación del procedimiento de licitación con negociación determinando que se cumplirá con la obligación de confidencialidad, por lo que no revelarán a los demás participantes los datos designados como confidenciales que les haya comunicado un candidato o licitador sin el previo: Este consentimiento podrá tener carácter general o deberá especificar a qué información se refiere. Este consentimiento no podrá tener carácter general, sino que deberá especificar a qué información se refiere. Este consentimiento deberá tener carácter general para todo el procedimiento sin especificar a qué información se refiere. EI candidato o licitador no tiene que otorgar previo consentimiento puesto que el proceso de licitación debe ser transparente y público.

De acuerdo con el contenido del artículo 167 de la Ley 9/2017, LCSP, los órganos de contratación podrán adjudicar contratos utilizando el procedimiento de licitación con negociación en los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios cuando se dé alguna de las siguientes situaciones: Cuando para dar satisfacción a las necesidades del órgano de contratación resulte imprescindible que la prestación, tal y como se encuentra disponible en el mercado, sea objeto de un trabajo previo de diseño o de adaptación por parte de los licitadores. Cuando la prestación objeto del contrato excluya un proyecto o soluciones innovadoras. Cuando el órgano de contratación deba establecer con la suficiente precisión las especificaciones técnicas por referencia a una norma, evaluación técnica europea, especificación técnica común o referencia técnica, en los términos establecidos en esta Ley. Cuando en los procedimientos abiertos o restringidos seguidos previamente solo se hubieren presentado ofertas regulares y aceptables.

Según lo establecido en el artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Púbico, ¿qué deberá contar con un dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública de la información que se incluya en el perfil de contratante? : EI sistema informático que soporte el perfil de contratante. La Administración Pública de la que dependa el perfil de contratante. EI órgano de contratación que licite los contratos publicados en el perfil de contratante. La Sede Electrónica de la Administración Pública de la que dependa el órgano de contratación.

En relación con el procedimiento de asociación para la innovación, el artículo 180 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece que el órgano de contratación podrá decidir, al final de cada fase, resolver la asociación para la innovación o, en el caso de una asociación para la innovación con varios socios, reducir el número de socios mediante la resolución de los contratos individuales: Sin que ello dé lugar a indemnización, sin perjuicio de la contraprestación que, en las condiciones establecidas en el pliego, corresponda por los trabajos realizados. Siempre que el órgano de contratación cambie los pliegos de cláusulas administrativas particulares para que sea posible hacer uso de estas posibilidades y las condiciones en que puede hacerlo. EI procedimiento de asociación para la innovación no se realizará en varias fases. No se puede reducir el número de socios mediante la resolución de contratos individuales en el procedimiento de asociación para la innovación.

Sobre la suspensión de los contratos, el artículo 208 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que: Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que hubieran sido previamente solicitados por el contratista. EI derecho a reclamar prescribe en dos años contados desde que el contratista reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato. Si la Administración acordase la suspensión del contrato se extenderá un justificante, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel. Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este con sujeción a las reglas citadas en dicho artículo 208.

En base a lo establecido en el artículo 151 de la de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la resolución de adjudicación deberá ser: Contrastada. Regulada. Motivada. Ajustada.

Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 9/2017, ¿qué obtiene el contratista en un contrato considerado oneroso?. A. Un reconocimiento público. B. Beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta. C. Exclusividad en futuras licitaciones. D. Acceso a información administrativa privilegiada.

Según lo establecido en el articulo 2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿Qué significan las siglas “CPV”?. A. Vocabulario común de contratos públicos. B. El Club de los Poetas Violentos. C. Vocabulario común de contratos privados. D. Comisión Permanente Verificadora.

Atendiendo al artículo 4 de la Ley 9/2017, ¿por qué normas se regirán las relaciones jurídicas, negocios y contratos jurídicos excluidos por la presente ley?. A. Por la normativa regulada por el Consejo de la Unión Europea. B. Por los principios del Derecho Mercantil. C. Por las normas de Derecho Civil. D. Por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, ¿cuáles son las condiciones para que los contratos de investigación y desarrollo no queden excluidos de la presente ley?. A. Que se trate de un convenio, cuyo contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales celebrados entre sí por la Administración General del Estado, las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, las Entidades locales, las entidades con personalidad jurídico pública de ellas dependientes y las entidades con personalidad jurídico privada, siempre que, en este último caso, tengan la condición de poder adjudicador. B. Que los beneficios pertenezcan exclusivamente al poder adjudicador y que el servicio prestado sea remunerado íntegramente por el mismo. C. Que sea un convenio incluido en el ámbito del artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que se concluyan en el sector de la defensa y la seguridad. D. Que se trate de un acuerdo que celebre el Estado con otros Estados o con otros sujetos de derecho internacional.

De conformidad con el artículo 10 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico están excluidos del ámbito de la presente Ley: A. El contrato para la creación de la base de datos celebrado por una entidad local. B. Los servicios prestados por el Banco de España. C. Los contratos de servicios celebrados por la Consejería de Educación y Cultura. D. Los contratos que tenga por objeto la adquisición de energía primario o transformada.

Señale la respuesta correcta con relación a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, en cuanto a la realización de un contrato para resolver un litigio entre la administración y un empleado público: A. Está considerado como un contrato administrativo de servicios. B. Es un contrato relativo a servicios de arbitraje y conciliación, por lo que queda excluido de esta Ley. C. Está considerado como un contrato privado entre la Administración y el propio empleado público. D. Está considerado como un contrato del sector público sometido a un régimen jurídico de derecho privado.

Según el artículo 1 de la Ley 9/2017, ¿qué se pretende asegurar mediante la definición previa de las necesidades a satisfacer en la contratación del sector público?. A. El incremento de la participación internacional en las licitaciones. B. Una eficiente utilización de los fondos públicos. C. La exclusión de ofertas no competitivas. D. La preferencia por productos y servicios ecológicos.

Según la Ley de Contratos del Sector Público en el Título IV del Libro I, Garantías exigibles en la contratación del Sector Público, ¿Cuál de estas garantías no existe?. A. La garantía Complementaria. B. La garantía Definitiva. C. La garantía Adicional. D. La garantía Provisional.

Señala la respuesta correcta de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 9/2017, se considerarán poderes adjudicadores: A. Las entidades con personalidad jurídica propia que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que las Administraciones Públicas, las Fundaciones Públicas o las Mutuas colaboradores con la Seguridad Social o varios de ellos, financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia. B. Las entidades sin personalidad jurídica propia, que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil. C. Las fundaciones privadas. D. Entidades de derecho privado que están vinculadas a una o varias Administraciones Públicas o sean dependientes de las mismas.

En relación con el artículo 3 de la Ley 9/2017, dentro del sector público, ¿qué entidades tendrán la consideración de Administraciones Públicas?. A. Las fundaciones públicas. B. Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las autoridades administrativas independientes. C. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. D. Los fondos sin personalidad jurídica.

De conformidad con el artículo 3 de la Ley 9/2017, ¿cuál de las siguientes entidades forman parte del sector público?. A. Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, por parte la Administración General del Estado sea superior al 50 por 100. B. Las Universidades privadas no transferidas. C. Las Agencias Gubernamentales. D. Las sociedades mercantiles oficiales, en cualquier caso.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 5 de la Ley 9/2017 de contratos del Sector Público, ¿cuál de los siguientes contratos queda excluido del ámbito de aplicación de la presente ley?. A. Los contratos de concesiones de obras y concesiones de servicios que se celebren por un departamento Ministerial. B. Los convenios incluidos en el ámbito del artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que se concluyan en el sector de la defensa y la seguridad. C. Los contratos de suministros que celebren las entidades locales para cubrir necesidades básicas. D. Los contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros, y de suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a cien mil euros.

Según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Contratos del Sector Público, se excluyen del ámbito de la presente ley: A. Los contratos celebrados por una Administración Pública. B. Los contratos celebrados por un Organismo Autónomo localizado en la Comunidad Autónoma de Murcia y adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. C. Los contratos celebrados por la Director General de Organización e Inspección del Ministerio de Cultura y Deporte de España. D. Los acuerdos que celebre el Estado con otros Estados o con otros sujetos de derecho internacional.

De conformidad con el artículo 8 de la Ley 9/2017, ¿qué contratos quedan excluidos de la presente Ley?. A. Los contratos de investigación y desarrollo. B. Los contratos de servicios de limpieza. C. Los contratos de suministro de material de oficina. D. Los contratos de construcción de infraestructuras públicas.

Según lo establecido en el artículo 10 de la Ley 9/2017, en relación con los negocios y contratos excluido del ámbito de aplicación de la presente ley, señale la respuesta correcta: A. Están excluidos los contratos cuyo objeto sea trabajos de limpieza realizadas por empresas pertenecientes al sector privado. B. Están excluidos los contratos cuyo objeto sea la reparación de equipos informáticos. C. Están excluidos los contratos cuyo objeto sea la adquisición de mobiliario de oficina. D. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los contratos relativos a servicios financieros relacionados con la emisión, compra, venta o transferencia de valores o de otros instrumentos financieros.

La Ley de Contratos del Sector Público, está compuesta por: A. Un título preliminar y cuatro libros. B. Cinco libros. C. Un título preliminar, un título introductorio y tres libros. D. Una exposición de motivos y 5 libros.

Conforme al artículo 1.3 de la Ley 9/2017, ¿a quién se facilitará el acceso a la contratación pública?. A. A las pequeñas y medianas empresas, exclusivamente. B. Solo a entidades financieras. C. Exclusivamente a empresas de nueva creación. D. A las pequeñas y medianas empresas, así como a las empresas de economía social.

De conformidad con el artículo 18 de la Ley 9/2017, para que distintas prestaciones se fusionen en un contrato mixto, deben: A. Mantener relaciones de complementariedad y formar una unidad funcional. B. Ser adjudicadas por separado y luego combinadas en un único contrato. C. Pertenecer al mismo sector económico o ámbito de actividad. D. Ser recomendadas por un estudio de viabilidad económica.

En un contrato de naturaleza privada elaborado por una Administración Pública, las fases de preparación y adjudicación se pueden reclamar: A. Ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. B. Ante el orden jurisdiccional civil. C. Ante el orden jurisdiccional penal. D. Con un recurso potestativo de reposición.

De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 9/2017, ¿a qué regímenes jurídicos pueden estar sometidos los contratos del sector público?. A. Derecho administrativo o derecho privado. B. Derecho constitucional o derecho internacional. C. Derecho civil o derecho penal. D. Derecho mercantil o derecho laboral.

Según lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Contratos del Sector Público, ¿qué cuestiones son competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo?. A. Las relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos. B. Los conflictos relacionados con la interpretación de los contratos laborales en el sector público. C. Las que se susciten en relación con la preparación y transferencia de los contratos administrativos. D. Las cuestiones de competencia supranacional en la adjudicación de contratos públicos.

En relación con el artículo 27 de la Ley 9/2017, las impugnaciones de las modificaciones de contratos administrativos basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley: A. Serán competencia del orden jurisdiccional civil. B. Serán competencia del orden jurisdiccional de lo social. C. Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. D. Serán competencia del orden jurisdiccional penal.

Conforme al artículo 27 de la Ley de Contratos del Sector Público, ¿qué contratos son objeto de competencia del orden jurisdicción contencioso-administrativo en relación con su preparación y adjudicación?. A. Los contratos de trabajo del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas. B. Los contratos de compraventa entre entidades del sector público y entidades privadas. C. Los convenios incluidos en el ámbito del artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que se concluyan en el sector de la defensa y la seguridad. D. Los contratos de entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.

1.- El art. 8.1 de la Constitución Española de 1978 determina como misión de las Fuerzas Armadas: a) Garantizar la soberanía e independencia de España. b) La resolución de los conflictos de orden público. c) El agotamiento de la vía diplomática. d) Garantizar el funcionamiento del Estado y el Gobierno de la Nación.

2.- ¿Qué artículo de la Constitución Española de 1978 regula el principio de jerarquía normativa?. a) No se recoge expresamente en la Constitución Española de 1978. b) Aparece reflejado en el preámbulo de la Constitución Española de 1978. c) El artículo 10.1 de la Constitución Española de 1978. d) El artículo 9.3 de la Constitución Española de 1978.

3.- ¿Cuál de los siguientes principios, entre otros, garantiza la Constitución Española de 1978 en su artículo 9.3?. a) Igualdad. b) Mérito. c) Legalidad. d) No discriminación.

4.- Conforme al artículo 3.3 de la Constitución Española de 1978, la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es: a) Un patrimonio material del Estado. b) Un bien inmaterial en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma. c) Objeto de regulación, mediante norma con rango de ley, por el Estado. d) Un patrimonio cultural.

5.- Según determina el artículo 1.2 de la Constitución Española de 1978, los poderes del Estado: a) Son el ejecutivo, legislativo y judicial. b) Emanan del pueblo español. c) Son los ejercidos por el Rey o en su nombre. d) Se encuentran representados por el Congreso y el Senado.

6.- ¿Cuál es la forma política del Estado español conforme al artículo 1.3 de la Constitución Española?. a) La Monarquía. b) La Monarquía Constitucional. c) La Monarquía Parlamentaria. d) La Monarquía Democrática.

7.- Dispone el artículo 4 de la Constitución Española respecto a la bandera y enseñas propias de las Comunidades Autónomas: a) Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios oficiales y en sus actos públicos. b) Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. c) Las Comunidades Autónomas podrán crear y reconocer banderas y enseñas propias. d) Las Leyes autonómicas podrán reconocer banderas y enseñas propias.

8.- El artículo 6 de la Constitución Española, dispone respecto a los partidos políticos, lo siguiente: a) Su estructura interna y funcionamiento podrán ser democráticos. b) Expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana y son instrumento fundamental para la participación política. c) Contribuyen a la defensa y promoción de los intereses que les son propios. d) Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política.

9.- Según establece el artículo 7 de la Constitución Española: a) Los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. b) Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a las leyes. c) Su estructura y organización serán democráticos. d) Los sindicatos de empresarios contribuyen a la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios.

10.- La Constitución española de 1978 se estructura en: a) Preámbulo, Título preliminar, 10 títulos, 9 disposiciones adicionales, 4 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final. b) Preámbulo, Título preliminar, 10 títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 2 disposiciones derogatorias y 1 disposición final. c) Preámbulo, Título preliminar, 9 Títulos, 4 disposiciones adicionales, 10 disposiciones transitorias, 2 disposiciones derogatorias y 1 disposición final. d) Preámbulo, Título preliminar, 10 Títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final.

11.- El proceso de reforma constitucional regulado en el art. 168 de la Constitución española de 1978, está previsto para aquellos supuestos en que: a) Se proponga la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección segunda del Título I, o al Título II. b) Se proponga la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo primero, Sección primera del Título I, o al Título II. c) Se proponga la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título III. d) Se proponga la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II.

12.- La reforma constitucional, según se regula en la Constitución Española de 1978: a) No podrá iniciarse fuera de los periodos ordinarios de sesiones. b) No podrá iniciarse en tiempo de guerra, ni cuando esté declarado el estado de alarma, el de excepción o el de sitio. c) Podrá iniciarse en cualquier momento. d) No podrá iniciarse en tiempo de guerra, ni cuando esté declarado el estado de excepción o de sitio.

13.- La reforma de la Constitución española: a) Se regula en el Título X de la Constitución. b) Se regula en el Título IX de la Constitución. c) Se regula en el Título X de la Constitución, que abarca los artículos 167 al 169. d) Se regula en el Título X de la Constitución, artículos 168 y 169.

14.- En relación con la Reforma Constitucional regulada en el Título X de la Constitución Española: De no lograrse la aprobación del proyecto, tras la falta de acuerdo entre las cámaras, culminados que sean los trámites marcados constitucionalmente: a) Cada Cámara, por mayoría absoluta, podrá aprobar la reforma. b) En ningún caso podrá continuarse adelante con la tramitación del proyecto de reforma constitucional. c) El Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma, si el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado. d) Sólo se podrá aprobar el texto, si hubiere obtenido al menos el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso.

15.- Nuestra Constitución se caracteriza por ser: a) Escrita y no consensuada. b) Flexible en cuanto a su reforma. c) Formal y escrita. d) Originaria.

16.- ¿Cuántos tipos de reforma constitucional existen?. a) Uno, el extraordinario. b) Dos, ordinario y extraordinario. c) Dos, ordinario y sumario. d) Tres, ordinario, extraordinario y sumario.

17.- ¿Cuántas disposiciones transitorias dispone la Constitución?. a) Cuatro. b) Seis. c) Nueve. d) Tres.

18.- La reforma de los artículos 20, 21, 22, 23 y 24 de la Constitución Española, ¿qué tipo de mayoría requerirá?. a) Mayoría de tres quintos del Congreso y del Senado. b) Mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado. c) Mayoría absoluta del Congreso. d) Mayoría absoluta del Congreso y del Senado.

19.- La revisión total de la Constitución requiere: a) Referéndum por mayoría de 2/3 de ambas Cámaras, previa disolución de las Cortes. b) Referéndum obligatoriamente. c) Ley orgánica. d) Referéndum decidido por mayoría de 2/3 de ambas Cámaras.

20.- Según el artículo 167 de la Constitución Española, los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados: a) Por mayoría absoluta de cada una de las Cámaras. b) Por mayoría de tres quintos de cada una de las cámaras. c) Por mayoría absoluta de las cámaras reunidas en sesión conjunta. d) Por mayoría de tres quintos de las Cámaras reunidas en sesión conjunta.

21.- ¿En qué fecha fue promulgada la Constitución Española de 1978?. a) El 27 de diciembre de 1978. b) El 29 de diciembre de 1978. c) El 6 de diciembre de 1978. d) El 31 de octubre de 1978.

22.- ¿En qué fecha fue ratificada en referéndum la Constitución española?. a) El 6 de diciembre de 1978. b) El 27 de diciembre de 1978. c) El 29 de Diciembre de 1978. d) El 31 de Octubre de 1978.

23.- ¿Cuándo se publicó la Constitución Española en el Boletín oficial del Estado?. a) El 6 de diciembre de 1978. b) El 27 de Diciembre de 1978. c) El 28 de diciembre de 1978. d) El 29 de diciembre de 1978.

24.- La Constitución Española establece en su artículo 9.1: a) Corresponde al gobierno promover las condiciones para que la libertad y la seguridad del individuo sean reales y efectivas. b) Les corresponde al Gobierno central y a las Comunidades Autónomas promover las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo sean reales y efectivas. c) Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. d) Los principios en los que se basa el gobierno para promover la igualdad y seguridad de los ciudadanos son el de legalidad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

25.- Según establece nuestra Constitución, todos los españoles, con respecto al idioma oficial del Estado: a) Tienen el deber y el derecho de conocerlo. b) Tienen el derecho de conocerlo y el deber de usarlo. c) Tienen el deber y el derecho de usarlo. d) Tienen el deber de conocerlo y el derecho de usarlo.

26.- ¿Cuál es la lengua oficial del Estado español?. a) El castellano. b) Cualquiera de las lenguas oficiales reconocidas en España. c) El español exclusivamente. d) El castellano y las demás lenguas de acuerdo con los Estatutos de las Comunidades Autónomas.

27.- Las banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas, reconocidas en sus Estatutos: a) Se utilizarán junto con la española sólo en los actos oficiales de carácter estatal. b) La utilización conjunta de la bandera de España y la de cada Comunidad autónoma es potestad de las autoridades de la administración autonómica. c) Se utilizarán junto a la española en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. d) Se utilizarán en sustitución de la española en los edificios públicos oficiales propios de cada Comunidad.

28.- ¿Quiénes tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional?. a) Artículo 7.1: Las Fuerzas armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el ejército del Aire. b) Artículo 7.1: Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Marina y el Ejército del Aire. c) Artículo 8.1: Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. d) Artículo 8.1: Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de tierra, la Marina y el Ejército del Aire.

29.- En el Procedimiento ordinario de reforma constitucional, el referéndum es: a) Improcedente. b) Obligatorio en cada caso. c) Voluntario en cualquier caso. d) Preceptivo cuando se solicite por una décima parte de los Diputados o Senadores, dentro de los quince días siguientes a la aprobación de la reforma.

30.- Establece el artículo 9.3 del texto constitucional: a) La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. b) La Constitución garantiza el principio de legalidad, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. c) Corresponde a los poderes del Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. d) Corresponde a los poderes públicos del Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

31.- Establece el artículo 9.2 del texto constitucional: a) La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. b) La Constitución garantiza el principio de legalidad, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. c) Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. d) Corresponde a los poderes del Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

32.- Respecto a las nacionalidades y regiones que integran a la Nación española, la Constitución Española 1978 les reconoce y garantiza: a) El derecho a la autonomía. b) El derecho a la solidaridad entre ellas, pero no el derecho a la autonomía políticamente entendida. c) El derecho a su libre federación o confederación. d) El derecho a la libre autodeterminación.

33.- Para que el Congreso pueda aprobar el Proyecto de reforma a que se refiere el artículo 167.2 de la Constitución Española: a) Necesita mayoría absoluta, si el Senado lo aprobó por 2/3. b) Necesita siempre mayoría de 3/5 de sus miembros. c) Necesita mayoría de 3/5, si los aprobó el Senado por mayoría absoluta. d) Necesita mayoría de 2/3, si lo aprobó el Senado por mayoría absoluta.

34.- Según el Artículo 1.1 de la Constitución Española, ¿cuáles son los valores superiores de su ordenamiento jurídico?. a) La libertad y la igualdad. b) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. c) La libertad, la justicia y la igualdad. d) La libertad y el pluralismo político.

35.- El Capítulo II del Título I de la Constitución Española de 1978 trata de: a) Los principios rectores de la política social y económica. b) Los derechos y las libertades. c) Las garantías y las libertades y derechos fundamentales. d) De los españoles y los extranjeros.

36.- De acuerdo con lo establecido en el art. 6 de la Constitución Española de 1978 los partidos políticos expresan: a) El pluralismo político. b) La defensa de los intereses de los ciudadanos. c) La voluntad popular. d) Son instrumento fundamental para la formación política.

37.- Las medidas de las franjas horizontales de la bandera Española son: a) Las franjas rojas son de doble anchura que la amarilla. b) Cada una tiene una medida diferente. c) La franja amarilla es de doble anchura que cada una de las franjas rojas. d) Las tres son iguales.

38.- Según el artículo 3 de la Constitución Española: Todos los españoles, con respecto al idioma oficial del Estado. a) Tienen el deber y el derecho de conocerlo. b) Tienen el deber de conocerlo y el derecho de usarlo. c) Tienen el deber y el derecho de usarlo. d) Tienen el deber de usarlo.

39.- La Constitución Española de 1978 atribuye el promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos que se integran sean reales y efectivas, a: a) Los Partidos Políticos. b) Al Gobierno. c) A los Jueces. d) A los poderes públicos.

40.- Según el artículo 1.2 de la Constitución Española, la soberanía reside en: a) En el Jefe del Estado y en el pueblo español. b) En las Cortes Generales. c) En las distintas partes que forman el Estado español. d) En el pueblo español.

41.- En el artículo 1.1 de la Constitución Española de 1978 es donde se enumeran: a) Los Poderes del Estado. b) Los valores superiores del ordenamiento jurídico. c) Las Comunidades Autónomas. d) Las Entidades Locales.

42.- Podemos decir que el Título Preliminar de la Constitución Española de 1978: a) Es donde se enumeran los Poderes del Estado. b) En él se contienen los principios fundamentales que sirven de base a toda la Constitución. c) En él se recogen los derechos fundamentales de los españoles. d) En él se recogen los poderes del Estado y los derechos fundamentales.

43.- El Título I de la Constitución: "De los derechos y deberes fundamentales", ¿de cuántos capítulos consta?. a) 5 capítulos. b) 3 capítulos. c) 4 capítulos. d) 2 capítulos y cada uno se divide en 3 secciones.

44.- ¿Qué derecho reconoce y garantiza el artículo 2 de la Constitución Española?. a) El derecho a usar el castellano. b) El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. c) El derecho a la libertad, la justicia y la igualdad. d) La igualdad de los españoles ante la ley.

45.- La Constitución de 1978 regula la bandera de España en el artículo: a) 4. b) 3. c) 5. d) 3.3.

46.- De acuerdo con la Constitución Española, expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política: a) Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales. b) Los partidos políticos. c) Las Fuerzas Armadas. d) Los poderes públicos.

47.- El principio de irretroactividad garantizado en la Constitución Española en el artículo 9.3, abarca: a) A todas las normas de carácter penal. b) A todas las disposiciones legales de cualquier orden. c) A las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. d) A las disposiciones sancionadoras, más aquellas que impongan penas privativas de libertad no superior a los seis años, o de multa cualquiera que fuese su cuantía.

48.- Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra: (art. 9 de la Constitución). a) Sean reales y efectivas. b) Alcancen el nivel más alto posible. c) Se empleen por los ciudadanos dentro del respeto a la Constitución y las leyes. d) Sean comunes a todos los miembros de la sociedad.

49.- Según el artículo 7 de la Constitución Española: Los sindicatos de trabajadores: a) Contribuyen en solitario a la promoción de los intereses sociales. b) Contribuyen a la defensa de los intereses sociales, pero no de naturaleza propia, sino general. c) Contribuyen a la defensa de sus exclusivos intereses económicos. d) Contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios.

50.- La iniciativa para la reforma constitucional se ejercerá conforme al artículo 166: a) Podrá ejercerla el Defensor del Pueblo. b) Por el Gobierno, el Congreso y el Senado. c) Por el Gobierno, el Congreso, el Senado y las Asambleas de las Comunidades Autónomas. d) Por el Gobierno, el Congreso, el Senado, las Asambleas de las Comunidades Autónomas y el pueblo, a través de la iniciativa popular.

51.- La estructura interna y el funcionamiento de los Partidos Políticos deberá ser: a) Estructurada. b) Transparente. c) Jerárquica. d) Democrática.

52.- La capital del Estado (art. 5 de la Constitución) es: a) El centro de Madrid. b) La provincia de Madrid. c) La ciudad de Madrid. d) La villa de Madrid.

53.- No puede iniciarse la reforma constitucional en: a) El supuesto de que el Rey no lo estime oportuno. b) El supuesto de que el Congreso de los Diputados no lo estime oportuno. c) Tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116. d) Un período extraordinario de sesiones de las Cámaras.

54.- La Sección II del Capítulo Segundo, correspondiente al Título I de la Constitución Española, regula: a) Las garantías de las libertades y derechos fundamentales. b) Los principios rectores de la política social y económica. c) Los derechos y deberes de los ciudadanos. d) Los derechos fundamentales y de las libertades públicas.

55.- El Capítulo II del Título I de la Constitución Española de 1978 trata de: a) Los principios rectores de la política social y económica. b) Los derechos y las libertades. c) Las garantías y las libertades y derechos fundamentales. d) De los españoles y los extranjeros.

56.- El Título I de la Constitución: "De los derechos y deberes fundamentales", ¿de cuántos capítulos consta?. a) 5 capítulos. b) 3 capítulos. c) 4 capítulos. d) 2 capítulos y cada uno se divide en 3 secciones.

57.- De las siguientes afirmaciones, es correcta: a) Las personas extranjeras gozan en España de idénticas libertades públicas que los españoles. b) Las personas extranjeras gozan en España de idénticos derechos que los españoles. c) Las personas extranjeras gozan en España de las libertades públicas que se garantizan en el Título I de la Constitución en los términos que establezcan los Tratados y la Ley. d) Las personas extranjeras no gozan de ninguno de los derechos reconocidos en el Título I de la Constitución.

58.- El Artículo 14 de la Constitución Española de 1978 establece lo siguiente: a) Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. b) Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión. c) Los españoles y españolas son iguales ante la ley. d) Los españoles son iguales, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por cualquier condición o circunstancia personal o social.

59.- De acuerdo con el artículo 116 de la Constitución Española, el Estado de Excepción será declarado mediante: a) Decreto acordado en Consejo de Ministros dando cuenta al Congreso de los Diputados. b) Decreto acordado en Consejo de Ministros previa autorización del Congreso de los Diputados. c) Decreto autorizado por las Cortes Generales. d) Una ley.

60.- De acuerdo con el artículo 18 de la Constitución Española de 1978, el domicilio es inviolable, de modo que no se podrá entrar en él: a) Salvo sospecha de delito. b) Salvo denuncia de que se ha cometido un delito. c) Salvo flagrante delito. d) En ningún caso.

61.- El derecho de huelga reconocido en el artículo 28 de la Constitución Española de 1978: a) Sólo se refiere a los trabajadores. b) No podrá llevarse a cabo por los funcionarios. c) La Administración debe previamente autorizarlo. d) Sólo la mitad de los trabajadores de una empresa pueden acudir a ella.

62.- El artículo 31.2 de la Constitución Española de 1978, establece que el gasto público realizará una asignación: a) Equitativa de los recursos públicos. b) Mayoritaria en las Comunidades Autónomas más necesitadas. c) Igual para todos los españoles. d) A las familias necesitadas.

63.- El Defensor del Pueblo a nivel estatal se regula, según el artículo 54 de la Constitución Española de 1978: a) Por Real Decreto. b) Por ley ordinaria. c) Por Ley Orgánica. d) Por Real Decreto Legislativo.

64.- Según el artículo 17 de la Constitución Española de 1978, la detención preventiva no puede durar más de: a) 24 horas. b) 72 horas. c) 48 horas. d) No se establece límite.

65.- Para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los/as ciudadanos/as, el artículo 18.4 de la Constitución Española de 1978, establece que una Ley limitará: a) Las escuchas autorizadas por resolución judicial. b) El uso de la informática. c) Los medios de comunicación. d) Las reproducciones gráficas y sonoras.

66.- En relación con el derecho a la educación, el art. 27 de la Constitución Española de 1978 reconoce la gratuidad de: a) La enseñanza universitaria. b) Toda la Formación Profesional. c) Los cursos organizados por el Servicio de Empleo Público Estatal. d) La enseñanza básica.

67.- La Constitución Española de 1978, en su artículo 28 establece, respecto a las medidas de conflicto colectivo que: a) Sólo se reconocen a los trabajadores. b) Una ley regulará el ejercicio de este derecho que no podrá establecer limitaciones. c) Se requiere la previa autorización gubernativa para su ejercicio. d) Habrá de asegurarse el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

68.- ¿Pueden interceptarse las comunicaciones postales a tenor del artículo 18 de la Constitución Española?. a) Sí, por medio de resolución administrativa. b) No, en ningún caso. c) Sólo mediante resolución judicial. d) Sí, por medio de resolución judicial o administrativa.

69.- La Constitución Española de 1978 prevé en el artículo 24, que por Ley pueda dispensarse a una persona de la obligación a declarar la comisión de hechos presuntamente delictivos, por razón de: a) Afectividad. b) Dependencia profesional. c) Parentesco. d) La Constitución no prevé ninguna excepción a dicha obligación.

70.- El derecho sobre libertad de expresión y difusión de pensamientos, ideas y opiniones podrá suspenderse, según dispone el art. 55 de la Constitución Española: a) Cuando se declare el estado de excepción. b) Cuando se declare el estado de excepción o de sitio. c) En ningún caso. d) Cuando se declare el estado de sitio.

71.- ¿Quién designa al Defensor del Pueblo según dispone el artículo 54 de la Constitución Española de 1978?. a) El Rey. b) Las Cortes Generales. c) La Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Defensor del Pueblo. d) El Presidente del Gobierno.

72.- La Sección II del Capítulo Segundo, correspondiente al Título I de la Constitución Española, regula: a) Las garantías de las libertades y derechos fundamentales. b) Los principios rectores de la política social y económica. c) Los derechos y deberes de los ciudadanos. d) Los derechos fundamentales y de las libertades públicas.

73.- ¿Qué regula el artículo 44.1 de la Constitución Española?. a) El derecho a la salud. b) El derecho de acceso a la cultura. c) El derecho a una vivienda adecuada. d) El derecho a vacaciones retribuidas.

74.- Según el artículo 17 de la Constitución Española, en caso de detención preventiva, según el art. 17 ¿en qué momento está garantizada por la asistencia de abogado?. a) En las diligencias policiales. b) En las diligencias policiales y judiciales. c) Sólo en las diligencias judiciales. d) Sólo en las diligencias policiales en las que lo solicite el interesado.

75.- ¿Puede limitarse el derecho a la entrada y salida de territorio español por motivos ideológicos a los españoles?. a) Sí, a tenor del contenido del artículo 20 de la Constitución. b) Sí, a tenor del artículo 23 de la Constitución. c) No, a tenor del contenido del artículo 19 de la Constitución Española de 1978. d) No, a tenor del artículo 21 de la Constitución.

76.- De conformidad con el art. 53, vinculan a todos los poderes públicos los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Española de 1978, en concreto: a) En los Capítulos Primero y Segundo del Título Primero. b) En los Capítulos Primero, Segundo y Tercero del título Primero. c) En los Capítulos Primero y Tercero del Título Primero. d) En el Capítulo Segundo del Título Primero.

77.- ¿Cuál de los siguientes no es un principio rector de la política social y económica sino un derecho fundamental?. a) El derecho a una vivienda digna y adecuada. b) El derecho de sindicación. c) El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. d) La protección a la familia y a la infancia.

78.- Según dispone la Constitución Española, ¿qué asociaciones son ilegales?. a) Las asociaciones prohibidas. b) Las que se reúnan sin autorización previa. c) Las que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito. d) Las que no estén inscritas en el registro correspondiente del Ministerio del Interior.

79.- Según dispone la Constitución Española, los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos: a) Sólo de forma directa. b) Sólo por medio de representantes. c) Cuando lo haga a través de representantes, estos deberán haber sido elegidos directamente por los afectados. d) Directamente o por medio de representantes.

80.- Tal y como dispone la Constitución Española, las asociaciones se inscribirán en un registro a efectos de: a) Publicidad. b) Constitución. c) Legalidad. d) Creación.

81.- Conforme el artículo 47 de la Constitución Española, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada es: a) Una libertad pública. b) Un derecho fundamental de los españoles. c) Un principio rector de la política social y económica. d) Un deber fundamental de los poderes públicos.

82.- Conforme el artículo 31 de la Constitución Española de 1978: a) No podrán establecerse prestaciones personales. b) La programación y ejecución del gasto público responderá a los criterios de eficiencia y economía. c) No podrán establecerse prestaciones personales patrimoniales. d) El gasto público realizará una asignación arbitraria de los recursos públicos.

83.- Según establece el artículo 54 de la Constitución Española, ¿ante quién debe rendir cuenta el Defensor del Pueblo?. a) Ante el Congreso de los Diputados. b) Ante las Cortes Generales. c) Ante los Tribunales y el Congreso de los Diputados. d) Ante el Gobierno y la Administración.

84.- ¿Qué artículo de la Constitución regula el derecho y el deber de trabajar?. a) El artículo 33. b) El artículo 37. c) El artículo 35. d) El artículo 39.

85.- ¿Cuál de los siguientes derechos no podrá ser suspendido en caso de que se acuerde la declaración de estado de excepción o de sitio, según el art. 55 de la Constitución Española de 1978?. a) Derecho al honor. b) Derecho al secreto de las comunicaciones. c) Derecho a la libertad y a la seguridad. d) Derecho a la inviolabilidad del domicilio.

86.- ¿Cuál de los siguientes no es un principio rector de la política social y económica sino un derecho fundamental, según la Constitución Española de 1978?. a) El derecho a una vivienda digna y adecuada. b) El derecho de sindicación. c) El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. d) La protección a la familia y a la infancia.

87.- Según se regula en el artículo 18 de la Constitución Española, ¿en qué casos se puede proceder a la entrada en un domicilio particular?. a) En caso de autorización del titular o resolución judicial exclusivamente. b) En caso de delito flagrante o resolución judicial exclusivamente. c) En caso de autorización del titular, resolución judicial o flagrante delito. d) En caso de resolución judicial exclusivamente.

88.- Según dispone la Constitución Española, el derecho al "habeas corpus", podrá suspenderse: a) Cuando se declare el estado de sitio. b) En ningún caso. c) Cuando se declare el estado de excepción. d) Cuando se declare el estado excepción o de sitio.

89.- ¿En qué artículo de la Constitución Española de 1978 se contiene el derecho a la libertad y seguridad individual?. a) En el artículo 21. b) En el artículo 20. c) En el artículo 17. d) En el artículo 18.

90.- Según el artículo 54 de la Constitución Española, el Defensor del Pueblo es designado por las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en: a) Toda la Constitución. b) El título I de la Constitución. c) El capítulo segundo del título I de la Constitución. d) La sección primera del capítulo segundo del título I de la Constitución.

91.- ¿Ante quién debe rendir cuenta el Defensor del Pueblo, según dispone la Constitución Española?. a) Ante el Congreso de los Diputados. b) Ante las Cortes Generales. c) Ante los Tribunales y el Congreso de los Diputados. d) Ante el Gobierno y la Administración.

92.- El artículo 18.4 de nuestra Constitución, de cara a garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos, y el pleno ejercicio de sus derechos, limita: a) El uso de la libertad de expresión. b) El uso de la libertad de prensa. c) El uso de la informática. d) El uso de la publicidad.

93.- Según dispone nuestra Constitución Española de 1978: a) No podrán establecerse prestaciones personales. b) La programación y ejecución del gasto público responderá a los criterios de eficiencia y economía. c) No podrán establecerse prestaciones personales patrimoniales. d) El gasto público realizará una asignación arbitraria de los recursos públicos.

94.- Dispone la Constitución Española la siguiente afirmación: a) Se reconoce el derecho de reunión con armas. El ejercicio de este derecho no necesita autorización previa. b) Se reconoce el derecho de reunión con armas, siempre que sea pacífica. El ejercicio de este derecho necesita autorización previa. c) Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho necesita autorización previa. d) Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesita autorización previa.

95.- Señala la Constitución Española que el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada es: a) Una libertad pública. b) Un derecho fundamental de los españoles. c) Un principio rector de la política social y económica. d) Un deber fundamental de los poderes públicos.

96.- El Capítulo II del Título I de la Constitución consta de: a) 3 Secciones. b) 1 Sección. c) 4 Secciones. d) 2 Secciones.

97.- Tal y como dispone la Constitución Española, las asociaciones se inscribirán en un registro a efectos de: a) Publicidad. b) Constitución. c) Legalidad. d) Creación.

98.- Según dispone la Constitución Española, los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos: a) Sólo de forma directa. b) Sólo por medio de representantes. c) Cuando lo haga a través de representantes, estos deberán haber sido elegidos directamente por los afectados. d) Directamente o por medio de representantes.

99.- ¿Cuál es el tiempo máximo de duración de la detención preventiva?. a) 24 horas. b) 48 horas. c) 36 horas. d) 72 horas.

100.- Señale el derecho que no podrá ser suspendido en el estado de excepción pero sí en el estado de sitio: a) Derecho de toda persona a ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención. b) Derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. c) Derecho a que no sean secuestradas las publicaciones, grabaciones y otros medios de información salvo en virtud de resolución judicial. d) Derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses.

101.- ¿Qué artículo cierra el Título I de la Constitución Española?. a) El artículo 53. b) El artículo 54. c) El artículo 55. d) El artículo 56.

1. Según el artículo 142 de la Constitución Española de 1978, la Hacienda de las entidades locales se nutre principalmente de: a) Los tributos estatales y los recursos europeos asignados por el gobierno central. b) Los impuestos transferidos por las Comunidades Autónomas y el Fondo de Cooperación Municipal. c) Recursos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. d) Los ingresos procedentes de la gestión de su patrimonio y la participación en los ingresos del Estado.

14. Según el artículo 141 de la Constitución Española de 1978, el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a: a) Las Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. b) Al Pleno de la respectiva Diputación. c) Al Presidente de la Diputación. d) A la Comisión de Gobierno de la Diputación.

57. Según la Constitución Española, ¿cuál es el porcentaje de miembros del Congreso de los Diputados que puede plantear una iniciativa de acusación por traición a los miembros del Gobierno?. a) La mitad más uno. b) Tres cuartas partes. c) La cuarta parte. d) Unanimidad.

58. “Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación…”, ¿qué artículo de nuestra constitución recoge esta prohibición?. a) 139. b) 20. c) 17. d) 38.

59. ¿Qué artículo de la Constitución de 1978 permite la federación de las comunidades autónomas?. a) 145. b) 146. c) 147. d) Ninguno.

60. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde la apreciación de esta necesidad a: a) Mayoría simple del Congreso. b) Mayoría absoluta del Congreso. c) Mayoría absoluta del Senado. d) Mayoría absoluta de Congreso y Senado.

64. Indica qué artículos integran el título I de la Constitución Española. a) Comprende del artículo 10 al 55. b) Comprende del artículo 15 al 55. c) Comprende del artículo 15 al 29. d) Comprende del artículo 11 al 55.

65. Según la Constitución Española, las bases de la organización militar se regularán: a) Mediante ley ordinaria. b) Mediante ley militar. c) Mediante ley orgánica. d) Mediante ley de bases.

66. Según la Constitución Española, en qué caso se pueden prohibir las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones. a) Solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para las personas o bienes. b) En ningún caso se pueden prohibir las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones. c) En todo caso se pueden prohibir las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones. d) Ninguna es correcta.

67. ¿En qué artículo de la Constitución Española se consagra el derecho a la vida?. a) En el artículo 14. b) En el artículo 15. c) En el artículo 16. d) En el artículo 10.

68. Según la Constitución Española de 1978, ¿es un valor superior del ordenamiento jurídico?. a) Pluralismo político. b) Libertad. c) Justicia. d) Todos los son.

69. Según la Constitución Española de 1978, la soberanía nacional: a) Reside en el pueblo español. b) Corresponde al Gobierno de la Nación. c) Corresponde al Rey. d) Corresponde al Estado.

70. ¿Cuántas disposiciones adicionales tiene la Constitución Española?. a) Nueve. b) Cuatro. c) Uno. d) Cinco.

71. Según la Constitución Española, si no hubiere ninguna persona a la quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá: a) De dos personas en todo caso. b) De una, dos o tres personas. c) De cuatro personas. d) De una, tres o cinco personas.

72. Según la Constitución Española, podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor: a) En el padre, la madre o ascendientes directos del Regente. c) Siempre podrán acumularse. b) En el padre, la madre o ascendientes directos del Rey. d) No podrán acumularse.

73. Según la Constitución Española, las abdicaciones y renuncias se resolverán: a) Por ley ordinaria. b) Por las Cortes Generales. c) Por ley orgánica. d) Por la costumbre.

74. Según la Constitución Española, ¿quién acredita a los embajadores y representantes diplomáticos?. a) El Presidente del Gobierno. b) El Rey. c) El Presidente del Congreso de los Diputados. d) El Presidente del Senado.

75. Según la Constitución Española, le corresponde al Rey: a) Sancionar y promulgar leyes. b) Convocar y disolver las Cortes Generales. c) El Mando Supremo de las Fuerzas Armadas. d) Todas son correctas.

76. Según la Constitución Española, el Príncipe heredero tendrá la dignidad de: a) Príncipe de Asturias únicamente. b) Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados a la Corona solo al producirse el llamamiento. c) Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España. d) Ninguna es correcta.

77. Según la Constitución Española, indica cuántos diputados representarán a las poblaciones de Ceuta y Melilla. a) Cada una de ellas por un diputado. b) Cada una de ellas por dos diputados. c) Cada una por tres diputados. d) Ceuta por un diputado y Melilla por dos diputados.

78. Según la Constitución Española, las sesiones plenarias de las Cámaras serán: a) Secretas. b) Públicas. c) Secretas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento. d) Públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.

79. Según la Constitución Española, ¿en qué casos cesa el Gobierno? Señala la respuesta correcta. a) Tras la celebración de elecciones generales. b) En los casos de pérdida de la confianza parlamentaria prevista en la CE. c) Por dimisión o fallecimiento de su Presidente. d) Todas son correctas.

80. Según la Constitución Española ¿ante qué sala será exigible la responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno?. a) Sala de lo Penal de Tribunal Supremo. b) Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. c) Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia. d) Ninguna es correcta.

1. Según la Constitución Española, ¿cuándo termina el mandato de los Senadores?. a) A los cuatro años desde su elección o el día de la disolución de la Cámara. b) El día siguiente a la disolución de la Cámara. c) A las 48 horas de la disolución. d) Ninguna de las anteriores es correcta.

2. Según la Constitución Española, las Cámaras funcionarán: a) Solo en pleno. b) Solo por Comisiones. c) En Pleno y por Comisiones. d) Ninguna es correcta.

3. ¿Qué artículo de la Constitución Española hace referencia a la composición del Consejo General del Poder Judicial?. a) El artículo 122.1. b) El artículo 122.2. c) El artículo 121. d) El artículo 122.3.

4. ¿Quiénes administran justicia según la Constitución Española?. a) Jueces y fiscales. b) Jueces y magistrados. c) Solo los magistrados. d) Solo los jueces.

5. Según la Constitución Española, ¿quién nombra al Presidente del Tribunal Supremo?. a) El Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. b) El Presidente del Tribunal Constitucional. c) El Presidente del Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. d) El Rey, a propuesta del pleno del Tribunal Supremo.

1. Señale cuál de los siguientes derechos no está previsto en la Sección denominada De los derechos fundamentales y de las libertades públicas de la Constitución Española de 1978: a. Derecho de asociación. b. Derecho a sindicarse libremente. c. Derecho de fundación para fines de interés general. d. Derecho a la educación.

2. Según la Constitución Española de 1978, ¿cuál de las siguientes funciones corresponde al Rey?. a. Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza. b. Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar. c. Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente. d. Interponer el recurso de inconstitucionalidad.

3. ¿Cuántas disposiciones adicionales existen en la Constitución Española de 1978?. a. Cuatro. b. Nueve. c. Tres. d. Una.

4. Según la Constitución Española de 1978, ¿cuál de las siguientes materias no está reservada a Ley Orgánica?. a. Las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. b. Las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. c. La regulación de los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. d. Cualquier alteración de los límites provinciales.

5. Según el artículo 115 de la Constitución Española de 1978, ¿quién propone la disolución del Senado?. a. La mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. b. La mayoría absoluta de las dos Cámaras. c. El Rey. d. El Presidente del Gobierno.

8. De acuerdo con el artículo 103.3 de la Constitución Española de 1978, el acceso a la función pública se regulará: a. Por Real Decreto. b. Por Ley. c. Por Ley Orgánica. d. Por Reglamento.

9. De acuerdo con la Constitución Española de 1978, ¿cuántos senadores elegirá la población de Melilla?. a. Un senador. b. Tres senadores. c. Dos senadores. d. Cuatro senadores.

10. según la Constitución Española de 1978, la apreciación de la necesidad de dictar leyes de armonización por parte del Estado corresponde: a. A la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. b. Al Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados. c. A las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara. d. Al Gobierno, previa autorización de las Cortes Generales.

11. Uno de los siguientes derechos no se encuentra regulado en el artículo 20 de la Constitución Española de 1978: a. El derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones. b. El derecho de las personas físicas y jurídicas a crear centros docentes. c. El derecho a recibir libremente información veraz. d. El derecho a la libertad de cátedra.

12. El mínimo de miembros integrantes de una Comisión de Investigación según el artículo 76 de la Constitución Española de 1978, es de: a. No establece mínimo, pero sí máximo de veintiún miembros elegidos entre ambas Cámaras. b. Mayoría simple del Congreso de los Diputados. c. No se hace referencia en este artículo al número de miembros de las Comisiones de Investigación. d. Un mínimo de quince miembros elegidos entre ambas Cámaras.

26. De acuerdo con el artículo 91 de la Constitución Española de 1978, el Rey sancionará las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación en el plazo de: a. 10 días. b. 15 días. c. 20 días. d. 30 días.

17. Conforme al artículo 90 de la Constitución Española de 1978, ¿de qué plazo dispone el Senado para, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas a un proyecto de ley ordinaria u orgánica, que no haya sido declarado urgente?. a. Veinte días, a partir del día de la recepción del texto. b. Un mes, a partir del día de la recepción del texto. c. Dos meses, a partir del día de la recepción del texto. d. Tres meses, a partir del día de la recepción del texto.

27. El artículo 87 de la Constitución Española de 1978 establece que la iniciativa legislativa corresponde: a. Sólo al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras. b. Al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y las Leyes de las Cámaras. c. Al Gobierno, las Asambleas de las Comunidades Autónomas, al Congreso y al Senado de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras. d. Al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.

41. De conformidad con el artículo 93 de la Constitución Española de 1978, se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución: a. Mediante ley. b. Reglamentariamente. c. Mediante ley orgánica. d. Mediante Decreto Ley.

61. El Fondo de Compensación para corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se recoge en la Constitución Española de 1978, en su artículo: a. 158.2. b. 162.1. c. En la Constitución Española de 1978 no hay referencias a este Fondo de Compensación. d. 158.1.

63. Según el artículo 87 de la Constitución Española de 1978, las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara: a. Un mínimo de dos miembros de la Asamblea encargados de su defensa. b. Un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa. c. Un mínimo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa. d. Un máximo de siete miembros de la Asamblea encargados de su defensa.

72. Según el artículo 60 de la Constitución Española de 1978, en determinados supuestos las Cortes Generales nombrarán al tutor del Rey menor, pero una persona solo podrá acumular los cargos de regente y tutor cuando: a. Sean el padre, la madre o un ascendiente hasta el 2° grado de consanguinidad del Rey. b. Lo autorice expresamente las Cortes Generales. c. En ningún caso pueden acumularse estos cargos. d. Sean el padre, la madre o ascendientes directos del Rey.

76. Según la Constitución Española de 1978, ¿cuál de los siguientes derechos no podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución?. a. Derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. b. Derecho de asociación. c. Derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. d. Derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

77. De acuerdo con el artículo 53.2 de la Constitución Española de 1978, ¿cuál de los siguientes derechos y libertades es susceptible de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional?. a. El derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. b. El derecho de asociación. c. El derecho de defender a España. d. La libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.

78. De conformidad con la Constitución Española de 1978, la acusación al Presidente y los demás miembros del Gobierno por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada: a. Por iniciativa de la tercera parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. b. Por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. c. Por iniciativa de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. d. Por iniciativa de la tercera parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta de las dos Cámaras.

79. Según se establece en la Constitución Española de 1978, las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de: a. Decretos Legislativos. b. Decretos Leyes. c. Proposiciones de Ley. d. Leyes Orgánicas.

80. Según el artículo 148.1 de la Constitución Española de 1978, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en: a. El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por su propia política económica. b. La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía. c. Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma dentro y fuera de su territorio. d. Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que desarrollen actividades comerciales con los de otras Comunidades Autónomas.

1- Corresponde al Rey según establece el artículo 62 de la Constitución Española de 1978: a. Convocar y disolver el Congreso de los Diputados y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. b. Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Congreso. c. Sancionar y promulgar las leyes. d. Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que podrá autorizar indultos generales.

2- La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá, según el artículo 81 de la Constitución Española de 1978: a. Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. b. Mayoría simple del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. c. Mayoría absoluta del Senado, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. d. Mayoría simple del Senado, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

3- De acuerdo con el artículo 137 de la Constitución Española de 1978: a. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comarcas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. b. El Estado se organiza institucionalmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. c. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. d. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. El municipio y la provincia gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

9- La Sección Primera del Capítulo II del Título I de la Constitución Española de 1978 regula: a. Los derechos fundamentales y las libertades públicas. b. Los españoles y los extranjeros. c. Los derechos y deberes de los españoles y europeos. d. Los derechos y deberes de los ciudadanos.

15- El artículo 132.2 de la Constitución Española de 1978 señala que la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental son bienes: a. Patrimoniales. b. Comunales. c. De dominio público. d. Compartimentales.

45- De acuerdo con la Constitución Española de 1978, ¿quién sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación?. a. El Rey. b. El Presidente del Gobierno. c. El Presidente del Congreso de los Diputados. d. El Presidente del Senado.

51- ¿Qué principio rige la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas según la Constitución Española de 1978?. a. Principio de subsidiariedad. b. Principio de autotutela. c. Principio de responsabilidad objetiva. d. Principio de discrecionalidad administrativa.

1.- Según la Constitución Española, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones: El presidente del Gobierno. El Jefe del Estado. El Estado. Los tribunales de justicia.

2.- De acuerdo con lo regulado en el artículo 139.2 de la Constitución: Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas. Las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas podrán, en determinados casos, restringir tanto la libertad de establecimiento como la de circulación de personas. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas pueden por razones de seguridad, restringir la libertad de circulación de su territorio. Los municipios pueden adoptar medidas que limiten la libertad de establecimiento a quienes no tengan la condición administrativa de vecino.

7.- Según la Constitución Española, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: Según el artículo 24.2 ,todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público con dilaciones indebidas y con todas las garantías, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La Constitución garantiza el principio de legalidad, de jerarquía normativa, la publicidad de la normas, la irretroactividad de la disposiciones sancionadoras favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, el pluralismo político, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Según el artículo 24.2 los españoles tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la no presunción de inocencia. La Constitución garantiza el principio de legalidad, de jerarquía normativa, la publicidad de la normas, la irretroactividad de la disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

20.- Según el art. 53 de la Constitución Española, con respecto al derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo: Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de ese derecho, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Vincula a todos los poderes públicos y sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tal derecho. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de ese derecho ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. Informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.

22.- El Capítulo II del Título I de la Constitución Española se denomina: “De los Derechos y deberes fundamentales”. “Derechos y libertades”. “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas”. “De los derechos y deberes de los ciudadanos”.

25.- Según el artículo 55 de la Constitución Española, el derecho de que toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar es: Es un derecho que puede ser suspendido durante la declaración del estado de excepción o de sitio. Es un derecho que puede ser suspendido para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. Es un derecho que puede ser suspendido durante la declaración del estado de sitio. Es un derecho que nunca puede ser suspendido.

47.- Según el art. 3 apartado 1 de la Constitución Española, señale la respuesta correcta: El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y usarla. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el derecho de conocerla y el deber de usarla. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de usarla.

50.- Conforme al artículo 137 de la Constitución Española, los municipios y provincias gozan de autonomía: Para la gestión de sus respectivos intereses. Para la gestión de los intereses del Estado. Para la gestión de los intereses de las Comunidades Autónomas. Ninguna de las anteriores es correcta.

1.- Según el artículo 55 de la Constitución Española: De manera colectiva o general, se pueden suspender algunos de los derechos fundamentales en los estados de excepción y sitio. De manera individual y con la necesaria intervención judicial, se pueden suspender derechos relacionados con el artículo 17.1, 17.3 y 18.2. De manera colectiva, con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, se pueden suspender derechos relacionados con el artículo 17.1, 17.3 y 18.2. De manera colectiva o general se pueden suspender cualquiera de los derechos fundamentales en los estados de alarma, excepción o sitio.

34. Conforme a lo establecido en el artículo 142 de la Constitución, ¿de qué recursos se nutrirá fundamentalmente la Hacienda Local?. a) De sus tributos propios y de la Participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. b) De sus tributos propios. c) De sus tributos propios y de la Participación en los del Estado.

1.- De acuerdo al artículo 10 de la Constitución Española, señale la correcta: a) La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. b) La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. c) Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. d) Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

2.- La suspensión de los derechos y libertades se encuentra regulada en la Constitución en: a) En el TÍTULO 1. CAPÍTULO CUARTO. b) En el TÍTULO 1. CAPÍTULO QUINTO. c) En el artículo 56. d) En el artículo 51.

3.- De acuerdo al Título II de la Constitución Española, señale la no correcta: a) Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona. b) La persona del Rey es inviolable y está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2. c) La Corona de España es hereditaria. d) El consorte de la Reina no podrá asumir funciones constitucionales.

4.- Según el artículo 144 de la Constitución Española, las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143 por motivos de (señale la correcta). a) Interés nacional. b) Interés público. c) Interés general. d) Ninguna es correcta.

13.- ¿Qué artículo de la Constitución garantiza la autonomía de los Municipios?. a) 137. b) 143. c) 141. d) 140.

1.- Entre los principios que la Constitución garantiza en su artículo 9.3, no se encuentra el de: a) Legalidad. b) Seguridad jurídica. c) Retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables. d) Jerarquía normativa.

2.- El número de artículos de la Constitución española es de: a) 169. b) 179. c) 159. d) 189.

3.- ¿En qué parte de la Constitución se enuncian los valores superiores del ordenamiento jurídico y los principios generales constitucionales?: a) Título Preliminar. b) Preámbulo. c) Título I. d) Las respuestas a) y b) son correctas.

4.- Señale la respuesta incorrecta en relación con la estructura de la Constitución: a) Contiene 169 artículos insertados en diez Títulos. b) Dispone de un Preámbulo sin articulado. c) Incluye cuatro Disposiciones adicionales y una derogatoria. d) El Título I versa sobre los derechos y deberes fundamentales.

5.- Según lo establecido en el artículo 1 del Título Preliminar de la Constitución, los valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado español son: a) Legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad, y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. b) Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. c) Las respuestas a) y b) son correctas. d) Ninguna respuesta es correcta, pues los valores superiores del ordenamiento jurídico no se enuncian en el Título Preliminar de la Constitución.

1. Según el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, ¿qué Comisión se designará en las Cortes Generales para relacionarse con el Defensor del Pueblo e informar a los respectivos Plenos en cuantas ocasiones sea necesario?. a) Una Comisión Mixta Congreso-Senado. b) Una Comisión Mixta de Control Parlamentario. c) Una Comisión Permanente Congreso-Senado. d) Una Comisión de Investigación.

2. ¿En cuántos títulos se encuentra estructurada la Constitución Española de 1978?. a) Un título preliminar y 10 títulos. b) Cinco títulos divididos en 10 subtítulos. c) No se estructura en títulos, sino en apartados. d) Dos títulos divididos en 10 artículos.

3. De acuerdo con el artículo 63 de la Constitución Española de 1978, ¿a quién corresponde declarar la guerra y hacer la paz?. a) Al Gobierno, previa autorización del Rey. b) Al Congreso de los Diputados, previa autorización del Rey. c) Al Rey, previa autorización de las Cortes Generales. d) Al Rey, previa autorización del Congreso de los Diputados.

4. De acuerdo con el artículo 71 de la Constitución Española de 1978, ¿quién será competente en las causas contra Diputados y Senadores?. a) El Tribunal Constitucional. b) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. c) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. d) La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

11. Según la Constitución Española de 1978, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta respecto a los Estatutos de Autonomía?. a) Son la norma institucional superior de cada comunidad autónoma y del Estado. b) El Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. c) El procedimiento de reforma requerirá, en todo caso, la celebración de un referéndum y la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. d) Se aprueban por ley ordinaria.

18. Según lo dispuesto en los artículos 90 y 91 de la Constitución Española de 1978, aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste. Indique la respuesta correcta: a) El Senado en el plazo de tres meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. b) El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 91 de la Constitución Española de 1978 desde la interposición del mismo. c) El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. d) El Rey sancionará en el plazo de veinte días naturales las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

35. El artículo 134 de la Constitución Española de 1978 establece, literalmente, que el Gobierno deberá presentar los Presupuestos Generales del Estado: a) Ante las Cortes Generales al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. b) Ante el Congreso de los Diputados antes de que finalice el ejercicio presupuestario. c) Ante los Presidentes de ambas Cámaras Legislativas antes de la expiración de los del año anterior. d) Ante el Congreso de los Diputados al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.

8. De acuerdo con el artículo 75 de la Constitución Española de 1978, ¿qué proyectos o proposiciones de ley NO podrán ser objeto de delegación de las Cámaras para su aprobación en las Comisiones Legislativas Permanentes?. a) Las leyes de contenido económico. b) Las leyes que modifiquen leyes ya aprobadas y en vigor. c) Las leyes de bases. d) Las leyes que supongan la imposición directa de obligaciones a los ciudadanos.

10. El artículo 103 de la CE señala que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales actuando de acuerdo, entre otros, con el principio de: a) Coordinación. b) Eficiencia. c) Independencia. d) Neutralidad.

15. De acuerdo con la CE, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado ¿pueden crear o modificar tributos?. a) Sí, pueden hacer las dos cosas, de hecho ésta es una de sus funciones más relevantes. b) Sí, pero para ambos casos se exigirá una votación propia y específica dentro del procedimiento de elaboración y aprobación de los Presupuestos. c) No podrán crearlos, pero podrán modificarlos si está así previsto en una ley tributaria sustantiva. d) Sí, pero para ambos casos es precisa una delegación normativa previa del Congreso de los Diputados basada en lo previsto en una ley tributaria sustantiva.

19. Según el artículo 86 de la CE, los Decretos-leyes dictados por el Gobierno NO podrán afectar a: a) El ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. b) Los derechos y deberes de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas, al Derecho electoral general ni a la legislación presupuestaria. c) Los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título II, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. d) El ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título II, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

27. Según el artículo 117 de la CE, los Jueces y Magistrados del poder judicial son: a) Independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. b) Independientes, libres, iguales y sometidos al estado de derecho. c) Libres, responsables, neutrales y sometidos al imperio de la ley. d) Responsables, profesionales, neutrales y sometidos al estado de derecho.

33. De conformidad con el artículo 116 de la CE, el estado de excepción será declarado por: a) El Presidente del Gobierno mediante Real Decreto, previa autorización de las Cortes Generales. b) El Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización de las Cortes Generales. c) El Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. d) El Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, a propuesta del Gobierno.

34. En relación con la sucesión en la Corona regulada en el artículo 57 de la CE, extinguidas todas las líneas llamadas en derecho: a) El Gobierno proveerá a la sucesión a la Corona en la forma que más convenga a los intereses de los españoles. b) Las Cortes Generales proveerán a la sucesión a la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España. c) El Gobierno proveerá a la sucesión a la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España. d) El Congreso de los Diputados proveerá a la sucesión a la Corona en la forma que más convenga a los intereses de los españoles.

36. Según el artículo 137 de la CE, el Estado se organiza territorialmente en: a) Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales que se constituyan. b) Comunidades Autónomas, diputaciones provinciales y los municipios que se constituyan. c) Municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. d) Municipios, en mancomunidades, en islas, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.

37. Señale la respuesta correcta en relación al principio de jerarquía normativa: a) Las normas con rango de ley se encuentran en posición de subordinación jerárquica frente a la Constitución, pudiendo ser declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo las que de cualquier forma infrinjan sus preceptos. b) Las normas con rango de ley están jerarquizadas entre sí, de tal manera que una Ley orgánica es jerárquicamente superior a una ley ordinaria. c) Los reglamentos están jerarquizados entre sí, hallándose su rango en función del nivel del órgano del que emanan. d) Toda Ley del Estado, por emanar de las Cortes Generales, es jerárquicamente superior a una ley de una Comunidad Autónoma.

1. La suspensión de los derechos y libertades se encuentra regulada en la Constitución en: a) En el Capítulo III del Título I. b) En sus artículos 52 y 53. c) En el artículo 58. d) En el Capítulo V del Título I.

8. Según la Constitución Española, señale la respuesta CORRECTA en relación con la elaboración de las leyes: a) La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta de las Cortes, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. b) La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno y al Congreso, de acuerdo con la Constitución y el Reglamento de dicha Cámara. c) La delegación legislativa podrá otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta correspondiendo al Consejo de Ministros la fijación del plazo para su ejercicio. d) Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas, excepto las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.

10. De acuerdo con el artículo 62 de la Constitución, ¿cuál de las siguientes NO es una función que le corresponda al Rey?: a) Aprobar y refrendar las leyes. b) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. c) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente. d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.

13. De conformidad con el Título II de la Constitución Española de 1978, señala la respuesta CORRECTA: a) Corresponde al Rey declarar la guerra y hacer la paz, previa autorización del Congreso de los Diputados. b) El Rey ejerce el derecho de gracia con arreglo a la ley, que podrá autorizar indultos generales. c) El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma. d) El Rey presta el consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados.

16. De acuerdo con el artículo 78 de la Constitución, expirado el mandato de las Cortes Generales o en caso de disolución de las mismas, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta: a) La celebración de las elecciones. b) La proclamación de los resultados electorales definitivos. c) La elección de los nuevos presidentes de cada una de las Cámaras de las Cortes Generales. d) La constitución de las nuevas Cortes Generales.

19. En relación al funcionamiento de las Cortes Generales recogido en el Título III de la Constitución, señala la respuesta CORRECTA: a) En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veinticinco miembros. b) El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable. c) Las Cámaras funcionarán en Pleno, Comisiones y Salas. d) Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o por mayoría de tres quintos de cualquiera de las Cámaras.

25. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por: a) El Presidente del Gobierno a propuesta del Congreso. b) El Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la Ley. c) El Presidente del Gobierno a propuesta del Gobierno. d) El Presidente del Tribunal Constitucional a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

2. ¿Cuál de los siguientes derechos puede ser suspendido en caso de que se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio?. a) El derecho de huelga. b) El derecho de petición individual y colectiva. c) El derecho a obtener la tutela efectiva de Jueces y Tribunales. d) El derecho de creación de centros docentes.

3. Según el artículo 120 de la CE, el procedimiento judicial será predominantemente oral, sobre todo en materia: a) Civil. b) Contencioso-administrativa. c) Criminal. d) Laboral.

4. Según el artículo 99 de la CE, ¿quién propone un candidato a la Presidencia del Gobierno después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda?. a) El partido político con mayor representación en el Congreso de los Diputados. b) Lo hacen por consenso las Mesas del Congreso y del Senado. c) El Presidente del Congreso. d) El Rey.

6. Según el artículo 147.3 de la CE, la reforma de los Estatutos de autonomía se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso: a) La aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley orgánica. b) Referéndum. c) Mayoría de tres quintos de las Cortes Generales. d) Ley ordinaria.

15. Según la CE, los Tratados o Convenios Internacionales que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública requerirán: a) Un trámite de información previa ante el Congreso de los Diputados. b) Informe previo y favorable del Tribunal Constitucional. c) Previa autorización del Congreso de los Diputados. d) Previa autorización de las Cortes Generales.

2. Conforme al artículo 53 de la Constitución Española de 1978, pueden ser objeto de tutela ante los Tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad: a) Las libertades y derechos reconocidos en el Capítulo primero del Título I de la Constitución. b) Las libertades y derechos reconocidos en la Sección segunda del Capítulo primero del Título I de la Constitución. c) Las libertades y derechos reconocidos en la Sección segunda del Capítulo segundo del Título I de la Constitución. d) Las libertades y derechos reconocidos en la Sección primera del Capítulo segundo del Título I de la Constitución.

5. De acuerdo con el artículo 149.3 de la Constitución Española, en el régimen de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas: a) Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de las correspondientes leyes marco. b) Las normas autonómicas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las del Estado en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia autonómica. c) El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas. d) El derecho autonómico será, en todo caso, supletorio del derecho estatal.

6. El artículo 91 de la Constitución Española establece que el Rey sancionará, promulgará y ordenará la inmediata publicación de las leyes aprobadas por las Cortes Generales en el plazo de: a) 10 días. b) 15 días. c) 20 días. d) 35 días.

10. Según la Constitución Española, ¿a quién corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados?. a) Al Rey. b) Al Presidente del Gobierno. c) Al Congreso de los Diputados. d) A las Cortes Generales.

15. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Española, el Real Decreto-Ley: a) Se aprueba por el Gobierno, previa delegación del Congreso de los Diputados, en un plazo máximo de 30 días. b) Tiene el mismo rango jerárquico normativo que el Real Decreto del Consejo de Ministros. c) Debe ser inmediatamente sometido a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados. d) Se convalida por el Congreso de los Diputados y por el Senado.

17. Conforme al artículo 168 de la Constitución Española, NO sería necesario someter a referéndum una reforma de la Constitución que afectase al: a) Artículo 5 que señala que "La capital del Estado es la Villa de Madrid". b) Artículo 11.2 que señala que "Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad". c) Artículo 27.4 que señala que "La enseñanza básica es obligatoria y gratuita". d) Artículo 57 que regula el orden de sucesión a la Corona.

24. La moción de censura del artículo 113 de la Constitución Española: a) Se plantea por el Presidente del Gobierno y exige para entenderse otorgada mayoría absoluta. b) Se plantea por el Presidente del Gobierno y exige para entenderse otorgada mayoría simple. c) Deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados y exige para su adopción mayoría absoluta. d) Deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados y exige para su adopción mayoría simple.

27. Según el artículo 149 de la Constitución Española el Estado tiene competencia exclusiva sobre la siguiente materia: a) Asistencia social. b) Ferias interiores. c) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. d) Administración de Justicia.

33. Según el artículo 78 de la Constitución Española, la Diputación Permanente de cada cámara la compone un mínimo de: a) 21 miembros. b) 25 miembros. c) 23 miembros. d) 27 miembros.

39. Según el artículo 138 de la Constitución Española el Estado velará por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español para garantizar el principio de: a) Igualdad. b) Solidaridad. c) Justicia. d) Seguridad.

41. Según el artículo 124.4 de la Constitución Española, el Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey: a)A propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. b) A propuesta del Congreso de los Diputados, por mayoría de tres quintos. c) A propuesta del Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta. d) A propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

42. De acuerdo con el artículo 100 de la Constitución Española, ¿quién nombra a los Ministros?. a) El Presidente del Gobierno. b) El Presidente del Congreso. c) La Comisión de Nombramientos de las Cortes Generales. d) El Rey.

58. Señale cuál de los siguientes órganos es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público según establece la Constitución Española: a) El Senado. b) El Consejo de Estado. c) El Tribunal de Cuentas. d) La Intervención General de la Administración del Estado.

5. Señale cuál de las siguientes materias NO está incluida en el artículo 148.1 de la Constitución Española entre las que podrán asumir competencias las Comunidades Autónomas: a) La organización de sus instituciones de autogobierno. b) La agricultura. c) Las ferias interiores. d) El comercio exterior.

1. ¿En qué parte de la Constitución Española se regula la nacionalidad española?. a) En el Título Preliminar. b) En el Preámbulo. c) En el Título Primero. d) En el Título Segundo.

3. De acuerdo con su Preámbulo, ¿quién ratifica la Constitución Española de 19787. a) El Rey. b) Las Cortes Generales. c) El pueblo español. d) El Gobierno.

6. El artículo 8 de la CE establece que las Fuerzas Armadas tienen como misión: a) Garantizar la unidad e independencia de España. b) Garantizar la estabilidad e independencia de la Nación. c) Garantizar la soberanía y estabilidad de la Nación. d) Garantizar la soberanía e independencia de España.

7. De acuerdo con el artículo 153 de la CE, el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá: a) Por el Tribunal Constitucional, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias. b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el de sus disposiciones normativas con fuerza de ley. c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley. d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.

8. La declaración del estado de excepción corresponde: a) Al Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. b) A las Cortes Generales. c) Al Gobierno, dando cuenta al Congreso de los Diputados. d) Al Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados.

9. Respecto del Defensor del Pueblo, responda la alternativa correcta: a) Será elegido por el Congreso de los Diputados para un periodo de 4 años. b) Será elegido por las Cortes Generales para un periodo de 4 años. c) Será elegido por las Cortes Generales para un periodo de 5 años. d) Será elegido por el Congreso de Los Diputados para un periodo de 5 años.

16. El artículo 56 de la CE establece que el Rey asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, y especialmente: a) Con las naciones iberoamericanas. b) Con las naciones de la Unión Europea. c) Con las naciones de su comunidad cultural. d) Con las naciones de su comunidad histórica.

18. tenor de lo establecido en el artículo 63 de la CE: a) Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes. b) El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos, previa autorización de las Cortes Generales. c) Al Rey corresponde, previa autorización del Presidente del Gobierno, declarar la guerra y hacer la paz. d) Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él, si así lo establece la Constitución en sus países de origen.

20. El Consejo General del Poder Judicial, de conformidad con la CE, estará integrado por: a) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 12 miembros nombrados por el Rey. b) El Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey. c) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey. d) El Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por 12 miembros nombrados por el Rey.

22. Señale la respuesta correcta de acuerdo con la CE: a) La cuestión de confianza planteada por el Presidente del Gobierno ante las Cortes Generales se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de cada Cámara. b) El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. c) La cuestión de confianza planteada por el Presidente del Gobierno ante el Congreso de los Diputados se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría absoluta del Congreso. d) El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría simple de la moción de censura.

24. Los proyectos de ley declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso podrán ser vetados o enmendados por el Senado, según lo que se establece en la CE, en el plazo de: a) Dos meses. b) Veinte días hábiles. c) Veinte días naturales. d) Quince días hábiles.

25. Según la CE los concejales de los Ayuntamientos serán elegidos por: a) Por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. b) El Presidente de la Diputación. c) Por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, indirecto y secreto. d) Por los Alcaldes.

26. El Defensor del Pueblo, en sus funciones, está auxiliado: a) Por 3 Adjuntos, a los cuales nombrará y separará previa conformidad de las Cámaras, en la forma que determinen sus Reglamentos. b) Por 3 Adjuntos, a los cuales nombrará y separará previa conformidad del Gobierno, en la forma que determine su Reglamento. c) Por 2 Adjuntos, a los cuales nombrará y separará previa conformidad de las Cámaras, en la forma que determinen sus Reglamentos. d) Por 2 Adjuntos, a los cuales nombrará y separará previa conformidad del Gobierno, en la forma que determine su Reglamento.

27. De acuerdo con el artículo 96 de la CE, los tratados internacionales, válidamente celebrados, formarán parte de nuestro ordenamiento: a) Cuando sean firmados por el Ministro de Asuntos Exteriores. b) Cuando sean ratificados por el Gobierno español. c) Cuando sean publicados en el Boletín Oficial del Estado. d) Cuando sean autorizados por las Cortes Generales.

30. Según el articulo 148.1.1º de la CE, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en la organización de sus instituciones: a) Locales. b) De autogobierno. c) Judiciales. d) Políticas.

36. Según lo previsto en el artículo 69 de la CE, las Comunidades Autónomas elegirán: a) Dos senadores, y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. b) Dos senadores. c) Un senador, y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. d) Un senador, y dos más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio.

44. Señale la afirmación correcta de acuerdo con lo previsto en el Título VI de la CE: a) El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones conforme a los principios de unidad de actuación e independencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. b) El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. c) El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. d) El Fiscal General del Estado será nombrado por el Gobierno a propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

48. De acuerdo con el artículo 68 de la CE, el Congreso: a) Está formado por 350 diputados. b) La elección de sus miembros se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación mayoritaria. c) Serán electores y elegibles los españoles y extranjeros mayores de edad, según lo que dispongan los Tratados Internacionales en atención a criterios de reciprocidad. d) El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

54. Según el artículo 157 de la CE: a) Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios. b) Las Comunidades Autónomas podrán adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio siempre que no supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios. c) Las Comunidades Autónomas podrán adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio, respetando en todo caso las competencias del resto de las Comunidades Autónomas. d) Las Comunidades Autónomas podrán adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio cuando éstas se armonicen por el Estado.

60. De acuerdo con la CE y con la normativa de desarrollo relativa al Tribunal de Cuentas, éste: a) Ejerce un control interno de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público. b) Ejerce su control antes de que sean aprobados los actos del sector público estatal que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos. c) Dependerá directamente del Ministro de Hacienda. d) Dependerá directamente de las Cortes Generales.

3. De acuerdo con el artículo 53.2 de la CE, ¿cuál de los siguientes derechos y libertades es susceptible de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional?. a) El derecho a la libertad de cátedra. b) El derecho de fundación. c) El derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. d) La libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.

7. En el texto de la reforma constitucional de 2011 se estableció el concepto de "estabilidad presupuestaria". El artículo modificado por el procedimiento de urgencia fue: a) 115. b) 105. c) 135. d) 146.

8. El título VIII recoge los apartados relativos a la organización Territorial del Estado. Los artículos que hacen mención expresa a la Administración Local son: a) 139 a 142. b) 140 a 142. c) 138 a 142. d) 145 a 148.

9.- Señale la afirmación correcta. El Real Decreto legislativo: a) Es una disposición reglamentaria. b) Tiene su origen en una ley orgánica. c) Deriva de una delegación de las Cortes Generales en el Gobierno para dictar normas con rango de ley. d) Puede derivar de una delegación legislativa implícita a favor del gobierno.

10.- A causa de la pandemia de Covid19, durante el 2020 el Gobierno declaró mediante Decreto el Estado de Alarma. El artículo y apartado de la Constitución en el que se recoge dicho estado es: a) Art. 115.2. b) Art. 116.2. c) Art. 116.3. d) Art. 115.3.

11.- El derecho a la vivienda viene recogido en la Constitución dentro del Título I, capítulo Tercero denominado "De los principios rectores de la política social y económica". ¿En qué artículo?. a) 37. b) 27. c) 67. d) 47.

12. De entre los siguientes, ¿quiénes no podrán ser miembros del Congreso de los Diputados y el Senado según lo indicado en nuestra Constitución?. a) Los altos cargos de la Administración del Estado que determine la Ley, con la excepción de los miembros del Gobierno. b) Los magistrados, jueces y fiscales en activo. c) Los miembros de las Juntas Electorales. d) Ninguno de los anteriores podrá ser miembro.

22. En que artículo de la Constitución se regula el municipio: a) 137. b) 140. c) 142. d) 141.

23.- De que plazo dispone el Rey para sancionar las leyes: a) 15 días. b) 10 días. c) 20 días. d) 30 días.

24.- ¿La autonomía local reconocida por la Constitución implica potestad legislativa?. a) Si, en todo caso. b) No, aunque podrá suponerla. c) Si, y para las Comunidades Autónomas también. d) No, en ningún caso.

2. Según lo señalado en la Constitución, art. 137 ¿de qué gozan los municipios?. a) De autonomía financiera. b) De autonomía para el establecimiento de sus impuestos y tributos propios. c) De autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. d) De personalidad jurídica plena.

3. ¿De cuántos artículos se compone nuestro actual texto constitucional?. a) 169. b) 168. c) 179. d) 186.

28. De acuerdo con la Constitución Española de 1978 (en adelante CE), las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, ¿pueden crear o modificar tributos?. a) Sí, pueden hacer las dos cosas, de hecho ésta es una de sus funciones más relevantes. b) Sí, pero para ambos casos se exigirá una votación propia y específica dentro del procedimiento de elaboración y aprobación de los Presupuestos. c) No podrán crearlos, pero podrán modificarlos si está así previsto en una ley tributaria sustantiva. d) Sí, pero para ambos casos es precisa una delegación normativa previa del Congreso de los Diputados basada en lo previsto en una ley tributaria sustantiva.

29. La CE establece que el Gobierno deberá presentar los Presupuestos Generales: a) Ante las Cortes Generales al menos cuatro meses antes de la expiración de los del año anterior. b) Ante el Congreso de los Diputados al menos cuatro meses antes de la expiración de los del año anterior. c) Ante el Congreso de los Diputados al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. d) Ante las Cortes Generales al menos dos meses antes de la expiración de los del año anterior.

49. Señale la respuesta correcta en relación al principio de jerarquía normativa: a) Las normas con rango de ley se encuentran en posición de subordinación jerárquica frente a la Constitución, pudiendo ser declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo las que de cualquier forma infrinjan sus preceptos. b) Las normas con rango de ley están jerarquizadas entre sí, de tal manera que una Ley orgánica es jerárquicamente superior a una ley ordinaria. c) Los reglamentos están jerarquizados entre sí, hallándose su rango en función del nivel del órgano del que emanan. d) Toda Ley del Estado, por emanar de las Cortes Generales, es jerárquicamente superior a una ley de una Comunidad Autónoma.

31. De acuerdo con la Constitución Española, aprobados los Presupuestos Generales del Estado: No podrán presentarse proposiciones de ley, aunque sí enmiendas a los proyectos de Ley, que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos presupuestarios, sin la conformidad del Gobierno. Podrán presentarse proyectos y proposiciones de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos, requiriéndose mayoría absoluta para su aprobación. No podrán presentarse ni proyectos ni proposiciones de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos. Podrán presentarse por el Gobierno proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos.

3. De conformidad con el artículo 82 de la Constitución Española, ¿qué caracteriza a una ley de bases?. a) Que fija la normativa básica del Estado. b) Que es de rango superior a una ley ordinaria. c) Que su objeto es la formación de textos articulados. d) Que tiene que ser convalidada por el Congreso de los Diputados.

3. Conforme a lo previsto en la Constitución Española, ¿qué órgano convalida los decretos leyes?. a) El Gobierno. b) Las Cortes Generales. c) El Congreso. d) El Senado.

34. La Constitución Española de 1978 establece respecto a los Presupuestos Generales del Estado que: a) Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. b) Corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. c) Corresponde al Consejo de Ministros la elaboración y examen de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su enmienda y aprobación. d) Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y al Congreso de los Diputados su examen, enmienda y aprobación.

36. Señale la respuesta correcta. Según la Constitución Española: a) Una vez ya aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario. b) Corresponde a las Cortes Generales la elaboración, examen, enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y al Gobierno su ejecución. c) El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos un mes antes de la expiración de los del año anterior. d) La Ley de Presupuestos puede crear tributos. Sólo podrá suprimirlos cuando una ley sustantiva así lo prevea.

3. Las Comunidades Autónomas que accedan a la autonomía por la vía del artículo 143 podrán asumir las competencias: a) Del art. 149. b) Del art. 148 y, transcurridos 3 años, las del art. 149. c) Que quieran dentro del marco del art. 148. d) Del art. 148, obligatoriamente.

10. Una vez declarado el estado de excepción no se puede suspender el derecho/libertad de: a) Adopción de medidas de conflicto colectivo. b) Libertad de circulación. c) Enseñanza. d) Huelga.

15. La reforma agravada de la Constitución prevista en el art. 168 procede: a) Solo cuando tenga lugar una reforma total de la Constitución. b) Cuando tenga lugar una reforma total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo segundo del Título I o al Título II. c) Cuando lo solicite la décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. d) Ninguna respuesta es correcta.

18. El procedimiento general de reforma de la Constitución requiere: a) Aprobación por mayoría absoluta de ambas Cámaras. b) Aprobación por mayoría de 3/5 del Congreso y mayoría absoluta del Senado. c) Aprobación por 2/3 del Congreso. d) Aprobación en primera votación de mayoría de 3/5 de cada Cámara.

30. A tenor del artículo 81.1.CE, son leyes orgánicas: a) Las que regulen el régimen electoral general. b) Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. c) Las que aprueben los Estatutos de Autonomía. d) Todas las respuestas son correctas.

32. La Sala de lo Militar en el Tribunal Supremo es la: a) Sexta. b) Quinta. c) No existe como tal. d) Cuarta.

47. ¿Cuántos senadores pueden solicitar la celebración de referéndum en el proceso de reforma constitucional ordinaria?: a) La cuarta parte. b) La mayoría absoluta del número legal. c) Una décima parte. d) Los senadores no tienen esa facultad.

1. Según el artículo 167.1 de la Constitución Española de 1978, los proyectos de reforma constitucional: a) Deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos del Congreso de los Diputados. b) Deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos del Senado. c) Deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. d) Deberán ser aprobados por mayoría absoluta de las dos Cámaras en sesión conjunta.

2. El artículo 103 de la Constitución Española de 1978, establece que: a) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. b) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de jerarquía, y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. c) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. d) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses y de con los principios de eficacia y coordinación, con sometimiento a la ley y al Derecho.

10.- Según el artículo 140 de la Constitución Española de 1978. a) Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. b) Los Alcaldes serán elegidos por los vecinos. c) Los Alcaldes serán elegidos elegido por los vecinos y refrendada la elección por la Comunidad Autónoma. d) Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales de entre los vecinos del Municipio.

2. Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde: a) Aprobar las proposiciones de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. b) Aprobar los Reales Decretos-Leyes y los Reales Decretos Legislativos. c) Interponer el recurso de inconstitucionalidad.

10. De acuerdo a lo establecido en el artículo 97 de la CE, el Gobierno: a) Dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. b) Dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad legislativa de acuerdo con la Constitución y las leyes. c) Dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función jurisdiccional y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

14. ¿Qué Título de la Constitución regula la Administración Local?. a) Título VIII, Capítulo II, artículos 140 a 143. b) Título VIII, Capítulo II, artículos 140 a 142. c) Título VIII, Capítulo III, artículos 140 a 142.

18. ¿Cuál de los siguientes derechos no queda comprendido dentro de la libertad sindical según el artículo 28 de la Constitución Española?: a) el derecho de un ciudadano a afiliarse a un sindicato. b) el derecho de un ciudadano a fundar un sindicato. c) todos quedan comprendidos.

22. Corresponde al Rey: a) Sancionar y promulgar las Leyes. b) Convocar y disolver el Congreso de los Diputados, a propuesta de su Presidente. c) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno en los términos previstos en las leyes.

23. Corresponde al Rey las siguientes funciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la C.E.: a) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. b) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno. c) Todas las respuestas son correctas.

27. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por: a) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 12 miembros nombrados por el Rey. b) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey. c) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey.

47. Las asociaciones sólo pueden disolverse: a) en caso de flagrante delito. b) por sentencia judicial motivada. c) por resolución judicial motivada.

52. Con respecto a los Tratados Internacionales corresponde al Rey: a) ejercer la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales. b) manifestar el consentimiento del Estado. c) acordarlos, previa autorización de las Cortes Generales.

59. La organización territorial del Estado se regula: a) En el Título IX. b) En el Título VIII. c) En el Título X.

68. ¿Cuál de los siguientes actos del Rey no está sujeto a refrendo?. a) cualquier duda de hecho o de derecho en orden a la sucesión en la Corona. b) la sanción de las leyes. c) la abdicación.

69. La Constitución Española nos dice que corresponde al Estado establecer las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios y que en todo caso, garantizarán a los administrados: a) un derecho prevalente sobre los nacionales de países no pertenecientes a la Unión Europea. b) un tratamiento común ante ellas. c) Un tratamiento preferente ante ellas.

84. Las consultas del Rey en orden a la propuesta de un candidato a la Presidencia del gobierno se efectúan con…. a) los diputados designados por los partidos políticos con representación en el Congreso. b) los grupos parlamentarios. c) los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria.

92. Las normas del gobierno que contienen legislación delegada reciben el título de: a) Leyes de bases o leyes ordinarias. b) Decretos legislativos o decretos-leyes. c) Decretos legislativos.

7. Son electores y elegibles al Congreso de los Diputados: a. Todas las personas que estén en pleno uso de sus derechos políticos. b. Serán electores todos los ciudadanos españoles y elegibles todos los ciudadanos españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. c. Todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos administrativos. d. Ninguna es correcta.

8. Cuál de las siguientes es causa de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores: a. Altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno. b. Componentes del Tribunal Constitucional. c. Todas son correctas. d. Defensor del Pueblo.

9. En relación con las Comisiones de Investigación del Congreso y Senado: a. Sus conclusiones vinculan a las resoluciones judiciales. b. Sus conclusiones afectan a las resoluciones judiciales. c. Sus conclusiones adoptarán la forma de resoluciones judiciales. d. Sus conclusiones no afectarán a las resoluciones judiciales.

18. Señale la respuesta correcta: a. La aprobación de una ley orgánica exigirá la mayoría simple del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. b. La aprobación de una ley orgánica exigirá la mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. c. La aprobación de una ley orgánica exigirá la mayoría cualificada de 2/3 del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. d. La aprobación de una ley orgánica exigirá la mayoría reforzada de 3/5 del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

23. Según la Constitución, El Rey tiene asignadas las siguientes funciones: a. Ser informado de los asuntos de Estado/ presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime necesario a petición del Presidente del Gobierno. b. El Alto Mecenazgo de las Reales Academias. c. Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes y reglamentos. d. Ninguna de las anteriores es correcta.

42. La Constitución Española en su artículo 1 establece que España propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico: a. La libertad, la imparcialidad, la equidad y el pluralismo social. b. La autonomía, la justicia, la equidad y el pluralismo social. c. La autonomía, la imparcialidad, la igualdad y el pluralismo político. d. La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

43. ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta respecto al reconocimiento al derecho de reunión pacífica y sin armas, recogido en el artículo 21 de la Constitución Española?. a. El ejercicio de este derecho necesitará autorización previa de las autoridades competentes. b. En todos los casos, se dará comunicación previa a la autoridad. c. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones no será necesario dar comunicación previa a la autoridad, aunque se podrán prohibir cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. d. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

63. ¿Qué órgano es el competente para promover acciones judiciales en/defensa de los derechos de los ciudadanos?. a. El Defensor del Pueblo. b. El Fiscal General del Estado. c. El Consejo General del Poder Judicial. d. El Tribunal Supremo.

64. ¿Quién preside el Consejo General del Poder Judicial?. a. El Rey. b. El Presidente del Tribunal Supremo. c. El Ministro de Justicia. d. El Fiscal General del Estado.

74. ¿En qué plazo deberán ser cumplidos los requisitos para la iniciativa del proceso autonómico, según se recoge en el artículo 143 de la Constitución?. a. Seis meses desde la remisión del acuerdo de iniciativa de las Cortes Generales. b. Tres meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas. c. No se establece ningún plazo al respecto. d. Seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.

5. De acuerdo con su artículo 2, la Constitución Española se fundamenta: a. En la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España. b. En la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. c. En propugnar como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

6. Según el artículo 68 de la Constitución, la circunscripción electoral es: a. El municipio. b. La Comunidad Autónoma. c. La provincia.

7. De acuerdo con el artículo 1 de la vigente Constitución Española, España se constituye en: a. Estado Monárquico y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. b. Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la eficacia, la eficiencia y el pluralismo político. c. Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

8. No es un derecho reconocido y protegido por el art. 20 de la Constitución española: a. La libertad de cátedra. b. La libertad sindical. c. La producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

21. Según la Constitución Española de 1978, ¿se podrían crear agrupaciones de municipios diferentes a la provincia?. a. Sí, tal y como viene descrito en el artículo 141.1. b. Sí, tal y como viene descrito en el artículo 141.3. c. Sí, tal y como viene descrito en el artículo 141.4.

2. ¿Qué título de la Constitución trata del Gobierno y de la Administración?. a) Sexto. b) Cuarto. c) Quinto. d) Tercero.

12. Las sesiones conjuntas del Senado y del Congreso serán presididas: a) Por el Presidente del Gobierno. b) Por el Presidente del Congreso. c) Por el Presidente del Senado. d) Por el Rey.

11.- Conforme al artículo 147 de la Constitución Española, ¿cuál de los siguientes aspectos NO es obligatorio que se contenga en los Estatutos de Autonomía?: a) La delimitación del territorio de la respectiva Comunidad Autónoma. b) La identificación de los órganos judiciales con sede o ámbito de actuación autonómico. c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.

12.- De acuerdo con el artículo 149.3 de la Constitución Española, en el régimen de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas: a)En lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia autonómica, las normas autonómicas prevalecerán sobre las del Estado. b)Las materias no atribuidas expresamente al Estado podrán corresponder a las CAA, en virtud de una ley marco. c)El derecho autonómico será, en todo caso, supletorio del derecho estatal. d)El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

18.- En el artículo 18 CE se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial: (señale la incorrecta). a) Postales. b) Telegráficas. c) Telefónicas. d) todas incorrectas.

24.- En virtud del art. 140 de la Constitución española, una de las siguientes afirmaciones relativas a la Administración Local no es cierta: a) Los municipios gozarán de personalidad jurídica propia. b) Los concejales son elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. c) Los Ayuntamientos están integrados por los Alcaldes y los Concejales. d) El gobierno y la administración de los municipios corresponde a sus respectivos Ayuntamientos.

1. El Fiscal General del Estado será nombrado por: a. El Rey, a propuesta del Congreso, oído el Consejo General del Poder Judicial. b. El Gobierno, a propuesta del Congreso, oído el Consejo General del Poder Judicial. c. El Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. d. El Congreso, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

2. Indique cuál de las siguientes funciones corresponde al Rey, según el artículo 62 de la Constitución española de 1978: a. El Alto Liderazgo de las Reales Academias. b. Convocar a referéndum en los casos previstos en la ley. c. Sancionar y promulgar las leyes. d. Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que podrá autorizar indultos particulares.

3. De acuerdo con la Constitución Española de 1978, las Cortes Generales, en materias de competencia estatal: a. Podrán atribuir a todas o a algunas de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar para si mismas normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. b. Podrán atribuir sólo a las Comunidades Autónomas de Ceuta y Melilla la facultad de dictar para si mismas normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. c. Podrán atribuir a todas o a algunas de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar para si mismas normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por un reglamento orgánico estatal. d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

4. Conforme la Constitución Española de 1978, el Gobierno: a. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. b. Ejerce la función ejecutiva de acuerdo con la Constitución y las leyes pero no la potestad reglamentaria. c. Ejerce la función ejecutiva de acuerdo con los Reglamentos de las Cámaras. d. Ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con los Reglamentos de las Cámaras.

26. De acuerdo con la Constitución Española de 1978, corresponde la potestad originaria para establecer tributos: a. Al Gobierno, mediante decreto. b. A las Cortes Generales, mediante ley. c. Exclusivamente al Estado, mediante ley. d. A las Comunidades Autónomas, mediante decreto.

6. Según el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/1979, el Pleno del Tribunal constitucional puede adoptar acuerdos cuando estén presentes, al menos: a. La mitad de los miembros que en cada momento lo compongan. b. Dos tercios de los miembros que en cada momento lo compongan. c. Un tercio de los miembros que en cada momento lo compongan. d. La mitad más uno de los miembros que en cada momento lo compongan.

14. Según el artículo 84 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial, el órgano judicial que se establece a nivel de partidos judiciales y con sede en su capital, se denomina: Tribunal de Instancia. Juzgado único civil y de instrucción. Juzgado de Paz. Audiencia provincial.

Respecto de la moción de censura, la Constitución establece que: A. En el caso de que el Congreso la adopte, el Gobierno disolverá las Cámaras y se convocarán elecciones en el plazo de 45 días. B. No puede ser votada hasta que transcurran diez días desde su presentación. C. En los primeros dos días después de la presentación de una moción de censura pueden presentarse mociones alternativas. D. En el caso de que no sea aprobada, sus signatarios no pueden presentar otra durante la misma legislatura.

Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza al candidato a Presidente del Gobierno, el Rey le nombrará Presidente. A. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación setenta y dos horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. B. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. C. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación veinticuatro horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. D. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría absoluta.

¿Cuántos municipios debían formar parte de la iniciativa autonómica en el caso de las Comunidades que accedieron por la vía especial y en el pasado hubieran plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de Autonomía?. Ningún porcentaje. 3/4. 2/3. 3/5.

De acuerdo con el art. 116 CE, ¿cuál es la duración máxima del estado de sitio?. A. Quince días, prorrogables. B. La que determine el Congreso de los Diputados. C. Quince días, no prorrogables. D. La que determine el Gobierno.

El art. 103 CE indica que se regularán por ley las peculiaridades de: A. El ejercicio del derecho a la igualdad de los funcionarios públicos. B. El ejercicio del derecho al sufragio pasivo de los funcionarios públicos. C. El ejercicio del derecho a la sindicación de los funcionarios públicos. D. El ejercicio del derecho a la seguridad social de los funcionarios públicos.

El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones: A. Mediante órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación, dependencia jerárquica y en atención a criterios de oportunidad. B. Mediante órganos propios, conforme a los principios de independencia e imparcialidad, con sujeción únicamente al principio de legalidad. C. Mediante órganos del Estado, conforme a principios de unidad de actuación e independencia jerárquica. D. Mediante órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

Según lo establecido en el artículo 134 de la CE, toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá para su tramitación la conformidad del: A. Congreso. B. Gobierno. C. Senado. D. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

¿Cuál de las siguientes materias no tiene que regularse necesariamente por Ley Orgánica?. A. El Estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno. B. Funciones del Tribunal de Cuentas. C. Constitución, funcionamiento y gobierno de Jueces y Tribunales. D. El Estatuto Jurídico del Personal al servicio de la Administración de Justicia.

¿Cuántos municipios debían formar parte de la iniciativa autonómica en el caso de las Comunidades que accedieron por la vía común, en el caso de que no tuvieran régimen provisional de autonomía?. 2/3. 3/4. 3/5. 1/3.

El derecho de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos: A. Es un derecho que no se reconoce expresamente en la Constitución, ha sido creado por la Ley 19/2013 de Transparencia. B. Es un derecho fundamental, reconocido en la Sección Segunda Capítulo Segundo del Título I de la Constitución y que no ha sido aún objeto de regulación legal. C. Es un derecho fundamental, reconocido en la Sección Primera Capítulo Segundo del Título I de la Constitución Española y desarrollado por la Ley 19/2013 de Transparencia. D. Es un derecho reconocido constitucionalmente en el artículo 105.b y desarrollado por la Ley 19/2013 de Transparencia.

En lo relativo al ejercicio de las potestades delegadas, el control de las Comunidades Autónomas corresponde a: A. Tribunal Constitucional. B. Gobierno. C. Jurisdicción Contencioso-Administrativa. D. Tribunal de Cuentas.

De acuerdo con el artículo 99 de la Constitución Española, el candidato a la presidencia del Gobierno debe obtener la confianza para su correcta constitución de: Congreso de los Diputados. Consejo de Ministros. Cortes Generales. Consejo de Estado.

De acuerdo con el artículo 105 de la Constitución Española, señale la respuesta incorrecta, la ley regulará: A. El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado. B. La tramitación de las proposiciones de ley, en los casos previstos en la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. C. La audiencia de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. D. El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

De acuerdo con el art. 143 de la Constitución, los requisitos de iniciativa del proceso autonómico deberán ser cumplidos en el plazo: A. De 2 meses desde el último acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas. B. De 3 meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas. C. De 9 meses desde el último acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas. D. De 6 meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.

Según la Constitución Española, si el Congreso de los Diputados no aprueba los Presupuestos Generales del Estado antes del primer día del ejercicio económico correspondiente: A. Se prorrogarán automáticamente los presupuestos del ejercicio anterior. B. El Gobierno elaborará unos presupuestos provisionales. C. Se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta que se aprueben los nuevos. D. Las Cortes Generales deberán aprobar un presupuesto de emergencia.

En relación a los ciudadanos durante la tercera edad, el artículo 50 de la Constitución Española establece que los poderes públicos: A. Garantizarán el disfrute de sus vacaciones mediante sistemas de viaje adaptados a sus condiciones físicas y mentales y a su capacidad económica. B. Garantizarán su suficiencia económica mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. C. Promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas económicos específicos. D. Promoverán su autonomía e inclusión mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos.

Los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. No debiendo contener los mismos: A. El funcionamiento de los órganos de la Administración Autónoma. B. La delimitación de su territorio. C. La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica. D. La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.

El Presidente del Gobierno: A. Es propuesto por el Rey al Congreso de los Diputados a través de su Presidente. B. Es nombrado por el Rey a propuesta del Congreso y del Senado. C. Es propuesto al Rey por los representantes de los grupos políticos. D. Ninguna respuesta es correcta.

De acuerdo con el art. 105 de la CE: A. Una ley orgánica regulará el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado. B. La ley regulará el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado. C. La ley regulará el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, en todo caso, la audiencia del interesado. D. Una ley orgánica regulará el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, en todo caso, la audiencia del interesado.

¿De quién depende la policía judicial en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente?. A. De los Jueces. B. Del Ministerio Fiscal. C. Todas las demás respuestas son correctas. D. De los Tribunales.

De acuerdo con la Constitución Española, la ley regulará el acceso a la función pública de acuerdo con: A. Los principios de mérito y proporcionalidad. B. Los principios de mérito, antigüedad y capacidad. C. Los principios de mérito y capacidad. D. Los principios de mérito, proporcionalidad y capacidad.

El derecho de petición se realizará además de por escrito: A. En documento firmado y sellado que determine cada órgano. B. Con las características y los efectos que determine la Constitución Española. C. En la forma y con los efectos que determine la ley. D. En la forma y con los efectos que determine la administración.

Según la materia de la que se trate, el artículo 153 de la Constitución Española dice que el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejerce por: A. Las Cortes Generales, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. B. El Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Supremo. C. El Tribunal Constitucional, el Gobierno, la jurisdicción contencioso-administrativa y el Tribunal de Cuentas. D. El Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el órgano fiscalizador contable de la Comunidad Autónoma y el Tribunal Superior de Justicia.

¿Qué plazo establece la Constitución para disolver las Cámaras en caso de que los candidatos a la investidura como Presidente del Gobierno no hubiesen obtenido la mayoría necesaria?. A. Dos meses a partir de la primera votación de investidura. B. Quince días a partir de la primera votación de investidura. C. Tres meses a partir de la primera votación de investidura. D. Un mes a partir de la primera votación de investidura.

Indique las consecuencias que tiene la denegación de confianza por parte del Congreso de los Diputados al Gobierno: A. El Gobierno presenta al Rey su dimisión. El Rey, a través del Presidente del Congreso propone un candidato a la Presidencia del Gobierno previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria. B. El Presidente del Gobierno presenta al Rey su dimisión junto con la del resto de los miembros. El Rey nombra nuevo Presidente del Gobierno tras consultar con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria. C. El Gobierno presentará su dimisión al Rey y éste convocará elecciones generales. D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

De acuerdo con el artículo 99 de la Constitución Española, el candidato a la presidencia del Gobierno debe obtener la confianza para su correcta constitución de: Congreso de los Diputados. Consejo de Ministros. Cortes Generales. Senado.

En relación con las formas de control político al Gobierno, señale la respuesta correcta: A. El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras. Para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo y máximo semanal. B. Solo las Cámaras pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. C. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas. D. Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los Secretarios de aquéllas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos.

El estado de alarma será declarado: A. Por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de treinta días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. B. Por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. C. Por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de alarma deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos. D. Por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de alarma deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de quince días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.

Según la Constitución Española se considera órgano supremo consultivo del Gobierno: A. El Tribunal Supremo. B. El Consejo de Ministros. C. El Consejo Económico-Administrativo. D. El Consejo de Estado.

En la Constitución Española, se prohíben: A. Los tribunales de honor exclusivamente. B. Los tribunales de honor en el ámbito de la Administración de Justicia y los tribunales de excepción. C. Los tribunales de honor en el ámbito de la Administración Civil y los tribunales de excepción. D. Los tribunales de excepción exclusivamente.

¿A quién corresponde el control de las Comunidades Autónomas en lo relativo a la administración autónoma y sus normas reglamentarias?. A. Jurisdicción Contencioso-Administrativa. B. Gobierno. C. Tribunal de Cuentas. D. Tribunal Constitucional.

En lo relativo al ejercicio de las potestades delegadas, el control de las Comunidades Autónomas corresponde a: A. Tribunal Constitucional. B. Gobierno. C. Jurisdicción contencioso-administrativo. D. Tribunal de Cuentas.

El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá, en lo relativo a lo económico y presupuestario a: A. Tribunal Constitucional. B. Gobierno. C. Jurisdicción contencioso-administrativo. D. Tribunal de Cuentas.

10. Según la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo: a) Será elegido por las Cortes Generales para un periodo de cinco años, y se dirigirá a las mismas a través de los Presidentes del Congreso y del Senado, respectivamente. b) Podrá ser elegido Defensor del Pueblo cualquier ciudadano mayor de edad que se encuentre en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. c) El Defensor del Pueblo tomará posesión de su cargo ante el Rey, prestando juramento o promesa de fiel desempeño de su función. d) El Defensor del Pueblo no se regula por Ley Orgánica.

11. En relación a lo recogido en el Título II de la Constitución Española, señale la respuesta correcta: a) Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad. b) La Reina consorte o el consorte de la Reina podrán asumir funciones constitucionales, incluido lo dispuesto para la Regencia. c) La Regencia se ejercerá por mandato legal y siempre en nombre del Rey. d) El ejercicio de la tutela no es incompatible con el de todo cargo o representación política.

12. Según el artículo 64 de la Constitución Española: a) Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso. b) Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por las Cortes Generales. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso. c) Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 100, serán refrendados por el Presidente del Congreso. d) Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. Para la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 100, no será necesario refrendo.

19. De acuerdo con la Constitución Española ¿Puede el Estado transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal?: a) En ningún caso. b) Sí, cuando la materia es por su propia naturaleza susceptible de transferencia o delegación. c) Sólo con autorización previa del Tribunal Constitucional. d) Solo a Cataluña y al País Vasco.

6. Celebradas elecciones generales al Congreso de los Diputados, el Congreso electo deberá ser convocado dentro de: a) Los treinta días siguientes a la celebración de las elecciones. b) Los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones. c) Los veinte días siguientes a la celebración de las elecciones. d) Los quince días siguientes a la celebración de las elecciones.

No es cierto que: a) Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. b) Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. c) En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Constitucional. d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.

10. Señale la respuesta correcta. a) El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley. b) El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley. c) El Gobierno se compone del Presidente, del Vicepresidente, de los Ministros y de los demás miembros que establezca en su reglamento. d) Ninguna es correcta.

11. La Administración del Estado en el territorio de una Comunidad Autónoma la dirige: a) El Delegado del Estado. b) El Delegado del Gobierno. c) El Subdelegado del Gobierno. d) La propia Comunidad Autónoma.

Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por: a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado. b) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado. c) EI producto de las operaciones de crédito. d) Todas son correctas.

EI ejercicio de la potestad jurisdiccional no corresponde a: Jueces y Magistrados. Juzgados. Tribunales. Corresponde exclusivamente a todos los anteriores.

Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por: a) Doce miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. b) Doce miembros nombrados por el Rey por un período de cuatro años. c) Veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. d) Veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cuatro años.

18. Es competencia del Ministerio Fiscal promover la acción de la justicia en defensa: a) De los derechos de los ciudadanos. b) Del interés público tutelado por la ley. c) De oficio o a petición de los interesados. d) Todas son correctas.

22. El Tribunal Constitucional se compone de: a) 24 miembros. b) 12 miembros. c) 16 miembros. d) 18 miembros.

23. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con: a) Entre 5 y 10 años de ejercicio profesional. b) Entre 10 y 14 años de ejercicio profesional. c) Más de 15 años de ejercicio profesional. d) Ninguna de las anteriores es correcta.

24. Están legitimados para el planteamiento de conflicto ante el Tribunal Constitucional en defensa de su autonomía local contra disposiciones de las Comunidades Autónomas con rango de Ley: a) Un número de municipios que supongan al menos un séptimo de los existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley, y representen como mínimo un sexto de la población oficial del ámbito territorial correspondiente. b) Un número de municipios que supongan al menos un sexto de los existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley, y representen como mínimo un sexto de la población oficial del ámbito territorial correspondiente. c) Un número de municipios que supongan al menos un quinto de los existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley, y representen como mínimo un séptimo de la población oficial del ámbito territorial correspondiente. d) Un número de municipios que supongan al menos un cuarto de los existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley, y representen como mínimo un quinto de la población oficial del ámbito territorial correspondiente.

26. ¿Cómo garantiza el Estado Español la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la CE, como requiere el artículo 138 de la CE?. a) Velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. b) Velando por el establecimiento de un desequilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. c) Velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado e injusto entre las diversas partes del territorio español. d) Velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

95. Señale cual de los siguientes no es una propiedad inherente a los bienes de naturaleza pública: a) Inalienabilidad. b) Imprescriptibilidad. c) Inembargabilidad. d) Principio de gestión continuada en el tiempo.

21. El Preámbulo de la Constitución Española de 1978 consta de: a) Un artículo. b) Tres artículos. c) Ningún artículo. d) Dos artículos.

4. Los actos del Rey: a) Serán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 63 de la Constitución. b) Serán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64 de la constitución. c) Serán refrendados los actos relativos al nombramiento y relevo de los miembros civiles y militares de su casa. d) Serán refrendados, únicamente, cuando se refieran a la sanción y promulgación de las leyes.

5.- Una de las situaciones que conlleva la disolución automática de las Cámaras, congreso y Senado, y la convocatoria de elecciones: a) La notación de una moción de censura en la que el candidato alternativo a la presidencia del Gobierno pierda, al no alcanzar la mayoría absoluta. b) La votación de una cuestión de confianza en la que el Presidente del Gobierno no alcance la mayoría simple. c) La investidura de una cuestión de confianza en la que el Presidente del gobierno no alcance la mayoría simple. d) La falta de propuesta por el Rey de candidato propuesto por el Rey no alcanzara la mayoría transcurridos dos meses desde una primera votación fallida.

6. ¿Qué recurso cabe contra la proclamación de diputados y Senadores electos?. a) Ninguno. b) Sólo recurso contencioso electoral ante el Tribunal supremo. d) Recurso contencioso electoral ante el Tribunal Supremo y eventualmente recurso e amparo ante el tribunal constitucional. c) Sólo recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

7. Según lo dispuesto en el Capítulo II del Título III de la Constitución, señale cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta: a) En cualquier momento, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I , al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. b) Los decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de la totalidad del Senado convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los dos meses siguientes a su promulgación. c) Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y la semas previstas en la constitución. d) Las layes de bases podrán autorizar la modificación de la propia ley de bases pero no faculta para dictar normas de carácter retroactivo.

8. ¿Cuál de los siguientes derechos y libertades no está definido constitucionalmente como uno de los principios rectores de la política social y económica?. a) El derecho a la protección de la salud. b) El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. c) La libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. d) La investigación de la paternidad.

38. Según la Constitución Española, el Defensor del Pueblo ¿podrá supervisar la actividad de la Administración?. Si, a efecto de la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución. Sí, a efecto de la defensa de los intereses de los ciudadanos. No, salvo autorización de las Cortes Generales.

41. Según la Constitución Española, se reconoce la libertad de empresa: A) En el marco de una política de estabilidad económica. B) En el marco de la economía económico social. C) En el marco de la economía de mercado.

43. Atendiendo a lo establecido en la Constitución Española, señale la respuesta correcta respecto al Consejo General del Poder Judicial: La constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales se determinará por Ley Orgánica. Los jueces y magistrados formarán un cuerpo independiente. Al ser el órgano de gobierno del poder judicial, el estatuto y régimen de incompatibilidades de sus miembros y funciones se regulará por ley ordinaria.

17. ¿Cuál será el contenido de un Decreto Legislativo que fue autorizado por medio de una ley?. Un texto refundido. Un texto articulado. Una Ley ordinaria. Una Ley orgánica.

42. La Constitución española reconoce y garantiza el derecho autonomía: a. De las nacionalidades que la integran. b. De las regiones que la integran. c. De las comunidades que la integran. d. De las nacionalidades y regiones que la integran.

46. Señale la respuesta incorrecta. Según el articulo 117 de la Constitución Española en relación con el Poder Judicial: a. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. b. Los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la Ley. c. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. d. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado corresponde a los Juzgados. Tribunales ordinarios y Tribunales de excepción.

53. Las cámaras pueden reunirse en sesión extraordinaria a petición de: a. La Diputación Permanente. b. La mayoría simple de los miembros de cualquiera de las cámaras. c. El Gobierno. d. Las repuestas a y c son correctas.

1. Para aprobar una ley orgánica es necesario: a. Mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. b. Mayoría de 2/3 del Congreso de los Diputados. C. Mayoría absoluta de las Cortes Generales. d. Mayoría de 3/5 de las Cortes Generales.

45. De acuerdo con el art. 139 de la Constitución Española de 1978, ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen, en todo el territorio español: A) La adquisición de bienes. B) El comercio de bienes. C) La libre circulación de bienes. D) Ninguna de las respuestas es correcta.

11. En las decisiones de las Cortes Generales que según el articulo 74 de la Constitución se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se creará una Comisión Mixta que: a) Presentará un texto que será votado por ambas Cámaras y si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta. b) Presentará un texto que será votado por ambas Cámaras y si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría simple. c) Presentará un texto que será votado por las Cámaras en sesión conjunta y si no se aprueba en la forma establecida, quedará denegada la propuesta.

14. - El derecho de sindicación se encuentra regulado constitucionalmente en: a) El artículo 26 de la CE. b) El artículo 27 de la CE. c) El articulo 28 de la CE.

23. - Las CCAA podrán asumir las competencias establecidas en: a) Artículo 148 de la CE. b) Artículo 149 de la CE. c) A y B son correctas.

24. Respecto al Tribunal Constitucional señale la respuesta correcta: a) De dos Salas. Cada Sala está compuesta por seis Magistrados nombrados por el Tribunal en Pleno. El Presidente del Tribunal lo es también de la Sala Primera, que presidirá en su defecto, el Magistrado más antiguo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad. El Vicepresidente del Tribunal presidirá en la Sala Segunda y, en su defecto, el Magistrado más antiguo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad. b) Los Magistrados del Tribunal Constitucional serán nombrados por el Rey, a propuesta de las Cámaras, del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial, en las condiciones que establece el artículo ciento cincuenta y seis, uno, de la Constitución. c) Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre ciudadanos españoles que sean Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, trabajadores públicos o Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función.

28. - El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey, y se renovaran: a) Por terceras partes cada dos. b) Por terceras partes cada tres. c) Por terceras partes cada cuatro.

42. El Presidente del Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades: a) Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales. Plantear la cuestión de confianza. Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo. b) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. c) Aprobar la Ley de Presupuestos Generales del Estado y presentar proyectos de ley las Cortes Generales.

50. Según establece el artículo 159.1 de la Constitución Española, el Tribunal Constitucional se compone de: a) 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. b) 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres cuartos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. c) 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de dos tercios de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

52. En el supuesto de minoría de edad del Rey, entrará a ejercer la Regencia en defecto del padre o madre: a) El pariente mayor de edad más próximo a suceder la Corona. b) El representante legal elegido por las Cortes. c) El príncipe heredero.

62. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza al candidato a Presidente del Gobierno, el Rey le nombrara Presidente. a) De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría absoluta. b) De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación veinticuatro horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. c) De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.

73. Según el artículo 141 de la Constitución Española de 1978, cualquier alteración de los límites de las provincias habrá de ser aprobada por: a) El Congreso de los Diputados mediante ley orgánica. b) Por el Senado, previo informe del Consejo de Estado. c) Las Cortes Generales mediante ley orgánica.

78. Según la Constitución Española, la sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre: a) La línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. b) La línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de menos edad a la de más. c) La línea posterior a las anteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de menos edad a la de más.

96. De acuerdo con el artículo 148.1 de la Constitución Española de 1978, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de: a) La Administración de Justicia. b) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. c) Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.

14 .- Son bienes de dominio público estatal, en todo caso, los mencionados en: El artículo 133.2 de la Constitución Española. El artículo 134.2 de la Constitución Española. El artículo 132.2 de la Constitución Española.

26 .- Según la Constitución Española, la moción de censura deberá ser propuesta por: La mitad de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno. Por la décima parte de los Diputados, habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno. Por la tercera parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.

5. EI Congreso se compone de: Un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados. Un mínimo de 300 y un máximo de 350 Diputados. Un mínimo de 350 un máximo de 400 Diputados.

46 .- ¿En qué articulo de la Constitución Española se regula el Senado?. Art. 70. Art. 68. Art. 69.

1. La Constitución entró en vigor: a. El día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. b. Al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. c. Al ser sancionada por S. M. el Rey ante Las Cortes.

1. La Constitución Española, fue publicada en él: a) «BOE» núm. 312, de 29/12/1978. b) «BOE» núm. 311, de 29/12/1978. c) «BOE» núm. 310, de 29/12/1978.

2. Según el Art. 10.2 de la Constitución Española: a) Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados y publicados por España. b) Las normas relativas a los derechos y deberes fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados y publicados por España. c) Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretaran de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

3. Según el Art. 17.3 de la Constitución Española: a) Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. b) Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea entendible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. c) Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea entendible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias judiciales, en los términos que la ley establezca.

4. Según el Art. 28.1 de la Constitución Española: a) Todos tienen derecho a sindicarse y afiliarse libremente. La ley podrá limitar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. b) Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. c) Todos tienen derecho a sindicarse y afiliarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados de naturaleza militar o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

5. ¿A quien corresponde la iniciativa del proceso autonómico recogido en el artículo 143 de la Constitución Española?. a) A todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. b) A las dos terceras partes de las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las tres quintas partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. c) A todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las tres quintas partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.

6. Señale cual de las siguientes competencias puede ser asumida por las Comunidades Autónomas tal y como establece el articulo 148 de la Constitución Española: a) Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior. b) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. c) Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.

18. Según lo dispuesto en el tenor literal del artículo 159.4 de la Constitución Española de 1978, la condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: a) Con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y militar, y con cualquier actividad profesional o mercantil. b) Con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad empresarial. c) Con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones no directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil. d) Con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil.

28. Según el tenor literal del artículo 103.3 de la Constitución Española de 1978, la ley regulará: a) El estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y publicidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. b) El estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a huelga, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. c) El estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y los derechos para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. d) El estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

33. Los principios de la organización territorial del Estado, la Administración Local y las Comunidades Autónomas se regulan en la Constitución Española de 1978 en el: a) Título VIII (arts. 136 al 157). b) Título VIII (arts. 137 al 158). c) Título VIII (arts. 166 al 169). d) Título VIII (arts. 128 at 136).

52. Conforme al artículo 94 de la Constitución Española de 1978, la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los: a) Tratados de carácter político. b) Convenios de carácter social. c) Tratados entre más de tres países. d Tratados o convenios de economía social.

59. La iniciativa pública en la actividad económica se reconoce en la Constitución Española de 1978 en el artículo: a) 20. b) 29. c) 66. d) 128.

62. Conforme a lo dispuesto en el artículo 147.3 de la Constitución Española de 1978: a) La reforma de los Estatutos de Autonomía se ajustará al procedimiento establecido en la Constitución y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. b) La reforma de los Estatutos de Autonomía se ajustará al procedimiento establecido en la ley para la reforma constitucional y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. c) La reforma de los Estatutos de Autonomía se ajustará al procedimiento establecido en la Constitución para la reforma constitucional y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. d) La reforma de los Estatutos de Autonomía se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.

65. Conforme a lo dispuesto en el artículo 55.2 de la Constitución Española de 1978, una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas: a) De forma individual y con la necesaria intervención gubernamental y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2 y 18, apartados 2 y 3. b) De forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control administrativo, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartados 2 y 3, y 18, apartado 2. c) De forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartados 2 y 3, y 18, apartado 2. d) De forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3.

66. Conforme a la literalidad de lo dispuesto en el apartado b) del artículo 105 de la Constitución Española de 1978, la ley regulará: a) La audiencia de los ciudadanos directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las leyes que les afecten. b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo los que afecten a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, en todo caso, la audiencia del interesado. d) Las respuestas a), b) y c) son incorrectas.

10- ¿Cuál de los siguientes derechos constitucionales no tiene la consideración de fundamental?. a. Derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. b. Derecho a la propiedad privada y a la herencia. c. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia.

27- El artículo 10, del Título I de la Constitución española de 1978, establece que: a. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. b. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad son fundamento del orden político y de la paz social. c. Las normas relativas a los derechos a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán únicamente conforme a acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

9.- Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales: a) Podrán establecer los mismos tributos que el Estado. b) No podrán establecer tributo alguno. c) Podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las Leyes.

10.- El Senado es la Cámara de representación: a) Autonómica. b) Territorial. c) Proporcional.

11.- La Constitución española reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva en: a) El artículo 21. b) El artículo 22. c) El artículo 24.

30.- Conforme a la Constitución española el contenido del derecho a la propiedad privada está delimitado por: a) La función social. b) El interés particular. c) El interés económico.

36.- Conforme a la Constitución española la provincia es: a) Una división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. b) Una división territorial para el cumplimiento de las actividades de las Comunidades Autónomas. c) Una división territorial para el cumplimiento de las actividades de la provincia.

2.- Con respecto al derecho a la tutela efectiva de Jueces y Tribunales, el artículo 24.1 dispone lo siguiente: A) La indefensión únicamente podrá producirse durante la vigencia de los estados de excepción o de sitio. B) La indefensión únicamente podrá producirse en delitos de terrorismo. C) En ningún caso puede producirse indefensión. D) La indefensión únicamente podrá producirse durante la vigencia del estado de sitio.

3.- Señale la afirmación correcta: A) Según el artículo 40 de la Constitución Española de 1978, el Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. B) Según el artículo 42 de la Constitución Española de 1978, el Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. C) Según el artículo 43 de la Constitución Española de 1978, Los Poderes Públicos velarán especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. D) Según el artículo 41 de la Constitución Española de 1978, El Defensor del Pueblo velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.

4.- Señale la afirmación incorrecta. Según el artículo 57.4 de la Constitución Española: A) El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España. B) Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Congreso, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes. C) Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica. D) Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.

5.- Según el artículo 162.1 la Constitución Española de 1978, están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad: A) Una Ley Orgánica determinará las personas y órganos legitimados. B) El Defensor del Pueblo o el Ministerio fiscal. C) Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo. D) El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.

6.- Señale la respuesta Correcta. Según el artículo 73 de la Constitución: A) Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de enero a junio. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente, de la Mesa o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. B) Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría simple de los miembros de cualquiera de las Cámaras. C) Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. D) Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de octubre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Según lo especificado en la Constitución indique cual/es de las siguientes funciones no corresponde al Rey: a. La c y la d. b. Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. c. Expedir los reales decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. d. Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Estado, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno.

19. Indique la respuesta correcta sobre las funciones del Presidente del Gobierno: a. Tiene competencia exclusiva para refrendar los actos del Rey. b. Previa autorización del Congreso de los Diputados tiene competencia para convocar referéndum. c. El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa. d. El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Estado, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes.

21. Conforme a lo establecido en el art. 70 de la Constitución Española, la ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso: a. A los altos cargos de la Administración Autonómica. b. A los componentes del Tribunal Supremo. c. A los miembros de las Juntas electorales. d. Todas son correctas.

22. Según el art. 103 de la Constitución Española " ......... sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho." Complete lo que falta en los puntos suspensivos. a. El Gobierno. b. El Estado. c. La Administración Pública. d. Todas son incorrectas.

24. De entre los siguientes derechos ¿Cuál/es figura/n en la Sección 1a, del Capítulo Segundo del Título I de la Constitución?. a. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. b. Derecho a la producción y creación literaria, artística, comercial y técnica. c. Derecho a la propiedad privada y a la herencia. d. Todas son correctas.

23. En el Título V de la Constitución Española queda establecido: a. El Gobierno responde conjuntamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. b. El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones, mociones y preguntas que se le formulen en las Cámaras. c. El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia. d. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.

26. ¿Qué decisiones del Gobierno de la Nación y de sus miembros revisten las formas de Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes?. a. Las disposiciones y actos cuya adopción venga atribuida al Presidente. b. Las decisiones que aprueban, respectivamente, las normas previstas en los artículos 82 y 86 de la Constitución. c. Las decisiones de dicho órgano colegiado que no deba adoptar la forma de Real Decreto. d. Ninguna respuesta es correcta.

27. Son Leyes Orgánicas: a. Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. b. Las que aprueban los Estatutos de Autonomía. c. Las que regulan los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes. d. Todas son correctas.

3. ¿En qué artículo de la Constitución Española se recoge la gratuidad de la justicia?. a) En el 121. b) En el 120. c) En el 119. d) En el 118.

5. Los Reglamentos de cada cámara y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá: a) Mayoría simple. b) Mayoría absoluta. c) El voto favorable de dos terceras partes. d) El voto favorable de tres quintas partes.

10. Cuál de estas funciones no corresponden al Rey de acuerdo con los establecido en el Título II de la Constitución: a) Convocar a referéndum en los casos establecidos en la Constitución. b) Declarar la guerra, previa autorización de las Cortes Generales. c) Autorizar indultos generales. d) Sancionar y promulgar las leyes.

12. El artículo 138.2 de la CE indica que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar: a) Privilegios económicos o sociales, salvo que se recojan en una ley. b) Privilegios fiscales o sociales, en ningún caso. c) Privilegios de ningún tipo, en ningún caso. d) Privilegios económicos o sociales, en ningún caso.

14. El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial será nombrado: a) Por el Rey, entre miembros de la Carrera Judicial de todas las categorías que se encuentren en servicio activo, con más de 15 años de antigüedad en la Carrera. b) Por el Rey, entre Abogados en ejercicio de reconocida competencia. c) Por el Consejo General del Poder Judicial, entre juristas de reconocido prestigio. d) Por el Rey, entre miembros de la Carrera Judicial con la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo y reunir las condiciones exigidas para ser Presidente de Sala del mismo o entre juristas de reconocida competencia, con más de 25 años en el ejercicio de su profesión.

16. De acuerdo con el artículo 88 de la CE, los proyectos de ley serán aprobados por: a) Una Ley Orgánica. b) El Presidente del Gobierno. c) La Cortes Generales. d) El Consejo de Ministros.

17. Para hacer efectivo el principio constitucional de solidaridad, el artículo 158.2 de la Constitución Española prevé la constitución de: a) Un Fondo de Integración con destino a gastos de inversión. b) Un traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas. c) Un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión. d) Un Fondo de Cohesión con destino a gastos de inversión.

2. ¿Quién determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, según el tenor literal del art. 70 de la CE?. a) Las Cortes Generales. b) La ley electoral. c) El Presidente del Gobierno. d) La Constitución.

2.- En que artículo de la Constitución se garantiza que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada: a) En el artículo 45. b) En el artículo 46. c) En el artículo 47. d) En el artículo 48.

3.- En que artículo de la Constitución se reconoce que “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. a) En el artículo 14. b) En el artículo 15. c) En el artículo 16. d) En el artículo 17.

2. Según el artículo 16 de la CE: a) Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, pero si sobre su religión. b) Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, pero si sobre sus creencias. c) Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. d) Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su religión o creencias, pero si sobre su ideología.

4. Según el artículo 26 de la CE los tribunales de honor: a) Están prohibidos solo en el ámbito de la Administración civil. b) Están prohibidos solo en las organizaciones profesionales. c) Están prohibidos en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. d) Están prohibidos en el ámbito de la Administración civil y no de las organizaciones profesionales.

2. De acuerdo con la Constitución española: a) Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. b) No se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. c) En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Concejos. d) Las tres son correctas.

4. Con respecto a la nacionalidad de los españoles: a) Nunca podrá ser privado de ella ningún español que lo sea por carta de naturaleza. b) Nunca podrá ser privado de ella ningún español de origen. c) Nunca podrá ser privado de ella quien la haya adquirido por residencia. d) Podrá ser privado de ella cualquier español.

2.- De los siguientes derechos, ¿cuál de ellos es susceptible de recurso de amparo para su protección y defensa?: a) El derecho a la propiedad. b) El derecho de fundación. c) El derecho a la objeción de conciencia. d) Ninguno de los anteriores.

4.- Los presidentes de cada Cámara son elegidos: a) Por el Rey. b) Por las propias Cámaras. c) Por el presidente del Gobierno. d) Por los votantes.

1.- El artículo 141.1 de la Constitución Española establece que la provincia es una entidad local con personalidad jurídica: a) Plena. b) Única. c) Propia. d) Íntegra.

3.- ¿Cuál de las siguientes materias es competencia exclusiva del Estado?. a) La gestión en materia de protección del medio ambiente. b) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. c) Los montes y aprovechamientos forestales. d) La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.

24.- Indique cuál de las afirmaciones siguientes es correcta: a) En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de real decreto Legislativo. b) Los Decretos-leyes dictados por el Gobierno no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución Española, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. c) Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados y al Senado, convocados al efecto si no estuvieran reunidos, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. d) Las Cámaras habrán de pronunciarse expresamente dentro del plazo de treinta días desde la promulgación de un Decreto-ley sobre su convalidación o derogación.

53.- Cuántos senadores de elección directa le corresponde a toda la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias teniendo en cuenta que se compone de dos provincias y 7 islas con administración propia: a) 8 senadores ya que son dos provincias. b) 11 senadores. c) 10 senadores. d) 9 senadores.

21. El artículo 10 de la Constitución Española de 1978 está dentro de: a. El Título I, Capítulo Primero. b. El Título Preliminar. c. El Título I, Capítulo Segundo. a El Título I.

Según establece el artículo 20 de la Constitución Española de 1978, se reconocen y protegen los derechos: a. A expresar y difundir libremente los conocimientos, ideas y expresiones. b. Al uso de la informática. c. A la libertad de cátedra. d. A la producción y creación literaria, artística, científica y matemática.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el artículo 18 de la Constitución Española de 1978?: Se garantiza el secreto de las telecomunicaciones y, en especial, de las postales y telegráficas, salvo resolución. Se limitará el uso de la información para garantizar el honor y la intimidad plena y familiar de los españoles y el pleno ejercicio de sus derechos. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad general y a la imagen. EI domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada, conforme a lo dispuesto: En el artículo 22.1 de la Constitución Española. En el artículo 22.2 de la Constitución Española. En el artículo 22.3 de la Constitución Española. En el artículo 22.4 de la Constitución Española.

9. De acuerdo al artículo 3.2 de la Constitución Española, las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con: a) Su legislación autonómica. b) Una Ley Orgánica. c) Sus Estatutos. d) La Constitución Española.

13. Según el artículo 6 de la Constitución Española los partidos políticos: a) Expresan el pluralismo político, concurren a la manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. b) Expresan la democracia constitucional, concurren a la formación y manifestación de la voluntad política y son instrumento fundamental para la participación popular. c) Expresan la monarquía parlamentaria, concurren a la formación y manifestación de la voluntad democrática y son instrumento fundamental para la participación ciudadana. d) Expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política.

16. Según el artículo 8 de la Constitución Española, las Fuerzas Armadas tienen como misión: a) Garantizar la integridad de España, defender su independencia territorial y el ordenamiento constitucional. b) Garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. c) Garantizar la soberanía e independencia de España, defender su unidad territorial y el ordenamiento constitucional. d) Defender la soberanía e independencia de España, garantizar su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

21. Según el artículo 97 de la Constitución Española, el gobierno: a) Ejerce la función legislativa y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución. b) Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la legislación. c) Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. d) Ejerce la función reglamentaria y la potestad legislativa de acuerdo con la Constitución y las leyes.

De acuerdo con la Constitución Española de 1978, los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de: a) 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3. b) 6 años y se renovarán por terceras partes cada 3. c) 5 años y se renovarán por terceras partes cada 2. d) 4 años y se renovarán por terceras partes cada 2.

2. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de acuerdo con la Constitución Española de 1978: a) Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno no podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario. b) Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de dos miembros de la Asamblea encargados de su defensa. c) Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría simple de los miembros del Congreso de los Diputados. d) La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.

4. De acuerdo con la Constitución Española de 1978, la impugnación ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida: a) sin necesidad de que sea ratificada por el Tribunal. b) pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 1 mes. c) pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 2 meses. d) pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses.

5. Señale la respuesta correcta según la Constitución Española de 1978: a) La ley de presupuestos podrá en todo caso modificar los tributos. b) Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. c) El Tribunal de Cuentas depende orgánicamente del Gobierno y ejercerá sus funciones por delegación de las Cortes Generales en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. d) El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por las Cortes Generales para emitir deuda pública o contraer crédito.

7. De acuerdo con la Constitución Española de 1978, el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá: a) Proponer la disolución del Gobierno, que será decretada por el Rey. b) Proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por las Cámaras. c) Proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por los Tribunales. d) Proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey.

9. Señale la respuesta correcta. Están legitimados para interponer el recurso de amparo de acuerdo con la Constitución Española de 1978: a) Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, 50 diputados, 50 senadores, así como el Defensor del Pueblo y los órganos ejecutivos de las Comunidades Autónomas. b) El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. c) Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. d) El Presidente del Gobierno, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Presidente del Consejo General del Poder Judicial.

Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de acuerdo con la Constitución Española de 1978: a) El Senado es la Cámara de representación territorial. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica. b) Los Diputados y Senadores gozarán de inmunidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inviolabilidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. c) Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta del Congreso. d) La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo exclusivamente con lo estipulado en la Constitución. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley. Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes.

3. El pueblo español está representado por: a) El Congreso. b) Las Comunidades Autónomas. c) Las Cortes Generales, formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. d) El Senado.

¿Quién aprueba la moción de censura según la Constitución Española?. a) Las Cortes Generales. c) EI Congreso de los Diputados. b) Los partidos políticos. d) EI Rey de España.

44. ¿Quién elige al Presidente del Gobierno en España?. a) Los ciudadanos en elecciones directas. b) Lo designa el Rey. c) EI Congreso de los Diputados. d) EI Senado.

El Título de la Constitución que trata de las relaciones entre el Gobierno y tas Cortes Generales es el: a) Cuarto. b) Quinto. c) Sexto. d) Tercero.

81. ¿Quién ejerce la potestad legislativa del Estado según la Constitución Española?. a) El Rey. b) Las Cortes Generales. c) El poder judicial. d) Las Comunidades Autónomas.

11. En atención a lo dispuesto por el artículo 135.2 de la Constitución Española, el Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso por: a) El Gobierno Central. b) El Gobierno Central en consenso con el Autonómico. c) El Gobierno Central en consenso con el Gobierno Autonómico y los Cabildos Insulares. d) La Unión Europea para sus Estados Miembros.

15. ¿Qué artículo de la Constitución Española reconoce literalmente lo siguiente?: “La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.”. a) El artículo 143. b) El artículo 147. c) El artículo 137. d) El artículo 140.

34. La Constitución española reconoce como derechos fundamentales y libertades públicas, entre otros, los siguientes (Sección 1ª, Capítulo segundo, Título I): a) El derecho de asociación, el derecho a sindicarse libremente, el derecho a la educación, el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos y el derecho al trabajo. b) El derecho de asociación, el derecho a sindicarse libremente, el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos y el derecho a la herencia. c) El derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios. d) El derecho de asociación, el derecho a sindicarse libremente, el derecho a la educación y el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos.

2- ¿Cuál es la estructura básica de nuestra Constitución?. a .- Un preámbulo, una parte dogmática y una parte orgánica. b .- Un preámbulo y una parte dogmática. c .- Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta.

7. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. ¿A qué artículo de la Constitución Española nos referimos?. a .- 154. b .- 150. c .- 155.

¿Cuál de las siguientes no es una de las materias, recogidas en el artículo 149.1 de la Constitución Española, sobre las que el Estado tiene competencia exclusiva?. Los montes y aprovechamientos forestales. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos. Defensa y Fuerzas Armadas.

3. La Constitución española garantiza la libertad religiosa y de culto a: a) Los individuos solamente. b) Los individuos y la Iglesia Católica. c) Los individuos y las comunidades. d) La Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas.

45. Quiénes tienen derecho de petición individual y colectiva por escrito en base al artículo 29 CE: a) Ciudadanos. b) Mayores de edad. c) Españoles. d) Los nacionales de un Estado de la Unión Europea.

48. Según el art. 148. 1 de la CE, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de: a) Bases del régimen minero y energético. b) Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. c) Administración de Justicia. d) Asistencia social.

1 .- Según establece la Constitución Española de 1978, en relación con la extradición: a) Sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de solidaridad. b) Sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. c) Sólo se concederá en virtud de resolución judicial motivada. d) Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, siendo considerados como tales los actos de terrorismo.

2 .- Según establece la Constitución Española de 1978, los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer el derecho de petición: a) En ningún caso. b) Individual o colectivamente, y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. c) Sólo colectivamente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. d) Sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación especifica.

3 .- Según establece la Constitución Española de 1978, en caso de que se proponga una revisión parcial que afecte al Título preliminar, se procederá a su aprobación: a) Por mayoría de 2/3 de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. b) Por mayoría absoluta de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. c) Por mayoría de 3/5 de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. d) Por mayoría de 2/3 del Senado y mayoría absoluta del Congreso, y a la disolución inmediata de las Cortes.

Según el articulo 147.2 de la Constitución Española, los Estatutos de autonomía deberán contener: a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica. b) La delimitación de su territorio. c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. d) Todas las respuestas son correctas.

2. Según al artículo 139 de la Constitución Española, tendrán los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado: a) Todos los ciudadanos. b) Todos los españoles. c) Todas las personas.

3. ¿A quién le corresponde la iniciativa del proceso autonómico recogido en el artículo 143 de la Constitución Española?. a) A las dos terceras partes de las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las tres quintas partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. b) A todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. c) A todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las tres quintas partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. c) A todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las tres quintas partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.

1.- Según el tenor literal del art. 31.1 de la Constitución Española: a) Todos contribuirán al mantenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. b) Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progreso que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. c) Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance fiscal. d) Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

2.- De conformidad con el tenor literal del art. 54 de la Constitución Española: a) Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta al Congreso. b) Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título II, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. c) Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. d) Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

3.- De acuerdo al tenor literal del art. 135.4 de la Constitución Española: a) Los límites de déficit estructural sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. b) Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. c) Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y Comunidades Autónomas y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. d) Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

4.- Según la literalidad del art. 117.3 de la Constitución Española: a) El ejercicio de la potestad judicial en determinados procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. b) El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. c) El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes y reglamentos, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. d) El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.

5.- ¿En qué artículo de la Constitución se establece literalmente que las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento?. a) 117. b) 118. c) 119. d) 120.

2.- Según el artículo 10.1 de la Constitución Española, la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento: a) de la seguridad jurídica. b) del orden político y de la paz social. c) de la política social y económica. d) de las libertades públicas.

3.- Según el artículo 20.5 de la Constitución Española, sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de: a) orden ministerial. b) orden constitucional. c) resolución judicial. d) ley.

4.- Según el artículo 37.1 de la Constitución Española, la ley garantizará: a) el derecho a la negociación colectiva laboral entre los trabajadores y empresarios y la fuerza vinculante de los convenios. b) el derecho a la negociación particular entre los trabajadores y sus representantes, así como la fuerza vinculante de los convenios. c) el derecho a la negociación particular entre los trabajadores y empresarios y la fuerza vinculante de los convenios. d) el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.

5.- Según el artículo 44.2 de la Constitución Española, los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés: a) económico. b) general. c) cultural. d) particular.

1. Según la Constitución Española (art. 25), las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia: a) La reeducación. b) La resocialización. c) La reeducación y reinserción social. d) La reeducación, resocialización y reinserción social.

4. Según la Constitución Española (art. 11), la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por: a) La Constitución. b) La ley. c) Los Tratados Internacionales. d) Los Códigos.

5. Según la Constitución Española (art. 58), ¿la Reina consorte o el consorte de la Reina podrán asumir funciones constitucionales?. a) Nunca. b) En todo caso. c) No, salvo la dispuesto para la Regencia. d) Sí, según establezca el Consejo de Ministros.

6. Según la Constitución Española (art. 67), respecto a la regulación de las Cortes Generales y sus miembros: a) Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso. b) Se podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, pero no acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso. c) Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso o Senador. d) Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, aunque sí podrá acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso.

9. Según la Constitución Española (art. 112), respecto a la cuestión de confianza que presente el Presidente del Gobierno al Congreso, la confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma: a) La mayoría simple de los Diputados. b) La mayoría absoluta de los Diputados. c) Dos tercios de los Diputados. c) Tres quintos de los Diputados.

10. Según la Constitución Española (art. 119), la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley, y, en todo caso: a) Respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. b) Respecto de los que sean desempleados. c) Respecto de todos los menores de edad. d) Respecto de los extranjeros afincados en España.

12) La Administración civil, según se establece en el artículo 25 de la Constitución Española: a) No podrá imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. b) Podrá imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. c) Podrá imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad si así se recoge en las leyes de desarrollo. d) Podrá imponer sanciones que subsidiariamente impliquen privación de libertad.

13) Según recoge el artículo 13 de la Constitución Española, solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en su artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para... a) El sufragio activo en las elecciones municipales. b) El sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. c) El sufragio activo y pasivo en las elecciones generales. d) El sufragio activo en las elecciones generales.

14) La Constitución Española, en su artículo 15, recoge que todos los españoles tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, e igualmente señala que... a) Queda abolida la pena de muerte en cualquier circunstancia. b) Queda abolida la pena de muerte, excepto en circunstancias de rebelión civil. c) Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. d) Queda abolida la pena de muerte, excepto en circunstancias de rebelión militar.

1) Según la Constitución española, el "habeas corpus" es: a) El derecho de todo ciudadano a no declarar contra sí mismo. b) El procedimiento para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. c) La facultad de confirmar o desmentir en el proceso judicial una declaración realizada previamente sin presencia de abogado. d) La facultad del imputado en un proceso judicial para solicitar asistencia jurídica gratuita en los casos previstos por la ley.

4) ¿Cuál de estas disposiciones NO está incluida en el art. 27 de la Constitución?. a) Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. b) Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. c) Los poderes públicos están obligados a proveer a los centros educativos de titularidad pública de los recursos financieros necesarios en los términos que la ley establezca. d) Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.

Según la Constitución, de los actos del rey serán responsables. a) El Rey y las personas que, por su condición, ostenten la condición de herederos legítimos de la corona. b) Las personas que los refrenden. c) El Presidente del Gobierno o persona en quien delegue. d) Nadie, en aplicación del principio de inimputabilidad.

10) El art. 138.2 de la Constitución indica que las diferencias entre los estatutos de las distintas Comunidades Autónomas. a) Deben estar circunscritas al principio de solidaridad interterritorial. b) No podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales. c) Sólo podrán implicar privilegios económicos o sociales en virtud de los derechos históricos de los territorios forales. d) Ninguna de las respuestas es correcta.

12) Según el art. 119 de la Constitución: a) La justicia gratuita es un derecho fundamental de todos los españoles recogido en el art. 12. b) La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. c) La justicia será gratuita para todo reo que resulte exonerado en sentencia judicial. d) Ninguna de las anteriores es correcta.

13) Según la Constitución española, los tribunales de excepción. a) Se constituirán única y exclusivamente en tiempo de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo. b) Actuarán cuando el Tribunal Supremo considere justificada su excepcionalidad, previo informe del Consejo de Estado. c) Se prohíben, de acuerdo con el art. 117. d) Sólo quedarán autorizados en tiempo de guerra.

1. Según la Constitución, el derecho de asociación es: a) Un derecho de los ciudadanos regulado en la Sección 2ª del Capítulo II del Título I. b) Un principio rector de la política social y económica. c) Un derecho fundamental. d) Un derecho de los ciudadanos regulado en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I.

38.- Según el art. 31.2 de la Constitución Española el gasto público responderá a los criterios: a) Eficiencia y economía. b) Eficacia y eficiencia. c) Proporcionalidad y economía. d) Igualdad y progresividad.

1 .- Indique cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta: a) El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. b) En los países indicados en el apartado anterior, cuando reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. c) Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Titulo I de la Constitución en los términos que establezcan los tratados y la ley.

8 .- Según el artículo 151.2 de la Constitución Española, ¿quién es el encargado de elaborar el proyecto de Estatuto de Autonomía?. a) Una Asamblea de todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno. b) Una Asamblea de todos los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas. c) El Gobierno.

36. Señale la respuesta Correcta en relación con las Sentencias del Tribunal Constitucional: a) Se publicarán en el boletín oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. b) Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación. c) No cabe recurso alguno contra ellas. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

53. En relación con el Tribunal Constitucional. a) Una ley orgánica desarrolla su organización y atribuciones. b) Una ley ordinaria desarrolla su organización y atribuciones. c) No existe norma de desarrollo alguna. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

4) Según el artículo 97 de la Constitución Española ¿Cuál es papel del Gobierno?. a) Atender a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la automoción, de la construcción, de la industria metalúrgica y de los astilleros, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles. b) Dirigir la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejercer la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. c) Atender a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de los servicios, del comercio, de la banca y cajas de ahorros y del sector de la investigación y las nuevas tecnologías. d) Dirigir la política interior y exterior, la Administración civil y declarar el estado de alarma. Ejercer la función ejecutiva y la potestad sancionadora de acuerdo con la Constitución y las leyes.

5) ¿Cuáles son las incompatibilidades de los miembros del Gobierno según el artículo 98 de la Constitución Española?. a) No podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. b) Podrán ejercer todas las funciones representativas propias del mandato parlamentario y demás órganos colegiados de los que formen parte, cualquier otra función pública que no derive de su cargo, y la actividad profesional compatible con el ejercicio de su cargo. c) Deberán ejercer las funciones representativas que les atribuye el Presidente del Gobierno, podrán ejercer cualquier otra función pública que no derive de su cargo y en cuanto al ejercicio de cualquier profesión o empleo estarán a lo dispuesto en la normativa vigente sobre incompatibilidad. d) Ejercerán las funciones representativas propias del mandato parlamentario y cualquier otra función pública que derive de su cargo, y cualquier actividad profesional o mercantil que resulte compatible con dicho mandato.

6) Señalar cual de éstas afirmaciones referentes al Consejo General del Poder Judicial es cierta. a) Estará integrado por el Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey. De estos, diez entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales. Cinco a propuesta del Congreso de los Diputados, y cinco a propuesta del Senado, entre abogados y otros juristas. b) Estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales. Cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, entre abogados y otros juristas. c) Estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por las Cortes Generales. De estos, seis entre Jueces y Magistrados y seis entre Fiscales y Secretarios Judiciales. Cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, entre abogados y otros juristas. d) Estará integrado por veinte miembros nombrados por el Rey. De estos, cuatro entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales. Doce a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, entre abogados y otros juristas.

27) El artículo 155 de la Constitución Española de 1978, para su activación, requiere el siguiente procedimiento: a) El Gobierno, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. b) El Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. c) El Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría relativa del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. d) El Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

51) ¿Cuántos miembros conforman el Consejo General del Poder judicial?. a) 20. b) 21. c) 22. d) 23.

61)¿En qué Título de la Constitución Española de 1978 se aborda la regulación del Poder Judicial?. a) Título IV. c) Título VI. d) Titulo VII. b) Título V.

75) El artículo 23 de la Constitución Española de 1978 reconoce: a) El derecho a la creación literaria. b) El derecho a ser informado de la acusación en el momento de la detención. c) El derecho de acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. d) El derecho de asociación.

8.- ¿Qué artículo de la Constitución alude a los criterios básicos que han de presidir el régimen jurídico de los funcionarios públicos?. a) Articulo 120. b) Articulo 103. c) Articulo 24. d) Articulo 149.

1. Según la Constitución Española, ¿cuántos Senadores se eligen en Mallorca?. a) 4. b) 3. c) 2. d) 1.

45. ¿De quién depende la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad?. a) Del Rey como Jefe del Estado. b) Del Jefe del Estado Mayor. c) Del gobierno. d) Del Consejo de Estado.

47. ¿Cómo serán las actuaciones judiciales?. a.) Serán firmes a los dos meses de ser dictadas. b.) Serán recurribles por el contenciosos administrativo. c.) Serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. d.) Serán recurribles ante el Consejo General del Poder Judicial.

49. ¿En qué artículo de la Constitución Española se establece que por Ley se regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en los que afecte en la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas?: a) Artículo 104. b) Artículo 109. c) Artículo 105. d) Artículo 103.

67 .- ¿Qué artículo de la Constitución Española obliga a los poderes públicos a realizar una política de integración de las personas con discapacidad y ampararlas para disfrute de los derechos reconocidos en el título I de la Constitución ?: a) Artículo 43. b) Artículo 45. c) Artículo 47. d) Artículo 49.

1. El contenido de la Constitución de 1978, se divide en dos grandes grupos: parte orgánica y parte dogmática. La parte dogmática está integrada: a) Por ciertas disposiciones del Título Preliminar. b) Por el Título I. c) Por la sección 1ª, del Capítulo 2º, del Título I. d) Todas las anteriores son correctas.

25.- ¿En qué artículo de la Constitución española de 1978 se dice que el Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación?. a) 64.3. b) 91. c) 92.1. d) 58.

1.- En relación con el derecho a la libertad religiosa ¿qué declara la Constitución española?. a) La reconoce. b) La garantiza. c) La reconoce y la garantiza. d) La reconoce, la garantiza y la protege.

3.- El Rey asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales, pero la Constitución matiza que dicha representación será especialmente con: a) Con los países integrantes de la Unión Europea. b) Con los países Iberoamericanos. c) Con los países de su comunidad histórica. d) Con los países de su entorno cultural y geográfico.

2.- ¿En qué artículo de la Constitución se contempla el derecho al matrimonio?. a) En el artículo 33. b) En el artículo 32. c) En el artículo 31.

16.- La Delegación legislativa deberá otorgarse mediante: a) Una ley orgánica. b) Una ley de bases. c) Las dos son correctas.

2.- Según la Constitución española actual, el gobierno y la administración de los Municipios corresponde a: A. El Pleno de los Ayuntamientos. B. El Alcalde. C. El Pleno , La Junta de Gobierno Local y el Alcalde. D. Los Ayuntamientos , integrados por los Alcaldes y los Concejales.

50.- Según el artículo 149.1.18 de la Constitución, las bases del procedimiento administrativo común: A. Es una competencia exclusiva del Estado. B. Es una competencia preferente del Estado. C. Es una competencia exclusiva del Estado, que puede ser desarrollada por las Comunidades Autónomas de acuerdo con la normativa estatal. D. Es una competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

39) Entre las disposiciones del Gobierno con fuerza de ley no se encuentra: a) La ley orgánica. b) El Decreto‑ley. c) El Decreto legislativo. d) Todas tienen fuerza de ley.

3. De acuerdo con el artículo 67 de la Constitución Española de 1978: a) Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente. b) Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, salvo el Presidente del Gobierno y los Ministros. c) Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, salvo el Presidente del Gobierno. d) Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, pero se podrá acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso.

9. ¿A quién le corresponde la representación ordinaria del Estado en la Comunidad Autónoma conforme a lo dispuesto en el artículo 152 de la Constitución Española de 1978?. a) Al Delegado del Gobierno. b) Al Presidente del Gobierno. c) Al Presidente de la Comunidad Autónoma. d) Al Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

3.- Según la Constitución Española de 1978 en su artículo 128: a) Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. b) Toda la riqueza del país de titularidad pública está subordinada al interés general. c) Toda la riqueza del país en sus distintas formas está subordinada tanto al interés general como al interés particular. d) Ninguna de las anteriores es cierta.

24.- El derecho al disfrute de un medio ambiente adecuado y el deber de conservarlo se recoge en la Constitución Española de 1978 en: a) El artículo 45.3 que hace mención expresa al derecho y deber del reciclaje. b) El artículo 45 refiriendo que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales. c) El artículo 44 que refiere expresamente que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales. d) Ninguna de las anteriores es cierta.

46.- Según lo recogido en la Constitución Española de 1978: a) Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente aunque sí acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso. b) Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras aunque sí podrán ejercer sus funciones y ostentar sus privilegios. c) Los miembros de las Cortes Generales estarán ligados por mandato imperativo. d) El artículo 70 establece que la ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores.

4. Según el Artículo 53.3 de la CE, el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán: a) El incumplimiento de estos principios por parte de los poderes públicos permite a los ciudadanos interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. b) La legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. d) Son derechos fundamentales directamente alegables ante los tribunales ordinarios sin necesidad de desarrollo legislativo. d) Son derechos fundamentales directamente alegables ante los tribunales ordinarios sin necesidad de desarrollo legislativo.

3.- El Tribunal de Garantías Constitucional, antecedente directo del actual Tribunal Constitucional, fue creado por: a) La Constitución de 1876. b) La Constitución de 1931. c) El Estatuto Real de 1812. d) La Constitución de 1978.

5.- El Estado de las autonomías fue creado en: a) La Constitución de 1931. b) La Constitución de 1939. c) La Constitución de 1930. d) La Constitución de 1932.

6.- El antecedente constitucional inmediato a la actual Constitución es del año: a) 1931. b) 1919. c) 1921. d) 1915.

14.- ¿Qué disposición de la Constitución española de 1978 establece el plazo de su entrada en vigor: a) La disposición adicional segunda. b) La disposición transitoria primera. c) La disposición adicional cuarta. d) La disposición final.

18.- ¿Quién aprobó la Constitución española de 1978? : a) El Congreso de los Diputados. b) El Rey. c) El pueblo español. d) Las Cortes Generales.

19.- ¿Qué parte de la Constitución española de 1978 no tiene fuerza jurídica? : a) El Título Preliminar. b) El Título I. c) El Preámbulo. d) Las disposiciones finales.

21.- El principio de publicidad normativa se traduce en: a) Que las normas deben ser conocidas para que puedan ser exigibles. b) Que todas las normas deben ser publicadas en un diario oficial. c) Que a los ciudadanos están obligados a conocer las normas para que les pueda ser exigible su contenido. d) Que todas las normas deben publicarse en un periódico de difusión nacional.

23.- Los valores superiores del ordenamiento se recogen en el artículo: a) 2. b) 1.1. c) 1.2. d) 1.3.

24.- El derecho de petición se recoge en el artículo: a) 19. b) 28. c) 29. d) 25.

27.- Están prohibidas por la Constitución: a) Las asociaciones secretas. b) Los Tribunales de honor en el ámbito de la administración militar. c) Las asociaciones ilegales. d) Las celebración de manifestaciones que se realicen sin solicitar autorización previa.

32.- El Rey fue proclamado: a) El 22 de noviembre de 1975. b) El 23 de noviembre de 1976. c) El 20 de noviembre de 1974. d) El 21 de noviembre de 1975.

38.- La Disposición Final de la Constitución española de 1978 hace referencia a: a) Una cláusula derogatoria y el mandato de publicación en todas las lenguas españolas además del castellano. b) Contiene solamente el mandato de vigencia inmediata. c) Contiene solamente el mandato de publicación en todas las lenguas españolas además del castellano. d) La entrada en vigor de la Constitución.

51.- ¿Cuántos Vicepresidentes forman la Mesa del Senado? : a) Tres. b) Dos. c) Uno. d) Cuatro.

54.- ¿Quién representa al Tribunal de Cuentas? : a) El Pleno del Tribunal. b) Los Consejeros de Cuentas. c) La Comisión de Gobierno del Tribunal. d) El Presidente del Tribunal.

55.- Un grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados requiere un número mínimo de: a) 15 Diputados. b) 30 Diputados. c) 10 Diputados. d) 20 Diputados.

57.- ¿En cuál de los siguientes artículos de la Constitución se hace referencia al Tribunal de Cuentas? : a) En el artículo 136. b) En el artículo 163. c) En el artículo 155. d) En el artículo 27.

64.- ¿Cuántos Senadores elige una Comunidad Autónoma por el simple hecho de serlo?: a) Ninguno. b) Dos. c) Uno. d) Tres.

66.- El Gobierno responde solidariamente de su gestión política: a) Ante el pueblo español. b) Ante el Rey. c) Ante las Cortes Generales. d) Ante el Congreso de los Diputados.

70.- ¿Cuántos días deben transcurrir desde que se presente una moción de censura hasta que pueda ser votada? : a) Cinco días. b) Dos días. c) Tres días. d) Cuatro días.

71.- ¿Qué Tribunal es competente en una causa penal que se siga contra un Diputado? : a) La Sala II del Tribunal Constitucional. b) La Sala II del Tribunal Supremo. c) La Sala II de la Audiencia Nacional. d) La Sala I del Tribunal Supremo.

74.- ¿Quién debe reconocer la imposibilidad del Rey para ejercer sus funciones? : a) Las Cortes Generales. b) El Gobierno. c) La Familia Real. d) El Congreso de los Diputados.

79.- ¿Quién es llamado en primer lugar en caso de que se deba declarar la Regencia por inhabilitación del Rey? : a) El Príncipe Heredero si es mayor de edad. b) El padre o la madre del Rey. c) El pariente de más edad del Rey. d) El Príncipe Heredero en cualquier caso.

81.- La Mesa del Senado no realiza una de las siguientes funciones: a) Dirigir de los trabajos del Senado. b) Elaborar el presupuesto del Senado. c) Ordenar los trabajos parlamentarios. d) Fijar el calendario de actividades.

85.- ¿En nombre de quien se ejerce la Regencia? : a) En nombre de España. b) En nombre de la Constitución. c) En nombre del pueblo español. d) En nombre del Rey.

95.- ¿Cuánto tiempo dura el mandato del Presidente del Tribunal de Cuentas? : a) Tres años. b) Dos años. c) Cuatro años. d) Cinco años.

37.- Las medidas de las franjas horizontales de la bandera Española son: a) Las franjas rojas son de doble anchura que la amarilla. b) Cada una tiene una medida diferente. c) La franja amarilla es de doble anchura que cada una de las franjas rojas. d) Las tres son iguales.

1. Los principios reconocidos en el Capítulo Tercero (De los principios rectores de la política social y económica) del Título I de la Constitución Española: a) Pueden ser alegados ante la jurisdicción ordinaria y en el procedimiento de recurso de amparo. b) Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollan. c) Solo pueden ser alegados en el procedimiento de amparo constitucional y a través del procedimiento preferente y sumario de protección de derechos fundamentales. d) No pueden ser alegados ante la jurisdicción ordinaria.

Ladey electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso (Artículo 70 de la Constitución Española): a) A los componentes del Tribunal Constitucional, a los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno y al Defensor del Pueblo. b) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo, a los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo y a los miembros de las Juntas Electorales. c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

20.- De acuerdo con el artículo 147 de la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía deberán contener: A) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución. B) Las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las competencias transferidas. C) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. D) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución, las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas y la financiación correspondiente a tales servicios.

25. Señale la opción correcta respecto al derecho a sindicarse (de acuerdo a la Constitución Española). a) La ley podrá limitar el ejercicio de este derecho a los funcionarios públicos. b) Todos los ciudadanos están obligados a afiliarse a un sindicato. c) La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección.

35. Señale la afirmación correcta: a) Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143 CE. b) Las Cortes Generales, mediante Reglamento, podrán, por motivos de interés nacional autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143 CE. c) Las Cortes Generales, mediante Real Decreto, podrán, por motivos de interés nacional autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143 CE.

**3 .- Sólo uno de los siguientes principios esta garantizado constitucionalmente: a) La responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de la Administración Publica, tanto nacional, como autonómica o local. b) La responsabilidad de la Administración Pública. c) La interdicción de la arbitrariedad del poder judicial. d) La responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

**15.- La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España: a) Es un patrimonio político que no podrá vulnerar el principio de solidaridad entre las distintas nacionalidades y regiones. b) Es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. c) Es un patrimonio natural que deberá ser desarrollado exclusivamente por las Comunidades Autónomas afectadas. d) Es un patrimonio cultural cuya gestión corresponderá a Naciones Unidas.

**25.- La creación y el ejercicio de la actividad de los Partidos Políticos: a) Es libre, dentro del respeto a la dignidad de las personas y de las instituciones públicas. b) Es libre, dentro del respeto a las reglas del juego democrático establecidas en la Ley reguladora de los Partidos Políticos. c) Es libre, dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. d) Es libre, sin limitación de clase alguna.

**33.- Las prestaciones personas o patrimoniales de carácter público: a) Podrán establecerse, según afirma nuestra Constitución, en cualquier caso. b) No podrán establecerse, en ningún caso. c) Sólo podrán establecerse con arreglo a la Ley. d) Sólo podrán establecerse en los casos concretos determinados por la Constitución.

**37.- En cuanto a la religión estatal: a) Es la religión católica la confesión oficial del Estado español. b) Ninguna confesión religiosa tiene carácter estatal. c) El Estado ostenta como religiones oficiales la católica, la protestante, la islámica y la judía. d) La Constitución no establece precepto alguno que imponga a los poderes públicos la necesidad de mantener relaciones de cooperación con iglesia alguna.

**39.- El ejercicio, por ejemplo, del derecho a expresar opiniones por escrito: a) No puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. b) Puede restringirse mediante censura previa por parte de los organismos oficiales en los casos en los que esté en peligro la seguridadnacional. c) Sólo puede restringirse mediante censura previa cuando la opinión sea vertida a través de los medios de comunicación del Estado. d) Puede restringirse mediante censura previa cuando los destinatarios de la opinión sean menores de edad.

**40.- ¿En qué artículo de la Constitución se regula el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional?. a) En el artículo 19. b) En el artículo 24. c) En el artículo 20. d) En el artículo 27.

**41.- Una de las siguientes afirmaciones es falsa: a) La Constitución establece que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. b) La Constitución admite que el matrimonio podrá ser disuelto. c) La Constitución dispone que la edad y la capacidad del hombre y la mujer para contraer matrimonio se alcanza con la mayoría de edad. d) La Constitución delega en la Ley la concreción de los derechos y deberes de los cónyuges.

**42.- Del derecho de asilo en España: a) Sólo podrán gozar los ciudadanos de otros países. b) Sólo podrán gozar los apátridas. c) Podrán gozar del mismo los ciudadanos españoles perseguidos en otros países. d) Se disfrutará por sus beneficiarios en los términos establecidos en la Ley.

**44.- Los españoles son mayores de edad: a) A los veintiún años. b) A los dieciséis años. c) Cuando se emancipan, al margen de su edad. d) A los dieciocho años.

45.- Sólo uno de los siguientes derechos podrá ser suspendido de forma individual en los casos previstos: a) Todas las otras respuestas son falsas. b) Derecho a no permanecer preventivamente detenido por un plazo superior a las setenta y dos horas. c) Derecho a ser asistido por Abogado en las diligencias policiales y judiciales. d) Derecho a la seguridad.

**46.- En torno a los Colegios Profesionales: a) La Constitución afirma que los mismos serán regulados por Ley Orgánica. b) Su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos. c) Todas las otras respuestas son falsas. d) Están detalladamente regulados en la Constitución.

**47.- ¿Cuál es el origen de la figura del Defensor del Pueblo?. a) Los tribunales consuetudinarios. b) El Ombudsman. c) Los Tribunales de Honor. d) Los jurados populares.

**49.- ¿Qué asociaciones están prohibidas?. a) Las asociaciones paramilitares y las secretas. b) Las asociaciones secretas y las ilegales. c) Las asociaciones paramilitares, ilegales y secretas. d) Las asociaciones ilegales y las paramilitares.

**52.- La defensa de los consumidores a cargo de los poderes públicos, protegerá, por procedimientos eficaces: a) La seguridad de los consumidores. b) La libre competencia. c) La economía de mercado. d) La independencia de los consumidores.

**54.- Se concederá la extradición: a) En base a la comisión de cualquier tipo de delito. b) En base a la comisión de delitos de terrorismo. c) En base a la comisión de delitos e infracciones administrativas graves. d) En base a la comisión de delitos políticos.

**57.- En cuanto a la Seguridad Social: a) La asistencia y prestaciones complementarias a la Seguridad Social son obligatorias. b) En ningún caso da cobertura al desempleo. c) Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para la población activa. d) Garantizará la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad.

**58.- El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo condena: a) Gozará de cuantos derechos fundamentales reconoce la Constitución a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley penitenciaria. b) La Ley penitenciaria no contiene limitación alguna al ejercicio de los derechos fundamentales por el condenado que cumple pena privativa de libertad. c) Gozará de cuantos derechos fundamentales reconoce la Constitución a excepción del que le permite fijar su residencia en cualquier parte del Estado, y entrar o salir del mismo libremente. d) No gozará de ninguno de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

**59.- Los poderes públicos: a) De manera especial realizarán una política orientada a la desaparición de los parados de larga duración. b) Promoverán las condiciones favorables para una distribución más equitativa de la renta regional. c) Realizarán las actuaciones indicadas en las otras opciones en el marco de la política de convergencia económica. d) Promoverán las condiciones favorables para el progreso individual de las personas.

**60.- Una de las siguientes afirmaciones no es cierta: a) Los poderes públicos fomentarán el deporte. b) Los poderes públicos limitarán la utilización del ocio orientando su política a la consecución del pleno empleo. c) Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria. d) Los poderes públicos fomentarán la educación física.

**61.- Aquellos que violen la normativa constitucional protectora del medio ambiente: a) Podrán ser sancionados penal y administrativamente, y estarán obligados a reparar el daño causado. b) Sólo estarán obligados a reparar el daño causado. c) Sólo podrán ser sancionados administrativamente. d) Sólo podrán ser sancionados penalmente.

**62.- No tienen derecho los ciudadanos: a) A un proceso público con todas las garantías. b) A utilizar cualquier medio de prueba para su defensa. c) A no declarar contra sí mismos. d) A la presunción de inocencia.

**64.- Las penas privativas de libertad: a) Podrán estar orientadas hacia la reeducación. b) Estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social, al contrario de lo que sucede con las medidas de seguridad. c) No podrán consistir en trabajos forzados. d) En algunos casos deberán dirigirse a la obtención de la reinserción social.

**65.- ¿Quiénes tienen derecho a la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales?. a) Solo los ciudadanos españoles y los nacionales de países de la Unión Europea legalizados. b) Todos los ciudadanos de la Unión Europea y los españoles, pero no los extranjeros ajenos a ese ámbito. c) Todas las personas. d) Todos los españoles pero no los extranjeros no legalizados.

**67.- El ciudadano no tiene derecho: a) A un proceso público sin dilaciones indebidas. b) A la defensa y asistencia de Abogado. c) A ser informado de la acusación formulada contra él. d) A un Juez especial predeterminado por la Ley.

**68.- El principio de legalidad regulado en el art. 25.1 de nuestra Constitución implica que: a) Todos los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos al imperio de la Ley. b) Podrá ser sancionada una persona por la comisión de una infracción administrativa, aún cuando no constituya conducta sancionable en el momento de producirse. c) Nadie podrá ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito según la legislación vigente en aquel momento. d) Podrá ser sancionada una persona por la comisión de una falta, aún cuando no constituya infracción penal en el momento de producirse, siempre que sí lo sea al dictarse sentencia.

**72.- Una de las siguientes afirmaciones no es verdadera. Los poderes públicos, según dispone la Constitución: a) Garantizan la protección fiscal de la familia. b) Garantizan la protección económica de la familia. c) Garantizan la protección social de la familia. d) Garantizan la protección jurídica de la familia.

**75.- ¿Qué debe hacerse con un detenido en el momento en que se agote el tiempo máximo de detención preventiva?. a) Ponerlo en libertad. b) Ponerlo en libertad o a disposición judicial. c) Ponerlo a disposición judicial para que declare la puesta en libertad. d) Declarar el ingreso en prisión.

**82.- ¿Ante quién se presenta el recurso de amparo?. a) Ante cualquier juzgado o tribunal. b) Ante el Tribunal Constitucional. c) Ante el Consejo General del Poder Judicial. d) Ante el Tribunal Supremo.

**83.- La juventud, promovida tal actuación por los poderes públicos: a) Podrá participar libre y eficazmente en el desarrollo socio cultural. b) Podrá participar libre y eficazmente en el desarrollo económico. c) Todas las otras respuestas son ciertas. d) Podrá participar libre y eficazmente en el desarrollo político.

**85.- La Ley garantizará el acceso a los medios de comunicación social del Estado: a) De todos los grupos sociales y políticos. b) Sólo de los grupos sociales y políticos significativos. c) Respetando el pluralismo de la sociedad, dando cabida a los grupos sociales y políticos más representativos. d) Debiendo utilizarse en todo caso la lengua oficial del Estado.

**88.- El límite marcado por la Constitución para el ejercicio por parte de personas y comunidades de la libertad ideológica, religiosa y de culto: a) Está impuesto por el respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. b) Viene marcado por el mantenimiento del orden público protegido por la Ley. c) No existe límite para el ejercicio de la libertad ideológica, religiosa o de culto. d) Viene delimitado por el respeto a la moral ya las buenas costumbres.

**91.- Los poderes públicos, así mismo: a) Aseguran la protección de las madres, cualquiera que sea su estado civil. b) Aseguran la protección integral de los hijos matrimoniales. c) Impedirán la investigación de la paternidad. d) Aseguran la protección integral de los hijos legítimos.

**96.- La suspensión de ciertos derechos constitucionales respecto de personas concretas precisará, en cualquier caso: a) Intervención judicial y control administrativo. b) Todas las otras respuestas son falsas. c) Intervención judicial y control parlamentario. c) Intervención judicial y control parlamentario.

**98.- Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación: a) Con la gestión de centros docentes. b) Mediante una programación general de la enseñanza. c) Con participación orientativa de todos los sectores afectados. d) Todas las otras respuestas son correctas.

**99.- El derecho de fundación reconocido constitucionalmente. a) Respecto a las fundaciones no regirán ninguno de los preceptos constitucionales relativos al derecho de asociación. b) Todas las otras respuestas son verdaderas. c) Sólo se admite su ejercicio para fines de interés general. d) Se encuentra regulado en el art. 35 de la Constitución.

**101.- El derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo: a) Su ejercicio no está sujeto a medida limitadora alguna. b) Se reconoce únicamente a los empresarios. c) Se reconoce únicamente a los trabajadores. d) Su ejercicio deberá estar sometido a las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

**104.- Una de las siguientes afirmaciones no es cierta: a) Los poderes públicos fomentarán la creación de organizaciones de consumidores y usuarios. b) Los poderes públicos fomentarán la educación de los consumidores y usuarios. c) Los poderes públicos oirán a las organizaciones de consumidores y usuarios en las cuestiones que les puedan afectar. d) Los poderes públicos fomentarán las reclamaciones de los consumidores y usuarios.

**106.- Una de las siguientes afirmaciones no es correcta: a) Podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo. b) Podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de calamidad pública. c) Podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los supuestos de catástrofe. d) Podrá establecerse un servicio militar para el cumplimiento de fines de interés general.

**108.- Una de la siguientes afirmaciones no es correcta: a) Los poderes públicos promoverán le investigación técnica. b) Los poderes públicos promoverán la ciencia. c) Tal promoción se efectuará en beneficio del interés del sector científico. d) Los poderes públicos promoverán el acceso a la cultura.

**110.- La detención preventiva no podrá durar: a) No menos de setenta y dos horas. b) Más de veinticuatro horas. c) Más de cuarenta y ocho horas. d) Más del tiempo necesario para la realización de las averiguaciones necesarias tendentes al esclarecimiento de los hechos.

**121.- La educación tendrá por objeto: a) EI pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos de convivencia, ya los derechos y libertades fundamentales. b) EI pleno desarrollo de la personalidad humana conforme a los planes educativos aprobados por el Consejo Escolar Nacional a instancia de las Asociaciones Nacionales de Padres de Alumnos. c) EI pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos marcados por cada colectivo educativo. d) EI desarrollo de la personalidad humana conforme a las líneas educativas marcadas por el Consejo Escolar Nacional.

**125.- ¿Cuánto dura el mandato del Defensor del Pueblo?. a) Cuatro años. b) Dos años. c) Cinco años. d) Tres años.

**129.- Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos: a) A no recibir formación moral o religiosa alguna. b) Reciban la formación religiosa y moral determinada por dichos poderes públicos. c) Reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. d) Reciban formación religiosa y moral.

**¿Quiénes tienen el derecho a la promoción a través del trabajo?. Los extranjeros. Los que figuren en el padrón. Todos. Los españoles.

**¿Quiénes gozarán del régimen público de la Seguridad Social?. Los españoles. Los extranjeros. Los que figuren en el padrón. Los ciudadanos.

**¿Quiénes tienen derecho a petición?. Todos. Los españoles. Los que figuren en el padrón. Los extranjeros.

**La defensa por los españoles de España: Es un deber o un derecho dependiendo de la edad y sexo de cada español. Es un derecho. Es un derecho y un deber. Es un deber.

**La tutela de la salud pública por parte de los poderes públicos compete: Los poderes públicos no tienen competencia sobre la tutela de la salud pública. Se efectuará a través de la prestación de los servicios mínimos indispensables. Se realizará a través de medidas preventivas. Se llevará a cabo mediante políticas de inversión en los sectores sanitarios más necesitados.

**La estructura básica y común a todos los Títulos de la Constitución española es: a) La Sección. b) El Capítulo. c) El Libro. d) El artículo.

**La iniciativa para la reforma constitucional se ejercerá: a) Por el Gobierno, el Congreso y el Senado. b) Por el Gobierno, el Congreso, el Senado y las Asambleas de las Comunidades Autónomas. c) Por el Gobierno, el Congreso, el Senado, las Asambleas de las Comunidades Autónomas y el pueblo, a través de la iniciativa popular. d) Podrá ejercerla el Defensor del Pueblo.

**¿Cuál es el número de vocales que componen la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial?. a) Siete. b) Seis. c) Ocho. d) Cinco.

**Una hija del Príncipe de Asturias ostentará este tratamiento: a) Cuando su padre acceda a la condición de Rey, si es la primogénita. b) Al acceder a Rey su padre, si no tiene hermano varón. c) Al morir su padre. d) Cuando delegue en ella el propio Príncipe.

**En cualquier caso, los miembros del Tribunal Constitucional se verán afectados por el mismo régimen de incompatibilidades que: a) Los miembros del poder judicial. b) Los Diputados y los Senadores. c) Los funcionarios de la Administración de Justicia. d) Los miembros del poder ejecutivo.

**Se reconoce el derecho de fundación: a) para fines de interés particular. b) solo para la constitución de la fundaciones de carácter público. c) para las fundaciones de interés general. d) para las fundaciones de interés público y social.

**Participarán de las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos: a) el estado. b) los poderes públicos. c) la comunidad. d) las administraciones públicas.

**La constitución garantiza el derecho a: a) la imagen social. b) la propia imagen. c) la imagen profesional. d) la imagen familiar.

**Los centros sostenidos por la administración con fondos públicos: a) son controlados por la administración educativa. b) son gestionados por la dirección. c) son gestionados por la dirección y controlados por los padres. d) son gestionados y controlados por los profesores, padres y, en su caso, alumnos.

**La mayoría necesaria para aprobar la reforma de un Estatuto de Autonomía en el Senado es: a) 1/3. b) Simple. c) Absoluta. d) 2/3.

**Quedan excluidos de la extradición: los delitos civiles, considerándose como tales los actos de terrorismo. los delitos políticos, considerándose como tales los actos de terrorismo. los delitos civiles, no considerándose como tales los actos de terrorismo. los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de: clase social, raza, sexo, opiniones políticas o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. nacimiento, raza, sexo, religión, opiniones políticas o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. clase social, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

**Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con: la Iglesia Católica. todas las confesiones. la Iglesia Católica y las demás confesiones. ninguna es correcta.

**El artículo 17 dice: Todos los españoles tienen derecho a la libertad y a la seguridad. Todos los españoles mayores de edad tienen derecho a la libertad y a la seguridad. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Todas las personas jurídicas tienen derecho a la libertad y a la seguridad.

**El artículo 17 dice que nadie puede ser privado de su libertad: en ningún caso. sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la Constitución. sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la jurisprudencia. sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.

**La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para: producir la inmediata puesta en libertad de toda persona detenida ilegalmente. producir la inmediata puesta en libertad de toda persona detenida legalmente. producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida legalmente.

**Se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional: por ley. por decisión del Juez. por Decreto. arbitrariamente.

**El artículo 18 de la Constitución garantiza el derecho a: (señala la incorrecta). el honor. la intimidad personal y familiar. la propiedad. la propia imagen.

**El artículo 19 de la Constitución señala que los españoles tienen derecho a elegir libremente su: hogar y a circular por el territorio autonómico. hogar y a circular por el territorio nacional. residencia y a circular por el territorio nacional. residencia y a circular por el territorio internacional.

**Se reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante: la palabra. el escrito. cualquier medio de reproducción. todas son correctas.

**Se reconoce y protege el derecho a: comunicar o recibir libremente cualquier tipo de información por medios de difusión escritos. comunicar o recibir libremente cualquier tipo de información por cualquier medio de difusión. comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión escrito. comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

**Respecto al derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión: el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades no podrá ser regulado. la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. los Tribunales regularán el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. los Tratados Internacionales regularán el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

**Señala la correcta: la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público. ninguna ley podrá regular la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público. la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público se regularán únicamente mediante su propio reglamento. ninguna es correcta.

**La libertad de expresión tiene su límite en: el respeto a los derechos reconocidos en el Título I de la Constitución Española. los preceptos de las leyes que lo desarrollen. el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. todas son correctas.

**El artículo 22 de la Constitución señala que: se reconoce el derecho de asociación. se garantiza el derecho de asociación. se legitima el derecho de asociación. se conviene el derecho de asociación.

**Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos: sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. salvo en caso de detención. salvo en caso de flagrante delito. salvo en caso de personas no aforadas.

**La ley regulará los casos en que no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos por razón de: género o edad. parentesco o edad. edad o secreto profesional. parentesco o secreto profesional.

**El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales del Capítulo Derechos y Libertades, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido de: el fallo condenatorio. el sentido de la pena. la ley penitenciaria. todas son correctas.

**El artículo 27 dice: todos los españoles tienen el derecho a la educación. todos los menores de edad tienen el derecho a la educación. todos tienen el derecho a la educación. ninguna es correcta.

**Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación: mediante una programación general de la enseñanza. con participación efectiva de todos los sectores afectados. con la creación de centros docentes. todas son correctas.

**El artículo 28 de la Constitución dice: todos tienen derecho a sindicarse libremente. todos los trabajadores tienen derecho a sindicarse libremente. todos los empresarios tienen derecho a sindicarse libremente. todos los funcionarios derecho a sindicarse libremente.

**Se reconoce el derecho a la huelga de los: trabajadores para la defensa de sus derechos. empresarios para la defensa de sus derechos. trabajadores para la defensa de sus intereses. empresarios para la defensa de sus intereses.

**Todos los españoles tendrán el derecho de: petición individual, por escrito. petición colectiva, por escrito y verbalmente. petición individual y colectiva, por escrito. petición individual y colectiva, por escrito y verbalmente.

**La ley fijará las obligaciones militares de los españoles: y regulará la objeción de conciencia. y regulará las causas de exención del servicio militar obligatorio. pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria. todas son correctas.

**Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos: sino por causa justificada de utilidad pública o interés social. sino por causa justificada de utilidad pública o interés general. sino por causa justificada de utilidad privada o interés general. sino por causa justificada de utilidad privada o interés social.

**Podrán ser tutores del Rey: El padre, madre o abuelos maternos. El padre o la madre, mientras permanezcan viudos. Cualquiera que sea mayor de edad y español. El padre, aunque más adelante contraiga matrimonio.

**De acuerdo con lo establecido específicamente en el artículo 126 de la Constitución Española, la policía judicial depende de: La Dirección General de la Policía. La Dirección General de Seguridad. Los Jueces, Tribunales y del Ministerio Fiscal. Ministerio Fiscal, jueces y magistrados.

**Señale la afirmación que NO es correcta conforme a lo establecido en la Constitución Española: El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley. El Tribunal Constitucional, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los ordenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 149 de la Constitución Española, el Estado tiene competencia exclusiva sobre: La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica. Organización de sus instituciones de autogobierno. Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial. Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local.

**Señale la afirmación correcta conforme a lo establecido en la Constitución Española: Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es compatible: con cualquier mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de veinte años de ejercicio profesional. EI Tribunal Constitucional se compone de veinte miembros nombrados por el Rey; de ellos, ocho a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; ocho a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

**Suponiendo que en el territorio andaluz habitaran, legalmente, 8 millones y medio de personas, ¿cuántos Senadores corresponderían a esta Comunidad Autónoma y a sus provincias? : 40. 41. 32. 33.

**Sobre la Diputación Permanente, el artículo 78 de la Constitución Española determina que: Habrá una para ambas Cámaras. Estará compuesta por un máximo de veintiún miembros. Sus miembros representarán a los partidos políticos, en proporción a su importancia numérica. Estará presidida por el Presidente de la Cámara respectiva.

Señale la afirmación que NO es correcta conforme a lo establecido en la Constitución Española: EI Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras. Para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal. EI Consejo de General del Poder Judicial es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia. EI Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99.

**Señale la afirmación que NO es correcta conforme a lo establecido en la Constitución Española: Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. EI Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. EI Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, diez entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica, cinco a propuesta del Congreso de los Diputados, y cinco a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión. EI Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

**De acuerdo con la CE, la ley por medio de la cual el Estado puede transferir o delegar en las Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materia de titularidad estatal, preverá en todo caso : La correspondiente transferencia de medios financieros y las formas de control que se reserve el Congreso. Las modalidad de control de las Cortes Generales. Las formas de control que se reserve el Estado y la correspondiente transferencia de medios financieros. EI Estado no puede transferir o delegar estas competencias en las Comunidades Autónomas.

**Las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas podrán impugnarse ante el Tribunal Constitucional por: EI Gobierno. EI Congreso de los Diputados, reunidas en periodo de sesiones, y la Diputación Permanente en otro caso. Estas no se impugnarán ante el Tribunal Constitucional. EI Presidente del Gobierno.

**Señale la afirmación que NO es correcta conforme a 10 establecido en la Constitución Española: EI Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley de bases, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca. EI Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad..

**Señale la afirmación que NO es correcta conforme a lo establecido en la Constitución Española: Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus obligaciones y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.

**Serán necesarias sesiones sucesivas de ambas Cámaras para: Prohibir contraer matrimonio a aquellas personas que tengan derecho a la sucesión al trono. Aprobar sus respectivos Reglamentos. Decidir sobre la moción de censura planteada contra el Gobierno. Aprobar, modificar y derogar Leyes Orgánicas y las Leyes ordinarias.

**La Constitución española en su Preámbulo proclama su voluntad de: Avanzar por una vía de progreso que asegure una calidad de vida digna para todos los que viven y trabajan en España. Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. Facilitar la más plena participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Impulsar el bienestar, la igualdad y la justicia social, dentro del marco de cohesión y solidaridad que establece la Constitución.