Prueba 26_V2_1

Conforme a la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, la persona titular de la Lehendakaritza (Lehendakari): Será designada por el Parlamento y nombrada por la persona que ostente la Presidencia del Gobierno central. Será designada, de entre sus integrantes, por el Parlamento y nombrada por el Rey mediante un Real Decreto. Será designada, de entre sus integrantes, por el Parlamento y nombrada por el Rey mediante Ley. Será designada y nombrada, de entre sus integrantes, por el Parlamento mediante un Real-Decreto.

De acuerdo con la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, señale cuál de las siguientes respuestas NO es correcta: Resultará elegido/a lehendakari en la primera votación la persona candidata que hubiere obtenido la mayoría absoluta de los votos de la Cámara. Al comienzo de cada legislatura del Parlamento Vasco, la persona que ostente la Presidencia del Parlamento convocará a la Cámara para la designación del/de la lehendakari, de acuerdo con el procedimiento que al efecto establezca el Reglamento del Parlamento. El/la lehendakari será designado/a por el Parlamento, siendo nombrado/a por la persona que ostente la Presidencia del mismo. Si ninguna de las personas candidatas alcanzara la mayoría absoluta en la primera votación, se repetirá ésta y será designado/a lehendakari la persona que obtuviera la mayoría simple de los votos emitidos.

De acuerdo con lo establecido en La ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno indíquese cuál de las siguientes afirmaciones en relación con la potestad reglamentaria del Gobierno Vasco es INCORRECTA: El ejercicio de la potestad reglamentaria de las personas titulares de los Departamentos adoptará la forma de Decreto y será firmada por la persona titular del mismo. Las normas reglamentarias no podrán imponer sanciones ni multas, salvo en los casos expresamente autorizados por la Ley. Las disposiciones administrativas de carácter general adoptarán la forma de Decreto, así como las disposiciones del/de la lehendakari. Las normas reglamentarias se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco y entrarán en vigor a los 20 días de su publicación.

Teniendo en cuenta la estructura general del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, indíquese cuál de las siguientes direcciones NO se encuentra dentro de la Viceconsejería de Salud: Dirección de Investigación, Innovación y Evaluación sanitarias. Dirección de Salud Pública y Adicciones. Dirección de Farmacia. Dirección de Transformación, Planificación y Digitalización en Salud.

De acuerdo con la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud del Gobierno Vasco establecida por el Decreto 319/2024, de 29 de octubre, indíquese cuál de las siguientes funciones NO corresponde a la Dirección de Gabinete y Comunicación: La organización y seguimiento del programa de trabajo y actuación del Consejero/a. La colaboración interinstitucional e interdepartamental en el ámbito sociosanitario. La organización de los actos oficiales y protocolarios que celebre el Departamento, sin perjuicio de los que correspondan a la Lehendakaritza-Presidencia de Gobierno. La canalización de las relaciones del Departamento con el Consejo Interterritorial de Sanidad del Sistema Nacional de Salud.

De acuerdo con el Decreto 319/2024, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, la provisión de los puestos de libre designación, previa convocatoria pública, así como la designación del personal eventual, corresponde: A la Viceconsejería de Salud. Al Consejero o Consejera. A la Viceconsejería de Administración y Financiación Sanitarias. A las Delegaciones Territoriales de Álava, de Bizkaia y de Gipuzkoa.

La estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud del Gobierno Vasco que propone el Decreto 319/2024, de 29 de octubre, es reflejo de una nueva orientación que pretende consolidar como señas de identidad del sistema sanitario vasco las siguientes (indíquese la respuesta INCORRECTA): Universalidad. Sostenibilidad. Calidad. Eficiencia.

Dentro de la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, la definición de las políticas de gestión pública correspondientes a las áreas de actuación de las distintas direcciones corresponde: Al Consejero o Consejera. A la persona titular de la Viceconsejería correspondiente. A la persona titular de la Viceconsejería de Salud en todo caso. Al Director o Directora que estuviera al frente de cada dirección.

De acuerdo con la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud del Gobierno Vasco que establece el Decreto 319/2024, de 29 de octubre, las delegaciones territoriales se estructuran, para el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas, en las siguientes áreas de actuación (indíquese la respuesta INCORRECTA): Área de Atención Sociosanitaria. Área de Servicios Generales. Área de Salud Pública y Adicciones. Área de Ordenación y Contratación Sanitarias.

Con arreglo al Decreto 319/2024, de 29 de octubre, que establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, las delegaciones territoriales del Departamento de Salud del Gobierno Vasco dependen jerárquicamente: De la Viceconsejería de Administración y Financiación Sanitarias. De la Viceconsejería de Salud. De la Dirección de Gabinete y de Comunicación. De la Consejería de Salud del Gobierno Vasco.

De acuerdo con el Decreto 319/2024, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, ¿cuál de las siguientes funciones no corresponde a la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales?: La elaboración de estudios e informes jurídicos en materias que afectan al Departamento de Salud. La dirección, impulso y coordinación de la elaboración de los anteproyectos de ley y disposiciones de carácter general en materias que afecten al Departamento de Salud y a las entidades adscritas, dependientes o vinculadas al mismo. El desarrollo de las actuaciones administrativas relacionadas con la gestión de las prestaciones sanitarias. La coordinación y tramitación de los asuntos que deban ser sometidos al Consejo de Administración del ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

De acuerdo con el Decreto 319/2024, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, indíquese cuál de las siguientes funciones y áreas de actuación NO corresponde al Departamento de Salud del Gobierno Vasco: Prevención de adicciones. Innovación e investigación sanitaria. Promoción de la actividad física. Salud Pública: vigilancia, protección y promoción de la salud.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando un plazo se señale por días, se entenderá que estos son: Días naturales, salvo que la norma disponga lo contrario. Días hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y festivos. Días naturales, incluyéndose sábados y domingos, pero no los festivos. Días hábiles, incluyéndose los sábados y excluyéndose únicamente los domingos y festivos.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el expediente administrativo electrónico: Debe conservarse únicamente mientras el procedimiento esté en tramitación. Debe incluir únicamente los documentos aportados por las personas interesadas. Debe contener una relación ordenada de los documentos que lo integran, con independencia de su formato. Puede excluir los informes emitidos por otros órganos administrativos.

En un procedimiento administrativo, antes de dictar resolución, la Administración debe conceder trámite de audiencia a las personas interesadas. Señale en qué supuesto puede prescindirse de dicho trámite: Cuando el procedimiento se tramite por vía de urgencia. Cuando la resolución ponga fin a la vía administrativa. Cuando el procedimiento tenga carácter sancionador. Cuando no se tengan en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por la persona interesada.

En relación con las personas interesadas en el procedimiento administrativo, diga cuál de estas afirmaciones es FALSA: Se considerarán interesadas en el procedimiento administrativo las personas que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por las decisiones que en el mismo se adopten. Se considerarán interesadas en el procedimiento administrativo las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales que se personen en el procedimiento, en tanto no haya recaído resolución definitiva. Las partes interesadas con capacidad de obrar pueden actuar en los procedimientos administrativos por medio de representante. Cuando en una solicitud figuren varias partes interesadas, las actuaciones que procedan se realizarán con la figura representante o interesada que expresamente haya sido señalada y, en su defecto, con aquella que figure en primer término.

En relación con los derechos de las personas interesadas en un procedimiento, diga cuál de estas afirmaciones es FALSA: Las personas interesadas tienen derecho a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en los citados procedimientos. Las personas interesadas tienen derecho a no presentar documentos originales, salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. Las personas interesadas tienen derecho a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior a la resolución del mismo. Las personas interesadas tienen derecho a identificar al personal al servicio de la Administración pública bajo cuya responsabilidad se esté tramitando el procedimiento.

En relación con las actuaciones con varias personas interesadas, indique cuál es la opción correcta: Las actuaciones se efectuarán siempre con todas las personas interesadas. Las actuaciones se efectuarán con la persona representante o la persona interesada que expresamente hayan señalado y, en su defecto, con la persona que figure en primer término. Las actuaciones se efectuarán con la persona interesada que figure en último lugar. Las actuaciones se efectuarán únicamente con la persona que ostente la representante legal.

En relación con la obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones públicas, indique cuál es la opción correcta: Todas las personas físicas estarán obligadas a relacionarse electrónicamente. El personal empleado público estará obligado a relacionarse electrónicamente solo cuando actúe como persona interesada. El personal profesional con colegiación obligatoria estará obligado a relacionarse electrónicamente para los trámites derivados de su actividad profesional. Las personas jurídicas estarán exentas de la obligación.

En relación con la publicación oficial de normas, indique cuál es la opción correcta: La publicación en sede electrónica nunca tiene carácter oficial. La publicación en sede electrónica tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones que se determinen reglamentariamente. Solo tendrá carácter oficial si así lo dispone una resolución administrativa. No tendrá carácter auténtico en ningún caso.

En relación con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique en qué supuestos puede PRESCINDIRSE de los trámites de consulta, audiencia e información pública: En normas urbanísticas únicamente. En normas presupuestarias u organizativas o cuando concurran razones graves de interés público. En cualquier tipo de norma. Nunca puede prescindirse de dichos trámites.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para resolver un procedimiento tramitado por la vía de la tramitación simplificada será de: 15 días. 30 días. 2 meses. 3 meses.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el silencio administrativo tendrá efecto DESESTIMATORIO en los procedimientos iniciados a solicitud de la persona interesada cuando: El procedimiento tenga por objeto el ejercicio de derechos preexistentes. El procedimiento verse sobre responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Una norma reglamentaria así lo establezca. El procedimiento no tenga efectos económicos.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados de oficio susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa producirá: La estimación por silencio administrativo. La caducidad del procedimiento. La prescripción automática de la infracción. La nulidad de pleno derecho de las actuaciones.

En relación con la obligación de resolver los procedimientos administrativos, cuando las normas reguladoras del procedimiento no fijen plazo máximo para resolver, diga cuál de estas afirmaciones es cierta: El plazo máximo para dictar resolución expresa no podrá exceder de 6 meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. Cuando las normas reguladoras del procedimiento no fijen un plazo máximo para la resolución, éste será de 3 meses. El cómputo de los plazos para dictar la resolución se contará siempre desde la fecha en que la solicitud haya entrado en el registro de la administración. Ninguna de las anteriores afirmaciones es cierta.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el silencio tendrá efecto estimatorio: En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición. En los procedimientos cuya estimación transfiera facultades relativas al dominio público o al servicio público. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, salvo que una norma con rango de ley o norma de Derecho de la Unión Europea establezca lo contrario.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas interesadas podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio: En cualquier momento anterior al trámite de propuesta de resolución. En cualquier momento anterior al trámite de resolución. En cualquier momento anterior al trámite de práctica de prueba. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de plazos u omisión de trámites subsanables podrán alegarse: Antes del trámite de audiencia. Antes de la resolución. En cualquier momento. Antes de la práctica de pruebas.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la renuncia como causa de terminación del procedimiento: Será causa automática de terminación en todo procedimiento. Puede estar prohibida por el ordenamiento jurídico. Puede prohibirse discrecionalmente por el órgano resolutor. Puede prohibirse discrecionalmente por el órgano tramitador.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando en un procedimiento iniciado de oficio susceptible de producir efectos desfavorables se declare su caducidad, las actuaciones realizadas: Se conservarán siempre con efectos plenos. No producirán efectos, sin perjuicio de que pueda iniciarse un nuevo procedimiento mientras no haya prescrito la acción. Producirán automáticamente la prescripción. Impedirán en todo caso la iniciación de un nuevo procedimiento.

Cuando una Administración aprecia que un acto administrativo es nulo de pleno derecho, ¿qué actuación puede llevar a cabo conforme a la normativa vigente (Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)?. Iniciar de oficio el procedimiento de revisión, previo dictamen del órgano consultivo competente. Declarar la nulidad directamente sin necesidad de procedimiento alguno. Declarar la nulidad únicamente a instancia de la persona interesada. Revocar el acto por razones de oportunidad.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas podrán declarar la lesividad para el interés público de los actos favorables que sean anulables: En cualquier momento. Dentro del plazo de cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. Dentro del plazo de un año desde que se dictó el acto. Únicamente cuando lo solicite la persona interesada.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada será de: Un mes. Dos meses. Tres meses. Seis meses.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la resolución de un recurso de alzada: Cabe recurso de reposición. Cabe recurso extraordinario de revisión en todo caso. No cabe ningún otro recurso administrativo. Cabe siempre recurso contencioso-administrativo y recurso de reposición.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si el procedimiento de revisión de oficio de un acto administrativo se hubiera iniciado a solicitud de persona interesada y transcurren seis meses sin resolución expresa: Se producirá la prescripción de la acción. Se entenderá desestimada la solicitud por silencio administrativo. Se producirá la caducidad del procedimiento. Se entenderá estimada la solicitud por silencio administrativo.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas: Para revisar de oficio disposiciones generales, deberán impugnarlas ante el orden contencioso-administrativo, previa declaración de lesividad. Podrán revisar de oficio los actos favorables que sean anulables. Podrán impugnar ante el orden contencioso-administrativo los actos favorables anulables, previa declaración de lesividad. Podrán revisar de oficio cualquier acto favorable sin límite temporal.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso de reposición: Es obligatorio antes de acudir al recurso contencioso-administrativo. Es potestativo y se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto. Se interpone ante el órgano superior jerárquico. Tiene carácter extraordinario.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo para interponer recurso de reposición será: Un mes si el acto fuera expreso. Tres meses si el acto fuera expreso. Dos meses si el acto fuera expreso. Un mes en todo caso.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso extraordinario de revisión podrá interponerse cuando: Exista error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. Se discrepe de la valoración jurídica realizada por la Administración. Haya transcurrido el plazo para interponer recurso de alzada. Se trate de actos de trámite cualificados.

Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cuál de las siguientes competencias NO puede ser objeto de delegación?. La resolución de recursos administrativos ordinarios. La competencia para dictar actos de gestión. La instrucción de procedimientos administrativos. La potestad reglamentaria.